Batería de acciones contra Botnia
07:17 | 
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Batería de acciones contra Botnia
Fecha de Publicación: 12/04/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
El veredicto de la Corte Internacional se conocerá el martes 20. Ese día, la asamblea ciudadana se manifestará en Arroyo Verde. Luego se movilizará a Concordia, cuando se reúnan Mujica y Urribarri. El domingo 26 habrá una marcha al puente San Martín.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó a delinear las diversas manifestaciones que realizará la semana que viene, entre el 20 y el 25 de abril, cuando se haga público el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la disputa entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera Botnia.
El proceso iniciado tras la denuncia argentina por la supuesta violación del Tratado del Río Uruguay tendrá su veredicto el martes 20. En ese marco, integrantes de la asamblea ambiental adelantaron que ese día 20, a las 10, se reunirán ante una pantalla gigante para presenciar la lectura del dictamen en el paraje Arroyo Verde. Vecinos de todas las localidades cercanas fueron convocados para el evento. El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quien ha apoyado la lucha de la asamblea contra la procesadora de celulosa, pero no así el corte de ruta, anticipó que también podría asistir a Arroyo Verde a escuchar el fallo de la Corte de La Haya.
Para después, el sábado 24, los asambleístas tienen previsto movilizarse a Concordia ante el encuentro programado entre el presidente uruguayo, José Mujica, y el gobernador provincial, Sergio Urribarri. Ambos tienen previsto realizar un viaje experimental en dos formaciones ferroviarias que cruzarán el Puente Internacional Concordia-Salto, con capacidad total para 400 personas, en lo que aparece como un fuerte gesto en medio del conflicto, pero que es rechazado por la asamblea ambiental.
“La intención es manifestarnos sin generar ningún tipo de provocación, entregar volantes para explicarle a la gente al servicio de quién van a estar esas vías”, anticipó la asambleísta Paola Robles. La dirigente consideró que este proyecto ferroviario forma parte de un plan de saqueo. “Nos pusimos a estudiar el tema y descubrimos que es parte de la implementación del Iirsa (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), este plan para toda Sudamérica, para la integración de toda la estructura para la extracción de materias primas a muy bajo costo, que van en tren hacia los puertos y dará grandes ganancias a los países centrales”, aseguró Robles. “Eso estará puesto en función de la pasta de celulosa que produce Botnia y el traslado de materia prima”, advirtió.
Además, los asambleístas ya están en tratativas para organizar el domingo 25 de abril la sexta marcha al Puente Internacional General San Martín, cortado desde hace ya cuarenta meses. Este plan de acción se conoce luego de que Cristina Fernández y José Mujica, al término de un breve y sorpresivo encuentro mantenido en Olivos el lunes pasado, anunciaran que acatarán lo que dictamine la Corte Internacional.
Fecha de Publicación: 12/04/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
El veredicto de la Corte Internacional se conocerá el martes 20. Ese día, la asamblea ciudadana se manifestará en Arroyo Verde. Luego se movilizará a Concordia, cuando se reúnan Mujica y Urribarri. El domingo 26 habrá una marcha al puente San Martín.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó a delinear las diversas manifestaciones que realizará la semana que viene, entre el 20 y el 25 de abril, cuando se haga público el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la disputa entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera Botnia.
El proceso iniciado tras la denuncia argentina por la supuesta violación del Tratado del Río Uruguay tendrá su veredicto el martes 20. En ese marco, integrantes de la asamblea ambiental adelantaron que ese día 20, a las 10, se reunirán ante una pantalla gigante para presenciar la lectura del dictamen en el paraje Arroyo Verde. Vecinos de todas las localidades cercanas fueron convocados para el evento. El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quien ha apoyado la lucha de la asamblea contra la procesadora de celulosa, pero no así el corte de ruta, anticipó que también podría asistir a Arroyo Verde a escuchar el fallo de la Corte de La Haya.
Para después, el sábado 24, los asambleístas tienen previsto movilizarse a Concordia ante el encuentro programado entre el presidente uruguayo, José Mujica, y el gobernador provincial, Sergio Urribarri. Ambos tienen previsto realizar un viaje experimental en dos formaciones ferroviarias que cruzarán el Puente Internacional Concordia-Salto, con capacidad total para 400 personas, en lo que aparece como un fuerte gesto en medio del conflicto, pero que es rechazado por la asamblea ambiental.
“La intención es manifestarnos sin generar ningún tipo de provocación, entregar volantes para explicarle a la gente al servicio de quién van a estar esas vías”, anticipó la asambleísta Paola Robles. La dirigente consideró que este proyecto ferroviario forma parte de un plan de saqueo. “Nos pusimos a estudiar el tema y descubrimos que es parte de la implementación del Iirsa (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), este plan para toda Sudamérica, para la integración de toda la estructura para la extracción de materias primas a muy bajo costo, que van en tren hacia los puertos y dará grandes ganancias a los países centrales”, aseguró Robles. “Eso estará puesto en función de la pasta de celulosa que produce Botnia y el traslado de materia prima”, advirtió.
Además, los asambleístas ya están en tratativas para organizar el domingo 25 de abril la sexta marcha al Puente Internacional General San Martín, cortado desde hace ya cuarenta meses. Este plan de acción se conoce luego de que Cristina Fernández y José Mujica, al término de un breve y sorpresivo encuentro mantenido en Olivos el lunes pasado, anunciaran que acatarán lo que dictamine la Corte Internacional.
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Ley para los glaciares pensando en las mineras
Una ley para los glaciares pensando en las mineras
Fecha de Publicación: 11/04/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Se aprobó por mayoría el proyecto de que establece la protección de las áreas glaciares y periglaciares. Se prohíbe todo tipo de actividad industrial de arquitectura, minera o petrolera dentro de estas áreas. Sin embargo, recoge su texto del proyecto que se discute a nivel nacional -impulsado por el senador Filmus- e impulsado por el gobierno federal luego del veto impuesto por la presidenta Cristina Fernandez a la ley 26.418, que fuera sancionada unánimemente en el Congreso Nacional. Aquella medida presidencial recibió el nombre de "Veto Barrick".
El proyecto que contempla la protección de glaciares y prohibición de actividades nocivas para los mismos, como lo pueden ser la minera o petrolera, fue aprobado ayer por mayoría en la Legislatura provincial. Esta ley contempla dentro del área glacial a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglaciar, a los glaciares de escombros.
El primer paso que deberán poner en vigencia los organismos de aplicación pertinentes, es hacer un inventario donde se caractericen todos los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio provincial con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
Dicho inventario deberá ser realizado tras una orden del Ejecutivo Provincial por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente.
Prohibición
La presente ley prohíbe terminantemente las actividades que puedan afectar su condición natural como ser la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos cualquier naturaleza o volumen. Asimismo se prohíbe la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas declaradas de interés público y las necesarias para la investigación científica.
Asimismo se prohibe la exploración y explotación minera o petrolífera y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Hay sanciones disciplinarias, monetarias y prohibitivas para quienes no cumplan esta legislación.
Esta ley no tiene nada que ver a ley vetada
La ley provincial aprobada en Santa Cruz, es similar a la llamada "Ley Filmus" que el oficialismo patrocinó luego de que la Presidenta Cristina Fernández vetara la ley 26.418, que fuera sancionada unánimemente en el Congreso Nacional. Aquella medida presidencial recibió el nombre de "Veto Barrick". La presidenta veto una ley que si protegía a los glaciares. Las que tiene media sanción del Senado (proyecto Filmus), no reúne las mismas limitaciones y habilita solapadamente ciertas intervenciones sobre los bienes a proteger.
El texto de la ley provincial 6850 (de Santa Cruz) es muy similar en el articulado 2º a la ley que presento el Senador Filmus y fue aprobada por mayoría en el Senado. Proyecto de Ley Filmus EXPEDIENTE NUMERO S-2200/09 (ver en www.senado.gov.ar)
Por lo tanto, con esta ley se quieren preservar los intereses mineros en Santa Cruz, lo mismo que con el veto a la Ley 26.418, los intereses mineros en lasdemás provincias.
Fecha de Publicación: 11/04/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Se aprobó por mayoría el proyecto de que establece la protección de las áreas glaciares y periglaciares. Se prohíbe todo tipo de actividad industrial de arquitectura, minera o petrolera dentro de estas áreas. Sin embargo, recoge su texto del proyecto que se discute a nivel nacional -impulsado por el senador Filmus- e impulsado por el gobierno federal luego del veto impuesto por la presidenta Cristina Fernandez a la ley 26.418, que fuera sancionada unánimemente en el Congreso Nacional. Aquella medida presidencial recibió el nombre de "Veto Barrick".
El proyecto que contempla la protección de glaciares y prohibición de actividades nocivas para los mismos, como lo pueden ser la minera o petrolera, fue aprobado ayer por mayoría en la Legislatura provincial. Esta ley contempla dentro del área glacial a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglaciar, a los glaciares de escombros.
El primer paso que deberán poner en vigencia los organismos de aplicación pertinentes, es hacer un inventario donde se caractericen todos los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio provincial con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
Dicho inventario deberá ser realizado tras una orden del Ejecutivo Provincial por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente.
Prohibición
La presente ley prohíbe terminantemente las actividades que puedan afectar su condición natural como ser la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos cualquier naturaleza o volumen. Asimismo se prohíbe la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas declaradas de interés público y las necesarias para la investigación científica.
Asimismo se prohibe la exploración y explotación minera o petrolífera y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Hay sanciones disciplinarias, monetarias y prohibitivas para quienes no cumplan esta legislación.
Esta ley no tiene nada que ver a ley vetada
La ley provincial aprobada en Santa Cruz, es similar a la llamada "Ley Filmus" que el oficialismo patrocinó luego de que la Presidenta Cristina Fernández vetara la ley 26.418, que fuera sancionada unánimemente en el Congreso Nacional. Aquella medida presidencial recibió el nombre de "Veto Barrick". La presidenta veto una ley que si protegía a los glaciares. Las que tiene media sanción del Senado (proyecto Filmus), no reúne las mismas limitaciones y habilita solapadamente ciertas intervenciones sobre los bienes a proteger.
El texto de la ley provincial 6850 (de Santa Cruz) es muy similar en el articulado 2º a la ley que presento el Senador Filmus y fue aprobada por mayoría en el Senado. Proyecto de Ley Filmus EXPEDIENTE NUMERO S-2200/09 (ver en www.senado.gov.ar)
Por lo tanto, con esta ley se quieren preservar los intereses mineros en Santa Cruz, lo mismo que con el veto a la Ley 26.418, los intereses mineros en lasdemás provincias.
Riachuelo: 200 años de desidia ambiental
Riachuelo, muestra de "200 años de desidia ambiental" en Argentina
Fecha de Publicación: 10/04/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El contaminado Riachuelo, un cauce que marca el límite sur de Buenos Aires, se ha convertido en una muestra de "200 años de desidia ambiental" en Argentina, donde las problemáticas ambientales necesitan ser incorporadas en las políticas públicas, dijo hoy a Efe una experta en la materia.
"Para nuestras administraciones, la problemática ambiental no es un tema prioritario y hay muchas fallas en la implementación de las normas y de las decisiones judiciales", señaló la directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), María Eugenia di Paola.
La especialista, que el jueves pasado presentó un informe que recoge los desafíos de Argentina de cara al bicentenario de su Independencia, no dudó en situar la situación del Riachuelo como un "caso paradigmático, que presenta claramente un gran desafío porque se trata de uno de los treinta sitios más contaminados del mundo".
"El Riachuelo muestra 200 años de desidia", afirmó Di Paola, abogada experta en derecho ambiental y directiva de la FARN, institución que desde hace años impulsa la recuperación de este curso de agua y forma parte de un cuerpo encargado de controlar el plan de saneamiento que deben llevar adelante los Gobiernos nacional, provincial y municipales.
Foco industrial durante gran parte del siglo XX, el Riachuelo terminó por convertirse en un vertedero descontrolado de residuos pesados.
La cuenca Matanza-Riachuelo atraviesa jurisdicción nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de 14 municipios.
En el área, de 2.240 kilómetros cuadrados de superficie, habitan cinco millones de personas, muchas de las cuales viven en condiciones sumamente precarias, sin servicios básicos como agua potable y alcantarillado, una vivienda digna ni adecuada atención sanitaria.
"El Riachuelo es la muestra de las problemáticas ambientales ligadas a las sociales, porque generalmente quienes están en los lugares más carentes son quienes más sufren los efectos de la contaminación", señaló Di Paola.
Gracias a la acción de la FARN y de otras instituciones, en 2006 la Corte Suprema de Justicia obligó al Gobierno nacional, a la provincia de Buenos Aires, al Gobierno de la capital y a los municipios del área a diseñar y ejecutar un plan de saneamiento de la cuenca.
Según la abogada, acudir a la Justicia ante problemas ambientales es "lamentablemente la única opción".
Di Paola valoró la sentencia de no sólo porque obligó al saneamiento de Riachuelo (pese a que la ejecución del plan es lenta), sino porque ha sentado una jurisprudencia que ya comenzaron a utilizar otros jueces que intervienen en casos similares.
El informe de la FARN recoge otras grandes problemáticas ambientales de Argentina, como la cuestión de la minería, la protección de los glaciares y de los bosques nativos y la compleja cuestión de la gestión de los residuos domiciliarios.
En algunos casos, existen leyes específicas para abordar estas cuestiones, pero se presentan problemas en la aplicación de las normas, explicó la experta.
Otro aspecto que apuntó fue el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo respecto a la norma que le ordena presentar anualmente ante el Parlamento un informe ambiental.
"Lamentablemente este compromiso no se cumple desde 2003 y es una falta bastante importante porque no contamos con información ambiental oficial suficiente", dijo la letrada.
Fecha de Publicación: 10/04/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El contaminado Riachuelo, un cauce que marca el límite sur de Buenos Aires, se ha convertido en una muestra de "200 años de desidia ambiental" en Argentina, donde las problemáticas ambientales necesitan ser incorporadas en las políticas públicas, dijo hoy a Efe una experta en la materia.
"Para nuestras administraciones, la problemática ambiental no es un tema prioritario y hay muchas fallas en la implementación de las normas y de las decisiones judiciales", señaló la directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), María Eugenia di Paola.
La especialista, que el jueves pasado presentó un informe que recoge los desafíos de Argentina de cara al bicentenario de su Independencia, no dudó en situar la situación del Riachuelo como un "caso paradigmático, que presenta claramente un gran desafío porque se trata de uno de los treinta sitios más contaminados del mundo".
"El Riachuelo muestra 200 años de desidia", afirmó Di Paola, abogada experta en derecho ambiental y directiva de la FARN, institución que desde hace años impulsa la recuperación de este curso de agua y forma parte de un cuerpo encargado de controlar el plan de saneamiento que deben llevar adelante los Gobiernos nacional, provincial y municipales.
Foco industrial durante gran parte del siglo XX, el Riachuelo terminó por convertirse en un vertedero descontrolado de residuos pesados.
La cuenca Matanza-Riachuelo atraviesa jurisdicción nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de 14 municipios.
En el área, de 2.240 kilómetros cuadrados de superficie, habitan cinco millones de personas, muchas de las cuales viven en condiciones sumamente precarias, sin servicios básicos como agua potable y alcantarillado, una vivienda digna ni adecuada atención sanitaria.
"El Riachuelo es la muestra de las problemáticas ambientales ligadas a las sociales, porque generalmente quienes están en los lugares más carentes son quienes más sufren los efectos de la contaminación", señaló Di Paola.
Gracias a la acción de la FARN y de otras instituciones, en 2006 la Corte Suprema de Justicia obligó al Gobierno nacional, a la provincia de Buenos Aires, al Gobierno de la capital y a los municipios del área a diseñar y ejecutar un plan de saneamiento de la cuenca.
Según la abogada, acudir a la Justicia ante problemas ambientales es "lamentablemente la única opción".
Di Paola valoró la sentencia de no sólo porque obligó al saneamiento de Riachuelo (pese a que la ejecución del plan es lenta), sino porque ha sentado una jurisprudencia que ya comenzaron a utilizar otros jueces que intervienen en casos similares.
El informe de la FARN recoge otras grandes problemáticas ambientales de Argentina, como la cuestión de la minería, la protección de los glaciares y de los bosques nativos y la compleja cuestión de la gestión de los residuos domiciliarios.
En algunos casos, existen leyes específicas para abordar estas cuestiones, pero se presentan problemas en la aplicación de las normas, explicó la experta.
Otro aspecto que apuntó fue el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo respecto a la norma que le ordena presentar anualmente ante el Parlamento un informe ambiental.
"Lamentablemente este compromiso no se cumple desde 2003 y es una falta bastante importante porque no contamos con información ambiental oficial suficiente", dijo la letrada.
Ancasti: Diálogo legislativo en torno al conflicto
Diálogo legislativo en torno al conflicto minero
Fecha de Publicación: 09/04/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El referéndum minero convocado por el CD de Andalgalá, para que los andalgalenses se expresen por el sí o no al proyecto minero de Agua Rica y Filo Colorado, parecía una brasa caliente ayer entre los diputados que participaron de la reunión ampliada de las comisiones de Minería y Ambiente: pocos se animaron a fijar postura y fueron varios los que cuestionaron, no el llamado a consulta popular en sí mismo, pero sí la oportunidad de llevarlo a cabo en momentos en que los ánimos siguen caldeados. El titular de la comisión de Ambiente, Miguel Figueroa Vicario, fue uno de los pocos que avaló el plebiscito y distribuyó una cartilla con un análisis jurídico que respalda la viabilidad del referéndum convocado para Andalgalá.
La reunión, programada para las 11, comenzó más de una hora después debido a que el bloque del FCS se reunió a puertas cerradas con los concejales andalgalenses Edgardo Bernal (FV), Carlos Ramos (Catamarca Para Todos), Alejandro Páez y Alcira Moreno (FCS). Sin aviso, faltaron los ediles que responden al intendente Perea. Durante la reunión, los ediles y en particular Páez ofrecieron un crudo panorama de la situación que se vive en Andalgalá, denunciaron "una represión sin restricciones" el pasado 15 de febrero, dijeron que los andalgalenses "están hartos de la falta de sensibilidad de los políticos" y reclamaron a las autoridades provinciales "que vayan a Andalgalá, que den la cara y que lleven soluciones". También defendieron la legalidad del referéndum y pidieron a los diputados que apoyan la posibilidad de que el pueblo se exprese.
Desde el FCS ningún diputado emitió opinión, salvo Marita Colombo que pidió la palabra al sentirse aludida por su actuación legislativa anterior. El resto cerró filas en decir que están "abiertos al diálogo", aunque en el ámbito de la reunión no se pronunciaron.
Los diputados del arco justicialista, más Alfredo Gómez (MIRA) y Renato Gigantino (NEC) manifestaron su postura. Un denominador común de las alocuciones fue la necesidad y oportunidad de rediscutir las leyes mineras vigentes.
Sin mayores definiciones, sólo quedó hecha la invitación de los ediles para que los diputados se trasladen a Andalgalá el próximo martes 20 de abril, a fin de continuar con el diálogo abierto.
Fecha de Publicación: 09/04/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El referéndum minero convocado por el CD de Andalgalá, para que los andalgalenses se expresen por el sí o no al proyecto minero de Agua Rica y Filo Colorado, parecía una brasa caliente ayer entre los diputados que participaron de la reunión ampliada de las comisiones de Minería y Ambiente: pocos se animaron a fijar postura y fueron varios los que cuestionaron, no el llamado a consulta popular en sí mismo, pero sí la oportunidad de llevarlo a cabo en momentos en que los ánimos siguen caldeados. El titular de la comisión de Ambiente, Miguel Figueroa Vicario, fue uno de los pocos que avaló el plebiscito y distribuyó una cartilla con un análisis jurídico que respalda la viabilidad del referéndum convocado para Andalgalá.
La reunión, programada para las 11, comenzó más de una hora después debido a que el bloque del FCS se reunió a puertas cerradas con los concejales andalgalenses Edgardo Bernal (FV), Carlos Ramos (Catamarca Para Todos), Alejandro Páez y Alcira Moreno (FCS). Sin aviso, faltaron los ediles que responden al intendente Perea. Durante la reunión, los ediles y en particular Páez ofrecieron un crudo panorama de la situación que se vive en Andalgalá, denunciaron "una represión sin restricciones" el pasado 15 de febrero, dijeron que los andalgalenses "están hartos de la falta de sensibilidad de los políticos" y reclamaron a las autoridades provinciales "que vayan a Andalgalá, que den la cara y que lleven soluciones". También defendieron la legalidad del referéndum y pidieron a los diputados que apoyan la posibilidad de que el pueblo se exprese.
Desde el FCS ningún diputado emitió opinión, salvo Marita Colombo que pidió la palabra al sentirse aludida por su actuación legislativa anterior. El resto cerró filas en decir que están "abiertos al diálogo", aunque en el ámbito de la reunión no se pronunciaron.
Los diputados del arco justicialista, más Alfredo Gómez (MIRA) y Renato Gigantino (NEC) manifestaron su postura. Un denominador común de las alocuciones fue la necesidad y oportunidad de rediscutir las leyes mineras vigentes.
Sin mayores definiciones, sólo quedó hecha la invitación de los ediles para que los diputados se trasladen a Andalgalá el próximo martes 20 de abril, a fin de continuar con el diálogo abierto.
Discuten sobre los fondos de bosques nativos
Discuten la distribución de fondos para conservar bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/04/2010
Fuente: Diario Andino
Provincia/Región: Nacional
Lo harán hoy en Buenos Aires durante una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente. Allí, quienes conforman la autoridad de aplicación de la ley nacional Nº 26.331 de Bosques Nativos debatirán cómo se asignarán los recursos a las provincias.
A partir de hoy, en Buenos Aires, durante un encuentro del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), se reunirán las autoridades de aplicación de la ley Nº 26.331, que fija presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos.
Funcionarios de las provincias debatirán con sus pares nacionales, durante dos días, sobre la distribución del fondo de conservación creado por esa norma.
Mediante la ley Nº 26.331, se creó una autoridad de aplicación conformada por un organismo nacional -la secretaría de Ambiente- y delegados jurisdiccionales por las provincias. En representación de Neuquén, asistirá el coordinador de Política Forestal, Daniel Bocos.
El funcionario neuquino anticipó que, en la reunión, se van a reunir documentos propuestos con anterioridad, relacionados a la distribución del fondo nacional para conservación, cuyo objetivo es compensar a las jurisdicciones que conserven bosques nativos.
El propósito del encuentro, es discutir la metodología de distribución de fondos para las provincias que tienen bosques nativos y discutir, desde el punto de vista de la gestión administrativa, qué exigencias se le imponen a las jurisdicciones, a cada una de las provincias, para acceder a los fondos.
Según la ley Nº 26.331, las provincias podrán hacer uso de los recursos cuando tengan un ordenamiento territorial del bosque nativo aprobado por su legislación local. En el caso de Neuquén, el gobierno prevé presentar a mediados de este año un nuevo proyecto de ley forestal ante la Legislatura provincial. Cabe recaordar que Angostura ya tiene dicho ordenamniento terminado.
Fecha de Publicación: 08/04/2010
Fuente: Diario Andino
Provincia/Región: Nacional
Lo harán hoy en Buenos Aires durante una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente. Allí, quienes conforman la autoridad de aplicación de la ley nacional Nº 26.331 de Bosques Nativos debatirán cómo se asignarán los recursos a las provincias.
A partir de hoy, en Buenos Aires, durante un encuentro del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), se reunirán las autoridades de aplicación de la ley Nº 26.331, que fija presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos.
Funcionarios de las provincias debatirán con sus pares nacionales, durante dos días, sobre la distribución del fondo de conservación creado por esa norma.
Mediante la ley Nº 26.331, se creó una autoridad de aplicación conformada por un organismo nacional -la secretaría de Ambiente- y delegados jurisdiccionales por las provincias. En representación de Neuquén, asistirá el coordinador de Política Forestal, Daniel Bocos.
El funcionario neuquino anticipó que, en la reunión, se van a reunir documentos propuestos con anterioridad, relacionados a la distribución del fondo nacional para conservación, cuyo objetivo es compensar a las jurisdicciones que conserven bosques nativos.
El propósito del encuentro, es discutir la metodología de distribución de fondos para las provincias que tienen bosques nativos y discutir, desde el punto de vista de la gestión administrativa, qué exigencias se le imponen a las jurisdicciones, a cada una de las provincias, para acceder a los fondos.
Según la ley Nº 26.331, las provincias podrán hacer uso de los recursos cuando tengan un ordenamiento territorial del bosque nativo aprobado por su legislación local. En el caso de Neuquén, el gobierno prevé presentar a mediados de este año un nuevo proyecto de ley forestal ante la Legislatura provincial. Cabe recaordar que Angostura ya tiene dicho ordenamniento terminado.
Multa por intentar vender una piel de yaguareté
Inédita multa por intentar vender una piel de yaguareté
Fecha de Publicación: 08/04/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Una persona domiciliada en la ciudad de Eldorado, intentó vender una piel de Yaguareté por internet y fuemultada a pagar $16.000.
Ninia Ramos publicó en el año 2007 en una página de internet la oferta de un cuero de Yaguareté, por el que pedía $5.000.
La Red Yaguareté detectó su oferta y luego de coordinar con la Dirección Nacional de Fauna yel Ministerio de Ecología de Misiones, personal de este último junto a policías de la provincia decomisaron el cuero en un rápido operativo, con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Instrucción Nro. 1 deEldorado, a cargo del Dr. Saldaña.
Finalmente, luego de poco más de 2 años, el día viernes 12 de marzo le fue impuesta una multa de $16.000,de acuerdo con el sumario 226/09. Sin embargo, continúa en trámite el expediente judicial penal Nº 273/07por infracción a la Ley Nacional 22.421 (de protección de la fauna silvestre).
Se estima que en toda la provincia de Misiones no quedan más de 50 yaguaretés en estado silvestre, lacacería es una de las principales causas de su desaparición.
Cazar Yaguaretés está terminantemente prohibido por leyes provinciales y nacionales.“Hasta hace poco tiempo no se cumplía efectivamente lo que dice la ley, pero eso pertenece al pasado;quienes cacen o vendan partes de Yaguaretés serán severamente sancionados. Junto al Ministerio deEcología, los juzgados intervinientes y nuestro equipo de abogados nos estamos encargando de que estosea así, ya estamos viendo los primeros resultados. Esta persona de Eldorado fue sancionada con unamulta económica que triplicó el monto que pretendía obtener por este ilícito, y aún debe afrontar el procesopenal, que ya está en marcha", señaló Nicolás Lodeiro Ocampo, presidente de la Red Yaguareté.
Fecha de Publicación: 08/04/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Una persona domiciliada en la ciudad de Eldorado, intentó vender una piel de Yaguareté por internet y fuemultada a pagar $16.000.
Ninia Ramos publicó en el año 2007 en una página de internet la oferta de un cuero de Yaguareté, por el que pedía $5.000.
La Red Yaguareté detectó su oferta y luego de coordinar con la Dirección Nacional de Fauna yel Ministerio de Ecología de Misiones, personal de este último junto a policías de la provincia decomisaron el cuero en un rápido operativo, con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Instrucción Nro. 1 deEldorado, a cargo del Dr. Saldaña.
Finalmente, luego de poco más de 2 años, el día viernes 12 de marzo le fue impuesta una multa de $16.000,de acuerdo con el sumario 226/09. Sin embargo, continúa en trámite el expediente judicial penal Nº 273/07por infracción a la Ley Nacional 22.421 (de protección de la fauna silvestre).
Se estima que en toda la provincia de Misiones no quedan más de 50 yaguaretés en estado silvestre, lacacería es una de las principales causas de su desaparición.
Cazar Yaguaretés está terminantemente prohibido por leyes provinciales y nacionales.“Hasta hace poco tiempo no se cumplía efectivamente lo que dice la ley, pero eso pertenece al pasado;quienes cacen o vendan partes de Yaguaretés serán severamente sancionados. Junto al Ministerio deEcología, los juzgados intervinientes y nuestro equipo de abogados nos estamos encargando de que estosea así, ya estamos viendo los primeros resultados. Esta persona de Eldorado fue sancionada con unamulta económica que triplicó el monto que pretendía obtener por este ilícito, y aún debe afrontar el procesopenal, que ya está en marcha", señaló Nicolás Lodeiro Ocampo, presidente de la Red Yaguareté.
Examen por el Riachuelo
La Corte pide saber qué hacen para limpiar el Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/04/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Corte Suprema intimó a los gobiernos de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires a que en 15 días informen cómo avanzaron con el plan para sanear el Riachuelo.
La decisión llegó en el marco de la causa "Mendoza", por la cual el 8 de julio de 2008 el máximo tribunal le ordenó a los tres Estados que presentaran un plan de saneamiento de la Cuenca, y por el cual luego le establecieron un cronograma que debían respetar.
En una resolución de apenas tres páginas, la Corte le pidió a las tres administraciones, representadas en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) que presenten un único informe. Es la primera vez que los ministros requieren informarse directamente sobre el avance del plan, ya que hasta ahora todos los expedientes los recibía el juez federal de Quilmes, Luis Armella, designado para seguir la causa.
En el Gobierno nacional lo tomaron con calma. "Nos parece bien que la Corte quiera información, no tenemos problema en hacer la presentación y contarles cómo avanzamos", explicaron voceros de la Secretaría de Ambiente, cuyo titular, Homero Bibiloni, está también a cargo de la Acumar. En el Gobierno porteño, en tanto, aseguraron que vienen cumpliendo con su parte, por ejemplo con las inspecciones a empresas supuestamente contaminantes y las mediciones de calidad del aire.
Pero otros son más críticos. En febrero pasado se conoció un informe de la Defensoría del Pueblo nacional y de cuatro ONG encargadas de monitorear el avance del plan, en el que denunciaron que la Acumar no estaba cumpliendo lo ordenado por la Corte. Greenpeace, una de esas ONG, celebró la resolución del tribunal porque "de esta manera la Acumar no podrá esconderse más atrás de una montaña de informes sin rigor y deberá responder punto por punto qué ha hecho".
Examen por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/04/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
A casi dos años del histórico fallo que ordenó a las tres jurisdicciones la limpieza del Riachuelo, el máximo tribunal quiere saber si se cumple la sentencia.
La Corte Suprema de Justicia requirió a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño que en el plazo de quince días presenten un informe conjunto sobre el cumplimiento de las órdenes que impartió en julio de 2008 para el saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza. Casi dos años después de la histórica sentencia, ayer el máximo tribunal otorgó el mismo plazo a la Autoridad de Cuenca (Acumar) –órgano integrado por funcionarios de los tres estados– para que elabore su propio documento sobre las acciones llevadas a cabo para recomponer en forma “urgente” y “eficaz” los daños provocados por las contaminación hídrica de la zona. En caso de estar incumpliendo sus obligaciones, las autoridades gubernamentales podrían percibir multas personales y diarias sobre su propio patrimonio.
En 2006, la Corte Suprema dio impulso a una causa judicial abierta por el reclamo de los vecinos damnificados de la zona de Villa Inflamable, en Dock Sud. Gracias al caso denominado “Mendoza” –por el nombre de uno de los querellantes–, se creó la Acumar, que en 2008 presentó un plan de saneamiento elaborado por funcionarios de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires. El 8 de julio del mismo año, y una vez analizada la presentación, la Corte conminó a los tres estados a recomponer los daños provocados por la contaminación del Riachuelo y prevenir que la historia se repita.
El fallo de los jueces supremos fue unánime. Estipuló una lista de acciones, impuso plazos precisos para la limpieza de la cuenca hídrica y multas diarias ante eventuales incumplimientos en los tiempos. Así, según el fallo de 2008, la Autoridad de la Cuenca tenía seis meses “para impedir que sigan volcando residuos en los basurales –legales o clandestinos– que serán cerrados” y para aplicar las medidas de “prevención de formación de nuevos basurales a cielo abierto”. En segundo lugar, la Corte estipuló un máximo de 90 días para que la Autoridad de la Cuenca realice un mapa que refleje factores ambientales en riesgo, la población vulnerable y los trastornos de salud existentes. Una vez recopilada esa información, tendrá 60 días para elaborar y ejecutar un programa sanitario, para atender a los pobladores. Por último, el tribunal fijó un máximo de 30 días para inspeccionar todas las empresas de la cuenca e identificar a las que dañan y 30 días más para que esas firmas (previamente informadas sobre líneas de crédito) presenten un plan de tratamiento de residuos.
En el fallo, la aplicación de multas fue una novedad en la jurisprudencia de la Corte. La intención del castigo económico sobre el patrimonio de los funcionarios fue “garantizar el cumplimiento del plan” y, para ello, se delegó la ejecución de la sentencia en el titular del Juzgado Federal de Quilmes, Luis Antonio Armella.
Casi dos años después de la sentencia, los miembros de la Corte decidieron solicitar un nuevo informe sobre el cumplimiento en el saneamiento de la cuenca a todos los gobiernos y organismos involucrados. En la resolución, se dispuso que los tres estados y el Acumar realicen, en forma conjunta y mediante una presentación única, un documento “circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008”.
Pese a que “el juez Armella está haciendo su trabajo de manera satisfactoria, lo importante y extraordinario es que la Corte pide sus propios informes y no se desentiende de la causa”, estimó Andrés Nápoli, director del Area Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Según Nápoli, “el mensaje que dio la Corte es claro y directo: el histórico fallo de 2008 se tiene que hacer cumplir”.
El fallo de los jueces supremos, que fue unánime, insta a los funcionarios a “señalar separadamente cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas”. El informe también deberá contener “el grado en que han sido alcanzados –al 31 de marzo de 2010– cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesta en el fallo”.
Consultado por Página/12, Enrique Viale –presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas–, definió como “complicada” la situación: “A la fecha, los funcionarios no sólo tienen que haber realizado inspecciones, cerrado basurales y resuelto la situación de las familias que viven en la zona, sino que además tienen que haber generado herramientas cuantitativas para medir la contaminación y, en caso de no cumplir, podrían ser penados con sumas importantes de dinero”.
Fecha de Publicación: 07/04/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Corte Suprema intimó a los gobiernos de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires a que en 15 días informen cómo avanzaron con el plan para sanear el Riachuelo.
La decisión llegó en el marco de la causa "Mendoza", por la cual el 8 de julio de 2008 el máximo tribunal le ordenó a los tres Estados que presentaran un plan de saneamiento de la Cuenca, y por el cual luego le establecieron un cronograma que debían respetar.
En una resolución de apenas tres páginas, la Corte le pidió a las tres administraciones, representadas en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) que presenten un único informe. Es la primera vez que los ministros requieren informarse directamente sobre el avance del plan, ya que hasta ahora todos los expedientes los recibía el juez federal de Quilmes, Luis Armella, designado para seguir la causa.
En el Gobierno nacional lo tomaron con calma. "Nos parece bien que la Corte quiera información, no tenemos problema en hacer la presentación y contarles cómo avanzamos", explicaron voceros de la Secretaría de Ambiente, cuyo titular, Homero Bibiloni, está también a cargo de la Acumar. En el Gobierno porteño, en tanto, aseguraron que vienen cumpliendo con su parte, por ejemplo con las inspecciones a empresas supuestamente contaminantes y las mediciones de calidad del aire.
Pero otros son más críticos. En febrero pasado se conoció un informe de la Defensoría del Pueblo nacional y de cuatro ONG encargadas de monitorear el avance del plan, en el que denunciaron que la Acumar no estaba cumpliendo lo ordenado por la Corte. Greenpeace, una de esas ONG, celebró la resolución del tribunal porque "de esta manera la Acumar no podrá esconderse más atrás de una montaña de informes sin rigor y deberá responder punto por punto qué ha hecho".
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Examen por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/04/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
A casi dos años del histórico fallo que ordenó a las tres jurisdicciones la limpieza del Riachuelo, el máximo tribunal quiere saber si se cumple la sentencia.
La Corte Suprema de Justicia requirió a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño que en el plazo de quince días presenten un informe conjunto sobre el cumplimiento de las órdenes que impartió en julio de 2008 para el saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza. Casi dos años después de la histórica sentencia, ayer el máximo tribunal otorgó el mismo plazo a la Autoridad de Cuenca (Acumar) –órgano integrado por funcionarios de los tres estados– para que elabore su propio documento sobre las acciones llevadas a cabo para recomponer en forma “urgente” y “eficaz” los daños provocados por las contaminación hídrica de la zona. En caso de estar incumpliendo sus obligaciones, las autoridades gubernamentales podrían percibir multas personales y diarias sobre su propio patrimonio.
En 2006, la Corte Suprema dio impulso a una causa judicial abierta por el reclamo de los vecinos damnificados de la zona de Villa Inflamable, en Dock Sud. Gracias al caso denominado “Mendoza” –por el nombre de uno de los querellantes–, se creó la Acumar, que en 2008 presentó un plan de saneamiento elaborado por funcionarios de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires. El 8 de julio del mismo año, y una vez analizada la presentación, la Corte conminó a los tres estados a recomponer los daños provocados por la contaminación del Riachuelo y prevenir que la historia se repita.
El fallo de los jueces supremos fue unánime. Estipuló una lista de acciones, impuso plazos precisos para la limpieza de la cuenca hídrica y multas diarias ante eventuales incumplimientos en los tiempos. Así, según el fallo de 2008, la Autoridad de la Cuenca tenía seis meses “para impedir que sigan volcando residuos en los basurales –legales o clandestinos– que serán cerrados” y para aplicar las medidas de “prevención de formación de nuevos basurales a cielo abierto”. En segundo lugar, la Corte estipuló un máximo de 90 días para que la Autoridad de la Cuenca realice un mapa que refleje factores ambientales en riesgo, la población vulnerable y los trastornos de salud existentes. Una vez recopilada esa información, tendrá 60 días para elaborar y ejecutar un programa sanitario, para atender a los pobladores. Por último, el tribunal fijó un máximo de 30 días para inspeccionar todas las empresas de la cuenca e identificar a las que dañan y 30 días más para que esas firmas (previamente informadas sobre líneas de crédito) presenten un plan de tratamiento de residuos.
En el fallo, la aplicación de multas fue una novedad en la jurisprudencia de la Corte. La intención del castigo económico sobre el patrimonio de los funcionarios fue “garantizar el cumplimiento del plan” y, para ello, se delegó la ejecución de la sentencia en el titular del Juzgado Federal de Quilmes, Luis Antonio Armella.
Casi dos años después de la sentencia, los miembros de la Corte decidieron solicitar un nuevo informe sobre el cumplimiento en el saneamiento de la cuenca a todos los gobiernos y organismos involucrados. En la resolución, se dispuso que los tres estados y el Acumar realicen, en forma conjunta y mediante una presentación única, un documento “circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008”.
Pese a que “el juez Armella está haciendo su trabajo de manera satisfactoria, lo importante y extraordinario es que la Corte pide sus propios informes y no se desentiende de la causa”, estimó Andrés Nápoli, director del Area Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Según Nápoli, “el mensaje que dio la Corte es claro y directo: el histórico fallo de 2008 se tiene que hacer cumplir”.
El fallo de los jueces supremos, que fue unánime, insta a los funcionarios a “señalar separadamente cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas”. El informe también deberá contener “el grado en que han sido alcanzados –al 31 de marzo de 2010– cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesta en el fallo”.
Consultado por Página/12, Enrique Viale –presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas–, definió como “complicada” la situación: “A la fecha, los funcionarios no sólo tienen que haber realizado inspecciones, cerrado basurales y resuelto la situación de las familias que viven en la zona, sino que además tienen que haber generado herramientas cuantitativas para medir la contaminación y, en caso de no cumplir, podrían ser penados con sumas importantes de dinero”.
Debaten sobre agroquímicos en Santiago
Debaten sobre uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 07/04/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Bandera se realizan debates para allanar las diferencias y lograr un proyecto de ordenanza acorde a las posiciones de todos los involucrados.
En ese sentido, este jueves, en el salón de conferencias del club Independiente, disertarán el técnico de la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba, Ing. Juan Carlos Sedrán y el profesor universitario Ing. Alberto Etiennot, sobre el tema: Buenas Prácticas Agrícolas en la Aplicación de Fitosanitarios en Zona Periurbana.
Esto se lleva a cabo tras el rechazo del Concejo Deliberante para tratar la ordenanza referida al manejo de agroquímicos, por considerar que no se adecua a las necesidades de dar solución al problema y conocido el informe elaborado por el técnico asesor Víctor Krieger, ocasionó una gran polémica sobre cómo debería abordarse el problema que tiene Bandera, como ciudad ubicada en el centro más importante de la producción de soja de la provincia. Cabe destacar que la ciudad posee al menos cuatro pistas de aterrizaje de empresas que se dedican a la fumigación aérea, sobre los mismos límites de la ciudad y lotes de sembradíos, que se separan calle de por medio de los barrios periféricos.
Ante eso se suscitan posiciones contrapuestas de puntos específicos. Como comentó el presidente del Concejo, Eduardo Pugliese, “no hay oposiciones sino puntos específicos a concordar, por lo que son necesarios los debates”. Los tecnicismos que se tratarán son por ejemplo: a cuánto de la ciudad debería asignarse las zonas de aplicación, o el control y matriculación de las empresas de fumigación, o quién ejercerá los controles.
Una necesidad de regular inmediatamente el manejo de estos tóxicos, es el punto coincidente de todos los sectores, a lo cual, Pugliese destacó: “Hay una gran predisposición para llegar a un acuerdo, tanto de los propietarios de campos, los aplicadores de agroquímicos como de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Cabe recordar que las denuncias realizadas al secretario de Medio Ambiente de la Nación sobre depósitos de agroquímicos dentro de la ciudad, daños en la flora de la zona, problemas de salud, hasta el tráfico de aeronaves sobre el ejido urbano y tránsito de maquinarias de aplicación, fueron las señales que pusieron en marcha una creciente preocupación de la gente, que comenzó a reclamar un pronto tratamiento del tema.
Ante lo cual, vecinos reflexionan que “reconocer que existe un grave problema que afecta a todos es muy importante porque significa que se buscará una solución”.
En tanto, los alumnos de los establecimientos educativos abordan el tema en clase. También las emisoras locales y la página local son foros en los que se discute a diario sobre este tema.
Fecha de Publicación: 07/04/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Bandera se realizan debates para allanar las diferencias y lograr un proyecto de ordenanza acorde a las posiciones de todos los involucrados.
En ese sentido, este jueves, en el salón de conferencias del club Independiente, disertarán el técnico de la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba, Ing. Juan Carlos Sedrán y el profesor universitario Ing. Alberto Etiennot, sobre el tema: Buenas Prácticas Agrícolas en la Aplicación de Fitosanitarios en Zona Periurbana.
Esto se lleva a cabo tras el rechazo del Concejo Deliberante para tratar la ordenanza referida al manejo de agroquímicos, por considerar que no se adecua a las necesidades de dar solución al problema y conocido el informe elaborado por el técnico asesor Víctor Krieger, ocasionó una gran polémica sobre cómo debería abordarse el problema que tiene Bandera, como ciudad ubicada en el centro más importante de la producción de soja de la provincia. Cabe destacar que la ciudad posee al menos cuatro pistas de aterrizaje de empresas que se dedican a la fumigación aérea, sobre los mismos límites de la ciudad y lotes de sembradíos, que se separan calle de por medio de los barrios periféricos.
Ante eso se suscitan posiciones contrapuestas de puntos específicos. Como comentó el presidente del Concejo, Eduardo Pugliese, “no hay oposiciones sino puntos específicos a concordar, por lo que son necesarios los debates”. Los tecnicismos que se tratarán son por ejemplo: a cuánto de la ciudad debería asignarse las zonas de aplicación, o el control y matriculación de las empresas de fumigación, o quién ejercerá los controles.
Una necesidad de regular inmediatamente el manejo de estos tóxicos, es el punto coincidente de todos los sectores, a lo cual, Pugliese destacó: “Hay una gran predisposición para llegar a un acuerdo, tanto de los propietarios de campos, los aplicadores de agroquímicos como de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Cabe recordar que las denuncias realizadas al secretario de Medio Ambiente de la Nación sobre depósitos de agroquímicos dentro de la ciudad, daños en la flora de la zona, problemas de salud, hasta el tráfico de aeronaves sobre el ejido urbano y tránsito de maquinarias de aplicación, fueron las señales que pusieron en marcha una creciente preocupación de la gente, que comenzó a reclamar un pronto tratamiento del tema.
Ante lo cual, vecinos reflexionan que “reconocer que existe un grave problema que afecta a todos es muy importante porque significa que se buscará una solución”.
En tanto, los alumnos de los establecimientos educativos abordan el tema en clase. También las emisoras locales y la página local son foros en los que se discute a diario sobre este tema.
Acordaron acatar el veredicto de La Haya
Cristina y Mujica acordaron acatar el veredicto de La Haya
Fecha de Publicación: 06/04/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Se reunieron ayer sorpresivamente en la residencia de Olivos. Analizaron los pasos a seguir una vez que se conozca el fallo internacional, que se espera para el 20 de abril. El conflicto por la instalación de la pastera Botnia ya lleva cinco años.
En un sorpresivo encuentro en la residencia de Olivos, los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica acordaron ayer los primeros pasos que darán la Argentina y Uruguay luego de que se conozca el fallo del Tribunal Internacional de La Haya por la instalación de la pastera Botnia en el río Uruguay, que se espera para el próximo 20 de abril. El conflicto entre ambos países ya lleva cinco años.
El canciller uruguayo Luis Almagro informó al regresar a Montevideo que los presidentes establecieron que sus ministros de Relaciones Exteriores -él y Jorge Taiana- serán los encargados de administrar la decisión del tribunal internacional y coordinar la agenda posterior entre ambos países, informó el diario El País.
Por su parte, a poco de terminado el cónclave Taiana admitió que el diferendo por Botnia formó parte de la conversación, en la que se habló de "esperar el fallo y de la necesidad de respetar el resultado". "Sí, se habló" sobre Botnia, dijo contundente el canciller al salir de Olivos, en abierta contradicción con las declaraciones hechas minutos antes por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien puso esmero en negar que el principal tema de la agenda bilateral hubiera sido tratado (ver "¿Qué sentido tiene hablar de eso?")
El Gobierno argentino buscó minimizar que ambos presidentes empezaron a planificar la relación que vendrá después del fallo. Para eso, puso el énfasis en otros dos puntos de la charla: el dragado del canal Martín García y la compra de gas a Bolivia por parte de Uruguay, que deberá pasar por gasoductos argentinos. Incluso Cristina Kirchner, tras un acto en Malvinas Argentinas, se limitó a mencionar que habrá una reunión de ministros de energía por la cuestión gasífera. De Botnia ni hablar.
En Montevideo, el canciller Almagro se refirió incluso al levantamiento del corte del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Y aseguró que el asunto será tratado por ambos países después de que se conozca el fallo de La Haya. Sostuvo que "ese tema no será materia del fallo", pero precisó que sí lo será "cómo las dos partes administran el fallo".
Según se anticipa en ámbitos diplomáticos, el fallo de La Haya sería "salomónico": cuestionaría la violación del Tratado del Río Uruguay pero diría que no hay evidencias de contaminación por la actividad de la pastera finlandesa.
Con la llegada de Mujica al poder, y en espera del fallo de La Haya, hubo un acercamiento para descongelar las relaciones y abrir una nueva etapa acorde con el vínculo histórico entre ambos países. En diciembre, en Montevideo, Cristina Kirchner y el saliente Tabaré Vázquez minimizaron las diferencias por Botnia, que en el pico de las tensiones llevaron al uruguayo a desplegar tropas militares y a Néstor Kirchner a armar en 2006 un multitudinario acto en Gualeguaychú donde dijo que el tema Botnia era "causa nacional".
Vázquez vetó en 2008 la candidatura de Kirchner a presidente de la Unasur. Fuentes de la presidencia uruguaya dijeron a Clarín que si bien no se habló de candidaturas, se conversó ayer sobre "los lineamientos estratégicos" de la Unasur. Almagro sostuvo que "Uruguay no tiene una posición" tomada sobre candidatos con vistas a la reunión de mayo de la Unasur; aunque se sabe que Mujica estaría dispuesto a levantar el veto a Kirchner si es único postulante, para dar una señal y pese al costo interno que tendría.
Ambientalistas no descartan cortar más pasos fronterizos
Fecha de Publicación: 06/04/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta Jorge Fritzler expuso por Mega 98.3 que tras el fallo de La Haya resolverán si "endurecen la lucha". "Si Botnia no es desmantelada, se puede perjudicar al Uruguay más de lo que se lo está perjudicando", amenazó.
El ambientalista Jorge Fritzler expuso que la reunión entre la presidente Cristina Kirchner y José Mujica los "tomó por sorpresa" y añadió que no tienen detalles, más allá de los que trascendieron por la prensa, sobre lo que ambos mandatarios acordaron respecto al conflicto binacional y la próxima resolución de la Corte Internacional de La Haya.
Asimismo, al ser consultado en el programa Ojos Bien Abiertos de Mega 98.3 sobre qué resolverá la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, señaló que la de mañana es una reunión como la de todas las semanas y que la importante será luego de que la Corte Internacional emita su resolución el próximo 20 de abril, cuando se convocará a una asamblea ampliada para definir los pasos a seguir.
En ese sentido, expuso que esa asamblea que analizará el fallo podría resolver levantar el corte o incluso "endurecer la lucha".
"Está el juego abierto, se puede levantar o no, eso lo va a definir la mayoría y se sabrá luego del 20 de abril", expuso Fritzler y añadió que la solución al conflicto "pasa por desmantelar la planta de Botnia, ya que si se resuelve que se ha violado el tratado del Río Uruguay, la pastera es ilegal y hay que desmantelarla".
Aunque Fritzler se mostró confiado en una resolución que comprenda sus reclamos, agregó que "hay montones de alternativas incluso para endurecer la lucha" respecto a las medidas a seguir luego del fallo.
"Se puede perjudicar al Uruguay más de lo que se lo está perjudicando", dijo el asambleísta aunque aclaró que está “hablando de lucha pacifica”.
"Hay alternativas de bloqueo que pueden perjudicar más a Uruguay que el corte del Puente Internacional San Martín", finalizó y, aunque no aclaró cuáles, dejó entrever que podrían bloquear más pasos fronterizos con Uruguay.
Fecha de Publicación: 06/04/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Se reunieron ayer sorpresivamente en la residencia de Olivos. Analizaron los pasos a seguir una vez que se conozca el fallo internacional, que se espera para el 20 de abril. El conflicto por la instalación de la pastera Botnia ya lleva cinco años.
En un sorpresivo encuentro en la residencia de Olivos, los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica acordaron ayer los primeros pasos que darán la Argentina y Uruguay luego de que se conozca el fallo del Tribunal Internacional de La Haya por la instalación de la pastera Botnia en el río Uruguay, que se espera para el próximo 20 de abril. El conflicto entre ambos países ya lleva cinco años.
El canciller uruguayo Luis Almagro informó al regresar a Montevideo que los presidentes establecieron que sus ministros de Relaciones Exteriores -él y Jorge Taiana- serán los encargados de administrar la decisión del tribunal internacional y coordinar la agenda posterior entre ambos países, informó el diario El País.
Por su parte, a poco de terminado el cónclave Taiana admitió que el diferendo por Botnia formó parte de la conversación, en la que se habló de "esperar el fallo y de la necesidad de respetar el resultado". "Sí, se habló" sobre Botnia, dijo contundente el canciller al salir de Olivos, en abierta contradicción con las declaraciones hechas minutos antes por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien puso esmero en negar que el principal tema de la agenda bilateral hubiera sido tratado (ver "¿Qué sentido tiene hablar de eso?")
El Gobierno argentino buscó minimizar que ambos presidentes empezaron a planificar la relación que vendrá después del fallo. Para eso, puso el énfasis en otros dos puntos de la charla: el dragado del canal Martín García y la compra de gas a Bolivia por parte de Uruguay, que deberá pasar por gasoductos argentinos. Incluso Cristina Kirchner, tras un acto en Malvinas Argentinas, se limitó a mencionar que habrá una reunión de ministros de energía por la cuestión gasífera. De Botnia ni hablar.
En Montevideo, el canciller Almagro se refirió incluso al levantamiento del corte del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Y aseguró que el asunto será tratado por ambos países después de que se conozca el fallo de La Haya. Sostuvo que "ese tema no será materia del fallo", pero precisó que sí lo será "cómo las dos partes administran el fallo".
Según se anticipa en ámbitos diplomáticos, el fallo de La Haya sería "salomónico": cuestionaría la violación del Tratado del Río Uruguay pero diría que no hay evidencias de contaminación por la actividad de la pastera finlandesa.
Con la llegada de Mujica al poder, y en espera del fallo de La Haya, hubo un acercamiento para descongelar las relaciones y abrir una nueva etapa acorde con el vínculo histórico entre ambos países. En diciembre, en Montevideo, Cristina Kirchner y el saliente Tabaré Vázquez minimizaron las diferencias por Botnia, que en el pico de las tensiones llevaron al uruguayo a desplegar tropas militares y a Néstor Kirchner a armar en 2006 un multitudinario acto en Gualeguaychú donde dijo que el tema Botnia era "causa nacional".
Vázquez vetó en 2008 la candidatura de Kirchner a presidente de la Unasur. Fuentes de la presidencia uruguaya dijeron a Clarín que si bien no se habló de candidaturas, se conversó ayer sobre "los lineamientos estratégicos" de la Unasur. Almagro sostuvo que "Uruguay no tiene una posición" tomada sobre candidatos con vistas a la reunión de mayo de la Unasur; aunque se sabe que Mujica estaría dispuesto a levantar el veto a Kirchner si es único postulante, para dar una señal y pese al costo interno que tendría.
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Ambientalistas no descartan cortar más pasos fronterizos
Fecha de Publicación: 06/04/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta Jorge Fritzler expuso por Mega 98.3 que tras el fallo de La Haya resolverán si "endurecen la lucha". "Si Botnia no es desmantelada, se puede perjudicar al Uruguay más de lo que se lo está perjudicando", amenazó.
El ambientalista Jorge Fritzler expuso que la reunión entre la presidente Cristina Kirchner y José Mujica los "tomó por sorpresa" y añadió que no tienen detalles, más allá de los que trascendieron por la prensa, sobre lo que ambos mandatarios acordaron respecto al conflicto binacional y la próxima resolución de la Corte Internacional de La Haya.
Asimismo, al ser consultado en el programa Ojos Bien Abiertos de Mega 98.3 sobre qué resolverá la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, señaló que la de mañana es una reunión como la de todas las semanas y que la importante será luego de que la Corte Internacional emita su resolución el próximo 20 de abril, cuando se convocará a una asamblea ampliada para definir los pasos a seguir.
En ese sentido, expuso que esa asamblea que analizará el fallo podría resolver levantar el corte o incluso "endurecer la lucha".
"Está el juego abierto, se puede levantar o no, eso lo va a definir la mayoría y se sabrá luego del 20 de abril", expuso Fritzler y añadió que la solución al conflicto "pasa por desmantelar la planta de Botnia, ya que si se resuelve que se ha violado el tratado del Río Uruguay, la pastera es ilegal y hay que desmantelarla".
Aunque Fritzler se mostró confiado en una resolución que comprenda sus reclamos, agregó que "hay montones de alternativas incluso para endurecer la lucha" respecto a las medidas a seguir luego del fallo.
"Se puede perjudicar al Uruguay más de lo que se lo está perjudicando", dijo el asambleísta aunque aclaró que está “hablando de lucha pacifica”.
"Hay alternativas de bloqueo que pueden perjudicar más a Uruguay que el corte del Puente Internacional San Martín", finalizó y, aunque no aclaró cuáles, dejó entrever que podrían bloquear más pasos fronterizos con Uruguay.
Fumigación de arroceras ya tiene juez
La causa por la fumigación de arroceras ya tiene juez
Fecha de Publicación: 06/04/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El magistrado a cargo del Juzgado Civil y Comercial 14 Héctor García Redondo tomará el expediente abierto a partir del pedido de vecinos para frenar el uso de agroquímicos en plantaciones de arroz en La Leonesa y Las Palmas. El juez deberá dictaminar si se hará lugar al planteo de los demandantes.
La justicia federal se había declarado incompetente para actuar en la causa al argumentar que no está probada la contaminación en la zona próxima a los ríos Paraná y Paraguay, donde confluyen las aguas que se escurren desde las plantaciones de arroz.
Entonces, el juez federal subrogante Eduardo Valiente remitió a la justicia provincial la solicitud de amparo y medida cautelar impulsada por habitantes de ambas localidades.
Valiente consideró además que “no hay peligro inmediato para la población que reside cerca de la explotación agrícola, por lo que no hay motivo para frenar las fumigaciones aéreas con agroquímicos.
Pobladores de La Leonesa y Las Palmas, integrantes de Carta Abierta Chaco, organizaciones sociales y legisladores exigieron el compromiso de las autoridades provinciales para poner límite a las fumigaciones con agroquímicos en las arroceras.
Insistencia
Hace quince días, pobladores de La Leonesa y Las Palmas recibieron el respaldo de integrantes de Carta Abierta Chaco, de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo y de legisladores. Entre todos exigieron al gobierno provincial comprometerse a hacer cumplir las leyes, limitar las fumigaciones aéreas indiscriminadas y que el Estado debe asegurar el cumplimiento de la ley de biocidas con la práctica de estudios correspondientes para demostrar que los agrotóxicos no son contaminantes ni nocivos para la salud.
En concreto, dirigieron su mensaje al Ejecutivo, a la Cámara de Diputados --en especial a la Comisión de Agricultura-- y a la Justicia.
Además, sostienen que “el sector productivo arrincona a la población” y que los intendentes de La Leonesa y Las Palmas “quieren politizar la cuestión para dilatar el problema”.
Fecha de Publicación: 06/04/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El magistrado a cargo del Juzgado Civil y Comercial 14 Héctor García Redondo tomará el expediente abierto a partir del pedido de vecinos para frenar el uso de agroquímicos en plantaciones de arroz en La Leonesa y Las Palmas. El juez deberá dictaminar si se hará lugar al planteo de los demandantes.
La justicia federal se había declarado incompetente para actuar en la causa al argumentar que no está probada la contaminación en la zona próxima a los ríos Paraná y Paraguay, donde confluyen las aguas que se escurren desde las plantaciones de arroz.
Entonces, el juez federal subrogante Eduardo Valiente remitió a la justicia provincial la solicitud de amparo y medida cautelar impulsada por habitantes de ambas localidades.
Valiente consideró además que “no hay peligro inmediato para la población que reside cerca de la explotación agrícola, por lo que no hay motivo para frenar las fumigaciones aéreas con agroquímicos.
Pobladores de La Leonesa y Las Palmas, integrantes de Carta Abierta Chaco, organizaciones sociales y legisladores exigieron el compromiso de las autoridades provinciales para poner límite a las fumigaciones con agroquímicos en las arroceras.
Insistencia
Hace quince días, pobladores de La Leonesa y Las Palmas recibieron el respaldo de integrantes de Carta Abierta Chaco, de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo y de legisladores. Entre todos exigieron al gobierno provincial comprometerse a hacer cumplir las leyes, limitar las fumigaciones aéreas indiscriminadas y que el Estado debe asegurar el cumplimiento de la ley de biocidas con la práctica de estudios correspondientes para demostrar que los agrotóxicos no son contaminantes ni nocivos para la salud.
En concreto, dirigieron su mensaje al Ejecutivo, a la Cámara de Diputados --en especial a la Comisión de Agricultura-- y a la Justicia.
Además, sostienen que “el sector productivo arrincona a la población” y que los intendentes de La Leonesa y Las Palmas “quieren politizar la cuestión para dilatar el problema”.
Río Negro ya tiene fiscalías ambientales
Río Negro ya tiene fiscalías ambientales para preservar el hábitat
Fecha de Publicación: 05/04/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Implementarán una por cada circunscripción judicial. Podrán recibir denuncias y pedir informes
"Esto beneficia la calidad de vida de todos los rionegrinos. Y pone a Río Negro al tope de las demás provincias con una normativa de avanzada" dijo Elvi Cides, del MPP, en diálogo con periodistas, dando a conocer la conversión en ley de un proyecto de su autoría que crea la Fiscalía Ambiental, que tendrá a cargo una serie de acciones para dar tratamiento a las problemáticas del medio ambiente.
Si bien jueces y fiscales del Poder Judicial han intervenido en el tema, "era una necesidad la creación de fiscalías o juzgados ambientales como herramientas necesarias e idóneas", señaló.
Estas fiscalías se crean en el marco del ministerio público debido a que es la primera instancia de progresividad de los objetivos ambientales, tal como indica la misma ley general del ambiente entre sus principios.
El tema ambiental está en el sistema de justicia pero no obstante, como lo requiere la realidad, de acuerdo con las precisiones del representante del MPP, "hay que ponderar la creación de tribunales específicamente ambientales con competencias, conocimiento técnico y equipos periciales propios".
Las fiscalías ambientales tendrán a cargo la función de ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente, mediante acciones de protección y reparación y se designará un fiscal por cada circunscripción judicial.
Cada fiscal ambiental podrá solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas ante organismos nacionales, provinciales o municipales, recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes dentro del ministerio o hacia otros entes e instituciones.
El proyecto fue convertido en ley con el apoyo de los 42 legisladores repartidos en 12 bloques.
Cides, junto a sus asesores y otros colaboradores, dijo que "me enorgullece haber marcado con el aval de mis pares en la Cámara un precedente histórico, ya que la iniciativa posibilitará a Río Negro transformarse en la primera provincia que cuente con tamaña figura en la estructura pública", manifestó.
La ley de referencia beneficiará a todos los rionegrinos en su calidad de vida "jerarquizando aún más el derecho ambiental".
Fecha de Publicación: 05/04/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Implementarán una por cada circunscripción judicial. Podrán recibir denuncias y pedir informes
"Esto beneficia la calidad de vida de todos los rionegrinos. Y pone a Río Negro al tope de las demás provincias con una normativa de avanzada" dijo Elvi Cides, del MPP, en diálogo con periodistas, dando a conocer la conversión en ley de un proyecto de su autoría que crea la Fiscalía Ambiental, que tendrá a cargo una serie de acciones para dar tratamiento a las problemáticas del medio ambiente.
Si bien jueces y fiscales del Poder Judicial han intervenido en el tema, "era una necesidad la creación de fiscalías o juzgados ambientales como herramientas necesarias e idóneas", señaló.
Estas fiscalías se crean en el marco del ministerio público debido a que es la primera instancia de progresividad de los objetivos ambientales, tal como indica la misma ley general del ambiente entre sus principios.
El tema ambiental está en el sistema de justicia pero no obstante, como lo requiere la realidad, de acuerdo con las precisiones del representante del MPP, "hay que ponderar la creación de tribunales específicamente ambientales con competencias, conocimiento técnico y equipos periciales propios".
Las fiscalías ambientales tendrán a cargo la función de ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente, mediante acciones de protección y reparación y se designará un fiscal por cada circunscripción judicial.
Cada fiscal ambiental podrá solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas ante organismos nacionales, provinciales o municipales, recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes dentro del ministerio o hacia otros entes e instituciones.
El proyecto fue convertido en ley con el apoyo de los 42 legisladores repartidos en 12 bloques.
Cides, junto a sus asesores y otros colaboradores, dijo que "me enorgullece haber marcado con el aval de mis pares en la Cámara un precedente histórico, ya que la iniciativa posibilitará a Río Negro transformarse en la primera provincia que cuente con tamaña figura en la estructura pública", manifestó.
La ley de referencia beneficiará a todos los rionegrinos en su calidad de vida "jerarquizando aún más el derecho ambiental".
Santa Cruz cerca de tener su Ley de Glaciares
Santa Cruz cerca de tener su Ley de Protección de Glaciares
Fecha de Publicación: 04/04/2010
Fuente: Periódico Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Se trata de la iniciativa impulsada por el diputado por el pueblo de Río Gallegos, Francisco Anglesio, que establece “lineamientos para la protección de los ambientes glacial y peri glacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.
El proyecto de Ley obtuvo despacho favorable por parte de la Comisión de Legislación General y fue subido al recinto para que quede durante dos semanas a consideración y propuesta de modificaciones.
En declaraciones a FM Dimensión, Anglesio afirmó que no hubo acuerdo con la oposición radical, que también presentó un proyecto con anterioridad que no hace más que provincializar la Ley nacional que fue vetada por la Presidenta Cristina F. de Kirchner, a fines de 2008.
El diputado oficialista recordó en sus fundamentos que aquel Proyecto de Ley Nacional sobre Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente peri glacial, “provocó polémicas de índole social y político, generando una demanda generalizada hacia los gobernantes para la toma de decisiones con vistas al futuro de este recurso. Sin lugar a dudas, a ello apunta el presente proyecto de Ley”.
El presupuesto mínimo incluye aquellos conceptos y principios rectores de protección ambiental y las normas técnicas que fijen valores que aseguren niveles mínimos de calidad.
“La regulación del aprovechamiento y uso de los recursos naturales, constituyen potestades reservadas por las Provincias y por ello no delegadas a la Nación. En consecuencia el objeto de las leyes de presupuestos mínimos debe ser el de protección mínima ambiental del recurso y no el de su gestión, potestad privativa de las provincias”, aseguró Anglesio en su iniciativa.
A pesar de la falta de acuerdo en las comisiones donde se trató el proyecto, el diputado confió que la Ley será aprobada en forma unánime por la legislatura en la próxima sesión, establecida para el día 8 de abril próximo.
Inventario de Glaciares
La iniciativa además la realización periódica de un Inventario provincial de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio provincial, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
El inventario deberá actualizarse cada cinco años como máximo, verificando los cambios en superficie de los glaciares, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación y prevención de riesgos.
Se propone suscribir convenio con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para que en coordinación con la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz realice el inventario provincial.
En este aspecto, Anglesio dijo en el programa “Radio Activa” que se produjo una modificación a su proyecto original, que incluye a la Subsecretaría de Planeamiento de Santa Cruz como institución que se suma a las otras dos para hacer dicho relevamiento, ya que esta dependencia tiene a su cargo el manejo del SIT (Sistema de Información Territorial).
En la sesión de la Legislatura santacruceña, celebrada el jueves, tomó estado parlamentario el proyecto de Ley provincial de Protección de Glaciares. En una reunión donde el punto principal fue la aprobación de la Ley de Marco Regulatorio para la renegociación de las concesiones petroleras, la iniciativa proteccionista pasó a un segundo plano.
Fecha de Publicación: 04/04/2010
Fuente: Periódico Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Se trata de la iniciativa impulsada por el diputado por el pueblo de Río Gallegos, Francisco Anglesio, que establece “lineamientos para la protección de los ambientes glacial y peri glacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.
El proyecto de Ley obtuvo despacho favorable por parte de la Comisión de Legislación General y fue subido al recinto para que quede durante dos semanas a consideración y propuesta de modificaciones.
En declaraciones a FM Dimensión, Anglesio afirmó que no hubo acuerdo con la oposición radical, que también presentó un proyecto con anterioridad que no hace más que provincializar la Ley nacional que fue vetada por la Presidenta Cristina F. de Kirchner, a fines de 2008.
El diputado oficialista recordó en sus fundamentos que aquel Proyecto de Ley Nacional sobre Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente peri glacial, “provocó polémicas de índole social y político, generando una demanda generalizada hacia los gobernantes para la toma de decisiones con vistas al futuro de este recurso. Sin lugar a dudas, a ello apunta el presente proyecto de Ley”.
El presupuesto mínimo incluye aquellos conceptos y principios rectores de protección ambiental y las normas técnicas que fijen valores que aseguren niveles mínimos de calidad.
“La regulación del aprovechamiento y uso de los recursos naturales, constituyen potestades reservadas por las Provincias y por ello no delegadas a la Nación. En consecuencia el objeto de las leyes de presupuestos mínimos debe ser el de protección mínima ambiental del recurso y no el de su gestión, potestad privativa de las provincias”, aseguró Anglesio en su iniciativa.
A pesar de la falta de acuerdo en las comisiones donde se trató el proyecto, el diputado confió que la Ley será aprobada en forma unánime por la legislatura en la próxima sesión, establecida para el día 8 de abril próximo.
Inventario de Glaciares
La iniciativa además la realización periódica de un Inventario provincial de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio provincial, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
El inventario deberá actualizarse cada cinco años como máximo, verificando los cambios en superficie de los glaciares, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación y prevención de riesgos.
Se propone suscribir convenio con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para que en coordinación con la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz realice el inventario provincial.
En este aspecto, Anglesio dijo en el programa “Radio Activa” que se produjo una modificación a su proyecto original, que incluye a la Subsecretaría de Planeamiento de Santa Cruz como institución que se suma a las otras dos para hacer dicho relevamiento, ya que esta dependencia tiene a su cargo el manejo del SIT (Sistema de Información Territorial).
En la sesión de la Legislatura santacruceña, celebrada el jueves, tomó estado parlamentario el proyecto de Ley provincial de Protección de Glaciares. En una reunión donde el punto principal fue la aprobación de la Ley de Marco Regulatorio para la renegociación de las concesiones petroleras, la iniciativa proteccionista pasó a un segundo plano.
Nueva Ley de Agroquímicos en Santa Fe
Santa Fe avanza en la elaboración de una nueva Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/04/2010
Fuente: Agenciafe
Provincia/Región: Santa Fe
A mediados de marzo se conoció que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe ratificó el fallo de un tribunal inferior en el que se dispuso la prohibición del uso de glifosato en la ciudad de San Jorge para las áreas periurbanas en un radio de 800 metros. Además, la Justicia ordenó que el gobierno provincial y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, “que los agroquímicos no son dañinos para la salud”.
En ese marco el ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero, contó que la próxima semana se reunirá con el fiscal que interviene en la causa iniciada por vecinos sanjorgenses –después de una larga lucha contra el glifosato y el endusolfán– para comenzar a trabajar sobre el tema y también se establecerá contacto con la UNL para definir qué estrategia se implementará al momento de hacer los estudios que solicitó la Justicia.
El funcionario manifestó que desde el Estado santafesino se aportará toda la información existente y la que pueda llegar a generar una comisión interministerial conformada por las áreas de Salud; Trabajo y Seguridad Social; Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; y Producción. Además, se invitará a participar al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y se incluirá el material que generó una comisión especial creada por la Presidenta de la Nación en enero de 2009 para que investigue el impacto en la salud y en el medio ambiente de los agroquímicos.
“Nosotros creemos que ese instrumento hay que incorporarlo, porque para esa tarea la Presidencia de la Nación convocó a una serie de instituciones y eminencias a nivel nacional, del mundo de la universidad y del Conicet”, manifestó Juan José Bertero. Sin embargo, hay grupos ambientalistas que ya se quejaron de las conclusiones que esa comisión dio a conocer porque fueron demasiados condescendientes con productos como el glifosato y el endusolfán.
Con respecto a los límites impuestos por la Justicia para la aspersión y fumigación con agrotóxicos sólo en San Jorge, el ministro de la Producción explicó que no hay una prohibición del uso del glifosato sino que se amplía a 1.800 metros la zona –de lo que es el casco urbano de la ciudad– para agroaplicaciones aéreas y 1.000 metros para las aplicaciones terrestres.
Al respecto, recordó que según la ley vigente son los municipios y comunas de toda la provincia de Santa Fe los que deben demarcar “su línea agronómica”, es decir, determinar desde qué lugar empiezan las zonas periurbanas (es una franja de límites imprecisos en la que se mezclan usos del suelo y formas de vida propias del campo y de la ciudad, como espacios para la agricultura y la industria, entre otros).
Municipios y comunas en mora
“Hasta que no haya una ley que no diga lo contrario es responsabilidad de los gobiernos locales y en la provincia sólo un poco más de un tercio de municipios y comunas tiene definida a su línea agronómica, por lo tanto se hace muy difícil tomar las denuncias”, dijo el titular de la cartera productiva.
—¿Esto quiere decir que muchas veces los municipios y comunas y los ingenieros agrónomos hacen la vista para otro lado en lo que tendría que ser la verdadera ejecución del uso de productos agroquímicos?
—En la línea agronómica la autoridad de aplicación son los municipios y comunas, y en en caso de San Jorge era un municipio que no tenía demarcada esa línea de aplicación. Es por eso que exhorto a los intendentes y jefes comunales a trabajar en ese sentido. En cuanto a las aplicaciones (de agroquímicos), ya sea por tierra o aire, quien las haga y no tenga la receta firmada por un ingeniero agrónomo está incumpliendo la ley y son pasibles de denuncia.
“Hacia futuro lo que nosotros estamos procurando es mejorar la acción de prevención y de policía, porque todo en estos momentos está centralizado en el Ministerio de la Producción. La idea es firmar acuerdos con colegios profesionales, para atenuar las aplicaciones sin recetas y los depósitos de agroquímicos en ambitos urbanos, que está prohibido.
—¿La aplicación con glifosato sería razonable si se respetan las delimitación o directamente estamos hablando de productos tóxicos que tendrían que ser suspendidos?
—Desde la perspectiva de la ley, de la cual somos autoridad de aplicación, el glifosato está dentro de los productos de la zona verde –menos tóxico– y no habría problemas de aplicación. El ministerio (de la Producción) no es autoridad de aplicación para hacer un estudio y determinar si ese producto realmente está en la zona verde o no.
“Políticamente la respuesta de la utilización de agroquímicos es una cuestión que va de la mano con la productividad del territorio y nos interesa tener una producción sustentable, por lo tanto habrá que hacer aplicaciones de productos recomendados de baja toxicidad y de la manera que se lo recomienda. Hoy es imposible pensar un aumento de productividad de la cuestión granaria si no va de la mano con este tipo de aplicaciones”, agregó Bertero.
—¿A qué conclusión llegó esa comisión que conformó la presidenta Cristina Fernández el año pasado?
—En realidad no hay conclusiones contundentes desde el punto de vista de que hay una variable, que es la variable tiempo, para determinar recién en el mediano y largo plazo qué es lo que ocurre. Por lo pronto, indican que no hay impacto ambiental en la utilización del glifosato. Se habla sí de las prevenciones que tienen que tener los trabajadores y las áreas delimitadas de aplicaciones, y dejan un espacio para seguir investigándolo. O sea no hay un fallo o dictamen que diga que no se puede aplicar o sí se puede aplicar, habla de aplicaciones con precauciones.
Fecha de Publicación: 03/04/2010
Fuente: Agenciafe
Provincia/Región: Santa Fe
A mediados de marzo se conoció que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe ratificó el fallo de un tribunal inferior en el que se dispuso la prohibición del uso de glifosato en la ciudad de San Jorge para las áreas periurbanas en un radio de 800 metros. Además, la Justicia ordenó que el gobierno provincial y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, “que los agroquímicos no son dañinos para la salud”.
En ese marco el ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero, contó que la próxima semana se reunirá con el fiscal que interviene en la causa iniciada por vecinos sanjorgenses –después de una larga lucha contra el glifosato y el endusolfán– para comenzar a trabajar sobre el tema y también se establecerá contacto con la UNL para definir qué estrategia se implementará al momento de hacer los estudios que solicitó la Justicia.
El funcionario manifestó que desde el Estado santafesino se aportará toda la información existente y la que pueda llegar a generar una comisión interministerial conformada por las áreas de Salud; Trabajo y Seguridad Social; Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; y Producción. Además, se invitará a participar al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y se incluirá el material que generó una comisión especial creada por la Presidenta de la Nación en enero de 2009 para que investigue el impacto en la salud y en el medio ambiente de los agroquímicos.
“Nosotros creemos que ese instrumento hay que incorporarlo, porque para esa tarea la Presidencia de la Nación convocó a una serie de instituciones y eminencias a nivel nacional, del mundo de la universidad y del Conicet”, manifestó Juan José Bertero. Sin embargo, hay grupos ambientalistas que ya se quejaron de las conclusiones que esa comisión dio a conocer porque fueron demasiados condescendientes con productos como el glifosato y el endusolfán.
Con respecto a los límites impuestos por la Justicia para la aspersión y fumigación con agrotóxicos sólo en San Jorge, el ministro de la Producción explicó que no hay una prohibición del uso del glifosato sino que se amplía a 1.800 metros la zona –de lo que es el casco urbano de la ciudad– para agroaplicaciones aéreas y 1.000 metros para las aplicaciones terrestres.
Al respecto, recordó que según la ley vigente son los municipios y comunas de toda la provincia de Santa Fe los que deben demarcar “su línea agronómica”, es decir, determinar desde qué lugar empiezan las zonas periurbanas (es una franja de límites imprecisos en la que se mezclan usos del suelo y formas de vida propias del campo y de la ciudad, como espacios para la agricultura y la industria, entre otros).
Municipios y comunas en mora
“Hasta que no haya una ley que no diga lo contrario es responsabilidad de los gobiernos locales y en la provincia sólo un poco más de un tercio de municipios y comunas tiene definida a su línea agronómica, por lo tanto se hace muy difícil tomar las denuncias”, dijo el titular de la cartera productiva.
—¿Esto quiere decir que muchas veces los municipios y comunas y los ingenieros agrónomos hacen la vista para otro lado en lo que tendría que ser la verdadera ejecución del uso de productos agroquímicos?
—En la línea agronómica la autoridad de aplicación son los municipios y comunas, y en en caso de San Jorge era un municipio que no tenía demarcada esa línea de aplicación. Es por eso que exhorto a los intendentes y jefes comunales a trabajar en ese sentido. En cuanto a las aplicaciones (de agroquímicos), ya sea por tierra o aire, quien las haga y no tenga la receta firmada por un ingeniero agrónomo está incumpliendo la ley y son pasibles de denuncia.
“Hacia futuro lo que nosotros estamos procurando es mejorar la acción de prevención y de policía, porque todo en estos momentos está centralizado en el Ministerio de la Producción. La idea es firmar acuerdos con colegios profesionales, para atenuar las aplicaciones sin recetas y los depósitos de agroquímicos en ambitos urbanos, que está prohibido.
—¿La aplicación con glifosato sería razonable si se respetan las delimitación o directamente estamos hablando de productos tóxicos que tendrían que ser suspendidos?
—Desde la perspectiva de la ley, de la cual somos autoridad de aplicación, el glifosato está dentro de los productos de la zona verde –menos tóxico– y no habría problemas de aplicación. El ministerio (de la Producción) no es autoridad de aplicación para hacer un estudio y determinar si ese producto realmente está en la zona verde o no.
“Políticamente la respuesta de la utilización de agroquímicos es una cuestión que va de la mano con la productividad del territorio y nos interesa tener una producción sustentable, por lo tanto habrá que hacer aplicaciones de productos recomendados de baja toxicidad y de la manera que se lo recomienda. Hoy es imposible pensar un aumento de productividad de la cuestión granaria si no va de la mano con este tipo de aplicaciones”, agregó Bertero.
—¿A qué conclusión llegó esa comisión que conformó la presidenta Cristina Fernández el año pasado?
—En realidad no hay conclusiones contundentes desde el punto de vista de que hay una variable, que es la variable tiempo, para determinar recién en el mediano y largo plazo qué es lo que ocurre. Por lo pronto, indican que no hay impacto ambiental en la utilización del glifosato. Se habla sí de las prevenciones que tienen que tener los trabajadores y las áreas delimitadas de aplicaciones, y dejan un espacio para seguir investigándolo. O sea no hay un fallo o dictamen que diga que no se puede aplicar o sí se puede aplicar, habla de aplicaciones con precauciones.
Macri incumple las leyes ambientales
Macri incumple las leyes ambientales
Fecha de Publicación: 02/04/2010
Fuente: La Capital On Line
Provincia/Región: Capital
Además de incumplir la Ley Basura Cero, el gobierno de Mauricio Macri no ejecuta eficazmente la Gestión Integral de Residuos y continúa acopiando ilegalmente Residuos Peligrosos (pilas y baterías) en espacios verdes y públicos (Costanera-Ciudad Universitaria).
La Audtitoria General de la Ciudad realizó un detallo estudio de la aplicación por el gobierno porteño de las eleyes ambientales de la Ciudad, a continuación una síntesis de las irregularidades encontardas en el relevamiento, contenido en varios informes.
1- Residuos sólidos urbanos
* Claras deficiencias en la Gestión Integral de los Residuos, siendo que la Dirección Gral de Limpieza dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público es Unidad Ejecutora del Programa Servicio de Higiene Urbana por Terceros, en tal sentido debe llevar a cabo políticas que se correspondan con la Ley 1854, lo que en la realidad no queda reflejado según este informe.
* La Dirección Gral de Limpieza se limita a efectuar tareas administrativas –pago al Ceamse y control de ubicación de camiones recolectores mediante GPS- sin controlar el desempeño del Ceamse.
* Existen deficiencias en el control de la flota de camiones recolectores y el peso neto de basura transportada (recordemos que desde el año 2008 se paga a las subcontratistas por tonelada).
* No existe regulación jurídica en la relación entre la Ciudad y el Ceamse, puesto que se debería contar con un convenio aprobado por la Legislatura (previsto por Constitución CABA) que contemple las prestaciones recíprocas de las partes.
* La Dirección Gral. De Limpieza no desarrolla actividades vinculadas a una política pública que garantice el cumplimiento de la Ley 1854 (Basura Cero-vigente desde 2006) y normas nacionales (Ley 25916 de Presupuestos Mínimos).
* Entre las facultades primarias de la Dirección figura velar por el cumplimiento de la Ley Basura Cero desde el origen (separación domiciliaria), transporte, hasta la disposición final (relleno sanitario). No se implementó en dicha Dirección ningún programa ni campaña de concientización a la ciudadanía tendiente a dar cumplimiento a la normativa que rige su accionar (Ley 1854).
* Conforme surge del informe anual de gestión de residuos sólidos urbanos (año 2008) no se ha operado una reducción de residuos respecto del año 2007, que evidencia una tendencia contraria a las metas fijadas para la reducción de los residuos que deben ir a disposición final y cumplir con la Ley 1854 para el año 2010 (30% menos generación basura CABA).
* Todo ello implica un alto riesgo en la consecución del compromiso asumido por la Ciudad en la materia, sobre todo si se tiene en cuenta la escasa capacidad operativa con la que cuenta el Ceamse para disposición final en rellenos (limitación física y territorial).
2-Residuos peligrosos
Acopio de escombros sin análisis en áreas verdes y recreativas.
En relación con este tipo de residuos, que ameritan un tratamiento especial la Auditoría Gral. De la Ciudad aprobó el Informe Final 1.09.08 “Recuperación de la Ribera” cuya unidad ejecutora es el Area de Gestión de la Ribera y se ocupa de elaborar políticas y gestión respecto a las obras en la Ribera del Río de la Plata y Riachuelo, transformándolo en espacios verdes y de mejora de calidad de vida de la población.
* El Area de Gestión de la Ribera no cuenta con registro de las acciones de control efectuadas durante la etapa de obra en cumplimiento con el art.2.1. de la Declaración de Impacto Ambiental, que se refiere al análisis de suelos realizados para determinar características establecidas en el régimen de la Ley 24051 (Ley Nacional de Residuos Peligrosos).
* Existen contradicciones en cuanto el Gobierno de la Ciudad es proveedor de escombros que provienen de otras obras de la Ciudad y al mismo tiempo deslinda su responsabilidad en el caso en que el material sea considerado como Residuo Peligroso. Recordemos que en materia de Residuos Peligrosos el Generador siempre es responsable (en materia ambiental se dice que lo es “desde la cuna hasta la tumba”).
* El material volcado en el área “Bahía Protegida” (Av. Costanera Rafael Oligado y La Pampa) no se encuentra sujeto a los análisis que permitan verificar que los mismos no son residuos peligrosos (observación 31 informe AGCBA). El Area de Gestión de la Ribera manifestó que los mismos se encuentran acopiados en la zona hasta el momento de su utilización, oportunidad en que se efectuarán los mencionados estudios, con el consecuente peligro de haber contaminado esta área ribereña y sus aguas (Río de la Plata).
* El Certificado de Aptitud Ambiental a la fecha de los trabajos de campo (enero/junio 2009) no se encontraba vigente dado que con fecha 17/6/2008 venció el otorgado por Resolución 1096SSMA-04.
Pilas y Baterías en desuso
“En relación con disposición de residuos peligrosos es importante destacar que desde octubre 2008 y en el marco de la campaña “Recolección de Pilas y Baterías Agotadas” se encuentran depositadas mas de diez toneladas de pilas acercadas por los vecinos a los CGP en un depósito del Bajo Flores contrariando la Ley 24051 –Régimen de Residuos Peligrosos- y Ley 2214 de la Ciudad en la materia.
Esto insólitamente ha convertido a la Ciudad en Generador de Residuos Peligrosos sin tenerse en cuenta que pasado un año (octubre 2009) la Ley de Residuos Peligrosos obliga al generador a darle tratamiento de inertización y proceder a la disposición final en rellenos de seguridad (recordemos que los supuestos convenios con otras provincias fracasaron en virtud de las legislaciones locales en materia de ingreso de residuos peligrosos).
Mientras se desarrolla el proceso de licitación para tratamiento en otra jurisdicción nacional o internacional (exportación de los mismos) el acopio de la misma debería cumplir con la normativa vigente.
Fecha de Publicación: 02/04/2010
Fuente: La Capital On Line
Provincia/Región: Capital
Además de incumplir la Ley Basura Cero, el gobierno de Mauricio Macri no ejecuta eficazmente la Gestión Integral de Residuos y continúa acopiando ilegalmente Residuos Peligrosos (pilas y baterías) en espacios verdes y públicos (Costanera-Ciudad Universitaria).
La Audtitoria General de la Ciudad realizó un detallo estudio de la aplicación por el gobierno porteño de las eleyes ambientales de la Ciudad, a continuación una síntesis de las irregularidades encontardas en el relevamiento, contenido en varios informes.
1- Residuos sólidos urbanos
* Claras deficiencias en la Gestión Integral de los Residuos, siendo que la Dirección Gral de Limpieza dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público es Unidad Ejecutora del Programa Servicio de Higiene Urbana por Terceros, en tal sentido debe llevar a cabo políticas que se correspondan con la Ley 1854, lo que en la realidad no queda reflejado según este informe.
* La Dirección Gral de Limpieza se limita a efectuar tareas administrativas –pago al Ceamse y control de ubicación de camiones recolectores mediante GPS- sin controlar el desempeño del Ceamse.
* Existen deficiencias en el control de la flota de camiones recolectores y el peso neto de basura transportada (recordemos que desde el año 2008 se paga a las subcontratistas por tonelada).
* No existe regulación jurídica en la relación entre la Ciudad y el Ceamse, puesto que se debería contar con un convenio aprobado por la Legislatura (previsto por Constitución CABA) que contemple las prestaciones recíprocas de las partes.
* La Dirección Gral. De Limpieza no desarrolla actividades vinculadas a una política pública que garantice el cumplimiento de la Ley 1854 (Basura Cero-vigente desde 2006) y normas nacionales (Ley 25916 de Presupuestos Mínimos).
* Entre las facultades primarias de la Dirección figura velar por el cumplimiento de la Ley Basura Cero desde el origen (separación domiciliaria), transporte, hasta la disposición final (relleno sanitario). No se implementó en dicha Dirección ningún programa ni campaña de concientización a la ciudadanía tendiente a dar cumplimiento a la normativa que rige su accionar (Ley 1854).
* Conforme surge del informe anual de gestión de residuos sólidos urbanos (año 2008) no se ha operado una reducción de residuos respecto del año 2007, que evidencia una tendencia contraria a las metas fijadas para la reducción de los residuos que deben ir a disposición final y cumplir con la Ley 1854 para el año 2010 (30% menos generación basura CABA).
* Todo ello implica un alto riesgo en la consecución del compromiso asumido por la Ciudad en la materia, sobre todo si se tiene en cuenta la escasa capacidad operativa con la que cuenta el Ceamse para disposición final en rellenos (limitación física y territorial).
2-Residuos peligrosos
Acopio de escombros sin análisis en áreas verdes y recreativas.
En relación con este tipo de residuos, que ameritan un tratamiento especial la Auditoría Gral. De la Ciudad aprobó el Informe Final 1.09.08 “Recuperación de la Ribera” cuya unidad ejecutora es el Area de Gestión de la Ribera y se ocupa de elaborar políticas y gestión respecto a las obras en la Ribera del Río de la Plata y Riachuelo, transformándolo en espacios verdes y de mejora de calidad de vida de la población.
* El Area de Gestión de la Ribera no cuenta con registro de las acciones de control efectuadas durante la etapa de obra en cumplimiento con el art.2.1. de la Declaración de Impacto Ambiental, que se refiere al análisis de suelos realizados para determinar características establecidas en el régimen de la Ley 24051 (Ley Nacional de Residuos Peligrosos).
* Existen contradicciones en cuanto el Gobierno de la Ciudad es proveedor de escombros que provienen de otras obras de la Ciudad y al mismo tiempo deslinda su responsabilidad en el caso en que el material sea considerado como Residuo Peligroso. Recordemos que en materia de Residuos Peligrosos el Generador siempre es responsable (en materia ambiental se dice que lo es “desde la cuna hasta la tumba”).
* El material volcado en el área “Bahía Protegida” (Av. Costanera Rafael Oligado y La Pampa) no se encuentra sujeto a los análisis que permitan verificar que los mismos no son residuos peligrosos (observación 31 informe AGCBA). El Area de Gestión de la Ribera manifestó que los mismos se encuentran acopiados en la zona hasta el momento de su utilización, oportunidad en que se efectuarán los mencionados estudios, con el consecuente peligro de haber contaminado esta área ribereña y sus aguas (Río de la Plata).
* El Certificado de Aptitud Ambiental a la fecha de los trabajos de campo (enero/junio 2009) no se encontraba vigente dado que con fecha 17/6/2008 venció el otorgado por Resolución 1096SSMA-04.
Pilas y Baterías en desuso
“En relación con disposición de residuos peligrosos es importante destacar que desde octubre 2008 y en el marco de la campaña “Recolección de Pilas y Baterías Agotadas” se encuentran depositadas mas de diez toneladas de pilas acercadas por los vecinos a los CGP en un depósito del Bajo Flores contrariando la Ley 24051 –Régimen de Residuos Peligrosos- y Ley 2214 de la Ciudad en la materia.
Esto insólitamente ha convertido a la Ciudad en Generador de Residuos Peligrosos sin tenerse en cuenta que pasado un año (octubre 2009) la Ley de Residuos Peligrosos obliga al generador a darle tratamiento de inertización y proceder a la disposición final en rellenos de seguridad (recordemos que los supuestos convenios con otras provincias fracasaron en virtud de las legislaciones locales en materia de ingreso de residuos peligrosos).
Mientras se desarrolla el proceso de licitación para tratamiento en otra jurisdicción nacional o internacional (exportación de los mismos) el acopio de la misma debería cumplir con la normativa vigente.
Argentina, ¿preparada para el cambio climático?
¿Está Argentina preparada para enfrentar el calentamiento global?
Fecha de Publicación: 01/04/2010
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La próxima década será crucial para implementar acciones de adaptación al cambio climático, un fenómeno irreversible y acumulativo que ya tiene efectos en la producción, la economía, la salud y los negocios. Los desafíos más urgentes.
Al Gore, el ex vicepresidente de los EE.UU., definió alguna vez a la crisis climática como “el desafío más significativo que la civilización humana haya enfrentado jamás”. Es un hecho científico que el cambio climático está entre nosotros y que ningún país está exento de la amenaza medioambiental. Tampoco la Argentina. Expertos en diferentes áreas consultados por We apuntan cuáles son los 10 principales desafíos para contrarrestarlo:
1. Energías renovables
El sector energético “es el que aporta mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, y particularmente en la Argentina, cuya matriz energética está basada en un 90% en combustibles fósiles: petróleo y gas natural”, destaca Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace. En el documento Una política Energética Verde para la Argentina, el especialista señala que “para 2025, el país debe cambiar su matriz energética hoy fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, por una de alto componente de energías limpias y renovables”. Esto incluye el redireccionamiento de los subsidios, hoy orientados a los hidrocarburos, hacia formas de energía más limpias y eficientes, como la eólica, cuyo potencial es enorme.
2. Sistemas de producción integrados
Se necesita una nueva revolución industrial, que priorice la utilización de energías renovables, y la concepción de los productos pensando en su reutilización. El concepto de diseño C2C (de la cuna a la cuna), gana adeptos en el mundo, dado que en lugar de seguir los procesos lineales en los que un producto se crea y se descarta, se construye un ciclo, como el de la naturaleza. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desarrolló un plan para ser aplicado en los municipios que contempla: eficiencia energética, procesamiento de residuos urbanos e industriales, diseño de unidades productivas pequeñas y descentralizadas, para que cada comunidad pueda abastecerse de productos básicos, evitando los costos de transporte y logística.
3. Planificación Urbana
Para 2050, el 70% de la población mundial vivirá en centros urbanos. Los problemas de transporte, consumo energético y generación de residuos se multiplicarán para entonces. La ciudad de Buenos Aires presentó su propio plan ambiental durante la Conferencia de Alcaldes por el Clima, que incluye una meta de reducción de emisiones del 30% para el período 2010-2030. El plan contempla el recambio de luminarias de alumbrado y semáforos por LED (un sistema de iluminación que consume cinco veces menos energía que las lámparas incandescentes), la utilización de biodiesel de aceite vegetal en el transporte de pasajeros, la ampliación de bicisendas, redes de subtes e impulso a los automóviles híbridos y eléctricos.
4. Salud
Como consecuencia del aumento de las temperaturas globales, se está extendiendo el área de influencia de enfermedades tropicales. “Se calcula que en los próximos 20 años habrá entre 220 y 400 millones de casos adicionales de malaria, 3.500 millones de casos de dengue, y también se extenderán otras enfermedades infecciosas como la leishmaniasis”, señala el climatólogo Osvaldo Canziani, ex integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Asimismo, los cambios en la distribución, cantidad y calidad de los pólenes, así como la contaminación ambiental, ya están provocando una mayor prevalencia de asma y alergia y un empeoramiento de los síntomas.
5. Producción agrícola
Un incremento de temperatura mayor a los 2° y la ocurrencia de eventos climáticos extremos impactará de lleno en la actividad agrícola, beneficiando a algunas zonas y cultivos (especialmente la soja genéticamente modificada), y perjudicando a otros. Según el informe del Banco Mundial Desarrollo con menos carbono: respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático, una disminución en las precipitaciones en las regiones áridas y semiáridas de Argentina, podría causar una grave escasez de agua en los próximos años. Asimismo, se espera que entre un 47 y 100% de las zonas de mayor riesgo de inundaciones en Argentina y Uruguay tengan una exposición aún mayor a precipitaciones intensas. El informe también prevé, “una reducción promedio del rendimiento de 4% en trigo, 9% en maíz y 14 % en soja en el norte del país”, y un aumento del rendimiento para los tres cultivos, promediando 14% en trigo, 19% en maíz y 67% en soja para la región sur.
6. Instrumentos Financieros
En la Cumbre de Copenhague, se cerró un acuerdo impulsado por los EE.UU., Brasil, India, China y Sudáfrica -con la oposición del bloque del ALBA (Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba) y Sudán-, que estableció un fondo de u$s10.000 millones entre 2010 y 2012 y u$s 100.000 millones anuales a partir de 2020 para financiar programas de mitigación y adaptación en los países menos desarrollados (Argentina no está incluida). La cifra resulta exigua si se la compara con los u$s700 mil millones que desembolsó el gobierno norteamericano para salvar a un grupo de bancos tras la crisis subprime.
7. Exportaciones libres de carbono
Una tendencia creciente en el comercio internacional es exigir a los productos el etiquetado de la huella de carbono, donde conste las unidades de carbono equivalentes consumidas en la producción y transporte de la mercadería. Esto pondría en desventaja a las exportaciones argentinas, por su lejanía de los mercados centrales. Según FLACSO, un tercio de los productos que exporta el país tienen una intensidad de carbono alta (carnes, aceites, textiles). Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el país no provienen de la industria, sino del sector energético y de las actividades agrícola-ganaderas. Reducir la intensidad de carbono de las exportaciones demandará reconvertir la matriz energética, y los sistemas de cultivo y alimentación del ganado.
8. Pobreza
El cambio climático “acrecentará las desigualdades sociales y la pobreza”, afirma la economista Cecilia Ugaz, representante del PNUD de la ONU. Las principales amenazas que traerá el aumento de las temperaturas en la próxima década son: la caída de la productividad agrícola, la inseguridad del agua, mayor frecuencia de lluvias, sequía e inundaciones, desaparición de ecosistemas y reaparición de enfermedades que se creían controladas.
9. Consumo
Las nuevas generaciones son más conscientes del cambio climático y surgen pequeñas acciones, como el llevar la propia bolsa para hacer las compras en lugar de utilizar bolsas de plástico contaminantes, o exigir, además de precio y calidad, que el producto que se está comprando no dañe el medio ambiente.
10. Oportunidades de negocios
El cambio climático plantea limitaciones al crecimiento de las economías, pero también oportunidades, desde reconvertir la producción agrícola-ganadera, hasta textiles, muebles, juguetes, electrónica y viviendas sustentables. Otro mercado a desarrollar es el de los seguros ambientales. Si bien en 2002 se sancionó la ley de Ambiente, que obliga a las actividades riesgosas a contratar un seguro de cobertura para garantizar la recomposición del daño que pudiera producir, su exigencia aún no es generalizada.
Fecha de Publicación: 01/04/2010
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La próxima década será crucial para implementar acciones de adaptación al cambio climático, un fenómeno irreversible y acumulativo que ya tiene efectos en la producción, la economía, la salud y los negocios. Los desafíos más urgentes.
Al Gore, el ex vicepresidente de los EE.UU., definió alguna vez a la crisis climática como “el desafío más significativo que la civilización humana haya enfrentado jamás”. Es un hecho científico que el cambio climático está entre nosotros y que ningún país está exento de la amenaza medioambiental. Tampoco la Argentina. Expertos en diferentes áreas consultados por We apuntan cuáles son los 10 principales desafíos para contrarrestarlo:
1. Energías renovables
El sector energético “es el que aporta mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, y particularmente en la Argentina, cuya matriz energética está basada en un 90% en combustibles fósiles: petróleo y gas natural”, destaca Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace. En el documento Una política Energética Verde para la Argentina, el especialista señala que “para 2025, el país debe cambiar su matriz energética hoy fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, por una de alto componente de energías limpias y renovables”. Esto incluye el redireccionamiento de los subsidios, hoy orientados a los hidrocarburos, hacia formas de energía más limpias y eficientes, como la eólica, cuyo potencial es enorme.
2. Sistemas de producción integrados
Se necesita una nueva revolución industrial, que priorice la utilización de energías renovables, y la concepción de los productos pensando en su reutilización. El concepto de diseño C2C (de la cuna a la cuna), gana adeptos en el mundo, dado que en lugar de seguir los procesos lineales en los que un producto se crea y se descarta, se construye un ciclo, como el de la naturaleza. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desarrolló un plan para ser aplicado en los municipios que contempla: eficiencia energética, procesamiento de residuos urbanos e industriales, diseño de unidades productivas pequeñas y descentralizadas, para que cada comunidad pueda abastecerse de productos básicos, evitando los costos de transporte y logística.
3. Planificación Urbana
Para 2050, el 70% de la población mundial vivirá en centros urbanos. Los problemas de transporte, consumo energético y generación de residuos se multiplicarán para entonces. La ciudad de Buenos Aires presentó su propio plan ambiental durante la Conferencia de Alcaldes por el Clima, que incluye una meta de reducción de emisiones del 30% para el período 2010-2030. El plan contempla el recambio de luminarias de alumbrado y semáforos por LED (un sistema de iluminación que consume cinco veces menos energía que las lámparas incandescentes), la utilización de biodiesel de aceite vegetal en el transporte de pasajeros, la ampliación de bicisendas, redes de subtes e impulso a los automóviles híbridos y eléctricos.
4. Salud
Como consecuencia del aumento de las temperaturas globales, se está extendiendo el área de influencia de enfermedades tropicales. “Se calcula que en los próximos 20 años habrá entre 220 y 400 millones de casos adicionales de malaria, 3.500 millones de casos de dengue, y también se extenderán otras enfermedades infecciosas como la leishmaniasis”, señala el climatólogo Osvaldo Canziani, ex integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Asimismo, los cambios en la distribución, cantidad y calidad de los pólenes, así como la contaminación ambiental, ya están provocando una mayor prevalencia de asma y alergia y un empeoramiento de los síntomas.
5. Producción agrícola
Un incremento de temperatura mayor a los 2° y la ocurrencia de eventos climáticos extremos impactará de lleno en la actividad agrícola, beneficiando a algunas zonas y cultivos (especialmente la soja genéticamente modificada), y perjudicando a otros. Según el informe del Banco Mundial Desarrollo con menos carbono: respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático, una disminución en las precipitaciones en las regiones áridas y semiáridas de Argentina, podría causar una grave escasez de agua en los próximos años. Asimismo, se espera que entre un 47 y 100% de las zonas de mayor riesgo de inundaciones en Argentina y Uruguay tengan una exposición aún mayor a precipitaciones intensas. El informe también prevé, “una reducción promedio del rendimiento de 4% en trigo, 9% en maíz y 14 % en soja en el norte del país”, y un aumento del rendimiento para los tres cultivos, promediando 14% en trigo, 19% en maíz y 67% en soja para la región sur.
6. Instrumentos Financieros
En la Cumbre de Copenhague, se cerró un acuerdo impulsado por los EE.UU., Brasil, India, China y Sudáfrica -con la oposición del bloque del ALBA (Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba) y Sudán-, que estableció un fondo de u$s10.000 millones entre 2010 y 2012 y u$s 100.000 millones anuales a partir de 2020 para financiar programas de mitigación y adaptación en los países menos desarrollados (Argentina no está incluida). La cifra resulta exigua si se la compara con los u$s700 mil millones que desembolsó el gobierno norteamericano para salvar a un grupo de bancos tras la crisis subprime.
7. Exportaciones libres de carbono
Una tendencia creciente en el comercio internacional es exigir a los productos el etiquetado de la huella de carbono, donde conste las unidades de carbono equivalentes consumidas en la producción y transporte de la mercadería. Esto pondría en desventaja a las exportaciones argentinas, por su lejanía de los mercados centrales. Según FLACSO, un tercio de los productos que exporta el país tienen una intensidad de carbono alta (carnes, aceites, textiles). Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el país no provienen de la industria, sino del sector energético y de las actividades agrícola-ganaderas. Reducir la intensidad de carbono de las exportaciones demandará reconvertir la matriz energética, y los sistemas de cultivo y alimentación del ganado.
8. Pobreza
El cambio climático “acrecentará las desigualdades sociales y la pobreza”, afirma la economista Cecilia Ugaz, representante del PNUD de la ONU. Las principales amenazas que traerá el aumento de las temperaturas en la próxima década son: la caída de la productividad agrícola, la inseguridad del agua, mayor frecuencia de lluvias, sequía e inundaciones, desaparición de ecosistemas y reaparición de enfermedades que se creían controladas.
9. Consumo
Las nuevas generaciones son más conscientes del cambio climático y surgen pequeñas acciones, como el llevar la propia bolsa para hacer las compras en lugar de utilizar bolsas de plástico contaminantes, o exigir, además de precio y calidad, que el producto que se está comprando no dañe el medio ambiente.
10. Oportunidades de negocios
El cambio climático plantea limitaciones al crecimiento de las economías, pero también oportunidades, desde reconvertir la producción agrícola-ganadera, hasta textiles, muebles, juguetes, electrónica y viviendas sustentables. Otro mercado a desarrollar es el de los seguros ambientales. Si bien en 2002 se sancionó la ley de Ambiente, que obliga a las actividades riesgosas a contratar un seguro de cobertura para garantizar la recomposición del daño que pudiera producir, su exigencia aún no es generalizada.
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