El Paraná sigue en descenso
14:37 | 
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El Paraná sigue en descenso
Fecha de Publicación: 21/05/2009
Fuente: Mega24
Provincia/Región: Mesopotamia
Aunque desde Prefectura Naval garantizan el tránsito fluvial, la navegación se hace más difícil por la bajante del río. La tendencia seguirá hasta el 24, estiman. En algunas ciudades entrerrianas, hay dificultades para conseguir agua potable y en Santa Fe se complican las operaciones comerciales
A consecuencia de la sequía, y pronósticos poco alentadores de posibles lluvias, el nivel del río Paraná sigue en baja. Si bien en ciudades entrerrianas esta situación ya está causando problemas de desabastecimiento de agua potable, en esta zona del país aún no se siente esta problemática.
No obstante, fuerzas de Prefectura señalan que estas condiciones obligaron a los buques navegar con mayor precaución para evitar quedarse varados -como ocurrió con algunos en la zona de Empedrado-. Según las proyecciones, recién para el 24 se estima que las aguas tendrán un leve ascenso. Ayer, el descenso del río llegó a 1.54 metro.
Según lo informado por Prefectura Naval Corrientes, en la mañana de ayer el nivel del Paraná estaba en 1.72 metro, sin embargo por la tarde -el parte de las 18- informó una marca de 1.54 metro, con tendencia bajante para los próximos días.
“La tendencia es fluctuante, pero continúa las mediciones continúan en baja”, comentó a El Litoral el prefecto principal Rodolfo Héctor González; al tiempo que señaló que para que el río ascienda dependerá de las lluvias que ocurran en las altas cuencas del Guayrá, al sur de Brasil, y desembocan en el Paraná.
Un repunte podría ocurrir recién el 24, expresó el prefecto principal. “Según el informe recibido ayer por el Instituto Nacional del Agua (INA), para esa fecha se estima que el nivel del Paraná estará en 2.05 metros; mientras que para el 29 descenderá a 1.95 metro”.
Si bien el prefecto garantizó el tránsito fluvial, “el inconveniente es que los buques deben tomar mayor precaución para transportar los convoys; deben desarmarlos para no quedarse varados, y esto implica mayor tiempo para trasladarse y trabajo, porque le demanda más maniobra”.
En este sentido, recordó que la semana pasada dos naves de bandera paraguaya quedaron estancadas a la altura de Empedrado.
Una fue rescatado por prefecturianos el miércoles pasado, en tanto que en la tarde del martes, con ayuda de remolcadores, se terminó de trasladar la última barcaza de la otra embarcación guaraní, varada en el kilómetro 1152 del río Paraná, a unos 10 kilómetros aguas arriba de Empedrado, informó González.
Si bien reconoció que en la zona de Entre Ríos están teniendo inconvenientes con la bajante del Paraná, el prefecto principal resaltó que “en la jurisdicción de Corrientes actualmente no tenemos buques varados ni esos tipos de problemas”.
Por caso, recordó que por el descenso del Paraná, el puerto Barranqueras no puede operar para abastecer a los navíos de combustible. En consecuencia, la semana pasada, como una medida de emergencia, el puerto local fue elegido, a nivel regional, para realizar estar operaciones.
En este sentido, González informó que en la noche del martes “partió el primer remolcador de la empresa paraguaya Don Antonio con dos camiones completo de combustible. Unos 70 mil litros de gasoil”, contó.
Ciudades en riesgo
En Entre Ríos se habla de la histórica bajante de los ríos Uruguay y Paraná. Hay ciudades que ya están sufriendo desabastecimiento de agua potable, porque el nivel de los ríos se encuentra por debajo de las tomas. Las autoridades prevén que, en los próximos días, la situación se agrave, ya que la poca agua que corre aumentará su nivel de contaminación como consecuencia de los efluentes de cloacas y de los desagües, señaló un informe de La Nación.
Las consecuencias serán mayores y complicarán el abastecimiento de energía de la región, ya que sólo dos de las 14 turbinas de la represa Salto Grande, sobre el Uruguay, están funcionando. El río Uruguay presenta por estos días un registro de bajante que la ubica apenas unos centímetros por encima del cero. La falta de lluvias en toda la cuenca es la principal causa de este fenómeno, reconoció el jefe de la Prefectura Puerto Concepción del Uruguay, Walter Ariel Rosende.
También el río Paraná sigue bajando en todo su curso medio e inferior, y acentúa la preocupación de las autoridades portuarias de la provincia de Santa Fe -especialmente en el Gran Rosario- donde se encuentra instalado el polo oleaginoso más importante del país, cuyas operaciones están hoy comprometidas.
En el norte ya se encuentran fuera de servicio las balsas y lanchas de pasajeros, entre Reconquista (Santa Fe) y Goya (Corrientes).
Incendio en la isla
Al cierre de esta edición, el titular de la Prefectura Naval Corrientes, junto con otros uniformados y de la Prefectura de Barranqueras, además del cuerpo de bomberos realizaban tareas para sofocar un incendio ocurrido en la punta norte de la isla Noguera, a unos 4 kilómetros de la zona habitada. Por lo que garantizó que los moradores no corrían riesgo alguno.
Fecha de Publicación: 21/05/2009
Fuente: Mega24
Provincia/Región: Mesopotamia
Aunque desde Prefectura Naval garantizan el tránsito fluvial, la navegación se hace más difícil por la bajante del río. La tendencia seguirá hasta el 24, estiman. En algunas ciudades entrerrianas, hay dificultades para conseguir agua potable y en Santa Fe se complican las operaciones comerciales
A consecuencia de la sequía, y pronósticos poco alentadores de posibles lluvias, el nivel del río Paraná sigue en baja. Si bien en ciudades entrerrianas esta situación ya está causando problemas de desabastecimiento de agua potable, en esta zona del país aún no se siente esta problemática.
No obstante, fuerzas de Prefectura señalan que estas condiciones obligaron a los buques navegar con mayor precaución para evitar quedarse varados -como ocurrió con algunos en la zona de Empedrado-. Según las proyecciones, recién para el 24 se estima que las aguas tendrán un leve ascenso. Ayer, el descenso del río llegó a 1.54 metro.
Según lo informado por Prefectura Naval Corrientes, en la mañana de ayer el nivel del Paraná estaba en 1.72 metro, sin embargo por la tarde -el parte de las 18- informó una marca de 1.54 metro, con tendencia bajante para los próximos días.
“La tendencia es fluctuante, pero continúa las mediciones continúan en baja”, comentó a El Litoral el prefecto principal Rodolfo Héctor González; al tiempo que señaló que para que el río ascienda dependerá de las lluvias que ocurran en las altas cuencas del Guayrá, al sur de Brasil, y desembocan en el Paraná.
Un repunte podría ocurrir recién el 24, expresó el prefecto principal. “Según el informe recibido ayer por el Instituto Nacional del Agua (INA), para esa fecha se estima que el nivel del Paraná estará en 2.05 metros; mientras que para el 29 descenderá a 1.95 metro”.
Si bien el prefecto garantizó el tránsito fluvial, “el inconveniente es que los buques deben tomar mayor precaución para transportar los convoys; deben desarmarlos para no quedarse varados, y esto implica mayor tiempo para trasladarse y trabajo, porque le demanda más maniobra”.
En este sentido, recordó que la semana pasada dos naves de bandera paraguaya quedaron estancadas a la altura de Empedrado.
Una fue rescatado por prefecturianos el miércoles pasado, en tanto que en la tarde del martes, con ayuda de remolcadores, se terminó de trasladar la última barcaza de la otra embarcación guaraní, varada en el kilómetro 1152 del río Paraná, a unos 10 kilómetros aguas arriba de Empedrado, informó González.
Si bien reconoció que en la zona de Entre Ríos están teniendo inconvenientes con la bajante del Paraná, el prefecto principal resaltó que “en la jurisdicción de Corrientes actualmente no tenemos buques varados ni esos tipos de problemas”.
Por caso, recordó que por el descenso del Paraná, el puerto Barranqueras no puede operar para abastecer a los navíos de combustible. En consecuencia, la semana pasada, como una medida de emergencia, el puerto local fue elegido, a nivel regional, para realizar estar operaciones.
En este sentido, González informó que en la noche del martes “partió el primer remolcador de la empresa paraguaya Don Antonio con dos camiones completo de combustible. Unos 70 mil litros de gasoil”, contó.
Ciudades en riesgo
En Entre Ríos se habla de la histórica bajante de los ríos Uruguay y Paraná. Hay ciudades que ya están sufriendo desabastecimiento de agua potable, porque el nivel de los ríos se encuentra por debajo de las tomas. Las autoridades prevén que, en los próximos días, la situación se agrave, ya que la poca agua que corre aumentará su nivel de contaminación como consecuencia de los efluentes de cloacas y de los desagües, señaló un informe de La Nación.
Las consecuencias serán mayores y complicarán el abastecimiento de energía de la región, ya que sólo dos de las 14 turbinas de la represa Salto Grande, sobre el Uruguay, están funcionando. El río Uruguay presenta por estos días un registro de bajante que la ubica apenas unos centímetros por encima del cero. La falta de lluvias en toda la cuenca es la principal causa de este fenómeno, reconoció el jefe de la Prefectura Puerto Concepción del Uruguay, Walter Ariel Rosende.
También el río Paraná sigue bajando en todo su curso medio e inferior, y acentúa la preocupación de las autoridades portuarias de la provincia de Santa Fe -especialmente en el Gran Rosario- donde se encuentra instalado el polo oleaginoso más importante del país, cuyas operaciones están hoy comprometidas.
En el norte ya se encuentran fuera de servicio las balsas y lanchas de pasajeros, entre Reconquista (Santa Fe) y Goya (Corrientes).
Incendio en la isla
Al cierre de esta edición, el titular de la Prefectura Naval Corrientes, junto con otros uniformados y de la Prefectura de Barranqueras, además del cuerpo de bomberos realizaban tareas para sofocar un incendio ocurrido en la punta norte de la isla Noguera, a unos 4 kilómetros de la zona habitada. Por lo que garantizó que los moradores no corrían riesgo alguno.
Los tres yaguaretés trasladados en Misiones
Los tres yaguaretés trasladados se adaptan al nuevo hogar
Fecha de Publicación: 20/05/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El lunes, Ecología mudó a tres felinos de Montecarlo al Parque El Puma, de Candelaria. Los animales ya comen y se adaptan al nuevo lugar. Los especialistas estudiarán la salud de los tres ejemplares: una hembra y dos machos.
Los tres yaguaretés que fueron trasladados al Parque Ecológico El Puma están en buen estado de salud y adaptándose a las nuevas jaulas que habitan desde el lunes por la noche. El martes por la tarde los felinos comenzaron a comer, lo que representa un buen síntoma, aunque aún están en observación, explicó Miguel Rinas, el médico veterinario responsable del operativo de traslado y titular del Parque El Puma.
El lunes 18, tres yaguaretés de entre doce y quince años, fueron trasladados desde una chacra de la zona rural de Montecarlo, conocida como Yaguaretania, hasta el centro de recría y rehabilitación del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo, ubicado en el municipio de Candelaria.
El operativo de traslado comenzó cerca de las 12.30 del lunes y culminó pasadas las 21, cuando la hembra y dos machos fueron alojados en el Parque El Puma. El personal de Ecología y veterinarios de la Fundación Conservation Land Trust estuvieron a cargo de este operativo sin precedentes: comenzaron sedando a los tres animales, uno por vez, para después examinarlos y extraerles sangre que será analizada en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral, en Corrientes. Los profesionales observaron el estado de salud general de los felinos, desde la cavidad bucal, el estado de las muelas, la piel y las garras. El estudio posterior culminará con la toma de placas radiográficas y otros análisis a los que serán sometidos tanto los tres que fueron trasladados a El Puma, como los otros dos que quedaron en Yaguaretania.
Los dos yaguaretés que permanecen en la chacra de la familia Waidelich también estarán monitoreados por Ecología, tanto en la cuestión médica como en el espacio donde viven, ya que las jaulas serán adecuadas para que cuenten con mayor espacio.
En cuanto a la salud de los animales trasladados, Ecología espera el resultado de los hemogramas.
“Estamos contentos porque los animales reaccionaron muy bien a la anestesia y al traslado; el martes a la tarde comenzaron a comer y eso es un buen síntoma. Si bien los seguimos monitoreando de cerca, creemos que la etapa de riesgo ya está superada”, explicó Miguel Rinas. El funcionario también dijo que ahora comienza la etapa de manejo de los felinos, mientras esperan poder mejorar el espacio para alojarlos, ya que si bien las jaulas actuales son similares a las que habitaban en Montecarlo, resultan pequeñas.
Fecha de Publicación: 20/05/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El lunes, Ecología mudó a tres felinos de Montecarlo al Parque El Puma, de Candelaria. Los animales ya comen y se adaptan al nuevo lugar. Los especialistas estudiarán la salud de los tres ejemplares: una hembra y dos machos.
Los tres yaguaretés que fueron trasladados al Parque Ecológico El Puma están en buen estado de salud y adaptándose a las nuevas jaulas que habitan desde el lunes por la noche. El martes por la tarde los felinos comenzaron a comer, lo que representa un buen síntoma, aunque aún están en observación, explicó Miguel Rinas, el médico veterinario responsable del operativo de traslado y titular del Parque El Puma.
El lunes 18, tres yaguaretés de entre doce y quince años, fueron trasladados desde una chacra de la zona rural de Montecarlo, conocida como Yaguaretania, hasta el centro de recría y rehabilitación del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo, ubicado en el municipio de Candelaria.
El operativo de traslado comenzó cerca de las 12.30 del lunes y culminó pasadas las 21, cuando la hembra y dos machos fueron alojados en el Parque El Puma. El personal de Ecología y veterinarios de la Fundación Conservation Land Trust estuvieron a cargo de este operativo sin precedentes: comenzaron sedando a los tres animales, uno por vez, para después examinarlos y extraerles sangre que será analizada en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral, en Corrientes. Los profesionales observaron el estado de salud general de los felinos, desde la cavidad bucal, el estado de las muelas, la piel y las garras. El estudio posterior culminará con la toma de placas radiográficas y otros análisis a los que serán sometidos tanto los tres que fueron trasladados a El Puma, como los otros dos que quedaron en Yaguaretania.
Los dos yaguaretés que permanecen en la chacra de la familia Waidelich también estarán monitoreados por Ecología, tanto en la cuestión médica como en el espacio donde viven, ya que las jaulas serán adecuadas para que cuenten con mayor espacio.
En cuanto a la salud de los animales trasladados, Ecología espera el resultado de los hemogramas.
“Estamos contentos porque los animales reaccionaron muy bien a la anestesia y al traslado; el martes a la tarde comenzaron a comer y eso es un buen síntoma. Si bien los seguimos monitoreando de cerca, creemos que la etapa de riesgo ya está superada”, explicó Miguel Rinas. El funcionario también dijo que ahora comienza la etapa de manejo de los felinos, mientras esperan poder mejorar el espacio para alojarlos, ya que si bien las jaulas actuales son similares a las que habitaban en Montecarlo, resultan pequeñas.
Invento argentino para obtener y potabilizar agua
Invento argentino para obtener y potabilizar agua
Fecha de Publicación: 20/05/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de investigadores dirigidos por un ingeniero platense desarrolló un sistema para producir agua, a partir de la humedad del aire, y esterilizarla para el consumo humano. Dicen que la situación de este recurso es gravísima a nivel mundial y que podrían desatarse drásticas consecuencias dentro de cuatro o cinco años
Se acaba el agua. La frase es terminante y causa alarma, pero se viene repitiendo desde hace tiempo sin que la gravedad de lo que postula genere cambios radicales. Aunque los especialistas que hablan de la falta del recurso para consumo humano aseguran que el problema es a escala mundial, la realidad es que, mientras en algunas regiones lo crítico de la situación se vive desde hace muchos años, en otras hacen como si nada sucediera. Cursos de agua dulce contaminados y desperdiciados, sistemas saturados y derroche cotidiano son algunos de los factores que componen esto que se conoce como la crisis del agua.
En muchos países desarrollados se están llevando adelante planes y políticas basados en la planificación a medio y largo plazo que contemplan lo que puede llegar a pasar en un futuro, una metodología que por estos pagos brilla por su ausencia. Sin embargo, eso no quita que haya quienes, movidos por la preocupación y dedicados a la investigación, intentan aportar su granito de arena. En esta oportunidad, el reconocimiento es bien merecido por un grupo de trabajo que desarrolló un equipo para producir y potabilizar agua a partir de la humedad del aire. Dirigidos por el ingeniero platense José Luis Kelly, los investigadores patentaron su invento en nuestro país y ahora buscan que se inserte en universidades y escuelas técnicas.
Toda una apuesta
“Esto no es una presentación comercial, sino científica”, se encargó de recalcar el Ing. Kelly más de una vez durante la conferencia de prensa que se realizó ayer en un hotel céntrico de nuestra ciudad. Puntualmente, lo que desarrollaron es un sistema de obtención de agua potable a través del aire, que ellos mismos describieron como un artefacto que toma la humedad del ambiente y la condensa y, en una segunda etapa, se la potabiliza con un oxidante -logrado a partir
de componentes del aire seco- que tiene un 50% más de poder bactericida que el cloro. Así, ataca todos los microorganismos y componentes químicos indeseables para el organismo humano. “El mayor esfuerzo estuvo puesto en lograr la esterilización durante todo el proceso desde que se produce el agua hasta que la persona la bebe, no como los dispenser, que traen agua limpia pero la trasladan por cañerías que están todas contaminadas”, enfatizó Kelly.
El invento fue bautizado como Apostar a la vida, y llevó más de dos años, una inversión de casi 500 mil dólares y “muchos fracasos en el camino”, según su director, que además contó que “cuando arrancamos, pensamos en lugares necesitados como Africa o, más cerca, nuestro pobre Chaco. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que el problema también está en muchas zonas residenciales”. “El 90% de los datos sobre agua que hay en nuestro país son mentira, están inventados, especialmente en provincia de Buenos Aires”, señaló el ingeniero, sin dejar de subrayar que “esto lo digo con total conocimiento de causa y me hago cargo; sé que va a ser muy grave cuando se destape la olla”.
El grupo de trabajo se sostuvo “a pulmón, invirtiendo a partir de otros desarrollos anteriores”, pero sin contar con el apoyo de organismos oficiales, universidades, fundaciones o centros de investigación, según aseguran.
El principal objetivo es “que llegue a las escuelas técnicas y universidades, para que lo estudien, perfeccionen y desarrollen. Nosotros hicimos un producto de cinco puntos, quizás ellos puedan llevarlo a siete u ocho”, expresó Kelly.
Cuestión de costos
Lo que hay hasta el momento, del sistema de obtención y potabilización del agua, son tres prototipos que funcionan perfectamente desde hace ocho meses, indicó el Ing. Kelly. “Está destinado a 180 países, y acá hay posibilidades de hacer sólo 10 equipos, por la enorme inversión que conlleva cada uno, que yo diría que es millonaria”, señaló, y agregó además que “ya estamos charlando con algunas empresas internacionales que se mostraron interesadas”.
Ante la pregunta del posible costo que el sistema podría llegar a tener, por ejemplo, si se usara en una casa, Kelly respondió que “podría llegar a salir como una heladera de buena calidad, pero estamos hablando de nuestra alternativa, a lo mejor pueden surgir otras”. “Una vez que llegue al mercado y se produzca a escala industrial, los valores van a bajar. Además, hay que pensar que es un equipo que casi no necesita mantenimiento y dura para toda la vida, es decir que el costo es muy relativo”, dijo para concluir.
¿Hay crisis?
Así como la teoría del calentamiento global y el cambio climático tiene sus defensores y detractores, algo similar sucede con la crisis mundial del agua. Mientras que la OMS (Organización Mundial de la Salud) asegura que la mitad de la población del planeta tendrá problemas por falta de agua para el 2025, y que en los últimos 50 años su consumo se ha triplicado, también circulan versiones menos alarmistas que aseguran que el recurso está lejos de acabarse. De acuerdo a esta última postura, existen avanzados desarrollos tecnológicos con los que se experimenta para recuperar y potabilizar el agua de lluvias, e incluso para adecuar el agua salada de mares y océanos para el consumo humano. Tenga o no sustento científico, hay que reconocer que si algo no hay que subestimar en este mundo es la capacidad del hombre para lograr maravillas.
Fecha de Publicación: 20/05/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de investigadores dirigidos por un ingeniero platense desarrolló un sistema para producir agua, a partir de la humedad del aire, y esterilizarla para el consumo humano. Dicen que la situación de este recurso es gravísima a nivel mundial y que podrían desatarse drásticas consecuencias dentro de cuatro o cinco años
Se acaba el agua. La frase es terminante y causa alarma, pero se viene repitiendo desde hace tiempo sin que la gravedad de lo que postula genere cambios radicales. Aunque los especialistas que hablan de la falta del recurso para consumo humano aseguran que el problema es a escala mundial, la realidad es que, mientras en algunas regiones lo crítico de la situación se vive desde hace muchos años, en otras hacen como si nada sucediera. Cursos de agua dulce contaminados y desperdiciados, sistemas saturados y derroche cotidiano son algunos de los factores que componen esto que se conoce como la crisis del agua.
En muchos países desarrollados se están llevando adelante planes y políticas basados en la planificación a medio y largo plazo que contemplan lo que puede llegar a pasar en un futuro, una metodología que por estos pagos brilla por su ausencia. Sin embargo, eso no quita que haya quienes, movidos por la preocupación y dedicados a la investigación, intentan aportar su granito de arena. En esta oportunidad, el reconocimiento es bien merecido por un grupo de trabajo que desarrolló un equipo para producir y potabilizar agua a partir de la humedad del aire. Dirigidos por el ingeniero platense José Luis Kelly, los investigadores patentaron su invento en nuestro país y ahora buscan que se inserte en universidades y escuelas técnicas.
Toda una apuesta
“Esto no es una presentación comercial, sino científica”, se encargó de recalcar el Ing. Kelly más de una vez durante la conferencia de prensa que se realizó ayer en un hotel céntrico de nuestra ciudad. Puntualmente, lo que desarrollaron es un sistema de obtención de agua potable a través del aire, que ellos mismos describieron como un artefacto que toma la humedad del ambiente y la condensa y, en una segunda etapa, se la potabiliza con un oxidante -logrado a partir
de componentes del aire seco- que tiene un 50% más de poder bactericida que el cloro. Así, ataca todos los microorganismos y componentes químicos indeseables para el organismo humano. “El mayor esfuerzo estuvo puesto en lograr la esterilización durante todo el proceso desde que se produce el agua hasta que la persona la bebe, no como los dispenser, que traen agua limpia pero la trasladan por cañerías que están todas contaminadas”, enfatizó Kelly.
El invento fue bautizado como Apostar a la vida, y llevó más de dos años, una inversión de casi 500 mil dólares y “muchos fracasos en el camino”, según su director, que además contó que “cuando arrancamos, pensamos en lugares necesitados como Africa o, más cerca, nuestro pobre Chaco. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que el problema también está en muchas zonas residenciales”. “El 90% de los datos sobre agua que hay en nuestro país son mentira, están inventados, especialmente en provincia de Buenos Aires”, señaló el ingeniero, sin dejar de subrayar que “esto lo digo con total conocimiento de causa y me hago cargo; sé que va a ser muy grave cuando se destape la olla”.
El grupo de trabajo se sostuvo “a pulmón, invirtiendo a partir de otros desarrollos anteriores”, pero sin contar con el apoyo de organismos oficiales, universidades, fundaciones o centros de investigación, según aseguran.
El principal objetivo es “que llegue a las escuelas técnicas y universidades, para que lo estudien, perfeccionen y desarrollen. Nosotros hicimos un producto de cinco puntos, quizás ellos puedan llevarlo a siete u ocho”, expresó Kelly.
Cuestión de costos
Lo que hay hasta el momento, del sistema de obtención y potabilización del agua, son tres prototipos que funcionan perfectamente desde hace ocho meses, indicó el Ing. Kelly. “Está destinado a 180 países, y acá hay posibilidades de hacer sólo 10 equipos, por la enorme inversión que conlleva cada uno, que yo diría que es millonaria”, señaló, y agregó además que “ya estamos charlando con algunas empresas internacionales que se mostraron interesadas”.
Ante la pregunta del posible costo que el sistema podría llegar a tener, por ejemplo, si se usara en una casa, Kelly respondió que “podría llegar a salir como una heladera de buena calidad, pero estamos hablando de nuestra alternativa, a lo mejor pueden surgir otras”. “Una vez que llegue al mercado y se produzca a escala industrial, los valores van a bajar. Además, hay que pensar que es un equipo que casi no necesita mantenimiento y dura para toda la vida, es decir que el costo es muy relativo”, dijo para concluir.
¿Hay crisis?
Así como la teoría del calentamiento global y el cambio climático tiene sus defensores y detractores, algo similar sucede con la crisis mundial del agua. Mientras que la OMS (Organización Mundial de la Salud) asegura que la mitad de la población del planeta tendrá problemas por falta de agua para el 2025, y que en los últimos 50 años su consumo se ha triplicado, también circulan versiones menos alarmistas que aseguran que el recurso está lejos de acabarse. De acuerdo a esta última postura, existen avanzados desarrollos tecnológicos con los que se experimenta para recuperar y potabilizar el agua de lluvias, e incluso para adecuar el agua salada de mares y océanos para el consumo humano. Tenga o no sustento científico, hay que reconocer que si algo no hay que subestimar en este mundo es la capacidad del hombre para lograr maravillas.
Peligros para animales silvestres
Peligros para animales silvestres: Sequía, desmonte y cazadores furtivos
Fecha de Publicación: 19/05/2009
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Durante el verano pasado en algunas zonas de la costa atlántica se registraron temperaturas de hasta 53 grados y actualmente impacta mucho sobre los animales silvestres la prolongada sequía, el desmonte, la voladura de tierra y la acción de cazadores furtivos.
Por ese motivo, el ex guardafauna de la reserva de lobos marinos de Punta Bermeja, Edgardo Intrieri consideró que el Gobierno provincial tiene que incentivar la preservación de las especies protegidas y comunicar a la gente que muchos animales silvestres se están adaptando a los cambios climáticos como consecuencia de la referida serie de fenómenos.
“En los últimos meses estamos escuchando que muchos animales están a la vera de las rutas y caminos o están contenidos en los alambrados, porque a falta de alimentos en los campos van a comer a las banquinas donde –por ahora- queda un poco de comida”, dijo Intrieri, quien durante ocho años se desempeñó en el área natural protegida de La Lobería, a 65 kilómetros de Viedma, sobre la costa marítima.
Intrieri dijo a ADN que observó el fenómeno de la migración de animales de Norte a Sur en la zona de Viedma a San Antonio Oeste, por la ruta nacional 3, y de El Cóndor al Puerto de San Antonio Este, por la costa marítima, en búsqueda de mejores lugares para comer. No obstante, las recientes altas temperaturas, las escasas lluvias, los fuertes vientos que arrastran “nubes” de tierra, la desertificación y la excesiva carga de ganado en los campos, dificultan la permanencia de los animales silvestres en lugares determinados.
“Queda muy poco monte nativo y poca chaucha de alpataco, que es un alimento muy importante para muchos animales salvajes, pero también está la acción de los cazadores furtivos que se aprovechan que hay especies que están muy débiles por la falta de comida”, afirmó Intrieri. “Es necesario que se desaceleren las actividades de caza y dar un descanso a especies en peligro, entre ellas mara, ñandú y guanaco”, agregó.
Mientras que entre El Cóndor y La Lobería –cerca la costa del mar- es posible observar muchos animales que tratan de buscar alimentos sobre las banquinas del camino, en el área delimitada por Guardia Mitre, General Conesa y Río Colorado ya no quedan guanacos, debido a la acción negativa de los incendios, la depredación natural ejercida por pumas y la constante actividad de cazadores furtivos.
Intrieri insistió en la necesidad de que el Gobierno provincial profundice la campaña de preservación de las especies protegidas, pero también que “se desacelere la actividad de los cazadores furtivos”.
Fecha de Publicación: 19/05/2009
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Durante el verano pasado en algunas zonas de la costa atlántica se registraron temperaturas de hasta 53 grados y actualmente impacta mucho sobre los animales silvestres la prolongada sequía, el desmonte, la voladura de tierra y la acción de cazadores furtivos.
Por ese motivo, el ex guardafauna de la reserva de lobos marinos de Punta Bermeja, Edgardo Intrieri consideró que el Gobierno provincial tiene que incentivar la preservación de las especies protegidas y comunicar a la gente que muchos animales silvestres se están adaptando a los cambios climáticos como consecuencia de la referida serie de fenómenos.
“En los últimos meses estamos escuchando que muchos animales están a la vera de las rutas y caminos o están contenidos en los alambrados, porque a falta de alimentos en los campos van a comer a las banquinas donde –por ahora- queda un poco de comida”, dijo Intrieri, quien durante ocho años se desempeñó en el área natural protegida de La Lobería, a 65 kilómetros de Viedma, sobre la costa marítima.
Intrieri dijo a ADN que observó el fenómeno de la migración de animales de Norte a Sur en la zona de Viedma a San Antonio Oeste, por la ruta nacional 3, y de El Cóndor al Puerto de San Antonio Este, por la costa marítima, en búsqueda de mejores lugares para comer. No obstante, las recientes altas temperaturas, las escasas lluvias, los fuertes vientos que arrastran “nubes” de tierra, la desertificación y la excesiva carga de ganado en los campos, dificultan la permanencia de los animales silvestres en lugares determinados.
“Queda muy poco monte nativo y poca chaucha de alpataco, que es un alimento muy importante para muchos animales salvajes, pero también está la acción de los cazadores furtivos que se aprovechan que hay especies que están muy débiles por la falta de comida”, afirmó Intrieri. “Es necesario que se desaceleren las actividades de caza y dar un descanso a especies en peligro, entre ellas mara, ñandú y guanaco”, agregó.
Mientras que entre El Cóndor y La Lobería –cerca la costa del mar- es posible observar muchos animales que tratan de buscar alimentos sobre las banquinas del camino, en el área delimitada por Guardia Mitre, General Conesa y Río Colorado ya no quedan guanacos, debido a la acción negativa de los incendios, la depredación natural ejercida por pumas y la constante actividad de cazadores furtivos.
Intrieri insistió en la necesidad de que el Gobierno provincial profundice la campaña de preservación de las especies protegidas, pero también que “se desacelere la actividad de los cazadores furtivos”.
Magdalena: aceptaron la oferta de Shell
Los vecinos de Magdalena aceptaron la oferta de Shell
Fecha de Publicación: 18/05/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
En el plebiscito realizado ayer, el 77% votó por el Sí. Casi 3 mil personas participaron de la consulta para convalidar el acuerdo extrajudicial acordado con la empresa. El municipio recibirá 9,5 millones de dólares por el derrame de petróleo de enero de 1999.
En un día de cielo plomizo y sin alteración para el ritmo habitual de este pueblo de 20 mil habitantes, la mayoría de los vecinos de Magdalena le dijeron Sí a la oferta de 9,5 millones de dólares que la empresa Shell hizo al gobierno comunal. Fueron 2.210 votos (77%) contra 660 (23%) que cosechó el No. La consulta se hizo para refrendar el acuerdo por los daños ocasionados hace diez años cuando las costas ribereñas del distrito se bañaron de petróleo luego de un choque de barcos.
Sin evidente entusiasmo, 2.870 vecinos (de los 12.000 habilitados a votar en el padrón) se acercaron a las 28 mesas ubicadas en 10 colegios y en la sede municipal para cumplir con el trámite propuesto por las autoridades municipales: un plebiscito no vinculante para que la expresión popular defina la aceptación o el rechazo al ofrecimiento de la petrolera. Para el intendente Fernando Carballo, "lo que hay que resaltar es que todas las personas que fueron a votar lo hicieron por conciencia ciudadana, ni un solo auto del Estado se usó para ir a buscar a nadie".
La convocatoria no tuvo la dinámica de las elecciones tradicionales. En el pueblo no había carteles ni propaganda. Apenas algunas charlas en instituciones en las que se esgrimían los fundamentos a favor y en contra del resarcimiento.
"Fue una elección sin demasiado compromiso. Hubo poco acercamiento de los jóvenes y tampoco llegaron al cuarto oscuro los pobladores de localidades rurales como Bavio, Vieytes, Ardito y Vergara", admitió a Clarín la fiscal general del plebiscito, Martha Valli.
Con el acuerdo firme -todavía falta que la Justicia resuelva si homologa o no la oferta- quedaría terminado un litigio que acumuló 10 años de proceso. La consulta impulsada por el gobierno de Magdalena no tiene impacto en los juicios que mantienen abiertos poco más de 450 vecinos por los daños ocasionados por el derrame ocurrido a mediados de enero de 1999. El 15 de enero de ese año, un buque contratado por Shell (Estrella Pampeana) embistió a la nave Sea Paraná. El accidente provocó el vuelco de 5.300 metros cúbicos de petróleo, que tiñeron de negro unos 35 kilómetros de costa.
Cuando se produjo el derrame Ramiro Ledesma (20) era muy chico, pero ayer emitió su voto en apoyo a la propuesta por el Sí. "Es una buena oportunidad para mejorar el distrito con obras muy necesarias", aseguró a Clarín.
Para Cirilo Pedro Huntley (75) votar fue una cita obligada: "Siempre un mal arreglo es mejor que un juicio problemático e interminable". El jubilado explicó que la indemnización tendría que ser mucho mayor, aunque apoyó la oferta que hizo la empresa.
Sin militancia ni intervención activa de los partidos, a los habitantes de Magdalena sólo los motivó el deber cívico. Y la oportunidad de ser parte de una decisión que puede mejorar el presupuesto comunal. "Es un buen acuerdo y no me parece conveniente dilatar el tema en la Justicia, que puede extenderse por muchos años más", explicó Marisol Guido Bono (35) poco después del mediodía, cuando ya había votado y las calles empezaban a vaciarse para el almuerzo y la siesta de rigor. La mujer destacó además el tipo de consulta, "una forma democrática de escuchar la opinión del pueblo", dijo.
No todos coinciden con ese diagnóstico. "Me parece un monto irrisorio, mi opinión es que tendría que seguir el juicio hasta alcanzar una indemnización mejor", señaló María Cecila Lucero antes de abandonar la mesa 5010 ubicada en la oficina de Catastro comunal.
La consulta de ayer no cierra las grietas que abrió el accidente en pleno río. La Justicia deberá continuar las causas iniciadas por los particulares que perdieron bienes y salud después del derrame de hidrocarburos. Muchos lograron acordar indemnizaciones por varios miles de dólares, luego de comprobar esas pérdidas.
Ayer, en la plaza del pueblo no hubo casi festejos por el triunfo del Sí. Al caer la tarde, el cierre del comicio y el escrutinio coincidieron con la tradicional visita a la plaza, marca registrada de cada domingo pueblerino.
Fecha de Publicación: 18/05/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
En el plebiscito realizado ayer, el 77% votó por el Sí. Casi 3 mil personas participaron de la consulta para convalidar el acuerdo extrajudicial acordado con la empresa. El municipio recibirá 9,5 millones de dólares por el derrame de petróleo de enero de 1999.
En un día de cielo plomizo y sin alteración para el ritmo habitual de este pueblo de 20 mil habitantes, la mayoría de los vecinos de Magdalena le dijeron Sí a la oferta de 9,5 millones de dólares que la empresa Shell hizo al gobierno comunal. Fueron 2.210 votos (77%) contra 660 (23%) que cosechó el No. La consulta se hizo para refrendar el acuerdo por los daños ocasionados hace diez años cuando las costas ribereñas del distrito se bañaron de petróleo luego de un choque de barcos.
Sin evidente entusiasmo, 2.870 vecinos (de los 12.000 habilitados a votar en el padrón) se acercaron a las 28 mesas ubicadas en 10 colegios y en la sede municipal para cumplir con el trámite propuesto por las autoridades municipales: un plebiscito no vinculante para que la expresión popular defina la aceptación o el rechazo al ofrecimiento de la petrolera. Para el intendente Fernando Carballo, "lo que hay que resaltar es que todas las personas que fueron a votar lo hicieron por conciencia ciudadana, ni un solo auto del Estado se usó para ir a buscar a nadie".
La convocatoria no tuvo la dinámica de las elecciones tradicionales. En el pueblo no había carteles ni propaganda. Apenas algunas charlas en instituciones en las que se esgrimían los fundamentos a favor y en contra del resarcimiento.
"Fue una elección sin demasiado compromiso. Hubo poco acercamiento de los jóvenes y tampoco llegaron al cuarto oscuro los pobladores de localidades rurales como Bavio, Vieytes, Ardito y Vergara", admitió a Clarín la fiscal general del plebiscito, Martha Valli.
Con el acuerdo firme -todavía falta que la Justicia resuelva si homologa o no la oferta- quedaría terminado un litigio que acumuló 10 años de proceso. La consulta impulsada por el gobierno de Magdalena no tiene impacto en los juicios que mantienen abiertos poco más de 450 vecinos por los daños ocasionados por el derrame ocurrido a mediados de enero de 1999. El 15 de enero de ese año, un buque contratado por Shell (Estrella Pampeana) embistió a la nave Sea Paraná. El accidente provocó el vuelco de 5.300 metros cúbicos de petróleo, que tiñeron de negro unos 35 kilómetros de costa.
Cuando se produjo el derrame Ramiro Ledesma (20) era muy chico, pero ayer emitió su voto en apoyo a la propuesta por el Sí. "Es una buena oportunidad para mejorar el distrito con obras muy necesarias", aseguró a Clarín.
Para Cirilo Pedro Huntley (75) votar fue una cita obligada: "Siempre un mal arreglo es mejor que un juicio problemático e interminable". El jubilado explicó que la indemnización tendría que ser mucho mayor, aunque apoyó la oferta que hizo la empresa.
Sin militancia ni intervención activa de los partidos, a los habitantes de Magdalena sólo los motivó el deber cívico. Y la oportunidad de ser parte de una decisión que puede mejorar el presupuesto comunal. "Es un buen acuerdo y no me parece conveniente dilatar el tema en la Justicia, que puede extenderse por muchos años más", explicó Marisol Guido Bono (35) poco después del mediodía, cuando ya había votado y las calles empezaban a vaciarse para el almuerzo y la siesta de rigor. La mujer destacó además el tipo de consulta, "una forma democrática de escuchar la opinión del pueblo", dijo.
No todos coinciden con ese diagnóstico. "Me parece un monto irrisorio, mi opinión es que tendría que seguir el juicio hasta alcanzar una indemnización mejor", señaló María Cecila Lucero antes de abandonar la mesa 5010 ubicada en la oficina de Catastro comunal.
La consulta de ayer no cierra las grietas que abrió el accidente en pleno río. La Justicia deberá continuar las causas iniciadas por los particulares que perdieron bienes y salud después del derrame de hidrocarburos. Muchos lograron acordar indemnizaciones por varios miles de dólares, luego de comprobar esas pérdidas.
Ayer, en la plaza del pueblo no hubo casi festejos por el triunfo del Sí. Al caer la tarde, el cierre del comicio y el escrutinio coincidieron con la tradicional visita a la plaza, marca registrada de cada domingo pueblerino.
Córdoba: desalambrar los ríos serranos
Córdoba todavía da batalla para desalambrar los ríos serranos
Fecha de Publicación: 17/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la infracción que comenten particulares, cuando los cursos de los ríos pasan por sus propiedades.
Villa Giardino. Conocida como "el Jardín de Punilla", por la generosidad de matices que ofrece la flora y el cuidado que le propinan, a Villa Giardino –ubicada a 86 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba– también podría denominársela "la Capital Provincial del Otoño", por la explosión natural de colores oxidados, amarillos intensos y ocres minerales, en esta época del año.
Para experimentar las sensaciones gratas que produce en los sentidos ese entorno encantador, lo recomendable es una caminata a paso lento. De hecho, en el sitio oficial en Internet de la localidad serrana ( www.villagiardino.gov.ar ) se sugiere esa actividad para disfrutar con intensidad las bondades del paisaje. Aunque no aclara que la marcha a pie no tiene que hacerse por las riberas de los ríos y arroyos que la surcan de este a oeste y de norte a sur. Y no porque el terreno sea escabroso o las crecidas repentinas los tornen potencialmente peligrosos, sino debido a la presencia de alambrados u obstáculos artificiales colocados adrede por particulares sobre los cursos de agua.
En rigor de verdad, Villa Giardino es sólo un botón de muestra de lo que ocurre en muchos sitios de la provincia, tal como este diario lo viene reflejando desde hace tiempo y de manera periódica. En numerosos ríos cordobeses, los alambrados que interponen privados invaden espacios públicos, impidiendo el acceso o tránsito por sectores que no son, ni pueden ser, de propiedad privada.
Alambres. En Villa Giardino, los amantes del trekking ven frustradas sus expectativas cada vez que quieren trepar hasta el faldeo de las sierras, siguiendo el curso de los arroyos que nacen en el cordón oriental.
Por caso, si el punto de partida fuera el vado en el paraje La Pampilla, por "el camino de los artesanos", sólo se podría progresar un par de pasos. Las intenciones se toparían con un alambrado de seis hilos que cruza sobre la corriente de agua y un cartel que prohíbe avanzar porque se trata de una "propiedad privada".
Lo mismo ocurre en el siguiente vado hacia el norte y se repite varias veces arroyo arriba. También está alambrado el río debajo del puente sobre la ruta nacional 38 que se encuentra 100 metros después del peaje que está pasando la lomada natural, conocida en Villa Giardino como "el bordo".
Y los hilos metálicos y los cercos verdes ya son parte del paisaje a lo largo del río San Francisco (que se embalsa en el diminuto dique Portecello y tributa luego al río Grande, de Punilla).
Asimismo, los obstáculos se manifiestan en forma ostensible en las proximidades del viejo molino de Thea y en las ruinas del desmantelado puente ferroviario camino a esa referencia histórica y turísticas de la zona.
En un recorrido de a pie que realizamos el miércoles último, detectamos por lo menos 20 cruces de alambrados por los ríos y arroyos del "Jardín de Punilla".
Se multiplican. Por cierto, estas infracciones al Código de Aguas de la Provincia, al Código Civil argentino y a distintas normas que regulan el uso de los recursos naturales no se registran solamente en Villa Giardino.
Cuando el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia puso en marcha, hace un par de años, el Plan de Ordenamiento Territorial, con el propósito de delimitar las tierras de dominio público a través de la determinación de la líneas de ribera en arroyo, ríos y lagos, sólo en Punilla se removieron alambrados en más de 50 puntos de los cursos de agua. Las infracciones detectadas fueron muchas más en Sierras Chicas, Calamuchita y Traslasierra. Es decir, en los principales corredores turísticos cordobeses donde los embalses y ríos serranos se ofrecen a los visitantes como una de las principales atracciones.
Lo que dice la ley
Según el Código Civil argentino, "los ríos y sus cauces son bienes públicos". Sólo se consideran aguas privadas aquellas que caen en una propiedad durante las lluvias, las de las corrientes hídricas que nacen y mueren en una misma propiedad y las que corren por canales privados y no por cauce natural.
Mientras, conforme el conjunto normativo y las disposiciones del Código de Agua de la Provincia, "está prohibido instalar alambrados sobre el curso de un río, pues de esa manera, quien lo hace se estaría atribuyendo como propios terrenos que son públicos".
Por lo tanto, siendo de dominio público, todas las personas tienen derecho a circular por las riberas internas de los ríos. Se entiende por ribera "la línea de crecida media ordinaria y que nadie puede atribuir como su propiedad".
También los instrumentos legales citados prohíben, de manera expresa, impedir que la gente circule por ese terreno público.
Finalmente, el Código Civil establece que los propietarios limítrofes con los ríos o con canales están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río o arroyo, "sin ninguna indemnización", según recuerda la Dipas en la resolución provisoria que dictó para regular en este sentido.
El derecho invadido
La conciencia sobre el derecho del uso comunitario de los espacios que son públicos va en lento crecimiento. En décadas, le fue sacando marcada ventaja el abuso mediante apropiaciones indebidas de quienes fueron "extendiendo" sus propiedades, invadiendo espacios que nos les pertenecen. Esa usurpación se da, sobre todo, sobre las costas de ríos y lagos, en sitios atractivos que, salvo excepciones, son estatales y por lo tanto abiertos al disfrute colectivo. No hay mayores diferencias entre hacer propia una costa de un río y ocupar parte de la plaza de un pueblo o ciudad, aunque ésta parezca una situación imposible y la primera algo casi normal.
No estaría mal revisar si los criterios fijados para delimitar espacios públicos y privados en su momento son los más adecuados para estos tiempos. Pero, al menos, se daría un enorme paso si se hiciera cumplir lo que la ley y las normas vigentes establecen hoy. Sólo con eso, el acceso de la gente a espacios que le pertenecen estaría mucho más garantizado que hoy.
El Estado provincial, que tiene a su cargo esta cuestión, después de largas décadas de "dejar hacer", sin controlar ni sancionar ningún abuso, hace tres años puso en marcha por primera vez un plan de ordenamiento territorial de costas de ríos y lagos.
Pero ese programa, que mostró varios avances y acciones (sobre todo en algunos lagos) no se completó aún. Quedan infracciones por detectar y corregir en numerosos puntos de la geografía cordobesa. Y queda la impresión de que tras un fuerte avance inicial, ese plan hoy luce bastante paralizado.
Distancias a respetar
En 2006, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas) fijó, por resolución, el criterio para delimitar en Córdoba las líneas de ribera en ríos y arroyos de dominio público.
La disposición determina "un retiro mínimo de 15 metros a cada lado del río o arroyo medidos desde el borde del cauce permanente", para los ríos: Suquía (Primero), Xanaes (Segundo), Ctalamochita (Tercero), Chocancharaua (Cuarto), Los Sauces, Mina Clavero, Panaholma, La Cruz, Los Reartes, San Guillermo, San Antonio, El Cajón, Yuspe, Chico de Nono, Grande de Punilla, Dulce, San José, San Pedro, del Medio, Los Espinillos y Quilpo.
Y un retiro de "12 metros, medidos desde el eje, para el resto de los cursos de agua de la provincia". Cabe destacar que en los fundamentos de la resolución, Dipas destaca que "los retiros son provisorios y precarios, hasta tanto se proceda a la efectiva determinación de la línea de ribera, según la normativa vigente".
Ese carácter se mantiene debido a que aún no han finalizado los trabajos previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene por objeto: "Delimitar las tierras de dominio público a través de la determinación de líneas de ribera en ríos, arroyos y lagos" cordobeses.
Fecha de Publicación: 17/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la infracción que comenten particulares, cuando los cursos de los ríos pasan por sus propiedades.
Villa Giardino. Conocida como "el Jardín de Punilla", por la generosidad de matices que ofrece la flora y el cuidado que le propinan, a Villa Giardino –ubicada a 86 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba– también podría denominársela "la Capital Provincial del Otoño", por la explosión natural de colores oxidados, amarillos intensos y ocres minerales, en esta época del año.
Para experimentar las sensaciones gratas que produce en los sentidos ese entorno encantador, lo recomendable es una caminata a paso lento. De hecho, en el sitio oficial en Internet de la localidad serrana ( www.villagiardino.gov.ar ) se sugiere esa actividad para disfrutar con intensidad las bondades del paisaje. Aunque no aclara que la marcha a pie no tiene que hacerse por las riberas de los ríos y arroyos que la surcan de este a oeste y de norte a sur. Y no porque el terreno sea escabroso o las crecidas repentinas los tornen potencialmente peligrosos, sino debido a la presencia de alambrados u obstáculos artificiales colocados adrede por particulares sobre los cursos de agua.
En rigor de verdad, Villa Giardino es sólo un botón de muestra de lo que ocurre en muchos sitios de la provincia, tal como este diario lo viene reflejando desde hace tiempo y de manera periódica. En numerosos ríos cordobeses, los alambrados que interponen privados invaden espacios públicos, impidiendo el acceso o tránsito por sectores que no son, ni pueden ser, de propiedad privada.
Alambres. En Villa Giardino, los amantes del trekking ven frustradas sus expectativas cada vez que quieren trepar hasta el faldeo de las sierras, siguiendo el curso de los arroyos que nacen en el cordón oriental.
Por caso, si el punto de partida fuera el vado en el paraje La Pampilla, por "el camino de los artesanos", sólo se podría progresar un par de pasos. Las intenciones se toparían con un alambrado de seis hilos que cruza sobre la corriente de agua y un cartel que prohíbe avanzar porque se trata de una "propiedad privada".
Lo mismo ocurre en el siguiente vado hacia el norte y se repite varias veces arroyo arriba. También está alambrado el río debajo del puente sobre la ruta nacional 38 que se encuentra 100 metros después del peaje que está pasando la lomada natural, conocida en Villa Giardino como "el bordo".
Y los hilos metálicos y los cercos verdes ya son parte del paisaje a lo largo del río San Francisco (que se embalsa en el diminuto dique Portecello y tributa luego al río Grande, de Punilla).
Asimismo, los obstáculos se manifiestan en forma ostensible en las proximidades del viejo molino de Thea y en las ruinas del desmantelado puente ferroviario camino a esa referencia histórica y turísticas de la zona.
En un recorrido de a pie que realizamos el miércoles último, detectamos por lo menos 20 cruces de alambrados por los ríos y arroyos del "Jardín de Punilla".
Se multiplican. Por cierto, estas infracciones al Código de Aguas de la Provincia, al Código Civil argentino y a distintas normas que regulan el uso de los recursos naturales no se registran solamente en Villa Giardino.
Cuando el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia puso en marcha, hace un par de años, el Plan de Ordenamiento Territorial, con el propósito de delimitar las tierras de dominio público a través de la determinación de la líneas de ribera en arroyo, ríos y lagos, sólo en Punilla se removieron alambrados en más de 50 puntos de los cursos de agua. Las infracciones detectadas fueron muchas más en Sierras Chicas, Calamuchita y Traslasierra. Es decir, en los principales corredores turísticos cordobeses donde los embalses y ríos serranos se ofrecen a los visitantes como una de las principales atracciones.
Lo que dice la ley
Según el Código Civil argentino, "los ríos y sus cauces son bienes públicos". Sólo se consideran aguas privadas aquellas que caen en una propiedad durante las lluvias, las de las corrientes hídricas que nacen y mueren en una misma propiedad y las que corren por canales privados y no por cauce natural.
Mientras, conforme el conjunto normativo y las disposiciones del Código de Agua de la Provincia, "está prohibido instalar alambrados sobre el curso de un río, pues de esa manera, quien lo hace se estaría atribuyendo como propios terrenos que son públicos".
Por lo tanto, siendo de dominio público, todas las personas tienen derecho a circular por las riberas internas de los ríos. Se entiende por ribera "la línea de crecida media ordinaria y que nadie puede atribuir como su propiedad".
También los instrumentos legales citados prohíben, de manera expresa, impedir que la gente circule por ese terreno público.
Finalmente, el Código Civil establece que los propietarios limítrofes con los ríos o con canales están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río o arroyo, "sin ninguna indemnización", según recuerda la Dipas en la resolución provisoria que dictó para regular en este sentido.
El derecho invadido
La conciencia sobre el derecho del uso comunitario de los espacios que son públicos va en lento crecimiento. En décadas, le fue sacando marcada ventaja el abuso mediante apropiaciones indebidas de quienes fueron "extendiendo" sus propiedades, invadiendo espacios que nos les pertenecen. Esa usurpación se da, sobre todo, sobre las costas de ríos y lagos, en sitios atractivos que, salvo excepciones, son estatales y por lo tanto abiertos al disfrute colectivo. No hay mayores diferencias entre hacer propia una costa de un río y ocupar parte de la plaza de un pueblo o ciudad, aunque ésta parezca una situación imposible y la primera algo casi normal.
No estaría mal revisar si los criterios fijados para delimitar espacios públicos y privados en su momento son los más adecuados para estos tiempos. Pero, al menos, se daría un enorme paso si se hiciera cumplir lo que la ley y las normas vigentes establecen hoy. Sólo con eso, el acceso de la gente a espacios que le pertenecen estaría mucho más garantizado que hoy.
El Estado provincial, que tiene a su cargo esta cuestión, después de largas décadas de "dejar hacer", sin controlar ni sancionar ningún abuso, hace tres años puso en marcha por primera vez un plan de ordenamiento territorial de costas de ríos y lagos.
Pero ese programa, que mostró varios avances y acciones (sobre todo en algunos lagos) no se completó aún. Quedan infracciones por detectar y corregir en numerosos puntos de la geografía cordobesa. Y queda la impresión de que tras un fuerte avance inicial, ese plan hoy luce bastante paralizado.
Distancias a respetar
En 2006, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas) fijó, por resolución, el criterio para delimitar en Córdoba las líneas de ribera en ríos y arroyos de dominio público.
La disposición determina "un retiro mínimo de 15 metros a cada lado del río o arroyo medidos desde el borde del cauce permanente", para los ríos: Suquía (Primero), Xanaes (Segundo), Ctalamochita (Tercero), Chocancharaua (Cuarto), Los Sauces, Mina Clavero, Panaholma, La Cruz, Los Reartes, San Guillermo, San Antonio, El Cajón, Yuspe, Chico de Nono, Grande de Punilla, Dulce, San José, San Pedro, del Medio, Los Espinillos y Quilpo.
Y un retiro de "12 metros, medidos desde el eje, para el resto de los cursos de agua de la provincia". Cabe destacar que en los fundamentos de la resolución, Dipas destaca que "los retiros son provisorios y precarios, hasta tanto se proceda a la efectiva determinación de la línea de ribera, según la normativa vigente".
Ese carácter se mantiene debido a que aún no han finalizado los trabajos previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene por objeto: "Delimitar las tierras de dominio público a través de la determinación de líneas de ribera en ríos, arroyos y lagos" cordobeses.
Los primeros 21 hoteles ecológicos
Categorizaron a los primeros 21 hoteles ecológicos de Sudamérica
Fecha de Publicación: 16/05/2009
Fuente: La Verdad On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Provincia de Buenos Aires, a través de un nuevo programa del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) otorgó categoría ambiental a los primeros 21 hoteles de Sudamérica que se adhirieron al Plan de Alojamientos Turísticos Sustentables (ATS) en la localidad de Sierra de la Ventana, del partido de Tornquist.
Los alojamientos turísticos que se han certificado son parte de la primera etapa encarada por el Gobierno de Daniel Scioli que busca, de esta forma, proteger el medio ambiente y los recursos naturales, fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística con calidad ambiental, preservar el ecosistema y potenciar el turismo ecológico.
"Hoy hemos entregado las primeras categorizaciones ambientales a los Hoteles del Corredor Serrano que son los primeros alojamientos turísticos sustentables de Sudamérica” declaró Nicolás Scioli, coordinador ejecutivo del organismo ambiental provincial (OPDS) y responsable del Plan quien agregó que “este sistema de categorización, es pionero en toda la región y hemos tomado como ejemplo las prácticas aplicadas en los Estados Unidos, Australia y varios países de la Comunidad Europea”.
Junto a Nicolás Scioli, estuvieron los intendentes de Tornquist, Gustavo Trankels y de Coronel Suárez, Ricardo Moccero.
Para el jefe comunal del municipio de Tornquist, ”esta iniciativa, única en Sudamérica, significa mucho para la región” y le agradeció a los dueños de los emprendimientos turísticos sustentables por la apuesta y la inversión que han realizado en su municipio. En tanto, Ricardo Moccero agradeció al Gobernador Scioli por “pensar constantemente en los municipios” y puntualmente en “por este novedoso programa que le aporta valor a la zona serrana”.
El Coordinador del OPDS referenció además que el programa tiene otros beneficios que apuntan a "usar eficientemente los recursos naturales, reducir al mínimo productos químicos tóxicos y potenciar el uso de productos orgánicos, gestionar el uso eficiente de la energía, el agua y los residuos”.
Este programa, destacó Nicolás Scioli, “además de crear conciencia de los problemas relacionados con el ambiente, promueve el ecoturismo y fomenta la creación del consumo y el empleo en la Provincia".
Con este plan la provincia de buenos aires no solo espera mejorar la gestión ambiental del sector hotelero, sino también potenciar al ecoturismo como nicho del mercado turístico, algo que a nivel global ya acapara más del 8 por ciento de los turistas.
Todos los alojamientos dentro de la Provincia de Buenos Aires están en condiciones de categorizarse. El procedimiento se realiza mediante una evaluación de su funcionamiento Ambiental para determinar el nivel de compromiso y sostenibilidad del alojamiento en relación al entorno.
La certificación, que oscila entre los niveles uno (1) a cinco (5) ampara que, a mayor nivel, mayor es el compromiso ambiental del establecimiento
Fecha de Publicación: 16/05/2009
Fuente: La Verdad On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Provincia de Buenos Aires, a través de un nuevo programa del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) otorgó categoría ambiental a los primeros 21 hoteles de Sudamérica que se adhirieron al Plan de Alojamientos Turísticos Sustentables (ATS) en la localidad de Sierra de la Ventana, del partido de Tornquist.
Los alojamientos turísticos que se han certificado son parte de la primera etapa encarada por el Gobierno de Daniel Scioli que busca, de esta forma, proteger el medio ambiente y los recursos naturales, fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística con calidad ambiental, preservar el ecosistema y potenciar el turismo ecológico.
"Hoy hemos entregado las primeras categorizaciones ambientales a los Hoteles del Corredor Serrano que son los primeros alojamientos turísticos sustentables de Sudamérica” declaró Nicolás Scioli, coordinador ejecutivo del organismo ambiental provincial (OPDS) y responsable del Plan quien agregó que “este sistema de categorización, es pionero en toda la región y hemos tomado como ejemplo las prácticas aplicadas en los Estados Unidos, Australia y varios países de la Comunidad Europea”.
Junto a Nicolás Scioli, estuvieron los intendentes de Tornquist, Gustavo Trankels y de Coronel Suárez, Ricardo Moccero.
Para el jefe comunal del municipio de Tornquist, ”esta iniciativa, única en Sudamérica, significa mucho para la región” y le agradeció a los dueños de los emprendimientos turísticos sustentables por la apuesta y la inversión que han realizado en su municipio. En tanto, Ricardo Moccero agradeció al Gobernador Scioli por “pensar constantemente en los municipios” y puntualmente en “por este novedoso programa que le aporta valor a la zona serrana”.
El Coordinador del OPDS referenció además que el programa tiene otros beneficios que apuntan a "usar eficientemente los recursos naturales, reducir al mínimo productos químicos tóxicos y potenciar el uso de productos orgánicos, gestionar el uso eficiente de la energía, el agua y los residuos”.
Este programa, destacó Nicolás Scioli, “además de crear conciencia de los problemas relacionados con el ambiente, promueve el ecoturismo y fomenta la creación del consumo y el empleo en la Provincia".
Con este plan la provincia de buenos aires no solo espera mejorar la gestión ambiental del sector hotelero, sino también potenciar al ecoturismo como nicho del mercado turístico, algo que a nivel global ya acapara más del 8 por ciento de los turistas.
Todos los alojamientos dentro de la Provincia de Buenos Aires están en condiciones de categorizarse. El procedimiento se realiza mediante una evaluación de su funcionamiento Ambiental para determinar el nivel de compromiso y sostenibilidad del alojamiento en relación al entorno.
La certificación, que oscila entre los niveles uno (1) a cinco (5) ampara que, a mayor nivel, mayor es el compromiso ambiental del establecimiento
San Juan construirá un parque de energía solar
San Juan construirá un parque de energía solar
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Invertirán u$s 120 millones. Será el único de América latina de la magnitud proyectada. En junio se abre la licitación. Participarían firmas alemanas, españolas y brasileñas
No se trata de una carrera de Fórmula Uno sino de un emprendimiento que promete ser único, hasta el momento, en América Latina. Al menos así se promociona.
José Luis Gioja, gobernador de San Juan, convocará a principios de junio a una licitación internacional para crear un parque de energía solar con paneles fotovoltaicos, que tendrá entre 1,5 y 2,4 megabatios. Por su magnitud, será único no sólo en la Argentina, sino en toda América Latina.
El Estado provincial ya se comprometió a invertir entre u$s 15 y u$s 20 millones, mientras busca financiación privada para poder hacer la planta fotovoltaica. Para eso se realizaron sondeos entre ejecutivos de las más grandes empresas españolas, alemanas y brasileñas, que estarían dispuestos a invertir entre u$s 15 y u$s 50 millones en una primera etapa. Luego, destinarían otros u$s 50 millones para poder producir el silicio de grado solar, que es mucho más purificado. Por lo tanto, la inversión total ascendería hasta u$s 120 millones. El proceso licitatorio dura tres meses, y se prevé que la adjudicación sea en septiembre. A partir de ese momento, tienen entre ocho y diez meses para la construcción, por lo cual se estima estará listo entre junio y septiembre del 2010.
“Estamos promoviendo el uso de energías alternativas renovables para ir cambiando la matriz energética del país, que necesita de energías limpias para una mejor calidad de vida. La idea es generar energía usando el calor de nuestra tierra, que lo iremos implementando en forma gradual, ya que es algo complejo”, anunció Gioja en la Casa de San Juan, en la porteña calle Sarmiento, lugar donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, y declarado monumento histórico nacional, pues data de 1850.
“Estamos terminando de armar el pliego de licitación. Pedimos que se haga una pequeña planta piloto en un predio de cinco o seis hectáreas, para probar tres tipos de tecnología en paneles de silicio, que es lo que permite la generación de energías alternativas: será policristalino, monocristalino y amorfo”, explicó a El Cronista el diputado provincial Victor Manuel Doña, presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos.
La central estará compuesta por diferentes tipos de movimientos de paneles, que apuntan al sol. El objetivo, en un segundo paso, es instalar paneles en casas de familia, que inyecten energía a la red. De hecho, está previsto hacer pruebas domiciliarias en las casas construidas por el Plan Federal, ya que se estableció que un cupo tenga la obligación de llevar paneles. De esta manera, se reduce la contaminación ambiental, y representa una nueva puerta para el abastecimiento, ya que en algún momento el combustible se acabará; por eso, el gobierno provincial introducirá una tarifa especial.
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Invertirán u$s 120 millones. Será el único de América latina de la magnitud proyectada. En junio se abre la licitación. Participarían firmas alemanas, españolas y brasileñas
No se trata de una carrera de Fórmula Uno sino de un emprendimiento que promete ser único, hasta el momento, en América Latina. Al menos así se promociona.
José Luis Gioja, gobernador de San Juan, convocará a principios de junio a una licitación internacional para crear un parque de energía solar con paneles fotovoltaicos, que tendrá entre 1,5 y 2,4 megabatios. Por su magnitud, será único no sólo en la Argentina, sino en toda América Latina.
El Estado provincial ya se comprometió a invertir entre u$s 15 y u$s 20 millones, mientras busca financiación privada para poder hacer la planta fotovoltaica. Para eso se realizaron sondeos entre ejecutivos de las más grandes empresas españolas, alemanas y brasileñas, que estarían dispuestos a invertir entre u$s 15 y u$s 50 millones en una primera etapa. Luego, destinarían otros u$s 50 millones para poder producir el silicio de grado solar, que es mucho más purificado. Por lo tanto, la inversión total ascendería hasta u$s 120 millones. El proceso licitatorio dura tres meses, y se prevé que la adjudicación sea en septiembre. A partir de ese momento, tienen entre ocho y diez meses para la construcción, por lo cual se estima estará listo entre junio y septiembre del 2010.
“Estamos promoviendo el uso de energías alternativas renovables para ir cambiando la matriz energética del país, que necesita de energías limpias para una mejor calidad de vida. La idea es generar energía usando el calor de nuestra tierra, que lo iremos implementando en forma gradual, ya que es algo complejo”, anunció Gioja en la Casa de San Juan, en la porteña calle Sarmiento, lugar donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, y declarado monumento histórico nacional, pues data de 1850.
“Estamos terminando de armar el pliego de licitación. Pedimos que se haga una pequeña planta piloto en un predio de cinco o seis hectáreas, para probar tres tipos de tecnología en paneles de silicio, que es lo que permite la generación de energías alternativas: será policristalino, monocristalino y amorfo”, explicó a El Cronista el diputado provincial Victor Manuel Doña, presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos.
La central estará compuesta por diferentes tipos de movimientos de paneles, que apuntan al sol. El objetivo, en un segundo paso, es instalar paneles en casas de familia, que inyecten energía a la red. De hecho, está previsto hacer pruebas domiciliarias en las casas construidas por el Plan Federal, ya que se estableció que un cupo tenga la obligación de llevar paneles. De esta manera, se reduce la contaminación ambiental, y representa una nueva puerta para el abastecimiento, ya que en algún momento el combustible se acabará; por eso, el gobierno provincial introducirá una tarifa especial.
Primer parque nacional bonaerense
Primer parque nacional bonaerense
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la reserva Campos del Tuyú
El Senado aprobó anteayer la creación del primer parque nacional en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Campos del Tuyú, la reserva que la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) creó en 1979 y donó a la Administración de Parques Nacionales (APN).
La reserva tiene alrededor de 3000 hectáreas y está situada en la bahía de Samborombón, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Diego Moreno, director general de FVSA, sostuvo: "La reserva fue creada con el fin de proteger y conservar el venado y el paisaje original de la pampa, ambos seriamente amenazados en la Argentina por acción de la caza y la conversión de los pastizales naturales para uso productivo".
"Hecho histórico"
La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada nacional Claudia Bernazza (Frente para la Victoria-Buenos Aires), quien consideró la creación del parque "un hecho histórico para la provincia de Buenos Aires y para la conservación de la biodiversidad". En este sentido, señaló que las oportunidades para actividades educativas y turísticas son un valor agregado clave de este proyecto.
Héctor Espina, presidente de la APN, afirmó: "Con esta incorporación al sistema de Parques Nacionales comenzamos a saldar una antigua deuda que la Nación tiene con una de las principales y más amenazadas ecorregiones del país".
Según se afirmó, la APN, a través de mecanismos de financiación internacional, tiene previstas inversiones en infraestructura para el nuevo parque nacional que rondan los 2.000.000 de pesos.
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la reserva Campos del Tuyú
El Senado aprobó anteayer la creación del primer parque nacional en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Campos del Tuyú, la reserva que la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) creó en 1979 y donó a la Administración de Parques Nacionales (APN).
La reserva tiene alrededor de 3000 hectáreas y está situada en la bahía de Samborombón, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Diego Moreno, director general de FVSA, sostuvo: "La reserva fue creada con el fin de proteger y conservar el venado y el paisaje original de la pampa, ambos seriamente amenazados en la Argentina por acción de la caza y la conversión de los pastizales naturales para uso productivo".
"Hecho histórico"
La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada nacional Claudia Bernazza (Frente para la Victoria-Buenos Aires), quien consideró la creación del parque "un hecho histórico para la provincia de Buenos Aires y para la conservación de la biodiversidad". En este sentido, señaló que las oportunidades para actividades educativas y turísticas son un valor agregado clave de este proyecto.
Héctor Espina, presidente de la APN, afirmó: "Con esta incorporación al sistema de Parques Nacionales comenzamos a saldar una antigua deuda que la Nación tiene con una de las principales y más amenazadas ecorregiones del país".
Según se afirmó, la APN, a través de mecanismos de financiación internacional, tiene previstas inversiones en infraestructura para el nuevo parque nacional que rondan los 2.000.000 de pesos.
Sali-Dulce: Quieren nacionalizar la lucha
Quieren nacionalizar la lucha por la contaminación de cuencas
Fecha de Publicación: 14/05/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Jujuy - Córdoba - Salta - Santiago del Estero
Con miras a reforzar las actuaciones por el envenenamiento de la cuenca Salí-Dulce, el ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, hará el planteo ante sus pares de Adpra.
El encuentro que la mesa directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) tendrá hoy en la provincia, es la oportunidad para que el defensor santiagueño, Martín Díaz Achával, avance en el propósito de sumar respaldo a la cruzada contra la contaminación de las aguas de la cuenca Salí-Dulce. Con miras a ello, pedirá que los defensores atiendan la problemática de la contaminación de las cuencas en la República
Así lo adelantó ayer a EL LIBERAL, al informar sobre la reunión que tendrá la mesa chica de la entidad que representa a los defensores de todo el país. Comentó que el motivo del encuentro es para decidir la fecha y el lugar del próximo plenario nacional en el que se renovarán autoridades. También se definirán los temas que tendrá el plenario y en ese momento Díaz Achával expondrá su propuesta.
“Lo que se pretende es nacionalizar la lucha contra la contaminación de las cuencas”, recalcó. De todos modos, dijo que seguramente van a plantearse otros temas.
Participarán la presidenta de Adpra y defensor de La Matanza (Buenos Aires), Silvia Caprino; el vicepresidente y defensor de Jujuy, Víctor Galarza. También llegarán el defensor de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosa; y el de Vicente López (Buenos Aires), Carlos Constela. Mientras tanto, desde ayer se encuentra en la provincia el defensor de Neuquén, Juan José Dutto.
El defensor sostuvo que la contaminación de cuencas “es un tema para tratar en el plenario”. Recordó que ya hubo por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce acciones conjuntas con las defensorías de Tucumán, Jujuy, Córdoba; y que también se firmó un acuerdo que incluyó a Salta.
Precisó que la intención de su pedido es que los defensores aúnen criterios, estrategias y que de algún modo vean lo que hizo Santiago y Tucumán, donde los gobiernos y los defensores provinciales comenzaron a tratar conjuntamente la problemática. Destacó en ese sentido, la conformación del Comité de Cuenca en el que interviene la Nación. “Que se reproduzcan los mecanismos institucionales, se involucren todos los sectores y que la población tome conciencia”, sostuvo sobre los objetivos a los que se deben llegar.
El ombudsman local dijo que ya habría un eco favorable en sus pares para incorporar su propuesta en el temario del próximo plenario, aunque de todos modos espera confirmarlo hoy.
Fecha de Publicación: 14/05/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Jujuy - Córdoba - Salta - Santiago del Estero
Con miras a reforzar las actuaciones por el envenenamiento de la cuenca Salí-Dulce, el ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, hará el planteo ante sus pares de Adpra.
El encuentro que la mesa directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) tendrá hoy en la provincia, es la oportunidad para que el defensor santiagueño, Martín Díaz Achával, avance en el propósito de sumar respaldo a la cruzada contra la contaminación de las aguas de la cuenca Salí-Dulce. Con miras a ello, pedirá que los defensores atiendan la problemática de la contaminación de las cuencas en la República
Así lo adelantó ayer a EL LIBERAL, al informar sobre la reunión que tendrá la mesa chica de la entidad que representa a los defensores de todo el país. Comentó que el motivo del encuentro es para decidir la fecha y el lugar del próximo plenario nacional en el que se renovarán autoridades. También se definirán los temas que tendrá el plenario y en ese momento Díaz Achával expondrá su propuesta.
“Lo que se pretende es nacionalizar la lucha contra la contaminación de las cuencas”, recalcó. De todos modos, dijo que seguramente van a plantearse otros temas.
Participarán la presidenta de Adpra y defensor de La Matanza (Buenos Aires), Silvia Caprino; el vicepresidente y defensor de Jujuy, Víctor Galarza. También llegarán el defensor de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosa; y el de Vicente López (Buenos Aires), Carlos Constela. Mientras tanto, desde ayer se encuentra en la provincia el defensor de Neuquén, Juan José Dutto.
El defensor sostuvo que la contaminación de cuencas “es un tema para tratar en el plenario”. Recordó que ya hubo por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce acciones conjuntas con las defensorías de Tucumán, Jujuy, Córdoba; y que también se firmó un acuerdo que incluyó a Salta.
Precisó que la intención de su pedido es que los defensores aúnen criterios, estrategias y que de algún modo vean lo que hizo Santiago y Tucumán, donde los gobiernos y los defensores provinciales comenzaron a tratar conjuntamente la problemática. Destacó en ese sentido, la conformación del Comité de Cuenca en el que interviene la Nación. “Que se reproduzcan los mecanismos institucionales, se involucren todos los sectores y que la población tome conciencia”, sostuvo sobre los objetivos a los que se deben llegar.
El ombudsman local dijo que ya habría un eco favorable en sus pares para incorporar su propuesta en el temario del próximo plenario, aunque de todos modos espera confirmarlo hoy.
El glifosato es cuestionado
Piden analizar el riesgo sanitario del glifosato, el herbicida más usado en Argentina
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Un comité de ética científica recomendó al Gobierno argentino la "urgente creación" de una comisión para analizar los riesgos sanitarios del glifosato, el herbicida más usado en el país, después de que un estudio advirtiera que puede producir malformaciones, informó hoy la prensa local.
El Comité Nacional de Ética en la Ciencia y en la Tecnología también pidió al ministro del área, Lino Barañao, que los expertos convocados para integrar la comisión no tengan vinculación académica o económica con empresas del sector, precisó el diario Página/12.
La recomendación fue hecha después de que el profesor de embriología Andrés Carrasco liderara una investigación que concluyó que el herbicida utilizado para la soja transgénica, el principal cultivo de Argentina, puede producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas.
Para llevar adelante su investigación, Carrasco inyectó dosis de glifosato en embriones anfibios con resultados "totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano", explicó el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y también director del Laboratorio de Embriología Molecular.
Las dosis de herbicida empleadas para el estudio "estuvieron muy por debajo de los niveles que se usan en las fumigaciones", por lo que la situación "es mucho más grave" debido a que "el glifosato no degrada", advirtió Carrasco a Efe en abril pasado.
El lunes pasado, más de 300 científicos y miembros de organizaciones sociales publicaron en la prensa una carta en la que repudiaron los "ataques y amenazas" sufridos recientemente por Carrasco y denunciaron que políticos, funcionarios y comunicadores contratados por corporaciones económicas" buscan "silenciar" esta investigación.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos afirmó el mes pasado que el glifosato está "clasificado entre los productos que normalmente no ofrecen peligro" y aseguró que "es utilizado con éxito en todo el mundo, clasificado como de baja toxicidad".
En Argentina se utilizan anualmente entre 180 y 200 millones de litros de glisofato, producido por la multinacional Monsanto, para fumigar 18 millones de hectáreas de cultivos.
Carrasco puso como ejemplo lo ocurrido en Ituzaingó, una barriada de 5.000 personas en la periferia de Córdoba (centro de Argentina), donde en los últimos ocho años se constataron cerca de 300 casos de cáncer asociados a las fumigaciones con plaguicidas.
Ante las denuncias judiciales relacionadas con el uso desproporcionado de pesticidas en el cultivo de soja transgénica, en febrero último el Ministerio de Salud creó un grupo para investigar la problemática en cuatro provincias argentinas.
Argentina es el tercer exportador mundial de soja y ocupa también puestos de relevancia en el comercio global de derivados (aceites y harinas) de ese grano.
Marche un estudio urgente sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Comité de Etica del Ministerio de Ciencia recomendó la “urgente” creación de una comisión de especialistas para analizar los efectos del herbicida estrella en la industria de la soja. Deberán ser científicos sin vinculación con empresas agroindustriales.
El debate sobre el glifosato subió un peldaño. El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) recomendó al ministro del área, Lino Barañao, la “urgente creación” de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los “posibles riesgos” del uso del químico estrella en el modelo actual de la agroindustria local. También pidió que los expertos convocados no tengan vinculación académica o económica (ni pasada ni presente) con empresas del sector. La recomendación del Cecte se produjo como consecuencia del debate que abrió la publicación en Página/12 de la investigación del científico Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.
Carrasco, investigador de la UBA y el Conicet, había asegurado que hace un mes confirmó mediante ensayos de laboratorio el efecto devastador del glifosato en embriones, aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron y, sobre todo, lo que centenares de pueblos fumigados vienen denunciando”, remarcaba el investigador. Desde entonces, fue blanco de presiones de las empresas del ramo y sufrió amenazas e intimidaciones.
El 4 de mayo se reunieron los miembros del Cecte y ayer finalmente hicieron pública su conclusión. “Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del herbicida glifosato”, es el nombre del escrito, de una carilla y media.
“El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología recibió expresiones de inquietud relacionadas con la difusión periodística de trabajos de investigación realizados por el grupo del doctor Andrés Carrasco. Dicha información ha renovado la preocupación sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud del herbicida glifosato, utilizado extensivamente en la Argentina, en particular en los cultivos de soja”, arranca el dictamen y considera más adelante que el debate abierto por las notas de este diario es “un tema relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a la integridad en la investigación y compromete además las relaciones de la ciencia y la tecnología con la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la población”.
El texto recomienda al Ministerio de Ciencia conformar de manera “urgente una comisión de especialistas de la más alta jerarquía científica y técnica”, que sea interdisciplinaria y que realice “una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos sobre poblaciones humanas”. Solicita que se analice la bibliografía posterior a la aprobación del agrotóxico, los experimentos de laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana y la comparación con otros herbicidas. Y argumenta: “A nivel internacional y nacional existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos del glifosato sobre humanos como bibliografía que demostraría su inocuidad”.
“Más allá de estas afirmaciones encontradas, los antecedentes de las grandes empresas productoras y comercializadoras del glifosato constituyen otro factor insoslayable en el análisis de la situación por la generación de intereses económicos entre los actores relacionados con el problema, dentro y fuera de la comunidad científica”, advierte el comité, integrado por Alberto Kornblihtt, Armando Parodi, Noé Jitrik y Aída Kemelmajer, entre otros, y coordinado por Otilia Vainstok.
No es la primera vez que el Cecte elabora un caso sobre temas controvertidos en los medios. El organismo considera “que uno de sus objetivos es contribuir a la construcción de una opinión pública informada” que permita a los sectores sociales involucrados “elegir responsable y democráticamente qué riesgos asumen y cuáles no”.
Tras la publicación de su investigación en este diario, Carrasco denunció haber recibido una amenaza telefónica y relató que representantes de la cámara del sector se presentaron en su laboratorio de la Facultad de Medicina. Mediante una carta pública, más de 300 investigadores e intelectuales nacionales y extranjeros, y referentes de organismos de derechos humanos repudiaron las amenazas sufridas por el investigador.
Ahora, el Comité de Etica recomienda convocar a investigadores provenientes de diversas disciplinas (ecología, epidemiología, toxicología, embriología, química orgánica, producción agropecuaria, ciencias ambientales, manejo de suelos, sociología rural y ética de la investigación científica) “que no hayan tenido ni tengan relación académica o económica con empresas nacionales o multinacionales vinculadas a la producción agropecuaria relacionada con el glifosato y la soja”. La comisión de expertos debería tomar en consideración:
- La necesidad de una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos del glifosato sobre las personas.
- La bibliografía posterior a la autorización relacionada con el uso del herbicida en Argentina. Aquí, el comité aporta como referencia estudios de ambas mitades de la biblioteca: los que manejan las empresas del sector y los que señalan los efectos nocivos que produciría.
- El alcance de los experimentos realizados en laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana.
- La comparación de los efectos del glifosato con los de otros herbicidas o agroquímicos de uso masivo.
- La posibilidad de promover investigaciones interdisciplinarias sobre el tema.
El comité propone que “en un plazo razonablemente breve” la comisión elabore un informe exhaustivo sobre los riesgos reales y potenciales del uso del glifosato.
Ahora proponen una ley para prohibir el glifosato
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: La Capital On Line
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe.— La Legislatura de la provincia estudia por estas horas un proyecto para prohibir la aspersión de glifosato en todo el territorio santafesino. El proyecto habla de "prohibir la aplicación mediante aspersión aérea (fumigar con avionetas) de plaguicidas sintético químico". Pero además prohíbe específicamente la aplicación mediante cualquier método, del herbicida glifosato en los nombres comerciales en que se presente, a partir de transcurridos y cumplidos veinticuatro (24) meses desde la fecha de sanción de la ley.
"Hicimos un estudio de salud y legislación y resulta que en Alemania lo prohibieron y en la Argentina es libre, tal vez por presiones de quienes ganan plata a costa de cualquier cosa", sostuvo la diputada Claudia Saldaña (PJ), autora del proyecto.
Por caso se tomaron denuncias del médico Rodolfo Peramo, de Malabrigo, acerca de la relación entre el herbicida y la salud. En esa localidad, afirma la diputada y se consigna en el proyecto, hubo casos de nacimientos de 12 niños con malformaciones en el término de un año. Y lo "llamativo eran anancefalia y meliomeningocele e hidrocefalia", afirmó Saldaña.
La legisladora espera que la oposición y el Ejecutivo apoyen su iniciativa, que acompaña en su totalidad el bloque del Frente para la Victoria. "Hay sectores que lamentablemente trabajan contra los intereses de la gente, no es sólo el campo el perjudicado, cuando la soja llega a puerto también se desprende toxicidad. Esperemos que sea una ley sancionada rápidamente", se entusiasmó.
En números, y siempre según los datos que muestra la autora del proyecto, la evolución de la soja fue abrupta: en 1974 había 370 mil hectáreas sembradas en la Argentina; en 1979 eran 2,1 millones; en 1989, 5,1 millones; en 1999, 8,8 millones, y ahora ya llegaron a las 17 millones de hectáreas.
"En la Argentina entró el glifosato, que es utilizado desde la misma época de la aparición de la semilla trangénica y hubo muchos problemas", reseñó Saldaña.
En el proyecto se establece que la provincia, a través de sus organismos, arbitrará las medidas de control necesarias para evitar la producción, importación, acumulación, comercialización y utilización del glifosato, y quienes infrinjan esto tendrán una sanción de 5 mil hasta un millón de pesos, decomiso de los productos y de las producciones agrícolas obtenidas con utilización del herbicida.
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Un comité de ética científica recomendó al Gobierno argentino la "urgente creación" de una comisión para analizar los riesgos sanitarios del glifosato, el herbicida más usado en el país, después de que un estudio advirtiera que puede producir malformaciones, informó hoy la prensa local.
El Comité Nacional de Ética en la Ciencia y en la Tecnología también pidió al ministro del área, Lino Barañao, que los expertos convocados para integrar la comisión no tengan vinculación académica o económica con empresas del sector, precisó el diario Página/12.
La recomendación fue hecha después de que el profesor de embriología Andrés Carrasco liderara una investigación que concluyó que el herbicida utilizado para la soja transgénica, el principal cultivo de Argentina, puede producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas.
Para llevar adelante su investigación, Carrasco inyectó dosis de glifosato en embriones anfibios con resultados "totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano", explicó el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y también director del Laboratorio de Embriología Molecular.
Las dosis de herbicida empleadas para el estudio "estuvieron muy por debajo de los niveles que se usan en las fumigaciones", por lo que la situación "es mucho más grave" debido a que "el glifosato no degrada", advirtió Carrasco a Efe en abril pasado.
El lunes pasado, más de 300 científicos y miembros de organizaciones sociales publicaron en la prensa una carta en la que repudiaron los "ataques y amenazas" sufridos recientemente por Carrasco y denunciaron que políticos, funcionarios y comunicadores contratados por corporaciones económicas" buscan "silenciar" esta investigación.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos afirmó el mes pasado que el glifosato está "clasificado entre los productos que normalmente no ofrecen peligro" y aseguró que "es utilizado con éxito en todo el mundo, clasificado como de baja toxicidad".
En Argentina se utilizan anualmente entre 180 y 200 millones de litros de glisofato, producido por la multinacional Monsanto, para fumigar 18 millones de hectáreas de cultivos.
Carrasco puso como ejemplo lo ocurrido en Ituzaingó, una barriada de 5.000 personas en la periferia de Córdoba (centro de Argentina), donde en los últimos ocho años se constataron cerca de 300 casos de cáncer asociados a las fumigaciones con plaguicidas.
Ante las denuncias judiciales relacionadas con el uso desproporcionado de pesticidas en el cultivo de soja transgénica, en febrero último el Ministerio de Salud creó un grupo para investigar la problemática en cuatro provincias argentinas.
Argentina es el tercer exportador mundial de soja y ocupa también puestos de relevancia en el comercio global de derivados (aceites y harinas) de ese grano.
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Marche un estudio urgente sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Comité de Etica del Ministerio de Ciencia recomendó la “urgente” creación de una comisión de especialistas para analizar los efectos del herbicida estrella en la industria de la soja. Deberán ser científicos sin vinculación con empresas agroindustriales.
El debate sobre el glifosato subió un peldaño. El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) recomendó al ministro del área, Lino Barañao, la “urgente creación” de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los “posibles riesgos” del uso del químico estrella en el modelo actual de la agroindustria local. También pidió que los expertos convocados no tengan vinculación académica o económica (ni pasada ni presente) con empresas del sector. La recomendación del Cecte se produjo como consecuencia del debate que abrió la publicación en Página/12 de la investigación del científico Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.
Carrasco, investigador de la UBA y el Conicet, había asegurado que hace un mes confirmó mediante ensayos de laboratorio el efecto devastador del glifosato en embriones, aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron y, sobre todo, lo que centenares de pueblos fumigados vienen denunciando”, remarcaba el investigador. Desde entonces, fue blanco de presiones de las empresas del ramo y sufrió amenazas e intimidaciones.
El 4 de mayo se reunieron los miembros del Cecte y ayer finalmente hicieron pública su conclusión. “Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del herbicida glifosato”, es el nombre del escrito, de una carilla y media.
“El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología recibió expresiones de inquietud relacionadas con la difusión periodística de trabajos de investigación realizados por el grupo del doctor Andrés Carrasco. Dicha información ha renovado la preocupación sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud del herbicida glifosato, utilizado extensivamente en la Argentina, en particular en los cultivos de soja”, arranca el dictamen y considera más adelante que el debate abierto por las notas de este diario es “un tema relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a la integridad en la investigación y compromete además las relaciones de la ciencia y la tecnología con la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la población”.
El texto recomienda al Ministerio de Ciencia conformar de manera “urgente una comisión de especialistas de la más alta jerarquía científica y técnica”, que sea interdisciplinaria y que realice “una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos sobre poblaciones humanas”. Solicita que se analice la bibliografía posterior a la aprobación del agrotóxico, los experimentos de laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana y la comparación con otros herbicidas. Y argumenta: “A nivel internacional y nacional existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos del glifosato sobre humanos como bibliografía que demostraría su inocuidad”.
“Más allá de estas afirmaciones encontradas, los antecedentes de las grandes empresas productoras y comercializadoras del glifosato constituyen otro factor insoslayable en el análisis de la situación por la generación de intereses económicos entre los actores relacionados con el problema, dentro y fuera de la comunidad científica”, advierte el comité, integrado por Alberto Kornblihtt, Armando Parodi, Noé Jitrik y Aída Kemelmajer, entre otros, y coordinado por Otilia Vainstok.
No es la primera vez que el Cecte elabora un caso sobre temas controvertidos en los medios. El organismo considera “que uno de sus objetivos es contribuir a la construcción de una opinión pública informada” que permita a los sectores sociales involucrados “elegir responsable y democráticamente qué riesgos asumen y cuáles no”.
Tras la publicación de su investigación en este diario, Carrasco denunció haber recibido una amenaza telefónica y relató que representantes de la cámara del sector se presentaron en su laboratorio de la Facultad de Medicina. Mediante una carta pública, más de 300 investigadores e intelectuales nacionales y extranjeros, y referentes de organismos de derechos humanos repudiaron las amenazas sufridas por el investigador.
Ahora, el Comité de Etica recomienda convocar a investigadores provenientes de diversas disciplinas (ecología, epidemiología, toxicología, embriología, química orgánica, producción agropecuaria, ciencias ambientales, manejo de suelos, sociología rural y ética de la investigación científica) “que no hayan tenido ni tengan relación académica o económica con empresas nacionales o multinacionales vinculadas a la producción agropecuaria relacionada con el glifosato y la soja”. La comisión de expertos debería tomar en consideración:
- La necesidad de una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos del glifosato sobre las personas.
- La bibliografía posterior a la autorización relacionada con el uso del herbicida en Argentina. Aquí, el comité aporta como referencia estudios de ambas mitades de la biblioteca: los que manejan las empresas del sector y los que señalan los efectos nocivos que produciría.
- El alcance de los experimentos realizados en laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana.
- La comparación de los efectos del glifosato con los de otros herbicidas o agroquímicos de uso masivo.
- La posibilidad de promover investigaciones interdisciplinarias sobre el tema.
El comité propone que “en un plazo razonablemente breve” la comisión elabore un informe exhaustivo sobre los riesgos reales y potenciales del uso del glifosato.
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Ahora proponen una ley para prohibir el glifosato
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: La Capital On Line
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe.— La Legislatura de la provincia estudia por estas horas un proyecto para prohibir la aspersión de glifosato en todo el territorio santafesino. El proyecto habla de "prohibir la aplicación mediante aspersión aérea (fumigar con avionetas) de plaguicidas sintético químico". Pero además prohíbe específicamente la aplicación mediante cualquier método, del herbicida glifosato en los nombres comerciales en que se presente, a partir de transcurridos y cumplidos veinticuatro (24) meses desde la fecha de sanción de la ley.
"Hicimos un estudio de salud y legislación y resulta que en Alemania lo prohibieron y en la Argentina es libre, tal vez por presiones de quienes ganan plata a costa de cualquier cosa", sostuvo la diputada Claudia Saldaña (PJ), autora del proyecto.
Por caso se tomaron denuncias del médico Rodolfo Peramo, de Malabrigo, acerca de la relación entre el herbicida y la salud. En esa localidad, afirma la diputada y se consigna en el proyecto, hubo casos de nacimientos de 12 niños con malformaciones en el término de un año. Y lo "llamativo eran anancefalia y meliomeningocele e hidrocefalia", afirmó Saldaña.
La legisladora espera que la oposición y el Ejecutivo apoyen su iniciativa, que acompaña en su totalidad el bloque del Frente para la Victoria. "Hay sectores que lamentablemente trabajan contra los intereses de la gente, no es sólo el campo el perjudicado, cuando la soja llega a puerto también se desprende toxicidad. Esperemos que sea una ley sancionada rápidamente", se entusiasmó.
En números, y siempre según los datos que muestra la autora del proyecto, la evolución de la soja fue abrupta: en 1974 había 370 mil hectáreas sembradas en la Argentina; en 1979 eran 2,1 millones; en 1989, 5,1 millones; en 1999, 8,8 millones, y ahora ya llegaron a las 17 millones de hectáreas.
"En la Argentina entró el glifosato, que es utilizado desde la misma época de la aparición de la semilla trangénica y hubo muchos problemas", reseñó Saldaña.
En el proyecto se establece que la provincia, a través de sus organismos, arbitrará las medidas de control necesarias para evitar la producción, importación, acumulación, comercialización y utilización del glifosato, y quienes infrinjan esto tendrán una sanción de 5 mil hasta un millón de pesos, decomiso de los productos y de las producciones agrícolas obtenidas con utilización del herbicida.
Derrame de petróleo divide a una ciudad
El plebiscito por un derrame de petróleo divide a una ciudad
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
En Magdalena votan si aceptan una oferta de Shell. La consulta es el domingo. En un arreglo extrajudicial, la petrolera ofreció 9,5 millones de dólares. El peor derrame de este tipo en aguas dulces argentinas se produjo en 1999 tras el choque de 2 barcos.
Hace diez años, 30 kilómetros de playas y humedales de la costa de Magdalena se tiñeron de petróleo. También se vistió de negro el futuro de sus habitantes. Este domingo ellos deberán decidir, a través de un plebiscito, si aceptan los U$S9,5 millones que ofrece la petrolera Shell, acusada por el municipio de responsable del derrame. O si están a favor de continuar el juicio.
El 15 de enero de 1999, el buque Estrella Pampeana de Shell, y el barco Sea Paraná, de bandera alemana, chocaron en el Río de la Plata. Fue el comienzo del peor desastre de su tipo en aguas dulces en el país: se derramaron 5.300 metros cúbicos (5.300.000 litros) de hidrocarburos. Dos meses después la Municipalidad demandó a la petrolera para que repare el ambiente y realice un manejo adecuado de los residuos peligrosos. Pero la mitad de esos diez años la Justicia se ocupó de discutir qué tribunal debía atender el caso que hoy espera en un juzgado federal de Capital, al igual que las demandas de unos 500 vecinos que reclaman por daños a la salud, el ambiente y la economía.
Magdalena tiene unos 20.000 habitantes y sus cuatro cárceles son la principal fuente laboral. Este domingo, 12.000 personas están en condiciones de votar el acuerdo extrajudicial al que llegaron Shell y el municipio, y que busca poner fin a la demanda. El acta acuerdo, a la que accedió Clarín, no habla de indemnización. Dice: "La presente transacción se lleva a cabo al mero efecto conciliatorio y no implica el reconocimiento de responsabilidad alguna en los hechos". Y más adelante aclara que, tras el pago, la Municipalidad "desistirá de los procesos iniciados".
Además, Shell ofrece "su colaboración desinteresada y no vinculante para brindar asesoramiento legal, ambiental, tecnológico, de diseño y planificación" para un plan de desarrollo turístico en el corredor ribereño de Magdalena a Atalaya, la instalación de un parque industrial y un programa de tratamiento de residuos sólidos.
"Si pagan es porque reconocen los hechos. El acuerdo es positivo porque pone fin a una causa con futuro incierto", dijo a Clarín el intendente de Magdalena, Fernando Carballo (PJ), quien en abril de 2006, cuando la princesa Máxima de Holanda visitó la Argentina, le pidió que interceda en el conflicto. "Hay consenso entre el PJ, la UCR y entidades intermedias del distrito -dijo Carballo-. Si bien legalmente el plebiscito no es vinculante, si la mitad más uno de los votantes dice que sí, el convenio quedará convalidado. Más del 70% de la gente irá por la positiva", adelantó confiado. ¿En qué se va a usar la plata? Peronistas y radicales dicen que se crearán comisiones de trabajo para decidir las obras. Incluso, que el dinero se depositará en una cuenta especial.
¿Qué dice la gente? Hay confundidos, desinformados, descreídos que piensan que la plata se la van a quedar los políticos y también esperanzados que creen que el dinero ayudará a mejorar la ciudad. "El corredor turístico y la repavimentación de la ruta 11, que está muy mal, son obras necesarias", opinan Justina Fernández (docente) y su esposo Gustavo Villafañe (médico), ambos de 57 años. "El juicio va para largo, es más conveniente arreglar ahora", dicen en la costa del río Marcela Balmaceda (33, ama de casa) y su marido Héctor González (39, empleado penitenciario). También conviven resquemores y enfrentamientos entre la docena de demandantes que acordaron extrajudicialmente con Shell (hay junqueros que recibieron U$S13.000) y quienes esperan un fallo justo.
En Shell afirman que "estudios nacionales e internacionales indican que hace 6 años no hay rastros de petróleo en la costa". Sin embargo, los ambientalistas de la ONG Ala Plástica aseguran que "la alteración del ecosistema costero no pudo ser revertido en diez años". Y que "el daño aún existe".
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
En Magdalena votan si aceptan una oferta de Shell. La consulta es el domingo. En un arreglo extrajudicial, la petrolera ofreció 9,5 millones de dólares. El peor derrame de este tipo en aguas dulces argentinas se produjo en 1999 tras el choque de 2 barcos.
Hace diez años, 30 kilómetros de playas y humedales de la costa de Magdalena se tiñeron de petróleo. También se vistió de negro el futuro de sus habitantes. Este domingo ellos deberán decidir, a través de un plebiscito, si aceptan los U$S9,5 millones que ofrece la petrolera Shell, acusada por el municipio de responsable del derrame. O si están a favor de continuar el juicio.
El 15 de enero de 1999, el buque Estrella Pampeana de Shell, y el barco Sea Paraná, de bandera alemana, chocaron en el Río de la Plata. Fue el comienzo del peor desastre de su tipo en aguas dulces en el país: se derramaron 5.300 metros cúbicos (5.300.000 litros) de hidrocarburos. Dos meses después la Municipalidad demandó a la petrolera para que repare el ambiente y realice un manejo adecuado de los residuos peligrosos. Pero la mitad de esos diez años la Justicia se ocupó de discutir qué tribunal debía atender el caso que hoy espera en un juzgado federal de Capital, al igual que las demandas de unos 500 vecinos que reclaman por daños a la salud, el ambiente y la economía.
Magdalena tiene unos 20.000 habitantes y sus cuatro cárceles son la principal fuente laboral. Este domingo, 12.000 personas están en condiciones de votar el acuerdo extrajudicial al que llegaron Shell y el municipio, y que busca poner fin a la demanda. El acta acuerdo, a la que accedió Clarín, no habla de indemnización. Dice: "La presente transacción se lleva a cabo al mero efecto conciliatorio y no implica el reconocimiento de responsabilidad alguna en los hechos". Y más adelante aclara que, tras el pago, la Municipalidad "desistirá de los procesos iniciados".
Además, Shell ofrece "su colaboración desinteresada y no vinculante para brindar asesoramiento legal, ambiental, tecnológico, de diseño y planificación" para un plan de desarrollo turístico en el corredor ribereño de Magdalena a Atalaya, la instalación de un parque industrial y un programa de tratamiento de residuos sólidos.
"Si pagan es porque reconocen los hechos. El acuerdo es positivo porque pone fin a una causa con futuro incierto", dijo a Clarín el intendente de Magdalena, Fernando Carballo (PJ), quien en abril de 2006, cuando la princesa Máxima de Holanda visitó la Argentina, le pidió que interceda en el conflicto. "Hay consenso entre el PJ, la UCR y entidades intermedias del distrito -dijo Carballo-. Si bien legalmente el plebiscito no es vinculante, si la mitad más uno de los votantes dice que sí, el convenio quedará convalidado. Más del 70% de la gente irá por la positiva", adelantó confiado. ¿En qué se va a usar la plata? Peronistas y radicales dicen que se crearán comisiones de trabajo para decidir las obras. Incluso, que el dinero se depositará en una cuenta especial.
¿Qué dice la gente? Hay confundidos, desinformados, descreídos que piensan que la plata se la van a quedar los políticos y también esperanzados que creen que el dinero ayudará a mejorar la ciudad. "El corredor turístico y la repavimentación de la ruta 11, que está muy mal, son obras necesarias", opinan Justina Fernández (docente) y su esposo Gustavo Villafañe (médico), ambos de 57 años. "El juicio va para largo, es más conveniente arreglar ahora", dicen en la costa del río Marcela Balmaceda (33, ama de casa) y su marido Héctor González (39, empleado penitenciario). También conviven resquemores y enfrentamientos entre la docena de demandantes que acordaron extrajudicialmente con Shell (hay junqueros que recibieron U$S13.000) y quienes esperan un fallo justo.
En Shell afirman que "estudios nacionales e internacionales indican que hace 6 años no hay rastros de petróleo en la costa". Sin embargo, los ambientalistas de la ONG Ala Plástica aseguran que "la alteración del ecosistema costero no pudo ser revertido en diez años". Y que "el daño aún existe".
El aire envenenado
El aire envenenado
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Misiones
En Misiones, cinco de cada 1000 niños nacen con malformaciones debida a la aplicación de agrotóxicos a los cultivos de tabaco y a las fábricas de pasta de papel, denunciaron organizaciones ecologistas que citaron datos oficiales.
Los casos se reiteran en las zonas tabacaleras y papeleras, donde se usan agrotóxicos, y el problema se traslada a todo el ambiente, con la degradación del suelo, la contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos de agua.
Cinco de cada 1000 niños nacen afectados de meliomeningocele, una malformación del sistema nervioso central. La provincia, que por otra parte se ha manifestado a favor de las pasteras de Fray Bentos, cuenta con una norma creada para evitar estas situaciones, la ley de agrotóxicos 2980, que debe ser aplicada por el ministerio de Ecología.
Los problemas de salud quedaron demostrados por las investigaciones que lleva adelante el doctor Juan Carlos Demaio, jefe de cirugía del hospital provincial Ramón Madariaga.
Sin presupuesto y contra los intereses de tabacaleras y papeleras, alertó a tomar conciencia y parar de una vez con el uso indiscriminado de agrotóxicos que mal forman el futuro.
En Misiones, el 13 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, duplicando casi la media nacional. Este alerta se produjo en el marco de las terceras jornadas de discapacidad y derechos Humanos que, organizadas por la CTA, Pami y la secretaría de Derechos Humanos que se realizaron en Posadas.
Las investigaciones de Demaio comenzaron con la detección de un gran número de chicos con malformaciones del sistema nervioso central, llamada mioelomelingocele (MMC), que implica que nazcan con la médula abierta, quedando con incontinencia urinaria, fecal y trastornos motores de miembros inferiores.
Ante esta detección en 1987 creó el Centro de Investigación, Estudio y Tratamiento de Enfermedades Malformativas de Misiones, que comenzó por identificar en qué zonas habían sido gestados los niños afectados ya que esta malformación se provoca en los 28 días de gestación. "Luego de visitar todas las zonas rurales y ver el consumo de agrotóxicos certificamos que nuestros pacientes venían de los lugares donde más agrotóxicos se utilizaban", afirmó.
Estas investigaciones fueron paralelas a las del genoma humano por lo que se comenzó a buscar en los genes que manejan la detoxificación del medio, cuál podía ser el gen responsable de esta malformación. Trabajaron con niños sin ninguna patología, viendo cómo se comportaba su genoma frente a la presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos que se encuentran como contaminantes, vehículos o en la estructura química principal de muchos plaguicidas que se utilizan en la provincia de Misiones.
El resultado fue que los pacientes con MMC tenían una diferencia muy significativa en cuanto al gen estudiado y a las formas mutadas del mismo que le confieren a quien lo porta una susceptibilidad especial a los contaminantes, provocándoles fenómenos de mutagénesis, teratogénesis y toxicidad.
La perdida de capacidad de aprendizaje por modificación del genoma humano implica que se sea transmitida a los propios hijos. Todas estas lesiones están contempladas en la ley de agrotóxicos, la cual en su artículo siete dice que no deben utilizarse aquellos agroquímicos que está prohibido su uso en su país de origen o en un país desarrollado que se haya demostrado que producen las lesiones mencionadas.
"Esto se hizo acá, sin presupuesto, sin ayuda y en contra de todos los que financian los proyectos de investigación que les conviene porque esta provincia no se fumiga con la mochila detrás de la espalda, sino con aviones", señaló.
"Cuando vemos qué presupuesto tiene para Iberoamérica Monsanto, que tiene su gran agencia acá en Posadas, 30 mil millones de dólares son los que invierten en agrotóxicos para que unos pocos sean muy ricos y para que todos los demás seamos discapacitados".
En el 2001 fue aprobado un proyecto de ley, por iniciativa de Demaio, sobre el uso de ácido fólico en mujeres en edad gestacional, el cual disminuye el riesgo de MMC. Sin embargo, la ley sigue sin cumplirse.
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Misiones
En Misiones, cinco de cada 1000 niños nacen con malformaciones debida a la aplicación de agrotóxicos a los cultivos de tabaco y a las fábricas de pasta de papel, denunciaron organizaciones ecologistas que citaron datos oficiales.
Los casos se reiteran en las zonas tabacaleras y papeleras, donde se usan agrotóxicos, y el problema se traslada a todo el ambiente, con la degradación del suelo, la contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos de agua.
Cinco de cada 1000 niños nacen afectados de meliomeningocele, una malformación del sistema nervioso central. La provincia, que por otra parte se ha manifestado a favor de las pasteras de Fray Bentos, cuenta con una norma creada para evitar estas situaciones, la ley de agrotóxicos 2980, que debe ser aplicada por el ministerio de Ecología.
Los problemas de salud quedaron demostrados por las investigaciones que lleva adelante el doctor Juan Carlos Demaio, jefe de cirugía del hospital provincial Ramón Madariaga.
Sin presupuesto y contra los intereses de tabacaleras y papeleras, alertó a tomar conciencia y parar de una vez con el uso indiscriminado de agrotóxicos que mal forman el futuro.
En Misiones, el 13 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, duplicando casi la media nacional. Este alerta se produjo en el marco de las terceras jornadas de discapacidad y derechos Humanos que, organizadas por la CTA, Pami y la secretaría de Derechos Humanos que se realizaron en Posadas.
Las investigaciones de Demaio comenzaron con la detección de un gran número de chicos con malformaciones del sistema nervioso central, llamada mioelomelingocele (MMC), que implica que nazcan con la médula abierta, quedando con incontinencia urinaria, fecal y trastornos motores de miembros inferiores.
Ante esta detección en 1987 creó el Centro de Investigación, Estudio y Tratamiento de Enfermedades Malformativas de Misiones, que comenzó por identificar en qué zonas habían sido gestados los niños afectados ya que esta malformación se provoca en los 28 días de gestación. "Luego de visitar todas las zonas rurales y ver el consumo de agrotóxicos certificamos que nuestros pacientes venían de los lugares donde más agrotóxicos se utilizaban", afirmó.
Estas investigaciones fueron paralelas a las del genoma humano por lo que se comenzó a buscar en los genes que manejan la detoxificación del medio, cuál podía ser el gen responsable de esta malformación. Trabajaron con niños sin ninguna patología, viendo cómo se comportaba su genoma frente a la presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos que se encuentran como contaminantes, vehículos o en la estructura química principal de muchos plaguicidas que se utilizan en la provincia de Misiones.
El resultado fue que los pacientes con MMC tenían una diferencia muy significativa en cuanto al gen estudiado y a las formas mutadas del mismo que le confieren a quien lo porta una susceptibilidad especial a los contaminantes, provocándoles fenómenos de mutagénesis, teratogénesis y toxicidad.
La perdida de capacidad de aprendizaje por modificación del genoma humano implica que se sea transmitida a los propios hijos. Todas estas lesiones están contempladas en la ley de agrotóxicos, la cual en su artículo siete dice que no deben utilizarse aquellos agroquímicos que está prohibido su uso en su país de origen o en un país desarrollado que se haya demostrado que producen las lesiones mencionadas.
"Esto se hizo acá, sin presupuesto, sin ayuda y en contra de todos los que financian los proyectos de investigación que les conviene porque esta provincia no se fumiga con la mochila detrás de la espalda, sino con aviones", señaló.
"Cuando vemos qué presupuesto tiene para Iberoamérica Monsanto, que tiene su gran agencia acá en Posadas, 30 mil millones de dólares son los que invierten en agrotóxicos para que unos pocos sean muy ricos y para que todos los demás seamos discapacitados".
En el 2001 fue aprobado un proyecto de ley, por iniciativa de Demaio, sobre el uso de ácido fólico en mujeres en edad gestacional, el cual disminuye el riesgo de MMC. Sin embargo, la ley sigue sin cumplirse.
La Policía Federal contamina la Reserva
La Policía Federal contamina la Reserva Ecológica
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Capital
La fuerza de seguridad, dependiente de Aníbal Fernández, apila cientos de vehículos en estado de degradación en una zona de Costanera Sur que, además, linda con la villa Rodrigo Bueno. Ocurre hace más de diez años. Según fuentes policiales, la Reserva autoriza el uso de ese predio. Intervino la Defensoría del Pueblo.
La Policía Federal, con la instalación de un predio para depositar autos, contamina desde hace más de diez años la Reserva Ecológica y pone en serio riesgo sanitario a la villa Rodrigo Bueno, ubicada en Costanera Sur.
Para comprobarlo basta con acercarse hasta la Avenida España al 1800 y ver cómo en un espacio del Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica de la Costanera Sur, la Policía Federal apila cientos de vehículos que, al degradarse, afectan tanto a la biodiversidad del lugar como a quienes viven en la lindante villa Rodrigo Bueno.
El origen de este despropósito data de 1996. Al menos, así lo reconoce la Superintendencia de Drogas Peligrosas que, junto a seis seccionales de la Policía Federal, amontona en el lugar vehículos judicializados, secuestrados o abandonados por sus dueños.
Según fuentes policiales, las autoridades de la Reserva Ecológica autorizaron el uso del predio al que –como un agravio a la estética- los uniformados llaman Lola Mora. Sin embargo, ni la Federal ni los responsables de la Reserva logran exhibir documento alguno que pruebe la existencia de tal autorización.
Más allá de esta seria irregularidad administrativa, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advierten que este cementerio de automotores atenta contra la Reserva Ecológica y afecta la salud de los vecinos de la Rodrigo Bueno.
En ese sentido, explican que al degradarse, los automotores liberan combustibles, lubricantes, líquidos para freno o refrigerantes que - al igual que los neumáticos, las baterías, los sistemas de aire acondicionado y otras partes del automotor- contaminan el ambiente. Para agregar precisiones, señalan que de los rodados del cementerio se desprenden arsénico, cadmio, cinc, cobre, cromo, mercurio y plomo; todas ellas, sustancias tóxicas para los seres vivos.
La impotencia de las autoridades obligó a la Defensoría del Pueblo a requerir la desactivación del predio usado por la Policía Federal tanto al jefe de la repartición, Comisario General Néstor Villeca, como al ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, ingeniero Juan Pablo Piccardo.
Asimismo, recomendó que se determine el estado de contaminación del suelo y, de ser necesario, se adopten medidas que lo remedien. Finalmente, el organismo aconsejó al ministro porteño de Salud, doctor Jorge Lemus, que la cartera a su cargo detecte entre los vecinos de la Rodrigo Bueno patologías o enfermedades vinculables a la posible contaminación ambiental, establezca el número de afectados y les garantice estrategias adecuadas para su tratamiento.
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Capital
La fuerza de seguridad, dependiente de Aníbal Fernández, apila cientos de vehículos en estado de degradación en una zona de Costanera Sur que, además, linda con la villa Rodrigo Bueno. Ocurre hace más de diez años. Según fuentes policiales, la Reserva autoriza el uso de ese predio. Intervino la Defensoría del Pueblo.
La Policía Federal, con la instalación de un predio para depositar autos, contamina desde hace más de diez años la Reserva Ecológica y pone en serio riesgo sanitario a la villa Rodrigo Bueno, ubicada en Costanera Sur.
Para comprobarlo basta con acercarse hasta la Avenida España al 1800 y ver cómo en un espacio del Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica de la Costanera Sur, la Policía Federal apila cientos de vehículos que, al degradarse, afectan tanto a la biodiversidad del lugar como a quienes viven en la lindante villa Rodrigo Bueno.
El origen de este despropósito data de 1996. Al menos, así lo reconoce la Superintendencia de Drogas Peligrosas que, junto a seis seccionales de la Policía Federal, amontona en el lugar vehículos judicializados, secuestrados o abandonados por sus dueños.
Según fuentes policiales, las autoridades de la Reserva Ecológica autorizaron el uso del predio al que –como un agravio a la estética- los uniformados llaman Lola Mora. Sin embargo, ni la Federal ni los responsables de la Reserva logran exhibir documento alguno que pruebe la existencia de tal autorización.
Más allá de esta seria irregularidad administrativa, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advierten que este cementerio de automotores atenta contra la Reserva Ecológica y afecta la salud de los vecinos de la Rodrigo Bueno.
En ese sentido, explican que al degradarse, los automotores liberan combustibles, lubricantes, líquidos para freno o refrigerantes que - al igual que los neumáticos, las baterías, los sistemas de aire acondicionado y otras partes del automotor- contaminan el ambiente. Para agregar precisiones, señalan que de los rodados del cementerio se desprenden arsénico, cadmio, cinc, cobre, cromo, mercurio y plomo; todas ellas, sustancias tóxicas para los seres vivos.
La impotencia de las autoridades obligó a la Defensoría del Pueblo a requerir la desactivación del predio usado por la Policía Federal tanto al jefe de la repartición, Comisario General Néstor Villeca, como al ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, ingeniero Juan Pablo Piccardo.
Asimismo, recomendó que se determine el estado de contaminación del suelo y, de ser necesario, se adopten medidas que lo remedien. Finalmente, el organismo aconsejó al ministro porteño de Salud, doctor Jorge Lemus, que la cartera a su cargo detecte entre los vecinos de la Rodrigo Bueno patologías o enfermedades vinculables a la posible contaminación ambiental, establezca el número de afectados y les garantice estrategias adecuadas para su tratamiento.
Fuerte respaldo a Carrasco
Fuerte respaldo al científico que alertó sobre el peligro del glifosato y fue amenazado
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: Página /12
Provincia/Región: Nacional
Más de 300 científicos, intelectuales, referentes de DD.HH. y organizaciones sociales expresaron su apoyo a Andrés Carrasco, blanco de una campaña de desprestigio. Denunciaron la “intromisión mercantilista” en la ciencia.
El poder económico, con la complicidad de algunos medios de comunicación, dirigentes políticos, universidades y la corporación científica, pretende instalar un discurso hegemónico y acallar disidencias. Es el eje de una denuncia realizada por más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos y vicedecanos de facultades nacionales, directores de prestigiosos institutos de investigación, reconocidos científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos. La carta abierta, sin precedentes en el mundo científico e intelectual de Argentina, se produjo luego del ataque y difamación sufridos por el investigador de la UBA-Conicet Andrés Carrasco, que alertó sobre el efecto devastador del glifosato (herbicida utilizado en la siembra de soja) en embriones anfibios. Durante quince días, las compañías agroquímicas, las cámaras empresarias y algunos funcionarios y medios de comunicación descalificaron al científico, que incluso sufrió amenazas anónimas y denunció una intimidación por parte de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).
“El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”, afirma el texto, llamado “Voces de alerta”, que cuenta con la firma de especialistas de diversas ramas de ciencia, desde ecólogos a biólogos, físicos y médicos, y que también suscriben referentes de las ciencias sociales. Además, adhiere gran cantidad de investigadores extranjeros y numerosas organizaciones de campesinos, ambientalistas, educadores y grupos de científicos.
Andrés Carrasco es profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con reconocimiento internacional, y con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace un mes el efecto letal del glifosato en embriones anfibios, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Los aspectos centrales de la investigación sobre el herbicida usado en la industria de la soja fueron revelados por Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio, presiones y amenazas. Hasta se puso en duda la existencia del trabajo. Hace una semana, en este diario, Carrasco respondió a las dudas que consideró legítimas y también a las innumerables chicanas. Reconocía que su pecado había sido contradecir el discurso científico dominante. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, había retrucado en la entrevista.
Entre las firmas figuran Federico Schuster, León Rozitchner, Alejandro Grimson, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Horacio Machado, Miguel Teubal, Norma Giarracca, Inés Izaguirre, Horacio Tarcus, Pablo Alabarces, Ana María Fernández, Claudia Briones, Alejandro Kaufman, Horacio Verbitsky, Atilio Boron, Juan Carlos Marín, Roberto Gargarella, Sara Rietti, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Luis Zamora, Pino Solanas, Susana Checa, Gabriel Kessler y Norberto Alayón, entre otros. También suscriben reconocidos intelectuales internacionales como Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Gustavo Lins Ribeiro, Héctor Alimonda, Alex Fernández Jilberto, Bernardo Mançano Fernández y Ana Esther Ceceña. Adhieren organizaciones como CELS, Serpaj, Grupo de Gestión de Políticas de Estado de Ciencia y Tecnología, el Frente Darío Santillán y Cemida.
“¿Qué condiciones hay para que las voces críticas de universitarios y científicos contra el modelo extra-activista sean escuchadas? –se preguntan los referentes en la carta–. ¿Qué posibilidades de construir agenda pública sobre estos temas acuciantes para el bien común? ¿Qué promoción de ciudadanía y exigibilidad de derechos caracteriza a este escenario, donde las voces independientes y críticas, con la autoridad de saberes y trayectorias no cooptados, son negadas, difamadas, silenciadas, cuando no malversadas?”
La carta cuestiona de lleno los intereses privados que definen qué se debe investigar: “Afirmamos nuestra decisión por mantener un sistema científico universitario autónomo de los grandes intereses económicos corporativos; con libertad de pensamiento e investigación, enmarcados en los principios éticos de cada campo disciplinar y en la ineludible responsabilidad para con las sociedades y sus sectores sociales de mayor vulnerabilidad”.
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: Página /12
Provincia/Región: Nacional
Más de 300 científicos, intelectuales, referentes de DD.HH. y organizaciones sociales expresaron su apoyo a Andrés Carrasco, blanco de una campaña de desprestigio. Denunciaron la “intromisión mercantilista” en la ciencia.
El poder económico, con la complicidad de algunos medios de comunicación, dirigentes políticos, universidades y la corporación científica, pretende instalar un discurso hegemónico y acallar disidencias. Es el eje de una denuncia realizada por más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos y vicedecanos de facultades nacionales, directores de prestigiosos institutos de investigación, reconocidos científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos. La carta abierta, sin precedentes en el mundo científico e intelectual de Argentina, se produjo luego del ataque y difamación sufridos por el investigador de la UBA-Conicet Andrés Carrasco, que alertó sobre el efecto devastador del glifosato (herbicida utilizado en la siembra de soja) en embriones anfibios. Durante quince días, las compañías agroquímicas, las cámaras empresarias y algunos funcionarios y medios de comunicación descalificaron al científico, que incluso sufrió amenazas anónimas y denunció una intimidación por parte de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).
“El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”, afirma el texto, llamado “Voces de alerta”, que cuenta con la firma de especialistas de diversas ramas de ciencia, desde ecólogos a biólogos, físicos y médicos, y que también suscriben referentes de las ciencias sociales. Además, adhiere gran cantidad de investigadores extranjeros y numerosas organizaciones de campesinos, ambientalistas, educadores y grupos de científicos.
Andrés Carrasco es profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con reconocimiento internacional, y con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace un mes el efecto letal del glifosato en embriones anfibios, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Los aspectos centrales de la investigación sobre el herbicida usado en la industria de la soja fueron revelados por Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio, presiones y amenazas. Hasta se puso en duda la existencia del trabajo. Hace una semana, en este diario, Carrasco respondió a las dudas que consideró legítimas y también a las innumerables chicanas. Reconocía que su pecado había sido contradecir el discurso científico dominante. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, había retrucado en la entrevista.
Entre las firmas figuran Federico Schuster, León Rozitchner, Alejandro Grimson, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Horacio Machado, Miguel Teubal, Norma Giarracca, Inés Izaguirre, Horacio Tarcus, Pablo Alabarces, Ana María Fernández, Claudia Briones, Alejandro Kaufman, Horacio Verbitsky, Atilio Boron, Juan Carlos Marín, Roberto Gargarella, Sara Rietti, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Luis Zamora, Pino Solanas, Susana Checa, Gabriel Kessler y Norberto Alayón, entre otros. También suscriben reconocidos intelectuales internacionales como Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Gustavo Lins Ribeiro, Héctor Alimonda, Alex Fernández Jilberto, Bernardo Mançano Fernández y Ana Esther Ceceña. Adhieren organizaciones como CELS, Serpaj, Grupo de Gestión de Políticas de Estado de Ciencia y Tecnología, el Frente Darío Santillán y Cemida.
“¿Qué condiciones hay para que las voces críticas de universitarios y científicos contra el modelo extra-activista sean escuchadas? –se preguntan los referentes en la carta–. ¿Qué posibilidades de construir agenda pública sobre estos temas acuciantes para el bien común? ¿Qué promoción de ciudadanía y exigibilidad de derechos caracteriza a este escenario, donde las voces independientes y críticas, con la autoridad de saberes y trayectorias no cooptados, son negadas, difamadas, silenciadas, cuando no malversadas?”
La carta cuestiona de lleno los intereses privados que definen qué se debe investigar: “Afirmamos nuestra decisión por mantener un sistema científico universitario autónomo de los grandes intereses económicos corporativos; con libertad de pensamiento e investigación, enmarcados en los principios éticos de cada campo disciplinar y en la ineludible responsabilidad para con las sociedades y sus sectores sociales de mayor vulnerabilidad”.
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