Condenan a Junín por dar agua con arsénico
21:29 | 
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La Suprema Corte condenó a Junín por suministrar agua con arsénico
Fecha de Publicación: 22/08/2009
Fuente: InfoEcos
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia bonaerense condenó a la Municipalidad de Junín por suministrar agua con alto contenido de arsénico y le ordenó ajustar la prestación a los niveles que se consideran no dañinos para el consumo humano.
En la sentencia recaída en la causa “Boragina, Juan Carlos, Miano, Marcelo Fabián y Iudica, Juan Ignacio contra Municipalidad de Junín s/ Amparo”, el máximo tribunal bonaerense ordenó al municipio “ajustar la prestación del servicio de acuerdo a los niveles de calidad establecidos en la Ley 11.820 y el Código Alimentario Argentino, que fijan el límite máximo de arsénico en el agua en 0,05 miligramos por litro (ml/l)”.
Para ello -si al tiempo de la sentencia no se han puesto en marcha medidas conducentes- por unanimidad, la Corte provincial (votos de los Ministros Hitters, Kogan, Soria, Negri, Pettigiani, Genoud y de Lazzari) determinó que las acciones comiencen en forma inmediata, otorgando un plazo de noventa días corridos para cumplir con lo ordenado.
La sentencia de la Corte revocó la dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, la cual había rechazado el amparo presentado por un grupo de vecinos representantes de los intereses colectivos de los usuarios del sistema de agua potable que suministra la red municipal.
Los fundamentos
En su voto, Hitters afirmó: “Ha quedado demostrado debidamente como lo reconocen las partes mismas que la provisión del servicio de agua en el municipio de Junín excede el límite máximo establecido por la Ley 11.820 y el Código Alimentario Nacional, para el arsénico en el agua, esto es, 0,05 ml/l”; para luego agregar: “Dicha sustancia entraña un peligro cierto a la salud de los habitantes de la zona”.
En cuanto a la normativa invocada por el Municipio, por caso la que autoriza a un cumplimiento "progresivo" de los estándares de potabilidad o aquella que establece la posibilidad de que las autoridades sanitarias competentes admitan valores superiores al 0,05 ml/l de arsénico (si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario) la Corte entendió que dichas disposiciones “... No pueden mantener el efecto de admitir que la accionada, encargada de la provisión de agua, continúe prestando un servicio de calidad inferior a la prevista en el Anexo A del marco regulatorio sancionado por ley 11.820 y art. 982 del Código Alimentario”.
“Efectos altamente nocivos del arsénico”
Por su parte, el Dr. Soria consideró en su voto que la calificación de "provisorio" que la ley 11.820 establece en torno al límite de 0,05 ml/l, “...No modifica la procedencia de la pretensión, pues de un lado se ha demostrado suficientemente los efectos altamente nocivos del arsénico, del otro, no resulta viable extender sine die el plazo concedido por excepción para la adecuación del servicio a los parámetros indicados, pues en definitiva no se ha acreditado que "la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección" impongan admitir valores distintos”.
Cómo empezó la causa
El 10 de marzo de 2003 una nota publicada por La Verdad dio inicio a la causa que ayer concluyó con la condena de la Suprema Corte bonaerense a la Municipalidad de Junín.
La doctora Cristina Pagano, titular del Laboratorio Hidrológico de Junín, había confirmado en esa nota que el agua potable de Junín tenía el doble de arsénico del límite máximo permitido por ley.
Pagano había destacado que Junín tenía “una situación similar al resto de la provincia”.
La funcionaria municipal afirmó por entonces que “el nivel con el que nos manejamos en Junín está alrededor de 0,10 de arsénico, mientras que la ley establece un máximo de 0,05”.
Sostuvo además que la ley había entrado en plena vigencia en 1999 y que a partir de ese momento se empezó a ver qué municipios estaban en condiciones de cumplir la ley y muchos otros que no.
Respecto del nivel de 0,10 de arsénico en el agua potable de Junín, Pagano había señalado que “no tenemos conocimiento de casos de hidroarsenisismo en las localidades del país donde esta problemática se presenta. Estamos hablando de valores muy superiores, casi diez veces más, a los de Junín”.
Luego de estas declaraciones se inició la causa caratulada “Boragina, Juan Carlos, Miano, Marcelo Fabián y Iudica, Juan Ignacio contra Municipalidad de Junín s/ Amparo”, en el juzgado de la jueza Atilia Susana Rinaldi, quien dictó una resolución cautelar innovativa, mediante la cual la Municipalidad de Junín, en su calidad de prestadora del servicio, debía arbitrar en un plazo de diez días los medios de purificación del agua potable, bajando los niveles de nitratos y de arsénico. La causa pasó después por sorteo al juzgado del doctor Leopoldo Peralta Mariscal, quien fue más allá y ordenó que los trabajos debían cumplirse en 24 horas.
El fallo fue apelado a la Cámara en lo Civil y Comercial, que revocó la resolución de primera instancia, aunque exhortó a la comuna a la “urgente” elaboración de un proyecto “para reducir los niveles de arsénico”, con el objetivo de que no superen el límite de 0,05 miligramos por litro. El plazo máximo era de cinco años.
La causa penal contra Miguel
Una investigación judicial que se inició en el año 2003 contra el ex intendente de Junín, Abel Miguel, luego de una denuncia por “desobediencia” y “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, fue archivada luego de establecer que no había elementos probatorios.
El fiscal en lo Correccional, Sergio Terrón, quien instruyó el expediente después de una denuncia del juez Civil y Comercial Nº 4, Leopoldo Peralta Mariscal, resolvió que no había delito para procesar al ex mandatario comunal.
El caso se inició cuando la calidad del agua de red que consumen los juninenses era investigada por la Justicia ante los elevados niveles de arsénico que se habían detectado. En el juzgado de Peralta Mariscal fue presentado un recurso de amparo y el magistrado ordenó obras públicas tendientes a mejorar la prestación del servicio de agua.
Como los trabajos eran inalcanzables para el municipio por cuestiones económicas, la orden del juez no se cumplió, por lo que Peralta Mariscal denunció a Miguel por el presunto delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en lo Correccional Nº 5, a cargo de Terrón, quien comenzó a investigar si Miguel había incurrido en esos delitos.
El fiscal concluyó las pericias solicitadas en el expediente y ordenó el archivo de la causa al no comprobar ninguna maniobra dolosa del ex jefe comunal. Según consideró, Miguel no podía resolver el problema por el contenido de arsénico en el agua en 24 horas.
Sin embargo, en las conclusiones a las que arribó Terrón, a través de un estudio realizado por la expertos de la Oficina Pericial de la Suprema Corte bonaerense, quedó probado que el contenido de arsénico y nitrato en el agua potable de Junín excedía el valor mínimo permitido -de 0,05 miligramos por litro- establecido por la Ley provincial Nº 11.820.
Qué es el arsénico
El arsénico es un contaminante inorgánico que se encuentra presente en aguas de profundidad y superficiales de diferentes localidades del mundo. Si bien el problema más complejo ha sido observado en Bangladesh (aguas extraídas de acuíferos constituidos por sedimentos no consolidados), donde millones de personas se encuentran expuestas a niveles extremadamente altos de arsénico.
Está claramente reportado que otros países como México, Chile, Vietnam, India, Hungría y Argentina, no se encuentran fuera del problema, presentando una situación altamente preocupante.
En la provincia de Buenos Aires, las aguas subterráneas contaminadas que se utilizan para abastecer a la población, se encuentran en lechos con productos de descomposición de partículas de origen volcánico (cenizas y vidrio).
La elevada concentración de arsénico se correlaciona con un alto nivel de salinidad y la presencia de otros elementos en forma de aniones y oxoaniones (fluoruros, vanadatos, bicarbonatos, boratos, molibdatos) y phs. mayores a 7.
Fecha de Publicación: 22/08/2009
Fuente: InfoEcos
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia bonaerense condenó a la Municipalidad de Junín por suministrar agua con alto contenido de arsénico y le ordenó ajustar la prestación a los niveles que se consideran no dañinos para el consumo humano.
En la sentencia recaída en la causa “Boragina, Juan Carlos, Miano, Marcelo Fabián y Iudica, Juan Ignacio contra Municipalidad de Junín s/ Amparo”, el máximo tribunal bonaerense ordenó al municipio “ajustar la prestación del servicio de acuerdo a los niveles de calidad establecidos en la Ley 11.820 y el Código Alimentario Argentino, que fijan el límite máximo de arsénico en el agua en 0,05 miligramos por litro (ml/l)”.
Para ello -si al tiempo de la sentencia no se han puesto en marcha medidas conducentes- por unanimidad, la Corte provincial (votos de los Ministros Hitters, Kogan, Soria, Negri, Pettigiani, Genoud y de Lazzari) determinó que las acciones comiencen en forma inmediata, otorgando un plazo de noventa días corridos para cumplir con lo ordenado.
La sentencia de la Corte revocó la dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, la cual había rechazado el amparo presentado por un grupo de vecinos representantes de los intereses colectivos de los usuarios del sistema de agua potable que suministra la red municipal.
Los fundamentos
En su voto, Hitters afirmó: “Ha quedado demostrado debidamente como lo reconocen las partes mismas que la provisión del servicio de agua en el municipio de Junín excede el límite máximo establecido por la Ley 11.820 y el Código Alimentario Nacional, para el arsénico en el agua, esto es, 0,05 ml/l”; para luego agregar: “Dicha sustancia entraña un peligro cierto a la salud de los habitantes de la zona”.
En cuanto a la normativa invocada por el Municipio, por caso la que autoriza a un cumplimiento "progresivo" de los estándares de potabilidad o aquella que establece la posibilidad de que las autoridades sanitarias competentes admitan valores superiores al 0,05 ml/l de arsénico (si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario) la Corte entendió que dichas disposiciones “... No pueden mantener el efecto de admitir que la accionada, encargada de la provisión de agua, continúe prestando un servicio de calidad inferior a la prevista en el Anexo A del marco regulatorio sancionado por ley 11.820 y art. 982 del Código Alimentario”.
“Efectos altamente nocivos del arsénico”
Por su parte, el Dr. Soria consideró en su voto que la calificación de "provisorio" que la ley 11.820 establece en torno al límite de 0,05 ml/l, “...No modifica la procedencia de la pretensión, pues de un lado se ha demostrado suficientemente los efectos altamente nocivos del arsénico, del otro, no resulta viable extender sine die el plazo concedido por excepción para la adecuación del servicio a los parámetros indicados, pues en definitiva no se ha acreditado que "la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección" impongan admitir valores distintos”.
Cómo empezó la causa
El 10 de marzo de 2003 una nota publicada por La Verdad dio inicio a la causa que ayer concluyó con la condena de la Suprema Corte bonaerense a la Municipalidad de Junín.
La doctora Cristina Pagano, titular del Laboratorio Hidrológico de Junín, había confirmado en esa nota que el agua potable de Junín tenía el doble de arsénico del límite máximo permitido por ley.
Pagano había destacado que Junín tenía “una situación similar al resto de la provincia”.
La funcionaria municipal afirmó por entonces que “el nivel con el que nos manejamos en Junín está alrededor de 0,10 de arsénico, mientras que la ley establece un máximo de 0,05”.
Sostuvo además que la ley había entrado en plena vigencia en 1999 y que a partir de ese momento se empezó a ver qué municipios estaban en condiciones de cumplir la ley y muchos otros que no.
Respecto del nivel de 0,10 de arsénico en el agua potable de Junín, Pagano había señalado que “no tenemos conocimiento de casos de hidroarsenisismo en las localidades del país donde esta problemática se presenta. Estamos hablando de valores muy superiores, casi diez veces más, a los de Junín”.
Luego de estas declaraciones se inició la causa caratulada “Boragina, Juan Carlos, Miano, Marcelo Fabián y Iudica, Juan Ignacio contra Municipalidad de Junín s/ Amparo”, en el juzgado de la jueza Atilia Susana Rinaldi, quien dictó una resolución cautelar innovativa, mediante la cual la Municipalidad de Junín, en su calidad de prestadora del servicio, debía arbitrar en un plazo de diez días los medios de purificación del agua potable, bajando los niveles de nitratos y de arsénico. La causa pasó después por sorteo al juzgado del doctor Leopoldo Peralta Mariscal, quien fue más allá y ordenó que los trabajos debían cumplirse en 24 horas.
El fallo fue apelado a la Cámara en lo Civil y Comercial, que revocó la resolución de primera instancia, aunque exhortó a la comuna a la “urgente” elaboración de un proyecto “para reducir los niveles de arsénico”, con el objetivo de que no superen el límite de 0,05 miligramos por litro. El plazo máximo era de cinco años.
La causa penal contra Miguel
Una investigación judicial que se inició en el año 2003 contra el ex intendente de Junín, Abel Miguel, luego de una denuncia por “desobediencia” y “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, fue archivada luego de establecer que no había elementos probatorios.
El fiscal en lo Correccional, Sergio Terrón, quien instruyó el expediente después de una denuncia del juez Civil y Comercial Nº 4, Leopoldo Peralta Mariscal, resolvió que no había delito para procesar al ex mandatario comunal.
El caso se inició cuando la calidad del agua de red que consumen los juninenses era investigada por la Justicia ante los elevados niveles de arsénico que se habían detectado. En el juzgado de Peralta Mariscal fue presentado un recurso de amparo y el magistrado ordenó obras públicas tendientes a mejorar la prestación del servicio de agua.
Como los trabajos eran inalcanzables para el municipio por cuestiones económicas, la orden del juez no se cumplió, por lo que Peralta Mariscal denunció a Miguel por el presunto delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en lo Correccional Nº 5, a cargo de Terrón, quien comenzó a investigar si Miguel había incurrido en esos delitos.
El fiscal concluyó las pericias solicitadas en el expediente y ordenó el archivo de la causa al no comprobar ninguna maniobra dolosa del ex jefe comunal. Según consideró, Miguel no podía resolver el problema por el contenido de arsénico en el agua en 24 horas.
Sin embargo, en las conclusiones a las que arribó Terrón, a través de un estudio realizado por la expertos de la Oficina Pericial de la Suprema Corte bonaerense, quedó probado que el contenido de arsénico y nitrato en el agua potable de Junín excedía el valor mínimo permitido -de 0,05 miligramos por litro- establecido por la Ley provincial Nº 11.820.
Qué es el arsénico
El arsénico es un contaminante inorgánico que se encuentra presente en aguas de profundidad y superficiales de diferentes localidades del mundo. Si bien el problema más complejo ha sido observado en Bangladesh (aguas extraídas de acuíferos constituidos por sedimentos no consolidados), donde millones de personas se encuentran expuestas a niveles extremadamente altos de arsénico.
Está claramente reportado que otros países como México, Chile, Vietnam, India, Hungría y Argentina, no se encuentran fuera del problema, presentando una situación altamente preocupante.
En la provincia de Buenos Aires, las aguas subterráneas contaminadas que se utilizan para abastecer a la población, se encuentran en lechos con productos de descomposición de partículas de origen volcánico (cenizas y vidrio).
La elevada concentración de arsénico se correlaciona con un alto nivel de salinidad y la presencia de otros elementos en forma de aniones y oxoaniones (fluoruros, vanadatos, bicarbonatos, boratos, molibdatos) y phs. mayores a 7.
Sistema Federal de Áreas Protegidas
Ambiente, Parques Nacionales y COFEMA ponen en marcha el Sistema Federal de Áreas Protegidas
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Con la intención de cooperar en la conservación y manejo sustentable de Áreas Protegidas y desarrollar una gestión eficaz de nuestro patrimonio natural y cultural, la Secretaría de Ambiente de la Nación (SAyDS), la Administración de Parques Nacionales (APN) y Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA) firmaron un acta acuerdo que permitirá proporcionar infraestructura y dotar de recursos
Se firmó un Acta acuerdo que permitirá proporcionar infraestructura y dotar de recursos humanos a las distintas jurisdicciones con el objetivo de poner en funcionamiento le Sistema Federal de Áreas Protegidas.
humanos a las distintas jurisdicciones con el objetivo de poner en funcionamiento le Sistema Federal de Áreas Protegidas.
La firma tuvo lugar hoy durante el desarrollo de la asamblea ordinaria del COFEMA, que preside el ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Luis Basterra. Junto a él, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni, y el titular de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina, suscribieron el compromiso institucional para aportar sus respectivos cuerpos técnicos.
“Apuntamos a una estrategia global de país, apostando a una normativa y a políticas publicas que surjan de la voluntad política, que permitan lograr un aprovechamiento estratégico del ambiente”, señaló Bibiloni. A su vez, el titular de la cartera ambiental destacó el aporte financiero de la Administración de Parques Nacionales “ya que contribuye a una visión integral de los recursos naturales, que comprende el aprovechamiento del turismo sustentable, el legado cultural y la biodiversidad de cada jurisdicción”.
Por su parte el titular de APN, Héctor Espina, destacó que “en lo referente a Áreas Protegidas es necesario fortalecer el Sistema Federal, para que cada provincia este articulada con el objetivo de mejorar la conservación y desarrollo de sus ecosistemas”.
Participaron también del acto, el Ing. Sergio La Rocca, Subsecretario de Planificación y Política Ambiental y los representantes de las carteras ambientales provinciales que integran el COFEMA.
En el marco de los compromisos asumidos como país miembro de la Convención de Biodiversidad, que entiende la necesidad de focalizarse en la protección de ecosistemas en pos del mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades de la población local, el acuerdo prevé la financiación de tres componentes: Nuevas Áreas Protegidas, Corredores de Conservación (CC) en el Gran Chaco y en la Estepa Patagónica, y el Fortalecimiento del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP).
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Con la intención de cooperar en la conservación y manejo sustentable de Áreas Protegidas y desarrollar una gestión eficaz de nuestro patrimonio natural y cultural, la Secretaría de Ambiente de la Nación (SAyDS), la Administración de Parques Nacionales (APN) y Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA) firmaron un acta acuerdo que permitirá proporcionar infraestructura y dotar de recursos
Se firmó un Acta acuerdo que permitirá proporcionar infraestructura y dotar de recursos humanos a las distintas jurisdicciones con el objetivo de poner en funcionamiento le Sistema Federal de Áreas Protegidas.
humanos a las distintas jurisdicciones con el objetivo de poner en funcionamiento le Sistema Federal de Áreas Protegidas.
La firma tuvo lugar hoy durante el desarrollo de la asamblea ordinaria del COFEMA, que preside el ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Luis Basterra. Junto a él, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni, y el titular de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina, suscribieron el compromiso institucional para aportar sus respectivos cuerpos técnicos.
“Apuntamos a una estrategia global de país, apostando a una normativa y a políticas publicas que surjan de la voluntad política, que permitan lograr un aprovechamiento estratégico del ambiente”, señaló Bibiloni. A su vez, el titular de la cartera ambiental destacó el aporte financiero de la Administración de Parques Nacionales “ya que contribuye a una visión integral de los recursos naturales, que comprende el aprovechamiento del turismo sustentable, el legado cultural y la biodiversidad de cada jurisdicción”.
Por su parte el titular de APN, Héctor Espina, destacó que “en lo referente a Áreas Protegidas es necesario fortalecer el Sistema Federal, para que cada provincia este articulada con el objetivo de mejorar la conservación y desarrollo de sus ecosistemas”.
Participaron también del acto, el Ing. Sergio La Rocca, Subsecretario de Planificación y Política Ambiental y los representantes de las carteras ambientales provinciales que integran el COFEMA.
En el marco de los compromisos asumidos como país miembro de la Convención de Biodiversidad, que entiende la necesidad de focalizarse en la protección de ecosistemas en pos del mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades de la población local, el acuerdo prevé la financiación de tres componentes: Nuevas Áreas Protegidas, Corredores de Conservación (CC) en el Gran Chaco y en la Estepa Patagónica, y el Fortalecimiento del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP).
Un lago patagónico deja de ser privado
Un lago patagónico deja de ser privado y vuelve a ser público: Organizaciones sociales reconocen importante avance y advierten
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Río Negro
El caso de la inversión inmobiliaria Hidden Lake S.A. y el acceso al lago Escondido en la cordillera rionegrina es un caso testigo que deja en evidencia las catastróficas políticas territoriales que no son "nacionales" ni espacio vital para sus habitantes o visitantes de buena fe, sino que dejan librado el uso y acceso a la tierra a las fuerzas del mercado.
No hay que ser matemático ni muy astuto para darse cuenta que, de esa manera, todo lo que tiene valor con precio (tierra fértil, bosques, pasos fronterizos, agua, biodiversidad) pasa inexorablemente a manos de pocos propietarios o intereses particulares, que terminan manejando a su antojo bienes comunes y estratégicos.
A eso lo llamamos usurpación y saqueo o, cuando corresponde, contaminación. La nuestra es una definición política que deja al desnudo a otra posición política totalmente contrapuesta. Estamos hablando de una forma de apropiación territorial, aplicada en nuestra región desde hace un siglo por medio de la fuerza o el silencio burocrático, que es inaceptable por la dimensión de los espacios ocupados, la desruralización y las consecuencias humanas a corto y largo plazo.
Es un genocidio lento, pues a este ritmo poco falta para que la mayoría de los argentinos, exceptuando un puñado de empleados y peones ocasionales, quedemos como visitantes de nuestra propia tierra, impedidos de manejar nuestra base económica. Lo peor de todo es que hay una política de estado que crea, por error, complicidad, ignorancia, indiferencia u omisión, las condiciones “físicas, económicas y culturales” -en la definición de las Naciones Unidas- para que esto ocurra.
El caso puntual del acceso público al Lago Escondido, acompañado por un fallo del Superior Tribunal de Justicia, es tan básico que está fuera de discusión porque es un derecho constitucional (Art. 73 de la Constitución Provincial) y porque hay un camino de acceso simple de ser puesto en condiciones, que nace en la Ruta Nacional Nº 40 "Juan Herman" en las cercanías de Tacuifí y cumple con los requisitos ambientales previstos en las leyes nacionales 22.351 y 22.675 y provinciales.
Una parte del gobierno provincial, esta vez a cargo del Fiscal de Estado Carosio, intenta sin embargo cumplir con aquel mandato ideológico de proteger intereses privados por encima de toda consideración o legitimidad. Para llegar a la servidumbre de paso preferida por los propietarios de Hidden Lake hay que haber caminado, por fuera, por un sector mucho más vulnerable de la alta cordillera, una picada que requiere capacidades físicas excepcionales, haciendo de esa manera imposible el acceso a la mayoría de la población. Poner ese corto sendero en condiciones DENTRO de la propiedad es relativamente sencillo, visualmente efectivo, barato...y alejado del casco de la estancia. El problema ambiental, financiero, técnico, en infraestructura y en distancia queda, en ese caso, del lado del bosque, las profundas cañadas o mallines. Presentar esta servidumbre de paso como una opción viable es un acto propagandístistico que tiene la finalidad de limitar al máximo el acceso. Es una estrategia inmobiliaria, no social.
Los vecinos y organizaciones de la región que promovemos el libre acceso a costas de ríos, lagos y mar, no luchamos por un capricho circunstancial sino por la clara conciencia de los legítimos derechos que nos asisten y las tradiciones jurídicas, políticas y culturales que los sostienen. El fallo del Superior Tribunal de Justicia ordena poner en condiciones ambos accesos y por ello gana el reconocimiento de la población y sus organizaciones, que a partir de ahora se mantendrán alertas para verificar el cumplimiento, en los plazos previstos, del acondicionamiento de la servidumbre de paso por Tacuifí, a cargo de la empresa vial rionegrina (VIARSE) con intervención del Consejo de Medio Ambiente.
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Río Negro
El caso de la inversión inmobiliaria Hidden Lake S.A. y el acceso al lago Escondido en la cordillera rionegrina es un caso testigo que deja en evidencia las catastróficas políticas territoriales que no son "nacionales" ni espacio vital para sus habitantes o visitantes de buena fe, sino que dejan librado el uso y acceso a la tierra a las fuerzas del mercado.
No hay que ser matemático ni muy astuto para darse cuenta que, de esa manera, todo lo que tiene valor con precio (tierra fértil, bosques, pasos fronterizos, agua, biodiversidad) pasa inexorablemente a manos de pocos propietarios o intereses particulares, que terminan manejando a su antojo bienes comunes y estratégicos.
A eso lo llamamos usurpación y saqueo o, cuando corresponde, contaminación. La nuestra es una definición política que deja al desnudo a otra posición política totalmente contrapuesta. Estamos hablando de una forma de apropiación territorial, aplicada en nuestra región desde hace un siglo por medio de la fuerza o el silencio burocrático, que es inaceptable por la dimensión de los espacios ocupados, la desruralización y las consecuencias humanas a corto y largo plazo.
Es un genocidio lento, pues a este ritmo poco falta para que la mayoría de los argentinos, exceptuando un puñado de empleados y peones ocasionales, quedemos como visitantes de nuestra propia tierra, impedidos de manejar nuestra base económica. Lo peor de todo es que hay una política de estado que crea, por error, complicidad, ignorancia, indiferencia u omisión, las condiciones “físicas, económicas y culturales” -en la definición de las Naciones Unidas- para que esto ocurra.
El caso puntual del acceso público al Lago Escondido, acompañado por un fallo del Superior Tribunal de Justicia, es tan básico que está fuera de discusión porque es un derecho constitucional (Art. 73 de la Constitución Provincial) y porque hay un camino de acceso simple de ser puesto en condiciones, que nace en la Ruta Nacional Nº 40 "Juan Herman" en las cercanías de Tacuifí y cumple con los requisitos ambientales previstos en las leyes nacionales 22.351 y 22.675 y provinciales.
Una parte del gobierno provincial, esta vez a cargo del Fiscal de Estado Carosio, intenta sin embargo cumplir con aquel mandato ideológico de proteger intereses privados por encima de toda consideración o legitimidad. Para llegar a la servidumbre de paso preferida por los propietarios de Hidden Lake hay que haber caminado, por fuera, por un sector mucho más vulnerable de la alta cordillera, una picada que requiere capacidades físicas excepcionales, haciendo de esa manera imposible el acceso a la mayoría de la población. Poner ese corto sendero en condiciones DENTRO de la propiedad es relativamente sencillo, visualmente efectivo, barato...y alejado del casco de la estancia. El problema ambiental, financiero, técnico, en infraestructura y en distancia queda, en ese caso, del lado del bosque, las profundas cañadas o mallines. Presentar esta servidumbre de paso como una opción viable es un acto propagandístistico que tiene la finalidad de limitar al máximo el acceso. Es una estrategia inmobiliaria, no social.
Los vecinos y organizaciones de la región que promovemos el libre acceso a costas de ríos, lagos y mar, no luchamos por un capricho circunstancial sino por la clara conciencia de los legítimos derechos que nos asisten y las tradiciones jurídicas, políticas y culturales que los sostienen. El fallo del Superior Tribunal de Justicia ordena poner en condiciones ambos accesos y por ello gana el reconocimiento de la población y sus organizaciones, que a partir de ahora se mantendrán alertas para verificar el cumplimiento, en los plazos previstos, del acondicionamiento de la servidumbre de paso por Tacuifí, a cargo de la empresa vial rionegrina (VIARSE) con intervención del Consejo de Medio Ambiente.
¿Qué hacer con las pilas?
¿Qué hacer con las pilas?
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Nacional
El destino de 10 toneladas de pilas y baterías que se recolectaron en la ciudad de Buenos Aires y que ninguna jurisdicción quiere recibir instalaron la pregunta; la normativa en otros países
Lo primero que hay que destacar es que estas 10 toneladas de pilas y baterías que juntó la Agencia de Protección Ambiental porteña son residuos peligrosos porque contienen cadmio, mercurio y plomo. Este material requiere de una disposición final con un tratamiento especial. Es decir, no se puede enterrar en los rellenos sanitarios que tiene la Ceamse en el área metropolitana. Para su tratamiento es necesaria una tecnología con seguridad que no existe en la Capital.
En el gobierno explicaron que la tecnología que se utiliza en las pilas alcalinas descartables cambió y son libres de mercurio por lo que pueden tirarse a la basura sin problemas.
"No es verdad que no se haya considerado el destino final de estas pilas, que por única vez gestiona el Estado, sino que las posibilidades de tratamiento apropiado tuvieron que ser descartadas por motivos políticos y sociales", dijo Graciela Gerola, presidenta de la agencia. "La disposición en el relleno de seguridad de Córdoba era la solución ambientalmente apropiada y técnicamente aprobada. No era necesario pedir autorización local para realizar esta gestión legítima", indicó.
Con las baterías de celulares, las pilas recargables o las baterías de autos la cuestión es distinta. El destino final de este tipo de productos, denominados secundarios, debe ser asumido por el fabricante .
Eugenia Testa, coordinadora de la unidad política de Greenpeace indicó: "Nosotros apoyamos el concepto de responsabilidad extendida del productor. Por eso nos parece un avance el programa porteño, pero creemos que los productores de las pilas no recargables también deben hacerse cargo de lo que fabrican. Entendemos que habría que sacarlas del circuito de residuos porque aunque no tienen mercurio agregado siguen siendo tóxicas".
Testa recordó que en el Senado existe un proyecto de responsabilidad extendida del productor. "Es necesario que se genere una ley nacional que permita que todas las provincias tengan la misma legislación y no que cada jurisdicción tenga su propia normativa", dijo Testa.
Qué se hace en otros países
- En Europa se reciclan las dos clases de pilas.
- En los EEUU se usa el RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation), básicamente comparten los gastos entre todos los fabricantes y crean una empresa mixta. Todas aportan dinero para gestionar el conjunto de las recargables, costo que se traslada al producto final. En lo que respecta a las pilas comunes dependiendo el estado, varía entre quienes las disponen con los residuos domiciliarios y quienes las recolectan para tratamiento. No hay una política uniforme.
- En Madrid, hay un servicio concesionado (lo paga el ayuntamiento) con puntos limpios en lugares fijos (generalmente oficinas públicas o de atención al público) y de puntos limpios móviles (que son camiones que van rotando por los distintos barrios). Todos estos residuos van a lo que aquí se denomina "rellenos de seguridad", que ellos llaman vertedero de inertes, junto con los escombros.
- El tratamiento que se realiza es la inertización y disposición del residuo inertizado.
- En Brasil las pilas comunes que cumplan la normativa respecto de su composición van a la basura domiciliaria.
- En México juntan las pilas recargables y las comunes y las mandan a reciclado o relleno de seguridad :
¿Qué pilas pueden ser descartadas?
Sólo las pilas primarias libres de mercurio. Desde 1993 las pilas alcalinas que se fabrican o ingresan en el país están libres de mercurio agregado, ya que la Ley Nacional 26.184 de energía eléctrica portátil prohíbe la fabricación e importación de pilas alcalinas con mercurio. Las pilas que ingresaron al país con anterioridad a la sanción de la ley, pueden ser comercializadas hasta el año 2010, momento a partir del cual queda prohibida la comercialización de todas las pilas primarias que contengan agregado de mercurio. La prohibición se extiende a las denominadas pilas "moneda o botón" que contengan más del 2% de mercurio. Por ello, es importante evitar el consumo de pilas fabricadas o ingresadas al país antes de la entrada en vigencia de dicha norma.
¿Cómo se identifican las pilas libres de mercurio?
Los envases o cubiertas de las pilas indican la ausencia de mercurio de diversas formas: "0% Hg", Sin agregado de Hg" o "Sin agregado de mercurio". Sólo aquellas pilas identificadas de este modo pueden desecharse con los residuos domiciliarios, en forma espaciada, es decir no todas juntas.
No obstante ello, se recomienda el uso de pilas y baterías recargables o secundarias.
¿Por qué utilizar pilas recargables?
Las pilas recargables pueden durar hasta 5 años, dependiendo de su uso y recarga, lo que equivale varias veces el rendimiento de una pila común. Si bien el costo del equipo de recarga supone una inversión inicial mayor y por única vez, éste se amortiza si se compara con el número de pilas comunes que se evitó comprar.
¿Qué tipos de pilas pueden reciclarse?
Sólo las pilas recargables. Este tipo de pilas no debe desecharse junto a la basura domiciliaria.
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Nacional
El destino de 10 toneladas de pilas y baterías que se recolectaron en la ciudad de Buenos Aires y que ninguna jurisdicción quiere recibir instalaron la pregunta; la normativa en otros países
Lo primero que hay que destacar es que estas 10 toneladas de pilas y baterías que juntó la Agencia de Protección Ambiental porteña son residuos peligrosos porque contienen cadmio, mercurio y plomo. Este material requiere de una disposición final con un tratamiento especial. Es decir, no se puede enterrar en los rellenos sanitarios que tiene la Ceamse en el área metropolitana. Para su tratamiento es necesaria una tecnología con seguridad que no existe en la Capital.
En el gobierno explicaron que la tecnología que se utiliza en las pilas alcalinas descartables cambió y son libres de mercurio por lo que pueden tirarse a la basura sin problemas.
"No es verdad que no se haya considerado el destino final de estas pilas, que por única vez gestiona el Estado, sino que las posibilidades de tratamiento apropiado tuvieron que ser descartadas por motivos políticos y sociales", dijo Graciela Gerola, presidenta de la agencia. "La disposición en el relleno de seguridad de Córdoba era la solución ambientalmente apropiada y técnicamente aprobada. No era necesario pedir autorización local para realizar esta gestión legítima", indicó.
Con las baterías de celulares, las pilas recargables o las baterías de autos la cuestión es distinta. El destino final de este tipo de productos, denominados secundarios, debe ser asumido por el fabricante .
Eugenia Testa, coordinadora de la unidad política de Greenpeace indicó: "Nosotros apoyamos el concepto de responsabilidad extendida del productor. Por eso nos parece un avance el programa porteño, pero creemos que los productores de las pilas no recargables también deben hacerse cargo de lo que fabrican. Entendemos que habría que sacarlas del circuito de residuos porque aunque no tienen mercurio agregado siguen siendo tóxicas".
Testa recordó que en el Senado existe un proyecto de responsabilidad extendida del productor. "Es necesario que se genere una ley nacional que permita que todas las provincias tengan la misma legislación y no que cada jurisdicción tenga su propia normativa", dijo Testa.
Qué se hace en otros países
- En Europa se reciclan las dos clases de pilas.
- En los EEUU se usa el RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation), básicamente comparten los gastos entre todos los fabricantes y crean una empresa mixta. Todas aportan dinero para gestionar el conjunto de las recargables, costo que se traslada al producto final. En lo que respecta a las pilas comunes dependiendo el estado, varía entre quienes las disponen con los residuos domiciliarios y quienes las recolectan para tratamiento. No hay una política uniforme.
- En Madrid, hay un servicio concesionado (lo paga el ayuntamiento) con puntos limpios en lugares fijos (generalmente oficinas públicas o de atención al público) y de puntos limpios móviles (que son camiones que van rotando por los distintos barrios). Todos estos residuos van a lo que aquí se denomina "rellenos de seguridad", que ellos llaman vertedero de inertes, junto con los escombros.
- El tratamiento que se realiza es la inertización y disposición del residuo inertizado.
- En Brasil las pilas comunes que cumplan la normativa respecto de su composición van a la basura domiciliaria.
- En México juntan las pilas recargables y las comunes y las mandan a reciclado o relleno de seguridad :
¿Qué pilas pueden ser descartadas?
Sólo las pilas primarias libres de mercurio. Desde 1993 las pilas alcalinas que se fabrican o ingresan en el país están libres de mercurio agregado, ya que la Ley Nacional 26.184 de energía eléctrica portátil prohíbe la fabricación e importación de pilas alcalinas con mercurio. Las pilas que ingresaron al país con anterioridad a la sanción de la ley, pueden ser comercializadas hasta el año 2010, momento a partir del cual queda prohibida la comercialización de todas las pilas primarias que contengan agregado de mercurio. La prohibición se extiende a las denominadas pilas "moneda o botón" que contengan más del 2% de mercurio. Por ello, es importante evitar el consumo de pilas fabricadas o ingresadas al país antes de la entrada en vigencia de dicha norma.
¿Cómo se identifican las pilas libres de mercurio?
Los envases o cubiertas de las pilas indican la ausencia de mercurio de diversas formas: "0% Hg", Sin agregado de Hg" o "Sin agregado de mercurio". Sólo aquellas pilas identificadas de este modo pueden desecharse con los residuos domiciliarios, en forma espaciada, es decir no todas juntas.
No obstante ello, se recomienda el uso de pilas y baterías recargables o secundarias.
¿Por qué utilizar pilas recargables?
Las pilas recargables pueden durar hasta 5 años, dependiendo de su uso y recarga, lo que equivale varias veces el rendimiento de una pila común. Si bien el costo del equipo de recarga supone una inversión inicial mayor y por única vez, éste se amortiza si se compara con el número de pilas comunes que se evitó comprar.
¿Qué tipos de pilas pueden reciclarse?
Sólo las pilas recargables. Este tipo de pilas no debe desecharse junto a la basura domiciliaria.
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Trelew: reciclarán los PCB lejos de los barrios
Mac Karthy aceptaría reciclar PCB en la ciudad, pero lejos de los barrios
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Con asombro y desconfianza, así recibió el intendente de Trelew César Gustavo Mac Karthy la noticia que la provincia instalaría en la ciudad una planta dedicada a liberar de PCB los transformadores de toda el Chubut. Asombro porque hasta el momento de hacerse pública la información, en la municipalidad de Trelew no se tenían noticias del tema. Con desconfianza por el clima de malestar que el tema generó en los vecinos, en una instancia previa y cercana a un proceso electoral en el cual los resultados estaban bajo la lupa.
Sereno, por saber que la decisión que tome, será la correcta para la ciudad y en todo caso para la provincia, así Mac Karthy habló de la necesidad de avanzar y cumplir con la deuda ambiental de liberar la ciudad de PCB, llevó tranquilidad a los vecinos e insinuó alguna explicación para lo sucedido.
Para el Intendente hay algo de lo que no hay dudas y en lo cual dice coincidir con los vecinos, y es que “existe una Ley Nacional a la que todos hemos adherido, por la necesidad de eliminar el PCB antes del año 2010. En virtud de ello el gobierno de la Provincia ha tomado la decisión de acompañar a las cooperativas fundamentalmente que tienen transformadores con PCB y trabajar en lograr este objetivo y eliminar el PCB”.
En intendente Mac Karthy reconoce que “nosotros comenzamos con una serie de charlas para avanzar como ciudad en este tema, hasta que salió a la luz pública un borrador que había y que de alguna forma hizo que alguna gente comenzara a tener inquietudes y a tener cierta preocupación”.
Recién allí reconoce el intendente “nos pusimos en contacto con la gente del ministerio que nos explicó de que se trataba y que no había ningún tipo de definición tomada. Entonces nos juntamos con los vecinos del barrio Corradi que eran los que se habían movilizado e interesado en esta problemática y nos pusimos a su disposición para aportar la mayor información posible, información fidedigna, no hacer conjetura sobre hipótesis que no son ciertas”.
Los vecinos recibieron bien la información brindada por el municipio y quedaron conformes con lo dicho en la reunión. Mac Karthy aseguró que en el encuentro quedó claro que “somos concientes de que debemos cumplir con la legislación, y que si se hiciera este tratamiento de PCB en nuestra ciudad, buscaríamos un lugar que no sea residencial, dado que más allá de que son mecanismos que brindan seguridad, queremos evitar generar preocupación en cuanto a que exista algún tipo de contacto con la población”.
Investigar las razones
El momento en el que se conoció la noticia, previo a las elecciones legislativas, no quedó fuera del análisis del intendente, quien aseguró que sintió molestia y malestar. Mac Karthy ensaya sus hipótesis al decir que “habría que investigar bien a ver como es que llega a la luz pública, si realmente había un trabajo concreto o simplemente era un borrador, habría que analizar bien de parte de quien llevó eso a los medios de comunicación y si no había ninguna decisión, tendrían que haber tomado mayores precauciones”.
También dijo “habría que ver quien tuvo en sus manos ese borrador para acercarlo luego a la prensa en forma irresponsable tratando de sacar algún tipo de ventaja o tratando de hacer prevalecer algunos intereses propios. Más allá de eso, yo rescato el contacto directo con nuestros vecinos que están preocupados”.
Después de la tormenta
El inicio de esta polémica desató una serie de desacuerdos entre los vecinos el municipio y el propio ministerio, básicamente por la falta de información sobre el trabajo que se realizaba y la imposibilidad de las autoridades municipales de explicar como se había llegado a esa instancia. Pero lo cierto es que luego del vendaval, no se volvió a tener contacto desde el municipio con el ministerio de Ambiente.
El intendente Mac Karthy explica que “esto lo hablé con el ministro, le manifesté la inquietud, le comenté además la reunión que tuvimos con los vecinos y cual era la preocupación que compartíamos y quedamos en que cuando haya algún grado de avance por supuesto que tenemos que estar al tanto como municipio para poder hacer respetar la palabra que hemos dado a nuestros vecinos de que esto no se haga en ningún lugar que genere preocupación”.
Consultado acerca de si la ciudad de Trelew fue involucrada en el proyecto sin consultarlo previamente, Mac Karthy indicó que “de alguna manera si. Nosotros somos concientes de que tenemos PCB en nuestra ciudad, pero se habló en algún momento de tratar la eliminación del PCB de los transformadores de toda la provincia. Así que creo que Trelew tiene que hacer oír su voz”.
El intendente sumó otra idea al proyecto y es la de hacer valer la localía en caso de recibir el PCB de toda la provincia. En este sentido dijo que se piensa en que “eventualmente si en otros lugares no lo pueden hacer en Trelew tendrán que abonar alguna tasa, algún tipo de gravamen que permita que este tipo de tratamiento al no hacerlo en otro lado y tener que hacerlo acá las otras ciudades también tengan que pagar su impuesto. No es una cuestión recaudatoria, todo lo contrario, acá lo que vamos a preservar es la tranquilidad de nuestra población”.
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Con asombro y desconfianza, así recibió el intendente de Trelew César Gustavo Mac Karthy la noticia que la provincia instalaría en la ciudad una planta dedicada a liberar de PCB los transformadores de toda el Chubut. Asombro porque hasta el momento de hacerse pública la información, en la municipalidad de Trelew no se tenían noticias del tema. Con desconfianza por el clima de malestar que el tema generó en los vecinos, en una instancia previa y cercana a un proceso electoral en el cual los resultados estaban bajo la lupa.
Sereno, por saber que la decisión que tome, será la correcta para la ciudad y en todo caso para la provincia, así Mac Karthy habló de la necesidad de avanzar y cumplir con la deuda ambiental de liberar la ciudad de PCB, llevó tranquilidad a los vecinos e insinuó alguna explicación para lo sucedido.
Para el Intendente hay algo de lo que no hay dudas y en lo cual dice coincidir con los vecinos, y es que “existe una Ley Nacional a la que todos hemos adherido, por la necesidad de eliminar el PCB antes del año 2010. En virtud de ello el gobierno de la Provincia ha tomado la decisión de acompañar a las cooperativas fundamentalmente que tienen transformadores con PCB y trabajar en lograr este objetivo y eliminar el PCB”.
En intendente Mac Karthy reconoce que “nosotros comenzamos con una serie de charlas para avanzar como ciudad en este tema, hasta que salió a la luz pública un borrador que había y que de alguna forma hizo que alguna gente comenzara a tener inquietudes y a tener cierta preocupación”.
Recién allí reconoce el intendente “nos pusimos en contacto con la gente del ministerio que nos explicó de que se trataba y que no había ningún tipo de definición tomada. Entonces nos juntamos con los vecinos del barrio Corradi que eran los que se habían movilizado e interesado en esta problemática y nos pusimos a su disposición para aportar la mayor información posible, información fidedigna, no hacer conjetura sobre hipótesis que no son ciertas”.
Los vecinos recibieron bien la información brindada por el municipio y quedaron conformes con lo dicho en la reunión. Mac Karthy aseguró que en el encuentro quedó claro que “somos concientes de que debemos cumplir con la legislación, y que si se hiciera este tratamiento de PCB en nuestra ciudad, buscaríamos un lugar que no sea residencial, dado que más allá de que son mecanismos que brindan seguridad, queremos evitar generar preocupación en cuanto a que exista algún tipo de contacto con la población”.
Investigar las razones
El momento en el que se conoció la noticia, previo a las elecciones legislativas, no quedó fuera del análisis del intendente, quien aseguró que sintió molestia y malestar. Mac Karthy ensaya sus hipótesis al decir que “habría que investigar bien a ver como es que llega a la luz pública, si realmente había un trabajo concreto o simplemente era un borrador, habría que analizar bien de parte de quien llevó eso a los medios de comunicación y si no había ninguna decisión, tendrían que haber tomado mayores precauciones”.
También dijo “habría que ver quien tuvo en sus manos ese borrador para acercarlo luego a la prensa en forma irresponsable tratando de sacar algún tipo de ventaja o tratando de hacer prevalecer algunos intereses propios. Más allá de eso, yo rescato el contacto directo con nuestros vecinos que están preocupados”.
Después de la tormenta
El inicio de esta polémica desató una serie de desacuerdos entre los vecinos el municipio y el propio ministerio, básicamente por la falta de información sobre el trabajo que se realizaba y la imposibilidad de las autoridades municipales de explicar como se había llegado a esa instancia. Pero lo cierto es que luego del vendaval, no se volvió a tener contacto desde el municipio con el ministerio de Ambiente.
El intendente Mac Karthy explica que “esto lo hablé con el ministro, le manifesté la inquietud, le comenté además la reunión que tuvimos con los vecinos y cual era la preocupación que compartíamos y quedamos en que cuando haya algún grado de avance por supuesto que tenemos que estar al tanto como municipio para poder hacer respetar la palabra que hemos dado a nuestros vecinos de que esto no se haga en ningún lugar que genere preocupación”.
Consultado acerca de si la ciudad de Trelew fue involucrada en el proyecto sin consultarlo previamente, Mac Karthy indicó que “de alguna manera si. Nosotros somos concientes de que tenemos PCB en nuestra ciudad, pero se habló en algún momento de tratar la eliminación del PCB de los transformadores de toda la provincia. Así que creo que Trelew tiene que hacer oír su voz”.
El intendente sumó otra idea al proyecto y es la de hacer valer la localía en caso de recibir el PCB de toda la provincia. En este sentido dijo que se piensa en que “eventualmente si en otros lugares no lo pueden hacer en Trelew tendrán que abonar alguna tasa, algún tipo de gravamen que permita que este tipo de tratamiento al no hacerlo en otro lado y tener que hacerlo acá las otras ciudades también tengan que pagar su impuesto. No es una cuestión recaudatoria, todo lo contrario, acá lo que vamos a preservar es la tranquilidad de nuestra población”.
Prohíben la exportación de surubí y dorados
Prohíben la exportación de surubí y dorados
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
Durante la reunión de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario se dio marcha atrás con el permiso para exportar surubí y dorado. El director de Recursos Naturales de la Provincia estuvo en el cónclave y aseguró que las medidas no incidirán en Corrientes pues no se realiza pesca industrial.
La semana pasada tuvo lugar en Buenos Aires, la reunión de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario, de la que participaron representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Además, estuvieron funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Senasa y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En ese marco, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Norberto Yauhar, manifestó la voluntad política de esta administración de profundizar, en forma consensuada con las provincias de la cuenca Parano-Platense, las medidas de ordenamiento del sector pesquero fluvial.
En este sentido, dijo que se continuarán y profundizarán los estudios de evaluación biológico-pesquera, se desarrollará la acuicultura con fin de resiembra como alternativa productiva en la medida que el productor lo requiera y se avanzará en la coordinación de los mecanismos de fiscalización central.
Por su parte, las provincias participantes ratificaron el interés de dar continuidad y profundizar en las acciones de la Comisión de Pesca Continental como un ámbito federal para el consenso de las políticas para el sector.
Como resultado de las deliberaciones sobre la información presentada por la Subsecretaría de Pesca y el Senasa, se acordó que el cupo de exportación de sábalo para este año no supere el límite inferior sugerido por los estudios de evaluación en curso. Asimismo, se recomendó reiterar la prohibición de la exportación de otras especies que figuran en el Anexo I del Decreto 931/09: sábalo, surubí, boga y tararira.
En ese sentido, cabe recordar que en julio pasado la presidente de la Nación, Cristina Fernández firmó el Decreto 931/09 donde establecía cupos de exportación de pescado. De acuerdo a lo manifestado por agrupaciones ambientalistas, esa norma autoriza una depredación que dañará el equilibrio ecológico del río.
El director de Recursos Naturales de la Provincia, Sergio Zajarevich estuvo en la reunión de la comisión representando a Corrientes. El funcionario explicó que el debate por los cupos en la giró en torno a prohibición o no de la exportación de surubí como lo solicitó el Gobierno de Santa Fe al igual que organizaciones ambientalistas de varias provincias.
“Las discusiones terminaron a favor de la prohibición y ya no podrá exportarse surubí”, precisó Zajarevich. No obstante, aclaró que la normativa “no incidirá ni en lo más mínimo sobre la actividad correntina porque no encierra emprendimientos dedicados a la pesca industrial de esas especies”.
En ese aspecto, dijo que “en Corrientes rige otro tipo de veda adecuada a la realidad provincial que protege mediante diferentes mecanismos a las especies emblemáticas y en peligro”.
Normativa
Para proveer a la preservación del recurso el Decreto 931/09 además establece que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura evaluará periódicamente el estado de boga, la tararira y el sábado y luego recomendará la extensión de los cupos de exportación.
La norma establece que se establecerá canal rojo para la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando se requiere el control documental y la verificación física de “la mercadería”. Términos que molestaron a organizaciones civiles que pidieron revisar la medida.
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
Durante la reunión de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario se dio marcha atrás con el permiso para exportar surubí y dorado. El director de Recursos Naturales de la Provincia estuvo en el cónclave y aseguró que las medidas no incidirán en Corrientes pues no se realiza pesca industrial.
La semana pasada tuvo lugar en Buenos Aires, la reunión de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario, de la que participaron representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Además, estuvieron funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Senasa y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En ese marco, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Norberto Yauhar, manifestó la voluntad política de esta administración de profundizar, en forma consensuada con las provincias de la cuenca Parano-Platense, las medidas de ordenamiento del sector pesquero fluvial.
En este sentido, dijo que se continuarán y profundizarán los estudios de evaluación biológico-pesquera, se desarrollará la acuicultura con fin de resiembra como alternativa productiva en la medida que el productor lo requiera y se avanzará en la coordinación de los mecanismos de fiscalización central.
Por su parte, las provincias participantes ratificaron el interés de dar continuidad y profundizar en las acciones de la Comisión de Pesca Continental como un ámbito federal para el consenso de las políticas para el sector.
Como resultado de las deliberaciones sobre la información presentada por la Subsecretaría de Pesca y el Senasa, se acordó que el cupo de exportación de sábalo para este año no supere el límite inferior sugerido por los estudios de evaluación en curso. Asimismo, se recomendó reiterar la prohibición de la exportación de otras especies que figuran en el Anexo I del Decreto 931/09: sábalo, surubí, boga y tararira.
En ese sentido, cabe recordar que en julio pasado la presidente de la Nación, Cristina Fernández firmó el Decreto 931/09 donde establecía cupos de exportación de pescado. De acuerdo a lo manifestado por agrupaciones ambientalistas, esa norma autoriza una depredación que dañará el equilibrio ecológico del río.
El director de Recursos Naturales de la Provincia, Sergio Zajarevich estuvo en la reunión de la comisión representando a Corrientes. El funcionario explicó que el debate por los cupos en la giró en torno a prohibición o no de la exportación de surubí como lo solicitó el Gobierno de Santa Fe al igual que organizaciones ambientalistas de varias provincias.
“Las discusiones terminaron a favor de la prohibición y ya no podrá exportarse surubí”, precisó Zajarevich. No obstante, aclaró que la normativa “no incidirá ni en lo más mínimo sobre la actividad correntina porque no encierra emprendimientos dedicados a la pesca industrial de esas especies”.
En ese aspecto, dijo que “en Corrientes rige otro tipo de veda adecuada a la realidad provincial que protege mediante diferentes mecanismos a las especies emblemáticas y en peligro”.
Normativa
Para proveer a la preservación del recurso el Decreto 931/09 además establece que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura evaluará periódicamente el estado de boga, la tararira y el sábado y luego recomendará la extensión de los cupos de exportación.
La norma establece que se establecerá canal rojo para la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando se requiere el control documental y la verificación física de “la mercadería”. Términos que molestaron a organizaciones civiles que pidieron revisar la medida.
Aborígenes condenados al hambre
Aborígenes condenados al hambre
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En un país que produce alimentos para 330 millones de personas y en una región rica en petróleo y gas, las comunidades aborígenes del norte argentino siguen padeciendo el flagelo del hambre.
El 2 de julio último murió Bartolomé, un niño de 2 años de edad, en el hospital de General Mosconi, provincia de Salta. Pertenecía a una comunidad de aborígenes wichis. Ésta se asienta desde tiempos ancestrales en una zona donde se encuentra una de las dos reservas de gas y petróleo más grandes del país, con 29,9 millones de metros cúbicos de petróleo y 161.748 millones de metros cúbicos de gas, que aprovisionan a varias provincias de nuestro país y a Chile y Brasil.
Salta pertenece, por cierto, a la República Argentina, un país que produce alimentos para 330 millones de personas. Eso en teoría, según el modelo kirchnerista que proclama desde hace seis años su decisión de mejorar la distribución del ingreso y mejorar la mesa de los argentinos.
Pese a los hidrocarburos y a los alimentos, y pese a la protección de la mesa de los argentinos, como afirma con frecuencia la presidenta de la República, Bartolomé murió por "deshidratación grave como consecuencia de un cuadro de desnutrición". Es claro que el pequeño aborigen argentino murió de hambre.
A poca distancia del mismo hospital, dos miembros de la misión wichi Nueva Generación agonizan de hambre, tirados en un desvencijado colchón y a la intemperie. Son Julia Barrios, de 33 años de edad, y su bebé de cinco meses. La paciencia de las comunidades aborígenes parece haber llegado a su fin.
Sus dirigentes advirtieron durante el reciente fin de semana: "La vida de nuestros hijos no se negocia. Hacemos responsables a las autoridades por cualquier otra muerte evitable que ocurra entre nuestros hermanos. No vamos a permitir que se nos muera un solo chico más de hambre, porque si esto ocurre, vamos a volar el gasoducto que pasa debajo de nuestras tierras y que se lleva las riquezas de nuestro subsuelo a razón de 30 millones de metros cúbicos de gas por día".
La advertencia acerca de la voladura del gasoducto se vincula con el proyecto argentino-boliviano de construir un gasoducto que cruzará Salta, Formosa y Chaco, hasta llegar a Santa Fe. Un proyecto con un presupuesto de 1.700 millones de dólares, que, al decir de las comunidades, les producirá mayores perjuicios. Por ello, anunciaron: "Tomamos la válvula cuatro del poliducto que pasa por debajo de nuestras tierras, para que nos reconozcan como los legítimos propietarios de estos terrenos, que pertenecieron a nuestros ancestros".
Esta amenaza no provoca, al parecer, preocupación alguna en Isidro Ruarte, intendente de General Mosconi, quien afirmó a un medio de la Capital Federal que los wichis y los tobas "son vagos. El problema –dijo– no es el hambre. Es mentira que estos aborígenes estén desnutridos; lo que pasa es que la gran mayoría no quiere trabajar porque son vagos y tienen problemas con el alcohol. Si usted les da mercadería, ellos la venden para comprarse vino, en vez de dársela a la familia".
Sostuvo, además, que se entregan 15 mil pesos mensuales a las comunidades, "pero ellos –agregó– no compraron ni una pala para trabajar la tierra; muchos le tienen alergia al trabajo. Son 10 caciques que se pelean para quedarse con la plata. Como si fueran pocos, cada vez son más, tienen muchos hijos que no pueden mantener; las chicas, a los 12 años, ya quedan embarazadas, porque no se cuidan".
De Ruarte, aliado del gobernador Juan Manuel Urtubey, se recuerda que en abril último sugirió una especie de "limpieza étnica" de los aborígenes, porque convocó a la población de General Mosconi a realizar una "limpieza total" de las organizaciones sociales, de cuyos miembros afirmó que eran "sediciosos, vagos y drogados". Un discurso que, queriéndolo o no, prolonga en el tiempo los innobles estereotipos de la época colonial.
Peor todavía, esto ya no tiene ecos coloniales, porque recuerda bastante a los estereotipos del discurso de la dictadura militar. En cierto modo, algunos políticos norteños siguen ejerciendo una especie de coloniaje sobre los explotados y marginados de esas tierras.
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En un país que produce alimentos para 330 millones de personas y en una región rica en petróleo y gas, las comunidades aborígenes del norte argentino siguen padeciendo el flagelo del hambre.
El 2 de julio último murió Bartolomé, un niño de 2 años de edad, en el hospital de General Mosconi, provincia de Salta. Pertenecía a una comunidad de aborígenes wichis. Ésta se asienta desde tiempos ancestrales en una zona donde se encuentra una de las dos reservas de gas y petróleo más grandes del país, con 29,9 millones de metros cúbicos de petróleo y 161.748 millones de metros cúbicos de gas, que aprovisionan a varias provincias de nuestro país y a Chile y Brasil.
Salta pertenece, por cierto, a la República Argentina, un país que produce alimentos para 330 millones de personas. Eso en teoría, según el modelo kirchnerista que proclama desde hace seis años su decisión de mejorar la distribución del ingreso y mejorar la mesa de los argentinos.
Pese a los hidrocarburos y a los alimentos, y pese a la protección de la mesa de los argentinos, como afirma con frecuencia la presidenta de la República, Bartolomé murió por "deshidratación grave como consecuencia de un cuadro de desnutrición". Es claro que el pequeño aborigen argentino murió de hambre.
A poca distancia del mismo hospital, dos miembros de la misión wichi Nueva Generación agonizan de hambre, tirados en un desvencijado colchón y a la intemperie. Son Julia Barrios, de 33 años de edad, y su bebé de cinco meses. La paciencia de las comunidades aborígenes parece haber llegado a su fin.
Sus dirigentes advirtieron durante el reciente fin de semana: "La vida de nuestros hijos no se negocia. Hacemos responsables a las autoridades por cualquier otra muerte evitable que ocurra entre nuestros hermanos. No vamos a permitir que se nos muera un solo chico más de hambre, porque si esto ocurre, vamos a volar el gasoducto que pasa debajo de nuestras tierras y que se lleva las riquezas de nuestro subsuelo a razón de 30 millones de metros cúbicos de gas por día".
La advertencia acerca de la voladura del gasoducto se vincula con el proyecto argentino-boliviano de construir un gasoducto que cruzará Salta, Formosa y Chaco, hasta llegar a Santa Fe. Un proyecto con un presupuesto de 1.700 millones de dólares, que, al decir de las comunidades, les producirá mayores perjuicios. Por ello, anunciaron: "Tomamos la válvula cuatro del poliducto que pasa por debajo de nuestras tierras, para que nos reconozcan como los legítimos propietarios de estos terrenos, que pertenecieron a nuestros ancestros".
Esta amenaza no provoca, al parecer, preocupación alguna en Isidro Ruarte, intendente de General Mosconi, quien afirmó a un medio de la Capital Federal que los wichis y los tobas "son vagos. El problema –dijo– no es el hambre. Es mentira que estos aborígenes estén desnutridos; lo que pasa es que la gran mayoría no quiere trabajar porque son vagos y tienen problemas con el alcohol. Si usted les da mercadería, ellos la venden para comprarse vino, en vez de dársela a la familia".
Sostuvo, además, que se entregan 15 mil pesos mensuales a las comunidades, "pero ellos –agregó– no compraron ni una pala para trabajar la tierra; muchos le tienen alergia al trabajo. Son 10 caciques que se pelean para quedarse con la plata. Como si fueran pocos, cada vez son más, tienen muchos hijos que no pueden mantener; las chicas, a los 12 años, ya quedan embarazadas, porque no se cuidan".
De Ruarte, aliado del gobernador Juan Manuel Urtubey, se recuerda que en abril último sugirió una especie de "limpieza étnica" de los aborígenes, porque convocó a la población de General Mosconi a realizar una "limpieza total" de las organizaciones sociales, de cuyos miembros afirmó que eran "sediciosos, vagos y drogados". Un discurso que, queriéndolo o no, prolonga en el tiempo los innobles estereotipos de la época colonial.
Peor todavía, esto ya no tiene ecos coloniales, porque recuerda bastante a los estereotipos del discurso de la dictadura militar. En cierto modo, algunos políticos norteños siguen ejerciendo una especie de coloniaje sobre los explotados y marginados de esas tierras.
Impacto de los incendios en San Luis
“En incendios de estas magnitudes el impacto ambiental es total”
Fecha de Publicación: 19/08/2009
Fuente: Cronica de San Luis
Provincia/Región: San Luis
Será irreversible la modificación en las condiciones del ecosistema debido a la destrucción total de la flora y la fauna. Un primer análisis de la ingeniera Elba Gabutti, del Centro de Gestión Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales, trazó un panorama desalentador pero real sobre el impacto ambiental que sobrevendrá tras los devastadores incendios en las sierras de San Luis.
“El impacto ya se ha producido, no sólo en la flora y la fauna sino también en el suelo porque tenemos que evaluar tanto la extensión de la zona afectada por el fuego, como su intensidad que fue de proporciones mucho mayores que los incendios que ya se han registrado en esas zonas”, comentó.
Explicó que los incendios de estas magnitudes “destruyen todo” especialmente la vegetación “que es muy vulnerable a la combustión por las sequías prolongadas, tal como ocurre con los palmares de zona de Papagayos”.
“La flora de las sierras, que es nativa que en la mayoría de los casos, ante este tipo de incendios se ve muy afectada. Cuando el incendio es suave, los árboles no se ven afectados, pero con esta magnitud, prácticamente todas las especies vegetales se van a secar. El cambio del paisaje, entonces, será muy marcado”, añadió.
Comentó que al efecto del fuego en las sierras, fundamentalmente en las nacientes de ríos provocará además el arrastre de los sedimentos por las lluvias “todos esos desechos irán a parara a los cauces de ríos”.
Gabutti consideró que un tema de fondo es “entender de una vez por todas que algunas prácticas arraigadas entre los productores hay que desterrarlas. Me refiero a la quema de pastizales de manera intencional. Si eso se hace y no se prohíbe debe estar perfectamente programado con todas las precauciones. No obstante, lo mejor es no realizar esta práctica, mucho menos en zonas vulnerables y ante climas propicios para la propagación del fuego”.
Sostuvo que la concientización “es un tema difícil” porque “todos sabemos que el fuego provoca daños irreparables y que una vez iniciado es difícil controlarlo, pero de todas maneras los incendios intencionales se siguen practicando. La gente sigue pensando que la quema de pastizales es un método necesario para obtener pasto verde y eliminar el material seco y eso es una costumbre que no se ha podido erradicar”.
Fecha de Publicación: 19/08/2009
Fuente: Cronica de San Luis
Provincia/Región: San Luis
Será irreversible la modificación en las condiciones del ecosistema debido a la destrucción total de la flora y la fauna. Un primer análisis de la ingeniera Elba Gabutti, del Centro de Gestión Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales, trazó un panorama desalentador pero real sobre el impacto ambiental que sobrevendrá tras los devastadores incendios en las sierras de San Luis.
“El impacto ya se ha producido, no sólo en la flora y la fauna sino también en el suelo porque tenemos que evaluar tanto la extensión de la zona afectada por el fuego, como su intensidad que fue de proporciones mucho mayores que los incendios que ya se han registrado en esas zonas”, comentó.
Explicó que los incendios de estas magnitudes “destruyen todo” especialmente la vegetación “que es muy vulnerable a la combustión por las sequías prolongadas, tal como ocurre con los palmares de zona de Papagayos”.
“La flora de las sierras, que es nativa que en la mayoría de los casos, ante este tipo de incendios se ve muy afectada. Cuando el incendio es suave, los árboles no se ven afectados, pero con esta magnitud, prácticamente todas las especies vegetales se van a secar. El cambio del paisaje, entonces, será muy marcado”, añadió.
Comentó que al efecto del fuego en las sierras, fundamentalmente en las nacientes de ríos provocará además el arrastre de los sedimentos por las lluvias “todos esos desechos irán a parara a los cauces de ríos”.
Gabutti consideró que un tema de fondo es “entender de una vez por todas que algunas prácticas arraigadas entre los productores hay que desterrarlas. Me refiero a la quema de pastizales de manera intencional. Si eso se hace y no se prohíbe debe estar perfectamente programado con todas las precauciones. No obstante, lo mejor es no realizar esta práctica, mucho menos en zonas vulnerables y ante climas propicios para la propagación del fuego”.
Sostuvo que la concientización “es un tema difícil” porque “todos sabemos que el fuego provoca daños irreparables y que una vez iniciado es difícil controlarlo, pero de todas maneras los incendios intencionales se siguen practicando. La gente sigue pensando que la quema de pastizales es un método necesario para obtener pasto verde y eliminar el material seco y eso es una costumbre que no se ha podido erradicar”.
Catamarca elabora un mapa eólico provincial
Una consultora elabora un mapa eólico provincial
Fecha de Publicación: 19/08/2009
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, contrató a una consultora para la elaboración de un mapa eólico provincial que determine, con precisión, los mejores lugares para generar ese tipo de energía renovable.
Concretamente, el contrato fue firmado entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Centro Regional de Energía Eólica (CREE) de Chubut para la realización de un relevamiento eólico y un proyecto demostrativo en Catamarca, a los fines de determinar las mediciones fehacientes de los vientos y, por ende, la factibilidad de generar esa energía renovable en algunos puntos de la Provincia.
La firma del "Convenio de Consultoría Relevamiento Eólico y Proyecto Demostrativo en el ámbito de la Provincia de Catamarca" con el CREE chubutense se concretó el 25 de septiembre de 2008. Recientemente se publicó en el Boletín Oficial una resolución ministerial donde se autoriza el pago de la primera cuota del servicio de consultoría: 24 mil pesos por un 30% del trabajo. En total, el costo del mapeo que realizará el CREE costará 75 mil pesos, según confirmó a El Ancasti el subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante, quien defendió la contratación de esta institución asegurando que la Provincia no cuenta con las tecnologías para realizar el mapeo.
"El CREE es un estudio especializado que ya realizó el mapa eólico nacional. Además, el convenio prevé la capacitación y transferencia a nuestra gente", destacó Assante. Según explicó, la firma realizará mediciones de los vientos vía satélite a través de un sistema informático complejo.
También comentó que el proyecto era inicialmente más caro -alrededor de 300 mil- pero se acotó a fin de que la Provincia pudiera afrontarlo. En ese recorte, se decidió privilegiar las mediciones eólicas en una serie de zonas identificadas por tener mayores potencialidades para su desarrollo energético.
El lunes, El Ancasti publicó un informe dando cuenta de la creciente contratación de servicios de consultoría que el Gobierno provincial viene realizando para tercerizar distintas tareas técnicas, pese a la sostenida incorporación de profesionales a su planta de personal.
Fecha de Publicación: 19/08/2009
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, contrató a una consultora para la elaboración de un mapa eólico provincial que determine, con precisión, los mejores lugares para generar ese tipo de energía renovable.
Concretamente, el contrato fue firmado entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Centro Regional de Energía Eólica (CREE) de Chubut para la realización de un relevamiento eólico y un proyecto demostrativo en Catamarca, a los fines de determinar las mediciones fehacientes de los vientos y, por ende, la factibilidad de generar esa energía renovable en algunos puntos de la Provincia.
La firma del "Convenio de Consultoría Relevamiento Eólico y Proyecto Demostrativo en el ámbito de la Provincia de Catamarca" con el CREE chubutense se concretó el 25 de septiembre de 2008. Recientemente se publicó en el Boletín Oficial una resolución ministerial donde se autoriza el pago de la primera cuota del servicio de consultoría: 24 mil pesos por un 30% del trabajo. En total, el costo del mapeo que realizará el CREE costará 75 mil pesos, según confirmó a El Ancasti el subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante, quien defendió la contratación de esta institución asegurando que la Provincia no cuenta con las tecnologías para realizar el mapeo.
"El CREE es un estudio especializado que ya realizó el mapa eólico nacional. Además, el convenio prevé la capacitación y transferencia a nuestra gente", destacó Assante. Según explicó, la firma realizará mediciones de los vientos vía satélite a través de un sistema informático complejo.
También comentó que el proyecto era inicialmente más caro -alrededor de 300 mil- pero se acotó a fin de que la Provincia pudiera afrontarlo. En ese recorte, se decidió privilegiar las mediciones eólicas en una serie de zonas identificadas por tener mayores potencialidades para su desarrollo energético.
El lunes, El Ancasti publicó un informe dando cuenta de la creciente contratación de servicios de consultoría que el Gobierno provincial viene realizando para tercerizar distintas tareas técnicas, pese a la sostenida incorporación de profesionales a su planta de personal.
“Mar Chiquita tiene más agua que hace 50 años”
“Mar Chiquita tiene más agua que hace 50 años”
Fecha de Publicación: 18/08/2009
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero - Córdoba
Díaz Achával indicó que Santiago cumple con los acuerdos.
El defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, se refirió a las nubes de sal que aparecieron en Mar Chiquita, indicando que “daño ambiental no habría y Santiago estaría cumpliendo con la cuota de agua que está fijada por acuerdo, no obstante los niveles de la laguna son superiores de los de hace 40 años, cuando no estaban los embalses”.
Díaz Achával consideró que “estas supuestas emanaciones son producidas por la baja de la cota que hace que se seque la sal y la transporte el viento” No obstante señaló que según lo expresaran funcionarios santiagueños “la provincia está cumpliendo con la cuota de agua, y al contrario de lo que se quiere señalar, los niveles de la laguna de Mar Chiquita son superiores de lo que eran hace 40 o 50 años, cuando no estaban construidos el embalse de Río Hondo y el dique Los Quiroga”. Por esta razón mencionó que el agua que recibe la laguna, cuyo principal afluente es el Dulce, es “notoriamente significativa”.
Reconoció que lo que sucede en Mar Chiquita forma parte de “situaciones estacionales”, que tienen que ver con “una baja de las lluvias de los últimos meses, que hace que baje la cota. Hoy es de 69.3 hectómetros 3, cuando la cota máxima de los últimos 10 años fue en 2003 con 71,1 hectómetros 3, y muy por debajo de la mínima que fue de 61 hectómetros 3”.
Fecha de Publicación: 18/08/2009
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero - Córdoba
Díaz Achával indicó que Santiago cumple con los acuerdos.
El defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, se refirió a las nubes de sal que aparecieron en Mar Chiquita, indicando que “daño ambiental no habría y Santiago estaría cumpliendo con la cuota de agua que está fijada por acuerdo, no obstante los niveles de la laguna son superiores de los de hace 40 años, cuando no estaban los embalses”.
Díaz Achával consideró que “estas supuestas emanaciones son producidas por la baja de la cota que hace que se seque la sal y la transporte el viento” No obstante señaló que según lo expresaran funcionarios santiagueños “la provincia está cumpliendo con la cuota de agua, y al contrario de lo que se quiere señalar, los niveles de la laguna de Mar Chiquita son superiores de lo que eran hace 40 o 50 años, cuando no estaban construidos el embalse de Río Hondo y el dique Los Quiroga”. Por esta razón mencionó que el agua que recibe la laguna, cuyo principal afluente es el Dulce, es “notoriamente significativa”.
Reconoció que lo que sucede en Mar Chiquita forma parte de “situaciones estacionales”, que tienen que ver con “una baja de las lluvias de los últimos meses, que hace que baje la cota. Hoy es de 69.3 hectómetros 3, cuando la cota máxima de los últimos 10 años fue en 2003 con 71,1 hectómetros 3, y muy por debajo de la mínima que fue de 61 hectómetros 3”.
El fuego continúa sin control
El fuego continúa sin control
Fecha de Publicación: 17/08/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Luis - Córdoba
Los Palmares de Papagallos, considerada una reserva natural turística de la provincia, quedo arrasada por el fuego que ya quemó más de 60 mil hectáreas de pastura natural y monte y dejo el saldo de tres muertos.
Todas las brigadas contra incendio más aviones hidrantes continuaban luchando ayer contra las llamas que subían por las sierras centrales con rumbo al Valle de Pancanta, un sitio turístico de ríos y rocas con pinturas rupestres.
Los Palmares de Papagallos, con especies de más de cien años, abarcan un área de reserva natural compuesta por palmeras Caranday, chañares y algarrobos. Bomberos y policías con maquinas abrían picadas para evitar que las llamas llegaran a los cascos de estancias en la altura de las sierras centrales de San Luis.
Ayudado por el viento, el fuego que durante toda la semana quemó las sierras cercanas a la Capital, ahora se dirigía con rumbo noroeste, quemando monte nativo y dejando miles de hectáreas bajo las cenizas. El panorama era desolador y tardará años en recuperarse.
El otro sector muy afectado era la zona entre Suyuques, a 30 kilómetros de la capital provincial, y Villa La Quebrada, a unos 60 kilómetros, ambas hacia el norte.
En Córdoba, numerosas dotaciones de bomberos continuaban combatiendo al menos cinco focos de incendio en las sierras cordobesas, aunque no se registraron evacuados ni heridos.
Fecha de Publicación: 17/08/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Luis - Córdoba
Los Palmares de Papagallos, considerada una reserva natural turística de la provincia, quedo arrasada por el fuego que ya quemó más de 60 mil hectáreas de pastura natural y monte y dejo el saldo de tres muertos.
Todas las brigadas contra incendio más aviones hidrantes continuaban luchando ayer contra las llamas que subían por las sierras centrales con rumbo al Valle de Pancanta, un sitio turístico de ríos y rocas con pinturas rupestres.
Los Palmares de Papagallos, con especies de más de cien años, abarcan un área de reserva natural compuesta por palmeras Caranday, chañares y algarrobos. Bomberos y policías con maquinas abrían picadas para evitar que las llamas llegaran a los cascos de estancias en la altura de las sierras centrales de San Luis.
Ayudado por el viento, el fuego que durante toda la semana quemó las sierras cercanas a la Capital, ahora se dirigía con rumbo noroeste, quemando monte nativo y dejando miles de hectáreas bajo las cenizas. El panorama era desolador y tardará años en recuperarse.
El otro sector muy afectado era la zona entre Suyuques, a 30 kilómetros de la capital provincial, y Villa La Quebrada, a unos 60 kilómetros, ambas hacia el norte.
En Córdoba, numerosas dotaciones de bomberos continuaban combatiendo al menos cinco focos de incendio en las sierras cordobesas, aunque no se registraron evacuados ni heridos.
Incendios y accidentes en Mendoza
Incendios y accidentes por el viento Zonda en Mendoza
Fecha de Publicación: 16/08/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Dos adolescentes fallecieron carbonizados al incendiarse una vivienda, y otras cinco personas perdieron la vida en la ruta a causa del fenómeno que acosa a la provincia.
En el departamento mendocino de Junín, el fuerte viento zonda causó por la noche y hasta la madrugada varios incendios en campos no cultivados.
Uno de los focos consumió una humilde vivienda rural en la que residía un matrimonio con seis hijos, a unos 60 kilómetros al este de la capital mendocina, informaron voceros policiales.
Como consecuencia del incendio murieron carbonizados Andrés Marinosi, de 14 años, y Jonathan González, de 12, en tanto salvaron sus vidas el matrimonio y otros cuatro hijos menores.
Fuentes policiales de Junín, informaron a la agencia “Télam” que "recién esta mañana fueron rescatados entre los escombros los restos de los menores calcinados".
Dos accidentes viales ocurridos ayer en los departamentos Maipú y San Rafael, dejaron como saldo cinco personas fallecidas y otras siete hospitalizadas con heridas de consideración.
El primero sucedió a las 3:50 por la caída a un canal de un Peugeot 504 en el que viajaban 8 personas. Sucedió ayer a las 3:50 en el cruce de ruta provincial 60 y Urquiza de Maipú.
Debido al fuerte impacto murieron cuatro miembros de una misma familia: los hermanos Martín y Walter Reta de 25 y 28 años y los niños Lautaro y Valentina Reta de 6 y 5 meses.
Los heridos que al sufrir politraumatismos quedaron internados en los hospitales Central y Notti, también son miembros de la familia Reta: Romina Videla y Mariana Molina de 21 y 28 años, esposas de los dos adultos muertos, y Camila y Angel Reta de 2 y 5 años, hijos de los matrimonios.
En un principio se sospechó que el accidente podría haber sido causado por la poca visibilidad en la ruta debido al polvo en suspensión levantado por viento zonda, pero fuentes policiales consultadas por LA NACION informaron que el vehículo marchaba una velocidad poco prudente.
En otra colisión ocurrida en una curva de la ruta nacional 143 en San Rafael, falleció María Cristina Juárez de 52 años por el vuelco del Renault Clío en que viajaba junto a su familia.
Los otros ocupantes del vehículo fueron internados en el hospital Schestakow de esa ciudad debido a que sufrieron politraumatismos. Son el conductor, Luis Velocce de 62 años, y sus hijos Luis de 34 y Juan Cruz Velocce de 14.
Por el fuerte temporal de nieve en alta montaña, la ruta cordillerana se encuentra interrumpida para todo tipo de vehículos entre la localidad de Puente del Inca y Las Cuevas, que comunica con el túnel internacional Cristo Redentor, cerrado desde ayer.
Unos doscientos camiones se encuentran varados por un temporal de nieve en la localidad cordillerana de Uspallata, ubicada a 95 kilómetros al oeste de la capital mendocina.
Fecha de Publicación: 16/08/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Dos adolescentes fallecieron carbonizados al incendiarse una vivienda, y otras cinco personas perdieron la vida en la ruta a causa del fenómeno que acosa a la provincia.
En el departamento mendocino de Junín, el fuerte viento zonda causó por la noche y hasta la madrugada varios incendios en campos no cultivados.
Uno de los focos consumió una humilde vivienda rural en la que residía un matrimonio con seis hijos, a unos 60 kilómetros al este de la capital mendocina, informaron voceros policiales.
Como consecuencia del incendio murieron carbonizados Andrés Marinosi, de 14 años, y Jonathan González, de 12, en tanto salvaron sus vidas el matrimonio y otros cuatro hijos menores.
Fuentes policiales de Junín, informaron a la agencia “Télam” que "recién esta mañana fueron rescatados entre los escombros los restos de los menores calcinados".
Dos accidentes viales ocurridos ayer en los departamentos Maipú y San Rafael, dejaron como saldo cinco personas fallecidas y otras siete hospitalizadas con heridas de consideración.
El primero sucedió a las 3:50 por la caída a un canal de un Peugeot 504 en el que viajaban 8 personas. Sucedió ayer a las 3:50 en el cruce de ruta provincial 60 y Urquiza de Maipú.
Debido al fuerte impacto murieron cuatro miembros de una misma familia: los hermanos Martín y Walter Reta de 25 y 28 años y los niños Lautaro y Valentina Reta de 6 y 5 meses.
Los heridos que al sufrir politraumatismos quedaron internados en los hospitales Central y Notti, también son miembros de la familia Reta: Romina Videla y Mariana Molina de 21 y 28 años, esposas de los dos adultos muertos, y Camila y Angel Reta de 2 y 5 años, hijos de los matrimonios.
En un principio se sospechó que el accidente podría haber sido causado por la poca visibilidad en la ruta debido al polvo en suspensión levantado por viento zonda, pero fuentes policiales consultadas por LA NACION informaron que el vehículo marchaba una velocidad poco prudente.
En otra colisión ocurrida en una curva de la ruta nacional 143 en San Rafael, falleció María Cristina Juárez de 52 años por el vuelco del Renault Clío en que viajaba junto a su familia.
Los otros ocupantes del vehículo fueron internados en el hospital Schestakow de esa ciudad debido a que sufrieron politraumatismos. Son el conductor, Luis Velocce de 62 años, y sus hijos Luis de 34 y Juan Cruz Velocce de 14.
Por el fuerte temporal de nieve en alta montaña, la ruta cordillerana se encuentra interrumpida para todo tipo de vehículos entre la localidad de Puente del Inca y Las Cuevas, que comunica con el túnel internacional Cristo Redentor, cerrado desde ayer.
Unos doscientos camiones se encuentran varados por un temporal de nieve en la localidad cordillerana de Uspallata, ubicada a 95 kilómetros al oeste de la capital mendocina.
Se conocerá el estudio sobre obras de Garabí
En septiembre se conocerá el estudio sobre obras de Garabí
Fecha de Publicación: 15/08/2009
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El consorcio integrado por la empresa brasilera Senec y la firma argentina Esin está terminando de redactar un informe que se presentará el próximo mes de septiembre y que contiene un modelo para construir la represa de Garabí sobre el Río Uruguay, a la altura del límite entre las provincias de Misiones y Corrientes con el estado brasilero de Río Grande Do Sul.
Dicho estudio será presentado ante los responsables de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa) y la Central Eléctrica Brasilera Sociedad Anónima (Electrobras), que son las instituciones designadas por los gobiernos de Argentina y Brasil para llevar adelante esta obra binacional, en el marco del acuerdo suscriptos por los presidentes de ambas naciones.
El consorcio encargado de elaborar el mencionado estudio, está conformado por consultoras de Argentina y Brasil, que resultaron elegidas en una licitación para esta tarea, que consiste en una serie de evaluaciones preliminares que servirán de base, para que los gobiernos de estos países, decidan las características que tendrá la futura obra.
En el informe, que se presentará en septiembre, se definen algunas posibilidades de cortes para la represa de Garabí.
Posteriormente comenzará otra evaluación de factibilidad técnica, económica y energética de los cierres que hayan sido decididos, que se presentará en marzo del año que viene.
Una vez que se culmine la etapa de estudios preliminares y se comience con la construcción de la obra, se estima que la misma demandará un plazo de cinco años, según las proyecciones que manejan las dos organizaciones encargadas del emprendimiento: Ebisa y Electrobras.
Este cronograma de estudios preliminares fue explicado por el subsecretario de Energía de Corrientes, ingeniero Juan Marcelo Gatti y el subsecretario de Emprendimientos de Infraestructura Regional, Sergio Cangiani ante los diputados que integran la comisión de seguimiento de obras de Yacyretá, Corpus, Garabí y Roncador.
La cantidad de cortes
En esa oportunidad, el ingeniero Cangiani explicó a El Territorio que “aún no está definido la cantidad de cortes, ni la localización de los mismos y tampoco la posible cota de la futura obra, porque todas esas especificaciones estarán en firme después de que se conozcan los informes preliminares”.
La presencia de los funcionarios correntinos en el Congreso de la Nación obedeció a una invitación cursada desde la Comisión de Seguimiento de Obras de Yacyretá, Corpus, Garabí y Roncador, que preside la diputada correntina Araceli Carmona y que está integrada mayoritariamente por legisladores de Misiones y Corrientes.
Desde dicha comisión también se cursó invitación al funcionario misionero, Luis Jacobo, en su calidad de representante provincial ante la comisión binacional que estudia el emprendimiento Garabí, pero este no asistió al encuentro.
“Queremos ser socios”
Por su parte, el ministro Jacobo estuvo en la noche del miércoles en la sede de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines, convocado por sus integrantes, para hablar en su condición de representante titular de la provincia de Misiones en la Comisión de Enlace creada en el ámbito de Emprendimientos Energéticos Binacionales.
Repasó que a partir de la década del 70, cuando empiezan los primeros análisis sobre la posibilidad de la obra de Garabí, se han formulado varios proyectos.
Es durante este año, 2009, en ocasión de la reunión entre los presidentes de Argentina y Brasil cuando se decide avanzar en los estudios relativos a la obra energética sobre el río Uruguay.
Desde el mes marzo se lleva a cabo un estudio de inventario para determinar las ubicaciones más aptas y otros elementos necesarios para la obra.
Por eso Jacobo explicó que “no se puede hablar de un proyecto Garabí mientras se efectúan estos trabajos”.
El funcionario también dijo que una vez conocido el proyecto y contempladas todas las condiciones, por ejemplo, menor impacto ambiental, menor afectación, se podrá hablar del emprendimiento hidroeléctrico.
“Desde la provincia de Misiones se entiende que son los Estados los que deben invertir y cubrir el costo de construcción, atendiendo todas las condiciones sociales, ambientales y económicas para su ejecución. Queremos ser socios para que el misionero pueda acceder a la energía barata para el desarrollo fundamentalmente industrial”, afirmó.
El acuerdo binacional
En febrero del 2008, los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva decidieron poner en marcha dos obras para las provincias de Misiones y de Corrientes y el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, ambas sobre el río Uruguay: la construcción de la represa hidroeléctrica de Garabí y de un nuevo puente
Fecha de Publicación: 15/08/2009
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El consorcio integrado por la empresa brasilera Senec y la firma argentina Esin está terminando de redactar un informe que se presentará el próximo mes de septiembre y que contiene un modelo para construir la represa de Garabí sobre el Río Uruguay, a la altura del límite entre las provincias de Misiones y Corrientes con el estado brasilero de Río Grande Do Sul.
Dicho estudio será presentado ante los responsables de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa) y la Central Eléctrica Brasilera Sociedad Anónima (Electrobras), que son las instituciones designadas por los gobiernos de Argentina y Brasil para llevar adelante esta obra binacional, en el marco del acuerdo suscriptos por los presidentes de ambas naciones.
El consorcio encargado de elaborar el mencionado estudio, está conformado por consultoras de Argentina y Brasil, que resultaron elegidas en una licitación para esta tarea, que consiste en una serie de evaluaciones preliminares que servirán de base, para que los gobiernos de estos países, decidan las características que tendrá la futura obra.
En el informe, que se presentará en septiembre, se definen algunas posibilidades de cortes para la represa de Garabí.
Posteriormente comenzará otra evaluación de factibilidad técnica, económica y energética de los cierres que hayan sido decididos, que se presentará en marzo del año que viene.
Una vez que se culmine la etapa de estudios preliminares y se comience con la construcción de la obra, se estima que la misma demandará un plazo de cinco años, según las proyecciones que manejan las dos organizaciones encargadas del emprendimiento: Ebisa y Electrobras.
Este cronograma de estudios preliminares fue explicado por el subsecretario de Energía de Corrientes, ingeniero Juan Marcelo Gatti y el subsecretario de Emprendimientos de Infraestructura Regional, Sergio Cangiani ante los diputados que integran la comisión de seguimiento de obras de Yacyretá, Corpus, Garabí y Roncador.
La cantidad de cortes
En esa oportunidad, el ingeniero Cangiani explicó a El Territorio que “aún no está definido la cantidad de cortes, ni la localización de los mismos y tampoco la posible cota de la futura obra, porque todas esas especificaciones estarán en firme después de que se conozcan los informes preliminares”.
La presencia de los funcionarios correntinos en el Congreso de la Nación obedeció a una invitación cursada desde la Comisión de Seguimiento de Obras de Yacyretá, Corpus, Garabí y Roncador, que preside la diputada correntina Araceli Carmona y que está integrada mayoritariamente por legisladores de Misiones y Corrientes.
Desde dicha comisión también se cursó invitación al funcionario misionero, Luis Jacobo, en su calidad de representante provincial ante la comisión binacional que estudia el emprendimiento Garabí, pero este no asistió al encuentro.
“Queremos ser socios”
Por su parte, el ministro Jacobo estuvo en la noche del miércoles en la sede de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines, convocado por sus integrantes, para hablar en su condición de representante titular de la provincia de Misiones en la Comisión de Enlace creada en el ámbito de Emprendimientos Energéticos Binacionales.
Repasó que a partir de la década del 70, cuando empiezan los primeros análisis sobre la posibilidad de la obra de Garabí, se han formulado varios proyectos.
Es durante este año, 2009, en ocasión de la reunión entre los presidentes de Argentina y Brasil cuando se decide avanzar en los estudios relativos a la obra energética sobre el río Uruguay.
Desde el mes marzo se lleva a cabo un estudio de inventario para determinar las ubicaciones más aptas y otros elementos necesarios para la obra.
Por eso Jacobo explicó que “no se puede hablar de un proyecto Garabí mientras se efectúan estos trabajos”.
El funcionario también dijo que una vez conocido el proyecto y contempladas todas las condiciones, por ejemplo, menor impacto ambiental, menor afectación, se podrá hablar del emprendimiento hidroeléctrico.
“Desde la provincia de Misiones se entiende que son los Estados los que deben invertir y cubrir el costo de construcción, atendiendo todas las condiciones sociales, ambientales y económicas para su ejecución. Queremos ser socios para que el misionero pueda acceder a la energía barata para el desarrollo fundamentalmente industrial”, afirmó.
El acuerdo binacional
En febrero del 2008, los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva decidieron poner en marcha dos obras para las provincias de Misiones y de Corrientes y el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, ambas sobre el río Uruguay: la construcción de la represa hidroeléctrica de Garabí y de un nuevo puente
Uso de glifosato provoca retraso mental
Denuncian que uso de glifosato provoca retraso mental de niños
Fecha de Publicación: 15/08/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En la localidad de Colonia Alicia, cada año detectan a 60 bebés con malformaciones, aseguró el médico Hugo Gómez Demaio
Casi 87% de los niños de hasta dos años de edad que habitan en la Colonia Alicia, localidad de la provincia argentina de Misiones, padecen retraso mental, denunció el martes el científico Hugo Gómez Demaio, en la presentación de un proyecto de ley para prohibir los agrotóxicos.
“El 86.6% de los niños de hasta dos años de la Colonia Alicia padece algún retraso mental demostrable como consecuencia de la aspersión de agrotóxicos”, reveló Gómez Demaio, jefe del Laboratorio de Biología Molecular de Misiones.
El científico reveló que en dicha provincia “se detectan 60 niños por año con malformaciones” y alertó que el contacto con el plaguicida (glifosato), provoca “modificaciones en su genoma humano”, que se transmitirán a sus descendientes.
Gómez Demaio hizo las afirmaciones durante el encuentro "Observatorio del glifosato" realizado en Buenos Aires en la Cámara de Diputados, donde se presentó un proyecto de ley para prohibir el uso y venta de agrotóxicos.
El profesional precisó que los niños no sólo padecen retraso mental sino malformaciones físicas, diferentes tipo de cáncer e insuficiencias renales, respiratorias o hepáticas, entre otras enfermedades.
El glifosato es utilizado para la eliminación de hierbas y arbustos en extensos territorios donde se cultiva soja transgénica, que cubre el 60% del área cultivable de Argentina.
Ante las numerosas denuncias sobre los efectos tóxicos del herbicida, fabricado por el gigante Monsanto, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner creó en febrero pasado la Comisión Nacional de Investigación para hacer un seguimiento sobre sus efectos en la población, pero aún no se ha dado ningún tipo de información.
Fecha de Publicación: 15/08/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En la localidad de Colonia Alicia, cada año detectan a 60 bebés con malformaciones, aseguró el médico Hugo Gómez Demaio
Casi 87% de los niños de hasta dos años de edad que habitan en la Colonia Alicia, localidad de la provincia argentina de Misiones, padecen retraso mental, denunció el martes el científico Hugo Gómez Demaio, en la presentación de un proyecto de ley para prohibir los agrotóxicos.
“El 86.6% de los niños de hasta dos años de la Colonia Alicia padece algún retraso mental demostrable como consecuencia de la aspersión de agrotóxicos”, reveló Gómez Demaio, jefe del Laboratorio de Biología Molecular de Misiones.
El científico reveló que en dicha provincia “se detectan 60 niños por año con malformaciones” y alertó que el contacto con el plaguicida (glifosato), provoca “modificaciones en su genoma humano”, que se transmitirán a sus descendientes.
Gómez Demaio hizo las afirmaciones durante el encuentro "Observatorio del glifosato" realizado en Buenos Aires en la Cámara de Diputados, donde se presentó un proyecto de ley para prohibir el uso y venta de agrotóxicos.
El profesional precisó que los niños no sólo padecen retraso mental sino malformaciones físicas, diferentes tipo de cáncer e insuficiencias renales, respiratorias o hepáticas, entre otras enfermedades.
El glifosato es utilizado para la eliminación de hierbas y arbustos en extensos territorios donde se cultiva soja transgénica, que cubre el 60% del área cultivable de Argentina.
Ante las numerosas denuncias sobre los efectos tóxicos del herbicida, fabricado por el gigante Monsanto, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner creó en febrero pasado la Comisión Nacional de Investigación para hacer un seguimiento sobre sus efectos en la población, pero aún no se ha dado ningún tipo de información.
El drama de Mar Chiquita
Córdoba quiere más agua del río Dulce para evitar salinidad
Fecha de Publicación: 14/08/2009
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Córdoba - Santiago del Estero
Técnico de esa provincia dice que en Mar Chiquita hay “nubes de sal”, aunque Santiago cumple con el cupo acordado.
El biólogo Enrique Bucher denunció desde Córdoba un “fenómeno” que, según dijo, “se viene haciendo más grave a medida que la Mar Chiquita baja”, que es la existencia de “nubes de sal”, y pidió una “urgente” renegociación de acuerdos con Santiago y Tucumán, por el agua de la cuenca Salí-Dulce.
La información se publicó ayer en el portal lavoz.com.ar.
La denuncia pertenece al director del Programa del Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Córdoba (Promar), quien indicó que “son muchas toneladas de sal que están volando”, y que esta situación es comparable sólo con algunos lugares de Asia y Africa.
La respuesta no se hizo esperar y desde Santiago, el miembro del Gabinete de Asesores del Gobierno provincial, ingeniero Antonio Gallego, aclaró que la Provincia cumple con el convenio interprovincial sobre el manejo de agua, y que lo que ocurre en Mar Chiquita es “cíclico”, ya que tienen poca agua en este período de lluvias bajas.
“Eso siempre ocurre, la laguna de Mar Chiquita es muy poco profunda, y además este fue un año seco para todas las cuencas, no solamente para la del Salí-Dulce”, agregó Gallego.
Luego explicó que tienen 80 años de registros sobre el caudal de agua del río Dulce, y que se derivan aguas abajo del dique Los Quiroga, hacia los bañados y la laguna de Mar Chiquita, unos 3.000 hectómetros cúbicos por año, y solamente se extraen unos 1.000 hectómetros cúbicos por año en nuestra provincia, como un valor medio.
Lo que se deriva a Mar Chiquita
El ingeniero Antonio Gallego recordó que se hizo un estudio a cargo de técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba, en forma conjunta con la Universidad Nacional de Santiago, y el valor medio establecido de derivación hacia Mar Chiquita fue de 2.000 hectómetros cúbicos anuales, unos 60 metros cúbicos por segundo.
Respecto de lo que ocurre en la actualidad con los niveles de agua existentes, Gallego mencionó que en total hay alrededor de 3.600 hectómetros cúbicos anuales, de los cuales Tucumán debe retener el 32% y Santiago el 22%, y que esto se viene cumpliendo con creces.
Más allá de que en algún momento se puedan llegar a renegociar estos acuerdos, Gallego dejó en claro que Santiago no está en falta en este momento.
Remarcó que seguramente lo que quiere Córdoba es tener un mayor caudal de agua para aspectos ecológicos y medio ambientales.
Fecha de Publicación: 14/08/2009
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Córdoba - Santiago del Estero
Técnico de esa provincia dice que en Mar Chiquita hay “nubes de sal”, aunque Santiago cumple con el cupo acordado.
El biólogo Enrique Bucher denunció desde Córdoba un “fenómeno” que, según dijo, “se viene haciendo más grave a medida que la Mar Chiquita baja”, que es la existencia de “nubes de sal”, y pidió una “urgente” renegociación de acuerdos con Santiago y Tucumán, por el agua de la cuenca Salí-Dulce.
La información se publicó ayer en el portal lavoz.com.ar.
La denuncia pertenece al director del Programa del Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Córdoba (Promar), quien indicó que “son muchas toneladas de sal que están volando”, y que esta situación es comparable sólo con algunos lugares de Asia y Africa.
La respuesta no se hizo esperar y desde Santiago, el miembro del Gabinete de Asesores del Gobierno provincial, ingeniero Antonio Gallego, aclaró que la Provincia cumple con el convenio interprovincial sobre el manejo de agua, y que lo que ocurre en Mar Chiquita es “cíclico”, ya que tienen poca agua en este período de lluvias bajas.
“Eso siempre ocurre, la laguna de Mar Chiquita es muy poco profunda, y además este fue un año seco para todas las cuencas, no solamente para la del Salí-Dulce”, agregó Gallego.
Luego explicó que tienen 80 años de registros sobre el caudal de agua del río Dulce, y que se derivan aguas abajo del dique Los Quiroga, hacia los bañados y la laguna de Mar Chiquita, unos 3.000 hectómetros cúbicos por año, y solamente se extraen unos 1.000 hectómetros cúbicos por año en nuestra provincia, como un valor medio.
Lo que se deriva a Mar Chiquita
El ingeniero Antonio Gallego recordó que se hizo un estudio a cargo de técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba, en forma conjunta con la Universidad Nacional de Santiago, y el valor medio establecido de derivación hacia Mar Chiquita fue de 2.000 hectómetros cúbicos anuales, unos 60 metros cúbicos por segundo.
Respecto de lo que ocurre en la actualidad con los niveles de agua existentes, Gallego mencionó que en total hay alrededor de 3.600 hectómetros cúbicos anuales, de los cuales Tucumán debe retener el 32% y Santiago el 22%, y que esto se viene cumpliendo con creces.
Más allá de que en algún momento se puedan llegar a renegociar estos acuerdos, Gallego dejó en claro que Santiago no está en falta en este momento.
Remarcó que seguramente lo que quiere Córdoba es tener un mayor caudal de agua para aspectos ecológicos y medio ambientales.
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