Revuelta en Andalgalá por la minería
20:04 | 
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Catamarca: detienen 30 manifestantes en Andalgalá
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: LaVoz del Interior - Agencia Dyn
Provincia/Región: Catamarca
Protestaban contra la instalación de la minera Agua Rica. Pino Solanas repudió la represión policial.
Treinta personas que protestaban contra la puesta en marcha del emprendimiento minero Agua Rica fueron detenidas hoy en la ciudad catamarqueña de Angalgalá por agentes de la policía local y la Gendarmería Nacional.
La intervención de las fuerzas de seguridad fue repudiada por el diputado nacional (Proyecto Sur) Fernando "Pino" Solanas, que hizo "responsable" al gobernador Eduardo Brizuela del Moral "por ir contra los intereses del pueblo".
Al menos 4 mil manifestantes autoconvocados de Andalgalá, El Potrero y Chaquiago se concentraron hoy sobre la ruta que lleva al megayacimiento de Agua Rica.
Según comentaron asambleistas contrarios al emprendimiento minero, policías y gendarmes dispararon gases lacrimógenos y balas de gomas para desalojar el camino, que permanecía cortado desde diciembre pasado sólo para vehículos y maquinaria de la compañía minera.
La fiscal Martha Nieva solicitó días atrás que los manifestantes despejaran la ruta, una situación que hoy se concretó tras la acción de las fuerzas de seguridad.
Los agentes detuvieron a 30 personas, quienes fueron llevadas a la comisaría de Andalgalá.
Hasta allí se trasladaron cientos de manifestantes para reclamar la liberación de los apresados.
Cuatro asambleistas habían sido acusados por la fiscal por los delitos de amenaza simple, lesiones leves y daño en concurso real, además de entorpecimiento del funcionamiento del transporte terrestre.
"Repudiamos la represión contra los vecinos que luchan por el agua y la vida", expresó Solanas, quien el fin de semana participó del corte de ruta y dialogó con los ambientalistas.
El diputado nacional hizo "responsable al gobierno catamarqueño por ir contra los intereses" de la población, que a su criterio "demostró que no hay consenso para la instalación" de los "mega-proyectos de saqueo y contaminación".
Solanas, en un comunicado, reclamó que "todos los argentinos y la dirigencia política deben apoyar la lucha de los andalgalenses".
Los asambleistas, en tanto, insistieron en su defensa de un "ambiente libre de contaminación" frente a la explotación a cielo abierto de minerales que realizará la empresa Agua Rica en el cerro Nevado de Aconquija
Suspenden la actividad de “Agua Rica”
El juez de minas de Catamarca suspendió momentáneamente la actividad de la minera en Andalgalá por los incidentes ocurridos en la manifestación de ayer.
El juez de Minas de Catamarca resolvió hoy la suspensión "hasta nuevo aviso" de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica.
La medida tuvo su origen en los desmanes producidos ayer en el departamento de Andalgalá, donde está ubicado el yacimiento, que terminó con dos hombres detenidos, personal policial herido y destrozos en edificios y autos.
El juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó hoy al mediodía al apoderado de la empresa Agua Rica, que trabaja en el departamento de Andalgalá, del "cese de actividades hasta nuevo aviso", con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.
Cerda manifestó que "es una medida sumamente necesaria por lo sucedido ayer. Ya notifique al apoderado de la empresa y si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense".
Por su parte, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Luis Baracat informó hoy que personal policial tenía la misión de preservar el orden y no reprimir ante el caos producido después que se permitió pasar una máquina de la empresa de Agua Rica.
Los desmanes se produjeron durante el trayecto de los manifestantes que se trasladaron desde el corte hasta la cabecera del departamento y recién esta madrugada volvió la calma la localidad del oeste catamarqueño.
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: LaVoz del Interior - Agencia Dyn
Provincia/Región: Catamarca
Protestaban contra la instalación de la minera Agua Rica. Pino Solanas repudió la represión policial.
Treinta personas que protestaban contra la puesta en marcha del emprendimiento minero Agua Rica fueron detenidas hoy en la ciudad catamarqueña de Angalgalá por agentes de la policía local y la Gendarmería Nacional.
La intervención de las fuerzas de seguridad fue repudiada por el diputado nacional (Proyecto Sur) Fernando "Pino" Solanas, que hizo "responsable" al gobernador Eduardo Brizuela del Moral "por ir contra los intereses del pueblo".
Al menos 4 mil manifestantes autoconvocados de Andalgalá, El Potrero y Chaquiago se concentraron hoy sobre la ruta que lleva al megayacimiento de Agua Rica.
Según comentaron asambleistas contrarios al emprendimiento minero, policías y gendarmes dispararon gases lacrimógenos y balas de gomas para desalojar el camino, que permanecía cortado desde diciembre pasado sólo para vehículos y maquinaria de la compañía minera.
La fiscal Martha Nieva solicitó días atrás que los manifestantes despejaran la ruta, una situación que hoy se concretó tras la acción de las fuerzas de seguridad.
Los agentes detuvieron a 30 personas, quienes fueron llevadas a la comisaría de Andalgalá.
Hasta allí se trasladaron cientos de manifestantes para reclamar la liberación de los apresados.
Cuatro asambleistas habían sido acusados por la fiscal por los delitos de amenaza simple, lesiones leves y daño en concurso real, además de entorpecimiento del funcionamiento del transporte terrestre.
"Repudiamos la represión contra los vecinos que luchan por el agua y la vida", expresó Solanas, quien el fin de semana participó del corte de ruta y dialogó con los ambientalistas.
El diputado nacional hizo "responsable al gobierno catamarqueño por ir contra los intereses" de la población, que a su criterio "demostró que no hay consenso para la instalación" de los "mega-proyectos de saqueo y contaminación".
Solanas, en un comunicado, reclamó que "todos los argentinos y la dirigencia política deben apoyar la lucha de los andalgalenses".
Los asambleistas, en tanto, insistieron en su defensa de un "ambiente libre de contaminación" frente a la explotación a cielo abierto de minerales que realizará la empresa Agua Rica en el cerro Nevado de Aconquija
Suspenden la actividad de “Agua Rica”
El juez de minas de Catamarca suspendió momentáneamente la actividad de la minera en Andalgalá por los incidentes ocurridos en la manifestación de ayer.
El juez de Minas de Catamarca resolvió hoy la suspensión "hasta nuevo aviso" de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica.
La medida tuvo su origen en los desmanes producidos ayer en el departamento de Andalgalá, donde está ubicado el yacimiento, que terminó con dos hombres detenidos, personal policial herido y destrozos en edificios y autos.
El juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó hoy al mediodía al apoderado de la empresa Agua Rica, que trabaja en el departamento de Andalgalá, del "cese de actividades hasta nuevo aviso", con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.
Cerda manifestó que "es una medida sumamente necesaria por lo sucedido ayer. Ya notifique al apoderado de la empresa y si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense".
Por su parte, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Luis Baracat informó hoy que personal policial tenía la misión de preservar el orden y no reprimir ante el caos producido después que se permitió pasar una máquina de la empresa de Agua Rica.
Los desmanes se produjeron durante el trayecto de los manifestantes que se trasladaron desde el corte hasta la cabecera del departamento y recién esta madrugada volvió la calma la localidad del oeste catamarqueño.
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Ayuí: informan que tendrá un impacto negativo
Defensoría del Pueblo de la Nación dice que Ayuí tendrá un impacto negativo
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Mesopotamia
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura provincial que el emprendimiento Ayuí Grande tendrá un impacto negativo. Un informe difundido da cuenta de riesgos sociales y ambientales para la zona.
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura correntina sobre los riesgos sociales y ambientales que generaría el emprendimiento Ayuí Grande que se prepara en la zona de Mercedes. Según un informe, este proyecto sepultaría bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona
El adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, remitió al respecto un informe a la Legislatura provincial. En ese documento advierte "el impacto ambiental negativo" que tendrá la construcción de la mencionada represa sobre el arroyo Ayuí Grande ubicado en el departamento de Mercedes.
Como se sabe, un consorcio productivo prevé la creación de un lago artificial de 8 mil hectáreas para disponer del agua que permita el riego de unas 20 mil hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona.
"Esto implica sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", señaló Sella.
Según consigna el informe de la Defensoría nacional, pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera "implica una serie de cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales. Decir esto es hablar de identidad cultural, esto es del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región".
Así, Sella señala que ha tenido precisamente en cuenta que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande.
El envío al Legislativo es para que "al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia”.
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Mesopotamia
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura provincial que el emprendimiento Ayuí Grande tendrá un impacto negativo. Un informe difundido da cuenta de riesgos sociales y ambientales para la zona.
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura correntina sobre los riesgos sociales y ambientales que generaría el emprendimiento Ayuí Grande que se prepara en la zona de Mercedes. Según un informe, este proyecto sepultaría bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona
El adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, remitió al respecto un informe a la Legislatura provincial. En ese documento advierte "el impacto ambiental negativo" que tendrá la construcción de la mencionada represa sobre el arroyo Ayuí Grande ubicado en el departamento de Mercedes.
Como se sabe, un consorcio productivo prevé la creación de un lago artificial de 8 mil hectáreas para disponer del agua que permita el riego de unas 20 mil hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona.
"Esto implica sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", señaló Sella.
Según consigna el informe de la Defensoría nacional, pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera "implica una serie de cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales. Decir esto es hablar de identidad cultural, esto es del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región".
Así, Sella señala que ha tenido precisamente en cuenta que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande.
El envío al Legislativo es para que "al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia”.
Desmonte y usurpación de tierras jujeñas
Desmonte y usurpación de tierras jujeñas
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Contacto Político
Provincia/Región: Jujuy
Un emprendimiento de la empresa CRAM SA tiene permiso para desmontar alrededor de mil hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica en tierras donde por generaciones viven familias campesinas. Horacio Antonio Macedo, el actual embajador argentino en Bolivia y su hijo son parte de la empresa que desconoce los derechos ancestrales de las familias y ya avanzó en el desmonte de 200 hectáreas. A continuación hay una nota realizada por el colectivo Caminando:
“Como trabajadores contratados precariamente por el Estado nacional y trabajadores rurales organizados en el Frente Popular Darío Santillán, tomamos conocimiento del atropello que familias campesinas de Palma Sola vienen sufriendo, frente al emprendimiento empresarial que la firma CRAM S.A. lleva a cabo en el territorio de sus posesiones. Desde ese momento venimos participando activamente del conflicto y junto a compañeros de otras organizaciones de Jujuy, estamos acompañando a las familias en la reivindicación de sus derechos, promoviendo la difusión de esta situación y el involucramiento de distintos sectores de la provincia.
Palma Sola se encuentra en el Departamento Santa Bárbara, al este de la Provincia de Jujuy. Es parte de la región de yungas transición al chaco, se encuentra atravesada por el Arroyo Santa Rita y por la ruta provincial N° 6. Se trata de una zona estratégica para la integridad del corredor biológico proyectado entre las áreas protegidas de la zona.
De 3 a 5 km antes de llegar al centro de la localidad de Palma Sola, dentro de las 10.000 has. que conforman el título de propiedad en disputa, habitan alrededor de 20 familias agricultoras y 12 familias ganaderas que tienen derecho de posesión que les otorga los años que viven y trabajan en estos predios.
Lobo suelto, cordero atado
La empresa CRAM S.A. tiene como presidente de su directorio a René Macedo, y como apoderados a Horacio Macedo, padre e hijo. Horacio Antonio Macedo es el actual embajador en el hermano país de Bolivia y tiene una amplia trayectoria como funcionario de la provincia de Jujuy, mano derecha del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner. Horacio Macedo hijo es el actual Secretario General de Gobierno de la Provincia de Jujuy.
El avance en el territorio de esta empresa está en el marco de un Proyecto financiado por el BID para la “compra de inmueble rural para desmonte y explotación”. Este emprendimiento empresarial tiene permiso para desmontar alrededor de 1090 hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica y viene desconociendo la posesión de las familias que habitan por generaciones estas tierras. Ya tienen una avance de al menos 200 has.
El permiso de desmonte se otorga en el marco de un irregular Plan de Ordenamiento Territorial provincial: sin difusión, sin participación de instituciones ni organizaciones ni de los habitantes de cada localidad, y aprobado por decreto.
En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Jujuy, Palma Sola originalmente estaba asignada como zona de mediana necesidad de resguardo, donde no es posible hacer desmontes totales y donde es necesario hacer aprovechamiento sostenible con ganadería silvopastoril, turismo o investigación científica (compatible con el modo de vida de las familias campesinas del lugar). En el último tiempo esta idea original fue mágicamente modificada y Palma Sola pasó a constituirse en zona con luz verde para el desmonte total y para la agricultura a gran escala, explícitamente pasó a ser zona liberada para el monocultivo (soja, caña de azúcar, etc.) en el marco del boom de los agrocombustibles. Este no es un dato menor si se observa la relación que existe entre los funcionarios públicos a cargo de la implementación de esta ley y los intereses empresariales de CRAM S.A. Ya los cuentos infantiles advierten sobre los problemas que conllevan que el lobo cuide a las ovejas.
Historia y actualidad del barrio “Nueva Esperanza”.
En el año 2001 Palma Sola sufrió una catástrofe por la crecida del arroyo Santa Rita que cruza por medio de la localidad. El alud dejó un saldo de 6 muertos, 3 desaparecidos, 1300 familias evacuadas y 147 viviendas destruidas o inhabilitadas. El monte existente en ese año no pudo absorber la gran cantidad de agua precipitada en tan poco tiempo. Si bien este fenómeno tiene una base en las condiciones naturales del lugar, no podemos dejar de ver que la disminución de la cobertura boscosa aumenta exponencialmente los riesgos de alud en la zona donde habitan al menos 6000 personas que viven básicamente de la producción agrícola ganadera.
A partir de este alud, y como forma de subsanar las pérdidas de viviendas sufridas, el estado construyó el barrio “Nueva Esperanza” en tierras expropiadas a los títulos de las 10.000 has. en cuestión. Estas familias, hoy, como vecinas de las plantaciones de soja, vienen siendo víctima de una catástrofe más silenciosa, de exclusiva responsabilidad de la insaciable voracidad de la lógica empresarial: a sólo 10 metros de las viviendas, CRAM S.A. está fumigando con glifosato con aviones, no sólo la tierra que sembrará con soja transgénica, sino también a las familias reubicadas que habitan este barrio.
Los métodos y el estado colaboracionista
CRAM S.A. no se conforma con amedrentar, amenazar, destruir bienes, envenenar y buscar desalojar violentamente a las familias campesinas en manos de sus encargados Eladio Gómez Samoral y Eusebio Díaz. Con el consentimiento de algunos funcionarios locales, Horacio Macedo hijo, hace unos días se presentó en la zona con la intención de dividir las familias campesinas, prometiendo a algunos la “donación” de la tierra y a otros sólo desalojo y muerte.
Este conflicto particular está lejos de ser aislado y es similar a los hechos que vienen ocurriendo (por nombrar los más recientes) en Finca Las Costas, a 15 km. de la ciudad de Salta, o en la quebrada del Toro, también en la provincia de Salta. Donde los intereses empresariales, aliados a las fuerzas políticas hegemónicas, buscan desalojar a familias que viven y trabajan la tierra. Los desalojos a comunidades aborígenes e históricos campesinos trabajadores de la tierra, lejos de desaparecer, se profundizan con el aval de las fuerzas de seguridad del Estado que sistemáticamente criminalizan a los poseedores y reivindican a los empresarios y políticos usurpadores.
El caso Palma Sola, particularmente, se trata de la punta de lanza en el avance de la frontera agropecuaria y de los monocultivos en una zona jujeña históricamente dedicada a la pequeña y mediana producción de ganado a monte abierto, hortalizas, verduras y citrus, que permite a cientos de familias vivir de lo que producen y en equilibrio con la naturaleza.
Se trata del avance del capital y de un modelo de saqueo y contaminación que se viene profundizando en distintos rubros de la producción como también es el caso de la megaminería, donde los beneficios se concentran en unas pocas manos y los perjudicados actuales y futuros somos la mayoría de nosotros. El monocultivo a base de agrotóxicos es una producción altamente contaminante, expulsa a la población rural, desalojando y no generando fuentes de trabajo, y es una actividad extractiva prácticamente irreversible que se lleva consigo la riqueza y la biodiversidad de nuestra tierra.”
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Contacto Político
Provincia/Región: Jujuy
Un emprendimiento de la empresa CRAM SA tiene permiso para desmontar alrededor de mil hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica en tierras donde por generaciones viven familias campesinas. Horacio Antonio Macedo, el actual embajador argentino en Bolivia y su hijo son parte de la empresa que desconoce los derechos ancestrales de las familias y ya avanzó en el desmonte de 200 hectáreas. A continuación hay una nota realizada por el colectivo Caminando:
“Como trabajadores contratados precariamente por el Estado nacional y trabajadores rurales organizados en el Frente Popular Darío Santillán, tomamos conocimiento del atropello que familias campesinas de Palma Sola vienen sufriendo, frente al emprendimiento empresarial que la firma CRAM S.A. lleva a cabo en el territorio de sus posesiones. Desde ese momento venimos participando activamente del conflicto y junto a compañeros de otras organizaciones de Jujuy, estamos acompañando a las familias en la reivindicación de sus derechos, promoviendo la difusión de esta situación y el involucramiento de distintos sectores de la provincia.
Palma Sola se encuentra en el Departamento Santa Bárbara, al este de la Provincia de Jujuy. Es parte de la región de yungas transición al chaco, se encuentra atravesada por el Arroyo Santa Rita y por la ruta provincial N° 6. Se trata de una zona estratégica para la integridad del corredor biológico proyectado entre las áreas protegidas de la zona.
De 3 a 5 km antes de llegar al centro de la localidad de Palma Sola, dentro de las 10.000 has. que conforman el título de propiedad en disputa, habitan alrededor de 20 familias agricultoras y 12 familias ganaderas que tienen derecho de posesión que les otorga los años que viven y trabajan en estos predios.
Lobo suelto, cordero atado
La empresa CRAM S.A. tiene como presidente de su directorio a René Macedo, y como apoderados a Horacio Macedo, padre e hijo. Horacio Antonio Macedo es el actual embajador en el hermano país de Bolivia y tiene una amplia trayectoria como funcionario de la provincia de Jujuy, mano derecha del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner. Horacio Macedo hijo es el actual Secretario General de Gobierno de la Provincia de Jujuy.
El avance en el territorio de esta empresa está en el marco de un Proyecto financiado por el BID para la “compra de inmueble rural para desmonte y explotación”. Este emprendimiento empresarial tiene permiso para desmontar alrededor de 1090 hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica y viene desconociendo la posesión de las familias que habitan por generaciones estas tierras. Ya tienen una avance de al menos 200 has.
El permiso de desmonte se otorga en el marco de un irregular Plan de Ordenamiento Territorial provincial: sin difusión, sin participación de instituciones ni organizaciones ni de los habitantes de cada localidad, y aprobado por decreto.
En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Jujuy, Palma Sola originalmente estaba asignada como zona de mediana necesidad de resguardo, donde no es posible hacer desmontes totales y donde es necesario hacer aprovechamiento sostenible con ganadería silvopastoril, turismo o investigación científica (compatible con el modo de vida de las familias campesinas del lugar). En el último tiempo esta idea original fue mágicamente modificada y Palma Sola pasó a constituirse en zona con luz verde para el desmonte total y para la agricultura a gran escala, explícitamente pasó a ser zona liberada para el monocultivo (soja, caña de azúcar, etc.) en el marco del boom de los agrocombustibles. Este no es un dato menor si se observa la relación que existe entre los funcionarios públicos a cargo de la implementación de esta ley y los intereses empresariales de CRAM S.A. Ya los cuentos infantiles advierten sobre los problemas que conllevan que el lobo cuide a las ovejas.
Historia y actualidad del barrio “Nueva Esperanza”.
En el año 2001 Palma Sola sufrió una catástrofe por la crecida del arroyo Santa Rita que cruza por medio de la localidad. El alud dejó un saldo de 6 muertos, 3 desaparecidos, 1300 familias evacuadas y 147 viviendas destruidas o inhabilitadas. El monte existente en ese año no pudo absorber la gran cantidad de agua precipitada en tan poco tiempo. Si bien este fenómeno tiene una base en las condiciones naturales del lugar, no podemos dejar de ver que la disminución de la cobertura boscosa aumenta exponencialmente los riesgos de alud en la zona donde habitan al menos 6000 personas que viven básicamente de la producción agrícola ganadera.
A partir de este alud, y como forma de subsanar las pérdidas de viviendas sufridas, el estado construyó el barrio “Nueva Esperanza” en tierras expropiadas a los títulos de las 10.000 has. en cuestión. Estas familias, hoy, como vecinas de las plantaciones de soja, vienen siendo víctima de una catástrofe más silenciosa, de exclusiva responsabilidad de la insaciable voracidad de la lógica empresarial: a sólo 10 metros de las viviendas, CRAM S.A. está fumigando con glifosato con aviones, no sólo la tierra que sembrará con soja transgénica, sino también a las familias reubicadas que habitan este barrio.
Los métodos y el estado colaboracionista
CRAM S.A. no se conforma con amedrentar, amenazar, destruir bienes, envenenar y buscar desalojar violentamente a las familias campesinas en manos de sus encargados Eladio Gómez Samoral y Eusebio Díaz. Con el consentimiento de algunos funcionarios locales, Horacio Macedo hijo, hace unos días se presentó en la zona con la intención de dividir las familias campesinas, prometiendo a algunos la “donación” de la tierra y a otros sólo desalojo y muerte.
Este conflicto particular está lejos de ser aislado y es similar a los hechos que vienen ocurriendo (por nombrar los más recientes) en Finca Las Costas, a 15 km. de la ciudad de Salta, o en la quebrada del Toro, también en la provincia de Salta. Donde los intereses empresariales, aliados a las fuerzas políticas hegemónicas, buscan desalojar a familias que viven y trabajan la tierra. Los desalojos a comunidades aborígenes e históricos campesinos trabajadores de la tierra, lejos de desaparecer, se profundizan con el aval de las fuerzas de seguridad del Estado que sistemáticamente criminalizan a los poseedores y reivindican a los empresarios y políticos usurpadores.
El caso Palma Sola, particularmente, se trata de la punta de lanza en el avance de la frontera agropecuaria y de los monocultivos en una zona jujeña históricamente dedicada a la pequeña y mediana producción de ganado a monte abierto, hortalizas, verduras y citrus, que permite a cientos de familias vivir de lo que producen y en equilibrio con la naturaleza.
Se trata del avance del capital y de un modelo de saqueo y contaminación que se viene profundizando en distintos rubros de la producción como también es el caso de la megaminería, donde los beneficios se concentran en unas pocas manos y los perjudicados actuales y futuros somos la mayoría de nosotros. El monocultivo a base de agrotóxicos es una producción altamente contaminante, expulsa a la población rural, desalojando y no generando fuentes de trabajo, y es una actividad extractiva prácticamente irreversible que se lleva consigo la riqueza y la biodiversidad de nuestra tierra.”
Agroquímicos en canales de Río Colorado
Envases de agroquímicos en canales de Río Colorado
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Productores chacareros de Colonia Juliá y Echarren, la zona rural de Río Colorado, parecen no haber tomado conciencia aún del peligro que implican los envases de agroquímicos tirados y desparramados en canales de riegos o en el río Colorado, así como en los caminos alternativos de la colonia donde transitan de manera permanente vecinos.
En las últimos días, en una recorrida realizada por esa colonia se pudieron ver cientos de envases de agroquímicos ya utilizados dispersos por distintos sectores, con el peligro latente para el ser humano, animales o al medio ambiente. Los recipientes encontrados aun tenían restos en su interior con un alto contenido tóxico. De este modo pueden producirse distintos tipos de afecciones para los humanos o animales que pueden incluso llegar a costarles la vida.
El método utilizado por algunos de los productores frutícolas está contaminando las agua de los canales y del río, perjudicando directamente a las personas que están utilizando esos lugares para bañarse en estos tiempos de sofocantes calores, sin descartarse un mal mayor como es que se estarían contaminando las napas.
Marina Carrera, jefa del área de Medio Ambiente del municipio local, informó que se designará en los próximos días a varias personas en las colonias de Río Colorado, para recorrer y tratar de encontrar a los responsables.
"No se entiende el grado de irresponsabilidad de algunos chacareros, ya que se cuenta con lugares precisos para retirar los bolsones donde acumular los recipientes ya utilizados y su posterior retiro, que es totalmente gratuito, trabajo que se viene realizando hace varios años junto con el Codema" sostuvo Carrera.
Más adelante agregó que "los envases encontrados son de los químicos más tóxicos y peligrosos; son los que están identificados con la etiqueta roja, que marca su grado mayor de peligrosidad. Están desparramados, en los caminos o en los canales de riego, donde se pueden encontrar normalmente a personas y chicos bañándose, como también a los animales de la zona consumiendo esa agua."
"A la contaminación que producen los contenidos de los envases de agroquímicos, también debe sumarse que existen chacareros que cargan sus equipos de fumigación y también lavan esos equipos en los canales, produciendo un inminente contaminación de los cursos de aguas de todo el sector" indicó.
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Productores chacareros de Colonia Juliá y Echarren, la zona rural de Río Colorado, parecen no haber tomado conciencia aún del peligro que implican los envases de agroquímicos tirados y desparramados en canales de riegos o en el río Colorado, así como en los caminos alternativos de la colonia donde transitan de manera permanente vecinos.
En las últimos días, en una recorrida realizada por esa colonia se pudieron ver cientos de envases de agroquímicos ya utilizados dispersos por distintos sectores, con el peligro latente para el ser humano, animales o al medio ambiente. Los recipientes encontrados aun tenían restos en su interior con un alto contenido tóxico. De este modo pueden producirse distintos tipos de afecciones para los humanos o animales que pueden incluso llegar a costarles la vida.
El método utilizado por algunos de los productores frutícolas está contaminando las agua de los canales y del río, perjudicando directamente a las personas que están utilizando esos lugares para bañarse en estos tiempos de sofocantes calores, sin descartarse un mal mayor como es que se estarían contaminando las napas.
Marina Carrera, jefa del área de Medio Ambiente del municipio local, informó que se designará en los próximos días a varias personas en las colonias de Río Colorado, para recorrer y tratar de encontrar a los responsables.
"No se entiende el grado de irresponsabilidad de algunos chacareros, ya que se cuenta con lugares precisos para retirar los bolsones donde acumular los recipientes ya utilizados y su posterior retiro, que es totalmente gratuito, trabajo que se viene realizando hace varios años junto con el Codema" sostuvo Carrera.
Más adelante agregó que "los envases encontrados son de los químicos más tóxicos y peligrosos; son los que están identificados con la etiqueta roja, que marca su grado mayor de peligrosidad. Están desparramados, en los caminos o en los canales de riego, donde se pueden encontrar normalmente a personas y chicos bañándose, como también a los animales de la zona consumiendo esa agua."
"A la contaminación que producen los contenidos de los envases de agroquímicos, también debe sumarse que existen chacareros que cargan sus equipos de fumigación y también lavan esos equipos en los canales, produciendo un inminente contaminación de los cursos de aguas de todo el sector" indicó.
Entre Ríos: ya no controlan los desmontes
Denuncian desmontes por unas 5 mil hectáreas sin autorización
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: El Diario (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Por decisión del Secretario de la Producción, la Dirección de Recursos Naturales ya no controla las denuncias que se realizan por acciones de desmonte, especialmente en el norte de provincia. Se decidió que el trabajo lo hiciera la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales, pero no está autorizada para hacerlo.
“Hay unas 80 denuncias que se realizaron en el último año acerca de desmontes no autorizados en la provincia y la Dirección de Recursos Naturales no sale a controlar. Incluso algunos ambientalistas solicitaron una audiencia con el Gobernador para que tome medidas urgentes”. De esta forma una fuente a la que consultó EL DIARIO y que solicitó el anonimato adelantó el eje de una controversia que desde algunos meses se viene sucediendo en el área de Producción provincial.
Esto despierta una serie de interrogantes que confluyen en una decisión tomada por el secretario de la Producción, Roberto Schunk: desde hace unos 10 meses no permite que los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales certifique que las denuncias de vecinos, policías, pilotos de aviones de fumigación que recorren la zona y otros interesados anónimos efectúan en la oficina de calle San Juan, donde funciona la dependencia que dirige el Ing. Conrado González.
En su lugar, inicialmente, Schunk envió a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que tiene por función controlar alimentos que circulan por la provincia y la caza y pesca natural- que envió sus técnicos en varias oportunidades.
Pero esta función no le correspondería legalmente, por lo que abogados de algunos campos antepusieron presentaciones de nulidad ante lo actuado, y las actas labradas cayeron en saco roto.
Así las cosas, durante muchos meses se generaron denuncias, pero el Estado no avanzó un tranco de pollo en su comprobación, y ante la ausencia de autoridad comenzaron silenciosos desmontes en vastas zonas de la provincia que llegarían a las 6 mil hectáreas, de acuerdo a fuentes que hablaron de “más bien pequeños establecimientos pero, proporcionalmente, con mucho monte”. Entre los ambientalistas que denuncian estos arrebatos a la tierra se encuentran el Grupo de Villaguay SOS, el grupo M´Biguá y el Foro Ecologista de Paraná.
A la espera
El director de Recursos Naturales, Conrado González, implícitamente reconoce la situación al afirmar que efectivamente el tema debería pasar por Recursos Naturales, pero el Secretario “pidió que otros sectores hicieran la fiscalización”. También reconoce que hay denuncias, aunque las relativiza. “No hay tantas denuncias, aunque hay algunas que se han hecho, y yo hablé con el Secretario y me dijo que vamos a tratar de normalizar el tema a partir de la regulación de la ley 26.331 (Ley Bonasso), con nuevas normativas donde estén todas las entidades representadas, con nuevas metodologías que reglamenten el control y establezca nuevas pautas. Vamos hacia una nueva base legal para estas tareas”, consignó, augurando que esperan que a finales de este o comienzos de marzo se pongan en movimiento estas acciones.
Sin embargo, al seno de la Secretaría de la Producción, las versiones son encontradas, y mientras desde la misma oficina de Schunk aseguran que sólo se ha convocado a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que controla Jorge Florean- para “complementar” el trabajo de la oficina de Conrado González, altas fuentes consultadas del organigrama del Secretario de la Producción coinciden en afirmar que “ni los autos le dejaron a los inspectores”.
A su turno, y si bien inspectores consultados entienden que hace 10 meses que sucede esto, González dice que sólo unos “tres o cuatro meses”, al tiempo que otros directamente dicen desconocer tal decisión.
Una alta fuente que prefirió mantener su identidad en reserva lo explicó del siguiente modo: “Roberto (Schunk) es muy desconfiado, y si bien él tomó la decisión, en este tema hay un agujero legal que colabora con este proceso. El dueño de un campo primero desmonta y luego declara lo hecho, porque prefiere pagar la multa que es inferior al trámite, del cual no tiene garantías que le saldrá favorable. Entonces, era lógico que algunos esquemas subterráneos terminen favoreciendo al desmontador. Roberto quiso arreglar esto y terminó complicándolo, porque se lo asignó a un organismo que no está autorizado, y que tampoco brinda garantías. El otro problema es la falta de estructura necesaria para llevar adelante esta tarea”.
En síntesis: denuncias de corrupción e internas palaciegas, atraviesan visceralmente un tema sensible, que no hace más que favorecer a posiciones ambientalistas rayanas con el fundamentalismo.
Posición
En la vereda del Secretario de la Producción, el director de Fiscalización de Recursos Naturales, Jorge Florean, explica la situación de un modo menos traumático. En principio dice que lo que le llegaron a Schunk –unos meses atrás- no fueron versiones acerca de un posible mal desempeño de los inspectores de Recursos Naturales, sino que “vino un grupo de guardafaunas diciendo que no se estaba trabajando y que seguían los desmontes en zona de reserva”. Entonces Florean describe los hechos cronológicos: “El Secretario sabe que si bien no tenemos atribuciones, si tenemos fiscalizadores. Contamos con uno, particularmente, que es muy profesional y está preparado: Jeremías Mancini. Es un guardaparque del Parque San Martín que nos los prestan para recorrer Federal, hablar con la gente, autoridades y ambientalistas, y él nos trae los informes que se lo elevamos a la Dirección de Recursos Naturales”, precisa.
En este contexto, describe que desde el 22 de abril, al día 15 de julio de 2009 Mancini labró 31 actas. Florean reconoce también que el organismo de contralor es la Dirección de Recursos Naturales, por eso “nosotros traemos las infracciones, hacemos un recurso técnico y se la elevamos, y hasta allí llega nuestra responsabilidad. Yo no conozco de alguien que haya recusado nuestras actas, porque no tenemos incidencia en todo lo que sucede con el descargo”.
Ante la pregunta acerca de si tiene conocimiento que en Recursos Naturales hace 10 meses que no salen a inspeccionar y no cuenta con autos, asegura que no, aunque si tiene una respuesta para los autos. “Lo que sucedió con los autos es que el Secretario hace unos meses decidió suspender el uso de autos particulares dispuestos para la función pública. Como había dependencias que no tenían autos, se había autorizado el uso particular de vehículos para funciones específicas. Como Recursos Naturales no tenía autos, usaba algunos de sus funcionarios o inspectores, pero eso no tiene nada que ven con la quita de los controles sobre deforestación”, explicó.
Las voces desde el propio seno del Gobierno provincial sobre el tema no parecen coincidir, y mientras se dice que se buscó “complementar” con nuevos inspectores el trabajo de Recursos Naturales, estos últimos estarían diciendo que no tienen funciones y no saben qué hacer, y que son los únicos autorizados para la función.
Mientras tanto, un estigma de los últimos tiempos en el monte nativo entrerriano se desliza silencioso y repta por entre los indicadores de lo que será una cosecha de soja récord.
El árbol y el norte
El Gobierno entrerriano precisa que los controles se están haciendo y hubo buenos resultados en éste y otros sectores.
“Los controles se hacen, pero en la medida de nuestras posibilidades. Recientemente hicimos una expropiación de madera que está prohibida salir la provincia y fue donada al Taller Industrial para hacer muebles para las escuelas. Todo lo nuestro es un expediente público y cualquiera lo puede consultar”, confió Jorge Florean, director de Fiscalización de Recursos Naturales.
Por otra parte, una de las fuentes consultadas afirmó que para desmontar es menester presentar un proyecto, con un croquis, y precisiones, y entonces especialistas definían si es sustentable o no, y esto no se hace desde 2008.
“El tema empezó con denuncias de guardafaunas de Federal a los medios y pidiendo audiencia al Gobernador. Ellos decían que no se hacían los controles adecuados y entonces Schunk tomó la decisión sin mayores fundamentos. Hoy existe la sospecha que se está desmontando mucho. Pequeñas extensiones pero en muchos casos”, describieron.
El caso más complejo se estaría dando en el departamento Federal, pero también indican que sucede en Feliciano, La Paz, Villaguay, Federación y hasta en algunas zonas de Tala. Y si bien la provincia habría incrementado su zona con montes en los últimos 10 años en 140 mil hectáreas, Gualeguaychú y hasta algo en el departamento Tala.
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: El Diario (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Por decisión del Secretario de la Producción, la Dirección de Recursos Naturales ya no controla las denuncias que se realizan por acciones de desmonte, especialmente en el norte de provincia. Se decidió que el trabajo lo hiciera la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales, pero no está autorizada para hacerlo.
“Hay unas 80 denuncias que se realizaron en el último año acerca de desmontes no autorizados en la provincia y la Dirección de Recursos Naturales no sale a controlar. Incluso algunos ambientalistas solicitaron una audiencia con el Gobernador para que tome medidas urgentes”. De esta forma una fuente a la que consultó EL DIARIO y que solicitó el anonimato adelantó el eje de una controversia que desde algunos meses se viene sucediendo en el área de Producción provincial.
Esto despierta una serie de interrogantes que confluyen en una decisión tomada por el secretario de la Producción, Roberto Schunk: desde hace unos 10 meses no permite que los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales certifique que las denuncias de vecinos, policías, pilotos de aviones de fumigación que recorren la zona y otros interesados anónimos efectúan en la oficina de calle San Juan, donde funciona la dependencia que dirige el Ing. Conrado González.
En su lugar, inicialmente, Schunk envió a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que tiene por función controlar alimentos que circulan por la provincia y la caza y pesca natural- que envió sus técnicos en varias oportunidades.
Pero esta función no le correspondería legalmente, por lo que abogados de algunos campos antepusieron presentaciones de nulidad ante lo actuado, y las actas labradas cayeron en saco roto.
Así las cosas, durante muchos meses se generaron denuncias, pero el Estado no avanzó un tranco de pollo en su comprobación, y ante la ausencia de autoridad comenzaron silenciosos desmontes en vastas zonas de la provincia que llegarían a las 6 mil hectáreas, de acuerdo a fuentes que hablaron de “más bien pequeños establecimientos pero, proporcionalmente, con mucho monte”. Entre los ambientalistas que denuncian estos arrebatos a la tierra se encuentran el Grupo de Villaguay SOS, el grupo M´Biguá y el Foro Ecologista de Paraná.
A la espera
El director de Recursos Naturales, Conrado González, implícitamente reconoce la situación al afirmar que efectivamente el tema debería pasar por Recursos Naturales, pero el Secretario “pidió que otros sectores hicieran la fiscalización”. También reconoce que hay denuncias, aunque las relativiza. “No hay tantas denuncias, aunque hay algunas que se han hecho, y yo hablé con el Secretario y me dijo que vamos a tratar de normalizar el tema a partir de la regulación de la ley 26.331 (Ley Bonasso), con nuevas normativas donde estén todas las entidades representadas, con nuevas metodologías que reglamenten el control y establezca nuevas pautas. Vamos hacia una nueva base legal para estas tareas”, consignó, augurando que esperan que a finales de este o comienzos de marzo se pongan en movimiento estas acciones.
Sin embargo, al seno de la Secretaría de la Producción, las versiones son encontradas, y mientras desde la misma oficina de Schunk aseguran que sólo se ha convocado a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que controla Jorge Florean- para “complementar” el trabajo de la oficina de Conrado González, altas fuentes consultadas del organigrama del Secretario de la Producción coinciden en afirmar que “ni los autos le dejaron a los inspectores”.
A su turno, y si bien inspectores consultados entienden que hace 10 meses que sucede esto, González dice que sólo unos “tres o cuatro meses”, al tiempo que otros directamente dicen desconocer tal decisión.
Una alta fuente que prefirió mantener su identidad en reserva lo explicó del siguiente modo: “Roberto (Schunk) es muy desconfiado, y si bien él tomó la decisión, en este tema hay un agujero legal que colabora con este proceso. El dueño de un campo primero desmonta y luego declara lo hecho, porque prefiere pagar la multa que es inferior al trámite, del cual no tiene garantías que le saldrá favorable. Entonces, era lógico que algunos esquemas subterráneos terminen favoreciendo al desmontador. Roberto quiso arreglar esto y terminó complicándolo, porque se lo asignó a un organismo que no está autorizado, y que tampoco brinda garantías. El otro problema es la falta de estructura necesaria para llevar adelante esta tarea”.
En síntesis: denuncias de corrupción e internas palaciegas, atraviesan visceralmente un tema sensible, que no hace más que favorecer a posiciones ambientalistas rayanas con el fundamentalismo.
Posición
En la vereda del Secretario de la Producción, el director de Fiscalización de Recursos Naturales, Jorge Florean, explica la situación de un modo menos traumático. En principio dice que lo que le llegaron a Schunk –unos meses atrás- no fueron versiones acerca de un posible mal desempeño de los inspectores de Recursos Naturales, sino que “vino un grupo de guardafaunas diciendo que no se estaba trabajando y que seguían los desmontes en zona de reserva”. Entonces Florean describe los hechos cronológicos: “El Secretario sabe que si bien no tenemos atribuciones, si tenemos fiscalizadores. Contamos con uno, particularmente, que es muy profesional y está preparado: Jeremías Mancini. Es un guardaparque del Parque San Martín que nos los prestan para recorrer Federal, hablar con la gente, autoridades y ambientalistas, y él nos trae los informes que se lo elevamos a la Dirección de Recursos Naturales”, precisa.
En este contexto, describe que desde el 22 de abril, al día 15 de julio de 2009 Mancini labró 31 actas. Florean reconoce también que el organismo de contralor es la Dirección de Recursos Naturales, por eso “nosotros traemos las infracciones, hacemos un recurso técnico y se la elevamos, y hasta allí llega nuestra responsabilidad. Yo no conozco de alguien que haya recusado nuestras actas, porque no tenemos incidencia en todo lo que sucede con el descargo”.
Ante la pregunta acerca de si tiene conocimiento que en Recursos Naturales hace 10 meses que no salen a inspeccionar y no cuenta con autos, asegura que no, aunque si tiene una respuesta para los autos. “Lo que sucedió con los autos es que el Secretario hace unos meses decidió suspender el uso de autos particulares dispuestos para la función pública. Como había dependencias que no tenían autos, se había autorizado el uso particular de vehículos para funciones específicas. Como Recursos Naturales no tenía autos, usaba algunos de sus funcionarios o inspectores, pero eso no tiene nada que ven con la quita de los controles sobre deforestación”, explicó.
Las voces desde el propio seno del Gobierno provincial sobre el tema no parecen coincidir, y mientras se dice que se buscó “complementar” con nuevos inspectores el trabajo de Recursos Naturales, estos últimos estarían diciendo que no tienen funciones y no saben qué hacer, y que son los únicos autorizados para la función.
Mientras tanto, un estigma de los últimos tiempos en el monte nativo entrerriano se desliza silencioso y repta por entre los indicadores de lo que será una cosecha de soja récord.
El árbol y el norte
El Gobierno entrerriano precisa que los controles se están haciendo y hubo buenos resultados en éste y otros sectores.
“Los controles se hacen, pero en la medida de nuestras posibilidades. Recientemente hicimos una expropiación de madera que está prohibida salir la provincia y fue donada al Taller Industrial para hacer muebles para las escuelas. Todo lo nuestro es un expediente público y cualquiera lo puede consultar”, confió Jorge Florean, director de Fiscalización de Recursos Naturales.
Por otra parte, una de las fuentes consultadas afirmó que para desmontar es menester presentar un proyecto, con un croquis, y precisiones, y entonces especialistas definían si es sustentable o no, y esto no se hace desde 2008.
“El tema empezó con denuncias de guardafaunas de Federal a los medios y pidiendo audiencia al Gobernador. Ellos decían que no se hacían los controles adecuados y entonces Schunk tomó la decisión sin mayores fundamentos. Hoy existe la sospecha que se está desmontando mucho. Pequeñas extensiones pero en muchos casos”, describieron.
El caso más complejo se estaría dando en el departamento Federal, pero también indican que sucede en Feliciano, La Paz, Villaguay, Federación y hasta en algunas zonas de Tala. Y si bien la provincia habría incrementado su zona con montes en los últimos 10 años en 140 mil hectáreas, Gualeguaychú y hasta algo en el departamento Tala.
Por la fumigación, más cardiopatías congénitas
Por la fumigación, aumentaron las cardiopatías congénitas en niños
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cardiopatías congénitas, una serie de malformaciones en el corazón del niño, aumentaron considerablemente en los últimos años y están directamente relacionadas con el uso indiscriminado de agroquímicos, alertó a AIM el presidente de la Fundación por el Corazón de los Niños, Alfredo Berduc, quien aseveró que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse en el hospital San Roque de Paraná, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos”. Además, cuestionó que las cirugías en el principal nosocomio de la provincia “están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal”.
En diálogo con esta Agencia, Berduc señaló que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos de cardiopatía congénita”.
Sin embargo, denunció que “las cirugías en el hospital San Roque están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal, pero falta la voluntad política del gobierno de invertir el dinero necesario para realizar las operaciones y sólo los casos de extrema urgencia son enviados a Buenos Aires”.
Al respecto, especificó que “una cirugía en Paraná al Estado le sale siete mil pesos y derivarla afuera sale 26 mil pesos” y cuestionó que esas derivaciones “implican que un chiquito deba hacer 10 mil kilómetros en ambulancia para poder solucionar su problema, más el desarraigo que significa tener que vivir en Buenos Aires”.
También sostuvo que “en varias oportunidades se solicitó audiencia desde la Fundación con los secretarios de Salud de la provincia –aunque aclaró que no se hizo con el actual secretario Pablo Basso- y no se obtuvo ninguna respuesta” y agregó que “recién cuando salimos a los medios logramos que nombraran a los médicos, pero no queremos tener que llegar a eso porque pueden pensar que se trata de una cuestión política”.
“Esto no se trata de ninguna cuestión política, sino que se trata de la salud de nuestros chicos y de los más humildes”, sentenció.
Agroquímicos y cáncer
Consultado sobre los motivos del aumento de estas patologías, el profesional las vinculó “sin lugar a dudas” al uso indiscriminado de agroquímicos y aseveró que “esto es una realidad, y no sólo aparecen más cardiopatías, sino también las leucocis, los cánceres y las malformaciones”.
“En Rosario y fuera de la ciudad, se hicieron estudios en los barrios cercanos a los cultivos y se detectó que el 60 por ciento de los hombres estaba contaminado, y en Hasenkamp hubo ocho muchachos jóvenes que vivían y trabajaban al lado de un silo que tuvieron cáncer y se murieron todos. Esto es una realidad que no se puede negar en absoluto”, ejemplificó.
Además, detalló que los cuadros que aparecen relacionados con el uso de agroquímicos en el corazón de los niños son: falta de ventrículos, falta de una de las arterias, o la existencia de dos cámaras, en vez de cuatro.
También dijo que el uso de agrotóxicos determina otras situaciones comunes en las salas de partos: “se ven embarazos de chicos que no tienen cabeza, que nacen con el abdomen abierto o con la columna vertebral abierta, y todo esto tiene que ver con los agroquímicos”.
Contó que también el plomo que se usa en las cacerías de pato impacta en la salud y “quienes se dedican a cazar patos utilizan gran cantidad de cartuchos con plomo y después regalan los patos a los comedores escolares, pero esos animales tienen 800 veces más plomo”. Precisó que “también el arroz viene contaminado con tóxicos, y eso afecta a las madres embarazadas y a los adultos y se nota directamente en una mayor cantidad de casos de cardiopatías, malformaciones, leucemias y cáncer”.
Berduc dijo a esta Agencia que hoy en día se sabe que el glifosato (agroquímico para fumigar) es tóxico. Sólo basta recordar que el glifosato es el agroquímico más utilizado en los más de 16 millones de hectáreas cultivadas en Argentina con variedades resistentes a este compuesto, principalmente soja transgénica.
El trabajo de la fundación
La Fundación por el corazón de los niños se sostiene exclusivamente gracias a la venta de una rifa que se realiza todos los años, y destina su tiempo y su trabajo a la compra de aparatología para el área de cardiología del hospital San Roque de Paraná.
Al respecto, la secretaria de la institución, Blanca Varela comentó a AIM que el objetico de la Fundación es “colaborar con las cirugías cardiovasculares y el área de hemodinamia del hospital”.
En los diez años de trabajo pudieron donar al nosocomio “equipamiento, instrumental, a paratología, el año pasado se entregó un respirador que fue muy utilizado en la época de la pandemia de gripe”. “En el hospital hay muchas necesidades y nunca alcanza el dinero que el Estado destina para los gastos que demanda y el año pasado estuvo desbordado por la pandemia”, admitió.
“También se dan especializaciones para el personal y este año el objetivo es comprar una ambulancia y equiparla junto a la Fundación de Neonatología FundNeo”, adelantó Berduc, quien reclamó que “la sociedad ha cumplido en esto pero al gobierno le falta cumplir”.
Acotó que este 2010 “ya se está organizando la rifa porque de otro modo no podríamos subsistir” y recordó que “hace tiempo nos sacaron del hospital y tuvimos que alquilar una casa”. Al respecto, Varela sostuvo que “tanto las empresas como los particulares que deseen realizar donaciones pueden hacerlo comunicándose con la Fundación, que funciona en calle La Rioja 431 de Paraná”.
Qué es una cardiopatía congénita
Las cardiopatías congénitas son lesiones anatómicas de una o varias de las cuatro cámaras cardíacas, de los tabiques que las separan, o de las válvulas o tractos de salida (zonas ventriculares por donde sale la sangre del corazón).
La noticia de que un niño padece una lesión cardíaca congénita es siempre motivo de gran preocupación para los padres. Y efectivamente, una cardiopatía congénita no diagnosticada ni tratada siempre es algo serio, y a diferencia de lo que ocurre con otros órganos, con un corazón enfermo la situación clínica de los niños pequeños, en especial los recién nacidos, cambia rápidamente pudiendo ser grave en pocas horas o días.
Uno de los signos de alarma que los papás deben tener en cuenta para consultar rápidamente es que el bebé se fatigue cuando le dan de mamar, porque el chico con insuficiencia cardíaca se agota al comer, entonces deja de hacerlo y no crece como debería.
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cardiopatías congénitas, una serie de malformaciones en el corazón del niño, aumentaron considerablemente en los últimos años y están directamente relacionadas con el uso indiscriminado de agroquímicos, alertó a AIM el presidente de la Fundación por el Corazón de los Niños, Alfredo Berduc, quien aseveró que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse en el hospital San Roque de Paraná, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos”. Además, cuestionó que las cirugías en el principal nosocomio de la provincia “están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal”.
En diálogo con esta Agencia, Berduc señaló que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos de cardiopatía congénita”.
Sin embargo, denunció que “las cirugías en el hospital San Roque están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal, pero falta la voluntad política del gobierno de invertir el dinero necesario para realizar las operaciones y sólo los casos de extrema urgencia son enviados a Buenos Aires”.
Al respecto, especificó que “una cirugía en Paraná al Estado le sale siete mil pesos y derivarla afuera sale 26 mil pesos” y cuestionó que esas derivaciones “implican que un chiquito deba hacer 10 mil kilómetros en ambulancia para poder solucionar su problema, más el desarraigo que significa tener que vivir en Buenos Aires”.
También sostuvo que “en varias oportunidades se solicitó audiencia desde la Fundación con los secretarios de Salud de la provincia –aunque aclaró que no se hizo con el actual secretario Pablo Basso- y no se obtuvo ninguna respuesta” y agregó que “recién cuando salimos a los medios logramos que nombraran a los médicos, pero no queremos tener que llegar a eso porque pueden pensar que se trata de una cuestión política”.
“Esto no se trata de ninguna cuestión política, sino que se trata de la salud de nuestros chicos y de los más humildes”, sentenció.
Agroquímicos y cáncer
Consultado sobre los motivos del aumento de estas patologías, el profesional las vinculó “sin lugar a dudas” al uso indiscriminado de agroquímicos y aseveró que “esto es una realidad, y no sólo aparecen más cardiopatías, sino también las leucocis, los cánceres y las malformaciones”.
“En Rosario y fuera de la ciudad, se hicieron estudios en los barrios cercanos a los cultivos y se detectó que el 60 por ciento de los hombres estaba contaminado, y en Hasenkamp hubo ocho muchachos jóvenes que vivían y trabajaban al lado de un silo que tuvieron cáncer y se murieron todos. Esto es una realidad que no se puede negar en absoluto”, ejemplificó.
Además, detalló que los cuadros que aparecen relacionados con el uso de agroquímicos en el corazón de los niños son: falta de ventrículos, falta de una de las arterias, o la existencia de dos cámaras, en vez de cuatro.
También dijo que el uso de agrotóxicos determina otras situaciones comunes en las salas de partos: “se ven embarazos de chicos que no tienen cabeza, que nacen con el abdomen abierto o con la columna vertebral abierta, y todo esto tiene que ver con los agroquímicos”.
Contó que también el plomo que se usa en las cacerías de pato impacta en la salud y “quienes se dedican a cazar patos utilizan gran cantidad de cartuchos con plomo y después regalan los patos a los comedores escolares, pero esos animales tienen 800 veces más plomo”. Precisó que “también el arroz viene contaminado con tóxicos, y eso afecta a las madres embarazadas y a los adultos y se nota directamente en una mayor cantidad de casos de cardiopatías, malformaciones, leucemias y cáncer”.
Berduc dijo a esta Agencia que hoy en día se sabe que el glifosato (agroquímico para fumigar) es tóxico. Sólo basta recordar que el glifosato es el agroquímico más utilizado en los más de 16 millones de hectáreas cultivadas en Argentina con variedades resistentes a este compuesto, principalmente soja transgénica.
El trabajo de la fundación
La Fundación por el corazón de los niños se sostiene exclusivamente gracias a la venta de una rifa que se realiza todos los años, y destina su tiempo y su trabajo a la compra de aparatología para el área de cardiología del hospital San Roque de Paraná.
Al respecto, la secretaria de la institución, Blanca Varela comentó a AIM que el objetico de la Fundación es “colaborar con las cirugías cardiovasculares y el área de hemodinamia del hospital”.
En los diez años de trabajo pudieron donar al nosocomio “equipamiento, instrumental, a paratología, el año pasado se entregó un respirador que fue muy utilizado en la época de la pandemia de gripe”. “En el hospital hay muchas necesidades y nunca alcanza el dinero que el Estado destina para los gastos que demanda y el año pasado estuvo desbordado por la pandemia”, admitió.
“También se dan especializaciones para el personal y este año el objetivo es comprar una ambulancia y equiparla junto a la Fundación de Neonatología FundNeo”, adelantó Berduc, quien reclamó que “la sociedad ha cumplido en esto pero al gobierno le falta cumplir”.
Acotó que este 2010 “ya se está organizando la rifa porque de otro modo no podríamos subsistir” y recordó que “hace tiempo nos sacaron del hospital y tuvimos que alquilar una casa”. Al respecto, Varela sostuvo que “tanto las empresas como los particulares que deseen realizar donaciones pueden hacerlo comunicándose con la Fundación, que funciona en calle La Rioja 431 de Paraná”.
Qué es una cardiopatía congénita
Las cardiopatías congénitas son lesiones anatómicas de una o varias de las cuatro cámaras cardíacas, de los tabiques que las separan, o de las válvulas o tractos de salida (zonas ventriculares por donde sale la sangre del corazón).
La noticia de que un niño padece una lesión cardíaca congénita es siempre motivo de gran preocupación para los padres. Y efectivamente, una cardiopatía congénita no diagnosticada ni tratada siempre es algo serio, y a diferencia de lo que ocurre con otros órganos, con un corazón enfermo la situación clínica de los niños pequeños, en especial los recién nacidos, cambia rápidamente pudiendo ser grave en pocas horas o días.
Uno de los signos de alarma que los papás deben tener en cuenta para consultar rápidamente es que el bebé se fatigue cuando le dan de mamar, porque el chico con insuficiencia cardíaca se agota al comer, entonces deja de hacerlo y no crece como debería.
La peor contaminación
La peor contaminación, a tres kilómetros del Centro porteño
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: Perfil - Por Daniel Muchnik
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de cinco millones de personas viven en los 2.200 kilómetros cuadrados que abarca la cuenca Matanza-Riachuelo, la región más contaminada de nuestro país, donde las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país. A esa terrible realidad se le suma una escandalosa lucha de vanidades entre las autoridades de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad para determinar las jurisdicciones a la hora de actuar. Informes de organismos de control revelan severos atrasos y mala ejecución en acciones claves como la reubicación de los vecinos del lugar.
Decir que el Riachuelo sigue siendo una cloaca abierta, un tajo mugriento, maloliente y contaminante en las orillas de la Capital y la Provincia ya es un lugar común. Pero aun asumiendo otra vez esa definición, el balance de lo actuado para modificar esa realidad es definitivamente magro.
Con bastante razón los dirigentes uruguayos señalaron a la Argentina como imposibilitada para hablar de contaminación, a partir del caso de la papelera Botnia. Dijeron que el Riachuelo era una muestra de dejadez, impericia y bomba ambiental.
Todas las movilizaciones populares, en entidades vinculadas geográficamente a la cuenca Matanza-Riachuelo, en reclamo de soluciones, no fueron escuchadas, pero siguen insistiendo con especial énfasis en las enfermedades a la que están expuestos más de un millón de hogares. En las orillas de la Cuenca, que comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, viven 5 millones y medio de personas. Los informes de la Auditoría General de la Nación, de la asociación que nuclea a los técnicos y empleados de diferentes organismos de control y de la Defensoría del Pueblo, quedaron en los cajones oficiales, a la espera de resoluciones. Debió intervenir la Corte Suprema de Justicia para exigir soluciones con perentoriedad. La mayoría bien sabe cuáles son las industrias y otros factores contaminantes, con nombre y apellido.
El Riachuelo sufrió la lucha, la vanidad, el narcisismo y la competencia entre jurisdicciones geográficas vinculadas. La Ciudad no se puso de acuerdo con la Provincia de Buenos Aires y ninguna de las dos con la Nación. Fue la fría estatua del desentendimiento. Un ente gestado para superar esos abismos, la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar) acaba de informar el plan presupuestario para el saneamiento. Dispone de 23.801 millones de pesos hasta el año 2024. Para este año destinará 4.427 millones y entre 2006 y 2009 gastó 3.114 millones de pesos.
¿Será suficiente? Experiencias extranjeras –como el caso de la contaminación del río Támesis en Gran Bretaña– demostraron que no se requieren súper presupuestos, aunque sí coordinación por parte del Estado, eficiencia, rapidez, racionalización contable y garantías para que no se repita la contaminación. La Acumar está integrada por un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Ambiente y titular del Ente, Homero Bibiloni, un Consejo con representantes de 14 municipios por donde pasa la contaminación, una Comisión de Participación Social y un Foro de Universidades.
Detalles históricos. Buenos Aires descuidó históricamente la limpieza y no supo advertir a tiempo las contingencias de la contaminación. Las pestes que la azotaron en la segunda mitad del siglo XIX, con sus miles de víctimas, las que llenaron cementerios hoy ocultos en los subsuelos de algunas plazas de la Ciudad, no fueron suficiente enseñanza hasta varias décadas después. Sólo el 14 por ciento de las viviendas de la ciudad disponían de agua potable, distribuída por red, en 1887, 17 años después de la epidemia de fiebre amarilla. En 1910, en el primer Centenario llegaba al 53 por ciento de sus viviendas. Ese mismo año de 1910 registra que tan sólo el 40 por ciento de los hogares de la Ciudad estaba contectado a la red cloacal, pese a que desde 1895 la Municipalidad había prohibido la excavación de pozos ciegos, una de las causas que originaron, en 1870 los brotes epidemiológicos fatales.
¿Qué hacía la gente? ¿Dónde se alojaba? Las clases altas ya habían ganado el espacio de la Plaza San Martín y de allí hacia el norte conocido, hasta toparse con los bosques de Palermo. Las clases que intentaban ubicarse en el medio de la pirámide social tenían otros barrios, hacia el sur y hacia el oeste de la capital. Los inmigrantes pobres, gran parte del torrente de extranjeros que llegó al país, se concentraban, hacinados, en los conventillos. Hubo excepciones a la regla: varias empresas de servicios, como el caso de las ferroviarias, construyeron barrios para empleados, con departamentos agrupados en dos pisos, a la manera de Gran Bretaña. Existió, en su momento, una Comisión Nacional de Casas Baratas: se dedicaba a construir una gran casa colectiva a la que llamaban “mansión para obreros”. Para calmar sus aflicciones por la promiscuidad, algunos gobiernos conservadores inauguraron barrios obreros con casas construidas con préstamos a muy largo plazo.
¿Qué hacían con la basura? Para ello eligieron La Quema, al sur de la ciudad, detrás de Parque Patricios, ya en Pompeya, donde se procuraba “quemar” todo lo que se tiraba. Y quien también recibía los monumentales desechos eran las orillas y el mismo Riachuelo, cercano a La Quema. A esa parte de la Ciudad fueron a parar los sectores de población sin recursos, muchos de los cuales vivían de rescatar algún elemento de la basura para revender. Y allí se levantaron las primeras “villas miseria”, un término que quedó registrado por la literatura preocupada por los temas sociales. Una de las primeras fue el barrio Las Ranas.
Con la industrialización, que comienza a tomar vigor a fines del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX (ya en los tiempos de nuestros bisabuelos y abuelos) varias fábricas y los frigoríficos se radican al borde del Riachuelo. Toda la porquería, todos los químicos que usan, lo vertieron en esa cuenca hasta desgraciarla. Esa herencia quedó intacta a lo largo de todo el siglo pasado. No se hicieron grandes emprendimientos salvo, quizás, esas obras que impidieron la inundación mayor de La Boca.
Hoy por hoy. En todo el recorrido de la cuenca Matanza-Riachuelo falta agua de red, no hay suficientes desagües cloacales y todo se inunda. Las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país.
Es una pintura del drama social, cada día más creciente y a muy pocos kilómetros del centro mismo de la Capital Federal.
Un estudio de la Auditoría General de la Nación detalla que el Comité Ejecutor del Plan Ambiental que funcionó desde 1995 hasta la creación de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) subejecutó su presupuesto, no controló a las industrias contaminantes y no hizo cumplir un contrato de concesión con Aguas Argentinas S.A. que preveía la construcción del sistema cloacal de la cuenca.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, los ministerios de Salud y Desarrollo Urbano, el Instituto de la Vivienda y la Agencia de Protección Ambiental, registran “debilidades” en su tarea de sanear la cuenca. Destacan demoras en la ejecución de obras, falta de controles de contaminación con metales pesados y poco avance en la relocalización de los vecinos.
Otro trabajo muy reciente de la Auditoría General de la Nación señala a Acumar, la actual principal responsable, de no implementar el fondo de “compensación ambiental”, que estaba incluido en la misma ley que creó al organismo en 2006. Ese fondo apuntaba a la “protección de los derechos humanos y la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”.
Uno de los principales derechos humanos es el derecho a una vida digna.
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: Perfil - Por Daniel Muchnik
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de cinco millones de personas viven en los 2.200 kilómetros cuadrados que abarca la cuenca Matanza-Riachuelo, la región más contaminada de nuestro país, donde las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país. A esa terrible realidad se le suma una escandalosa lucha de vanidades entre las autoridades de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad para determinar las jurisdicciones a la hora de actuar. Informes de organismos de control revelan severos atrasos y mala ejecución en acciones claves como la reubicación de los vecinos del lugar.
Decir que el Riachuelo sigue siendo una cloaca abierta, un tajo mugriento, maloliente y contaminante en las orillas de la Capital y la Provincia ya es un lugar común. Pero aun asumiendo otra vez esa definición, el balance de lo actuado para modificar esa realidad es definitivamente magro.
Con bastante razón los dirigentes uruguayos señalaron a la Argentina como imposibilitada para hablar de contaminación, a partir del caso de la papelera Botnia. Dijeron que el Riachuelo era una muestra de dejadez, impericia y bomba ambiental.
Todas las movilizaciones populares, en entidades vinculadas geográficamente a la cuenca Matanza-Riachuelo, en reclamo de soluciones, no fueron escuchadas, pero siguen insistiendo con especial énfasis en las enfermedades a la que están expuestos más de un millón de hogares. En las orillas de la Cuenca, que comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, viven 5 millones y medio de personas. Los informes de la Auditoría General de la Nación, de la asociación que nuclea a los técnicos y empleados de diferentes organismos de control y de la Defensoría del Pueblo, quedaron en los cajones oficiales, a la espera de resoluciones. Debió intervenir la Corte Suprema de Justicia para exigir soluciones con perentoriedad. La mayoría bien sabe cuáles son las industrias y otros factores contaminantes, con nombre y apellido.
El Riachuelo sufrió la lucha, la vanidad, el narcisismo y la competencia entre jurisdicciones geográficas vinculadas. La Ciudad no se puso de acuerdo con la Provincia de Buenos Aires y ninguna de las dos con la Nación. Fue la fría estatua del desentendimiento. Un ente gestado para superar esos abismos, la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar) acaba de informar el plan presupuestario para el saneamiento. Dispone de 23.801 millones de pesos hasta el año 2024. Para este año destinará 4.427 millones y entre 2006 y 2009 gastó 3.114 millones de pesos.
¿Será suficiente? Experiencias extranjeras –como el caso de la contaminación del río Támesis en Gran Bretaña– demostraron que no se requieren súper presupuestos, aunque sí coordinación por parte del Estado, eficiencia, rapidez, racionalización contable y garantías para que no se repita la contaminación. La Acumar está integrada por un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Ambiente y titular del Ente, Homero Bibiloni, un Consejo con representantes de 14 municipios por donde pasa la contaminación, una Comisión de Participación Social y un Foro de Universidades.
Detalles históricos. Buenos Aires descuidó históricamente la limpieza y no supo advertir a tiempo las contingencias de la contaminación. Las pestes que la azotaron en la segunda mitad del siglo XIX, con sus miles de víctimas, las que llenaron cementerios hoy ocultos en los subsuelos de algunas plazas de la Ciudad, no fueron suficiente enseñanza hasta varias décadas después. Sólo el 14 por ciento de las viviendas de la ciudad disponían de agua potable, distribuída por red, en 1887, 17 años después de la epidemia de fiebre amarilla. En 1910, en el primer Centenario llegaba al 53 por ciento de sus viviendas. Ese mismo año de 1910 registra que tan sólo el 40 por ciento de los hogares de la Ciudad estaba contectado a la red cloacal, pese a que desde 1895 la Municipalidad había prohibido la excavación de pozos ciegos, una de las causas que originaron, en 1870 los brotes epidemiológicos fatales.
¿Qué hacía la gente? ¿Dónde se alojaba? Las clases altas ya habían ganado el espacio de la Plaza San Martín y de allí hacia el norte conocido, hasta toparse con los bosques de Palermo. Las clases que intentaban ubicarse en el medio de la pirámide social tenían otros barrios, hacia el sur y hacia el oeste de la capital. Los inmigrantes pobres, gran parte del torrente de extranjeros que llegó al país, se concentraban, hacinados, en los conventillos. Hubo excepciones a la regla: varias empresas de servicios, como el caso de las ferroviarias, construyeron barrios para empleados, con departamentos agrupados en dos pisos, a la manera de Gran Bretaña. Existió, en su momento, una Comisión Nacional de Casas Baratas: se dedicaba a construir una gran casa colectiva a la que llamaban “mansión para obreros”. Para calmar sus aflicciones por la promiscuidad, algunos gobiernos conservadores inauguraron barrios obreros con casas construidas con préstamos a muy largo plazo.
¿Qué hacían con la basura? Para ello eligieron La Quema, al sur de la ciudad, detrás de Parque Patricios, ya en Pompeya, donde se procuraba “quemar” todo lo que se tiraba. Y quien también recibía los monumentales desechos eran las orillas y el mismo Riachuelo, cercano a La Quema. A esa parte de la Ciudad fueron a parar los sectores de población sin recursos, muchos de los cuales vivían de rescatar algún elemento de la basura para revender. Y allí se levantaron las primeras “villas miseria”, un término que quedó registrado por la literatura preocupada por los temas sociales. Una de las primeras fue el barrio Las Ranas.
Con la industrialización, que comienza a tomar vigor a fines del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX (ya en los tiempos de nuestros bisabuelos y abuelos) varias fábricas y los frigoríficos se radican al borde del Riachuelo. Toda la porquería, todos los químicos que usan, lo vertieron en esa cuenca hasta desgraciarla. Esa herencia quedó intacta a lo largo de todo el siglo pasado. No se hicieron grandes emprendimientos salvo, quizás, esas obras que impidieron la inundación mayor de La Boca.
Hoy por hoy. En todo el recorrido de la cuenca Matanza-Riachuelo falta agua de red, no hay suficientes desagües cloacales y todo se inunda. Las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país.
Es una pintura del drama social, cada día más creciente y a muy pocos kilómetros del centro mismo de la Capital Federal.
Un estudio de la Auditoría General de la Nación detalla que el Comité Ejecutor del Plan Ambiental que funcionó desde 1995 hasta la creación de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) subejecutó su presupuesto, no controló a las industrias contaminantes y no hizo cumplir un contrato de concesión con Aguas Argentinas S.A. que preveía la construcción del sistema cloacal de la cuenca.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, los ministerios de Salud y Desarrollo Urbano, el Instituto de la Vivienda y la Agencia de Protección Ambiental, registran “debilidades” en su tarea de sanear la cuenca. Destacan demoras en la ejecución de obras, falta de controles de contaminación con metales pesados y poco avance en la relocalización de los vecinos.
Otro trabajo muy reciente de la Auditoría General de la Nación señala a Acumar, la actual principal responsable, de no implementar el fondo de “compensación ambiental”, que estaba incluido en la misma ley que creó al organismo en 2006. Ese fondo apuntaba a la “protección de los derechos humanos y la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”.
Uno de los principales derechos humanos es el derecho a una vida digna.
Escándalo y agresiones verbales en Catamarca
Escándalo y agresiones verbales durante la visita de Pino Solanas
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: DERF
Provincia/Región: Catamarca
El arribo a Catamarca del cineasta Fernando "Pino" Solanas se tiñó ayer de escándalo, entrecruces y discusiones verbales. Un grupo de estudiantes universitarios, docentes, empleados de la Secretaría Minería y algún militante a favor de la extracción de los recursos naturales agredieron al diputado nacional del movimiento Proyecto Sur que llegó a Catamarca para apoyar a las organizaciones que rechazan la explotación del yacimiento Agua Rica.
Pasado el mediodía, Solanas arribó al hotel Ancasti en auto y fue recibido a huevazos por los grupos promineros que ya lo esperaban en la puerta. Los jóvenes que se identificaron como estudiantes de las carreras de ingeniería en Minas de la Universidad Nacional de Catamarca portaban pancartas con leyendas que expresaban: "Solanas miente", "Solanas, preocúpate por el Riachuelo".
Llamó la atención el despliegue de una bandera tricolor de más de dos metros que se identificaba como juventud del FCS y acompañaba al grupo que organizaba el escrache.
"Nuestra presencia es para repudiar la presencia de Pino Solanas ya que le hace mucho daño a la actividad minera. Es la única actividad productiva para el desarrollo de Catamarca. Viene a sembrar pánico en nuestra provincia", justificó el estudiante Javier Saracho para explicar el escrache que hasta ese momento era sólo en la vía pública.
El escándalo pasó a mayores cuando Solanas junto a dirigentes y militantes del movimiento Proyecto Sur pretendieron iniciar una conferencia de prensa y se vieron sorprendidos por la repentina aparición en la sala del hotel de los mismos militantes que lo habían recibido a huevazos.
Los activistas a favor de la minería reclamaban participar de la conferencia para rebatir los argumentos en contra de la explotación minera y porque entendían que era un evento abierto al público. Los partidarios que acompañaban al director de la película "Tierra Sublevada, Oro Impuro" les pidieron que se retiraran del lugar porque era una actividad que estaba prevista sólo para periodistas locales y para algunos invitados particulares. Pero los primeros insistían en quedarse para escuchar y a partir de allí la pasión fue incontrolable y hubo entrecruces verbales, forcejeos y debates a los gritos.
Mientras ocurrían los incidentes, Solanas intentaba dialogar con la prensa. "Lo que siempre ocurre es que siempre hay 15 ó 20 enviados por las empresas mineras para provocar, que vienen a tirar huevos, lo real es que en Andalgalá me esperan 3.000 ó 4.000 personas", dijo al ser consultado por la recepción que recibió. Lo que es un escándalo es la contaminación de las mineras, lo que es un escándalo es la pobreza que deja la gran minería", expresó.
El diputado nacional pretendía responder a la prensa pero militantes se ubicaron a su lado para mostrar ante las cámaras de televisión las pancartas que lo acusaban de mentiroso. El diálogo era imposible. Algunos estudiantes se animaron a increparlo y el cineasta los trató de "autoritarios y fascistas".
Entre tanta tensión, lo cierto es que faltó muy poco para algunas escenas de pugilato. Otra de las polémicas las protagonizó el ingeniero Héctor Nieva, quien tuvo varios entrecruces con docentes de la Universidad local.
Militantes de una y otra parte acusaron agresión en medio de acaloradas discusiones. Fue en ese momento que los dirigentes de Proyecto Sur solicitaron la intervención de la policía de la Provincia y comenzaron a "marcar" a cada uno para que los agentes los retiren del salón.
Cuando la calma retornó al lugar, el diputado nacional no pudo ocultar su mal humor por los incidentes y ya con menguada voluntad respondió a los interrogantes de la prensa local. Al finalizar, Solanas partió hacia Andalgalá y anoche acompañaba a una marcha en contra de la explotación de Agua Rica. Además, continuará con la difusión de su película en Andalgalá, Santa María y Quilmes.
Denuncias polémicas
El cineasta Fernando Pino Solanas participaba anoche de la marcha que se realizaba en Andalgalá en contra de la explotación del yacimiento de Agua Rica.
"Va a multiplicar el enorme daño ambiental contra la región", opinó.
Pero además confirmó que viajaba hasta la perla del Oeste porque una de las protagonistas de la película Oro Impuro, Laura Reales, una adolescente de 13 años, murió hace pocos días.
"Vivía a tres kilómetros de la mina y falleció por una extrañísima enfermedad, que no se pudo detectar pero que es producto de la contaminación de las aguas y del polvillo", dijo en lo que fue una de las denuncias que más polémica generó cuando todavía estaban presentes los militantes a favor de la minería.
"Sin lugar a dudas se trata de esas enfermedades por envenenamiento de las aguas", arriesgó Solanas.
"Ustedes lo saben y no pueden ocultar la verdad, ése es un escándalo. La Secretaría de Minería de Catamarca responden a las mineras, los informes de impacto ambiental lo hacen las mineras", acusó y salió al cruce de los manifestantes que lo criticaban por no haberse ocupado de la contaminación del Riachuelo.
"Participé de todas las interpelaciones a María Julia Alsogaray, pero además una cosa no tiene que ver con la otra", se defendió.
"Hay una Catamarca ligada a las mineras y hay otra Catamarca que no cree en las promesas de la megaminería", dijo y aclaró que Proyecto Sur no se opone a la explotación minera sino a la megaexplotación que realiza voladuras y utiliza sustancias tóxicas como cianuro. Apuntó que en el país hoy son siete las provincias cuyas legislaturas, por unanimidad, se pronunciaron en contra de la explotación a cielo abierto. "Que sectores de la población no estén informados es lamentable", dijo.
Activistas mineros dicen que querían debatir
Los estudiantes y docentes que participaron del escrache a Solanas justificaron el escándalo al señalar que pretendían ingresar y participar de la conferencia para lograr rebatir la postura de aquéllos que declaman contra la actividad minera.
"Lo que ocurrió fue una reacción natural de todos porque lo único que queremos es defender la actividad. Es un personaje que viene a opinar sin ningún tipo de fundamento técnico", explicó el docente Gerardo Fuentes, uno de los que protagonizó el cruce verbal con el ingeniero Héctor Nieva .
"Teníamos entendido que era una conferencia abierta. Estábamos esperando la charla y queríamos escuchar la postura", justificó Fuentes . "Sostenemos que la actividad minera puede concretarse sin ningún tipo de daño", agregó.
Por otra parte, el estudiante Javier Saracho denunció que uno de los jóvenes que estaba en el grupo fue agredido por los militantes que acompañaban al legislador nacional. Aunque hubo forcejeos y discusiones verbales, los incidentes no pasaron a mayores y no se registraron ni heridos ni agresiones físicas.
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: DERF
Provincia/Región: Catamarca
El arribo a Catamarca del cineasta Fernando "Pino" Solanas se tiñó ayer de escándalo, entrecruces y discusiones verbales. Un grupo de estudiantes universitarios, docentes, empleados de la Secretaría Minería y algún militante a favor de la extracción de los recursos naturales agredieron al diputado nacional del movimiento Proyecto Sur que llegó a Catamarca para apoyar a las organizaciones que rechazan la explotación del yacimiento Agua Rica.
Pasado el mediodía, Solanas arribó al hotel Ancasti en auto y fue recibido a huevazos por los grupos promineros que ya lo esperaban en la puerta. Los jóvenes que se identificaron como estudiantes de las carreras de ingeniería en Minas de la Universidad Nacional de Catamarca portaban pancartas con leyendas que expresaban: "Solanas miente", "Solanas, preocúpate por el Riachuelo".
Llamó la atención el despliegue de una bandera tricolor de más de dos metros que se identificaba como juventud del FCS y acompañaba al grupo que organizaba el escrache.
"Nuestra presencia es para repudiar la presencia de Pino Solanas ya que le hace mucho daño a la actividad minera. Es la única actividad productiva para el desarrollo de Catamarca. Viene a sembrar pánico en nuestra provincia", justificó el estudiante Javier Saracho para explicar el escrache que hasta ese momento era sólo en la vía pública.
El escándalo pasó a mayores cuando Solanas junto a dirigentes y militantes del movimiento Proyecto Sur pretendieron iniciar una conferencia de prensa y se vieron sorprendidos por la repentina aparición en la sala del hotel de los mismos militantes que lo habían recibido a huevazos.
Los activistas a favor de la minería reclamaban participar de la conferencia para rebatir los argumentos en contra de la explotación minera y porque entendían que era un evento abierto al público. Los partidarios que acompañaban al director de la película "Tierra Sublevada, Oro Impuro" les pidieron que se retiraran del lugar porque era una actividad que estaba prevista sólo para periodistas locales y para algunos invitados particulares. Pero los primeros insistían en quedarse para escuchar y a partir de allí la pasión fue incontrolable y hubo entrecruces verbales, forcejeos y debates a los gritos.
Mientras ocurrían los incidentes, Solanas intentaba dialogar con la prensa. "Lo que siempre ocurre es que siempre hay 15 ó 20 enviados por las empresas mineras para provocar, que vienen a tirar huevos, lo real es que en Andalgalá me esperan 3.000 ó 4.000 personas", dijo al ser consultado por la recepción que recibió. Lo que es un escándalo es la contaminación de las mineras, lo que es un escándalo es la pobreza que deja la gran minería", expresó.
El diputado nacional pretendía responder a la prensa pero militantes se ubicaron a su lado para mostrar ante las cámaras de televisión las pancartas que lo acusaban de mentiroso. El diálogo era imposible. Algunos estudiantes se animaron a increparlo y el cineasta los trató de "autoritarios y fascistas".
Entre tanta tensión, lo cierto es que faltó muy poco para algunas escenas de pugilato. Otra de las polémicas las protagonizó el ingeniero Héctor Nieva, quien tuvo varios entrecruces con docentes de la Universidad local.
Militantes de una y otra parte acusaron agresión en medio de acaloradas discusiones. Fue en ese momento que los dirigentes de Proyecto Sur solicitaron la intervención de la policía de la Provincia y comenzaron a "marcar" a cada uno para que los agentes los retiren del salón.
Cuando la calma retornó al lugar, el diputado nacional no pudo ocultar su mal humor por los incidentes y ya con menguada voluntad respondió a los interrogantes de la prensa local. Al finalizar, Solanas partió hacia Andalgalá y anoche acompañaba a una marcha en contra de la explotación de Agua Rica. Además, continuará con la difusión de su película en Andalgalá, Santa María y Quilmes.
Denuncias polémicas
El cineasta Fernando Pino Solanas participaba anoche de la marcha que se realizaba en Andalgalá en contra de la explotación del yacimiento de Agua Rica.
"Va a multiplicar el enorme daño ambiental contra la región", opinó.
Pero además confirmó que viajaba hasta la perla del Oeste porque una de las protagonistas de la película Oro Impuro, Laura Reales, una adolescente de 13 años, murió hace pocos días.
"Vivía a tres kilómetros de la mina y falleció por una extrañísima enfermedad, que no se pudo detectar pero que es producto de la contaminación de las aguas y del polvillo", dijo en lo que fue una de las denuncias que más polémica generó cuando todavía estaban presentes los militantes a favor de la minería.
"Sin lugar a dudas se trata de esas enfermedades por envenenamiento de las aguas", arriesgó Solanas.
"Ustedes lo saben y no pueden ocultar la verdad, ése es un escándalo. La Secretaría de Minería de Catamarca responden a las mineras, los informes de impacto ambiental lo hacen las mineras", acusó y salió al cruce de los manifestantes que lo criticaban por no haberse ocupado de la contaminación del Riachuelo.
"Participé de todas las interpelaciones a María Julia Alsogaray, pero además una cosa no tiene que ver con la otra", se defendió.
"Hay una Catamarca ligada a las mineras y hay otra Catamarca que no cree en las promesas de la megaminería", dijo y aclaró que Proyecto Sur no se opone a la explotación minera sino a la megaexplotación que realiza voladuras y utiliza sustancias tóxicas como cianuro. Apuntó que en el país hoy son siete las provincias cuyas legislaturas, por unanimidad, se pronunciaron en contra de la explotación a cielo abierto. "Que sectores de la población no estén informados es lamentable", dijo.
Activistas mineros dicen que querían debatir
Los estudiantes y docentes que participaron del escrache a Solanas justificaron el escándalo al señalar que pretendían ingresar y participar de la conferencia para lograr rebatir la postura de aquéllos que declaman contra la actividad minera.
"Lo que ocurrió fue una reacción natural de todos porque lo único que queremos es defender la actividad. Es un personaje que viene a opinar sin ningún tipo de fundamento técnico", explicó el docente Gerardo Fuentes, uno de los que protagonizó el cruce verbal con el ingeniero Héctor Nieva .
"Teníamos entendido que era una conferencia abierta. Estábamos esperando la charla y queríamos escuchar la postura", justificó Fuentes . "Sostenemos que la actividad minera puede concretarse sin ningún tipo de daño", agregó.
Por otra parte, el estudiante Javier Saracho denunció que uno de los jóvenes que estaba en el grupo fue agredido por los militantes que acompañaban al legislador nacional. Aunque hubo forcejeos y discusiones verbales, los incidentes no pasaron a mayores y no se registraron ni heridos ni agresiones físicas.
Comisión de impacto ambiental de las arroceras
El gobierno conformará una comisión de impacto ambiental con organizaciones civiles
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: Adventus
Provincia/Región: Chaco
Estará integrada por los Ministerios de Salud y Producción, la APA, Sameep y organizaciones ambientalistas. Tendrá a su cargo ampliar el estudio de impacto de las arroceras “San Carlos SRL” y “Cancha Larga SA” sobre la población de Las Palmas y La Leonesa.
El gobierno provincial creará una comisión integrada por distintas áreas del Estado y organizaciones ambientalistas para ampliar los estudios de impacto ambiental de las arroceras ubicadas en el Departamento Bermejo. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich tras el encuentro que mantuvo esta mañana con representantes de las organizaciones Carta Abierta y Red de Salud Popular “Miguel Carrillo”.
En la oportunidad, el primer mandatario provincial garantizó además el cumplimiento riguroso de la Ley de Biocidas que regula la actividad, con el objetivo de evitar la contaminación del medio ambiente. A la par, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información necesaria para llevar a buen puerto la causa federal iniciada al respecto.
Por su parte, Edgardo Pérez de la Comisión Salud y Ambiente “Carta Abierta”, calificó “muy positivo” el encuentro, a la vez que consideró que “el gobierno del Chaco se puso al frente de los reclamos de La Leonesa y Las Palmas para revertir este proceso que tanto daño ocasiona a la población”.
Participaron del encuentro también el ministro de Producción, Enrique Orban; la doctora Ana Lía Otaño de la red “Miguel Carrillo” y “Carta Blanca”, y Hugo Deschuter de la comisión Salud y Ambiente de la organización “Carta Blanca”.
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: Adventus
Provincia/Región: Chaco
Estará integrada por los Ministerios de Salud y Producción, la APA, Sameep y organizaciones ambientalistas. Tendrá a su cargo ampliar el estudio de impacto de las arroceras “San Carlos SRL” y “Cancha Larga SA” sobre la población de Las Palmas y La Leonesa.
El gobierno provincial creará una comisión integrada por distintas áreas del Estado y organizaciones ambientalistas para ampliar los estudios de impacto ambiental de las arroceras ubicadas en el Departamento Bermejo. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich tras el encuentro que mantuvo esta mañana con representantes de las organizaciones Carta Abierta y Red de Salud Popular “Miguel Carrillo”.
En la oportunidad, el primer mandatario provincial garantizó además el cumplimiento riguroso de la Ley de Biocidas que regula la actividad, con el objetivo de evitar la contaminación del medio ambiente. A la par, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información necesaria para llevar a buen puerto la causa federal iniciada al respecto.
Por su parte, Edgardo Pérez de la Comisión Salud y Ambiente “Carta Abierta”, calificó “muy positivo” el encuentro, a la vez que consideró que “el gobierno del Chaco se puso al frente de los reclamos de La Leonesa y Las Palmas para revertir este proceso que tanto daño ocasiona a la población”.
Participaron del encuentro también el ministro de Producción, Enrique Orban; la doctora Ana Lía Otaño de la red “Miguel Carrillo” y “Carta Blanca”, y Hugo Deschuter de la comisión Salud y Ambiente de la organización “Carta Blanca”.
Biodiésel a partir de las microalgas
Buscan desarrollar biodiésel a partir de las microalgas
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las doctoras Simonetta Pancaldi y Laura Pantaleoni, de la Universidad de Ferrara, Italia, visitaron ayer el Laboratorio de Microalgas de la Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew, de la UNPSJB, en el marco del proyecto de investigación ítalo-argentino «Desarrollo de metodologías para el empleo de microalgas como fuente renovable de biocombustible».
El proyecto conjunto apunta a desarrollar combustible biodiésel a partir de las microalgas.
Pancaldi es la coordinadora de este proyecto, del que participan las universidades italianas de Ferrara, Pavia y Padova y las nacionales de Buenos Aires, del Sur y de la Patagonia San Juan Bosco. Su visita representa el primer encuentro con los diferentes grupos de trabajo para aunar criterios y articular acciones.
En representación del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del Chubut, Lic. Fernando Menchi, participó de la reunión la licenciada María Noelia Corvalán, para interiorizarse de esta iniciativa.
El Laboratorio de Microalgas trabaja en diferentes líneas de investigación: depuración de efluentes, bioensayos de toxicidad para evaluar el impacto de plaguicidas y herbicidas que se usan en el Valle Inferior del Río Chubut, en agricultura como biofertilizante y en alimentación como un alimento funcional y en la obtención de biocombustibles. Se trabaja además en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, destinado al cultivo de microalgas en efluentes y su caracterización como potenciales productoras de aceites para la obtención de biodiésel.
Dirige el Laboratorio de Microalgas la Profesora Isabel Albarracín, y el equipo de trabajo está conformado por la Licenciada en Química Marcela Cravero, la Ingeniera Química Ruth Salomón, la Bioquímica Gabriela Pío, la Técnica en Saneamiento Ambiental Rosa Quintero, los alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales Ariel Parra y Daniela García y la alumna pasante Daiana Obholz
Las microalgas son organismos microscópicos de una alta potencialidad biotecnológica con la ventaja de que pueden crecer y reproducirse incluso en ambientes salinos o en aguas residuales no aptas para riego u otros usos. Por esto no compiten con la agricultura tradicional, además de no requerir pesticidas y herbicidas.
Respecto de la producción de biodiésel de origen vegetal como alternativa a los costosos y contaminantes combustibles fósiles las microalgas producen más de 25 veces la cantidad de aceite comparadas con las mejores fuentes productoras terrestres, como soja, colza, maíz y otras.
El proyecto ítalo-argentino plantea como objetivos mantener cepas de microalgas en condiciones controladas de luz, temperatura y nutrientes, evaluar el potencial oleico de las cepas y desarrollar una metodología de producción en planta piloto.
El grupo local aportará dos tareas específicas: el aislamiento e identificación de las cepas locales más adecuadas y la optimización de las condiciones de crecimiento de las especies seleccionadas.
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las doctoras Simonetta Pancaldi y Laura Pantaleoni, de la Universidad de Ferrara, Italia, visitaron ayer el Laboratorio de Microalgas de la Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew, de la UNPSJB, en el marco del proyecto de investigación ítalo-argentino «Desarrollo de metodologías para el empleo de microalgas como fuente renovable de biocombustible».
El proyecto conjunto apunta a desarrollar combustible biodiésel a partir de las microalgas.
Pancaldi es la coordinadora de este proyecto, del que participan las universidades italianas de Ferrara, Pavia y Padova y las nacionales de Buenos Aires, del Sur y de la Patagonia San Juan Bosco. Su visita representa el primer encuentro con los diferentes grupos de trabajo para aunar criterios y articular acciones.
En representación del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del Chubut, Lic. Fernando Menchi, participó de la reunión la licenciada María Noelia Corvalán, para interiorizarse de esta iniciativa.
El Laboratorio de Microalgas trabaja en diferentes líneas de investigación: depuración de efluentes, bioensayos de toxicidad para evaluar el impacto de plaguicidas y herbicidas que se usan en el Valle Inferior del Río Chubut, en agricultura como biofertilizante y en alimentación como un alimento funcional y en la obtención de biocombustibles. Se trabaja además en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, destinado al cultivo de microalgas en efluentes y su caracterización como potenciales productoras de aceites para la obtención de biodiésel.
Dirige el Laboratorio de Microalgas la Profesora Isabel Albarracín, y el equipo de trabajo está conformado por la Licenciada en Química Marcela Cravero, la Ingeniera Química Ruth Salomón, la Bioquímica Gabriela Pío, la Técnica en Saneamiento Ambiental Rosa Quintero, los alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales Ariel Parra y Daniela García y la alumna pasante Daiana Obholz
Las microalgas son organismos microscópicos de una alta potencialidad biotecnológica con la ventaja de que pueden crecer y reproducirse incluso en ambientes salinos o en aguas residuales no aptas para riego u otros usos. Por esto no compiten con la agricultura tradicional, además de no requerir pesticidas y herbicidas.
Respecto de la producción de biodiésel de origen vegetal como alternativa a los costosos y contaminantes combustibles fósiles las microalgas producen más de 25 veces la cantidad de aceite comparadas con las mejores fuentes productoras terrestres, como soja, colza, maíz y otras.
El proyecto ítalo-argentino plantea como objetivos mantener cepas de microalgas en condiciones controladas de luz, temperatura y nutrientes, evaluar el potencial oleico de las cepas y desarrollar una metodología de producción en planta piloto.
El grupo local aportará dos tareas específicas: el aislamiento e identificación de las cepas locales más adecuadas y la optimización de las condiciones de crecimiento de las especies seleccionadas.
Abogados ambientalistas cuestionan a la Barrick
Abogados ambientalistas cuestionan a la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: Publimetro
Provincia/Región: San Juan
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, cuestionó a través del diario Crítica y en una nota titulada "Un tercer país" , la presencia canadiense, incluida una bandera, en un acto chileno argentino en la cordillera.
"Resulta necesario generar conciencia del daño ambiental, económico y social que está causando la minería. Prueba de ello es lo ocurrido en el cruce de los Andes, donde el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, llevó las banderas de la Argentina, Chile y... Canadá: una descarada confesión sobre la subordinación a la canadiense Barrick Gold, dueña de los emprendimientos Veladero y Pascua-Lama, que se desarrollan en la provincia. Triste parodia de la época colonial, el cruce contó con el embajador canadiense Timothy Joseph Martin, casi un virrey controlando sus territorios" .
"Pero el panorama no es nuevo, atento a las relaciones que existen entre funcionarios nacionales y esta empresa que llegó a financiar eventos de la fórmula Cristina-Cobos" , acusó el jurista, y continuó "Pascua-Lama será un paraíso fiscal, gracias al Tratado sobre Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno, un símbolo de entrega de soberanía a las multinacionales" .
"El tratado permite a las mineras la explotación sin restricciones, otorgando facilitaciones fronterizas inéditas" , denunció el jurista, y remató lamentando que "se plantó una tercera bandera en la cordillera y se lo ha hecho, paradójicamente, emulando la gesta libertadora".
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: Publimetro
Provincia/Región: San Juan
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, cuestionó a través del diario Crítica y en una nota titulada "Un tercer país" , la presencia canadiense, incluida una bandera, en un acto chileno argentino en la cordillera.
"Resulta necesario generar conciencia del daño ambiental, económico y social que está causando la minería. Prueba de ello es lo ocurrido en el cruce de los Andes, donde el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, llevó las banderas de la Argentina, Chile y... Canadá: una descarada confesión sobre la subordinación a la canadiense Barrick Gold, dueña de los emprendimientos Veladero y Pascua-Lama, que se desarrollan en la provincia. Triste parodia de la época colonial, el cruce contó con el embajador canadiense Timothy Joseph Martin, casi un virrey controlando sus territorios" .
"Pero el panorama no es nuevo, atento a las relaciones que existen entre funcionarios nacionales y esta empresa que llegó a financiar eventos de la fórmula Cristina-Cobos" , acusó el jurista, y continuó "Pascua-Lama será un paraíso fiscal, gracias al Tratado sobre Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno, un símbolo de entrega de soberanía a las multinacionales" .
"El tratado permite a las mineras la explotación sin restricciones, otorgando facilitaciones fronterizas inéditas" , denunció el jurista, y remató lamentando que "se plantó una tercera bandera en la cordillera y se lo ha hecho, paradójicamente, emulando la gesta libertadora".
Riachuelo: Crítico informe por la falta de acciones
Crítico informe sobre la falta de acciones para sanear el Riachuelo
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Defensor del Pueblo y distintas ONG indicaron que persisten los "basurales a cielo abierto" y que hay "falta de inspecciones a industrias y coordinación" entre Nación, la Provincia y la Ciudad a 17 meses del fallo de la Corte que ordenara su saneamiento
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A un año y cinco meses de la sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia que ordenó la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo de Anselmo Sella, emitió un pormenorizado y crítico informe en el cual se analizan cada una de las órdenes dictadas por el máximo tribunal, muchas de las cuales no se han llevado a cabo.
En el documento se destacan leves avances en la ejecución de los programas, pero numerosos déficits, falta de cumplimiento y coordinación que "se espera sean subsanados durante 2010 por la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR)".
Se puede destacar, entre otros aspectos, que "no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial”. El texto del Defensor también denuncia que "se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental".
El informe propone con relación a las autoridades involucradas “a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y añade que “es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente”, asegura entre otros puntos dicho Informe.
El Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos.
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Defensor del Pueblo y distintas ONG indicaron que persisten los "basurales a cielo abierto" y que hay "falta de inspecciones a industrias y coordinación" entre Nación, la Provincia y la Ciudad a 17 meses del fallo de la Corte que ordenara su saneamiento
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A un año y cinco meses de la sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia que ordenó la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo de Anselmo Sella, emitió un pormenorizado y crítico informe en el cual se analizan cada una de las órdenes dictadas por el máximo tribunal, muchas de las cuales no se han llevado a cabo.
En el documento se destacan leves avances en la ejecución de los programas, pero numerosos déficits, falta de cumplimiento y coordinación que "se espera sean subsanados durante 2010 por la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR)".
Se puede destacar, entre otros aspectos, que "no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial”. El texto del Defensor también denuncia que "se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental".
El informe propone con relación a las autoridades involucradas “a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y añade que “es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente”, asegura entre otros puntos dicho Informe.
El Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos.
Piden informes sobre desmontes en Río Negro
Piccinini pidió informes sobre desmontes y deforestación
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: AN Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Diferentes organismos deberán responder ante el pedido de informes elevado por la Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini. Entre ellos, los Ministerios de Familia y de Producción, el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubí del INTA.
A raíz de los efectos que las tormentas de viento y tierra producen en la Comarca Viedma – Patagones, atribuidos entre otros a los desmontes producidos en la región y ante el pedido de intervención sobre dicho tema, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, remitió pedidos de informes a los Ministerios de Familia y de Producción de Río Negro. También lo elevó al Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, a las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubi del INTA.
La Defensoría le solicitó al Ministerio de Familia que se le informe respecto a “la operatividad y funcionamiento del Plan Calor, que incluye datos sobre las compras de leña y tipo de madera, desde el comienzo del plan, como así también la nómina de proveedores con precisión de las zonas de procedencia de la leña”, destacó en una gacetilla de prensa. Mientras que al Ministerio de Producción, pidió sobre si “existe en el ámbito de esa cartera, organismo o dependencia encargada de vigilar y controlar la tala, desmonte y desforestación de campos en el Departamento de Adolfo Alsina, qué procedimiento debe realizar la persona que pretende efectuar el desmonte, lista de propietarios de campos desmontados, si existen mecanismos de sanción a quienes realicen desmontes no autorizados, si quienes procedieron al desmonte presentaron proyectos productivos que motivaron el mismo, medidas adoptadas por ese Ministerio para remediar la situación y si tiene conocimiento de la existencia de otros organismos nacionales, internacionales, Organizaciones No Gubernamentales que estén abocados a la problemática en cuestión”.
A los responsables del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, Piccinini requirió los informes elaborados por la Casa de Altos Estudios respecto de “la problemática surgida de la conjunción del desmonte y la sequía en zonas de secano del Partido de Patagones, datos sobre las hectáreas desforestadas en ese mismo distrito desde el 2003 a la fecha, destino que tiene el desmonte y en que zona se comercializa, si tiene conocimiento si en la Provincia de Buenos Aires y en el Partido de Patagones existe legislación que regule o controle los desmontes en campos de secano”.
Además, pidió “las recomendaciones o posibles soluciones de la Casa de Altos Estudios para revertir el proceso de erosión de las tierras desmontadas y cuales serían las soluciones de fondo para disminuir o eliminar los incentivos de desmonte”, aseguraron.
Las autoridades de las Estaciones Experimentales del INTA del Valle Inferior e Hilario Ascasubi, deberán presentar –en el primero de los casos- “copia de los informes elaborados por el Organismo respecto de la problemática surgida por la conjunción del desmonte y la sequía en zonas del Departamento de Adolfo Alsina y a la de Hilario Ascasubi en relación a lo vinculado con el Partido de Patagones”. En ambos casos solicitó datos sobre las hectáreas desforestados y desmontadas desde el 2003 a la fecha, entre otros datos.
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: AN Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Diferentes organismos deberán responder ante el pedido de informes elevado por la Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini. Entre ellos, los Ministerios de Familia y de Producción, el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubí del INTA.
A raíz de los efectos que las tormentas de viento y tierra producen en la Comarca Viedma – Patagones, atribuidos entre otros a los desmontes producidos en la región y ante el pedido de intervención sobre dicho tema, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, remitió pedidos de informes a los Ministerios de Familia y de Producción de Río Negro. También lo elevó al Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, a las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubi del INTA.
La Defensoría le solicitó al Ministerio de Familia que se le informe respecto a “la operatividad y funcionamiento del Plan Calor, que incluye datos sobre las compras de leña y tipo de madera, desde el comienzo del plan, como así también la nómina de proveedores con precisión de las zonas de procedencia de la leña”, destacó en una gacetilla de prensa. Mientras que al Ministerio de Producción, pidió sobre si “existe en el ámbito de esa cartera, organismo o dependencia encargada de vigilar y controlar la tala, desmonte y desforestación de campos en el Departamento de Adolfo Alsina, qué procedimiento debe realizar la persona que pretende efectuar el desmonte, lista de propietarios de campos desmontados, si existen mecanismos de sanción a quienes realicen desmontes no autorizados, si quienes procedieron al desmonte presentaron proyectos productivos que motivaron el mismo, medidas adoptadas por ese Ministerio para remediar la situación y si tiene conocimiento de la existencia de otros organismos nacionales, internacionales, Organizaciones No Gubernamentales que estén abocados a la problemática en cuestión”.
A los responsables del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, Piccinini requirió los informes elaborados por la Casa de Altos Estudios respecto de “la problemática surgida de la conjunción del desmonte y la sequía en zonas de secano del Partido de Patagones, datos sobre las hectáreas desforestadas en ese mismo distrito desde el 2003 a la fecha, destino que tiene el desmonte y en que zona se comercializa, si tiene conocimiento si en la Provincia de Buenos Aires y en el Partido de Patagones existe legislación que regule o controle los desmontes en campos de secano”.
Además, pidió “las recomendaciones o posibles soluciones de la Casa de Altos Estudios para revertir el proceso de erosión de las tierras desmontadas y cuales serían las soluciones de fondo para disminuir o eliminar los incentivos de desmonte”, aseguraron.
Las autoridades de las Estaciones Experimentales del INTA del Valle Inferior e Hilario Ascasubi, deberán presentar –en el primero de los casos- “copia de los informes elaborados por el Organismo respecto de la problemática surgida por la conjunción del desmonte y la sequía en zonas del Departamento de Adolfo Alsina y a la de Hilario Ascasubi en relación a lo vinculado con el Partido de Patagones”. En ambos casos solicitó datos sobre las hectáreas desforestados y desmontadas desde el 2003 a la fecha, entre otros datos.
Lastran agua del Paraná y la subastan por Internet
Buques lastran agua del Paraná y la subastan a granel por Internet
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: Movimiento Social Misiones
Provincia/Región: Nacional
Desmedido y paradójico, así es como empresas internacionales venden el agua de los ríos argentinos a Medio Oriente y África. El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI.
Argentina dispone de 22.000 metros cúbicos por habitante al año, lo cual es mucho, pero mal distribuida: dos tercios de su territorio es árido o semiárido. En este escenario, la empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, ofrece por internet agua dulce de los ríos de la llanura argentina, entre los que se encuentra el Paraná.
Así se observa en el sitio www.makhena.com, en un negocio redondísimo: "Agua dulce a granel. Comercialización de agua dulce de río. Características: Agua dulce, cruda, sin tratamiento. Origen: Ríos de llanura. Cantidades: entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío. Usos: Potabilización y consumo, riego, etc. Transporte: Buques Tanque", se observa en el sitio.
"El agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso", argumentan para vender este recurso a precios altísimos.
En concreto: se llevan el agua del litoral del país en el lastre de los barcos. Cualquier buque, para poder navegar, tiene que estar lastrado, con cierto peso para mantenerlo equilibrado. Para que pueda navegar sin zozobras, debe cargar cierto volumen en sus bodegas, así, descargan la mercadería en puerto argentino y cargan agua dulce (también en puerto argentino) “para la vuelta”, y la venden en los mercados del Medio Oriente, África y Europa donde luego la potabilizan. La cargan en el Paraná porque el agua está menos contaminada que en el Río de la Plata.
Hasta ahora no hay ninguna ley que regule el “tráfico clandestino de agua dulce”, lo hacen impunemente a la vista de todo el mundo y en las propias narices de la prefectura naval argentina, que sabe lo que hacen pero que no tienen los instrumentos jurídicos para poder actuar.
Mientras tanto, por los ríos del Delta del Paraná los vemos navegar todos los días, llevándose nuestros recursos naturales en sus bodegas gratuitamente.
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: Movimiento Social Misiones
Provincia/Región: Nacional
Desmedido y paradójico, así es como empresas internacionales venden el agua de los ríos argentinos a Medio Oriente y África. El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI.
Argentina dispone de 22.000 metros cúbicos por habitante al año, lo cual es mucho, pero mal distribuida: dos tercios de su territorio es árido o semiárido. En este escenario, la empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, ofrece por internet agua dulce de los ríos de la llanura argentina, entre los que se encuentra el Paraná.
Así se observa en el sitio www.makhena.com, en un negocio redondísimo: "Agua dulce a granel. Comercialización de agua dulce de río. Características: Agua dulce, cruda, sin tratamiento. Origen: Ríos de llanura. Cantidades: entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío. Usos: Potabilización y consumo, riego, etc. Transporte: Buques Tanque", se observa en el sitio.
"El agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso", argumentan para vender este recurso a precios altísimos.
En concreto: se llevan el agua del litoral del país en el lastre de los barcos. Cualquier buque, para poder navegar, tiene que estar lastrado, con cierto peso para mantenerlo equilibrado. Para que pueda navegar sin zozobras, debe cargar cierto volumen en sus bodegas, así, descargan la mercadería en puerto argentino y cargan agua dulce (también en puerto argentino) “para la vuelta”, y la venden en los mercados del Medio Oriente, África y Europa donde luego la potabilizan. La cargan en el Paraná porque el agua está menos contaminada que en el Río de la Plata.
Hasta ahora no hay ninguna ley que regule el “tráfico clandestino de agua dulce”, lo hacen impunemente a la vista de todo el mundo y en las propias narices de la prefectura naval argentina, que sabe lo que hacen pero que no tienen los instrumentos jurídicos para poder actuar.
Mientras tanto, por los ríos del Delta del Paraná los vemos navegar todos los días, llevándose nuestros recursos naturales en sus bodegas gratuitamente.
Petróleo en el acuífero Guaraní ... para problemas
La exploración petrolera en la provincia se sellará hoy con YPF
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo de la compañía. El acuerdo se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris.
El gobernador Sergio Urribarri firmará hoy con el vicepresidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) un acuerdo para el estudio de potenciales proyectos exploratorios de hidrocarburos.
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014 que lanzó la compañía en Diciembre de 2009.
“Si le sumamos industria y regalías petroleras a nuestra capacidad especializada para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano, porque justamente el desafío es que todo eso desarrolle un círculo virtuoso que impacte positivamente en las personas y en las familias”, dijo el mandatario.
El gobernador recibió ayer a Edgardo Moreyra y Gustavo Rivolier. miembros de la organización ecológica de Gualeguaychú Fundavida. Del encuentro participó el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo,
El acuerdo, denominado “Acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos”, se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris y será el primero en el marco del programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014, mediante el cual YPF proyecta hacer inversiones para explorar los 163 bloques que ya fueron asignados a otras compañías o consorcios donde la compañía no tenga actualmente participación.
“La industria petrolera debió adaptarse a nuevos estándares ambientales en todo el mundo, así que descartamos eventualmente cualquier tipo de problemas al respecto y hay decenas de ejemplos en el mundo donde zonas de producción primaria conviven perfectamente con desarrollos petroleros”, dijo el mandatario.
Además, Urribarri mencionó que desde diciembre rige en la provincia el decreto de reglamentación de los estudios de impacto ambiental “como un instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio entrerriano. Se trata de un instrumento de carácter preventivo tendiente a evitar problemas ambientales”. Y agregó: “Es una herramienta esencial de ordenamiento territorial y, por lo tanto, de planificación estratégica en lo referido a la localización de actividades y emprendimientos en el ámbito físico del territorio provincial”.
“Para el gobierno entrerriano es primordial la preservación, mantenimiento, mejoramiento y recuperación de los recursos naturales y el ambiente humano, para lograr y mantener una óptima calidad de vida”, aseguró el gobernador.
Los compromisos que se asumen el en convenio se desprende que la provincia avanza en la exploración y el reconocimiento superficial a través de técnicas geofísicas como la sísmica de reflexión, la audiomagentoteluria y otras; que como es sabido no son intrusivas, ni invasivas, ni contaminantes, minimizan los riesgos ambientales y son las mismas que fueron utilizadas en el estudio del Acuífero Guaraní, explicó el director de Minería, Jorge Tomas.
Fernando Raffo, se refirió a la reciente promulgación del decreto 7947 que “regula la presentación de estudios de impacto ambiental; normativa que no existía anteriormente y que solo busca regularizar la situación, ya que Hidráulica, Energía o Minería ya lo tenían incorporado y con esta norma lo que se hace es que todas las reparticiones tengan que hacerlo”.
El funcionario explicó que “cualquier emprendimiento pasará pasar por un mecanismo de estudio y evaluación de impacto ambiental”.
El antecedente
La única exploración de un pozo en la provincia se ejecutó en El Pueblito, paraje próximo a la ciudad de Nogoyá. Las tareas se practicaron en un pozo que alcanzó los 2.088 metros y en el cual, de acuerdo a los informes de la empresa YPF, no se hallaron hidrocarburos líquidos ni gaseosos.
De aquella experiencia en el pozo de Nogoyá, existen algunos indicios de que sedimentos encontrados allí podrían considerarse roca madre, que es la roca generadora de hidrocarburo. Otra de las condiciones para la existencia del petróleo es la cuenca, que en nuestro caso es el Chaco paranaense.
El acuífero Guaraní en riesgo por la búsqueda de petróleo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ecologistas denuncian que se podría producir un grave daño al medio ambiente y piden que el tema se someta a una consulta popular. El convenio entre la provincia y la empresa de capitales españoles se rubricará mañana.
YPF y el gobierno de Entre Ríos firmarán este martes un convenio para la exploración del subsuelo provincial en busca de petróleo. Pero ese anuncio, promocionado como un negocio que derivará en regalías para las arcas provinciales, será, en realidad, el punto de partida de un inesperado conflicto ecológico. Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de la Argentina.
El caso viene generando debate en los medios de comunicación locales, pero hasta ahora no había tenido repercusión nacional. Los ecologistas consultados por Crítica de la Argentina denuncian que el gobernador Sergio Urribarri operó el convenio con YPF sin plantear el tema en el Parlamento provincial y sin realizar una consulta popular acerca de los riesgos que implica el proyecto para los recursos naturales entrerrianos. “Urribarri no cuenta con la licencia social para hacer esto. Debería haber llamado a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Dice que actividades primarias como la ganadería y la agricultura pueden convivir con la extracción petrolera, pero es falso”, cuenta Guillermo Luciano, titular de la ONG Fundavida, organización que acaba de iniciar una campaña para difundir el caso. En un último comunicado remarcan: “El próximo martes se consumará la violación. Ante el silencio cómplice de muchos, y la preocupación de quienes pretendemos vivir en un mundo donde prime el respeto a la vida, de cumplirse lo anunciado, el gobernador Urribarri otorgará permiso a YPF para que atraviese el acuífero Guaraní buscando petróleo. Esta empresa es denunciada diariamente por la manifiesta irresponsabilidad con que actúa. Sólo nos queda esperar que la providencia nos proteja frente a tanto desatino”.
EL AGUA PURA. La provincia de Entre Ríos es como una balsa de 78.781 kilómetros cuadrados que flota sobre un enorme acuífero. Ese océano subterráneo, justamente, aflora por sus contornos, y también por su interior, en la forma de ríos, arroyos, humedales y bañados. Prácticamente toda la economía regional depende del agua: desde la agricultura y la ganadería hasta el turismo termal y la industria frigorífica. “De existir petróleo –explica el director de Fundavida– está debajo del acuífero. Se han hecho por lo menos quince perforaciones para el turismo termal, de casi mil metros cada una, y en ninguna se encontró petróleo. Pero hay una excavación de 1961 en la que sí se halló. Por lo tanto, está claro que el plan es atravesar esa reserva de agua pura”.
Según las autoridades provinciales, las áreas de exploración acordadas con Repsol-YPF se encuentran al norte de la ruta nacional 18 –que corta la provincia de este a oeste– en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Se trata de un territorio que concentra numerosas actividades productivas. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la región abarca seis zonas agroeconómicas homogéneas, en las que predominan la ganadería bovina y ovina, el 98% de la superficie citrícola provincial, el 43% de los cultivos forestales y extensas superficies sembradas de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz. “Perforar el acuífero –dice Luciano– sería afectar muchas de estas actividades, ya sea por el alto riesgo de la perforación en sí, por la emanación de gases o por cualquier desperfecto que desemboque en tragedias ambientales como la de Shell en Magdalena”.
Más cauto, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la ONG ambientalista M’biguá, analiza: “En Entre Ríos se hicieron varios pozos hace muchos años con resultados negativos. Pero por las proyecciones que hacen ahora, debajo del acuífero, al norte de la provincia, habría petróleo. Entiendo que en la primera etapa YPF no va a perforar, sino a detectar y entonces después sí haría el pozo. Pero antes de eso la empresa debería presentar una serie de medidas para disminuir los riesgos ambientales. Así lo exige la ley provincial de hidrocarburos”.
“De todos modos –concluye– toda exploración de este tipo es de alto riesgo. No nos oponemos, pero sí nos interesa que se cumplan todos los requisitos: sabemos que el costo ambiental vendría con la extracción”.
Según un informe del Observatorio Petrolero Sur (OPS), el convenio de exploración entre YPF y Entre Ríos se enmarca en el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014, que la compañía lanzó en diciembre. Dicho programa inaugura un proceso de selección de áreas para la exploración hidrocarburífera en casi todas las provincias del país.
En efecto, explican desde el OPS, “a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley 26.197/06, ambas durante la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación, actualizando sus legislaciones internas y otorgando exenciones impositivas para atraer el capital privado, convirtiéndose así en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales”.
CRUDO. El secretario de Medio Ambiente de Paraná, Fernando Raffo, es claro: “La secretaría todavía no evaluó el caso. Pero nuestra normativa ambiental incluye el tema de la participación ciudadana y antes de que se avance en cualquier rumbo, la gente deberá dar su opinión”.
Los ambientalistas opositores argumentan que YPF fue cuestionada por varios casos de impacto ambiental. Recuerdan el más reciente, ocurrido en el Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), donde trabajadores y empresarios de la pesca están exigiendo respuestas sobre la actividad de prospección y exploración offshore porque sostienen que desde que se llevaron adelante esas tareas en el lugar la vida marina fue aniquilada. “Los barcos vuelven vacíos porque no hay nada”, denunciaron en una carta de prensa.
Crítica de la Argentina se comunicó con la petrolera para conocer sus intenciones en el subsuelo entrerriano. A través de un vocero, la devolución fue breve: “El acuerdo que se va a firmar con la provincia de Entre Ríos sólo fija el inicio de estudios”.
En la misma línea el secretario de Energía del gobierno de Entre Ríos, el ingeniero Raúl Arroyo, dijo que está previsto que se realicen todos los estudios de impacto ambiental que sean necesarios. “Nuestra intención no es poner en peligro el acuífero. En este proceso, la perforación es lo último que se hace. Primero vienen una serie de trabajos superficiales para después sí llegar a la extracción. Si se hace todo bien, se hace todo con encamisado. O sea que uno puede atravesar las capas geológicas sin afectar al resto”, explicó el funcionario. Arroyo no ve polémica alguna, pero no descarta que el tema sea sometido a consulta popular. “Llegado el caso, está previsto”, concluyó.
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo de la compañía. El acuerdo se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris.
El gobernador Sergio Urribarri firmará hoy con el vicepresidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) un acuerdo para el estudio de potenciales proyectos exploratorios de hidrocarburos.
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014 que lanzó la compañía en Diciembre de 2009.
“Si le sumamos industria y regalías petroleras a nuestra capacidad especializada para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano, porque justamente el desafío es que todo eso desarrolle un círculo virtuoso que impacte positivamente en las personas y en las familias”, dijo el mandatario.
El gobernador recibió ayer a Edgardo Moreyra y Gustavo Rivolier. miembros de la organización ecológica de Gualeguaychú Fundavida. Del encuentro participó el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo,
El acuerdo, denominado “Acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos”, se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris y será el primero en el marco del programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014, mediante el cual YPF proyecta hacer inversiones para explorar los 163 bloques que ya fueron asignados a otras compañías o consorcios donde la compañía no tenga actualmente participación.
“La industria petrolera debió adaptarse a nuevos estándares ambientales en todo el mundo, así que descartamos eventualmente cualquier tipo de problemas al respecto y hay decenas de ejemplos en el mundo donde zonas de producción primaria conviven perfectamente con desarrollos petroleros”, dijo el mandatario.
Además, Urribarri mencionó que desde diciembre rige en la provincia el decreto de reglamentación de los estudios de impacto ambiental “como un instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio entrerriano. Se trata de un instrumento de carácter preventivo tendiente a evitar problemas ambientales”. Y agregó: “Es una herramienta esencial de ordenamiento territorial y, por lo tanto, de planificación estratégica en lo referido a la localización de actividades y emprendimientos en el ámbito físico del territorio provincial”.
“Para el gobierno entrerriano es primordial la preservación, mantenimiento, mejoramiento y recuperación de los recursos naturales y el ambiente humano, para lograr y mantener una óptima calidad de vida”, aseguró el gobernador.
Los compromisos que se asumen el en convenio se desprende que la provincia avanza en la exploración y el reconocimiento superficial a través de técnicas geofísicas como la sísmica de reflexión, la audiomagentoteluria y otras; que como es sabido no son intrusivas, ni invasivas, ni contaminantes, minimizan los riesgos ambientales y son las mismas que fueron utilizadas en el estudio del Acuífero Guaraní, explicó el director de Minería, Jorge Tomas.
Fernando Raffo, se refirió a la reciente promulgación del decreto 7947 que “regula la presentación de estudios de impacto ambiental; normativa que no existía anteriormente y que solo busca regularizar la situación, ya que Hidráulica, Energía o Minería ya lo tenían incorporado y con esta norma lo que se hace es que todas las reparticiones tengan que hacerlo”.
El funcionario explicó que “cualquier emprendimiento pasará pasar por un mecanismo de estudio y evaluación de impacto ambiental”.
El antecedente
La única exploración de un pozo en la provincia se ejecutó en El Pueblito, paraje próximo a la ciudad de Nogoyá. Las tareas se practicaron en un pozo que alcanzó los 2.088 metros y en el cual, de acuerdo a los informes de la empresa YPF, no se hallaron hidrocarburos líquidos ni gaseosos.
De aquella experiencia en el pozo de Nogoyá, existen algunos indicios de que sedimentos encontrados allí podrían considerarse roca madre, que es la roca generadora de hidrocarburo. Otra de las condiciones para la existencia del petróleo es la cuenca, que en nuestro caso es el Chaco paranaense.
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El acuífero Guaraní en riesgo por la búsqueda de petróleo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ecologistas denuncian que se podría producir un grave daño al medio ambiente y piden que el tema se someta a una consulta popular. El convenio entre la provincia y la empresa de capitales españoles se rubricará mañana.
YPF y el gobierno de Entre Ríos firmarán este martes un convenio para la exploración del subsuelo provincial en busca de petróleo. Pero ese anuncio, promocionado como un negocio que derivará en regalías para las arcas provinciales, será, en realidad, el punto de partida de un inesperado conflicto ecológico. Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de la Argentina.
El caso viene generando debate en los medios de comunicación locales, pero hasta ahora no había tenido repercusión nacional. Los ecologistas consultados por Crítica de la Argentina denuncian que el gobernador Sergio Urribarri operó el convenio con YPF sin plantear el tema en el Parlamento provincial y sin realizar una consulta popular acerca de los riesgos que implica el proyecto para los recursos naturales entrerrianos. “Urribarri no cuenta con la licencia social para hacer esto. Debería haber llamado a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Dice que actividades primarias como la ganadería y la agricultura pueden convivir con la extracción petrolera, pero es falso”, cuenta Guillermo Luciano, titular de la ONG Fundavida, organización que acaba de iniciar una campaña para difundir el caso. En un último comunicado remarcan: “El próximo martes se consumará la violación. Ante el silencio cómplice de muchos, y la preocupación de quienes pretendemos vivir en un mundo donde prime el respeto a la vida, de cumplirse lo anunciado, el gobernador Urribarri otorgará permiso a YPF para que atraviese el acuífero Guaraní buscando petróleo. Esta empresa es denunciada diariamente por la manifiesta irresponsabilidad con que actúa. Sólo nos queda esperar que la providencia nos proteja frente a tanto desatino”.
EL AGUA PURA. La provincia de Entre Ríos es como una balsa de 78.781 kilómetros cuadrados que flota sobre un enorme acuífero. Ese océano subterráneo, justamente, aflora por sus contornos, y también por su interior, en la forma de ríos, arroyos, humedales y bañados. Prácticamente toda la economía regional depende del agua: desde la agricultura y la ganadería hasta el turismo termal y la industria frigorífica. “De existir petróleo –explica el director de Fundavida– está debajo del acuífero. Se han hecho por lo menos quince perforaciones para el turismo termal, de casi mil metros cada una, y en ninguna se encontró petróleo. Pero hay una excavación de 1961 en la que sí se halló. Por lo tanto, está claro que el plan es atravesar esa reserva de agua pura”.
Según las autoridades provinciales, las áreas de exploración acordadas con Repsol-YPF se encuentran al norte de la ruta nacional 18 –que corta la provincia de este a oeste– en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Se trata de un territorio que concentra numerosas actividades productivas. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la región abarca seis zonas agroeconómicas homogéneas, en las que predominan la ganadería bovina y ovina, el 98% de la superficie citrícola provincial, el 43% de los cultivos forestales y extensas superficies sembradas de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz. “Perforar el acuífero –dice Luciano– sería afectar muchas de estas actividades, ya sea por el alto riesgo de la perforación en sí, por la emanación de gases o por cualquier desperfecto que desemboque en tragedias ambientales como la de Shell en Magdalena”.
Más cauto, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la ONG ambientalista M’biguá, analiza: “En Entre Ríos se hicieron varios pozos hace muchos años con resultados negativos. Pero por las proyecciones que hacen ahora, debajo del acuífero, al norte de la provincia, habría petróleo. Entiendo que en la primera etapa YPF no va a perforar, sino a detectar y entonces después sí haría el pozo. Pero antes de eso la empresa debería presentar una serie de medidas para disminuir los riesgos ambientales. Así lo exige la ley provincial de hidrocarburos”.
“De todos modos –concluye– toda exploración de este tipo es de alto riesgo. No nos oponemos, pero sí nos interesa que se cumplan todos los requisitos: sabemos que el costo ambiental vendría con la extracción”.
Según un informe del Observatorio Petrolero Sur (OPS), el convenio de exploración entre YPF y Entre Ríos se enmarca en el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014, que la compañía lanzó en diciembre. Dicho programa inaugura un proceso de selección de áreas para la exploración hidrocarburífera en casi todas las provincias del país.
En efecto, explican desde el OPS, “a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley 26.197/06, ambas durante la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación, actualizando sus legislaciones internas y otorgando exenciones impositivas para atraer el capital privado, convirtiéndose así en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales”.
CRUDO. El secretario de Medio Ambiente de Paraná, Fernando Raffo, es claro: “La secretaría todavía no evaluó el caso. Pero nuestra normativa ambiental incluye el tema de la participación ciudadana y antes de que se avance en cualquier rumbo, la gente deberá dar su opinión”.
Los ambientalistas opositores argumentan que YPF fue cuestionada por varios casos de impacto ambiental. Recuerdan el más reciente, ocurrido en el Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), donde trabajadores y empresarios de la pesca están exigiendo respuestas sobre la actividad de prospección y exploración offshore porque sostienen que desde que se llevaron adelante esas tareas en el lugar la vida marina fue aniquilada. “Los barcos vuelven vacíos porque no hay nada”, denunciaron en una carta de prensa.
Crítica de la Argentina se comunicó con la petrolera para conocer sus intenciones en el subsuelo entrerriano. A través de un vocero, la devolución fue breve: “El acuerdo que se va a firmar con la provincia de Entre Ríos sólo fija el inicio de estudios”.
En la misma línea el secretario de Energía del gobierno de Entre Ríos, el ingeniero Raúl Arroyo, dijo que está previsto que se realicen todos los estudios de impacto ambiental que sean necesarios. “Nuestra intención no es poner en peligro el acuífero. En este proceso, la perforación es lo último que se hace. Primero vienen una serie de trabajos superficiales para después sí llegar a la extracción. Si se hace todo bien, se hace todo con encamisado. O sea que uno puede atravesar las capas geológicas sin afectar al resto”, explicó el funcionario. Arroyo no ve polémica alguna, pero no descarta que el tema sea sometido a consulta popular. “Llegado el caso, está previsto”, concluyó.
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