Garabí: Insisten con convocar a un plebiscito
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Garabí: Insisten con la idea de convocar a un plebiscito para la construcción de la represa
Fecha de Publicación: 25/09/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
“No puede existir alternativa de uno o dos cierres sin consultar antes a la población”, afirmó el diputado Ricardo Biazzi.
El diputado provincial Ricardo Biazzi recorrió varios medios de comunicación de la zona Centro donde habló sobre la necesidad de llamar a una consulta popular sobre Garabí -según el proyecto que presentó hace un tiempo en la Legislatura Provincial-, acompañado por Vladimir Pérez y Miriam Duarte, quienes junto a otros ciudadanos, impulsan en Oberá -a través de un nuevo espacio político denominado “Palabra y Compromiso”- la concientización de que antes de tomar cualquier decisión sobre la construcción de la represa, se informe debidamente a la población misionera. “Hay que revitalizar el sistema democrático, no sólo pensando en las elecciones cada dos o cuatro años, sino que también haya mecanismos que conviertan en obligatoria las decisiones de esa comunidad, cuando se trata de cuestiones de suma importancia para la vida en general de esa comunidad. En el caso en particular de Garabí, nos parece que un emprendimiento que impactará sobre generaciones futuras, no puede quedar en manos exclusivamente de los gobernantes de turno. Es más, no se pueda hablar de la posibilidad de uno o dos cierres sin consultar antes a la población. Debe hacer una consulta amplia, generosa y a la vez vinculante, que obligue al resto de los funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales a acatar esa decisión del máximo soberano que tiene una sociedad democrática y que es el pueblo”, dijo.
El legislador justicialista agregó que “cuando un pueblo se pone de pie, y se planta frente a decisiones que se toman en ámbitos ajenos a su propia deliberación, puede tener el impacto beneficioso de que se clausure un emprendimiento que puede ser riesgoso para toda la población, y me refiero al caso Corpus. En el año 1996, la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP), y a través de acuerdos de los gobiernos paraguayo y argentino parecía que era inminente la represa de Corpus, sin embargo por esta decisión del pueblo misionero que se encolumnó a través de un No contundente con más del 80% del electorado en ese plebiscito, hizo que se impida la continuidad del emprendimiento”.
Biazzi sostuvo que los misioneros deben tener en claro que la propietaria de los recursos naturales de una provincia, es la propia provincia, es decir sus habitantes, sus estructuras políticas e institucionales. “Somos los dueños del río en el curso que transita por el territorio misionero, y no puede ser que se tomen decisiones sin la participación de los dueños del recurso que somos nosotros. Tenemos la obligación de poner todos los elementos de juicio sobre la mesa, y mostrar a la sociedad, tanto los beneficios que dicen algunos que traen las represas, como los enormes perjuicios que significará su emplazamiento”, destacó.
Debatir con toda información
Con respecto al mentado desarrollo regional que se “alega” muchas veces, para justificar la construcción de la represas, tanto Biazzi, como Pérez y Duarte sostuvieron que ese argumento suele quedar solapado el cataclismo ambiental. “Nunca se pone sobre la mesa los dos valores juntos. Y acá nos preguntamos si ese desarrollo vendrá a costa de tantas cosas como las que produce una mega represa que está señalado por la Organización Mundial de la Salud que son un desastre en zonas de las características que tiene la nuestra ¿Es necesario que sea Misiones el ámbito físico donde se instale una represa como Garabí? No nos olvidemos que ya sufrimos las consecuencias de Itaipú a 17 kilómetros de nuestro propio territorio, y a Yacyretá ya instalada”, concluyeron.
Fecha de Publicación: 25/09/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
“No puede existir alternativa de uno o dos cierres sin consultar antes a la población”, afirmó el diputado Ricardo Biazzi.
El diputado provincial Ricardo Biazzi recorrió varios medios de comunicación de la zona Centro donde habló sobre la necesidad de llamar a una consulta popular sobre Garabí -según el proyecto que presentó hace un tiempo en la Legislatura Provincial-, acompañado por Vladimir Pérez y Miriam Duarte, quienes junto a otros ciudadanos, impulsan en Oberá -a través de un nuevo espacio político denominado “Palabra y Compromiso”- la concientización de que antes de tomar cualquier decisión sobre la construcción de la represa, se informe debidamente a la población misionera. “Hay que revitalizar el sistema democrático, no sólo pensando en las elecciones cada dos o cuatro años, sino que también haya mecanismos que conviertan en obligatoria las decisiones de esa comunidad, cuando se trata de cuestiones de suma importancia para la vida en general de esa comunidad. En el caso en particular de Garabí, nos parece que un emprendimiento que impactará sobre generaciones futuras, no puede quedar en manos exclusivamente de los gobernantes de turno. Es más, no se pueda hablar de la posibilidad de uno o dos cierres sin consultar antes a la población. Debe hacer una consulta amplia, generosa y a la vez vinculante, que obligue al resto de los funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales a acatar esa decisión del máximo soberano que tiene una sociedad democrática y que es el pueblo”, dijo.
El legislador justicialista agregó que “cuando un pueblo se pone de pie, y se planta frente a decisiones que se toman en ámbitos ajenos a su propia deliberación, puede tener el impacto beneficioso de que se clausure un emprendimiento que puede ser riesgoso para toda la población, y me refiero al caso Corpus. En el año 1996, la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP), y a través de acuerdos de los gobiernos paraguayo y argentino parecía que era inminente la represa de Corpus, sin embargo por esta decisión del pueblo misionero que se encolumnó a través de un No contundente con más del 80% del electorado en ese plebiscito, hizo que se impida la continuidad del emprendimiento”.
Biazzi sostuvo que los misioneros deben tener en claro que la propietaria de los recursos naturales de una provincia, es la propia provincia, es decir sus habitantes, sus estructuras políticas e institucionales. “Somos los dueños del río en el curso que transita por el territorio misionero, y no puede ser que se tomen decisiones sin la participación de los dueños del recurso que somos nosotros. Tenemos la obligación de poner todos los elementos de juicio sobre la mesa, y mostrar a la sociedad, tanto los beneficios que dicen algunos que traen las represas, como los enormes perjuicios que significará su emplazamiento”, destacó.
Debatir con toda información
Con respecto al mentado desarrollo regional que se “alega” muchas veces, para justificar la construcción de la represas, tanto Biazzi, como Pérez y Duarte sostuvieron que ese argumento suele quedar solapado el cataclismo ambiental. “Nunca se pone sobre la mesa los dos valores juntos. Y acá nos preguntamos si ese desarrollo vendrá a costa de tantas cosas como las que produce una mega represa que está señalado por la Organización Mundial de la Salud que son un desastre en zonas de las características que tiene la nuestra ¿Es necesario que sea Misiones el ámbito físico donde se instale una represa como Garabí? No nos olvidemos que ya sufrimos las consecuencias de Itaipú a 17 kilómetros de nuestro propio territorio, y a Yacyretá ya instalada”, concluyeron.
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Reunión para analizar la potabilidad del agua
Reunión para analizar la potabilidad del agua
Fecha de Publicación: 24/09/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
La Mesa del Agua se reunirá este mediodía en la sede de la Comisión de Investigaciones Científicas de la ciudad de la Plata y se abordará el problema del arsénico en el agua que se consume.
Asistirán, entre otros, integrantes de los Honorables Consejos Delibetantes de los distritos afectados (Pehuajó, Carlos Casares y Nueve de Julio), como así también, integrantes a distintas Secretarías del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, coordinada por la Subsecretaría de Servicios Públicos, y también participará la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el OCABA (organismo de control del agua de Buenos Aires), indico a diariohoy.net el presidente del Consejo Deliberante de Carlos Casares, ing. Luis Seraci.
Además de la Facultad de de Ingeniería de La Plata, el Ministerio de Salud de la Provincia a través de la Dirección de Prevención de Enfermedades, la Autoridad del Agua, ABSA, Intendentes Municipales y Concejos Deliberantes de distritos de Pehuajó, Carlos Casares y Nueve de Julio y Comisiones de Vecinos de los referidos partidos.
Fecha de Publicación: 24/09/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
La Mesa del Agua se reunirá este mediodía en la sede de la Comisión de Investigaciones Científicas de la ciudad de la Plata y se abordará el problema del arsénico en el agua que se consume.
Asistirán, entre otros, integrantes de los Honorables Consejos Delibetantes de los distritos afectados (Pehuajó, Carlos Casares y Nueve de Julio), como así también, integrantes a distintas Secretarías del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, coordinada por la Subsecretaría de Servicios Públicos, y también participará la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el OCABA (organismo de control del agua de Buenos Aires), indico a diariohoy.net el presidente del Consejo Deliberante de Carlos Casares, ing. Luis Seraci.
Además de la Facultad de de Ingeniería de La Plata, el Ministerio de Salud de la Provincia a través de la Dirección de Prevención de Enfermedades, la Autoridad del Agua, ABSA, Intendentes Municipales y Concejos Deliberantes de distritos de Pehuajó, Carlos Casares y Nueve de Julio y Comisiones de Vecinos de los referidos partidos.
La ley de Glaciares está lista ...
La ley de Glaciares está lista para llegar al recinto del Senado
Fecha de Publicación: 24/09/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El expediente 2200/09 intentará tener mejor suerte que el proyecto que fue convertido en ley en forma unánime por ambas cámaras pero que lo vetó la Presidenta, generando una gran polémica. El proyecto tiene despacho para ser debatido en las próximas sesiones.
Tras la gran polémica por el veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de Glaciares, el senador oficialista Daniel Filmus vuelve a insistir con un proyecto con el mismo objetivo pero salvando las diferencias con los intereses de las mineras.
En esta oportunidad, el Senado aprobó el pedido de tratamiento con despacho de la iniciativa que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y las actividades industriales, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y la generación de energía hidroeléctrica, como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Por definición -el primer problema de la anterior ley- la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros; cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales.
Según la iniciativa, se entiende por:
*Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formado por la recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión.
*Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
*Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen esta relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos. Son parte constituyente de cada glaciar, además del hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
El proyecto prohíbe las actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, o sus funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran en su avance. Se prohíben, en particular las siguientes actividades:
*La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
*La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos.
*La exploración y explotación minera o hidrocarburífera.
*La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Artículo 7: Todas las actividades proyectadas en los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponda conforme a su escala de intervención, previo a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
*De rescate, derivado de emergencias aéreas o terrestres;
*Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
*Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
Cabe señalar que este proyecto fue firmado por los senadores de distintos sectores políticos. Ellos son: Daniel Filmus, Carlos Rossi, María Estensoro, Alfredo Martinez, Elida Vigo, Julio Miranda, Pedro Guastavino, María Díaz, María Perceval, Delia Pinchetti de Sierra Morales, Ada Iturrez de Cappellini, Horacio Lores, Jorge Banicevich, Silvia Gallego y Rubén Giustiniani.
A continuación, los fundamentos del proyecto.
El agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. Esta afirmación pronunciada en tantas oportunidades es una circunstancia indiscutida de la que no se ha tomado debida conciencia en aquellos países o regiones donde la misma aún se brinda generosa.
El agua dulce, corresponde solo al 3% del total de agua en el planeta, y un 77,06% de ella esta congelada en los polos y en los glaciares de latitudes medias. Su uso ineficiente, la contaminación y su distribución espacial heterogénea la han situado en una condición de escasez, poniendo a la población mundial en situación de vulnerabilidad, generándose graves conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, que concitan la preocupación de los gobiernos, la ciudadanía y los organismos internacionales.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo han profundizado la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte conexión existente entre escasez de agua, pobreza y degradación ambiental.
El proyecto de ley que se pone a consideración tiene por objeto, la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, los que en virtud de los procesos de acumulación y fusión, permiten la regulación hídrica de los diferentes afluentes, abasteciendo los ecosistemas, la población y las actividades productivas de gran parte del país.
La necesidad de contar con una ley de protección de glaciares y ambientes periglaciales responde al mandato constitucional establecido en el Artículo 41, en cuanto a que el derecho a un ambiente sano y equilibrado sea apto para el desarrollo humano y que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como al deber de todos los habitantes de preservarlo, en un verdadero punto de equilibrio armónico entre el ambiente, la producción, el empleo y la inclusión social, incorporando al hombre y a la mujer en dicha relación virtuosa.
Ya en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo en 1972, se advertía la necesidad de que las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones proveyeran la legislación necesaria en materia ambiental, preservando los recursos naturales y alentando a la planificación del desarrollo económico, atribuyendo importancia a la conservación de la naturaleza (Principio 4).
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM – ONU 2000), acordados en la “Declaración del Milenio”, se destaca el Punto 7 en cuanto a la necesidad de “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, lo que implica, entre otras cuestiones, integrar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país con el fin de revertir la pérdida de los recursos ambientales y reducir la pérdida de biodiversidad.
Es necesario tener presente que, el Principio 11 de la Declaración de Río (1992) como asimismo, entre los fundamentos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado por Ley Nº 24.295, se reconoce la necesidad de que los Estados deben promulgar leyes ambientales eficaces y que las normas, los objetivos de gestión y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican, en este sentido, la ley que se propicia responde a ese requerimiento esencial en pos de la aplicabilidad normativa.
Asimismo el Principio 4 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) sostiene que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.
La formación de los glaciares se debe al proceso de trasformación de nieve a hielo, conocido como diagénesis. Dicho proceso se genera por la compactación de la nieve en sucesivos estratos de acumulación, con la consiguiente pérdida parcial del aire, aumentando la densidad y pasando de una textura suave y esponjosa a una granular y más dura (Paterson, 2001).
Un glaciar es un sistema abierto, con interacciones internas y con el medio ambiente; esto le da una dinámica compleja cuya formación obedece a condiciones ambientales únicas. Por ello cualquier acción que se desarrolle sobre los glaciares o en territorios circundantes puede generar vulnerabilidad a los ecosistemas de montaña, poniendo en riesgo a toda la población que se abastece de agua de los glaciares gracias a los deshielos (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, 2004).
En ambos lados de la Cordillera de los Andes, la mayoría de los glaciares están atravesando como consecuencia del Calentamiento Global un proceso de retracción generalizado. El adelgazamiento y la pérdida de sus superficies se han más que duplicado durante la década de los noventa. Así también elevaron los volúmenes de agua que aportan al aumento del nivel del mar, según reveló un estudio realizado con la ayuda de cartografía y radares (Rignot et al., 2003).
Este estudio, publicado en la revista Science de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, advirtió el retroceso, con una aceleración mayor a la prevista de la mayoría de los 63 glaciares que monitorearon en los Campos de Hielo Patagónicos. Nueve de estos glaciares son argentinos y están ubicados en Santa Cruz.
"El retroceso actual de los glaciares es un fenómeno generalizado en los Andes, con la excepción de algunos glaciares, como el Perito Moreno. El retroceso ha sido paulatino durante los últimos cuatro siglos, siendo más intenso desde la década del 70", dijo Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
En las regiones áridas del oeste argentino, las actividades agrícolas y económicas son altamente dependientes del recurso agua. En las provincias de Mendoza y San Juan, el agua potable así como aquella empleada para el regadío y la producción de energía eléctrica se origina a partir de la nieve y de los cuerpos de hielo en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes.
En los Andes Centrales la nieve se acumula como consecuencia de tormentas frontales que alcanzan la región principalmente en invierno. En aquellos sectores más elevados y protegidos de la fuerte radiación solar, particularmente alta en verano, la nieve persiste de un año al siguiente y forma con el tiempo cuerpos de hielo permanentes. Estos cuerpos de hielo persistirán a través de los años si existe un balance entre el agua que se acumula en la parte superior del glaciar (generalmente en forma de nieve) y el agua que se derrite por ablación en la parte baja del glaciar. Dependiendo de las variaciones anuales en la precipitación nívea y la temperatura, los glaciares aumentan su masa en años con grandes nevadas invernales y temperaturas relativamente frescas en verano, mientras que sus volúmenes se reducen en años secos y muy cálidos. En años de escasa precipitación nivel en la Cordillera, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos en Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este balance les confiere a las masas de hielo en los Andes Centrales un papel fundamental en la regulación del recurso hídrico.
En años particularmente húmedos el agua se acumula en estos cuerpos de hielo para ser entregada posteriormente cuando el recurso agua se torna más escaso (Leiva, 1989, 2007). Los glaciares durante los períodos estivales o de sequía, son las fuentes principales de abastecimiento debido a su respuesta inversa al déficit hídrico, ya que en períodos secos y con menor caída de nieve aflora el hielo más antiguo y sucio, provocando menor reflectancia, con lo cual el glaciar absorbe más energía solar, ocasionando un mayor derretimiento. Al contrario, durante los años en que la nieve caída es mayor, la reflectancia aumenta, disminuyendo la fusión y la escorrentía de agua (Paterson 2001).
Por ello, para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, uno de los puntos centrales de la presente, propugna conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo en las diferentes cuencas andinas, siendo imprescindible para toda planificación de las actividades humanas.
La creación de un inventario de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en el territorio nacional, su dimensión, avance, retroceso y su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran, a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar la gestión y uso del agua potable, se torna una tarea necesaria que llevará adelante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) que en la actualidad es una unidad ejecutora del CONICET (Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica), en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los gobiernos de Mendoza y San Juan. Esta propuesta se debe a que dicho organismo ya ha avanzado en esta tarea en parte de las provincias de San Juan y Mendoza, sin perjuicio de otras aportaciones del sistema científico e institucional que puedan sumarse.
El Inventario que propugna esta ley, especifica y complementa los instrumentos de protección ambiental vigentes, y permitirá ampliar significativamente nuestro conocimiento sobre los glaciares y su dinámica de retracción por el cambio climático, constituyendo un verdadero aporte al desarrollo sustentable como las Políticas de Estado que proclama el Gobierno Nacional ante la sociedad.
Es necesario tener presente que la Ley 25.675 ha establecido el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación interjurisdiccional de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el que en la presente ley, como en el resto de la normativa ambiental, se constituye en el ámbito pertinente de articulación federal, conforme se establece en el Art. 10 de la presente.
Como es de público conocimiento, el proyecto de ley registrado bajo el número 26.418 sobre Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionado el 22 de octubre de 2008, fue objeto de veto por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Tal como lo manifestamos en oportunidad de la aprobación del proyecto de ley en el Senado, así como posteriormente en reiteradas ocasiones, mantenemos la convicción respecto de que la protección de los glaciares, constituye uno de los temas más importantes para el futuro de la Argentina, y que resulta un tema fundamental y decisivo porque alude a las reservas de agua de nuestro país.
En ese sentido, en la sesión del 10 de diciembre pasado nos comprometimos, a redactar un texto que supere o mejore las condiciones de protección de los glaciares teniendo en cuenta los aspectos señalados en los considerandos del veto.
En cumplimiento de tal compromiso, y en virtud de diversas reuniones convocadas en primer término por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y luego por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de este Senado, en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de gobiernos provinciales, senadores y diputados nacionales, técnicos y especialistas, etc., se ha logrado consensuar la elaboración de este proyecto de ley.
Cabe destacar que la propuesta respeta absolutamente el espíritu de protección que ostentaba el proyecto original, pero con el agregado de una serie de precisiones y consideraciones que lo hacen superador. Un claro ejemplo de ello son las nuevas definiciones incorporadas al artículo 2, donde se detallan las especificidades de los tres tipos de glaciares que se busca proteger; los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos y los glaciares de escombros. Ciertamente, esta modificación le otorga fortaleza jurídica a la norma, pues evita la posibilidad de interpretaciones erróneas respecto del alcance de la protección.
Otra de las modificaciones realizadas, que responde directamente a uno de los cuestionamientos del veto, es la incorporación al artículo 4 de una mención a la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en las tareas de inventario.
También fue modificado el artículo 8, incorporando como autoridades competentes, en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, a la Administración de Parques Nacionales, y en el caso del Sector Antártico Argentino, a la Dirección Nacional del Antártico.
Por su lado, en el artículo 15 se introduce la referencia a la culminación del inventario en cada jurisdicción, a partir de cuando corre el plazo para la realización de las auditorias ambientales sobre las actividades preexistentes.
En síntesis, creemos que con las incorporaciones y modificaciones realizadas se ha logrado perfeccionar en gran medida el texto de la ley. De esta manera se cumple con el compromiso de reformulación de la ley, atendiendo a la superación cualitativa del texto legal anterior.
Agradecemos la enriquecedora colaboración de los investigadores y técnicos del IANIGLA en la elaboración del presente proyecto de ley.
Resulta asimismo significativo la determinación de plazo legal para su reglamentación, a fin de que el Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias en pos de la efectividad de la ley.
Fecha de Publicación: 24/09/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El expediente 2200/09 intentará tener mejor suerte que el proyecto que fue convertido en ley en forma unánime por ambas cámaras pero que lo vetó la Presidenta, generando una gran polémica. El proyecto tiene despacho para ser debatido en las próximas sesiones.
Tras la gran polémica por el veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de Glaciares, el senador oficialista Daniel Filmus vuelve a insistir con un proyecto con el mismo objetivo pero salvando las diferencias con los intereses de las mineras.
En esta oportunidad, el Senado aprobó el pedido de tratamiento con despacho de la iniciativa que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y las actividades industriales, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y la generación de energía hidroeléctrica, como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Por definición -el primer problema de la anterior ley- la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros; cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales.
Según la iniciativa, se entiende por:
*Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formado por la recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión.
*Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
*Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen esta relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos. Son parte constituyente de cada glaciar, además del hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
El proyecto prohíbe las actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, o sus funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran en su avance. Se prohíben, en particular las siguientes actividades:
*La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
*La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos.
*La exploración y explotación minera o hidrocarburífera.
*La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Artículo 7: Todas las actividades proyectadas en los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponda conforme a su escala de intervención, previo a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
*De rescate, derivado de emergencias aéreas o terrestres;
*Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
*Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
Cabe señalar que este proyecto fue firmado por los senadores de distintos sectores políticos. Ellos son: Daniel Filmus, Carlos Rossi, María Estensoro, Alfredo Martinez, Elida Vigo, Julio Miranda, Pedro Guastavino, María Díaz, María Perceval, Delia Pinchetti de Sierra Morales, Ada Iturrez de Cappellini, Horacio Lores, Jorge Banicevich, Silvia Gallego y Rubén Giustiniani.
A continuación, los fundamentos del proyecto.
El agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. Esta afirmación pronunciada en tantas oportunidades es una circunstancia indiscutida de la que no se ha tomado debida conciencia en aquellos países o regiones donde la misma aún se brinda generosa.
El agua dulce, corresponde solo al 3% del total de agua en el planeta, y un 77,06% de ella esta congelada en los polos y en los glaciares de latitudes medias. Su uso ineficiente, la contaminación y su distribución espacial heterogénea la han situado en una condición de escasez, poniendo a la población mundial en situación de vulnerabilidad, generándose graves conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, que concitan la preocupación de los gobiernos, la ciudadanía y los organismos internacionales.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo han profundizado la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte conexión existente entre escasez de agua, pobreza y degradación ambiental.
El proyecto de ley que se pone a consideración tiene por objeto, la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, los que en virtud de los procesos de acumulación y fusión, permiten la regulación hídrica de los diferentes afluentes, abasteciendo los ecosistemas, la población y las actividades productivas de gran parte del país.
La necesidad de contar con una ley de protección de glaciares y ambientes periglaciales responde al mandato constitucional establecido en el Artículo 41, en cuanto a que el derecho a un ambiente sano y equilibrado sea apto para el desarrollo humano y que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como al deber de todos los habitantes de preservarlo, en un verdadero punto de equilibrio armónico entre el ambiente, la producción, el empleo y la inclusión social, incorporando al hombre y a la mujer en dicha relación virtuosa.
Ya en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo en 1972, se advertía la necesidad de que las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones proveyeran la legislación necesaria en materia ambiental, preservando los recursos naturales y alentando a la planificación del desarrollo económico, atribuyendo importancia a la conservación de la naturaleza (Principio 4).
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM – ONU 2000), acordados en la “Declaración del Milenio”, se destaca el Punto 7 en cuanto a la necesidad de “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, lo que implica, entre otras cuestiones, integrar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país con el fin de revertir la pérdida de los recursos ambientales y reducir la pérdida de biodiversidad.
Es necesario tener presente que, el Principio 11 de la Declaración de Río (1992) como asimismo, entre los fundamentos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado por Ley Nº 24.295, se reconoce la necesidad de que los Estados deben promulgar leyes ambientales eficaces y que las normas, los objetivos de gestión y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican, en este sentido, la ley que se propicia responde a ese requerimiento esencial en pos de la aplicabilidad normativa.
Asimismo el Principio 4 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) sostiene que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.
La formación de los glaciares se debe al proceso de trasformación de nieve a hielo, conocido como diagénesis. Dicho proceso se genera por la compactación de la nieve en sucesivos estratos de acumulación, con la consiguiente pérdida parcial del aire, aumentando la densidad y pasando de una textura suave y esponjosa a una granular y más dura (Paterson, 2001).
Un glaciar es un sistema abierto, con interacciones internas y con el medio ambiente; esto le da una dinámica compleja cuya formación obedece a condiciones ambientales únicas. Por ello cualquier acción que se desarrolle sobre los glaciares o en territorios circundantes puede generar vulnerabilidad a los ecosistemas de montaña, poniendo en riesgo a toda la población que se abastece de agua de los glaciares gracias a los deshielos (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, 2004).
En ambos lados de la Cordillera de los Andes, la mayoría de los glaciares están atravesando como consecuencia del Calentamiento Global un proceso de retracción generalizado. El adelgazamiento y la pérdida de sus superficies se han más que duplicado durante la década de los noventa. Así también elevaron los volúmenes de agua que aportan al aumento del nivel del mar, según reveló un estudio realizado con la ayuda de cartografía y radares (Rignot et al., 2003).
Este estudio, publicado en la revista Science de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, advirtió el retroceso, con una aceleración mayor a la prevista de la mayoría de los 63 glaciares que monitorearon en los Campos de Hielo Patagónicos. Nueve de estos glaciares son argentinos y están ubicados en Santa Cruz.
"El retroceso actual de los glaciares es un fenómeno generalizado en los Andes, con la excepción de algunos glaciares, como el Perito Moreno. El retroceso ha sido paulatino durante los últimos cuatro siglos, siendo más intenso desde la década del 70", dijo Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
En las regiones áridas del oeste argentino, las actividades agrícolas y económicas son altamente dependientes del recurso agua. En las provincias de Mendoza y San Juan, el agua potable así como aquella empleada para el regadío y la producción de energía eléctrica se origina a partir de la nieve y de los cuerpos de hielo en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes.
En los Andes Centrales la nieve se acumula como consecuencia de tormentas frontales que alcanzan la región principalmente en invierno. En aquellos sectores más elevados y protegidos de la fuerte radiación solar, particularmente alta en verano, la nieve persiste de un año al siguiente y forma con el tiempo cuerpos de hielo permanentes. Estos cuerpos de hielo persistirán a través de los años si existe un balance entre el agua que se acumula en la parte superior del glaciar (generalmente en forma de nieve) y el agua que se derrite por ablación en la parte baja del glaciar. Dependiendo de las variaciones anuales en la precipitación nívea y la temperatura, los glaciares aumentan su masa en años con grandes nevadas invernales y temperaturas relativamente frescas en verano, mientras que sus volúmenes se reducen en años secos y muy cálidos. En años de escasa precipitación nivel en la Cordillera, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos en Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este balance les confiere a las masas de hielo en los Andes Centrales un papel fundamental en la regulación del recurso hídrico.
En años particularmente húmedos el agua se acumula en estos cuerpos de hielo para ser entregada posteriormente cuando el recurso agua se torna más escaso (Leiva, 1989, 2007). Los glaciares durante los períodos estivales o de sequía, son las fuentes principales de abastecimiento debido a su respuesta inversa al déficit hídrico, ya que en períodos secos y con menor caída de nieve aflora el hielo más antiguo y sucio, provocando menor reflectancia, con lo cual el glaciar absorbe más energía solar, ocasionando un mayor derretimiento. Al contrario, durante los años en que la nieve caída es mayor, la reflectancia aumenta, disminuyendo la fusión y la escorrentía de agua (Paterson 2001).
Por ello, para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, uno de los puntos centrales de la presente, propugna conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo en las diferentes cuencas andinas, siendo imprescindible para toda planificación de las actividades humanas.
La creación de un inventario de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en el territorio nacional, su dimensión, avance, retroceso y su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran, a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar la gestión y uso del agua potable, se torna una tarea necesaria que llevará adelante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) que en la actualidad es una unidad ejecutora del CONICET (Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica), en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los gobiernos de Mendoza y San Juan. Esta propuesta se debe a que dicho organismo ya ha avanzado en esta tarea en parte de las provincias de San Juan y Mendoza, sin perjuicio de otras aportaciones del sistema científico e institucional que puedan sumarse.
El Inventario que propugna esta ley, especifica y complementa los instrumentos de protección ambiental vigentes, y permitirá ampliar significativamente nuestro conocimiento sobre los glaciares y su dinámica de retracción por el cambio climático, constituyendo un verdadero aporte al desarrollo sustentable como las Políticas de Estado que proclama el Gobierno Nacional ante la sociedad.
Es necesario tener presente que la Ley 25.675 ha establecido el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación interjurisdiccional de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el que en la presente ley, como en el resto de la normativa ambiental, se constituye en el ámbito pertinente de articulación federal, conforme se establece en el Art. 10 de la presente.
Como es de público conocimiento, el proyecto de ley registrado bajo el número 26.418 sobre Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionado el 22 de octubre de 2008, fue objeto de veto por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Tal como lo manifestamos en oportunidad de la aprobación del proyecto de ley en el Senado, así como posteriormente en reiteradas ocasiones, mantenemos la convicción respecto de que la protección de los glaciares, constituye uno de los temas más importantes para el futuro de la Argentina, y que resulta un tema fundamental y decisivo porque alude a las reservas de agua de nuestro país.
En ese sentido, en la sesión del 10 de diciembre pasado nos comprometimos, a redactar un texto que supere o mejore las condiciones de protección de los glaciares teniendo en cuenta los aspectos señalados en los considerandos del veto.
En cumplimiento de tal compromiso, y en virtud de diversas reuniones convocadas en primer término por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y luego por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de este Senado, en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de gobiernos provinciales, senadores y diputados nacionales, técnicos y especialistas, etc., se ha logrado consensuar la elaboración de este proyecto de ley.
Cabe destacar que la propuesta respeta absolutamente el espíritu de protección que ostentaba el proyecto original, pero con el agregado de una serie de precisiones y consideraciones que lo hacen superador. Un claro ejemplo de ello son las nuevas definiciones incorporadas al artículo 2, donde se detallan las especificidades de los tres tipos de glaciares que se busca proteger; los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos y los glaciares de escombros. Ciertamente, esta modificación le otorga fortaleza jurídica a la norma, pues evita la posibilidad de interpretaciones erróneas respecto del alcance de la protección.
Otra de las modificaciones realizadas, que responde directamente a uno de los cuestionamientos del veto, es la incorporación al artículo 4 de una mención a la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en las tareas de inventario.
También fue modificado el artículo 8, incorporando como autoridades competentes, en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, a la Administración de Parques Nacionales, y en el caso del Sector Antártico Argentino, a la Dirección Nacional del Antártico.
Por su lado, en el artículo 15 se introduce la referencia a la culminación del inventario en cada jurisdicción, a partir de cuando corre el plazo para la realización de las auditorias ambientales sobre las actividades preexistentes.
En síntesis, creemos que con las incorporaciones y modificaciones realizadas se ha logrado perfeccionar en gran medida el texto de la ley. De esta manera se cumple con el compromiso de reformulación de la ley, atendiendo a la superación cualitativa del texto legal anterior.
Agradecemos la enriquecedora colaboración de los investigadores y técnicos del IANIGLA en la elaboración del presente proyecto de ley.
Resulta asimismo significativo la determinación de plazo legal para su reglamentación, a fin de que el Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias en pos de la efectividad de la ley.
Encuentro por la conservación de las ballenas
Encuentro de países latinoamericanos por la conservación de las ballenas
Fecha de Publicación: 23/09/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero M. Bibiloni comenzó, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior, el VI encuentro del Grupo Buenos Aires de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que reúne a los miembros de América latina para analizar a nivel regional la caza comercial de ballenas, el desarrollo de programas de investigación, la preservación de cetáceos y el desarrollo de las negociaciones en curso en el seno del organismo, entre otros temas.
Durante la reunión, que se desarrolla los días 22 y 23 de septiembre, se abordará la necesidad de continuar avanzando en una política de consenso y de acción común entre los países latinoamericanos en el marco de la Comisión.
El Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni junto al Director de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de la cartera ambiental, Oscar Padín.
sus siglas en inglés) es un organismo internacional creado en 1946 por la Convención Internacional para la Regulación de la caza de ballenas con el objetivo de regular la caza y el comercio de los cetáceos. Está conformada por 77 países miembros, entre los cuales se encuentran Alemania, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Inglaterra, Japón, México, Holanda Nueva Zelanda y Colombia.
En el marco de la CBI fue firmado en junio de este año un convenio de cooperación para la conservación, control y estudio de las ballenas en aguas argentinas por el Secretario de Ambiente Homero Bibiloni, el vicecanciller Victorio Taccetti y el jefe de Prefectura Naval Argentina, Prefecto Oscar Arce.
Fecha de Publicación: 23/09/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero M. Bibiloni comenzó, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior, el VI encuentro del Grupo Buenos Aires de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que reúne a los miembros de América latina para analizar a nivel regional la caza comercial de ballenas, el desarrollo de programas de investigación, la preservación de cetáceos y el desarrollo de las negociaciones en curso en el seno del organismo, entre otros temas.
Durante la reunión, que se desarrolla los días 22 y 23 de septiembre, se abordará la necesidad de continuar avanzando en una política de consenso y de acción común entre los países latinoamericanos en el marco de la Comisión.
El Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni junto al Director de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de la cartera ambiental, Oscar Padín.
sus siglas en inglés) es un organismo internacional creado en 1946 por la Convención Internacional para la Regulación de la caza de ballenas con el objetivo de regular la caza y el comercio de los cetáceos. Está conformada por 77 países miembros, entre los cuales se encuentran Alemania, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Inglaterra, Japón, México, Holanda Nueva Zelanda y Colombia.
En el marco de la CBI fue firmado en junio de este año un convenio de cooperación para la conservación, control y estudio de las ballenas en aguas argentinas por el Secretario de Ambiente Homero Bibiloni, el vicecanciller Victorio Taccetti y el jefe de Prefectura Naval Argentina, Prefecto Oscar Arce.
En 20 años la calidad de vida en Mendoza decae
En 20 años la calidad de vida en Mendoza será peor que ahora
Fecha de Publicación: 22/09/2009
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es el escenario posible proyectado por expertos de la UNCuyo en el caso de que no se tomen las políticas necesarias. Habrá menos agua y más contaminación. Presentarán propuestas.
De no tomarse las previsiones necesarias, la calidad de vida en Mendoza declinará en forma significativa en los próximos 20 años. Habrá menos agua en los ríos, el campo y la ciudad sufrirán las consecuencias de la escasez del líquido vital y los cultivos padecerán los efectos de la salinización.
Los espacios verdes disminuirán, la contaminación se agudizará y el desequilibrio territorial será tan grande que el oasis provincial estará aún más saturado de población que en la actualidad. Pero esto no será todo: las desigualdades sociales aumentarán y la productividad local irá en franco declive.
El escenario posible para las décadas venideras es preocupante. Pero el costado positivo es que todavía los mendocinos se encuentran a tiempo para lograr adelantarse a ese futuro. Justamente por eso, un grupo de expertos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se encuentra realizando un trabajo conjunto con especialistas de otras unidades académicas y organismos.
El objetivo es aportar ideas y propuestas que sirvan de sostén a las futuras políticas de Estado que se tomen para 'ordenar' el territorio.
De hecho, visualizar qué destino le espera a las generaciones presentes y futuras fue el primer paso para comenzar a dar marcha a un diagnóstico general que permita soluciones concretas.
Días atrás, el equipo de profesionales, integrado por ingenieros, especialistas en agua, geógrafos, biólogos y economistas presentó el "Escenario Tendencial Mendoza 2030" ante representantes de distintos organismos y la semana que viene realizarán una sistematización de sus propuestas.
Todo, en el marco de los aportes que el área científico-técnica deberá efectuar al Gobierno para ajustar los detalles del plan estratégico territorial, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento territorial (8.051) aprobada hace 4 meses en la Legislatura.
"Este trabajo servirá de complemento a lo que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente", explicó Arturo Somoza, rector de la UNCuyo y agregó que lo que se plantea desde esta casa de altos estudios es la necesidad de lograr un cambio sustancial en el modelo de desarrollo que se ha venido aplicando en las últimas décadas.
Somoza consideró además que los cambios ocurridos en Mendoza han sido injustos no sólo en lo territorial, sino también en el aspecto social. "No hay que hacer correcciones menores; hay que cambiar el modelo y por eso estamos elaborando propuestas que sirvan en forma concreta", dijo el rector.
Las conjeturas proporcionadas por los expertos no fueron elaboradas al azar. Lejos de esto, las proyecciones científicas estuvieron basadas en los análisis y tendencias estadísticas registradas por distintos organismos provinciales durante la última década. Así, las perspectivas para los años venideros se desplegaron sobre aspectos clave para el desarrollo de nuestra provincia.
Glaciares. El informe indica que la retracción de los glaciares, verificada en la provincia desde hace 40 años, hará descender el caudal de los ríos hasta 12%. Por otra parte, la isoterma de 0° ascenderá en altitud, aumentarán las lluvias en el llano y disminuirán en la cordillera.
Agua. El escenario para 2030 indica que su demanda crecerá a un ritmo superior al poblacional. "En el 2009 ya había alcanzando un promedio de crecimiento de 1,6% anual, valor superior al crecimiento poblacional que era del 1,2%", advierte textual el informe.
Desarrollo humano y crecimiento. El Producto Bruto Geográfico (PBG) global de Mendoza registra para dentro de dos décadas un crecimiento moderado a diferencia de 2015, cuando la tasa promedio fue del 6% anual. El crecimiento en el período 2003-2006 había sido superior, alcanzando una tasa de crecimiento real de 12,8% anual.
Sin embargo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) seguirá presentando al 2030 aspectos regresivos y desequilibrio en relación a la distribución territorial. Los valores más altos se registrarán en el Gran Mendoza, San Rafael y Malargüe. Esto marcará una inequidad con respecto al resto de los departamentos.
Producción. Para las próximas décadas los especialistas prevén que los sectores comercial y hotelero- gastronómico, junto al de minas y canteras serán los de mayor crecimiento. Dentro de este último, la explotación de petróleo y gas perderá protagonismo frente a la metalífera.
Minería. El escenario es que la explotación minera crecerá hasta cubrir 30% del territorio y las áreas protegidas disminuirán.
Contaminación. La disponibilidad de agua para riego se reducirá en 2030 a causa también de la contaminación de las aguas con basura y efluentes. Además influirá el aumento de la demanda para uso doméstico. En la actualidad (2009) hay al menos 20 mil hectáreas contaminadas por efluentes urbanos mientras crece el costo de limpieza de los canales.
También aumentará la generación de residuos urbanos y la contaminación atmosférica por monóxido de carbono e hidrocarburo de plomo. La falta de planificación del transporte público y el incremento del parque automotor provocarán más contaminación sonora.
Salinización del agua y la tierra. La contaminación salina de agua subterránea crecerá y afectará a las áreas del acuífero norte con valores críticos. Esto será negativo para la actividad agrícola y el consumo humano. La superficie de suelo afectado por salinidad en la zona cultivada del río Mendoza alcanza 50% en 2009 y llegará a 56% en 2015. Para 2030 afectará 62% de esa zona.
Asimetrías sociales. Se profundizarán las desigualdades, sobre todo en materia de vivienda. Incluso en la actualidad, investigaciones del Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos de la UNCuyo indican que 29% de los hogares mendocinos padecen situaciones deficitarias. De ellos, 68% está afectado por déficit relativo (viviendas que podían ser recuperadas o ampliadas) y 31,7% presenta una situación de déficit absoluto (viviendas precarias irrecuperables o compartidas).
El 60% de las villas y asentamientos se encuentran en el Gran Mendoza. La postal contrasta con los 180 barrios cerrados existentes en el Área Metropolitana.
Concentración en la ciudad. En 2030 el 83% de la población vivirá en las ciudades ubicadas en las zonas de oasis. La tendencia de concentración en los centros urbanos (especialmente en el Gran Mendoza) se profundizará. En 2004, el 79% de la población vivía en las ciudades ubicadas en zonas de oasis, de ella 68% se concentraba en el Gran Mendoza. En el resto de los departamentos se prevé que baje la tasa de crecimiento poblacional por la falta de trabajo y oportunidades.
Crecimiento de la población. La población del Gran Mendoza en las próximas dos décadas será de 1.300.000 habitantes. En 2001 ya superaba los 800.000 habitantes, concentrados en menos de 1% de la superficie provincial (245km2).
Riesgo sísmico y aluvional. La población de casi 500.000 nuevos habitantes, que se incorporaron al Gran Mendoza de 2001 a 2030, profundizará el crecimiento urbano en forma desordenada hacia zonas de riesgo sísmico y aluvional y también hacia tierras fértiles agrícolas. Para esa fecha se urbanizará gran parte de la tierra fértil del oasis y se empujará la frontera agrícola hacia el secano.
Ríos. Para 2030 el Gran Mendoza presentará un estrés hídrico crítico. Surgirán situaciones de exclusión, conflictividad social y resentimiento en las actividades productivas.
Espacios verdes. En el Gran Mendoza, el crecimiento de los espacios verdes se verá limitado por el uso del suelo para vivienda. Habrá menos disponibilidad de plazas y parques por habitante.
Fecha de Publicación: 22/09/2009
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es el escenario posible proyectado por expertos de la UNCuyo en el caso de que no se tomen las políticas necesarias. Habrá menos agua y más contaminación. Presentarán propuestas.
De no tomarse las previsiones necesarias, la calidad de vida en Mendoza declinará en forma significativa en los próximos 20 años. Habrá menos agua en los ríos, el campo y la ciudad sufrirán las consecuencias de la escasez del líquido vital y los cultivos padecerán los efectos de la salinización.
Los espacios verdes disminuirán, la contaminación se agudizará y el desequilibrio territorial será tan grande que el oasis provincial estará aún más saturado de población que en la actualidad. Pero esto no será todo: las desigualdades sociales aumentarán y la productividad local irá en franco declive.
El escenario posible para las décadas venideras es preocupante. Pero el costado positivo es que todavía los mendocinos se encuentran a tiempo para lograr adelantarse a ese futuro. Justamente por eso, un grupo de expertos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se encuentra realizando un trabajo conjunto con especialistas de otras unidades académicas y organismos.
El objetivo es aportar ideas y propuestas que sirvan de sostén a las futuras políticas de Estado que se tomen para 'ordenar' el territorio.
De hecho, visualizar qué destino le espera a las generaciones presentes y futuras fue el primer paso para comenzar a dar marcha a un diagnóstico general que permita soluciones concretas.
Días atrás, el equipo de profesionales, integrado por ingenieros, especialistas en agua, geógrafos, biólogos y economistas presentó el "Escenario Tendencial Mendoza 2030" ante representantes de distintos organismos y la semana que viene realizarán una sistematización de sus propuestas.
Todo, en el marco de los aportes que el área científico-técnica deberá efectuar al Gobierno para ajustar los detalles del plan estratégico territorial, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento territorial (8.051) aprobada hace 4 meses en la Legislatura.
"Este trabajo servirá de complemento a lo que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente", explicó Arturo Somoza, rector de la UNCuyo y agregó que lo que se plantea desde esta casa de altos estudios es la necesidad de lograr un cambio sustancial en el modelo de desarrollo que se ha venido aplicando en las últimas décadas.
Somoza consideró además que los cambios ocurridos en Mendoza han sido injustos no sólo en lo territorial, sino también en el aspecto social. "No hay que hacer correcciones menores; hay que cambiar el modelo y por eso estamos elaborando propuestas que sirvan en forma concreta", dijo el rector.
Las conjeturas proporcionadas por los expertos no fueron elaboradas al azar. Lejos de esto, las proyecciones científicas estuvieron basadas en los análisis y tendencias estadísticas registradas por distintos organismos provinciales durante la última década. Así, las perspectivas para los años venideros se desplegaron sobre aspectos clave para el desarrollo de nuestra provincia.
Glaciares. El informe indica que la retracción de los glaciares, verificada en la provincia desde hace 40 años, hará descender el caudal de los ríos hasta 12%. Por otra parte, la isoterma de 0° ascenderá en altitud, aumentarán las lluvias en el llano y disminuirán en la cordillera.
Agua. El escenario para 2030 indica que su demanda crecerá a un ritmo superior al poblacional. "En el 2009 ya había alcanzando un promedio de crecimiento de 1,6% anual, valor superior al crecimiento poblacional que era del 1,2%", advierte textual el informe.
Desarrollo humano y crecimiento. El Producto Bruto Geográfico (PBG) global de Mendoza registra para dentro de dos décadas un crecimiento moderado a diferencia de 2015, cuando la tasa promedio fue del 6% anual. El crecimiento en el período 2003-2006 había sido superior, alcanzando una tasa de crecimiento real de 12,8% anual.
Sin embargo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) seguirá presentando al 2030 aspectos regresivos y desequilibrio en relación a la distribución territorial. Los valores más altos se registrarán en el Gran Mendoza, San Rafael y Malargüe. Esto marcará una inequidad con respecto al resto de los departamentos.
Producción. Para las próximas décadas los especialistas prevén que los sectores comercial y hotelero- gastronómico, junto al de minas y canteras serán los de mayor crecimiento. Dentro de este último, la explotación de petróleo y gas perderá protagonismo frente a la metalífera.
Minería. El escenario es que la explotación minera crecerá hasta cubrir 30% del territorio y las áreas protegidas disminuirán.
Contaminación. La disponibilidad de agua para riego se reducirá en 2030 a causa también de la contaminación de las aguas con basura y efluentes. Además influirá el aumento de la demanda para uso doméstico. En la actualidad (2009) hay al menos 20 mil hectáreas contaminadas por efluentes urbanos mientras crece el costo de limpieza de los canales.
También aumentará la generación de residuos urbanos y la contaminación atmosférica por monóxido de carbono e hidrocarburo de plomo. La falta de planificación del transporte público y el incremento del parque automotor provocarán más contaminación sonora.
Salinización del agua y la tierra. La contaminación salina de agua subterránea crecerá y afectará a las áreas del acuífero norte con valores críticos. Esto será negativo para la actividad agrícola y el consumo humano. La superficie de suelo afectado por salinidad en la zona cultivada del río Mendoza alcanza 50% en 2009 y llegará a 56% en 2015. Para 2030 afectará 62% de esa zona.
Asimetrías sociales. Se profundizarán las desigualdades, sobre todo en materia de vivienda. Incluso en la actualidad, investigaciones del Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos de la UNCuyo indican que 29% de los hogares mendocinos padecen situaciones deficitarias. De ellos, 68% está afectado por déficit relativo (viviendas que podían ser recuperadas o ampliadas) y 31,7% presenta una situación de déficit absoluto (viviendas precarias irrecuperables o compartidas).
El 60% de las villas y asentamientos se encuentran en el Gran Mendoza. La postal contrasta con los 180 barrios cerrados existentes en el Área Metropolitana.
Concentración en la ciudad. En 2030 el 83% de la población vivirá en las ciudades ubicadas en las zonas de oasis. La tendencia de concentración en los centros urbanos (especialmente en el Gran Mendoza) se profundizará. En 2004, el 79% de la población vivía en las ciudades ubicadas en zonas de oasis, de ella 68% se concentraba en el Gran Mendoza. En el resto de los departamentos se prevé que baje la tasa de crecimiento poblacional por la falta de trabajo y oportunidades.
Crecimiento de la población. La población del Gran Mendoza en las próximas dos décadas será de 1.300.000 habitantes. En 2001 ya superaba los 800.000 habitantes, concentrados en menos de 1% de la superficie provincial (245km2).
Riesgo sísmico y aluvional. La población de casi 500.000 nuevos habitantes, que se incorporaron al Gran Mendoza de 2001 a 2030, profundizará el crecimiento urbano en forma desordenada hacia zonas de riesgo sísmico y aluvional y también hacia tierras fértiles agrícolas. Para esa fecha se urbanizará gran parte de la tierra fértil del oasis y se empujará la frontera agrícola hacia el secano.
Ríos. Para 2030 el Gran Mendoza presentará un estrés hídrico crítico. Surgirán situaciones de exclusión, conflictividad social y resentimiento en las actividades productivas.
Espacios verdes. En el Gran Mendoza, el crecimiento de los espacios verdes se verá limitado por el uso del suelo para vivienda. Habrá menos disponibilidad de plazas y parques por habitante.
Queja por la no utilización de la energía alternativa
Queja por la no utilización de la energía alternativa
Fecha de Publicación: 22/09/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
Para un diputado de la oposición, el tema sigue sin entrar en la agenda gubernamental.
El diputado nacional Luciano Rafael Fabris manifestó su inquietud por la problemática energética que vive nuestro país y reclamó al Ejecutivo Nacional políticas responsables y activas para la promoción, exploración y uso de energías renovables y no contaminantes.
“Hace tiempo que venimos insistiendo con la formulación de planes a largo plazo para ir reemplazando, mediante la incorporación de tecnologías, los hidrocarburos baratos que hacen crecer el efecto invernadero, pero lamentablemente Argentina no avanza en materia de energías alternativas”, expresó Fabris.
"Es fundamental obtener energía sin efecto contaminante y sin impacto ambiental desfavorable y la única forma de lograrlo es con el uso de las energías renovables como lo son las solar, eólica, mareomotriz, geotérmica o hidráulica, que se pueden producir perfectamente en muchas regiones de nuestra geografía porque existen las condiciones propicias para realizarlas”, dijo el legislador nacional.
Además, Fabris señaló que "nos preguntamos en que quedó el Plan Estratégico Nacional de Energía Eólica anunciado hace tres años, también si se cumple efectivamente la Ley 25.019 de promoción y uso de energías no convencionales o por qué no se reglamenta la Ley 26.190 que tiene por objetivo que el 8 por ciento del consumo eléctrico del país se origine en fuentes renovables” y agregó que “la generación eléctrica, especialmente se constituye en una fuente esencial de desarrollo, es por ello que resulta imprescindible aplicar políticas eficaces que permitan incrementar la eficiencia de las mismas, evitando repetir caminos ya transitados en la década pasada donde prevaleció el uso desaprensivo de los recursos no renovables y contaminantes”.
Finalmente, el diputado Fabris sostuvo que "seguiremos insistiendo y buscando la posibilidad estimular y promover la expansión de las energías alternativas, de bajo costo y confiables, para que definitivamente Argentina pueda encontrar en ellas un patrón económico, social, sostenible e inclusivo y por sobre todas las cosas no contaminante de nuestro medio ambiente", concluyó.
Fecha de Publicación: 22/09/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
Para un diputado de la oposición, el tema sigue sin entrar en la agenda gubernamental.
El diputado nacional Luciano Rafael Fabris manifestó su inquietud por la problemática energética que vive nuestro país y reclamó al Ejecutivo Nacional políticas responsables y activas para la promoción, exploración y uso de energías renovables y no contaminantes.
“Hace tiempo que venimos insistiendo con la formulación de planes a largo plazo para ir reemplazando, mediante la incorporación de tecnologías, los hidrocarburos baratos que hacen crecer el efecto invernadero, pero lamentablemente Argentina no avanza en materia de energías alternativas”, expresó Fabris.
"Es fundamental obtener energía sin efecto contaminante y sin impacto ambiental desfavorable y la única forma de lograrlo es con el uso de las energías renovables como lo son las solar, eólica, mareomotriz, geotérmica o hidráulica, que se pueden producir perfectamente en muchas regiones de nuestra geografía porque existen las condiciones propicias para realizarlas”, dijo el legislador nacional.
Además, Fabris señaló que "nos preguntamos en que quedó el Plan Estratégico Nacional de Energía Eólica anunciado hace tres años, también si se cumple efectivamente la Ley 25.019 de promoción y uso de energías no convencionales o por qué no se reglamenta la Ley 26.190 que tiene por objetivo que el 8 por ciento del consumo eléctrico del país se origine en fuentes renovables” y agregó que “la generación eléctrica, especialmente se constituye en una fuente esencial de desarrollo, es por ello que resulta imprescindible aplicar políticas eficaces que permitan incrementar la eficiencia de las mismas, evitando repetir caminos ya transitados en la década pasada donde prevaleció el uso desaprensivo de los recursos no renovables y contaminantes”.
Finalmente, el diputado Fabris sostuvo que "seguiremos insistiendo y buscando la posibilidad estimular y promover la expansión de las energías alternativas, de bajo costo y confiables, para que definitivamente Argentina pueda encontrar en ellas un patrón económico, social, sostenible e inclusivo y por sobre todas las cosas no contaminante de nuestro medio ambiente", concluyó.
La polución del Río de la Plata, cada vez peor
La polución del Río de la Plata, cada vez peor
Fecha de Publicación: 21/09/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Está eliminando fauna y flora; se complica la potabilización del agua
La contaminación en el Río de la Plata, del cual se obtiene el agua que consume la población en el área metropolitana, no cede. Y cuanto mayor es el grado de polución, más complejo y costoso resulta el proceso de potabilización. Además, la presencia de elementos contaminantes orgánicos e inorgánicos en ese curso, donde confluyen vertidos tóxicos de todo tipo, está eliminando fauna y flora.
Esa realidad y la falta de conciencia de los vecinos de la Capital y la periferia sobre el consumo responsable del recurso (cada habitante gasta por día diez veces más litros de lo que recomienda la ONU) representan los dos problemas más serios en torno del agua en la principal concentración urbana del país.
Mediciones hechas en forma periódica entre 2001 y 2008 por el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3iA de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) se comprobó la existencia de elementos contaminantes orgánicos e inorgánicos en las aguas de la llamada Franja Costera Sur del río, que se extiende desde San Fernando hasta Magdalena y baña las costas del área metropolitana.
La presencia de estas sustancias contaminantes -originadas en los efluentes cloacales, domiciliarios (detergentes) e industriales que llegan hasta el Río de la Plata transportados por otros ríos y arroyos que en él descargan- se mantiene constante desde que docentes y alumnos del 3iA comenzaron los estudios e impactan directamente en la calidad del agua.
"No está peor, pero tampoco está mejor la situación. La carga es más dolosa a medida que pasa el tiempo. Como sociedad, no hemos hecho nada por revertir la contaminación", reflexionó el doctor en química Daniel Cicerone, profesor asociado de la Unsam y coordinador de la investigación sobre la Franja Costera Sur.
Los efluentes cloacales, dijo Cicerone, aportan compuestos nitrogenados, como nitratos, nitritos y amonios, que son empleados por los organismos fotosintéticos como nutrientes. Si se registran en gran cantidad, provocan el aumento desmedido de organismos que impiden el paso de la luz y comienza un proceso de eutrofización, o sea de muerte de la biota. Además, aportan organismos patógenos, como bacterias y virus.
Por otra parte, los efluentes industriales transportan contaminantes orgánicos e inorgánicos. Los frigoríficos, por ejemplo, si no tratan sus vertidos, entre los que se destacan restos de animales, aportan gran contenido de bacterias. Al introducir en un curso de agua materia orgánica, ésta consume oxígeno para su oxidación y hace descender los niveles de ese elemento en el agua; así, se favorecen procesos anaerobios, durante los que se producen metano y sulfuro de hidrógeno, y se liberan olores nauseabundos.
Mientras tanto, las curtiembres y la metalurgia generan metales, como el cadmio, el cromo, el cobre, el plomo, el cinc y el mercurio. Otras industrias liberan pesticidas y fertilizantes.
Menor calidad
Cicerone explicó a LA NACION que, por todas estas sustancias en suspensión, los efluentes cloacales e industriales disminuyen la calidad del agua y, por ende, la "aptitud de uso del recurso". En la ribera porteña, la mayoría de los usos están invalidados. ¿Cuáles son esos usos? Fuente de agua para consumo humano, protección de la vida acuática, irrigación, recreación y uso industrial. Como se sabe, está prohibido bañarse en el Río de la Plata y la biota (la fauna y la flora) está seriamente comprometida.
"Además, a mayor contaminación, la potabilización resulta más costosa y demanda mayores esfuerzos", señaló Cicerone, que también es licenciado en oceanografía.
La calidad del agua se mide en una escala del cero al 100. Por debajo de 24, el líquido no es apto para ningún uso; entre 24 y 52, sirve para un uso mínimo; entre 53 y 92, para uso limitado. Finalmente, entre 93 y 100, el agua puede ser destinada a cualquier uso.
Los equipos del 3iA toman muestras de agua en las desembocaduras del Riachuelo y del arroyo Medrano, y en el curso del río Reconquista que, al igual que los dos anteriores, es afluente del Río de la Plata. Cicerone recordó que eligieron esos tres torrentes porque eran los que la bibliografía identificaba como los tres que más contaminación aportaban al Río de la Plata, por las cuencas que atraviesan, en el siguiente orden: Riachuelo, Reconquista y arroyo Medrano.
La Unsam midió el impacto del Riachuelo en la Franja Costera Sur en 2002, 2004, 2005 y en 2006. En la desembocadura del arroyo Medrano (uno de los tres arroyos subterráneos más importantes de la Capital, junto con el Maldonado y el Vega), trabajó en 2001, 2003, 2005 y en 2008.
Vertidos tóxicos
Los estudios sobre el río Reconquista evaluaron la calidad del agua en el segmento que corre entre la ex ruta 8 y la Panamericana, en 2007 y en 2008. Los contaminantes presentes en ese tramo, expresó Cicerone, vierten en el Río de la Plata.
Según los resultados de los análisis, en la desembocadura del Riachuelo, a la altura de Vuelta de Rocha, el índice de calidad del agua se sitúa en 16 y un poco más cerca del Río de la Plata, en Cuatro Bocas, alcanza 33. A esa altura, la Franja Costera Sur mostró valores de entre 54 y 57. Allí, los investigadores hallaron que era casi nulo el oxígeno disuelto, era alta la carga de nitrito y amonio, y había algunos metales, como el cromo, el plomo y el cadmio, todos nocivos para la salud.
En tanto, el arroyo Medrano, que libera su caudal justo en el límite entre la Capital y Vicente López, llega con un índice de 15, toca los 37 en las instalaciones del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y ronda los 41 y 42 frente a Ciudad Universitaria. A sólo 1000 metros de allí, funcionan las tomas de agua de AySA, la empresa encargada de distribuir agua potable a la Capital y al conurbano. Fue alta la carga orgánica hallada, había alteraciones en el oxígeno disuelto y era elevada la presencia de amonio y nitrito. No se observaron metales.
Finalmente, en el río Reconquista, muy influenciado en el segmento analizado por la recepción de los pluviales del partido de San Martín, los valores oscilaron entre 30 y 40. Los equipos del 3iA detectaron disminuido el oxígeno disuelto, aumentado el nitrógeno, fósforo, cadmio y plomo, entre otros; amonios y nitratos.
Fecha de Publicación: 21/09/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Está eliminando fauna y flora; se complica la potabilización del agua
La contaminación en el Río de la Plata, del cual se obtiene el agua que consume la población en el área metropolitana, no cede. Y cuanto mayor es el grado de polución, más complejo y costoso resulta el proceso de potabilización. Además, la presencia de elementos contaminantes orgánicos e inorgánicos en ese curso, donde confluyen vertidos tóxicos de todo tipo, está eliminando fauna y flora.
Esa realidad y la falta de conciencia de los vecinos de la Capital y la periferia sobre el consumo responsable del recurso (cada habitante gasta por día diez veces más litros de lo que recomienda la ONU) representan los dos problemas más serios en torno del agua en la principal concentración urbana del país.
Mediciones hechas en forma periódica entre 2001 y 2008 por el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3iA de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) se comprobó la existencia de elementos contaminantes orgánicos e inorgánicos en las aguas de la llamada Franja Costera Sur del río, que se extiende desde San Fernando hasta Magdalena y baña las costas del área metropolitana.
La presencia de estas sustancias contaminantes -originadas en los efluentes cloacales, domiciliarios (detergentes) e industriales que llegan hasta el Río de la Plata transportados por otros ríos y arroyos que en él descargan- se mantiene constante desde que docentes y alumnos del 3iA comenzaron los estudios e impactan directamente en la calidad del agua.
"No está peor, pero tampoco está mejor la situación. La carga es más dolosa a medida que pasa el tiempo. Como sociedad, no hemos hecho nada por revertir la contaminación", reflexionó el doctor en química Daniel Cicerone, profesor asociado de la Unsam y coordinador de la investigación sobre la Franja Costera Sur.
Los efluentes cloacales, dijo Cicerone, aportan compuestos nitrogenados, como nitratos, nitritos y amonios, que son empleados por los organismos fotosintéticos como nutrientes. Si se registran en gran cantidad, provocan el aumento desmedido de organismos que impiden el paso de la luz y comienza un proceso de eutrofización, o sea de muerte de la biota. Además, aportan organismos patógenos, como bacterias y virus.
Por otra parte, los efluentes industriales transportan contaminantes orgánicos e inorgánicos. Los frigoríficos, por ejemplo, si no tratan sus vertidos, entre los que se destacan restos de animales, aportan gran contenido de bacterias. Al introducir en un curso de agua materia orgánica, ésta consume oxígeno para su oxidación y hace descender los niveles de ese elemento en el agua; así, se favorecen procesos anaerobios, durante los que se producen metano y sulfuro de hidrógeno, y se liberan olores nauseabundos.
Mientras tanto, las curtiembres y la metalurgia generan metales, como el cadmio, el cromo, el cobre, el plomo, el cinc y el mercurio. Otras industrias liberan pesticidas y fertilizantes.
Menor calidad
Cicerone explicó a LA NACION que, por todas estas sustancias en suspensión, los efluentes cloacales e industriales disminuyen la calidad del agua y, por ende, la "aptitud de uso del recurso". En la ribera porteña, la mayoría de los usos están invalidados. ¿Cuáles son esos usos? Fuente de agua para consumo humano, protección de la vida acuática, irrigación, recreación y uso industrial. Como se sabe, está prohibido bañarse en el Río de la Plata y la biota (la fauna y la flora) está seriamente comprometida.
"Además, a mayor contaminación, la potabilización resulta más costosa y demanda mayores esfuerzos", señaló Cicerone, que también es licenciado en oceanografía.
La calidad del agua se mide en una escala del cero al 100. Por debajo de 24, el líquido no es apto para ningún uso; entre 24 y 52, sirve para un uso mínimo; entre 53 y 92, para uso limitado. Finalmente, entre 93 y 100, el agua puede ser destinada a cualquier uso.
Los equipos del 3iA toman muestras de agua en las desembocaduras del Riachuelo y del arroyo Medrano, y en el curso del río Reconquista que, al igual que los dos anteriores, es afluente del Río de la Plata. Cicerone recordó que eligieron esos tres torrentes porque eran los que la bibliografía identificaba como los tres que más contaminación aportaban al Río de la Plata, por las cuencas que atraviesan, en el siguiente orden: Riachuelo, Reconquista y arroyo Medrano.
La Unsam midió el impacto del Riachuelo en la Franja Costera Sur en 2002, 2004, 2005 y en 2006. En la desembocadura del arroyo Medrano (uno de los tres arroyos subterráneos más importantes de la Capital, junto con el Maldonado y el Vega), trabajó en 2001, 2003, 2005 y en 2008.
Vertidos tóxicos
Los estudios sobre el río Reconquista evaluaron la calidad del agua en el segmento que corre entre la ex ruta 8 y la Panamericana, en 2007 y en 2008. Los contaminantes presentes en ese tramo, expresó Cicerone, vierten en el Río de la Plata.
Según los resultados de los análisis, en la desembocadura del Riachuelo, a la altura de Vuelta de Rocha, el índice de calidad del agua se sitúa en 16 y un poco más cerca del Río de la Plata, en Cuatro Bocas, alcanza 33. A esa altura, la Franja Costera Sur mostró valores de entre 54 y 57. Allí, los investigadores hallaron que era casi nulo el oxígeno disuelto, era alta la carga de nitrito y amonio, y había algunos metales, como el cromo, el plomo y el cadmio, todos nocivos para la salud.
En tanto, el arroyo Medrano, que libera su caudal justo en el límite entre la Capital y Vicente López, llega con un índice de 15, toca los 37 en las instalaciones del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y ronda los 41 y 42 frente a Ciudad Universitaria. A sólo 1000 metros de allí, funcionan las tomas de agua de AySA, la empresa encargada de distribuir agua potable a la Capital y al conurbano. Fue alta la carga orgánica hallada, había alteraciones en el oxígeno disuelto y era elevada la presencia de amonio y nitrito. No se observaron metales.
Finalmente, en el río Reconquista, muy influenciado en el segmento analizado por la recepción de los pluviales del partido de San Martín, los valores oscilaron entre 30 y 40. Los equipos del 3iA detectaron disminuido el oxígeno disuelto, aumentado el nitrógeno, fósforo, cadmio y plomo, entre otros; amonios y nitratos.
Tráfico: rescataron a tres mil animales
Tráfico de especies: rescataron a tres mil animales en 3 provincias
Fecha de Publicación: 20/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Son aves, reptiles y monos que ahora están en un bioparque para su recuperación.
De repente, en un solo día, el bioparque Temaiken de Escobar tiene 2.000 nuevos animales: maras, monos, zorrinos, flamencos, hurones, loros habladores, cardenales, boyeros. Y el zoológico municipal de Bahía Blanca sumó unos 500. La noticia parece buena, pero no, no lo es. El arribo de estos nuevos visitantes es producto de varios allanamientos en tres provincias en el que se secuestraron más de 3.000 ejemplares de distintas especies que iban a ser comercializados ilegalmente.
El mega operativo -dispuesto por el juzgado Federal N°3 de Morón, y llevado a cabo por la Dirección de Fauna de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la División Operaciones del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal- se hizo en Bahía Blanca e Ituzaingó (Buenos Aires), Rafaela (Santa Fe), y La Banda (Santiago del Estero). En total se secuestraron más de 3.000 ejemplares de aves, tres especies de monos (mariquita, carayá y tití pincel), más de 30 flamencos y hurones. La mayoría estaba en Ituzaingó. En Santiago del Estero se secuestraron gran cantidad de pájaros, tortugas de agua y tierra. En Bahía Blanca, en una casa del barrio Estomba, se encontraron 600 cardenales amarillos, una verdadera rareza que está en grave peligro de extinción, y que por ese motivo puede llegar a pagarse hasta mil euros un ejemplar en Europa. En Santa Fe se descubrieron personas que adulteraban documentación:guías de tránsito necesarias para la identificación de animales.
Desde Temaiken, explicaron a Clarín que el viernes llegaron casi 2.000 animales en tres camiones desde las distintas provincias. Todos fueron al hospital veterinario de Fundación Temaiken en Escobar. "Recibimos estos animales para su cuidado y rehabilitación en el marco de un convenio marco con la Secretaría de Ambiente de la Nación y por contar con un hospital modelo. Algunas de las especies están en grave peligro de extinción, como el cardenal amarillo. También hay maras, monos, zorrinos, flamencos, hurones, loros habladores, cardenales, boyeros. Además, llegaron congelados un tigrecito y cabezas de aves como tucanes. Estos animales están siendo atendidos por un equipo interdisciplinario de 15 profesionales (veterinarios, biólogos y cuidadores) a cargo de Eduardo Francisco. Junto con Fauna se va a ir evaluando cuáles están en condiciones de ser reintroducidos en su ambiente natural y cuáles no. Todo esto una vez que el juez dé la orden".
Escéptico, Claudio Bertonatti, de Fundación Vida Silvestre, no cree que finalmente pase algo: "En Argentina prima una gran impunidad. Los jueces no tienen compromiso ambiental". Cuenta que la organización ya hizo más de 3.000 denuncias hasta por contrabando en los últimos 30 años, y que casi no hay ni una condena. "Nuestro país siempre fue exportador de recursos naturales, pero en los 70 aumentó su intensidad a causa de la mayor demanda del mercado. En los 80 la situación era dramática. Incluso en el 89, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, Argentina estaba entre los peores cuatro países del mundo, junto a España, Tailandia y Singapur". Entre lo que más se exporta hay pecaríes, carpinchos, boas, yacarés y ñandúes (para los cueros), vicuñas y felinos (por las pieles), loros, guacamayos y cotorras (como mascotas), orquídeas y cactus (plantas ornamentales) y maderas como el Palo Santo, que fundamentalmente viaja a China, donde se usa para pisos. "Los principales destinos son Asia, Estados Unidos y España, Italia y Francia. La mercadería sale tanto por barco como por avión. En realidad sale de cualquier manera. Y si ocurre es porque las fuerzas de seguridad del país son complacientes o hay funcionarios que directamente participan de estos delitos", afirma Bertonatti. Los compradores son coleccionistas, gente excéntrica a la que le da placer saber que en su casa tienen ejemplares exóticos o en peligro de extinción.
Fecha de Publicación: 20/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Son aves, reptiles y monos que ahora están en un bioparque para su recuperación.
De repente, en un solo día, el bioparque Temaiken de Escobar tiene 2.000 nuevos animales: maras, monos, zorrinos, flamencos, hurones, loros habladores, cardenales, boyeros. Y el zoológico municipal de Bahía Blanca sumó unos 500. La noticia parece buena, pero no, no lo es. El arribo de estos nuevos visitantes es producto de varios allanamientos en tres provincias en el que se secuestraron más de 3.000 ejemplares de distintas especies que iban a ser comercializados ilegalmente.
El mega operativo -dispuesto por el juzgado Federal N°3 de Morón, y llevado a cabo por la Dirección de Fauna de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la División Operaciones del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal- se hizo en Bahía Blanca e Ituzaingó (Buenos Aires), Rafaela (Santa Fe), y La Banda (Santiago del Estero). En total se secuestraron más de 3.000 ejemplares de aves, tres especies de monos (mariquita, carayá y tití pincel), más de 30 flamencos y hurones. La mayoría estaba en Ituzaingó. En Santiago del Estero se secuestraron gran cantidad de pájaros, tortugas de agua y tierra. En Bahía Blanca, en una casa del barrio Estomba, se encontraron 600 cardenales amarillos, una verdadera rareza que está en grave peligro de extinción, y que por ese motivo puede llegar a pagarse hasta mil euros un ejemplar en Europa. En Santa Fe se descubrieron personas que adulteraban documentación:guías de tránsito necesarias para la identificación de animales.
Desde Temaiken, explicaron a Clarín que el viernes llegaron casi 2.000 animales en tres camiones desde las distintas provincias. Todos fueron al hospital veterinario de Fundación Temaiken en Escobar. "Recibimos estos animales para su cuidado y rehabilitación en el marco de un convenio marco con la Secretaría de Ambiente de la Nación y por contar con un hospital modelo. Algunas de las especies están en grave peligro de extinción, como el cardenal amarillo. También hay maras, monos, zorrinos, flamencos, hurones, loros habladores, cardenales, boyeros. Además, llegaron congelados un tigrecito y cabezas de aves como tucanes. Estos animales están siendo atendidos por un equipo interdisciplinario de 15 profesionales (veterinarios, biólogos y cuidadores) a cargo de Eduardo Francisco. Junto con Fauna se va a ir evaluando cuáles están en condiciones de ser reintroducidos en su ambiente natural y cuáles no. Todo esto una vez que el juez dé la orden".
Escéptico, Claudio Bertonatti, de Fundación Vida Silvestre, no cree que finalmente pase algo: "En Argentina prima una gran impunidad. Los jueces no tienen compromiso ambiental". Cuenta que la organización ya hizo más de 3.000 denuncias hasta por contrabando en los últimos 30 años, y que casi no hay ni una condena. "Nuestro país siempre fue exportador de recursos naturales, pero en los 70 aumentó su intensidad a causa de la mayor demanda del mercado. En los 80 la situación era dramática. Incluso en el 89, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, Argentina estaba entre los peores cuatro países del mundo, junto a España, Tailandia y Singapur". Entre lo que más se exporta hay pecaríes, carpinchos, boas, yacarés y ñandúes (para los cueros), vicuñas y felinos (por las pieles), loros, guacamayos y cotorras (como mascotas), orquídeas y cactus (plantas ornamentales) y maderas como el Palo Santo, que fundamentalmente viaja a China, donde se usa para pisos. "Los principales destinos son Asia, Estados Unidos y España, Italia y Francia. La mercadería sale tanto por barco como por avión. En realidad sale de cualquier manera. Y si ocurre es porque las fuerzas de seguridad del país son complacientes o hay funcionarios que directamente participan de estos delitos", afirma Bertonatti. Los compradores son coleccionistas, gente excéntrica a la que le da placer saber que en su casa tienen ejemplares exóticos o en peligro de extinción.
Conferencia de la ONU contra la desertificación
Argentina acoge la conferencia de la ONU contra la desertificación
Fecha de Publicación: 20/09/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Argentina acogerá desde este lunes un encuentro de alto nivel de países miembros de Naciones Unidas para analizar el fenómeno de la desertificación y su relación con el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la degradación de tierras productivas.
La novena sesión de la Conferencia de las Partes (COP9) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) se desarrollará durante dos semanas en Buenos Aires, con la asistencia de ministros y otros altos funcionarios del área de Medio Ambiente de 193 países, informaron a Efe fuentes oficiales.
En el encuentro, que se extenderá hasta el 2 de octubre, participarán además científicos, parlamentarios y representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
La cita será inaugurada formalmente este lunes en un acto presidido por el secretario ejecutivo de la UNCCD, el beninés Luc Gnacadja, y el secretario del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Homero Bibiloni.
El segmento de alto nivel de la COP9 comenzará el día 28, con mesas redondas ministeriales sobre las tendencias globales de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se adoptó en París en 1994, entró en vigor dos años después y los Estados signatarios de la misma se reúnen en conferencias como la que se celebrará en Buenos Aires cada dos años, la última de ellas realizada en Madrid en 2007.
Allí, se adoptó un plan estratégico para 2008-2018, cuyos primeros pasos serán revisados en la cita en la capital argentina.
Según los organizadores, los ministros abordarán "asuntos críticos", incluyendo "la posibilidad de la mitigación del cambio climático a través del secuestro de carbono en las tierras, reestructurando las tierras degradadas" y los alcances del cambio climático en la desertificación y la sequía".
Asimismo, en el marco de la COP9, se realizará del martes al jueves próximo la primera conferencia científica de la UNCCD donde los expertos determinarán los indicadores que serán utilizados por los gobiernos para medir la degradación de la tierra.
Según datos de la UNCCD, se calcula que cerca del 40 por ciento de la superficie terrestre está clasificada como tierra seca, y que, desde 1990, un porcentaje adicional de entre el 15 y el 25 por ciento de la tierra se ha degradado o entró en proceso de degradación.
La conferencia científica elaborará los indicadores para evaluar la calidad de la tierra y recomendar procedimientos, herramientas y métodos que permitan una gestión sostenible de la tierra.
La desertificación es el proceso gradual de degradación de las tierras en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, con pérdida de productividad del suelo y por efecto de variaciones climáticas y de actividades humanas como cultivos o pastoreo abusivos, desforestación y prácticas de regadío deficientes.
Este fenómeno también tiene estrecha vinculación con el cambio climático, pues las tierras pueden degradarse y erosionarse a consecuencia de sequías intensas y de crecidas causadas por las variaciones globales del clima.
Según datos de la UNCCD, más de 250 millones de personas padecen directamente los efectos de la desertificación y una tercera parte de la superficie terrestre -más de 4.000 millones de hectáreas- está amenazada por este fenómeno.
Asimismo, la degradación de los suelos amenaza la subsistencia de 1.200 millones de personas que dependen de la tierra para cubrir la mayoría de sus necesidades y que suelen ser los habitantes más pobres del planeta.
De hecho, según advierte la UNCCD, unos 135 millones podrían verse obligados a desplazarse por efecto de la desertificación, en tanto que se calcula que el volumen mundial de ingresos anuales perdidos a causa de la degradación de tierras asciende a unos 42.000 millones de dólares.
Fecha de Publicación: 20/09/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Argentina acogerá desde este lunes un encuentro de alto nivel de países miembros de Naciones Unidas para analizar el fenómeno de la desertificación y su relación con el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la degradación de tierras productivas.
La novena sesión de la Conferencia de las Partes (COP9) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) se desarrollará durante dos semanas en Buenos Aires, con la asistencia de ministros y otros altos funcionarios del área de Medio Ambiente de 193 países, informaron a Efe fuentes oficiales.
En el encuentro, que se extenderá hasta el 2 de octubre, participarán además científicos, parlamentarios y representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
La cita será inaugurada formalmente este lunes en un acto presidido por el secretario ejecutivo de la UNCCD, el beninés Luc Gnacadja, y el secretario del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Homero Bibiloni.
El segmento de alto nivel de la COP9 comenzará el día 28, con mesas redondas ministeriales sobre las tendencias globales de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se adoptó en París en 1994, entró en vigor dos años después y los Estados signatarios de la misma se reúnen en conferencias como la que se celebrará en Buenos Aires cada dos años, la última de ellas realizada en Madrid en 2007.
Allí, se adoptó un plan estratégico para 2008-2018, cuyos primeros pasos serán revisados en la cita en la capital argentina.
Según los organizadores, los ministros abordarán "asuntos críticos", incluyendo "la posibilidad de la mitigación del cambio climático a través del secuestro de carbono en las tierras, reestructurando las tierras degradadas" y los alcances del cambio climático en la desertificación y la sequía".
Asimismo, en el marco de la COP9, se realizará del martes al jueves próximo la primera conferencia científica de la UNCCD donde los expertos determinarán los indicadores que serán utilizados por los gobiernos para medir la degradación de la tierra.
Según datos de la UNCCD, se calcula que cerca del 40 por ciento de la superficie terrestre está clasificada como tierra seca, y que, desde 1990, un porcentaje adicional de entre el 15 y el 25 por ciento de la tierra se ha degradado o entró en proceso de degradación.
La conferencia científica elaborará los indicadores para evaluar la calidad de la tierra y recomendar procedimientos, herramientas y métodos que permitan una gestión sostenible de la tierra.
La desertificación es el proceso gradual de degradación de las tierras en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, con pérdida de productividad del suelo y por efecto de variaciones climáticas y de actividades humanas como cultivos o pastoreo abusivos, desforestación y prácticas de regadío deficientes.
Este fenómeno también tiene estrecha vinculación con el cambio climático, pues las tierras pueden degradarse y erosionarse a consecuencia de sequías intensas y de crecidas causadas por las variaciones globales del clima.
Según datos de la UNCCD, más de 250 millones de personas padecen directamente los efectos de la desertificación y una tercera parte de la superficie terrestre -más de 4.000 millones de hectáreas- está amenazada por este fenómeno.
Asimismo, la degradación de los suelos amenaza la subsistencia de 1.200 millones de personas que dependen de la tierra para cubrir la mayoría de sus necesidades y que suelen ser los habitantes más pobres del planeta.
De hecho, según advierte la UNCCD, unos 135 millones podrían verse obligados a desplazarse por efecto de la desertificación, en tanto que se calcula que el volumen mundial de ingresos anuales perdidos a causa de la degradación de tierras asciende a unos 42.000 millones de dólares.
Congreso de Educación Ambiental
“No habrá educación ambiental mientras la Organización Mundial del Comercio nos diga qué cultivamos, qué exportamos y qué debemos comer.”
Fecha de Publicación: 19/09/2009
Fuente: InfoAmbiente - Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Bajo la consigna “Política y Educación Ambiental: el Proceso educativo y la construcción de la sustentabilidad”, se llevó a cabo la primera Conferencia Central del VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, a cargo de reconocidos educadores de España, México y Argentina. Durante su presentación,
Fernando Melillo (coordinador del panel, Argentina); José Antonio Caride Gómez (España); Enrique Leff (México) y Carlos Galano (Argentina) disertaron sobre política y educación ambiental.
el argentino Carlos Galano instó a desoccidentalizar el conocimiento mecanicista y aseveró que “no habrá educación ambiental en nuestros países mientras la Organización Mundial del Comercio diga qué cultivamos, qué exportamos y qué debemos comer.”
Galano, Director del Posgrado de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la Universidad del Comahue, fue enfático al sostener que el sistema educativo moderno “insustentable” es una “pesadilla”, “el único sueño es que podamos construir los postulados de la Educación Ambiental desde la racionalidad”, afirmó.
De este modo, el pensador argentino supone a la educación ambiental como un “desafio epistemológico”, impregnada por el pensamiento ambiental latinoamericano, es decir, “el camino es la subversión epistemológica”, manifestó. En tal sentido, propuso la creación de alianzas orientadas a proponer sociedades sustentables, integrar a los pueblos originarios, reflexionar sobre el cambio climático, la problemática rural y urbana, la seguridad alimentaria, descolonizar el conocimiento y desoccidentalizar el paradigma, entre otros pasos a seguir.
Por su parte, José Antonio Caride Gómez consideró que la educación ambiental debe ser entendida como un “acto político” basada en valores que promuevan la transformación social “en concordancia con la ética ecológica que se precisa para un desarrollo humano que sea sustentable”. El español, catedrático de “Pedagogía Social” de la Universidad de Santiago de Compostela y Doctor en Filosofia y Ciencias de la Educación, reivindica el rol de las instituciones democráticas y de la participación social como sustento de la educación ambiental y de sus políticas.
“Siempre será preferible que la educación y la política incluyan la sustentabilidad en sus principios a que no lo hagan”, aseveró. En esa línea, el especialista apeló a una “democracia de actores, no sólo de públicos, que se reconozcan en su condición de ciudadanía” y exhortó a que el discurso crítico reflexivo se dirija hacia una acción y movilización participativa que busque romper con una tradición de incongruencias entre “lo que se dice y lo que se hace”. “Debemos exigir a la clase política y a sus políticas, compromisos y responsabilidades pero sobre todo hechos”, enfatizó Caride Gómez.
En tanto, para el Doctor en Economía para el Desarrollo, ex Director de la Red de Formación Ambiental del PNUMA, Enrique Leff, no se trata de “agregar” una nueva materia a la currícula escolar sino de “deconstruir y revisar, desde el fondo, lo que implica enseñar y aprender”. “Son nuevos valores, una nueva mentalidad abierta a la compresión de la complejidad del mundo y no hacia la impartición de materias fragmentarias; una nueva ética que nos lleva a analizar la construcción de futuro”, explicó el educador mexicano.
En tal sentido, Leff hizo hincapié en la necesidad de “empezar a llevar al ámbito educativo, donde nos re-formamos, algo que la civilización moderna ha dejado impensado: cómo conducir la construcción de la sustentabilidad”. Sin embargo, el catedrático admitió algunas tareas pendientes desde el sector dado que “seguimos siendo muy marginales aún dentro de los propios sindicatos y no hemos logrado conmover la racionalidad de los grandes tomadores de decisiones”. Tampoco-continuó- “hemos tocado el corazón de la educación en el sentido más amplio”. Los educadores siguen viendo a la educación ambiental como una “curiosidad”, relató Leff, y “siguen en el tren de la modernidad seducidos por los cambios de las universidades europeas y las nuevas tecnologías”, afirmó.
Tras estas declaraciones, Caride Gomez coincidió con su colega al advertir “avances y retrocesos” en la educación ambiental a nivel global. “Hay una focalización obsesiva hacia los conocimientos más instrumentales o tecnológicos”, aseguró el investigador ibérico, y todo lo que se relaciona con la ética no es ni “prioritario, mucho menos urgente, incluso aquello para lo cual tiene que haber un tiempo y un espacio en el curriculum escolar y en la formación general de la sociedad”.
Durante la conferencia, y en sintonía con las exposiciones internacionales, el coordinador del Panel, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales de la cartera ambiental nacional, Prof. Fernando Melillo, reconoció que el sistema político argentino “está atrás (en relación a algunos países latinoamericanos) en materia de educación ambiental” y refirió a la realización de este Congreso en Argentina como un “giro en las decisiones políticas” de sus gobernantes.
Fecha de Publicación: 19/09/2009
Fuente: InfoAmbiente - Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Bajo la consigna “Política y Educación Ambiental: el Proceso educativo y la construcción de la sustentabilidad”, se llevó a cabo la primera Conferencia Central del VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, a cargo de reconocidos educadores de España, México y Argentina. Durante su presentación,
Fernando Melillo (coordinador del panel, Argentina); José Antonio Caride Gómez (España); Enrique Leff (México) y Carlos Galano (Argentina) disertaron sobre política y educación ambiental.
el argentino Carlos Galano instó a desoccidentalizar el conocimiento mecanicista y aseveró que “no habrá educación ambiental en nuestros países mientras la Organización Mundial del Comercio diga qué cultivamos, qué exportamos y qué debemos comer.”
Galano, Director del Posgrado de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la Universidad del Comahue, fue enfático al sostener que el sistema educativo moderno “insustentable” es una “pesadilla”, “el único sueño es que podamos construir los postulados de la Educación Ambiental desde la racionalidad”, afirmó.
De este modo, el pensador argentino supone a la educación ambiental como un “desafio epistemológico”, impregnada por el pensamiento ambiental latinoamericano, es decir, “el camino es la subversión epistemológica”, manifestó. En tal sentido, propuso la creación de alianzas orientadas a proponer sociedades sustentables, integrar a los pueblos originarios, reflexionar sobre el cambio climático, la problemática rural y urbana, la seguridad alimentaria, descolonizar el conocimiento y desoccidentalizar el paradigma, entre otros pasos a seguir.
Por su parte, José Antonio Caride Gómez consideró que la educación ambiental debe ser entendida como un “acto político” basada en valores que promuevan la transformación social “en concordancia con la ética ecológica que se precisa para un desarrollo humano que sea sustentable”. El español, catedrático de “Pedagogía Social” de la Universidad de Santiago de Compostela y Doctor en Filosofia y Ciencias de la Educación, reivindica el rol de las instituciones democráticas y de la participación social como sustento de la educación ambiental y de sus políticas.
“Siempre será preferible que la educación y la política incluyan la sustentabilidad en sus principios a que no lo hagan”, aseveró. En esa línea, el especialista apeló a una “democracia de actores, no sólo de públicos, que se reconozcan en su condición de ciudadanía” y exhortó a que el discurso crítico reflexivo se dirija hacia una acción y movilización participativa que busque romper con una tradición de incongruencias entre “lo que se dice y lo que se hace”. “Debemos exigir a la clase política y a sus políticas, compromisos y responsabilidades pero sobre todo hechos”, enfatizó Caride Gómez.
En tanto, para el Doctor en Economía para el Desarrollo, ex Director de la Red de Formación Ambiental del PNUMA, Enrique Leff, no se trata de “agregar” una nueva materia a la currícula escolar sino de “deconstruir y revisar, desde el fondo, lo que implica enseñar y aprender”. “Son nuevos valores, una nueva mentalidad abierta a la compresión de la complejidad del mundo y no hacia la impartición de materias fragmentarias; una nueva ética que nos lleva a analizar la construcción de futuro”, explicó el educador mexicano.
En tal sentido, Leff hizo hincapié en la necesidad de “empezar a llevar al ámbito educativo, donde nos re-formamos, algo que la civilización moderna ha dejado impensado: cómo conducir la construcción de la sustentabilidad”. Sin embargo, el catedrático admitió algunas tareas pendientes desde el sector dado que “seguimos siendo muy marginales aún dentro de los propios sindicatos y no hemos logrado conmover la racionalidad de los grandes tomadores de decisiones”. Tampoco-continuó- “hemos tocado el corazón de la educación en el sentido más amplio”. Los educadores siguen viendo a la educación ambiental como una “curiosidad”, relató Leff, y “siguen en el tren de la modernidad seducidos por los cambios de las universidades europeas y las nuevas tecnologías”, afirmó.
Tras estas declaraciones, Caride Gomez coincidió con su colega al advertir “avances y retrocesos” en la educación ambiental a nivel global. “Hay una focalización obsesiva hacia los conocimientos más instrumentales o tecnológicos”, aseguró el investigador ibérico, y todo lo que se relaciona con la ética no es ni “prioritario, mucho menos urgente, incluso aquello para lo cual tiene que haber un tiempo y un espacio en el curriculum escolar y en la formación general de la sociedad”.
Durante la conferencia, y en sintonía con las exposiciones internacionales, el coordinador del Panel, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales de la cartera ambiental nacional, Prof. Fernando Melillo, reconoció que el sistema político argentino “está atrás (en relación a algunos países latinoamericanos) en materia de educación ambiental” y refirió a la realización de este Congreso en Argentina como un “giro en las decisiones políticas” de sus gobernantes.
Petroquímicas: contaminación de nunca acabar
La contaminación de nunca acabar
Fecha de Publicación: 18/09/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
En pocos días se celebrará la llegada de la primavera. Será el último festejo de ese tipo antes del bicentenario. A partir de allí, las caminatas de personas mayores, las salidas en familia a los parques y plazas, y los juegos infantiles al aire libre se irán multiplicando con el buen tiempo. Pero hay que decirlo, una vez más: el aire no es ni será libre, y el agua de las playas seguirá contaminada. ¿Por qué? Porque poco y nada se hizo para solucionar una problemática que lleva años y más años, denuncias y más denuncias. Nada ha cambiado. Parece un problema bicentenario. Y es que hay cuestiones irresueltas que cansan; agobian hasta el hartazgo.
Un estudio realizado por el Hospital de Niños de La Plata, el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, reveló recientemente que se observa una mayor incidencia “de asma, brotes asmáticos, problemas respiratorios como disnea (dificultad para respirar), tos nocturna, rinitis y una marcada disminución de la función pulmonar en los niños que viven cerca de plantas petroquímicas respecto de los que habitan en otras zonas. Esto se correlaciona con mayores niveles de contaminación detectados”, explicó en su momento Fernando Wichmann, neumonólogo infantil y uno de los autores del trabajo (ver Expuestos...).
Ahora, ambientalistas aportaron un dato por demás esclarecedor: en los servicios de urgencia de Ensenada, entre el 60% y el 70% de las consultas tienen que ver con problemas respiratorios.
Y no es sólo el aire. Leda Giannuzzi, del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), dijo a Hoy que, según encuestas realizadas en Ensenada, “se constató una mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales a medida que nos acercamos al río, incluso en zonas donde hay agua de red. Se detectaron niveles similares a los de zonas del Conurbano donde usan agua de pozo” (ver El agua...).
Llega la primavera. Y al aire contaminado que se respira todo el año se suman los peligros del agua del río.
¿Y los controles?
¿Y las “eternas” promesas de cambiar la situación por parte de las autoridades? Brillan por su ausencia.
“No, de muchos años a esta parte no se ha avanzado nada. Y lo más grave (de esta situación) es la falta de control por parte del Estado provincial”, dice Horacio Beláustegui de la Fundación Biosfera.
Por su parte, el senador provincial Luis Malagamba denunció que “el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) -encargado del contralor a las empresas del polo petroquímico y petrolero- se maneja, casi siempre, con los datos de las auditorías internas de esas compañías”.
Algo así como que un alumno rinda un examen y se autocalifique; siempre va a aprobar. Parece chiste, pero no lo es. El Estado está ausente y las consecuencias las paga la población con su propia salud: “Después de la epilepsia y la diabetes, el asma es la enfermedad que mayores trastornos psicosociales trae, en términos de costo para la canasta familiar, para la salud pública y en término de costos indirectos, como ausentismo escolar o laboral”, subraya el estudio del Hospital de Niños y la UNLP.
El Estado provincial “no ejerce el poder de policía en ningún ámbito. Y en el caso de la contaminación, lo que hace es poner en serio riesgo la salud de la población”, señaló a Hoy el senador bonaerense Javier Mor Roig.
Sólo parches
Beláustegui dijo que “no se ve a nivel provincial una preocupación por el tema”, y agregó que “lo peor del caso es que se vienen realizando cambios en la OPDS; permanentes movimientos. ¿Qué pasa entonces con los grandes anuncios en la materia de hace dos años? -se pregunta-. Porque si no hay continuidad nunca se hará nada. Estamos cansados de los cambios y ensayos permanentes. Una política ambiental debe ser una política de Estado, un proceso planificado y ejecutado a largo plazo”.
Tantos años con el mismo tema y nada. Se genera una sensación de impotencia.
“Claro que sí, y es comprensible”, admitió Malagamba, aunque instó a seguir denunciando por parte de los vecinos. De hecho,
a veces la denuncia da resultados (ver Denuncias...). Pero no se trata de cuestiones puntuales, sino de una problemática general.
A tal punto que en el Senado bonaerense hay dos pedidos de informes sobre los estudios de impacto ambiental de las tres plantas químicas que se levantan en los terrenos de la ex Fábrica Militar de Acido Sulfúrico. “Presentamos uno el año pasado y otro este año, y hasta hoy no tenemos respuestas”, afirmó Mor Roig.
Plomo, calcio, carbón de coque, sulfuro y muchos más componentes van minando la salud de los vecinos de nuestra región cada día. Ese es el aire que respiramos. “Hagamos una cuenta -dice Beláustegui-, por nuestro organismo circulan 20 litros diarios de aire, una parte se filtra, pero otra va a la mucosa y otra directamente a los alvéolos pulmonares”.
Los municipios
Las organizaciones ambientalistas también ponen el ojo en el supuesto descuido de los municipios. “Hace un año presentamos un proyecto en los concejos deliberantes de la región para implementar una ‘tasa de calidad del aire’. Se trataría de un impuesto a cobrarles a las grandes empresas (Copetro, Repsol-YPF, Petroken, etc.) a fin de financiar sistemas de control de calidad (del aire) independientes, a través de un organismo con representación municipal y de las ONG’s; pero cayó en saco roto”, comentan.
Cuando nos acercamos al bicentenario con tantos problemas sin resolver, muchos de los cuales parecen haber nacido con el país y la región, surge la pregunta recurrente: ¿Por qué?
Habrá respuestas más duras. Otras más blandas. Pero se hacen necesarias e impostergables. Lo “eterno”, cuando va de la mano de la mala calidad de vida, provoca hartazgo. Entonces, ¿por qué? Algunos ambientalistas, los más duros, llegan a afirmar que “las grandes empresas del polo son sponsors de los gobiernos”. Otros, como Beláustegui, apuntan a malas políticas que se eternizan en el tiempo.
Malagamba no descarta ni una ni otra opción. “Cuando el Estado está ausente, lo está por acción o por omisión; a veces hay connivencia, a veces, lisa y llana incapacidad”.
Fecha de Publicación: 18/09/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
En pocos días se celebrará la llegada de la primavera. Será el último festejo de ese tipo antes del bicentenario. A partir de allí, las caminatas de personas mayores, las salidas en familia a los parques y plazas, y los juegos infantiles al aire libre se irán multiplicando con el buen tiempo. Pero hay que decirlo, una vez más: el aire no es ni será libre, y el agua de las playas seguirá contaminada. ¿Por qué? Porque poco y nada se hizo para solucionar una problemática que lleva años y más años, denuncias y más denuncias. Nada ha cambiado. Parece un problema bicentenario. Y es que hay cuestiones irresueltas que cansan; agobian hasta el hartazgo.
Un estudio realizado por el Hospital de Niños de La Plata, el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, reveló recientemente que se observa una mayor incidencia “de asma, brotes asmáticos, problemas respiratorios como disnea (dificultad para respirar), tos nocturna, rinitis y una marcada disminución de la función pulmonar en los niños que viven cerca de plantas petroquímicas respecto de los que habitan en otras zonas. Esto se correlaciona con mayores niveles de contaminación detectados”, explicó en su momento Fernando Wichmann, neumonólogo infantil y uno de los autores del trabajo (ver Expuestos...).
Ahora, ambientalistas aportaron un dato por demás esclarecedor: en los servicios de urgencia de Ensenada, entre el 60% y el 70% de las consultas tienen que ver con problemas respiratorios.
Y no es sólo el aire. Leda Giannuzzi, del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), dijo a Hoy que, según encuestas realizadas en Ensenada, “se constató una mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales a medida que nos acercamos al río, incluso en zonas donde hay agua de red. Se detectaron niveles similares a los de zonas del Conurbano donde usan agua de pozo” (ver El agua...).
Llega la primavera. Y al aire contaminado que se respira todo el año se suman los peligros del agua del río.
¿Y los controles?
¿Y las “eternas” promesas de cambiar la situación por parte de las autoridades? Brillan por su ausencia.
“No, de muchos años a esta parte no se ha avanzado nada. Y lo más grave (de esta situación) es la falta de control por parte del Estado provincial”, dice Horacio Beláustegui de la Fundación Biosfera.
Por su parte, el senador provincial Luis Malagamba denunció que “el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) -encargado del contralor a las empresas del polo petroquímico y petrolero- se maneja, casi siempre, con los datos de las auditorías internas de esas compañías”.
Algo así como que un alumno rinda un examen y se autocalifique; siempre va a aprobar. Parece chiste, pero no lo es. El Estado está ausente y las consecuencias las paga la población con su propia salud: “Después de la epilepsia y la diabetes, el asma es la enfermedad que mayores trastornos psicosociales trae, en términos de costo para la canasta familiar, para la salud pública y en término de costos indirectos, como ausentismo escolar o laboral”, subraya el estudio del Hospital de Niños y la UNLP.
El Estado provincial “no ejerce el poder de policía en ningún ámbito. Y en el caso de la contaminación, lo que hace es poner en serio riesgo la salud de la población”, señaló a Hoy el senador bonaerense Javier Mor Roig.
Sólo parches
Beláustegui dijo que “no se ve a nivel provincial una preocupación por el tema”, y agregó que “lo peor del caso es que se vienen realizando cambios en la OPDS; permanentes movimientos. ¿Qué pasa entonces con los grandes anuncios en la materia de hace dos años? -se pregunta-. Porque si no hay continuidad nunca se hará nada. Estamos cansados de los cambios y ensayos permanentes. Una política ambiental debe ser una política de Estado, un proceso planificado y ejecutado a largo plazo”.
Tantos años con el mismo tema y nada. Se genera una sensación de impotencia.
“Claro que sí, y es comprensible”, admitió Malagamba, aunque instó a seguir denunciando por parte de los vecinos. De hecho,
a veces la denuncia da resultados (ver Denuncias...). Pero no se trata de cuestiones puntuales, sino de una problemática general.
A tal punto que en el Senado bonaerense hay dos pedidos de informes sobre los estudios de impacto ambiental de las tres plantas químicas que se levantan en los terrenos de la ex Fábrica Militar de Acido Sulfúrico. “Presentamos uno el año pasado y otro este año, y hasta hoy no tenemos respuestas”, afirmó Mor Roig.
Plomo, calcio, carbón de coque, sulfuro y muchos más componentes van minando la salud de los vecinos de nuestra región cada día. Ese es el aire que respiramos. “Hagamos una cuenta -dice Beláustegui-, por nuestro organismo circulan 20 litros diarios de aire, una parte se filtra, pero otra va a la mucosa y otra directamente a los alvéolos pulmonares”.
Los municipios
Las organizaciones ambientalistas también ponen el ojo en el supuesto descuido de los municipios. “Hace un año presentamos un proyecto en los concejos deliberantes de la región para implementar una ‘tasa de calidad del aire’. Se trataría de un impuesto a cobrarles a las grandes empresas (Copetro, Repsol-YPF, Petroken, etc.) a fin de financiar sistemas de control de calidad (del aire) independientes, a través de un organismo con representación municipal y de las ONG’s; pero cayó en saco roto”, comentan.
Cuando nos acercamos al bicentenario con tantos problemas sin resolver, muchos de los cuales parecen haber nacido con el país y la región, surge la pregunta recurrente: ¿Por qué?
Habrá respuestas más duras. Otras más blandas. Pero se hacen necesarias e impostergables. Lo “eterno”, cuando va de la mano de la mala calidad de vida, provoca hartazgo. Entonces, ¿por qué? Algunos ambientalistas, los más duros, llegan a afirmar que “las grandes empresas del polo son sponsors de los gobiernos”. Otros, como Beláustegui, apuntan a malas políticas que se eternizan en el tiempo.
Malagamba no descarta ni una ni otra opción. “Cuando el Estado está ausente, lo está por acción o por omisión; a veces hay connivencia, a veces, lisa y llana incapacidad”.
Salta busca erradicar los basurales abiertos
Buscan erradicar todos los basurales comunales abiertos
Fecha de Publicación: 18/09/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La jornada contó con una amplia participación de intendentes de toda la provincia y de las vecinas Jujuy y Tucumán.
Brindaron capacitación a los municipios del NOA sobre el tratamiento que debe realizarse a la basura en los rellenos sanitarios. La jornada tuvo como finalidad avanzar con el plan provincial de residuos sólidos urbanos, a partir de la activa capacitación y participación de los municipios en lo que respecta a las operaciones en rellenos sanitarios modernos.
El encuentro, que se desarrolló recientemente en el Centro Cultural América, fue organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) y la Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos (ARS). Participaron intendentes de Salta, Tucumán y Jujuy.
El titular del organismo provincial, Julio Nasser, destacó la importancia de la jornada en cuanto a la unificación de esfuerzos a nivel municipal, provincial y nacional para el correcto tratamiento de los residuos sólidos urbanos, desde los orígenes (domiciliarios, comerciales o industriales) hasta la disposición final de los mismos, para crear conciencia sobre el cuidado ambiental y social como una responsabilidad de toda la comunidad.
El funcionario indicó que dentro del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, desde Salta y con el aporte nacional, se intenta erradicar los basurales a cielo abierto instalados en distintos municipios y emplazar rellenos sanitarios que eviten la quema de esos residuos y la propagación de enfermedades, posibilitando de esta manera la correcta clasificación, reciclado y disposición final.
Licitaciones
El director del Programa de Ingeniería Ambiental del Ministerio de Ambiente, Julio Cabral, informó que fueron licitadas siete obras para emplazar rellenos sanitarios en Aguaray, Embarcación, General Ballivián, General Mosconi, Tartagal, Morillo y la delegación municipal de La Unión.
"Próximamente se licitarán este tipo de obras para Orán, Pichanal, Isla de Cañas y Colonia Santa Rosa”, añadió el funcionario.
Se realizan, además, estudios de impacto ambiental y social para emplazar rellenos sanitarios en General Güemes, Campo Santo, El Bordo, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Salvador Mazza, La Viña, Guachipas, Coronel Moldes, Joaquín V. González, El Quebrachal y El Galpón.
La jornada forma parte de las actividades que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos realiza en la Argentina, como miembro de la Asociación Metano a Mercados. Esta última es una institución multilateral cuyo propósito es reducir las emisiones de metano a nivel mundial para fomentar el crecimiento económico, promover la seguridad del suministro de energía, mejorar el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La Asociación está dirigida a cuatro fuentes importantes de metano: operaciones de control de residuos animales, minas de carbón, rellenos sanitarios y sistemas de gas natural y petróleo.
A nivel mundial los rellenos sanitarios representan la tercera fuente más grande de emisiones antropogénicas (causadas por las actividades del ser humano), lo que constituye aproximadamente el 12% de las emisiones mundiales de metano. La Asociación trabaja con varias organizaciones en Argentina, incluyendo la ARS, para buscar alternativas para mitigar las emisiones de metano de los vertederos de la Nación.
Fecha de Publicación: 18/09/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La jornada contó con una amplia participación de intendentes de toda la provincia y de las vecinas Jujuy y Tucumán.
Brindaron capacitación a los municipios del NOA sobre el tratamiento que debe realizarse a la basura en los rellenos sanitarios. La jornada tuvo como finalidad avanzar con el plan provincial de residuos sólidos urbanos, a partir de la activa capacitación y participación de los municipios en lo que respecta a las operaciones en rellenos sanitarios modernos.
El encuentro, que se desarrolló recientemente en el Centro Cultural América, fue organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) y la Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos (ARS). Participaron intendentes de Salta, Tucumán y Jujuy.
El titular del organismo provincial, Julio Nasser, destacó la importancia de la jornada en cuanto a la unificación de esfuerzos a nivel municipal, provincial y nacional para el correcto tratamiento de los residuos sólidos urbanos, desde los orígenes (domiciliarios, comerciales o industriales) hasta la disposición final de los mismos, para crear conciencia sobre el cuidado ambiental y social como una responsabilidad de toda la comunidad.
El funcionario indicó que dentro del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, desde Salta y con el aporte nacional, se intenta erradicar los basurales a cielo abierto instalados en distintos municipios y emplazar rellenos sanitarios que eviten la quema de esos residuos y la propagación de enfermedades, posibilitando de esta manera la correcta clasificación, reciclado y disposición final.
Licitaciones
El director del Programa de Ingeniería Ambiental del Ministerio de Ambiente, Julio Cabral, informó que fueron licitadas siete obras para emplazar rellenos sanitarios en Aguaray, Embarcación, General Ballivián, General Mosconi, Tartagal, Morillo y la delegación municipal de La Unión.
"Próximamente se licitarán este tipo de obras para Orán, Pichanal, Isla de Cañas y Colonia Santa Rosa”, añadió el funcionario.
Se realizan, además, estudios de impacto ambiental y social para emplazar rellenos sanitarios en General Güemes, Campo Santo, El Bordo, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Salvador Mazza, La Viña, Guachipas, Coronel Moldes, Joaquín V. González, El Quebrachal y El Galpón.
La jornada forma parte de las actividades que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos realiza en la Argentina, como miembro de la Asociación Metano a Mercados. Esta última es una institución multilateral cuyo propósito es reducir las emisiones de metano a nivel mundial para fomentar el crecimiento económico, promover la seguridad del suministro de energía, mejorar el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La Asociación está dirigida a cuatro fuentes importantes de metano: operaciones de control de residuos animales, minas de carbón, rellenos sanitarios y sistemas de gas natural y petróleo.
A nivel mundial los rellenos sanitarios representan la tercera fuente más grande de emisiones antropogénicas (causadas por las actividades del ser humano), lo que constituye aproximadamente el 12% de las emisiones mundiales de metano. La Asociación trabaja con varias organizaciones en Argentina, incluyendo la ARS, para buscar alternativas para mitigar las emisiones de metano de los vertederos de la Nación.
Vertederos polémicos en Córdoba
Vertederos de basura serranos, en discusión
Fecha de Publicación: 17/09/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras los incendios, Ambiente de la Provincia quiere construir reservorios zonales. Pero cada zona debate modos y costos.
Para Calamuchita, el Gobierno provincial lo da por decidido, aunque aún esté en discusión. En Punilla, el proyecto está bastante más paralizado, sin acuerdo a la vista.
Ambas regiones recibieron, tras los recientes incendios forestales que quemaron varias miles de sus hectáreas de bosques y pastizales serranos, la noticia de que el Gobierno de Córdoba decidía derivar parte del “impuesto al fuego”, que pagan con la boleta de energía todos los cordobeses, a la construcción de sistemas de vertederos regionales en ambos valles, que tienen más de 25 basurales a cielo abierto cada uno. Esos basurales, por quemas prohibidas pero descontroladas, suelen ser foco de riesgo de incendios, en zonas con mucha presencia de forestación. Además, su presencia genera contaminación en aguas, suelos y aire, cuadro contradictorio para áreas que se presentan como turísticas.
La Secretaría de Ambiente provincial dice que los 14 millones de pesos que recaudará en 2009 por el 30 por ciento del “impuesto al fuego” y que ya no irá al Plan de Manejo del Fuego se destinará a solucionar el tema del destino de la basura en esas dos regiones críticas. Pero en ambas la solución ofrecida está en discusión.
Un tema clave sigue siendo el costo operativo fijo que cada municipio y comuna deberá asumir. Todos dicen no tener recursos disponibles. Hoy, arrojar la basura en predios abiertos cerca de donde los recolectan les resulta mucho más barato.
Fecha de Publicación: 17/09/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras los incendios, Ambiente de la Provincia quiere construir reservorios zonales. Pero cada zona debate modos y costos.
Para Calamuchita, el Gobierno provincial lo da por decidido, aunque aún esté en discusión. En Punilla, el proyecto está bastante más paralizado, sin acuerdo a la vista.
Ambas regiones recibieron, tras los recientes incendios forestales que quemaron varias miles de sus hectáreas de bosques y pastizales serranos, la noticia de que el Gobierno de Córdoba decidía derivar parte del “impuesto al fuego”, que pagan con la boleta de energía todos los cordobeses, a la construcción de sistemas de vertederos regionales en ambos valles, que tienen más de 25 basurales a cielo abierto cada uno. Esos basurales, por quemas prohibidas pero descontroladas, suelen ser foco de riesgo de incendios, en zonas con mucha presencia de forestación. Además, su presencia genera contaminación en aguas, suelos y aire, cuadro contradictorio para áreas que se presentan como turísticas.
La Secretaría de Ambiente provincial dice que los 14 millones de pesos que recaudará en 2009 por el 30 por ciento del “impuesto al fuego” y que ya no irá al Plan de Manejo del Fuego se destinará a solucionar el tema del destino de la basura en esas dos regiones críticas. Pero en ambas la solución ofrecida está en discusión.
Un tema clave sigue siendo el costo operativo fijo que cada municipio y comuna deberá asumir. Todos dicen no tener recursos disponibles. Hoy, arrojar la basura en predios abiertos cerca de donde los recolectan les resulta mucho más barato.
Coninagro quiere cambios a la ley de fitosanitarios
Coninagro reclamó un debate serio de cambios a la ley de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 16/09/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Cerutti exigió equidad entre los participantes y honestidad intelectual. Afirmó que nadie mejor que el productor está interesado en el cuidado del ambiente.
El presidente de Coninagro en Santa Fe, Ricardo Cerutti, reclamó un debate profundo, con la participación igualitaria de todas las partes involucradas para modificar la vigente ley de uso de agroquímicos en la provincia. “Es más, el debate debe ser con responsabilidad y honestidad intelectual”, exigió tras la reunión realizada la semana pasada en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez convocada por la Cámara de Diputados que tiene a discusión proyectos sobre de reforma e incluso uno de prohibición total del uso de este tipo de productos en la agricultura.
Cerutti, en diálogo con El Litoral, se mostró molesto con la reunión de la semana pasada y con lo que consideró falta de equidad a la hora de usar de la palabra en la asamblea. De la jornada sobre “uso de agroquímicos, modelo productivo y salud humana”, participaron como expositores diputados con proyectos sobre la cuestión, científicos y organizaciones civiles. La jornada fue abierta por el presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina. En el primer panel, expusieron Santiago Mascheroni, Marcelo Brignoni, Antonio Riestra y Claudia Saldaña, autores de distintas iniciativas sobre la materia que están a debate en comisiones del cuerpo.
Al dirigente agropecuario, le preocupó que no haya sido invitada a la reunión la Comisión de Agricultura de la Cámara que preside la demoprogresista Estela Méndez de De Micheli. “Hay una equivocación de muchos sectores: nosotros, los productores, somos los principales interesados en cuidar el ambiente. Hay una deformación cuando se habla de los agrotóxicos; en realidad cualquier sustancia en forma desaprensiva puede ser tóxica”, reconoció.
Después rescató que “se haya abierto el debate, lo importante es que se pueda hacer en forma profunda, donde podamos concurrir todos, y no solamente escuchar una campana, sino todas. El cuidado del medio ambiente es sumamente importante pero también debemos tener presente que hay que producir alimentos”.
Asegura que el proyecto de Saldaña (Frente para la Victoria) que pretende prohibir la aplicación de plaguicidas de origen sintético químico “significa volver 50 años atrás. Nos llevaría a que la producción de alimentos caiga más de la mitad”. Enseguida agregó que como empresario agropecuario le vendría bien “porque el valor de un producto es inversamente proporcional a su presencia en el mercado, por lo tanto si la producción cae a la mitad, el precio va a subir”. No obstante, instó a pensar no como empresarios únicamente sino como ciudadanos y señaló que se deben producir alimentos por dos razones: “Para darle de comer al propio pueblo y por más que le pese al gobierno nacional, la fuente mayor de divisas para el país y el sector altamente competitivo que puede competir en el mercado internacional sin subsidios es la producción agropecuaria”. Ante esto, llama a la reflexión a “muchos ambientalistas, posiblemente con muy buenas intenciones, pero con enorme desconocimiento de lo que es la realidad” y les advirtió que “le están dando un mensaje sesgado a la sociedad”.
Cambiar y cumplir
La actual ley de fitosanitarios -la 11.273- fue dictada en septiembre de 1995 y para el titular de Coninagro “es una buena ley a la que habrá que pasarle un poco el plumero, tocarle algunos artículos para adecuarla a la época. Hay que renovarla y cumplirla. Debemos ir hacia buenas prácticas agrícolas con aplicación de la ley. Se producen miles de muertos por accidentes de tránsito y nadie habla de prohibir los autos, más bien de mejorar la infraestructura y de aplicar las leyes vigentes”, ejemplificó.
El dirigente no dejó de reconocer que hay aportes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del propio Ministerio de la Producción, de entidades.
Volviendo a la reunión en el Rosa Galisteo de Rodríguez, Cerutti reconoció que los escucharon “pero no estamos conformes, fue muy parcial. Hemos solicitado que el debate continúe pero en un plano de paridad en el uso de la palabra, los que no estábamos con el proyecto oficial debimos hacer malabares para que nos dejen usar el micrófono”.
Fecha de Publicación: 16/09/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Cerutti exigió equidad entre los participantes y honestidad intelectual. Afirmó que nadie mejor que el productor está interesado en el cuidado del ambiente.
El presidente de Coninagro en Santa Fe, Ricardo Cerutti, reclamó un debate profundo, con la participación igualitaria de todas las partes involucradas para modificar la vigente ley de uso de agroquímicos en la provincia. “Es más, el debate debe ser con responsabilidad y honestidad intelectual”, exigió tras la reunión realizada la semana pasada en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez convocada por la Cámara de Diputados que tiene a discusión proyectos sobre de reforma e incluso uno de prohibición total del uso de este tipo de productos en la agricultura.
Cerutti, en diálogo con El Litoral, se mostró molesto con la reunión de la semana pasada y con lo que consideró falta de equidad a la hora de usar de la palabra en la asamblea. De la jornada sobre “uso de agroquímicos, modelo productivo y salud humana”, participaron como expositores diputados con proyectos sobre la cuestión, científicos y organizaciones civiles. La jornada fue abierta por el presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina. En el primer panel, expusieron Santiago Mascheroni, Marcelo Brignoni, Antonio Riestra y Claudia Saldaña, autores de distintas iniciativas sobre la materia que están a debate en comisiones del cuerpo.
Al dirigente agropecuario, le preocupó que no haya sido invitada a la reunión la Comisión de Agricultura de la Cámara que preside la demoprogresista Estela Méndez de De Micheli. “Hay una equivocación de muchos sectores: nosotros, los productores, somos los principales interesados en cuidar el ambiente. Hay una deformación cuando se habla de los agrotóxicos; en realidad cualquier sustancia en forma desaprensiva puede ser tóxica”, reconoció.
Después rescató que “se haya abierto el debate, lo importante es que se pueda hacer en forma profunda, donde podamos concurrir todos, y no solamente escuchar una campana, sino todas. El cuidado del medio ambiente es sumamente importante pero también debemos tener presente que hay que producir alimentos”.
Asegura que el proyecto de Saldaña (Frente para la Victoria) que pretende prohibir la aplicación de plaguicidas de origen sintético químico “significa volver 50 años atrás. Nos llevaría a que la producción de alimentos caiga más de la mitad”. Enseguida agregó que como empresario agropecuario le vendría bien “porque el valor de un producto es inversamente proporcional a su presencia en el mercado, por lo tanto si la producción cae a la mitad, el precio va a subir”. No obstante, instó a pensar no como empresarios únicamente sino como ciudadanos y señaló que se deben producir alimentos por dos razones: “Para darle de comer al propio pueblo y por más que le pese al gobierno nacional, la fuente mayor de divisas para el país y el sector altamente competitivo que puede competir en el mercado internacional sin subsidios es la producción agropecuaria”. Ante esto, llama a la reflexión a “muchos ambientalistas, posiblemente con muy buenas intenciones, pero con enorme desconocimiento de lo que es la realidad” y les advirtió que “le están dando un mensaje sesgado a la sociedad”.
Cambiar y cumplir
La actual ley de fitosanitarios -la 11.273- fue dictada en septiembre de 1995 y para el titular de Coninagro “es una buena ley a la que habrá que pasarle un poco el plumero, tocarle algunos artículos para adecuarla a la época. Hay que renovarla y cumplirla. Debemos ir hacia buenas prácticas agrícolas con aplicación de la ley. Se producen miles de muertos por accidentes de tránsito y nadie habla de prohibir los autos, más bien de mejorar la infraestructura y de aplicar las leyes vigentes”, ejemplificó.
El dirigente no dejó de reconocer que hay aportes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del propio Ministerio de la Producción, de entidades.
Volviendo a la reunión en el Rosa Galisteo de Rodríguez, Cerutti reconoció que los escucharon “pero no estamos conformes, fue muy parcial. Hemos solicitado que el debate continúe pero en un plano de paridad en el uso de la palabra, los que no estábamos con el proyecto oficial debimos hacer malabares para que nos dejen usar el micrófono”.
Hallan a 42 ballenas muertas en el sur
Hallan a 42 ballenas muertas en el sur de Argentina
Fecha de Publicación: 16/09/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Chubut
Fecha de Publicación: 16/09/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Chubut
Expertos argentinos determinaron hoy que 42 ballenas piloto encallaron y murieron en una pequeña bahía de la provincia de Chubut, en el sur de este país suramericano.
"Hemos contado 42 ballenas piloto muertas en un espacio que no va más allá de una pequeña bahía", dijo el investigador Enrique Crespo, del Centro Nacional Patagónico, al concluir un avistamiento aéreo por la zona.
Esto "disipa nuestros temores de que el hallazgo de cadáveres se extienda mucho más hacia el sur, lo cual por suerte no ocurrió", explicó en declaraciones a la prensa local.
El experto precisó que las ballenas fueron halladas en la Bahía Bustamante, al sur de la capital de Chubut, y dijo que de sus restos han extraído muestras hepáticas y de los aparatos reproductor y auditivo que serán analizadas en el laboratorio.
"Dos hembras estaban preñadas y en otros dos casos el aparato auditivo tenía parásitos, pero esto no implica que esa haya sido la causa de una desorientación que concluyó en el varamiento", añadió.
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