La invasión forestal
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La invasión forestal
Fecha de Publicación: 26/07/2009
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos: concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. Algo parecido a lo que ocurrió con la soja. Una legislación generosa incentiva su avance.
Verdes, prolijos y en línea. Son como un ejército en formación. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecen clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por los gobiernos y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, sostiene el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones que se han declarado en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y la superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En definitiva, una industria de bajo perfil y alta rentabilidad.
Industria poderosa
Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes y medianas empresas del sector.
La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. “En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros, y explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En la Argentina no hay campesinos. La Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción.”
Según la Secretaría de Agricultura, en la Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad a 24 pueblos originarios.
Provincia modelo
Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del ‘90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Fueron sistemáticamente desoídos. Recién el año pasado –conflicto por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, alertan sobre el avance forestal.
La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos.
Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas por la desregulación en la producción (las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia mutó el perfil productivo, impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales.
Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, participan contratistas que suelen hacer punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la concentración de tierras por parte de privados.
Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década y en la zona de las pasteras (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la Red de Agricultura Orgánica (RAOM).
Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas.
Patagonia forestal
La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica.
“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, denuncia la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. Pese a que la comunidad habita el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado por “robo” en su propia tierra.
“Cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó la organización en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza. No permitiremos que nuestro territorio sea parte de ese control y saqueo.”
Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras. Toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas.
La empresa Emforsa no respondió las preguntas de este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que tampoco respondió los llamados.
En Neuquén, la compañía Corfone planifica sembrar 3500 hectáreas durante 2009 y tiene como meta –para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios provinciales el presidente de Corfone y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.
La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. “La provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”, festeja en una publicidad corporativa.
Lo que Sociedad Rural y gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los períodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales demanda días, hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.
“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”, resume Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino amplía: “Extender la superficie implantada fue uno de los ejes de la campaña del actual gobernador, que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa. El dirigente advierte que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”, entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de que le cedan temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez adentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde la empresa quiere echar las familias.”
Argentina, capital forestal
Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años y clave para negocios a gran escala.
A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional son Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibilo-ni, el secretario de Ambiente de Nación.
Fecha de Publicación: 26/07/2009
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos: concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. Algo parecido a lo que ocurrió con la soja. Una legislación generosa incentiva su avance.
Verdes, prolijos y en línea. Son como un ejército en formación. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecen clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por los gobiernos y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, sostiene el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones que se han declarado en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y la superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En definitiva, una industria de bajo perfil y alta rentabilidad.
Industria poderosa
Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes y medianas empresas del sector.
La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. “En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros, y explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En la Argentina no hay campesinos. La Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción.”
Según la Secretaría de Agricultura, en la Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad a 24 pueblos originarios.
Provincia modelo
Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del ‘90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Fueron sistemáticamente desoídos. Recién el año pasado –conflicto por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, alertan sobre el avance forestal.
La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos.
Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas por la desregulación en la producción (las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia mutó el perfil productivo, impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales.
Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, participan contratistas que suelen hacer punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la concentración de tierras por parte de privados.
Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década y en la zona de las pasteras (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la Red de Agricultura Orgánica (RAOM).
Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas.
Patagonia forestal
La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica.
“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, denuncia la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. Pese a que la comunidad habita el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado por “robo” en su propia tierra.
“Cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó la organización en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza. No permitiremos que nuestro territorio sea parte de ese control y saqueo.”
Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras. Toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas.
La empresa Emforsa no respondió las preguntas de este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que tampoco respondió los llamados.
En Neuquén, la compañía Corfone planifica sembrar 3500 hectáreas durante 2009 y tiene como meta –para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios provinciales el presidente de Corfone y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.
La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. “La provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”, festeja en una publicidad corporativa.
Lo que Sociedad Rural y gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los períodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales demanda días, hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.
“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”, resume Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino amplía: “Extender la superficie implantada fue uno de los ejes de la campaña del actual gobernador, que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa. El dirigente advierte que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”, entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de que le cedan temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez adentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde la empresa quiere echar las familias.”
Argentina, capital forestal
Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años y clave para negocios a gran escala.
A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional son Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibilo-ni, el secretario de Ambiente de Nación.
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Ocultan graves impactos de Garabí
El Gobierno ocultó un informe sobre los graves impactos de Garabí
Fecha de Publicación: 26/07/2009
Fuente: AVnoticias
Provincia/Región: Misiones
Es un texto de siete mil folios elaborado por expertos de la Universidad Nacional de Misiones, con aportes de Corrientes, la Nación y del Banco Mundial
Allí se alerta sobre la veintena de enfermedades que acarreará el proyecto hidroeléctrico, en cualquiera de sus variantes; la destrucción de los ecosistemas costeros del Uruguay; y el daño al tejido social de los pueblos afectados
Bajo siete llaves y a espaldas de la población, desde hace más de tres años el Gobierno de Misiones tiene en su poder un informe de siete mil folios sobre el Proyecto Hidroeléctrico Garabí. Este invalorable documento -al que PRIMERA EDICION tuvo acceso exclusivo- fue elaborado por equipos profesionales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), con aportes del Banco Mundial, Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) y el Gobierno de Corrientes, y brinda datos escalofriantes -de gran extensión y precisión- acerca de los impactos sanitarios, ambientales y sociales que subyacen al proyecto en sus dos hipótesis (uno o dos cortes). Fuentes reservadas de la casa de estudios confirmaron que el estudio lo poseen, conocen y manejan tanto los gobiernos provinciales como EBISA, la sociedad anónima con capital estatal mayoritario representada en acciones cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Energía (99%) y a Nucleoeléctrica Argentina SA (1%)
Además, el mamotreto ofrece guías para la aplicación de programas destinados a la persuasión para la aceptación del proyecto en las comunidades y otros ámbitos de afectación. Entre otros tópicos, incluye un listado detallado acerca de las múltiples enfermedades epidemiológicas que provocaría la represa, un inventario de 950 hojas con respecto a la aplicación de leyes ambientales y hasta un manual para la implementació n de campañas destinadas a la captación -por medio de la manipulación de la información- de opiniones positivas sobre el proyecto en los medios de comunicación y los estratos legislativos.
“Nuestra propuesta, como cualquier iniciativa de información y comunicación, apuntará a resaltar aquellos aspectos positivos resultantes y atenuar los negativos”, advierte un amplio apartado sobre las estrategias educativas pensadas para su aplicación en los niveles primario, secundario y terciario de la educación pública, resumiendo el espíritu de las más de siete mil páginas del diagnóstico: escamotear la información para evitar posturas contrarias a la ejecución del multimillonario emprendimiento hidroeléctrico. Como si fuera poco, también se adosa un instructivo discursivo “para el caso de actores gubernamentales” que aconseja “poner énfasis en que el proyecto otorga la capacidad para mejorar la calidad de vida de la población presente y futura”.
Pueblos afectados
Proyecto Represa Hidroeléctrica Garabí “Estructura poblacional y social, Patrimonio cultural y turístico” se denomina uno de los informes del documento secreto del Gobierno, donde se explicita que “la estimación del área afectada por la represa arroja una cifra de aproximadamente 32.304 hectáreas o 323 kilómetros cuadrados para Misiones, o sea el 1,05% de sus 3.074.038 kilómetros cuadrados; este total de afectación se distribuye en 15.336 hectáreas en el departamento de Apóstoles, 12.139 en Concepción de la Sierra, y 4.779 en San Javier, con unas escasas 54 hectáreas en el departamento de Oberá”. Asimismo se informa que la población que deberá ser relocalizada oscila entre las 15 mil y las 20 mil personas.
Sobre las consecuencias sociales, el informe reconoce que “el reasentamiento involuntario puede tener consecuencias traumáticas para la vida de aquellos que viven en la zona de influencia del proyecto. Constituye una ruptura repentina de la continuidad del tejido social y puede tener como resultado el empobrecimiento de la población reubicada. Los cambios que causa se pueden distinguir de los procesos de desarrollo normales ya que desbarata los patrones de asentamiento y las formas de producción, desorganiza las redes sociales y reduce la sensación de control sobre su vida que tiene la gente”. El área de influencia en la margen derecha, abarca los siguientes municipios de Misiones: Apóstoles, Azara, y Tres Capones (departamento Apóstoles); Concepción de la Sierra y Santa María (departamento Concepción); Itacaruaré, San Javier, Mojón Grande y Florentino Ameghino (departamento San Javier) y Panambí (departamento Oberá). Según este informe, los asentamientos que serán totalmente afectados - desaparecerán por completo- son: Puerto Azara, Puerto Concepción, Puerto San Lucas, Puerto San Isidro, Puerto Itacaruaré, Isla Itacaruaré, Puerto Blanes, Puerto Sara y Puerto Rosario”.
San Javier es el núcleo urbano más importante entre los afectados por el embalse y el que recibirá un impacto mayor en cuanto a la cantidad de personas, viviendas, infraestructura y equipamiento que deberá relocalizarse, de acuerdo a este informe.
Enfermedades en puerta
“Los nuevos asentamientos de migrantes en la región debido a los cambios económicos o culturales incorporarán factores negativos, facilitarán el ingreso o aumento de los vectores de hábitos domiciliarios como la vinchuca, los animales domésticos, mosquitos causantes del contagio de la fiebre amarilla, paludismo y dengue y la aparición de distintas parasitosis”, revela el diagnóstico oficial.
“El impacto más relevante tiene que ver con el establecimiento, como resultado de la formación del embalse de Garabí, de condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas”, advierte el capítulo “Control de plaga”, que pone de manifiesto información específica sobre enfermedades ocasionadas por las represas, que nunca fueron divulgadas a la población de manera oficial pese a la presencia de éstas en buena parte de la provincia. Se detalla: “En los relevamientos efectuados se constató la presencia de culicideos y simulidos que son citados en la literatura como potenciales vectores de endemias humanas”.
“Los mosquitos de los géneros anopheles y aedes, potenciales transmisores del paludismo el primero y de fiebre amarilla y dengue el segundo, encontrarán también incrementados los ambientes aptos para su cría. En cuanto a los moluscos de importancia sanitaria, se han encontrado en el área los planorbideos biomphalaria tenagophila y limnas columella potenciales transmisores del schitosoma mansoni el primero y de fasciola hepática el segundo”, prosigue el aterrador informe científico que el Gobierno y la UNaM venían ocultando a los misioneros.
“Algunos hirudineos y turbelarios tienen, como principal fuente alimentaria a larvas, insectos y algunos moluscos gasterópodos, muchos de los cuales son vectores de patogenias humanas y de vertebrados silvestres. Las nuevas condiciones ambientales pueden tornarse desfavorables para estas especies provocando la disminución o exterminio de sus poblaciones y en consecuencia favorecer al desarrollo de poblaciones de las especies transmisoras de enfermedades que mantenían bajo control”, vaticina el apartado sanitario, prediciendo un apocalíptico panorama epidemiológico si la represa llegara a construirse.
Siempre en materia de aparición de enfermedades, el informe es pesismista en cuanto a las dos opciones técnicas que baraja el proyecto: “Con relación a las condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas, ambas alternativas tendrían un impacto negativo”.
Entre las enfermedades inevitables que traerá aparejadas la concreción del proyecto Garabí, el informe reconoce: malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis, leishmaniasis, esquistosiomiasis, dermatitis esquistosómica y otras siete patologías de afectación en el ganado y otras especies animales.
Devastación de fauna y flora autóctona
Otro apartado especial es el Programa de diagnóstico del sistema ambiental. Allí se explica: “La fauna regional afectada al proyecto está integrada por especies chaqueñas y paranaenses. Algunos mamíferos están en vías de extinción regional, entre ellos el yaguareté, tapir, chancho del monte, ciervo de los pantanos y ciervo de las pampas; otros mamíferos presentes en el área son: zorro pampa, puma, zorrino común, mulita chica, etc; las aves son abundantes, entre ellas, el ñandú, inambúes, chuña patas rojas, el amenazado tordo amarillo y la cachirla dorada”.
Este segmento de incomensurable valor informativo, además detalla críticas académicas hacia otros proyectos hidroeléctricos ya consumados: “Las grandes represas hidroeléctricas de Yacyretá (Corrientes) y Urugua-í (Misiones), al anegar vastas superficies han provocando la desaparición de ecosistemas y especies. Las comunidades más sensibles a estos cambios son las asociadas a los cursos rápidos y someros y a las selvas en galería, que ven interrumpidos los ciclos de inundaciones habituales”, expresa un párrafo de los 874 folios que conforman el apartado sobre fauna y flora. “En particular la reducción del hábitat constituido por la selva en galería de río y arroyos representa una afectación importante para las especies que la habitan, muchas de las cuales se hallan actualmente con poblaciones numéricamente muy disminuidas y en algunos casos con riesgo de extinción para el área. De las especies de fauna autóctona presentes en el área, 26 están listadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como amenazadas y deberán implementarse acciones tendientes a su protección. De ellas al menos catorce -nueve mamíferos, tres aves y dos reptiles- están presentes en el área de impacto inmediato del Aprovechamiento Garabí. Estas son: ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), aguará-guazú (Chrisocyon brachyurus), lobito de río (Lutra platensis), gato onza (felis pardalis), gato tigre (felis tigrina), margay (felis wiedii), yaguarete (Panthera onca), ciervo de las pampas (Ozotocerus bezoarticus) , nutria gigante (Pteronura brasiliensis) , yacutinga (Aburria yacutinga), guacamayo violáceo (Anodorhynchus glaucus), chorao (Amazona pretrei), yacaré ñato (Caiman latirrostris) , yacaré negro(Caimán crocodylus). Estas especies dependen significativamente de los ambientes de bosque nativo en el área del futuro embalse de Garabí”, agrega el tétrico diagnóstico que la población desconocía, hasta hoy.
Manual para desinformar a la población
Increíblemente, el documento secreto del Gobierno comprende un programa sobre información pública cuyo objetivo es, según reza el prefacio, “determinar el contenido clave a difundir, los ejes principales de la información y comunicación del proyecto. En cuanto al programa de información y comunicación, los mensajes deberán poner su eje, en primer lugar, en los aspectos positivos del proyecto Garabí, con la intención de dotarlos de visibilidad pública, concientizando a la población de los beneficios del mismo”.
Así, entre los “aspectos negativos del proyecto Garabí” que el instructivo sugiere obviar se enumeran en el texto: “Efectos ambientales de la Construcción, polución del agua/aire por la construcción y residuos, erosión del suelo, destrucción de vegetación, problemas sanitarios y de salud, desalojos en la zona a inundar, pérdidas de tierra por la inundación (agrícolas, bosques, etc.), pérdida de rasgos culturales, históricos y estéticos, pérdida de tierras vírgenes y hábitat natural. Peligro de especies animales, proliferación de malezas acuáticas en el embalse y aguas abajo perjudicando liberación de agua, irrigación, navegación, fauna íctica, deterioro de la calidad de agua en el embalse, sedimentación del embalse y pérdida de la capacidad de almacenamiento, perjuicios para la agricultura recesiva, daño a pesquerías por cambios en el caudal, bloqueo de migraciones y menor calidad del agua, aumento de enfermedades de origen hídrico, desorden social por caída del nivel de vida de los reasentados, degradación ambiental por presión sobre la capacidad de la tierra, perjuicio a tribus y grupos indígenas, migraciones excesivas de personas en un área por las nuevas facilidades de acceso y líneas de transmisión, problemas ambientales por el mayor desarrollo derivado del embalse (irrigación, industrias, crecimiento de núcleos urbanos), pobre uso de la tierra aguas arriba y efectos sobre la calidad del agua”.
Estrategias para desinformar
El plan de desinformació n está pensado para su aplicación en ámbitos educativos públicos: “En el caso de la educación formal-nos referimos especialmente a los ciclos preescolar, educación general básica y polimodal- los contenidos necesariamente deberán ser consensuados con el Consejo Federal de Educación, las instancias de diseño de los contenidos básicos comunes en el orden provincial y las escuelas mismas, dado que formarán parte de la currícula formal de las instituciones” . Más adelante, en el mismo apartado, se deja en claro la estrategia de manipular la información antes de brindarla a la población: “Los aspectos débiles del proyecto son la materia prima para potenciales argumentos contrarios y acciones que pueden amenazar el éxito final y obstruir su desarrollo, sobre todo en las etapas iniciales. El propósito de esta sección es identificar las dimensiones fuertes y débiles del proyecto Garabí con el objeto de emplearlas eficazmente en el diseño del programa de información”.
El proyecto reconoce que persigue el objetivo de obtener -a partir de la desinformació n- la aprobación y no el debate del proyecto Garabí, cuando enuncia: “La difusión y enseñanza de los aspectos positivos o fuertes resultantes deberá correr paralelamente, a fin de provocar los cambios de actitud deseados”.
El informe le advierte al Gobierno que “las cuestiones sociales y ambientales se acumulan dando argumentos válidos a los defensores del medio ambiente para oponerse a este tipo de inversión en infraestructura. Salvo que estos aspectos sean mitigados metódicamente a través de políticas explícitas, legislación protectora, inversiones y planificación adecuadas, la construcción de obras hidroeléctricas como Garabí será retardada por tensiones sociales y una creciente oposición política y ambientalista” .
“Las principales amenazas para el normal desarrollo del proyecto están representadas por los siguientes actores: asentamientos aborígenes, ONG contrarias (locales, nacionales o internacionales) , principalmente ambientalistas, medios de comunicación, oposición de las autoridades locales y legislación contraria”, añade.
El documento adjunta en esta fracción un índice detallado de cada asociación ambientalista y un listado de ONG señaladas como “opositoras al proyecto”. “La oposición de ONG ambientalistas a la construcción de represas es un fenómeno creciente que es necesario considerar en toda su dimensión, dada su elevada representatividad social, la amplitud de la cobertura mediática de su accionar y su capacidad de hacer oír sus reclamos internacionalmente y ante organismos internacionales de financiamiento. No puede desestimarse su influencia sobre la opinión pública en general e incluso sobre los gobiernos”, advierte.
Según el texto, “las principales organizaciones no gubernamentales identificadas en la actualidad como abiertamente opuestas a la construcción de represas tienen base tanto nacional como local y regional. Entre ellas cabe destacar al Taller Ecologista-Foro Ecologista y Fundación Proteger, Amigos de la Tierra, Salus Térrea y Greenpeace Argentina. Muchas de estas organizaciones se oponen en general a cuestiones de cambio climático, como las nucleadas en el Foro del Buen Ayre (FBA), y utilizan estos argumentos en contra de las represas criticándolas como alternativas ecológicas frente al fenómeno del calentamiento global y cambio climático”.
Sustento teórico
“El intento de influir sobre los individuos mediante la comunicación persuasiva para que modifiquen sus actitudes y la conducta con ellos vinculada es algo habitual, como por ejemplo, el político que utiliza sus campañas para conquistar los votos, o los organismos tanto sociales como cívicos que desean tener una injerencia en el cambio social; todos ellos utilizan la comunicación persuasiva, en la que está implícita la intención de ejercer una influencia social”, prologa una guía del informe, destinada a la aplicación de una antiética “comunicación persuasiva”.
El plan de persuasión tiene sustento académico y científico: “Existen dos vías para la persuasión. Los investigadores sobre este tema, Richard Petty, John Caciooppo, Alice Eagly y Shelly Chaiken, demostraron con sus estudios, que aquellas personas que podían estar capacitadas para pensar en un tema se persuaden mejor a través de una ‘ruta central’, donde se reúnen elementos sistemáticos que estimulan un curso de pensamiento favorable”, describe el apartado de 213 folios destinados a estrategias para convencer a la población para que acepte el proyecto Garabí.
Fecha de Publicación: 26/07/2009
Fuente: AVnoticias
Provincia/Región: Misiones
Es un texto de siete mil folios elaborado por expertos de la Universidad Nacional de Misiones, con aportes de Corrientes, la Nación y del Banco Mundial
Allí se alerta sobre la veintena de enfermedades que acarreará el proyecto hidroeléctrico, en cualquiera de sus variantes; la destrucción de los ecosistemas costeros del Uruguay; y el daño al tejido social de los pueblos afectados
Bajo siete llaves y a espaldas de la población, desde hace más de tres años el Gobierno de Misiones tiene en su poder un informe de siete mil folios sobre el Proyecto Hidroeléctrico Garabí. Este invalorable documento -al que PRIMERA EDICION tuvo acceso exclusivo- fue elaborado por equipos profesionales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), con aportes del Banco Mundial, Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) y el Gobierno de Corrientes, y brinda datos escalofriantes -de gran extensión y precisión- acerca de los impactos sanitarios, ambientales y sociales que subyacen al proyecto en sus dos hipótesis (uno o dos cortes). Fuentes reservadas de la casa de estudios confirmaron que el estudio lo poseen, conocen y manejan tanto los gobiernos provinciales como EBISA, la sociedad anónima con capital estatal mayoritario representada en acciones cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Energía (99%) y a Nucleoeléctrica Argentina SA (1%)
Además, el mamotreto ofrece guías para la aplicación de programas destinados a la persuasión para la aceptación del proyecto en las comunidades y otros ámbitos de afectación. Entre otros tópicos, incluye un listado detallado acerca de las múltiples enfermedades epidemiológicas que provocaría la represa, un inventario de 950 hojas con respecto a la aplicación de leyes ambientales y hasta un manual para la implementació n de campañas destinadas a la captación -por medio de la manipulación de la información- de opiniones positivas sobre el proyecto en los medios de comunicación y los estratos legislativos.
“Nuestra propuesta, como cualquier iniciativa de información y comunicación, apuntará a resaltar aquellos aspectos positivos resultantes y atenuar los negativos”, advierte un amplio apartado sobre las estrategias educativas pensadas para su aplicación en los niveles primario, secundario y terciario de la educación pública, resumiendo el espíritu de las más de siete mil páginas del diagnóstico: escamotear la información para evitar posturas contrarias a la ejecución del multimillonario emprendimiento hidroeléctrico. Como si fuera poco, también se adosa un instructivo discursivo “para el caso de actores gubernamentales” que aconseja “poner énfasis en que el proyecto otorga la capacidad para mejorar la calidad de vida de la población presente y futura”.
Pueblos afectados
Proyecto Represa Hidroeléctrica Garabí “Estructura poblacional y social, Patrimonio cultural y turístico” se denomina uno de los informes del documento secreto del Gobierno, donde se explicita que “la estimación del área afectada por la represa arroja una cifra de aproximadamente 32.304 hectáreas o 323 kilómetros cuadrados para Misiones, o sea el 1,05% de sus 3.074.038 kilómetros cuadrados; este total de afectación se distribuye en 15.336 hectáreas en el departamento de Apóstoles, 12.139 en Concepción de la Sierra, y 4.779 en San Javier, con unas escasas 54 hectáreas en el departamento de Oberá”. Asimismo se informa que la población que deberá ser relocalizada oscila entre las 15 mil y las 20 mil personas.
Sobre las consecuencias sociales, el informe reconoce que “el reasentamiento involuntario puede tener consecuencias traumáticas para la vida de aquellos que viven en la zona de influencia del proyecto. Constituye una ruptura repentina de la continuidad del tejido social y puede tener como resultado el empobrecimiento de la población reubicada. Los cambios que causa se pueden distinguir de los procesos de desarrollo normales ya que desbarata los patrones de asentamiento y las formas de producción, desorganiza las redes sociales y reduce la sensación de control sobre su vida que tiene la gente”. El área de influencia en la margen derecha, abarca los siguientes municipios de Misiones: Apóstoles, Azara, y Tres Capones (departamento Apóstoles); Concepción de la Sierra y Santa María (departamento Concepción); Itacaruaré, San Javier, Mojón Grande y Florentino Ameghino (departamento San Javier) y Panambí (departamento Oberá). Según este informe, los asentamientos que serán totalmente afectados - desaparecerán por completo- son: Puerto Azara, Puerto Concepción, Puerto San Lucas, Puerto San Isidro, Puerto Itacaruaré, Isla Itacaruaré, Puerto Blanes, Puerto Sara y Puerto Rosario”.
San Javier es el núcleo urbano más importante entre los afectados por el embalse y el que recibirá un impacto mayor en cuanto a la cantidad de personas, viviendas, infraestructura y equipamiento que deberá relocalizarse, de acuerdo a este informe.
Enfermedades en puerta
“Los nuevos asentamientos de migrantes en la región debido a los cambios económicos o culturales incorporarán factores negativos, facilitarán el ingreso o aumento de los vectores de hábitos domiciliarios como la vinchuca, los animales domésticos, mosquitos causantes del contagio de la fiebre amarilla, paludismo y dengue y la aparición de distintas parasitosis”, revela el diagnóstico oficial.
“El impacto más relevante tiene que ver con el establecimiento, como resultado de la formación del embalse de Garabí, de condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas”, advierte el capítulo “Control de plaga”, que pone de manifiesto información específica sobre enfermedades ocasionadas por las represas, que nunca fueron divulgadas a la población de manera oficial pese a la presencia de éstas en buena parte de la provincia. Se detalla: “En los relevamientos efectuados se constató la presencia de culicideos y simulidos que son citados en la literatura como potenciales vectores de endemias humanas”.
“Los mosquitos de los géneros anopheles y aedes, potenciales transmisores del paludismo el primero y de fiebre amarilla y dengue el segundo, encontrarán también incrementados los ambientes aptos para su cría. En cuanto a los moluscos de importancia sanitaria, se han encontrado en el área los planorbideos biomphalaria tenagophila y limnas columella potenciales transmisores del schitosoma mansoni el primero y de fasciola hepática el segundo”, prosigue el aterrador informe científico que el Gobierno y la UNaM venían ocultando a los misioneros.
“Algunos hirudineos y turbelarios tienen, como principal fuente alimentaria a larvas, insectos y algunos moluscos gasterópodos, muchos de los cuales son vectores de patogenias humanas y de vertebrados silvestres. Las nuevas condiciones ambientales pueden tornarse desfavorables para estas especies provocando la disminución o exterminio de sus poblaciones y en consecuencia favorecer al desarrollo de poblaciones de las especies transmisoras de enfermedades que mantenían bajo control”, vaticina el apartado sanitario, prediciendo un apocalíptico panorama epidemiológico si la represa llegara a construirse.
Siempre en materia de aparición de enfermedades, el informe es pesismista en cuanto a las dos opciones técnicas que baraja el proyecto: “Con relación a las condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas, ambas alternativas tendrían un impacto negativo”.
Entre las enfermedades inevitables que traerá aparejadas la concreción del proyecto Garabí, el informe reconoce: malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis, leishmaniasis, esquistosiomiasis, dermatitis esquistosómica y otras siete patologías de afectación en el ganado y otras especies animales.
Devastación de fauna y flora autóctona
Otro apartado especial es el Programa de diagnóstico del sistema ambiental. Allí se explica: “La fauna regional afectada al proyecto está integrada por especies chaqueñas y paranaenses. Algunos mamíferos están en vías de extinción regional, entre ellos el yaguareté, tapir, chancho del monte, ciervo de los pantanos y ciervo de las pampas; otros mamíferos presentes en el área son: zorro pampa, puma, zorrino común, mulita chica, etc; las aves son abundantes, entre ellas, el ñandú, inambúes, chuña patas rojas, el amenazado tordo amarillo y la cachirla dorada”.
Este segmento de incomensurable valor informativo, además detalla críticas académicas hacia otros proyectos hidroeléctricos ya consumados: “Las grandes represas hidroeléctricas de Yacyretá (Corrientes) y Urugua-í (Misiones), al anegar vastas superficies han provocando la desaparición de ecosistemas y especies. Las comunidades más sensibles a estos cambios son las asociadas a los cursos rápidos y someros y a las selvas en galería, que ven interrumpidos los ciclos de inundaciones habituales”, expresa un párrafo de los 874 folios que conforman el apartado sobre fauna y flora. “En particular la reducción del hábitat constituido por la selva en galería de río y arroyos representa una afectación importante para las especies que la habitan, muchas de las cuales se hallan actualmente con poblaciones numéricamente muy disminuidas y en algunos casos con riesgo de extinción para el área. De las especies de fauna autóctona presentes en el área, 26 están listadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como amenazadas y deberán implementarse acciones tendientes a su protección. De ellas al menos catorce -nueve mamíferos, tres aves y dos reptiles- están presentes en el área de impacto inmediato del Aprovechamiento Garabí. Estas son: ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), aguará-guazú (Chrisocyon brachyurus), lobito de río (Lutra platensis), gato onza (felis pardalis), gato tigre (felis tigrina), margay (felis wiedii), yaguarete (Panthera onca), ciervo de las pampas (Ozotocerus bezoarticus) , nutria gigante (Pteronura brasiliensis) , yacutinga (Aburria yacutinga), guacamayo violáceo (Anodorhynchus glaucus), chorao (Amazona pretrei), yacaré ñato (Caiman latirrostris) , yacaré negro(Caimán crocodylus). Estas especies dependen significativamente de los ambientes de bosque nativo en el área del futuro embalse de Garabí”, agrega el tétrico diagnóstico que la población desconocía, hasta hoy.
Manual para desinformar a la población
Increíblemente, el documento secreto del Gobierno comprende un programa sobre información pública cuyo objetivo es, según reza el prefacio, “determinar el contenido clave a difundir, los ejes principales de la información y comunicación del proyecto. En cuanto al programa de información y comunicación, los mensajes deberán poner su eje, en primer lugar, en los aspectos positivos del proyecto Garabí, con la intención de dotarlos de visibilidad pública, concientizando a la población de los beneficios del mismo”.
Así, entre los “aspectos negativos del proyecto Garabí” que el instructivo sugiere obviar se enumeran en el texto: “Efectos ambientales de la Construcción, polución del agua/aire por la construcción y residuos, erosión del suelo, destrucción de vegetación, problemas sanitarios y de salud, desalojos en la zona a inundar, pérdidas de tierra por la inundación (agrícolas, bosques, etc.), pérdida de rasgos culturales, históricos y estéticos, pérdida de tierras vírgenes y hábitat natural. Peligro de especies animales, proliferación de malezas acuáticas en el embalse y aguas abajo perjudicando liberación de agua, irrigación, navegación, fauna íctica, deterioro de la calidad de agua en el embalse, sedimentación del embalse y pérdida de la capacidad de almacenamiento, perjuicios para la agricultura recesiva, daño a pesquerías por cambios en el caudal, bloqueo de migraciones y menor calidad del agua, aumento de enfermedades de origen hídrico, desorden social por caída del nivel de vida de los reasentados, degradación ambiental por presión sobre la capacidad de la tierra, perjuicio a tribus y grupos indígenas, migraciones excesivas de personas en un área por las nuevas facilidades de acceso y líneas de transmisión, problemas ambientales por el mayor desarrollo derivado del embalse (irrigación, industrias, crecimiento de núcleos urbanos), pobre uso de la tierra aguas arriba y efectos sobre la calidad del agua”.
Estrategias para desinformar
El plan de desinformació n está pensado para su aplicación en ámbitos educativos públicos: “En el caso de la educación formal-nos referimos especialmente a los ciclos preescolar, educación general básica y polimodal- los contenidos necesariamente deberán ser consensuados con el Consejo Federal de Educación, las instancias de diseño de los contenidos básicos comunes en el orden provincial y las escuelas mismas, dado que formarán parte de la currícula formal de las instituciones” . Más adelante, en el mismo apartado, se deja en claro la estrategia de manipular la información antes de brindarla a la población: “Los aspectos débiles del proyecto son la materia prima para potenciales argumentos contrarios y acciones que pueden amenazar el éxito final y obstruir su desarrollo, sobre todo en las etapas iniciales. El propósito de esta sección es identificar las dimensiones fuertes y débiles del proyecto Garabí con el objeto de emplearlas eficazmente en el diseño del programa de información”.
El proyecto reconoce que persigue el objetivo de obtener -a partir de la desinformació n- la aprobación y no el debate del proyecto Garabí, cuando enuncia: “La difusión y enseñanza de los aspectos positivos o fuertes resultantes deberá correr paralelamente, a fin de provocar los cambios de actitud deseados”.
El informe le advierte al Gobierno que “las cuestiones sociales y ambientales se acumulan dando argumentos válidos a los defensores del medio ambiente para oponerse a este tipo de inversión en infraestructura. Salvo que estos aspectos sean mitigados metódicamente a través de políticas explícitas, legislación protectora, inversiones y planificación adecuadas, la construcción de obras hidroeléctricas como Garabí será retardada por tensiones sociales y una creciente oposición política y ambientalista” .
“Las principales amenazas para el normal desarrollo del proyecto están representadas por los siguientes actores: asentamientos aborígenes, ONG contrarias (locales, nacionales o internacionales) , principalmente ambientalistas, medios de comunicación, oposición de las autoridades locales y legislación contraria”, añade.
El documento adjunta en esta fracción un índice detallado de cada asociación ambientalista y un listado de ONG señaladas como “opositoras al proyecto”. “La oposición de ONG ambientalistas a la construcción de represas es un fenómeno creciente que es necesario considerar en toda su dimensión, dada su elevada representatividad social, la amplitud de la cobertura mediática de su accionar y su capacidad de hacer oír sus reclamos internacionalmente y ante organismos internacionales de financiamiento. No puede desestimarse su influencia sobre la opinión pública en general e incluso sobre los gobiernos”, advierte.
Según el texto, “las principales organizaciones no gubernamentales identificadas en la actualidad como abiertamente opuestas a la construcción de represas tienen base tanto nacional como local y regional. Entre ellas cabe destacar al Taller Ecologista-Foro Ecologista y Fundación Proteger, Amigos de la Tierra, Salus Térrea y Greenpeace Argentina. Muchas de estas organizaciones se oponen en general a cuestiones de cambio climático, como las nucleadas en el Foro del Buen Ayre (FBA), y utilizan estos argumentos en contra de las represas criticándolas como alternativas ecológicas frente al fenómeno del calentamiento global y cambio climático”.
Sustento teórico
“El intento de influir sobre los individuos mediante la comunicación persuasiva para que modifiquen sus actitudes y la conducta con ellos vinculada es algo habitual, como por ejemplo, el político que utiliza sus campañas para conquistar los votos, o los organismos tanto sociales como cívicos que desean tener una injerencia en el cambio social; todos ellos utilizan la comunicación persuasiva, en la que está implícita la intención de ejercer una influencia social”, prologa una guía del informe, destinada a la aplicación de una antiética “comunicación persuasiva”.
El plan de persuasión tiene sustento académico y científico: “Existen dos vías para la persuasión. Los investigadores sobre este tema, Richard Petty, John Caciooppo, Alice Eagly y Shelly Chaiken, demostraron con sus estudios, que aquellas personas que podían estar capacitadas para pensar en un tema se persuaden mejor a través de una ‘ruta central’, donde se reúnen elementos sistemáticos que estimulan un curso de pensamiento favorable”, describe el apartado de 213 folios destinados a estrategias para convencer a la población para que acepte el proyecto Garabí.
Cupos de exportación de peces de río
La Nación establecerá cupos de exportación de peces de río
Fecha de Publicación: 25/07/2009
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional resolvió establecer límites a la exportación de especies como el sábalo, el surubí, la boga y la tararira. La fauna ictícola se podrá explotar hasta completar los cupos que fije la Secretaría de Agricultura, a fin de mantener la preservación del recurso.
El decreto 931 fue publicado ayer en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. En tanto, el organismo evaluará periódicamente el estado de los recursos involucrados y recomendará cuál deberá ser la extensión de los cupos con el fin de proveer a la preservación del estado del recurso.
El secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero de la Provincia, Ricardo Biani, sostuvo que el decreto significa algo "que se reclama desde principio de año y está dentro del marco de la ley provincial de valores de captura que habíamos establecido".
El funcionario saludó la decisión de asignarle potestad a la órbita de pesca porque "pone un poco de orden en la actividad y permite planificar para todo el 2010". Del mismo modo agregó que "se deberán solucionar problemas de jurisdicción ya que hay provincias con distintas legislaciones que tienen similares características y están beneficiadas por ríos", recordó Biani, que fue duramente cuestionado el año pasado y principios de este por el Sindicato de Pescadores de Santa Fe y por miembros del Consejo Pesquero provincial.
El funcionario destacó que uno de los avances con este decreto es que ya "no se habla de especies sino que de cuestiones aduaneras lo cual implica que el que no cumpla no sólo tendrá una sanción administrativa sino que intervendrá la Justicia federal".
Fecha de Publicación: 25/07/2009
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional resolvió establecer límites a la exportación de especies como el sábalo, el surubí, la boga y la tararira. La fauna ictícola se podrá explotar hasta completar los cupos que fije la Secretaría de Agricultura, a fin de mantener la preservación del recurso.
El decreto 931 fue publicado ayer en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. En tanto, el organismo evaluará periódicamente el estado de los recursos involucrados y recomendará cuál deberá ser la extensión de los cupos con el fin de proveer a la preservación del estado del recurso.
El secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero de la Provincia, Ricardo Biani, sostuvo que el decreto significa algo "que se reclama desde principio de año y está dentro del marco de la ley provincial de valores de captura que habíamos establecido".
El funcionario saludó la decisión de asignarle potestad a la órbita de pesca porque "pone un poco de orden en la actividad y permite planificar para todo el 2010". Del mismo modo agregó que "se deberán solucionar problemas de jurisdicción ya que hay provincias con distintas legislaciones que tienen similares características y están beneficiadas por ríos", recordó Biani, que fue duramente cuestionado el año pasado y principios de este por el Sindicato de Pescadores de Santa Fe y por miembros del Consejo Pesquero provincial.
El funcionario destacó que uno de los avances con este decreto es que ya "no se habla de especies sino que de cuestiones aduaneras lo cual implica que el que no cumpla no sólo tendrá una sanción administrativa sino que intervendrá la Justicia federal".
La contaminación y sus víctimas
La contaminación y sus víctimas
Fecha de Publicación: 24/07/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pese a la información que se posee, los focos contaminantes siguen creciendo y nuestra población los sufre
Mucho se sabe desde hace tiempo acerca de la contaminación ambiental. También son conocidos los lugares del país donde es más intensa y quiénes son sus víctimas. Tampoco se ignora lo que debería hacerse para evitar la continuidad de ese perjuicio que enferma y mata a la población, especialmente a la que se encuentra en etapas más vulnerables: la infancia y la adolescencia. No obstante, a pesar de la información que se posee de la existencia de organismos de distinta jerarquía cuya función es evitar que el mal prospere, la triste verdad es que la contaminación crece y la población sigue sufriendo el deterioro.
El aire sufre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la combustión de los hidrocarburos empleados en las industrias o los medios de transporte y de otros gases como el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, todo lo cual afecta las vías respiratorias. El agua se ha convertido en vertedero de residuos, y en el curso de ríos o arroyos se vuelcan sustancias que contienen nitratos que se descomponen y concluyen siendo sustancias cancerígenas. Ello contribuye a que, además, sea imposible contar con agua potable. Por su parte, la presencia en el suelo de metales pesados, como ocurre cerca de ciertas plantas industriales, permite que el plomo u otros metales que intoxican el ambiente en finísimo polvo, sea llevado por el viento y respirado. De ese modo se provocan severos males que dañan tanto vísceras como el funcionamiento orgánico.
Estos enunciados, aplicables a nuestro medio, han sido confirmados por distintas fuentes de una manera categórica. Así, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que un ambiente tan contaminado, como el que se vive en la cuenca del Matanza, del Riachuelo o del río Reconquista, puede ser causante del 24 por ciento de las enfermedades, que pueden llegar a ser mortales cuando afectan a menores entre 0 y 14 años; el riesgo es todavía mayor para los menores de 5 años.
La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez Argentina en cuya conclusión se señala que cerca del 50 por ciento de los menores de 18 años, sobre un total de 12 millones, viven en zonas vulnerables sin que se observen políticas destinadas a encarar la contaminación ambiental que amenaza a tantos menores. Por último, la directora de la subcomisión de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctora María Inés Lutz, ha indicado la presencia de factores de riesgo en otras regiones del país. Para cerrar estas referencias, habría que asomarse a un barrio de La Matanza, denominado "Nicole" (en razón de que no tenía ni colegio ni colectivo) y en cuyo espacio se da una crítica abundancia de elementos contaminantes, que intoxican el aire, el agua y el suelo.
Los males que aquejan a los lugares citados son tanto o más graves que una epidemia, si se tiene en cuenta la cantidad de niños en riesgo. Es indispensable, entonces, que se comience a obrar de una vez seria y efectivamente, con la continuidad necesaria, para remediar tanto daño ambiental y humano.
Fecha de Publicación: 24/07/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pese a la información que se posee, los focos contaminantes siguen creciendo y nuestra población los sufre
Mucho se sabe desde hace tiempo acerca de la contaminación ambiental. También son conocidos los lugares del país donde es más intensa y quiénes son sus víctimas. Tampoco se ignora lo que debería hacerse para evitar la continuidad de ese perjuicio que enferma y mata a la población, especialmente a la que se encuentra en etapas más vulnerables: la infancia y la adolescencia. No obstante, a pesar de la información que se posee de la existencia de organismos de distinta jerarquía cuya función es evitar que el mal prospere, la triste verdad es que la contaminación crece y la población sigue sufriendo el deterioro.
El aire sufre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la combustión de los hidrocarburos empleados en las industrias o los medios de transporte y de otros gases como el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, todo lo cual afecta las vías respiratorias. El agua se ha convertido en vertedero de residuos, y en el curso de ríos o arroyos se vuelcan sustancias que contienen nitratos que se descomponen y concluyen siendo sustancias cancerígenas. Ello contribuye a que, además, sea imposible contar con agua potable. Por su parte, la presencia en el suelo de metales pesados, como ocurre cerca de ciertas plantas industriales, permite que el plomo u otros metales que intoxican el ambiente en finísimo polvo, sea llevado por el viento y respirado. De ese modo se provocan severos males que dañan tanto vísceras como el funcionamiento orgánico.
Estos enunciados, aplicables a nuestro medio, han sido confirmados por distintas fuentes de una manera categórica. Así, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que un ambiente tan contaminado, como el que se vive en la cuenca del Matanza, del Riachuelo o del río Reconquista, puede ser causante del 24 por ciento de las enfermedades, que pueden llegar a ser mortales cuando afectan a menores entre 0 y 14 años; el riesgo es todavía mayor para los menores de 5 años.
La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez Argentina en cuya conclusión se señala que cerca del 50 por ciento de los menores de 18 años, sobre un total de 12 millones, viven en zonas vulnerables sin que se observen políticas destinadas a encarar la contaminación ambiental que amenaza a tantos menores. Por último, la directora de la subcomisión de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctora María Inés Lutz, ha indicado la presencia de factores de riesgo en otras regiones del país. Para cerrar estas referencias, habría que asomarse a un barrio de La Matanza, denominado "Nicole" (en razón de que no tenía ni colegio ni colectivo) y en cuyo espacio se da una crítica abundancia de elementos contaminantes, que intoxican el aire, el agua y el suelo.
Los males que aquejan a los lugares citados son tanto o más graves que una epidemia, si se tiene en cuenta la cantidad de niños en riesgo. Es indispensable, entonces, que se comience a obrar de una vez seria y efectivamente, con la continuidad necesaria, para remediar tanto daño ambiental y humano.
Pidieron cambios en la Ley de Reserva del Iberá
Ganaderos, arroceros y forestales pidieron cambios en la Ley de Reserva del Iberá
Fecha de Publicación: 24/07/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Corrientes
Referentes de la Mesa Coordinadora de Entidades Productivas manifestaron algunas diferencias respecto al proyecto para reglamentar las explotaciones agrícolas en el Iberá. Pidieron revisiones en los límites dispuestos para la Reserva y que el Ministerio de Producción sea el ente de control. Asimismo, anunciaron que continuarán trabajando en forma conjunta con el Gobierno.
Si bien durante la reunión que mantuvieron el miércoles con el gobernador, Arturo Colombi, lograron un acuerdo general respecto a la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, el sector productivo de la provincia mantiene algunas diferencias con el Gobierno respecto a otra reglamentación, en este caso, la de la Ley de Reserva del Iberá. Los principales pedidos de ganaderos, arroceros y forestales serían modificaciones en los límites dispuestos para la reserva y en la autoridad de aplicación. En todos los casos, los referentes de los distintos sectores anunciaron que continuarán trabajando en forma coordinada con el Ministerio de la Producción, con el fin de lograr una norma que contemple la capacidad de producir de manera sustentable.
Durante el encuentro que mantuvieron el miércoles los referentes de la Mesa Coordinadora de Entidades Productivas junto al gobernador Colombi y los funcionarios del Ministerio de la Producción, los representantes del sector productivo coincidieron en la reglamentación de la Ley de Bosques. En este aspecto, anunciaron que la respuesta final la tendrán el 4 de agosto, dado que los representantes del sector ganadero no habían analizado a fondo algunas correcciones en el documento final del Ordenamiento Territorial elaborado por la Dirección de Recursos Forestales.
Donde existen algunas discrepancias es en la reglamentación de la Ley de Reserva del Iberá, una norma que data de la década del ‘80. En este caso, los productores manifestaron algunas diferencias con las propuestas del Gobierno provincial en lo que respecta a la autoridad de aplicación de la Ley y a los límites dispuestos por la legislación para la reserva. Cabe recordar en este aspecto, que el Gobierno provincial realizó varias reuniones -desde hace al menos un par de años- con los referentes de distintas áreas de la producción y el turismo, con el fin de llegar a acuerdos para las explotaciones sustentables.
En el primer punto, los tres sectores nucleados en la Mesa Coordinadora (ganaderos, arroceros y forestales) coincidieron en su oposición a que la autoridad de aplicación sea la Dirección de Parques de la provincia, y solicitaron que sea el Ministerio de la Producción el ente que supervise la aplicación de la norma. “Es una superficie demasiado extensa para que esté en manos de un director, y consideramos que debe ser el Ministerio de la Producción, a través de todas sus áreas, el que maneje la aplicación de la Ley”, dijo a El Litoral el presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (Acpa), Jorge Vara.
Respecto a los límites de la reserva, los dirigentes de estos sectores manifestaron que existen desigualdades entre los distintos límites, que perjudican sobre todo a los productores de los departamentos Mercedes y San Martín, dado que allí se concentran mayor número de pobladores dentro de la Reserva del Iberá. En este aspecto, Vara explicó que en lo que respecta a arroceros, dentro de la reserva existen seis explotaciones de esta actividad, y que también se desarrolla la ganadería y la forestación. “Entendemos que son las únicas actividades que se realizan dentro de la reserva, por eso los referentes de los tres sectores estamos trabajando junto al Gobierno en la elaboración de la reglamentación para la Ley”, dijo el arrocero.
Por su parte, el titular de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Miguel Marticorena, explicó a este diario que también les resta analizar los manuales de buenas prácticas agrícolas para desarrollar dentro de la reserva. El curuzucuateño comentó respecto a estos documentos, que ya está listo el del sector arrocero, mientras que restan finalizar los de los sectores ganadero y forestal.
Fecha de Publicación: 24/07/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Corrientes
Referentes de la Mesa Coordinadora de Entidades Productivas manifestaron algunas diferencias respecto al proyecto para reglamentar las explotaciones agrícolas en el Iberá. Pidieron revisiones en los límites dispuestos para la Reserva y que el Ministerio de Producción sea el ente de control. Asimismo, anunciaron que continuarán trabajando en forma conjunta con el Gobierno.
Si bien durante la reunión que mantuvieron el miércoles con el gobernador, Arturo Colombi, lograron un acuerdo general respecto a la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, el sector productivo de la provincia mantiene algunas diferencias con el Gobierno respecto a otra reglamentación, en este caso, la de la Ley de Reserva del Iberá. Los principales pedidos de ganaderos, arroceros y forestales serían modificaciones en los límites dispuestos para la reserva y en la autoridad de aplicación. En todos los casos, los referentes de los distintos sectores anunciaron que continuarán trabajando en forma coordinada con el Ministerio de la Producción, con el fin de lograr una norma que contemple la capacidad de producir de manera sustentable.
Durante el encuentro que mantuvieron el miércoles los referentes de la Mesa Coordinadora de Entidades Productivas junto al gobernador Colombi y los funcionarios del Ministerio de la Producción, los representantes del sector productivo coincidieron en la reglamentación de la Ley de Bosques. En este aspecto, anunciaron que la respuesta final la tendrán el 4 de agosto, dado que los representantes del sector ganadero no habían analizado a fondo algunas correcciones en el documento final del Ordenamiento Territorial elaborado por la Dirección de Recursos Forestales.
Donde existen algunas discrepancias es en la reglamentación de la Ley de Reserva del Iberá, una norma que data de la década del ‘80. En este caso, los productores manifestaron algunas diferencias con las propuestas del Gobierno provincial en lo que respecta a la autoridad de aplicación de la Ley y a los límites dispuestos por la legislación para la reserva. Cabe recordar en este aspecto, que el Gobierno provincial realizó varias reuniones -desde hace al menos un par de años- con los referentes de distintas áreas de la producción y el turismo, con el fin de llegar a acuerdos para las explotaciones sustentables.
En el primer punto, los tres sectores nucleados en la Mesa Coordinadora (ganaderos, arroceros y forestales) coincidieron en su oposición a que la autoridad de aplicación sea la Dirección de Parques de la provincia, y solicitaron que sea el Ministerio de la Producción el ente que supervise la aplicación de la norma. “Es una superficie demasiado extensa para que esté en manos de un director, y consideramos que debe ser el Ministerio de la Producción, a través de todas sus áreas, el que maneje la aplicación de la Ley”, dijo a El Litoral el presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (Acpa), Jorge Vara.
Respecto a los límites de la reserva, los dirigentes de estos sectores manifestaron que existen desigualdades entre los distintos límites, que perjudican sobre todo a los productores de los departamentos Mercedes y San Martín, dado que allí se concentran mayor número de pobladores dentro de la Reserva del Iberá. En este aspecto, Vara explicó que en lo que respecta a arroceros, dentro de la reserva existen seis explotaciones de esta actividad, y que también se desarrolla la ganadería y la forestación. “Entendemos que son las únicas actividades que se realizan dentro de la reserva, por eso los referentes de los tres sectores estamos trabajando junto al Gobierno en la elaboración de la reglamentación para la Ley”, dijo el arrocero.
Por su parte, el titular de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Miguel Marticorena, explicó a este diario que también les resta analizar los manuales de buenas prácticas agrícolas para desarrollar dentro de la reserva. El curuzucuateño comentó respecto a estos documentos, que ya está listo el del sector arrocero, mientras que restan finalizar los de los sectores ganadero y forestal.
La Rioja no cumple con el tratamiento de RSU
En la Capital no se cumple con el tratamiento de la basura
Fecha de Publicación: 23/07/2009
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
Un informe técnico del municipio asegura que Draco no está funcionando. Podrían rescindirle el contrato.
En la ciudad Capital no se está realizando el tratamiento final de los residuos como corresponde. La empresa Draco no cumplió con los plazos previstos como plan de trabajo, no está pagando el canon mensual y el municipio podría rescindir el contrato de concesión.
Según pudo establecer NUEVA RIOJA, existe un informe técnico de la Gerencia del predio de disposición final de residuos que advierte sobre la gravedad de la situación.
"Desde marzo hasta la fecha la empresa no realizó nuevas inversiones como parte de las obras que estaban previstas y existe una demora en relación al plan de trabajo previsto en el contrato", confirmó el Gerente del organismo municipal, Orlando Torcivia.
El funcionario brindó dos datos del informe que son muy preocupantes: las máquinas instaladas no están funcionando y el predio no tiene hecha la bajada de la energía eléctrica para ponerlas en funcionamiento.
Es decir, que en la ciudad Capital no se está tratando la basura como se había comprometido y se continúa realizando el mismo trabajo que antes de la llegada de Draco a la Capital.
Este informe técnico ya fue elevada a las autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos, que son las competentes en el tema.
Torcivia explicó que su área funciona como un organismo de contralor y que en este sentido han detectado demoras muy importantes. "En marzo esto tendría que haber estado funcionando plenamente", comentó.
Aunque el informe técnico no haga referencia a este tema, la misma empresa confirmó a NUEVA RIOJA que no pagó nunca el canon mensual de 50 mil pesos que estaba previsto en el contrato de concesión (ver recuadro en esta misma página).
¿Vaciamiento?
Desde el municipio y desde la empresa Draco confirmaron que la tensión entre las partes generó la semana pasada un capítulo policial, con denuncia en la Comisaría tercera incluida.
El municipio requirió la presencia de la policía para impedir que la empresa retirara una cinta transportadora.
En el municipio sospecharon que la empresa estaba realizando un vaciamiento de las máquinas instaladas, mientras que la concesionaria justificó la medida en que solamente necesitaban reparar la cinta, que finalmente no salió del predio.
Próximos pasos
El secretario general de la comuna, Carlos Machicote, también opinó sobre el tema y adelantó los próximos pasos que podría tomar la gestión municipal de Ricardo Quintela.
"Nosotros queremos que se respete el contrato vigente y por eso estamos trabajando con el informe que nos mandó la Gerencia de tratamiento", destacó el funcionario municipal a NUEVA RIOJA.
Por otra parte, el Secretario General del municipio no descartó la posibilidad de rescindir el vínculo legal. "Si la empresa no cumple con el contrato, se puede llegar a rescindir. Nosotros vamos a preservar la función municipal", dijo el funcionario.
Machicote marcó el tono que podría tener el encuentro con los dueños de Draco previsto para la próxima semana. "Si nosotros no hubiéramos cumplido con el contrato, ellos también estarían reclamando que se cumpla lo firmado", dijo.
Todas las fuentes consultadas en el municipio no descartaron la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa.
Pero las diferencias surgen sobre qué hacer después de rescindir. Algunos funcionarios hablan de convocar a otra empresa, mientras que otros impulsan estatizar el tratamiento final de los residuos.
Fecha de Publicación: 23/07/2009
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
Un informe técnico del municipio asegura que Draco no está funcionando. Podrían rescindirle el contrato.
En la ciudad Capital no se está realizando el tratamiento final de los residuos como corresponde. La empresa Draco no cumplió con los plazos previstos como plan de trabajo, no está pagando el canon mensual y el municipio podría rescindir el contrato de concesión.
Según pudo establecer NUEVA RIOJA, existe un informe técnico de la Gerencia del predio de disposición final de residuos que advierte sobre la gravedad de la situación.
"Desde marzo hasta la fecha la empresa no realizó nuevas inversiones como parte de las obras que estaban previstas y existe una demora en relación al plan de trabajo previsto en el contrato", confirmó el Gerente del organismo municipal, Orlando Torcivia.
El funcionario brindó dos datos del informe que son muy preocupantes: las máquinas instaladas no están funcionando y el predio no tiene hecha la bajada de la energía eléctrica para ponerlas en funcionamiento.
Es decir, que en la ciudad Capital no se está tratando la basura como se había comprometido y se continúa realizando el mismo trabajo que antes de la llegada de Draco a la Capital.
Este informe técnico ya fue elevada a las autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos, que son las competentes en el tema.
Torcivia explicó que su área funciona como un organismo de contralor y que en este sentido han detectado demoras muy importantes. "En marzo esto tendría que haber estado funcionando plenamente", comentó.
Aunque el informe técnico no haga referencia a este tema, la misma empresa confirmó a NUEVA RIOJA que no pagó nunca el canon mensual de 50 mil pesos que estaba previsto en el contrato de concesión (ver recuadro en esta misma página).
¿Vaciamiento?
Desde el municipio y desde la empresa Draco confirmaron que la tensión entre las partes generó la semana pasada un capítulo policial, con denuncia en la Comisaría tercera incluida.
El municipio requirió la presencia de la policía para impedir que la empresa retirara una cinta transportadora.
En el municipio sospecharon que la empresa estaba realizando un vaciamiento de las máquinas instaladas, mientras que la concesionaria justificó la medida en que solamente necesitaban reparar la cinta, que finalmente no salió del predio.
Próximos pasos
El secretario general de la comuna, Carlos Machicote, también opinó sobre el tema y adelantó los próximos pasos que podría tomar la gestión municipal de Ricardo Quintela.
"Nosotros queremos que se respete el contrato vigente y por eso estamos trabajando con el informe que nos mandó la Gerencia de tratamiento", destacó el funcionario municipal a NUEVA RIOJA.
Por otra parte, el Secretario General del municipio no descartó la posibilidad de rescindir el vínculo legal. "Si la empresa no cumple con el contrato, se puede llegar a rescindir. Nosotros vamos a preservar la función municipal", dijo el funcionario.
Machicote marcó el tono que podría tener el encuentro con los dueños de Draco previsto para la próxima semana. "Si nosotros no hubiéramos cumplido con el contrato, ellos también estarían reclamando que se cumpla lo firmado", dijo.
Todas las fuentes consultadas en el municipio no descartaron la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa.
Pero las diferencias surgen sobre qué hacer después de rescindir. Algunos funcionarios hablan de convocar a otra empresa, mientras que otros impulsan estatizar el tratamiento final de los residuos.
El aire tucumano se vuelve irrespirable
En los últimos días el cerro y la ciudad no se ven en las fotos
Fecha de Publicación: 22/07/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El aire está sucio de polvo, humo y hollín de los ingenios y de la quema de cañaverales. La situación se repite todos los años entre mayo y octubre. No se prevén lluvias, que es lo único que limpiaría la atmósfera.
Año a año, a partir de mayo y hasta octubre, el aire tucumano se vuelve irrespirable. El clima ingresa en su estación seca, lo que genera una considerable cantidad de polvo en suspenso. Pero mayor es el impacto de la zafra azucarera.
Las partículas contaminantes consisten en el hollín de las chimeneas de los ingenios azucareros, debido a que no todas las fábricas han terminado de instalar los filtros que exige la ley, y en la carbonilla que emana de la quema de rastrojos, de caña en pie y de pastizales en los campos. Estas prácticas están prohibidas, pero el Gobierno aún no ha logrado erradicarlas.
La única solución sería una lluvia salvadora que lave el ambiente, pero es una posibilidad lejana. "Estaba a punto de llover estos días (ayer u hoy), pero las precipitaciones se esfumaron a causa del viento Zonda, que está soplando en altura", informó el director del Laboratorio Meteorológico Sudamericano, Juan Minetti. El experto explicó que el Zonda es un viento descendente que impide que los contaminantes que se encuentran cerca de la superficie del suelo se difundan subiendo, de manera que todas las partículas quedan suspendidas a baja altura.
La polución, que restringe la visibilidad y provoca afecciones respiratorias y en la piel, también desdibuja el paisaje. Los cerros no se ven desde la ciudad. Y a la inversa, desde San Javier o Villa Nougués, no se percibe la magnitud del Gran San Miguel.
Fecha de Publicación: 22/07/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El aire está sucio de polvo, humo y hollín de los ingenios y de la quema de cañaverales. La situación se repite todos los años entre mayo y octubre. No se prevén lluvias, que es lo único que limpiaría la atmósfera.
Año a año, a partir de mayo y hasta octubre, el aire tucumano se vuelve irrespirable. El clima ingresa en su estación seca, lo que genera una considerable cantidad de polvo en suspenso. Pero mayor es el impacto de la zafra azucarera.
Las partículas contaminantes consisten en el hollín de las chimeneas de los ingenios azucareros, debido a que no todas las fábricas han terminado de instalar los filtros que exige la ley, y en la carbonilla que emana de la quema de rastrojos, de caña en pie y de pastizales en los campos. Estas prácticas están prohibidas, pero el Gobierno aún no ha logrado erradicarlas.
La única solución sería una lluvia salvadora que lave el ambiente, pero es una posibilidad lejana. "Estaba a punto de llover estos días (ayer u hoy), pero las precipitaciones se esfumaron a causa del viento Zonda, que está soplando en altura", informó el director del Laboratorio Meteorológico Sudamericano, Juan Minetti. El experto explicó que el Zonda es un viento descendente que impide que los contaminantes que se encuentran cerca de la superficie del suelo se difundan subiendo, de manera que todas las partículas quedan suspendidas a baja altura.
La polución, que restringe la visibilidad y provoca afecciones respiratorias y en la piel, también desdibuja el paisaje. Los cerros no se ven desde la ciudad. Y a la inversa, desde San Javier o Villa Nougués, no se percibe la magnitud del Gran San Miguel.
Contaminación en la Cuenca Salí - Dulce
Analizan el nivel de contaminación en la Cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 22/07/2009
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával realizó gestiones en Tucumán, dónde, acompañado por abogados de la Defensoría local y luego de reunirse con su par Jorge Alberto García Mena, se interiorizó sobre la marcha de las causas incoadas ante la Justicia Federal por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce.
En particular, la intención de Díaz Achával era pedir la realización de recolección de muestras en el canal DP2 con desembocadura en ríos que vuelcan sus efluentes sobre el Embalse de Río Hondo.
De un tiempo a esta parte, la preocupación por medir la consecuencia que tiene la zafra sobre el agua del Dique Frontal es bastante importante.
Cabe destacar que en el encuentro entre los Defensores del Pueblo de ambas provincias, se acordó solicitar los informes al comité de Cuencas Salí - Dulce.
Fecha de Publicación: 22/07/2009
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával realizó gestiones en Tucumán, dónde, acompañado por abogados de la Defensoría local y luego de reunirse con su par Jorge Alberto García Mena, se interiorizó sobre la marcha de las causas incoadas ante la Justicia Federal por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce.
En particular, la intención de Díaz Achával era pedir la realización de recolección de muestras en el canal DP2 con desembocadura en ríos que vuelcan sus efluentes sobre el Embalse de Río Hondo.
De un tiempo a esta parte, la preocupación por medir la consecuencia que tiene la zafra sobre el agua del Dique Frontal es bastante importante.
Cabe destacar que en el encuentro entre los Defensores del Pueblo de ambas provincias, se acordó solicitar los informes al comité de Cuencas Salí - Dulce.
Pedimos la emergencia socioambiental
RENACE exige que se declare la emergencia socioambiental en todo el territorio argentino
Fecha de Publicación: 21/07/2009
Fuente: Renace
Provincia/Región: Nacional
Como ecologistas consideramos imprescindible dar a conocer nuestra visión sobre el estado de situación socioambiental de la Argentina.
Nuestro planeta se encuentra inmerso en una profunda transformación, siendo el signo más evidente el Cambio Climático Global a partir de la Revolución Industrial e incrementado en la segunda mitad del siglo XX, que es el momento en que al modelo de producción expoliador de los bienes comunes naturales se suma un modelo de consumo insostenible, insustentable y depredador destinado a incrementar las ganancias de las corporaciones y sus socios en todo el mundo.
Nuestro país recibe los impactos a través de redistribución de lluvias, sequías e inundaciones, en ciclos que se aceleran con cada nueva estación, y efectos que se sienten no sólo en el sistema agropecuario o en inundaciones urbanas, sino también en el regreso o incremento de enfermedades tropicales como el dengue o la leishmaniasis y la aparición de nuevas plagas.
Sólo una visión muy sesgada de la realidad puede pretender que el deterioro de la calidad de vida se encuentra asociado de manera unívoca a las cuestiones económicas, políticas o sociales; bajo esa visión reducida de los procesos económicos-productivos y sociales, se obvia la referencia del componente más importante: nuestro ambiente.
El modelo extractivo de recursos primarios para alimentar el consumismo voraz del Norte, la generación de energía sin debatir para qué y para quién, comprometiendo a los sistemas sostenedores de la vida y a las culturas con el fin de sostener al Mercado y cada vez más alejada del concepto del buen vivir, afecta no sólo a las generaciones futuras sino también a las actuales.
En un recorrido por los problemas ambientales de nuestro país, vemos que todos los casos coinciden en sumar conflictos en la sociedad, un determinado modelo de producción y consumo y el soporte natural.
A lo largo de toda la zona cordillerana, las explotaciones mineras a cielo abierto, como Bajo La Alumbrera y Veladero, por citar sólo dos de los emprendimientos mineros más emblemáticos, están destruyendo el paisaje, los glaciares y un modo de vida sostenible, secando las escasas reservas de agua y contaminando con cianuro y/o ácido sulfúrico y metales pesados, más allá de las fronteras provinciales tal como se ha podido detectar en Tucumán (canal DP2) y en Lago de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
La organización, la insurrección y la vigilia permanente de la población local, que ve afectado su futuro y el de sus hijos, han podido detener algunos proyectos como en Esquel (Chubut) que inició el camino de seis provincias que legislaron contra la minería a cielo abierto y/o lixiviación con compuestos químicos.
Cabe destacar la influencia de los poderes del estado nacional que intenta evitar el procesamiento por contaminación del vicepresidente de mina La Alumbrera, causa aceptada por la Cámara Federal con asiento en la Provincia de Tucumán y convertida en el primer caso de América Latina en su tipo. Mientras tanto, un tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno entrega la Cordillera de los Andes a un tercer país en manos de las corporaciones del sector extractivo, ante la ceguera acordada por la comunidad política nacional.
En la Patagonia, vemos que el permanente acecho de la minería hidro-química contaminante, el proceso de eutrofización y contaminación industrial, agroquímica, petrolera y cloacal de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, el sobrepastoreo, la destrucción del bosque cordillerano a través de los incendios o la siembra intensiva y extensiva de especies exóticas, la apropiación de fuentes de agua, la extranjerización del territorio, la explotación del petróleo, el proyecto latente del establecimiento de un basurero nuclear y la persecución y el despojo a los pueblos originarios a ambos lados de la cordillera está llevando a esta rica y hermosa región a un callejón sin salida.
La amenaza de la explotación de uranio en diversos puntos del país refiere directamente al desmanejo ambiental histórico de la CNEA en Malargüe, Sierra Pintada, Los Gigantes, Los Adobes, Don Otto sitio Tonco, etc., donde se acumulan toneladas de desperdicios, escoria radiactiva con remediación pendiente desde hace más de 25 años. Las poblaciones se ven afectadas por “colas” abandonadas por más de 30 años que comprenden en opinión de la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, “más del 80% del decaimiento del uranio 238” reconociendo que se trata de “partículas cancerígenas”.-
En el centro del país, y en un salvaje proceso de expansión de las fronteras agropecuarias para atender a los mercados externos, se destruyen e incendian montes y bosques nativos, se avanza expulsando a miles de campesinos, pequeños productores y trabajadores del campo que terminan engrosando las villas miserias de las grandes ciudades. Se elimina la biodiversidad y se modifican los ciclos agrícolas, abriendo paso al monocultivo de soja transgénica con el sistema de siembra directa y más de 250 millones de litros de agrotóxicos por campaña rociados sobre las cabezas de la población urbana y rural, que sufren las consecuencias de década y media de fumigaciones, aún cuando existe suficiente evidencia científica sobre su toxicidad aguda y crónica. Los efectos cancerígenos, acción mutagénica, contaminación de alimentos y persistencia en suelos y cultivos, han sido demostrados en forma fehaciente por numerosas investigaciones en nuestro país y el mundo, incluyendo los últimos aportes del Dr. Andrés Carrasco, Director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA. En coincidencia con los grupos económicos, ni los gobiernos ni el SENASA han dado acuse de recibo de tales investigaciones.
El paisaje cotidiano de silos y máquinas fumigadoras dentro de las áreas urbanas, otrora símbolo de progreso, comienza a percibirse como una agresión a la salud de los ciudadanos, que se movilizan en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Misiones, etc.
Como efecto colateral a este proceso de agricultura sin agricultores, nuestras carnes, antes de renombre internacional, pierden calidad y ventajas comparativas al confinarse al ganado vacuno a las peores tierras o a los feed-lots, obligándolos a consumir alimentos balanceados de muy dudosa calidad, hacinados en corrales, enterrados en los barros de sus propias orinas, con escaso control sanitario y el fantasma de la “vaca loca” rondando los corrales, y con el alto riesgo de probables recombinaciones virales, como está sucediendo con la Gripe A.. Una situación similar ocurre con la producción tambera, habiendo eliminado actividades generadoras de mano de obra o produciendo leche maternizada con altos contenidos de pesticidas. O peor aún, pretendiéndo reemplazarla por el jugo de soja (mal llamado leche de soja).
La pérdida de los cinturones verdes fruti hortícolas ante el avance de la soja, otrora generadores de mano de obra y proveedores de alimentos frescos a escala local y regional, productos básicos de nuestra Soberanía Alimentaria, han desaparecido de la dieta de muchos argentinos que hoy no pueden acceder a ellos ni en cantidad ni en calidad, con el consecuente incremento de enfermedades de la malnutrición.
La destrucción de los hábitats naturales conlleva la desaparición o retroceso numérico de aves, insectos, mamíferos, hierbas, arbustos y árboles, que cumplen una función esencial en el mantenimiento del sistema y que ya se encuentran sitiados por la agricultura, las urbanizaciones y el cambio climático.
Presenciamos una política gubernamental errática en su atención a las áreas naturales de conservación, que siempre serán pocas en comparación a las necesidades.
De continuar estas practicas depredadoras, el Monte Chaqueño, la Selva de Montiel, la Selva Misionera y próximamente las Yungas con los últimos bosques nativos del chaco árido y del espinal, serán recordados sólo en fotografías.
Las pesquerías continentales y marítimas se encuentran en proceso de agotamiento por la sobreexplotación: ni sábalo ni merluza forman parte importante de esa variada ictiofauna que nos caracterizaba hasta hace unos años. Y con ellos, desaparece toda una sociedad y una cultura relacionada al recurso.
El Atlántico Sur, uno de los últimos caladeros que quedan, fue diezmado sin escrúpulos por un mercantilismo que arrasa con artes de pesca destructivas del ecosistema marino y que selecciona en sus bodegas sólo las especies más rentables en detrimento de otras, sin importarle la biodiversidad de un medio que contiene aún la mayor diversidad biológica templada–fría del planeta.
La contaminación del aire, del agua y del suelo se acentúa en los parques industriales, con el consiguiente impacto sobre las poblaciones circundantes. En los polos petroquímicos de Bahía Blanca y La Plata (Buenos Aires), Gran Rosario (Santa Fe) y el paradigmático caso del Dock Sud, la Villa Inflamable y la cuenca del Riachuelo-Matanza, a las puertas de la capital nacional y con un impacto directo sobre 5 millones de argentinos, nos encontramos con un estado desarticulado a la hora de ejercer su rol de control.
El reciente conflicto por las pasteras de Fray Bentos, Uruguay, desnudó con vergüenza a nuestras propias plantas de producción de pasta de papel -con los monocultivos asociados de eucaliptos y pinos- y tecnologías productoras de dioxinas, una de las sustancias más tóxicas que ha creado el hombre.
Añadimos el profundo deterioro ambiental que sufre actualmente la costa atlántica, en especial la bonaerense, con motivo del robo de arena de sus playas y el terreno ganado al sistema dunícola por emprendimientos edilicios.
Esto nos remite también a las tierras públicas urbanas donde los inversores inmobiliarios reciben especial atención por parte de las autoridades políticas mientras que los vecinos deben pelear por cada metro cuadrado de espacio verde; la lucha por esos espacios trasciende el romanticismo habiéndose formado redes de ciudadanos movilizados en todas las provincias.
En un país con el 85% de la población residiendo en áreas urbanas, resulta lógico que muchas de las problemáticas estén asociadas a las ciudades, como el inadecuado manejo de residuos cuyo caso más resonante es el CEAMSE y los rellenos sanitarios “regionales” que desnudan la falta de un Plan de Gestión Ambiental de Residuos realista, en el que se incluya una ley de envases que propugne la disminución de la oferta y del uso de productos envasados, fomentando un modelo de consumo que genere menos residuos y promueva el re-uso de los escasos bienes que provee la naturaleza.
La falta de este Plan lleva a justificar la necesidad de los peligrosos rellenos sanitarios o, lo que sería peor, a tratar los residuos mediante la incineración.
Rechazamos toda posibilidad de incinerar residuos, aún los disfrazados como “generadores de energía” porque emiten sustancias altamente peligrosas, como las dioxinas y los furanos. Los incineradores han sido objeto de largas campañas de protesta, ante los oídos sordos oficiales y el aumento de las patologías asociadas a esos tóxicos, en las comunidades en las que se localizan: Zárate, Marcos Paz, Morón, El Bolsón, Crespo, Lanús, entre otras.
La falta de acceso al agua potable y a cloacas sin sistemas de tratamiento, la proliferación de las antenas de telefonía celular sin los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la contaminación del aire por el tránsito automotor y la elevación de las napas freáticas en partidos del Gran Buenos Aires, los transformadores con PCB, la aplicación de pesticidas en los espacios verdes o vias de tren, los ruidos... la lista es muy extensa.
Todo ésto no debe verse en forma separada del hacinamiento y la violencia social, que más sufren los desprotegidos, los que no pueden acceder a los alimentos básicos, los que deben atenderse en hospitales sobresaturados y que terminan, en muchos casos, engrosando las filas del clientelismo político.
Dos elementos básicos para la supervivencia de una sociedad son motivo de discusiones permanentes: la energía y el agua. La matriz energética de nuestro país, basada mayoritariamente en el petróleo y el gas, tiene sus impactos globales y locales por la prospección, la destilación y el aporte de gases de efecto invernadero. La respuesta al futuro son las energías alternativas y hacia ellas, en este momento histórico, debieran apuntar los esfuerzos de toda la sociedad.
En cuanto a la energía nuclear, RENACE entiende que el desarrollo de la generación nucleoeléctrica produce en todo su ciclo un riesgo tal, que excede las posibilidades de protección y guarda. A ésto debe agregarse el empecinamiento oficial en prolongar la vida útil de las centrales nuecleoeléctricas (Atucha y Embalse) sin consultar a la población circundante expuesta al colapso y desatendiendo la obsolescencia de las instalaciones. Atucha II es otro ejemplo de imprudencia mercantil al continuar la construcción de una planta obsoleta en origen, cuya tecnología es previa a la de Chernobyl.
La experiencia demuestra que el Estado, a través de sus distintas administraciones, no ha evitado los pasivos ambientales, sitios contaminados, percances y desmanejos con materiales radiactivos. Ezeiza (contaminación con uranio y nitratos), Malargüe y una docena de emplazamientos (desechos de la extracción de uranio) y Alta Córdoba, (almacenamiento en zona densamente poblada de miles de toneladas de residuos radiactivos), son sólo algunos ejemplos.
El Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, (CNEA) engaña a la población con un cálculo de costo-beneficio que excluye adrede el costo desmesurado de controles, saneamiento, remediación y depósito final que no está en condiciones de ejecutar.
El agua es un recurso vital. Esto lo saben las poblaciones de las zonas áridas, donde hoy deben disputar su posesión con los emprendimientos mineros devoradores de agua y energía. Pero también donde abunda debe ser utilizada racionalmente: el agotamiento y contaminación del acuífero Puelches es un llamado de alerta, al igual que la extracción de agua termal salada proveniente del Sistema Acuífero Guaraní y el posterior vuelco de la misma a los cursos superficiales.
Por otro lado, las cíclicas sequías e inundaciones del Gran Chaco se han incrementado con la sistemática destrucción del otrora “Impenetrable”, poniendo en serio peligro la subsistencia de grandes poblaciones. En las ciudades, mientras tanto, el agua potable que cada vez cuesta más producir, se derrocha en usos suntuarios.
Asimismo no podemos dejar de manifestar nuestro más enérgico repudio al veto de la ley de glaciares, medida que somete a nuestras cuencas al espurio mercado minero merced a imposiciones de transnacionales del sector. La Cordillera de los Andes fabrica el agua que nutre al conjunto del continente sudamericano.
Acompañando todo este proceso, los profesionales y técnicos de nuestras Universidades argentinas egresan de una institución que se sostiene en parte por las dádivas de las empresas más contaminantes del país. Esa paradoja es denunciada y rechazada por numerosas casas de estudio. RENACE se pregunta ¿adónde está la ética de formar un profesional con fondos de industrias probadamente contaminantes?. ¿Qué independencia tiene ese profesional, a la hora de auditar a la industria que lo formó?
Esta política nacional, social y ecológicamente insostenible, se alienta desde las estructuras del IIRSA, (Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana) que responde a los planes de consolidación y dominio de los países del Norte en pos del despojo de los recursos naturales, para nosotros bienes comunes naturales, sometiendo a nuestros territorios a la contaminación irreparable, la destrucción de comunidades y depredación en todas sus formas.
En este breve recorrido por una extensión tan amplia como es nuestro territorio nacional, encontramos pruebas que permiten ratificar que los problemas sociales generan problemas ambientales y los problemas ambientales generan problemas sociales. Y ambos son hoy de una gravedad tal que nos pone a todos lo habitantes de esta tierra en serio riesgo de vida.
La solicitud
Por todo ello, la RED NACIONAL DE ACCIÓN ECOLOGISTA (RENACE), reclama y exige al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Provinciales y Municipales y a nuestros representantes electos, que se declare la Emergencia socioambiental en todo el territorio de la República Argentina.
Pretendemos que se asuma la calidad de vida de todos los argentinos como una Política de Estado, ratificando el art.Nº 41 de nuestra Constitución Nacional, para lo cual es necesario que las estructuras gubernamentales y la sociedad en su conjunto debatan sobre estos problemas que amenazan nuestra vida presente y futura, asumiendo los cambios necesarios en la educación; a través de acciones punitivas a aquellos que transgredan; recuperando la Soberanía Alimentaria mediante el fomento de las producciones alternativas; protegiendo la biodiversidad, promoviendo las energías renovables y limpias y modos de producción y consumo que respeten los derechos de los que heredarán este país.
Este es el único camino viable que ayudará a los pueblos a conservar la Tierra, nuestra casa grande, como único lugar posible para la vida que conocemos.
Red Nacional de Accion Ecologista - www.renace.net
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA
desde 1984
asoc.amigos del lago de palermo (ciudad autónoma) -centro ambiental argentino (ciudad autónoma) - por la reserva -vecinos auto convocados -(ciudad autónoma) – acción por la biodiversidad (marcos paz) - asoc.ambientalista del sur (bahía blanca) - asoc.contra la contaminación ambiental (esteban echeverria) – asoc. ecológica de lanús - bios argentina (mar del plata) - centro de observación de la naturaleza ( mar del plata) - comision ecologica de ituzaingo - ecología y crecimiento con organización solidaria (Saladillo) - fundación nuevo horizonte (olavarria) - fundación uñopatun (carmén de patagones) - iniciativa radial (temperley) -reconciliarnos con la tierra (marcos paz) - eco sitio (villa maría) -fund. argentina de energías alternativas y renovables (cordoba) - fundación para la defensa del ambiente (cordoba) - agrup.ambientalista valle azul (yacanto) - fundacion ambiente total (resistencia ) - movimiento antinuclear del chubut (trelew) – foro ecologista de parana - instituto argentino de investigaciones espeleologicas (malargue mza) - fundación cullunche (mendoza) - asoc.civil de ecologia social (neuquén) - asoc.conservación patagónica (san martín y junin de los andes ) -asoc ambientalista piuke (bariloche) - asoc.para la protección de la naturaleza lihue (bariloche) - sociedad ecológica regional ( el bolsón) - fundación inti cuyum ( san luis) - centro de protección a la naturaleza (santa fe) - asoc. parque federal (santa fe)- centro ecologista renacer (villa constitución -sta fe) - muyuqui (santa fe) - vida si! (tucumán) - pro eco grupo ecologista (tucumán)
Fecha de Publicación: 21/07/2009
Fuente: Renace
Provincia/Región: Nacional
Como ecologistas consideramos imprescindible dar a conocer nuestra visión sobre el estado de situación socioambiental de la Argentina.
Nuestro planeta se encuentra inmerso en una profunda transformación, siendo el signo más evidente el Cambio Climático Global a partir de la Revolución Industrial e incrementado en la segunda mitad del siglo XX, que es el momento en que al modelo de producción expoliador de los bienes comunes naturales se suma un modelo de consumo insostenible, insustentable y depredador destinado a incrementar las ganancias de las corporaciones y sus socios en todo el mundo.
Nuestro país recibe los impactos a través de redistribución de lluvias, sequías e inundaciones, en ciclos que se aceleran con cada nueva estación, y efectos que se sienten no sólo en el sistema agropecuario o en inundaciones urbanas, sino también en el regreso o incremento de enfermedades tropicales como el dengue o la leishmaniasis y la aparición de nuevas plagas.
Sólo una visión muy sesgada de la realidad puede pretender que el deterioro de la calidad de vida se encuentra asociado de manera unívoca a las cuestiones económicas, políticas o sociales; bajo esa visión reducida de los procesos económicos-productivos y sociales, se obvia la referencia del componente más importante: nuestro ambiente.
El modelo extractivo de recursos primarios para alimentar el consumismo voraz del Norte, la generación de energía sin debatir para qué y para quién, comprometiendo a los sistemas sostenedores de la vida y a las culturas con el fin de sostener al Mercado y cada vez más alejada del concepto del buen vivir, afecta no sólo a las generaciones futuras sino también a las actuales.
En un recorrido por los problemas ambientales de nuestro país, vemos que todos los casos coinciden en sumar conflictos en la sociedad, un determinado modelo de producción y consumo y el soporte natural.
A lo largo de toda la zona cordillerana, las explotaciones mineras a cielo abierto, como Bajo La Alumbrera y Veladero, por citar sólo dos de los emprendimientos mineros más emblemáticos, están destruyendo el paisaje, los glaciares y un modo de vida sostenible, secando las escasas reservas de agua y contaminando con cianuro y/o ácido sulfúrico y metales pesados, más allá de las fronteras provinciales tal como se ha podido detectar en Tucumán (canal DP2) y en Lago de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
La organización, la insurrección y la vigilia permanente de la población local, que ve afectado su futuro y el de sus hijos, han podido detener algunos proyectos como en Esquel (Chubut) que inició el camino de seis provincias que legislaron contra la minería a cielo abierto y/o lixiviación con compuestos químicos.
Cabe destacar la influencia de los poderes del estado nacional que intenta evitar el procesamiento por contaminación del vicepresidente de mina La Alumbrera, causa aceptada por la Cámara Federal con asiento en la Provincia de Tucumán y convertida en el primer caso de América Latina en su tipo. Mientras tanto, un tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno entrega la Cordillera de los Andes a un tercer país en manos de las corporaciones del sector extractivo, ante la ceguera acordada por la comunidad política nacional.
En la Patagonia, vemos que el permanente acecho de la minería hidro-química contaminante, el proceso de eutrofización y contaminación industrial, agroquímica, petrolera y cloacal de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, el sobrepastoreo, la destrucción del bosque cordillerano a través de los incendios o la siembra intensiva y extensiva de especies exóticas, la apropiación de fuentes de agua, la extranjerización del territorio, la explotación del petróleo, el proyecto latente del establecimiento de un basurero nuclear y la persecución y el despojo a los pueblos originarios a ambos lados de la cordillera está llevando a esta rica y hermosa región a un callejón sin salida.
La amenaza de la explotación de uranio en diversos puntos del país refiere directamente al desmanejo ambiental histórico de la CNEA en Malargüe, Sierra Pintada, Los Gigantes, Los Adobes, Don Otto sitio Tonco, etc., donde se acumulan toneladas de desperdicios, escoria radiactiva con remediación pendiente desde hace más de 25 años. Las poblaciones se ven afectadas por “colas” abandonadas por más de 30 años que comprenden en opinión de la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, “más del 80% del decaimiento del uranio 238” reconociendo que se trata de “partículas cancerígenas”.-
En el centro del país, y en un salvaje proceso de expansión de las fronteras agropecuarias para atender a los mercados externos, se destruyen e incendian montes y bosques nativos, se avanza expulsando a miles de campesinos, pequeños productores y trabajadores del campo que terminan engrosando las villas miserias de las grandes ciudades. Se elimina la biodiversidad y se modifican los ciclos agrícolas, abriendo paso al monocultivo de soja transgénica con el sistema de siembra directa y más de 250 millones de litros de agrotóxicos por campaña rociados sobre las cabezas de la población urbana y rural, que sufren las consecuencias de década y media de fumigaciones, aún cuando existe suficiente evidencia científica sobre su toxicidad aguda y crónica. Los efectos cancerígenos, acción mutagénica, contaminación de alimentos y persistencia en suelos y cultivos, han sido demostrados en forma fehaciente por numerosas investigaciones en nuestro país y el mundo, incluyendo los últimos aportes del Dr. Andrés Carrasco, Director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA. En coincidencia con los grupos económicos, ni los gobiernos ni el SENASA han dado acuse de recibo de tales investigaciones.
El paisaje cotidiano de silos y máquinas fumigadoras dentro de las áreas urbanas, otrora símbolo de progreso, comienza a percibirse como una agresión a la salud de los ciudadanos, que se movilizan en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Misiones, etc.
Como efecto colateral a este proceso de agricultura sin agricultores, nuestras carnes, antes de renombre internacional, pierden calidad y ventajas comparativas al confinarse al ganado vacuno a las peores tierras o a los feed-lots, obligándolos a consumir alimentos balanceados de muy dudosa calidad, hacinados en corrales, enterrados en los barros de sus propias orinas, con escaso control sanitario y el fantasma de la “vaca loca” rondando los corrales, y con el alto riesgo de probables recombinaciones virales, como está sucediendo con la Gripe A.. Una situación similar ocurre con la producción tambera, habiendo eliminado actividades generadoras de mano de obra o produciendo leche maternizada con altos contenidos de pesticidas. O peor aún, pretendiéndo reemplazarla por el jugo de soja (mal llamado leche de soja).
La pérdida de los cinturones verdes fruti hortícolas ante el avance de la soja, otrora generadores de mano de obra y proveedores de alimentos frescos a escala local y regional, productos básicos de nuestra Soberanía Alimentaria, han desaparecido de la dieta de muchos argentinos que hoy no pueden acceder a ellos ni en cantidad ni en calidad, con el consecuente incremento de enfermedades de la malnutrición.
La destrucción de los hábitats naturales conlleva la desaparición o retroceso numérico de aves, insectos, mamíferos, hierbas, arbustos y árboles, que cumplen una función esencial en el mantenimiento del sistema y que ya se encuentran sitiados por la agricultura, las urbanizaciones y el cambio climático.
Presenciamos una política gubernamental errática en su atención a las áreas naturales de conservación, que siempre serán pocas en comparación a las necesidades.
De continuar estas practicas depredadoras, el Monte Chaqueño, la Selva de Montiel, la Selva Misionera y próximamente las Yungas con los últimos bosques nativos del chaco árido y del espinal, serán recordados sólo en fotografías.
Las pesquerías continentales y marítimas se encuentran en proceso de agotamiento por la sobreexplotación: ni sábalo ni merluza forman parte importante de esa variada ictiofauna que nos caracterizaba hasta hace unos años. Y con ellos, desaparece toda una sociedad y una cultura relacionada al recurso.
El Atlántico Sur, uno de los últimos caladeros que quedan, fue diezmado sin escrúpulos por un mercantilismo que arrasa con artes de pesca destructivas del ecosistema marino y que selecciona en sus bodegas sólo las especies más rentables en detrimento de otras, sin importarle la biodiversidad de un medio que contiene aún la mayor diversidad biológica templada–fría del planeta.
La contaminación del aire, del agua y del suelo se acentúa en los parques industriales, con el consiguiente impacto sobre las poblaciones circundantes. En los polos petroquímicos de Bahía Blanca y La Plata (Buenos Aires), Gran Rosario (Santa Fe) y el paradigmático caso del Dock Sud, la Villa Inflamable y la cuenca del Riachuelo-Matanza, a las puertas de la capital nacional y con un impacto directo sobre 5 millones de argentinos, nos encontramos con un estado desarticulado a la hora de ejercer su rol de control.
El reciente conflicto por las pasteras de Fray Bentos, Uruguay, desnudó con vergüenza a nuestras propias plantas de producción de pasta de papel -con los monocultivos asociados de eucaliptos y pinos- y tecnologías productoras de dioxinas, una de las sustancias más tóxicas que ha creado el hombre.
Añadimos el profundo deterioro ambiental que sufre actualmente la costa atlántica, en especial la bonaerense, con motivo del robo de arena de sus playas y el terreno ganado al sistema dunícola por emprendimientos edilicios.
Esto nos remite también a las tierras públicas urbanas donde los inversores inmobiliarios reciben especial atención por parte de las autoridades políticas mientras que los vecinos deben pelear por cada metro cuadrado de espacio verde; la lucha por esos espacios trasciende el romanticismo habiéndose formado redes de ciudadanos movilizados en todas las provincias.
En un país con el 85% de la población residiendo en áreas urbanas, resulta lógico que muchas de las problemáticas estén asociadas a las ciudades, como el inadecuado manejo de residuos cuyo caso más resonante es el CEAMSE y los rellenos sanitarios “regionales” que desnudan la falta de un Plan de Gestión Ambiental de Residuos realista, en el que se incluya una ley de envases que propugne la disminución de la oferta y del uso de productos envasados, fomentando un modelo de consumo que genere menos residuos y promueva el re-uso de los escasos bienes que provee la naturaleza.
La falta de este Plan lleva a justificar la necesidad de los peligrosos rellenos sanitarios o, lo que sería peor, a tratar los residuos mediante la incineración.
Rechazamos toda posibilidad de incinerar residuos, aún los disfrazados como “generadores de energía” porque emiten sustancias altamente peligrosas, como las dioxinas y los furanos. Los incineradores han sido objeto de largas campañas de protesta, ante los oídos sordos oficiales y el aumento de las patologías asociadas a esos tóxicos, en las comunidades en las que se localizan: Zárate, Marcos Paz, Morón, El Bolsón, Crespo, Lanús, entre otras.
La falta de acceso al agua potable y a cloacas sin sistemas de tratamiento, la proliferación de las antenas de telefonía celular sin los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la contaminación del aire por el tránsito automotor y la elevación de las napas freáticas en partidos del Gran Buenos Aires, los transformadores con PCB, la aplicación de pesticidas en los espacios verdes o vias de tren, los ruidos... la lista es muy extensa.
Todo ésto no debe verse en forma separada del hacinamiento y la violencia social, que más sufren los desprotegidos, los que no pueden acceder a los alimentos básicos, los que deben atenderse en hospitales sobresaturados y que terminan, en muchos casos, engrosando las filas del clientelismo político.
Dos elementos básicos para la supervivencia de una sociedad son motivo de discusiones permanentes: la energía y el agua. La matriz energética de nuestro país, basada mayoritariamente en el petróleo y el gas, tiene sus impactos globales y locales por la prospección, la destilación y el aporte de gases de efecto invernadero. La respuesta al futuro son las energías alternativas y hacia ellas, en este momento histórico, debieran apuntar los esfuerzos de toda la sociedad.
En cuanto a la energía nuclear, RENACE entiende que el desarrollo de la generación nucleoeléctrica produce en todo su ciclo un riesgo tal, que excede las posibilidades de protección y guarda. A ésto debe agregarse el empecinamiento oficial en prolongar la vida útil de las centrales nuecleoeléctricas (Atucha y Embalse) sin consultar a la población circundante expuesta al colapso y desatendiendo la obsolescencia de las instalaciones. Atucha II es otro ejemplo de imprudencia mercantil al continuar la construcción de una planta obsoleta en origen, cuya tecnología es previa a la de Chernobyl.
La experiencia demuestra que el Estado, a través de sus distintas administraciones, no ha evitado los pasivos ambientales, sitios contaminados, percances y desmanejos con materiales radiactivos. Ezeiza (contaminación con uranio y nitratos), Malargüe y una docena de emplazamientos (desechos de la extracción de uranio) y Alta Córdoba, (almacenamiento en zona densamente poblada de miles de toneladas de residuos radiactivos), son sólo algunos ejemplos.
El Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, (CNEA) engaña a la población con un cálculo de costo-beneficio que excluye adrede el costo desmesurado de controles, saneamiento, remediación y depósito final que no está en condiciones de ejecutar.
El agua es un recurso vital. Esto lo saben las poblaciones de las zonas áridas, donde hoy deben disputar su posesión con los emprendimientos mineros devoradores de agua y energía. Pero también donde abunda debe ser utilizada racionalmente: el agotamiento y contaminación del acuífero Puelches es un llamado de alerta, al igual que la extracción de agua termal salada proveniente del Sistema Acuífero Guaraní y el posterior vuelco de la misma a los cursos superficiales.
Por otro lado, las cíclicas sequías e inundaciones del Gran Chaco se han incrementado con la sistemática destrucción del otrora “Impenetrable”, poniendo en serio peligro la subsistencia de grandes poblaciones. En las ciudades, mientras tanto, el agua potable que cada vez cuesta más producir, se derrocha en usos suntuarios.
Asimismo no podemos dejar de manifestar nuestro más enérgico repudio al veto de la ley de glaciares, medida que somete a nuestras cuencas al espurio mercado minero merced a imposiciones de transnacionales del sector. La Cordillera de los Andes fabrica el agua que nutre al conjunto del continente sudamericano.
Acompañando todo este proceso, los profesionales y técnicos de nuestras Universidades argentinas egresan de una institución que se sostiene en parte por las dádivas de las empresas más contaminantes del país. Esa paradoja es denunciada y rechazada por numerosas casas de estudio. RENACE se pregunta ¿adónde está la ética de formar un profesional con fondos de industrias probadamente contaminantes?. ¿Qué independencia tiene ese profesional, a la hora de auditar a la industria que lo formó?
Esta política nacional, social y ecológicamente insostenible, se alienta desde las estructuras del IIRSA, (Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana) que responde a los planes de consolidación y dominio de los países del Norte en pos del despojo de los recursos naturales, para nosotros bienes comunes naturales, sometiendo a nuestros territorios a la contaminación irreparable, la destrucción de comunidades y depredación en todas sus formas.
En este breve recorrido por una extensión tan amplia como es nuestro territorio nacional, encontramos pruebas que permiten ratificar que los problemas sociales generan problemas ambientales y los problemas ambientales generan problemas sociales. Y ambos son hoy de una gravedad tal que nos pone a todos lo habitantes de esta tierra en serio riesgo de vida.
La solicitud
Por todo ello, la RED NACIONAL DE ACCIÓN ECOLOGISTA (RENACE), reclama y exige al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Provinciales y Municipales y a nuestros representantes electos, que se declare la Emergencia socioambiental en todo el territorio de la República Argentina.
Pretendemos que se asuma la calidad de vida de todos los argentinos como una Política de Estado, ratificando el art.Nº 41 de nuestra Constitución Nacional, para lo cual es necesario que las estructuras gubernamentales y la sociedad en su conjunto debatan sobre estos problemas que amenazan nuestra vida presente y futura, asumiendo los cambios necesarios en la educación; a través de acciones punitivas a aquellos que transgredan; recuperando la Soberanía Alimentaria mediante el fomento de las producciones alternativas; protegiendo la biodiversidad, promoviendo las energías renovables y limpias y modos de producción y consumo que respeten los derechos de los que heredarán este país.
Este es el único camino viable que ayudará a los pueblos a conservar la Tierra, nuestra casa grande, como único lugar posible para la vida que conocemos.
Red Nacional de Accion Ecologista - www.renace.net
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA
desde 1984
asoc.amigos del lago de palermo (ciudad autónoma) -centro ambiental argentino (ciudad autónoma) - por la reserva -vecinos auto convocados -(ciudad autónoma) – acción por la biodiversidad (marcos paz) - asoc.ambientalista del sur (bahía blanca) - asoc.contra la contaminación ambiental (esteban echeverria) – asoc. ecológica de lanús - bios argentina (mar del plata) - centro de observación de la naturaleza ( mar del plata) - comision ecologica de ituzaingo - ecología y crecimiento con organización solidaria (Saladillo) - fundación nuevo horizonte (olavarria) - fundación uñopatun (carmén de patagones) - iniciativa radial (temperley) -reconciliarnos con la tierra (marcos paz) - eco sitio (villa maría) -fund. argentina de energías alternativas y renovables (cordoba) - fundación para la defensa del ambiente (cordoba) - agrup.ambientalista valle azul (yacanto) - fundacion ambiente total (resistencia ) - movimiento antinuclear del chubut (trelew) – foro ecologista de parana - instituto argentino de investigaciones espeleologicas (malargue mza) - fundación cullunche (mendoza) - asoc.civil de ecologia social (neuquén) - asoc.conservación patagónica (san martín y junin de los andes ) -asoc ambientalista piuke (bariloche) - asoc.para la protección de la naturaleza lihue (bariloche) - sociedad ecológica regional ( el bolsón) - fundación inti cuyum ( san luis) - centro de protección a la naturaleza (santa fe) - asoc. parque federal (santa fe)- centro ecologista renacer (villa constitución -sta fe) - muyuqui (santa fe) - vida si! (tucumán) - pro eco grupo ecologista (tucumán)
Terraplén: justicia pidió el EIA
Terraplén: por primera vez la Justicia pidió el estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 21/07/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
La Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó a la Provincia los documentos técnicos sobre el terraplén no autorizado en el paraje Yahaveré, departamento de Concepción. El pedido de la Justicia se realizó a través del Juzgado Civil y Comercial Nº 12 de la ciudad de Corrientes.
El documento solicitado por el máximo órgano judicial es el expediente iniciado en el Instituto Correntino del Agua y de Ambiente (Icaa) el 14 de noviembre de 2008 en el que consta la actualización del Estudio de Impacto Ambiental (Esia) del terraplén no autorizado presentado por Haciendas San Eugenio SA (ex Forestal Andina) cuando estaba expedida la sentencia judicial de demolición.
El estudio corresponde a una presentación realizada por los representantes legales de Haciendas San Eugenio actualizando el documento original que consta en el expediente iniciado en el Icaa el 17 de enero de 2006 solicitando “la Evaluación de Impacto Ambiental que determine la factibilidad de la destrucción del camino “.
Asimismo, el expediente presenta -entre otros documentos- los informes correspondientes a la audiencia de conciliación realizada en diciembre de 2008 que tuviera lugar en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 en la que se estableció la operativa que lleve al cumplimento de la sentencia judicial y la obligatoriedad por parte de la empresa de presentar el Plan de Trabajo con el proyecto técnico, acciones a desarrollar, equipamiento, cronograma y el Plan de Gestión Ambiental para la etapa de destrucción.
El Plan de Trabajo de demolición del camino fue presentado al Icaa por el representante legal de Hacienda San Eugenio el 5 de enero de este año que, según la opinión de los técnicos del organismo provincial, era insuficiente, así como el Plan de Gestión Ambiental, por lo que se requirió ampliatoria de los mismos.
Fecha de Publicación: 21/07/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
La Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó a la Provincia los documentos técnicos sobre el terraplén no autorizado en el paraje Yahaveré, departamento de Concepción. El pedido de la Justicia se realizó a través del Juzgado Civil y Comercial Nº 12 de la ciudad de Corrientes.
El documento solicitado por el máximo órgano judicial es el expediente iniciado en el Instituto Correntino del Agua y de Ambiente (Icaa) el 14 de noviembre de 2008 en el que consta la actualización del Estudio de Impacto Ambiental (Esia) del terraplén no autorizado presentado por Haciendas San Eugenio SA (ex Forestal Andina) cuando estaba expedida la sentencia judicial de demolición.
El estudio corresponde a una presentación realizada por los representantes legales de Haciendas San Eugenio actualizando el documento original que consta en el expediente iniciado en el Icaa el 17 de enero de 2006 solicitando “la Evaluación de Impacto Ambiental que determine la factibilidad de la destrucción del camino “.
Asimismo, el expediente presenta -entre otros documentos- los informes correspondientes a la audiencia de conciliación realizada en diciembre de 2008 que tuviera lugar en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 en la que se estableció la operativa que lleve al cumplimento de la sentencia judicial y la obligatoriedad por parte de la empresa de presentar el Plan de Trabajo con el proyecto técnico, acciones a desarrollar, equipamiento, cronograma y el Plan de Gestión Ambiental para la etapa de destrucción.
El Plan de Trabajo de demolición del camino fue presentado al Icaa por el representante legal de Hacienda San Eugenio el 5 de enero de este año que, según la opinión de los técnicos del organismo provincial, era insuficiente, así como el Plan de Gestión Ambiental, por lo que se requirió ampliatoria de los mismos.
La polémica por los acueductos en Santa Fe
La polémica por los acueductos en Santa Fe
Fecha de Publicación: 21/07/2009
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Santa Fe
El Gobierno abrió los sobres de la oferta económica para la primera etapa del Sistema Provincial de Grandes Acueductos y cuando vieron los precios cotizados por las empresas estalló la polémica: las cifras solicitadas por los empresarios prácticamente duplicaban el presupuesto oficial.
El híper crítico diputado obeidista Mario Lacava le pidió al Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente Antonio Ciancio que dé un paso al costado "después de su desastrosa gestión". El Ministro Ciancio no ahorró suspicacias para responderle a Lacava: "me parece que Lacava tiene simpatías e interés por una de las empresas", descerrajó, tras considerar que no lo habían sorprendido las ofertas económicas de los dos grupos y que "la licitación va muy bien".
Lacava no se había andado con chicas a la hora de criticar la licitación: "fue un final anunciado: fracasó totalmente la licitación de los acueductos y los santafesinos otra vez postergados en su derecho al agua por impericia, inoperancia, soberbia y desinterés de la actual gestión política y técnica del Ministerio de Aguas y del Gobierno del Dr. Binner", disparó el diputado por LT 9 de esta capital. El legislador recordó que "dejaron sin efecto en el 2007 la licitación de grandes acueductos y se pasaron dos años con marchas y contramarchas que les hizo perder una financiación extraordinaria y barata y un contexto provincial, nacional e internacional favorable y ahora los resultados lamentablemente están a la vista: la oferta más baja 1.650 millones de pesos casi duplica los 900 millones del presupuesto oficial y alguien tendrá que hacerse responsable de lo ocurrido".
El Ministro de Binner dijo que "no nos sorprendieron para nada las ofertas cuando abrimos los sobres; ahora hay que analizarlas ya que el presupuesto de 2008 debe ser actualizado al momento de la licitación, que fue en febrero de 2009. Los precios de las dos ofertas contienen los intereses de la financiación. Hay que dejar que la comisión trabaje y analice esto", señaló Ciancio, quien sobre los dichos del diputado Lacava expresó que "eso es propio del diputado Lacava; hay que tomarlo como de quien viene. El siempre plantea las cosas desde los extremos, siempre plantea cuestiones apocalípticas y acá de lo que se trata es de poner el cerebro en funcionamiento y ver si hay una oferta ganadora, hay que analizarla en forma transparente y después veremos".
El presupuesto oficial es de $ 992.869.438, pero las dos ofertas que se presentaron superaron ampliamente esta cifra. De todas maneras, hay que destacar que el presupuesto provincial data del 2008 y no tiene en cuenta, al día de la apertura de sobres el estallido inflacionario del último año.
La primera oferta presupuestó $ 1.924 millones y la segunda $ 1.862 millones.
Mario Lacava siguió memorando: "al asumir el Dr. Binner y respetuosos de la decisión política de quienes habían ganado las elecciones y comenzaban a gobernar, les advertimos de mil maneras en aquel momento que iban a perder el tiempo y una gran oportunidad de contexto y financiación favorable. Autistas y soberbios no nos escucharon. Bajaron el proyecto de Grandes Acueductos y pasó lo que estaba escrito que iba a pasar, hoy no tenemos ni grandes ni pequeños acueductos".
El Ministro Ciancio hizo notar que "plantear las cosas de esta manera no ayuda en nada a que la Provincia tenga agua, ya que ellos en 24 años no hicieron nada para que así ocurriera. Por otro lado, no ayuda al consenso, al diálogo político y a todo lo que estamos tratando de llevar adelante", señaló.
Fecha de Publicación: 21/07/2009
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Santa Fe
El Gobierno abrió los sobres de la oferta económica para la primera etapa del Sistema Provincial de Grandes Acueductos y cuando vieron los precios cotizados por las empresas estalló la polémica: las cifras solicitadas por los empresarios prácticamente duplicaban el presupuesto oficial.
El híper crítico diputado obeidista Mario Lacava le pidió al Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente Antonio Ciancio que dé un paso al costado "después de su desastrosa gestión". El Ministro Ciancio no ahorró suspicacias para responderle a Lacava: "me parece que Lacava tiene simpatías e interés por una de las empresas", descerrajó, tras considerar que no lo habían sorprendido las ofertas económicas de los dos grupos y que "la licitación va muy bien".
Lacava no se había andado con chicas a la hora de criticar la licitación: "fue un final anunciado: fracasó totalmente la licitación de los acueductos y los santafesinos otra vez postergados en su derecho al agua por impericia, inoperancia, soberbia y desinterés de la actual gestión política y técnica del Ministerio de Aguas y del Gobierno del Dr. Binner", disparó el diputado por LT 9 de esta capital. El legislador recordó que "dejaron sin efecto en el 2007 la licitación de grandes acueductos y se pasaron dos años con marchas y contramarchas que les hizo perder una financiación extraordinaria y barata y un contexto provincial, nacional e internacional favorable y ahora los resultados lamentablemente están a la vista: la oferta más baja 1.650 millones de pesos casi duplica los 900 millones del presupuesto oficial y alguien tendrá que hacerse responsable de lo ocurrido".
El Ministro de Binner dijo que "no nos sorprendieron para nada las ofertas cuando abrimos los sobres; ahora hay que analizarlas ya que el presupuesto de 2008 debe ser actualizado al momento de la licitación, que fue en febrero de 2009. Los precios de las dos ofertas contienen los intereses de la financiación. Hay que dejar que la comisión trabaje y analice esto", señaló Ciancio, quien sobre los dichos del diputado Lacava expresó que "eso es propio del diputado Lacava; hay que tomarlo como de quien viene. El siempre plantea las cosas desde los extremos, siempre plantea cuestiones apocalípticas y acá de lo que se trata es de poner el cerebro en funcionamiento y ver si hay una oferta ganadora, hay que analizarla en forma transparente y después veremos".
El presupuesto oficial es de $ 992.869.438, pero las dos ofertas que se presentaron superaron ampliamente esta cifra. De todas maneras, hay que destacar que el presupuesto provincial data del 2008 y no tiene en cuenta, al día de la apertura de sobres el estallido inflacionario del último año.
La primera oferta presupuestó $ 1.924 millones y la segunda $ 1.862 millones.
Mario Lacava siguió memorando: "al asumir el Dr. Binner y respetuosos de la decisión política de quienes habían ganado las elecciones y comenzaban a gobernar, les advertimos de mil maneras en aquel momento que iban a perder el tiempo y una gran oportunidad de contexto y financiación favorable. Autistas y soberbios no nos escucharon. Bajaron el proyecto de Grandes Acueductos y pasó lo que estaba escrito que iba a pasar, hoy no tenemos ni grandes ni pequeños acueductos".
El Ministro Ciancio hizo notar que "plantear las cosas de esta manera no ayuda en nada a que la Provincia tenga agua, ya que ellos en 24 años no hicieron nada para que así ocurriera. Por otro lado, no ayuda al consenso, al diálogo político y a todo lo que estamos tratando de llevar adelante", señaló.
Política ambiental al estilo PRO
Política ambiental al estilo PRO
Fecha de Publicación: 20/07/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
El gobierno de Macri autorizó a la empresa Servicios Helicenter, propiedad de su amigo Rattazzi, a operar un helipuerto cercano al mayor espacio verde de la ciudad. La asociación Por la Reserva define la situación como “una locura”.
En la Reserva Ecológica de la Costanera Sur está prohibido hacer ruidos molestos, perturbar a los animales o realizar actividades de impacto ambiental negativo. Son disposiciones taxativas que a partir del 8 de julio quedaron en el aire (literalmente en el aire) por la autorización que le dio el gobierno porteño a la empresa Servicios Helicenter SA para operar el helipuerto cercano al más grande de los espacios verdes de la ciudad. Los daños que ya denuncian los sectores ambientalistas, vecinos de Puerto Madero y usuarios del predio de 360 hectáreas son inmensurables. Y están avalados por una resolución de la Defensoría del Pueblo firmada el 8 de enero que recomendó se “caracterice el espacio aéreo de la Reserva Ecológica Costanera Sur como zona restringida para el vuelo de aeronaves”. La Agencia de Protección Ambiental (APRA), a cargo de la ingeniera Graciela Gerola, no tomó en cuenta ninguna de esas opiniones y le extendió un certificado de aptitud ambiental a la iniciativa comercial de Cristiano Rattazzi, un empresario muy cercano al jefe de gobierno Mauricio Macri.
Viajar en helicóptero no es para cualquiera y sobrevolar la reserva ecológica o aterrizar a metros de ella, se trata de un lujo que cotiza en dólares. Lo que no tiene precio y hoy resulta difícil de medir es qué ocurrirá con las doscientas cincuenta especies de aves, veintitrés de reptiles, diez de mamíferos y nueve de anfibios que habitan el humedal, protegido por el decreto nacional 453/93 que prohíbe la utilización de aeronaves a menos de tres mil pies, con la excepción de fines científicos, de manejo, control y vigilancia. Los helicópteros Bell de la compañía que preside Rattazzi, a priori, no tienen destinadas esas actividades. Llevarán a hombres de negocios que estén dispuestos a pagar entre 900 y 3000 dólares la hora con el objetivo de evitar los problemas de tránsito que plantea Buenos Aires. En Internet, hay compañías que ofrecen el trayecto Ezeiza -Puerto Madero en un Bell B206 a razón de 495 dólares por un viaje que dura diez minutos.
Como “una locura más” define la asociación civil Por la Reserva al emprendimiento que está ubicado sobre lo que fuera la ex ciudad deportiva de Boca, adquirida tras varios años de abandono por el grupo IRSA, que proyectó ahí un barrio cerrado con once torres al que llamó Santa María del Plata. En la documentación que presentó ante la APRA, Rattazzi citó que la ciudad de San Pablo, en Brasil, tiene 220 helipuertos al lado de Buenos Aires que no supera la docena. Ese era el ejemplo que más le convenía. Nueva York apenas cuenta con tres y los helicópteros “no vuelan sobre el Central Park”, señalan los ambientalistas de Por la Reserva.
Cuando el empresario –que también compra y vende aeronaves desde Modena Helicópteros SA– pretendió inaugurar su helipuerto Baires Madero en abril de 2007, supuso que le bastaría con un permiso de la Fuerza Aérea y que nada tendría que hacer la ciudad. Promocionó una fiesta con fotografías que tomó desde un helicóptero y un plano de la ruta aérea, sin reparar que las había sacado mientras sobrevolaba la Reserva Ecológica. Pero a los pocos días, el juez Roberto Gallardo le frustró la iniciativa dándole lugar a un amparo presentado por el diputado Pablo Failde. El gobierno porteño, que por entonces conducía Jorge Telerman, también había solicitado un estudio de impacto ambiental.
Pasaron dos años y casi tres meses de aquella medida cautelar y el helipuerto quedó en condiciones legales de operar gracias al certificado de APRA. No importó que la Defensoría del Pueblo porteña señalara que el decreto 740/07 (reglamentario de la Ley 1540 de Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad de Buenos Aires) determina que “la Reserva Ecológica Costanera Sur es considerada como área de sensibilidad acústica de Tipo 1, por lo que los límites máximos de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior están establecidos en 60 decibeles para período diurno y 50 para período nocturno”. Desde el gobierno se argumenta que esos niveles no son superados. Aunque la capacidad para recibir a treinta helicópteros que tiene la pista se verá reducida porque el organismo autorizante restringió a cinco la cantidad de vuelos diarios.
Macri y el empresario que controla o tiene participación en diecinueve compañías (Fiat Argentina, Fiat Concord, Iveco, Bormida y Unión Constructores Argentinos, son algunas de ellas) suelen coincidir en reuniones sociales o empresariales con cierta frecuencia, sobre todo en las que organiza la automotriz italiana.
Los dos saben que viajar en helicóptero es un placer sólo reservado para la gente de negocios o para cubrir los traslados de políticos en campaña. Néstor Kirchner, por ejemplo, alquiló un Bell 427 de la compañía Modena para recorrer la provincia de Buenos Aires. Rattazzi supo aprovechar muy bien esta demanda. Ahora, con el helipuerto aprobado, sus aparatos ya tienen un lugar exclusivo para despegar, a pasos de la Reserva Ecológica. En buena medida se lo debe al gobierno de su amigo Macri, que administra la cuarta ciudad más ruidosa del mundo y la primera de Latinoamérica en contaminación sonora.
Fecha de Publicación: 20/07/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
El gobierno de Macri autorizó a la empresa Servicios Helicenter, propiedad de su amigo Rattazzi, a operar un helipuerto cercano al mayor espacio verde de la ciudad. La asociación Por la Reserva define la situación como “una locura”.
En la Reserva Ecológica de la Costanera Sur está prohibido hacer ruidos molestos, perturbar a los animales o realizar actividades de impacto ambiental negativo. Son disposiciones taxativas que a partir del 8 de julio quedaron en el aire (literalmente en el aire) por la autorización que le dio el gobierno porteño a la empresa Servicios Helicenter SA para operar el helipuerto cercano al más grande de los espacios verdes de la ciudad. Los daños que ya denuncian los sectores ambientalistas, vecinos de Puerto Madero y usuarios del predio de 360 hectáreas son inmensurables. Y están avalados por una resolución de la Defensoría del Pueblo firmada el 8 de enero que recomendó se “caracterice el espacio aéreo de la Reserva Ecológica Costanera Sur como zona restringida para el vuelo de aeronaves”. La Agencia de Protección Ambiental (APRA), a cargo de la ingeniera Graciela Gerola, no tomó en cuenta ninguna de esas opiniones y le extendió un certificado de aptitud ambiental a la iniciativa comercial de Cristiano Rattazzi, un empresario muy cercano al jefe de gobierno Mauricio Macri.
Viajar en helicóptero no es para cualquiera y sobrevolar la reserva ecológica o aterrizar a metros de ella, se trata de un lujo que cotiza en dólares. Lo que no tiene precio y hoy resulta difícil de medir es qué ocurrirá con las doscientas cincuenta especies de aves, veintitrés de reptiles, diez de mamíferos y nueve de anfibios que habitan el humedal, protegido por el decreto nacional 453/93 que prohíbe la utilización de aeronaves a menos de tres mil pies, con la excepción de fines científicos, de manejo, control y vigilancia. Los helicópteros Bell de la compañía que preside Rattazzi, a priori, no tienen destinadas esas actividades. Llevarán a hombres de negocios que estén dispuestos a pagar entre 900 y 3000 dólares la hora con el objetivo de evitar los problemas de tránsito que plantea Buenos Aires. En Internet, hay compañías que ofrecen el trayecto Ezeiza -Puerto Madero en un Bell B206 a razón de 495 dólares por un viaje que dura diez minutos.
Como “una locura más” define la asociación civil Por la Reserva al emprendimiento que está ubicado sobre lo que fuera la ex ciudad deportiva de Boca, adquirida tras varios años de abandono por el grupo IRSA, que proyectó ahí un barrio cerrado con once torres al que llamó Santa María del Plata. En la documentación que presentó ante la APRA, Rattazzi citó que la ciudad de San Pablo, en Brasil, tiene 220 helipuertos al lado de Buenos Aires que no supera la docena. Ese era el ejemplo que más le convenía. Nueva York apenas cuenta con tres y los helicópteros “no vuelan sobre el Central Park”, señalan los ambientalistas de Por la Reserva.
Cuando el empresario –que también compra y vende aeronaves desde Modena Helicópteros SA– pretendió inaugurar su helipuerto Baires Madero en abril de 2007, supuso que le bastaría con un permiso de la Fuerza Aérea y que nada tendría que hacer la ciudad. Promocionó una fiesta con fotografías que tomó desde un helicóptero y un plano de la ruta aérea, sin reparar que las había sacado mientras sobrevolaba la Reserva Ecológica. Pero a los pocos días, el juez Roberto Gallardo le frustró la iniciativa dándole lugar a un amparo presentado por el diputado Pablo Failde. El gobierno porteño, que por entonces conducía Jorge Telerman, también había solicitado un estudio de impacto ambiental.
Pasaron dos años y casi tres meses de aquella medida cautelar y el helipuerto quedó en condiciones legales de operar gracias al certificado de APRA. No importó que la Defensoría del Pueblo porteña señalara que el decreto 740/07 (reglamentario de la Ley 1540 de Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad de Buenos Aires) determina que “la Reserva Ecológica Costanera Sur es considerada como área de sensibilidad acústica de Tipo 1, por lo que los límites máximos de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior están establecidos en 60 decibeles para período diurno y 50 para período nocturno”. Desde el gobierno se argumenta que esos niveles no son superados. Aunque la capacidad para recibir a treinta helicópteros que tiene la pista se verá reducida porque el organismo autorizante restringió a cinco la cantidad de vuelos diarios.
Macri y el empresario que controla o tiene participación en diecinueve compañías (Fiat Argentina, Fiat Concord, Iveco, Bormida y Unión Constructores Argentinos, son algunas de ellas) suelen coincidir en reuniones sociales o empresariales con cierta frecuencia, sobre todo en las que organiza la automotriz italiana.
Los dos saben que viajar en helicóptero es un placer sólo reservado para la gente de negocios o para cubrir los traslados de políticos en campaña. Néstor Kirchner, por ejemplo, alquiló un Bell 427 de la compañía Modena para recorrer la provincia de Buenos Aires. Rattazzi supo aprovechar muy bien esta demanda. Ahora, con el helipuerto aprobado, sus aparatos ya tienen un lugar exclusivo para despegar, a pasos de la Reserva Ecológica. En buena medida se lo debe al gobierno de su amigo Macri, que administra la cuarta ciudad más ruidosa del mundo y la primera de Latinoamérica en contaminación sonora.
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