Argentina es casi un experimento masivo
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“Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”
Fecha de Publicación: 03/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.
Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”
Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.
Glifosato, toxicidad y reacciones
–¿Esperaba una reacción como la que se dio?
–No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.
–¿Los resultados son extrapolables a la salud humana?
–Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.
–¿Por qué la difusión se transforma en un problema?
–Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.
–¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?
–Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.
–Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance.
–La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.
–Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.
–Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
–¿Qué otros trabajos existen?
–Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.
–¿Por qué el sector científico no estudia?
–Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.
Las corporaciones y la ciencia
–Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.
–La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.
–Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?
–(Sonríe.) Prefiero no responder.
–¿Usted podría investigar para Monsanto?
–Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.
–Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.
–Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.
–El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?
–Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.
–¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?
–En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.
–¿Monsanto podría replicarlos?
–Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.
–¿Cómo continuará la investigación?
–Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.
–¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan?
–No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.
–Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.
–Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.
–¿Cree que hay que prohibir el glifosato?
–En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.
–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.
–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.
Fecha de Publicación: 03/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.
Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”
Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.
Glifosato, toxicidad y reacciones
–¿Esperaba una reacción como la que se dio?
–No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.
–¿Los resultados son extrapolables a la salud humana?
–Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.
–¿Por qué la difusión se transforma en un problema?
–Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.
–¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?
–Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.
–Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance.
–La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.
–Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.
–Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
–¿Qué otros trabajos existen?
–Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.
–¿Por qué el sector científico no estudia?
–Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.
Las corporaciones y la ciencia
–Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.
–La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.
–Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?
–(Sonríe.) Prefiero no responder.
–¿Usted podría investigar para Monsanto?
–Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.
–Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.
–Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.
–El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?
–Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.
–¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?
–En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.
–¿Monsanto podría replicarlos?
–Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.
–¿Cómo continuará la investigación?
–Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.
–¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan?
–No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.
–Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.
–Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.
–¿Cree que hay que prohibir el glifosato?
–En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.
–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.
–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.
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Un modelo energético agotado
Un modelo energético agotado
Fecha de Publicación: 02/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que quedan, y pondrá en riesgo su seguridad energética.
La República Argentina se encuentra encerrada en un complejo laberinto energético, del cual será difícil salir en el corto plazo. Las reservas hidrocarburíferas no detienen su caída, al tiempo que aumentan las importaciones y cae el esfuerzo exploratorio. Tampoco se fomenta el ahorro ni se invierte lo suficiente en energías renovables, teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene nuestro país en ese sentido. Esta situación pone en serio riesgo el autoabastecimiento energético.
Para una matriz dependiente en 87 por ciento de los hidrocarburos –algo atípico a nivel mundial– es preocupante advertir que el coeficiente de reservas-producción de petróleo se viene deteriorando sistemáticamente desde 1999, merma que ya equivale a la producción acumulada por dos años, con un nivel de reservas que cubre hoy aproximadamente 11 años de la producción actual.
En el caso del gas, a lo largo de la década del ‘90 el ritmo de producción fue ostensiblemente mayor al de expansión de reservas. En ese mismo período comenzaron a trepar aceleradamente las exportaciones de petróleo y gas. Al mismo tiempo, se construyeron numerosas usinas gasíferas y Argentina se convirtió en líder mundial en utilización de gas natural comprimido (GNC) para vehículos.
El coeficiente reservas-producción de gas comenzó a deteriorarse con más fuerza a partir del año 2000. Es así como en 2007 las reservas comprobadas de gas eran 43 por ciento inferiores a las correspondientes siete años atrás. En términos globales y actuales, entre 2006 y 2008 las reservas de gas cayeron 13,7 por ciento y las de petróleo 13,4 por ciento.
Simultáneamente con esta progresiva merma de las reservas de hidrocarburos, a partir del año 2004 comenzaron a caer las exportaciones y a aumentar las importaciones de combustibles caros, como el fueloil (vía Venezuela mediante compras directas poco transparentes) y el gas natural líquido (GNL), debido a la fenomenal expansión que experimentó el consumo interno por la reactivación económica y la política de subsidios implementada por el Gobierno.
A esto hay que sumarle que Bolivia nos vende el gas más caro que a Brasil y todavía no ha podido validarse como proveedor cierto de nuestro país.
Como contrapartida, esta política ha desincentivado las inversiones en el sector energético. Los productores de hidrocarburos han tenido que lidiar no sólo con el riesgo geológico propio de la actividad, sino también con el “riesgo político” que implica el excesivo intervencionismo estatal en un contexto institucional sumamente inestable. En ese sentido, el principal problema ha sido la ausencia de reglas de juego claras que garanticen la previsibilidad tributaria.
Las consecuencias de esta política carente de visión estratégica están a la vista. Pese que a partir de 1999 comenzó un período de alzas permanentes del precio internacional del petróleo y sus derivados, paralelamente se agudizó la declinación del esfuerzo exploratorio. Gran parte de esa caída se explica por el comportamiento de Repsol-YPF, la principal petrolera del país.
Actualmente, YPF aporta 35 por ciento de la producción de petróleo y 27 por ciento del gas, mientras que en la década de los ‘90 suministraba 43 por ciento del petróleo y 35 por ciento del gas.
Por otra parte, la crisis financiera internacional, que arrasó con los precios de los commodities, sumada a los problemas propios de la economía argentina, afectó seriamente la actividad petrolera en el país. Las inversiones están estancadas y la conflictividad social en el sector va en aumento.
Debido a esta coyuntura, el precio de los combustibles que importa la Argentina cayó abruptamente, lo cual es un alivio para las arcas estatales. Pero también hay que remarcar que, por causas internas y externas, la economía y los recursos fiscales se deterioraron notablemente durante el último año. Por otra parte, es esperable que cuando las grandes economías comiencen a recuperarse, los precios vuelvan a trepar y encuentren a la Argentina muy mal parada, en caso de persistir la actual política energética.
Por más que el gobierno se empecine en negarlo, el modelo está agotado y el autoabastecimiento energético en peligro. Es inviable seguir estimulando las importaciones y el consumo energético intensivo a través de precios subsidiados en desmedro de quienes invierten en la producción de energía.
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que le quedan, poniendo en serio riesgo su seguridad energética y el futuro de las próximas generaciones de argentinos.
Fecha de Publicación: 02/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que quedan, y pondrá en riesgo su seguridad energética.
La República Argentina se encuentra encerrada en un complejo laberinto energético, del cual será difícil salir en el corto plazo. Las reservas hidrocarburíferas no detienen su caída, al tiempo que aumentan las importaciones y cae el esfuerzo exploratorio. Tampoco se fomenta el ahorro ni se invierte lo suficiente en energías renovables, teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene nuestro país en ese sentido. Esta situación pone en serio riesgo el autoabastecimiento energético.
Para una matriz dependiente en 87 por ciento de los hidrocarburos –algo atípico a nivel mundial– es preocupante advertir que el coeficiente de reservas-producción de petróleo se viene deteriorando sistemáticamente desde 1999, merma que ya equivale a la producción acumulada por dos años, con un nivel de reservas que cubre hoy aproximadamente 11 años de la producción actual.
En el caso del gas, a lo largo de la década del ‘90 el ritmo de producción fue ostensiblemente mayor al de expansión de reservas. En ese mismo período comenzaron a trepar aceleradamente las exportaciones de petróleo y gas. Al mismo tiempo, se construyeron numerosas usinas gasíferas y Argentina se convirtió en líder mundial en utilización de gas natural comprimido (GNC) para vehículos.
El coeficiente reservas-producción de gas comenzó a deteriorarse con más fuerza a partir del año 2000. Es así como en 2007 las reservas comprobadas de gas eran 43 por ciento inferiores a las correspondientes siete años atrás. En términos globales y actuales, entre 2006 y 2008 las reservas de gas cayeron 13,7 por ciento y las de petróleo 13,4 por ciento.
Simultáneamente con esta progresiva merma de las reservas de hidrocarburos, a partir del año 2004 comenzaron a caer las exportaciones y a aumentar las importaciones de combustibles caros, como el fueloil (vía Venezuela mediante compras directas poco transparentes) y el gas natural líquido (GNL), debido a la fenomenal expansión que experimentó el consumo interno por la reactivación económica y la política de subsidios implementada por el Gobierno.
A esto hay que sumarle que Bolivia nos vende el gas más caro que a Brasil y todavía no ha podido validarse como proveedor cierto de nuestro país.
Como contrapartida, esta política ha desincentivado las inversiones en el sector energético. Los productores de hidrocarburos han tenido que lidiar no sólo con el riesgo geológico propio de la actividad, sino también con el “riesgo político” que implica el excesivo intervencionismo estatal en un contexto institucional sumamente inestable. En ese sentido, el principal problema ha sido la ausencia de reglas de juego claras que garanticen la previsibilidad tributaria.
Las consecuencias de esta política carente de visión estratégica están a la vista. Pese que a partir de 1999 comenzó un período de alzas permanentes del precio internacional del petróleo y sus derivados, paralelamente se agudizó la declinación del esfuerzo exploratorio. Gran parte de esa caída se explica por el comportamiento de Repsol-YPF, la principal petrolera del país.
Actualmente, YPF aporta 35 por ciento de la producción de petróleo y 27 por ciento del gas, mientras que en la década de los ‘90 suministraba 43 por ciento del petróleo y 35 por ciento del gas.
Por otra parte, la crisis financiera internacional, que arrasó con los precios de los commodities, sumada a los problemas propios de la economía argentina, afectó seriamente la actividad petrolera en el país. Las inversiones están estancadas y la conflictividad social en el sector va en aumento.
Debido a esta coyuntura, el precio de los combustibles que importa la Argentina cayó abruptamente, lo cual es un alivio para las arcas estatales. Pero también hay que remarcar que, por causas internas y externas, la economía y los recursos fiscales se deterioraron notablemente durante el último año. Por otra parte, es esperable que cuando las grandes economías comiencen a recuperarse, los precios vuelvan a trepar y encuentren a la Argentina muy mal parada, en caso de persistir la actual política energética.
Por más que el gobierno se empecine en negarlo, el modelo está agotado y el autoabastecimiento energético en peligro. Es inviable seguir estimulando las importaciones y el consumo energético intensivo a través de precios subsidiados en desmedro de quienes invierten en la producción de energía.
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que le quedan, poniendo en serio riesgo su seguridad energética y el futuro de las próximas generaciones de argentinos.
Reservas de litio en Córdoba
Córdoba tiene reservas de litio, el petróleo del siglo XXI
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En Traslasierra hay un importante yacimiento de este metal, cada vez más demandado por la industria automotriz para la fabricación de vehículos híbridos.
El litio, principal componente de las baterías de las futuras generaciones de automóviles, podría dar un importante impulso a la industria minera de Córdoba en los próximos años. Es que los yacimientos de litio de esta provincia, junto a los de San Luis y Catamarca, son los más promisorios del país. De hecho en Córdoba ya hay una mina activa, donde se obtiene el espomudeno, el mineral de donde se extrae el litio, pero en un mediano plazo podrían comenzar a explorarse otras zonas donde eventualmente el litio sería lo suficientemente abundante, como la laguna Mar Chiquita.
Desde que los gobiernos de Europa y Estados Unidos comenzaron a promover activamente la fabricación de vehículos híbridos con baterías de litio, la cotización de este metal en los mercados internacionales no ha dejado de crecer y los inversores internacionales han mostrado de inmediato su interés en Bolivia, que tiene alrededor de 5.000 millones de toneladas, la mayor reserva de litio del mundo. Bolivia está interesada en desarrollar la producción de este metal -cuyo precio en menos de cinco años subió de 30 a 300 dólares el kilo- para la industria automotriz, que hacia 2020 habrá copado el mercado con vehículos eléctricos que funcionan con baterías de litio.
“La noticia pasó hasta ahora inadvertida, pero es probable que en los próximos años se comience a hablar del litio casi tanto como ahora del petróleo. El litio se ha transformado en uno de los minerales con más perspectivas económicas en el mundo, ya que está destinado a convertirse en pieza clave en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, quizás sea el petróleo del siglo XXI”, indicaron expertos en el tema.
La forma más abundante en que se presenta el litio en tierras cordobesas es el espodumeno, un mineral que no despertaba hasta ahora demasiado interés económico; sin embargo esa situación podría cambiar a partir del desplazamiento de la matriz energética de los combustibles fósiles hacia los orgánicos (biodiesel) y eléctricos (como los autos híbridos impulsados por baterías de litio), de allí el renovado interés de las automotrices del mundo por conseguir ese metal. En una reciente conferencia sobre vehículos híbridos, se estimó que el mercado de vehículos impulsados por baterías de litio crecerá hasta 1,6 mil millones de dólares para 2015, prácticamente triplicándose cada año su volumen desde la actualidad.
El director de Minería de la Provincia, geólogo Alberto Gigena, le explicó a este medio que en Traslasierra, en la zona de Las Tapias, hay un importante yacimiento de espomudeno. Actualmente, ese yacimiento está concesionado al grupo Andino Minerales, de capitales locales, que explota esa mina para la obtención de cuarzo y feldespato. Años atrás también era importante la extracción de berilo, hasta que perdió valor comercial. El funcionario agregó que por ahora, sólo a nivel de investigación, se analiza la laguna de Mar Chiquita, que quizás podría ser una fuente importante de litio. Estudios realizados en décadas anteriores estimaron que allí había una reserva de aproximadamente 337 mil toneladas de cloruro de litio.
La mayoría de las baterías electrónicas está hecha de litio. Por su elevado calor específico, el litio se emplea en aplicaciones de transferencia de calor, y por su elevado potencial electroquímico constituye un ánodo adecuado para las baterías eléctricas.
Además, las sales de litio se emplean para tratamientos psiquiátricos, también son extraordinarios absorbentes de humedad, por lo que se lo utiliza en bombas de absorción; el litio también se aplica en la lubricación a altas temperaturas y en diversas aleaciones para la construcción aeronáutica y la industria nuclear.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En Traslasierra hay un importante yacimiento de este metal, cada vez más demandado por la industria automotriz para la fabricación de vehículos híbridos.
El litio, principal componente de las baterías de las futuras generaciones de automóviles, podría dar un importante impulso a la industria minera de Córdoba en los próximos años. Es que los yacimientos de litio de esta provincia, junto a los de San Luis y Catamarca, son los más promisorios del país. De hecho en Córdoba ya hay una mina activa, donde se obtiene el espomudeno, el mineral de donde se extrae el litio, pero en un mediano plazo podrían comenzar a explorarse otras zonas donde eventualmente el litio sería lo suficientemente abundante, como la laguna Mar Chiquita.
Desde que los gobiernos de Europa y Estados Unidos comenzaron a promover activamente la fabricación de vehículos híbridos con baterías de litio, la cotización de este metal en los mercados internacionales no ha dejado de crecer y los inversores internacionales han mostrado de inmediato su interés en Bolivia, que tiene alrededor de 5.000 millones de toneladas, la mayor reserva de litio del mundo. Bolivia está interesada en desarrollar la producción de este metal -cuyo precio en menos de cinco años subió de 30 a 300 dólares el kilo- para la industria automotriz, que hacia 2020 habrá copado el mercado con vehículos eléctricos que funcionan con baterías de litio.
“La noticia pasó hasta ahora inadvertida, pero es probable que en los próximos años se comience a hablar del litio casi tanto como ahora del petróleo. El litio se ha transformado en uno de los minerales con más perspectivas económicas en el mundo, ya que está destinado a convertirse en pieza clave en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, quizás sea el petróleo del siglo XXI”, indicaron expertos en el tema.
La forma más abundante en que se presenta el litio en tierras cordobesas es el espodumeno, un mineral que no despertaba hasta ahora demasiado interés económico; sin embargo esa situación podría cambiar a partir del desplazamiento de la matriz energética de los combustibles fósiles hacia los orgánicos (biodiesel) y eléctricos (como los autos híbridos impulsados por baterías de litio), de allí el renovado interés de las automotrices del mundo por conseguir ese metal. En una reciente conferencia sobre vehículos híbridos, se estimó que el mercado de vehículos impulsados por baterías de litio crecerá hasta 1,6 mil millones de dólares para 2015, prácticamente triplicándose cada año su volumen desde la actualidad.
El director de Minería de la Provincia, geólogo Alberto Gigena, le explicó a este medio que en Traslasierra, en la zona de Las Tapias, hay un importante yacimiento de espomudeno. Actualmente, ese yacimiento está concesionado al grupo Andino Minerales, de capitales locales, que explota esa mina para la obtención de cuarzo y feldespato. Años atrás también era importante la extracción de berilo, hasta que perdió valor comercial. El funcionario agregó que por ahora, sólo a nivel de investigación, se analiza la laguna de Mar Chiquita, que quizás podría ser una fuente importante de litio. Estudios realizados en décadas anteriores estimaron que allí había una reserva de aproximadamente 337 mil toneladas de cloruro de litio.
La mayoría de las baterías electrónicas está hecha de litio. Por su elevado calor específico, el litio se emplea en aplicaciones de transferencia de calor, y por su elevado potencial electroquímico constituye un ánodo adecuado para las baterías eléctricas.
Además, las sales de litio se emplean para tratamientos psiquiátricos, también son extraordinarios absorbentes de humedad, por lo que se lo utiliza en bombas de absorción; el litio también se aplica en la lubricación a altas temperaturas y en diversas aleaciones para la construcción aeronáutica y la industria nuclear.
Avanza la prohibición de quema de pastizales
Media sanción al proyecto que prohíbe la quema de pastizales
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: Diario El Litorial Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
La Cámara Baja aprobó el proyecto que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego. La norma además establece el control sobre la generación de humo o gases que puedan ocasionar riesgos en el tránsito.
Los dieciocho diputados presentes en la sesión de ayer le dieron la media sanción al proyecto de ley que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la generación de humos o gases que ocasionen riesgos en el tránsito.
La iniciativa tiene relevancia ya que hace algunas semanas miles de hectáreas de campo fueron arrasadas por el fuego producto de las quemas irresponsables de los pobladores. El proyecto, venido en revisión desde el Senado, fue modificado y participaron en el mismo funcionarios de área competente como el director de Recursos Forestales de la provincia, Luis Mestres.
La norma establece la prohibición de la quema de pastizales y la instalación de cualquier tipo de depósito a cielo abierto, público y privado, de residuos sólidos, urbanos, industriales o de cualquier otra naturaleza, proclives a la combustión, autocombustión y generación de humos o gases que pudieren ocasionar riesgos al tránsito en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan Corrientes.
En tanto, el Ejecutivo provincial deberá designar a la autoridad de aplicación de esta ley, que estará encargada de coordinar su gestión con las autoridades nacionales y municipales que correspondieren. Entre los considerandos, se señala que esta norma surgió como consecuencia de los diferentes incendios forestales registrados, entre ellos los daños generados en el Parque Nacional Mburucuyá.
Ese incendio forestal arrasó con 500 hectáreas de montes nativos y según fuentes del Ministerio de la Producción, el fuego comenzó a raíz de la quema para controlar malezas que realizaron lugareños.
La conversión en ley de esta norma es fundamental para Corrientes ya que es una de las provincias más forestadas del país y la amenaza de incendios es casi constante en todo el territorio provincial. La falta de conciencia de los pobladores transforma a los campos en zona de riesgo constante, mucho más teniendo en cuanta la sequía que no da tregua desde el año pasado.
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara Baja que incluyó las modificaciones está integrada por María Inés Fagetti de Mansutti, Aurelio Díaz, María Cristina Schroder de Bruzzo, Héctor López y Bernardo Quetglas.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: Diario El Litorial Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
La Cámara Baja aprobó el proyecto que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego. La norma además establece el control sobre la generación de humo o gases que puedan ocasionar riesgos en el tránsito.
Los dieciocho diputados presentes en la sesión de ayer le dieron la media sanción al proyecto de ley que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la generación de humos o gases que ocasionen riesgos en el tránsito.
La iniciativa tiene relevancia ya que hace algunas semanas miles de hectáreas de campo fueron arrasadas por el fuego producto de las quemas irresponsables de los pobladores. El proyecto, venido en revisión desde el Senado, fue modificado y participaron en el mismo funcionarios de área competente como el director de Recursos Forestales de la provincia, Luis Mestres.
La norma establece la prohibición de la quema de pastizales y la instalación de cualquier tipo de depósito a cielo abierto, público y privado, de residuos sólidos, urbanos, industriales o de cualquier otra naturaleza, proclives a la combustión, autocombustión y generación de humos o gases que pudieren ocasionar riesgos al tránsito en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan Corrientes.
En tanto, el Ejecutivo provincial deberá designar a la autoridad de aplicación de esta ley, que estará encargada de coordinar su gestión con las autoridades nacionales y municipales que correspondieren. Entre los considerandos, se señala que esta norma surgió como consecuencia de los diferentes incendios forestales registrados, entre ellos los daños generados en el Parque Nacional Mburucuyá.
Ese incendio forestal arrasó con 500 hectáreas de montes nativos y según fuentes del Ministerio de la Producción, el fuego comenzó a raíz de la quema para controlar malezas que realizaron lugareños.
La conversión en ley de esta norma es fundamental para Corrientes ya que es una de las provincias más forestadas del país y la amenaza de incendios es casi constante en todo el territorio provincial. La falta de conciencia de los pobladores transforma a los campos en zona de riesgo constante, mucho más teniendo en cuanta la sequía que no da tregua desde el año pasado.
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara Baja que incluyó las modificaciones está integrada por María Inés Fagetti de Mansutti, Aurelio Díaz, María Cristina Schroder de Bruzzo, Héctor López y Bernardo Quetglas.
Atanor en el negocio del biocombustible
Atanor desembarca en el negocio del biocombustible
Fecha de Publicación: 29/04/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Tucumán
De este modo sacará provecho de las ventajas de la ley que favorece a los productores locales. Desde 2010 elaborará unas 50 millones de toneladas
Aprovechando las ventajas que la ley de biocombustibles ofrecerá a los productores locales, Atanor decidió incursionar en este negocio. Antes de que finalice mayo, la principal compañía de agroquímicos del país presentará ante el Gobierno su plan para producir alrededor de 50 millones de toneladas de bioetanol a partir de 2010.
La empresa, propiedad de un millonario norteamericano que en los últimos meses descartó varias propuestas para venderla, desarrollará el producto para cubrir las necesidades del mercado interno, y utilizará como base uno de los ingenios que posee en Tucumán.
Atanor formará parte del grupo de empresas que la ley habilita para abastecer el mercado interno de biocombustibles, con el fin de sustituir los derivados del petróleo, al establecer que, a fin de esta década, las naftas deberán llevar un corte mínimo de 5% de bioetanol, y el gasoil, uno de 5% de biodiesel.
Miguel González, presidente de Atanor, explicó que la intención es producir alrededor del 20% del total que demandará el mercado, calculado en unas 270 millones de toneladas para los primeros años.
La idea es desarrollarlo a partir del alcohol en las instalaciones del Ingenio Concepción, en Tucumán. Para ese fin, se incrementará la producción de alcohol, llevándola de los 50 millones de litros actuales a 100 millones. A la vez, reducirá el nivel de producción de azúcar de exportación. “El alcohol es una energía renovable que vamos a aprovechar”, agregó González.
El ejecutivo explicó que tienen plazo hasta el 15 de mayo para presentar ante la Secretaría de Energía el plan de producción que contempla la construcción de una planta específica para producir bioetanol.
Este nuevo negocio le aportará a Atanor una facturación extra de u$s 15 millones a los u$s 700 millones con que espera cerrar el año y que representan unos u$s 200 millones menos que el volumen facturado en 2008.
Si bien se trata de una caída en el número, para González no es motivo de alarma sino de sinceramiento del mercado. “Vamos a crecer en volumen de producción de nuestros productos pero bajaremos en precio porque los valores han retrocedido a los niveles del 2007”, sostuvo.
Así y todo, González sostuvo que espera un buen año para la firma en lo referido a la relación con sus clientes, los productores agropecuarios a pesar del conflicto que soportan con el Gobierno por las retenciones a la soja, y de la fuerte baja en el precio de los commodities agropecuarios. “Estamos financieramente sanos y tenemos los insumos necesarios para abastecer normalmente a nuestros clientes”, sostuvo el ejecutivo.
Atanor es la mayor productora local de herbicidas del país para siembra directa como el glifosato y la atrazina. Además elabora insecticidas y fertilizantes y exporta mayormente a Brasil y Estados Unidos.
“La empresa sorteó con éxito el cimbronazo de la baja de los commodities y creemos que nuestras ventas van a crecer un 15% este año, pero con menores precios”, refrendó González, para quien “la recesión del mundo no impide que la gente deje de comer y nosotros tenemos los productos necesario para hacer que el campo siga produciendo. Atanor va a tener problemas el día que la gente deje de comer”.
El ejecutivo planteó una crítica a la política del Gobierno de cuestionar a los productores sojeros. “La economía K se benefició de la soja y no puede ser que ahora sea un enemigo. Deben repensar su política y los errores que cometieron”, criticó.
También cuestionó los informes que hablan de la peligrosidad del glifosato y dijo que “nadie del Gobierno habló con nosotros por este tema”.
En cuanto a la asistencia a sus clientes en este marco de crisis financiera, González aseguró que la empresa está en condiciones de otorgar financiamiento. “No tenemos problemas con la cadena de pagos pero si el productor pierde todos tenemos que perder algo también”.
Fecha de Publicación: 29/04/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Tucumán
De este modo sacará provecho de las ventajas de la ley que favorece a los productores locales. Desde 2010 elaborará unas 50 millones de toneladas
Aprovechando las ventajas que la ley de biocombustibles ofrecerá a los productores locales, Atanor decidió incursionar en este negocio. Antes de que finalice mayo, la principal compañía de agroquímicos del país presentará ante el Gobierno su plan para producir alrededor de 50 millones de toneladas de bioetanol a partir de 2010.
La empresa, propiedad de un millonario norteamericano que en los últimos meses descartó varias propuestas para venderla, desarrollará el producto para cubrir las necesidades del mercado interno, y utilizará como base uno de los ingenios que posee en Tucumán.
Atanor formará parte del grupo de empresas que la ley habilita para abastecer el mercado interno de biocombustibles, con el fin de sustituir los derivados del petróleo, al establecer que, a fin de esta década, las naftas deberán llevar un corte mínimo de 5% de bioetanol, y el gasoil, uno de 5% de biodiesel.
Miguel González, presidente de Atanor, explicó que la intención es producir alrededor del 20% del total que demandará el mercado, calculado en unas 270 millones de toneladas para los primeros años.
La idea es desarrollarlo a partir del alcohol en las instalaciones del Ingenio Concepción, en Tucumán. Para ese fin, se incrementará la producción de alcohol, llevándola de los 50 millones de litros actuales a 100 millones. A la vez, reducirá el nivel de producción de azúcar de exportación. “El alcohol es una energía renovable que vamos a aprovechar”, agregó González.
El ejecutivo explicó que tienen plazo hasta el 15 de mayo para presentar ante la Secretaría de Energía el plan de producción que contempla la construcción de una planta específica para producir bioetanol.
Este nuevo negocio le aportará a Atanor una facturación extra de u$s 15 millones a los u$s 700 millones con que espera cerrar el año y que representan unos u$s 200 millones menos que el volumen facturado en 2008.
Si bien se trata de una caída en el número, para González no es motivo de alarma sino de sinceramiento del mercado. “Vamos a crecer en volumen de producción de nuestros productos pero bajaremos en precio porque los valores han retrocedido a los niveles del 2007”, sostuvo.
Así y todo, González sostuvo que espera un buen año para la firma en lo referido a la relación con sus clientes, los productores agropecuarios a pesar del conflicto que soportan con el Gobierno por las retenciones a la soja, y de la fuerte baja en el precio de los commodities agropecuarios. “Estamos financieramente sanos y tenemos los insumos necesarios para abastecer normalmente a nuestros clientes”, sostuvo el ejecutivo.
Atanor es la mayor productora local de herbicidas del país para siembra directa como el glifosato y la atrazina. Además elabora insecticidas y fertilizantes y exporta mayormente a Brasil y Estados Unidos.
“La empresa sorteó con éxito el cimbronazo de la baja de los commodities y creemos que nuestras ventas van a crecer un 15% este año, pero con menores precios”, refrendó González, para quien “la recesión del mundo no impide que la gente deje de comer y nosotros tenemos los productos necesario para hacer que el campo siga produciendo. Atanor va a tener problemas el día que la gente deje de comer”.
El ejecutivo planteó una crítica a la política del Gobierno de cuestionar a los productores sojeros. “La economía K se benefició de la soja y no puede ser que ahora sea un enemigo. Deben repensar su política y los errores que cometieron”, criticó.
También cuestionó los informes que hablan de la peligrosidad del glifosato y dijo que “nadie del Gobierno habló con nosotros por este tema”.
En cuanto a la asistencia a sus clientes en este marco de crisis financiera, González aseguró que la empresa está en condiciones de otorgar financiamiento. “No tenemos problemas con la cadena de pagos pero si el productor pierde todos tenemos que perder algo también”.
Daños Colaterales del modelo sojero
Daños Colaterales, el modelo sojero y la salud de las personas
Fecha de Publicación: 27/04/2009
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Protección a la Naturaleza editó el libro con la investigación de los efectos de los agroquímicos en los habitantes de tres barrios de Santo Tomé y de la comuna de Sauce Viejo
Desde hace años en la Argentina hay problemas en las zonas rurales por el efecto de los agroquímicos sobre las poblaciones. Pero a partir de 1996, cuando se empezó expandir la soja transgénica, también comenzó a incrementarse la cantidad de litros de agrotóxicos y se agudizó el problema. La rentabilidad de la oleaginosa fue empujando la frontera agrícola y en muchas localidades del país, y de Santa Fe particularmente, las zonas urbanas quedaron muy expuestas a las fumigaciones.
Hasta el momento no existen estudios epidemiológicos sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de las personas, ni un registro serio que garantice empezar a afrontar la inquietud de los vecinos expuestos a los venenos desde el rigor del conocimiento científico.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) es una de las entidades de mayor trayectoria en la región en el tratamiento de la problemática de las fumigaciones. En los últimos años esa ONG encaró una investigación sociológica sobre los efectos de los agroquímicos en las personas que volcó en el libro, recientemente editado, Daños Colaterales.
Marta Costamagna, una de las autoras, explicó a Diario UNO que “la investigación se realizó con los pobladores de tres barrios que están entre Santo Tomé y Sauce Viejo. Esas zonas fueron suburbanas y con el tiempo se poblaron mucho más. Son los barrios Adelina Este, San Cayetano y Los Conquistadores”.
Acerca de la metodología de trabajo, Costamagna dijo: “Escogimos una muestra del 20 por ciento de cada uno y realizamos encuestas en relación a la cercanía con los campos que se fumigan, si saben cada cuánto se fumiga, cuáles son los integrantes de la familia, qué tipo de enfermedades tuvieron durante los últimos cinco años, quiénes fueron afectados, si hubo embarazos, si se produjeron adelantos de partos o abortos, si observaron en los animales y en el medio ambiente impactos luego de las fumigaciones.
“Ésta es una investigación sociológica, no científica como la de la UBA que aplicó a animales el glifosato, en una dosis 1.500 veces menor a las cantidades con las que se fumiga la soja, y se registraron malformaciones celulares, de huesos, problemas neuronales y todo tipo de problemas demostrables”, expresó.
“Lo nuestro –aclaró– apunta más a un análisis sociológico a partir de la reiteración que se da en los diferentes tipos de afecciones, los momentos en que surgen. La forma en que lo siente, lo vive y lo transmite la gente hace inferir que las fumigaciones sobre los campos en adyacencias a zonas pobladas provocan serias reacciones y enfermedades agudas que con el tiempo se pueden volver crónicas y que pueden desencadenar enfermedades terminales”.
Los pobres, los más indefensos
Costamagna explicó: “A partir de esos resultados determinamos que la problemática está muy relacionada al nivel de conocimiento que tiene la gente e incluso las condiciones socioeconómicas de los tres barrios son diferentes. San Cayetano es de clase baja; Adelina Este, clase media baja; y Los Conquistadores son clase media alta”.
“En San Cayetano se repiten todas las afecciones pero la gente no llega a detectar (los tres barrios están cerca del parque industrial y no tienen agua potable y se nutren de perforaciones) que los problemas de piel en niños y adultos están relacionados con la cercanía de los campos”, aseguró.
Al mismo tiempo en la investigación se determinó que “de más de 280 personas encuestadas, 174 tienen problemas o afecciones, lo que significa el 60 por ciento. De esos 174 casos, un 60 por ciento tiene afecciones respiratorias y de piel. Después hay personas con problemas de picazón en los ojos, infecciones, lesiones oculares, dolores de cabeza, que se relacionan con las fumigaciones”.
Concientización de la gente
Por su parte, Luis Carreras, otro de los autores, marcó los objetivos: “Lo que queremos es tratar de sensibilizar a la gente, porque a partir de ahí las personas empiezan a participar y a ver las cosas de otra manera.
“Todavía no tuvimos contacto con el Ministerio de Salud porque recién estamos presentando el libro. Tuvimos una reunión con el secretario de Medio Ambiente de la provincia (César Mackler), quien habló de una misión interministerial para tratar estos temas. Pero nadie firma la realización de estudios epidemiológicos. El ministro de Salud (Miguel Ángel Capiello) salió a decir que serían necesarios, pero sabemos cómo es esto. Estamos en Santa Fe, en la Argentina y estamos con un modelo asumido por los productores donde parece que vale más el lucro individual que la salud de la población”, aseveró.
“La única posibilidad que hay –continuó– es que haya presión de la gente, como sucedió en San Jorge, donde el juez prohibió las fumigaciones y dio pie para que los vecinos empiecen a pedir un estudio epidemiológico.
“El Cepronat tiene 32 años y durante ese tiempo tuvo muchas intervenciones en casos de intoxicaciones con agroquímicos. En un primer momento, en 1980, tuvo que ver con la mortandad de aves y peces en la zona de las arroceras”, dijo Carreras.
“Esta preocupación del Centro se acentúa, ante la aparición del modelo agrobiotecnológico, con las fumigaciones en los campos. En los años 80 se había empezado a implementar lo que se llamó el control integrado de plagas que significó, en cierta forma, una reducción del uso de los agrotóxicos”, aseguró.
“Pero luego, una estrategia productivista, aliada con la soja transgénica y la siembra directa, hizo que cada vez se comenzara a utilizar una mayor cantidad de agrotóxicos, en especial el glifosato y otros más tóxicos. Hoy no se tiene información de cuáles son sus efectos en el tiempo. La intoxicación aguda se conoce porque pasó un avión o un mosquito y te fumigó. El problema es qué pasa con la gente a la que se la fumiga todos los años, cómo ese veneno se acumula en su cuerpo, cómo genera enfermedades con el tiempo”, concluyó.
Investigación
Los autores destacaron la labor de las trabajadoras sociales que participaron en la investigación y de todo el equipo que trabajó detrás del libro.
Se imprimieron 350 ejemplares y el libro se está vendiendo para poder juntar fondos, volver a hacer otra edición y poder seguir financiando otras actividades de la institución.
Fecha de Publicación: 27/04/2009
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Protección a la Naturaleza editó el libro con la investigación de los efectos de los agroquímicos en los habitantes de tres barrios de Santo Tomé y de la comuna de Sauce Viejo
Desde hace años en la Argentina hay problemas en las zonas rurales por el efecto de los agroquímicos sobre las poblaciones. Pero a partir de 1996, cuando se empezó expandir la soja transgénica, también comenzó a incrementarse la cantidad de litros de agrotóxicos y se agudizó el problema. La rentabilidad de la oleaginosa fue empujando la frontera agrícola y en muchas localidades del país, y de Santa Fe particularmente, las zonas urbanas quedaron muy expuestas a las fumigaciones.
Hasta el momento no existen estudios epidemiológicos sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de las personas, ni un registro serio que garantice empezar a afrontar la inquietud de los vecinos expuestos a los venenos desde el rigor del conocimiento científico.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) es una de las entidades de mayor trayectoria en la región en el tratamiento de la problemática de las fumigaciones. En los últimos años esa ONG encaró una investigación sociológica sobre los efectos de los agroquímicos en las personas que volcó en el libro, recientemente editado, Daños Colaterales.
Marta Costamagna, una de las autoras, explicó a Diario UNO que “la investigación se realizó con los pobladores de tres barrios que están entre Santo Tomé y Sauce Viejo. Esas zonas fueron suburbanas y con el tiempo se poblaron mucho más. Son los barrios Adelina Este, San Cayetano y Los Conquistadores”.
Acerca de la metodología de trabajo, Costamagna dijo: “Escogimos una muestra del 20 por ciento de cada uno y realizamos encuestas en relación a la cercanía con los campos que se fumigan, si saben cada cuánto se fumiga, cuáles son los integrantes de la familia, qué tipo de enfermedades tuvieron durante los últimos cinco años, quiénes fueron afectados, si hubo embarazos, si se produjeron adelantos de partos o abortos, si observaron en los animales y en el medio ambiente impactos luego de las fumigaciones.
“Ésta es una investigación sociológica, no científica como la de la UBA que aplicó a animales el glifosato, en una dosis 1.500 veces menor a las cantidades con las que se fumiga la soja, y se registraron malformaciones celulares, de huesos, problemas neuronales y todo tipo de problemas demostrables”, expresó.
“Lo nuestro –aclaró– apunta más a un análisis sociológico a partir de la reiteración que se da en los diferentes tipos de afecciones, los momentos en que surgen. La forma en que lo siente, lo vive y lo transmite la gente hace inferir que las fumigaciones sobre los campos en adyacencias a zonas pobladas provocan serias reacciones y enfermedades agudas que con el tiempo se pueden volver crónicas y que pueden desencadenar enfermedades terminales”.
Los pobres, los más indefensos
Costamagna explicó: “A partir de esos resultados determinamos que la problemática está muy relacionada al nivel de conocimiento que tiene la gente e incluso las condiciones socioeconómicas de los tres barrios son diferentes. San Cayetano es de clase baja; Adelina Este, clase media baja; y Los Conquistadores son clase media alta”.
“En San Cayetano se repiten todas las afecciones pero la gente no llega a detectar (los tres barrios están cerca del parque industrial y no tienen agua potable y se nutren de perforaciones) que los problemas de piel en niños y adultos están relacionados con la cercanía de los campos”, aseguró.
Al mismo tiempo en la investigación se determinó que “de más de 280 personas encuestadas, 174 tienen problemas o afecciones, lo que significa el 60 por ciento. De esos 174 casos, un 60 por ciento tiene afecciones respiratorias y de piel. Después hay personas con problemas de picazón en los ojos, infecciones, lesiones oculares, dolores de cabeza, que se relacionan con las fumigaciones”.
Concientización de la gente
Por su parte, Luis Carreras, otro de los autores, marcó los objetivos: “Lo que queremos es tratar de sensibilizar a la gente, porque a partir de ahí las personas empiezan a participar y a ver las cosas de otra manera.
“Todavía no tuvimos contacto con el Ministerio de Salud porque recién estamos presentando el libro. Tuvimos una reunión con el secretario de Medio Ambiente de la provincia (César Mackler), quien habló de una misión interministerial para tratar estos temas. Pero nadie firma la realización de estudios epidemiológicos. El ministro de Salud (Miguel Ángel Capiello) salió a decir que serían necesarios, pero sabemos cómo es esto. Estamos en Santa Fe, en la Argentina y estamos con un modelo asumido por los productores donde parece que vale más el lucro individual que la salud de la población”, aseveró.
“La única posibilidad que hay –continuó– es que haya presión de la gente, como sucedió en San Jorge, donde el juez prohibió las fumigaciones y dio pie para que los vecinos empiecen a pedir un estudio epidemiológico.
“El Cepronat tiene 32 años y durante ese tiempo tuvo muchas intervenciones en casos de intoxicaciones con agroquímicos. En un primer momento, en 1980, tuvo que ver con la mortandad de aves y peces en la zona de las arroceras”, dijo Carreras.
“Esta preocupación del Centro se acentúa, ante la aparición del modelo agrobiotecnológico, con las fumigaciones en los campos. En los años 80 se había empezado a implementar lo que se llamó el control integrado de plagas que significó, en cierta forma, una reducción del uso de los agrotóxicos”, aseguró.
“Pero luego, una estrategia productivista, aliada con la soja transgénica y la siembra directa, hizo que cada vez se comenzara a utilizar una mayor cantidad de agrotóxicos, en especial el glifosato y otros más tóxicos. Hoy no se tiene información de cuáles son sus efectos en el tiempo. La intoxicación aguda se conoce porque pasó un avión o un mosquito y te fumigó. El problema es qué pasa con la gente a la que se la fumiga todos los años, cómo ese veneno se acumula en su cuerpo, cómo genera enfermedades con el tiempo”, concluyó.
Investigación
Los autores destacaron la labor de las trabajadoras sociales que participaron en la investigación y de todo el equipo que trabajó detrás del libro.
Se imprimieron 350 ejemplares y el libro se está vendiendo para poder juntar fondos, volver a hacer otra edición y poder seguir financiando otras actividades de la institución.
Soja: amenazan al científico que publicó estudios
Soja: amenazaron a un científico que publicó estudios sobre consecuencias del glifosato
Fecha de Publicación: 26/04/2009
Fuente: InfoAlternativa
Provincia/Región: Nacional
Según recientes estudios realizados por el investigador Andrés Carrasco, en la Facultad de Medicina de la UBA, el glifosato en dosis muy inferiores a las que se emplean en la agricultura produce gravísimas alteraciones embrionarias. El lobbysta sojero Hector Huergo, en Clarín Rural, calificó la investigación como “un supuesto estudio científico”. Luego que el trabajo fuera publicado en Pagina 12, Carrasco fue víctima esta semana de un acto intimidatorio por parte de cuatro hombres, en la propia facultad. Se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos, pero no dieron sus nombres.
El doctor en medicina Carrasco, de 63 años, trabaja desde hace casi treinta en desarrollo embrionario, fue presidente del Conicet y es Subsecretario De Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa. Realizó el experimento en su laboratorio de embriología molecular, con sede en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
La difusión de su estudio dio lugar a virulentas reacciones del lobby agromediático. Comenzó con una nota en Clarín de Matías Longoni, uno de los principales colaboradores del ex director del INTA y lobbysta sojero Héctor Huergo en el suplemento Clarín Rural, quien lo descalificó como “un supuesto estudio científico”. Siguió con una nota en La Nación, sobre un “estudio de supuesta validez científica”. Clarín está asociado con La Nación en la feria anual Expoagro, en torno de la cual se realizan cada año negocios por no menos de 300 millones de dólares vinculados con los productos transgénicos y sus encadenamientos económicos.
A mediados de esta semana Carrasco fue víctima de un acto intimidatorio en la propia Facultad de Medicina, donde cuatro hombres llegaron hasta su laboratorio e increparon a una colaboradora de Carrasco. Dos de ellos, que parecían “muy nerviosos y exaltados”, se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos y se negaron a dar sus nombres. Los otros dos dijeron ser abogado y escribano. En ausencia de Carrasco interrogaron a la investigadora y exigieron ver “los informes, los experimentos”, para lo que carecían de cualquier título. Dejaron una tarjeta del estudio Basílico, Santurio & Andrada a nombre del abogado Alejandro Felipe Noël.
El decano de la Facultad de Medicina se solidarizó con Carrasco y le ofreció el asesoramiento del área jurídica de la facultad. Cuando desde la facultad llamaron al estudio para verificar la existencia del abogado recibieron la respuesta de que no estaba.
Carrasco no oculta su indignación por la presencia amenazante de estas personas, que “no tienen derecho a hacer interrogatorios en un ámbito académico. Trataron de convertir en delito la difusión de mi trabajo, con una virulencia y agresividad enormes”. Por la noche encontró en el contestador de su teléfono insultos a “este señor que no quiere mostrar el informe”. Carrasco explica: “Si yo sé algo no me voy a callar la boca. En todo caso pongo en juego mi prestigio entre mis pares. Si lo que digo es falso, yo resultaré perjudicado, si es verdad, compartamos los beneficios de saber”.
El 16 de abril esa cámara (Ciafa) y la de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) dijeron en una declaración conjunta que para el Senasa el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de menor riesgo toxicológico y se lo utiliza con éxito en todo el mundo. Aprobado por los organismos de protección ambiental de Estados Unidos y Europa, se comercializa en más de 140 países. Agregan que no presenta efectos nocivos sobre la fauna, la microfauna ni la salud humana, ni tiene efectos inaceptables para el ambiente.
Fecha de Publicación: 26/04/2009
Fuente: InfoAlternativa
Provincia/Región: Nacional
Según recientes estudios realizados por el investigador Andrés Carrasco, en la Facultad de Medicina de la UBA, el glifosato en dosis muy inferiores a las que se emplean en la agricultura produce gravísimas alteraciones embrionarias. El lobbysta sojero Hector Huergo, en Clarín Rural, calificó la investigación como “un supuesto estudio científico”. Luego que el trabajo fuera publicado en Pagina 12, Carrasco fue víctima esta semana de un acto intimidatorio por parte de cuatro hombres, en la propia facultad. Se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos, pero no dieron sus nombres.
El doctor en medicina Carrasco, de 63 años, trabaja desde hace casi treinta en desarrollo embrionario, fue presidente del Conicet y es Subsecretario De Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa. Realizó el experimento en su laboratorio de embriología molecular, con sede en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
La difusión de su estudio dio lugar a virulentas reacciones del lobby agromediático. Comenzó con una nota en Clarín de Matías Longoni, uno de los principales colaboradores del ex director del INTA y lobbysta sojero Héctor Huergo en el suplemento Clarín Rural, quien lo descalificó como “un supuesto estudio científico”. Siguió con una nota en La Nación, sobre un “estudio de supuesta validez científica”. Clarín está asociado con La Nación en la feria anual Expoagro, en torno de la cual se realizan cada año negocios por no menos de 300 millones de dólares vinculados con los productos transgénicos y sus encadenamientos económicos.
A mediados de esta semana Carrasco fue víctima de un acto intimidatorio en la propia Facultad de Medicina, donde cuatro hombres llegaron hasta su laboratorio e increparon a una colaboradora de Carrasco. Dos de ellos, que parecían “muy nerviosos y exaltados”, se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos y se negaron a dar sus nombres. Los otros dos dijeron ser abogado y escribano. En ausencia de Carrasco interrogaron a la investigadora y exigieron ver “los informes, los experimentos”, para lo que carecían de cualquier título. Dejaron una tarjeta del estudio Basílico, Santurio & Andrada a nombre del abogado Alejandro Felipe Noël.
El decano de la Facultad de Medicina se solidarizó con Carrasco y le ofreció el asesoramiento del área jurídica de la facultad. Cuando desde la facultad llamaron al estudio para verificar la existencia del abogado recibieron la respuesta de que no estaba.
Carrasco no oculta su indignación por la presencia amenazante de estas personas, que “no tienen derecho a hacer interrogatorios en un ámbito académico. Trataron de convertir en delito la difusión de mi trabajo, con una virulencia y agresividad enormes”. Por la noche encontró en el contestador de su teléfono insultos a “este señor que no quiere mostrar el informe”. Carrasco explica: “Si yo sé algo no me voy a callar la boca. En todo caso pongo en juego mi prestigio entre mis pares. Si lo que digo es falso, yo resultaré perjudicado, si es verdad, compartamos los beneficios de saber”.
El 16 de abril esa cámara (Ciafa) y la de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) dijeron en una declaración conjunta que para el Senasa el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de menor riesgo toxicológico y se lo utiliza con éxito en todo el mundo. Aprobado por los organismos de protección ambiental de Estados Unidos y Europa, se comercializa en más de 140 países. Agregan que no presenta efectos nocivos sobre la fauna, la microfauna ni la salud humana, ni tiene efectos inaceptables para el ambiente.
Residuos en Córdoba
Sin fondos para erradicar basurales
Fecha de Publicación: 26/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Nación no envía el dinero prometido para los programas de saneamiento. Hace 10 años había 600 depósitos a cielo abierto en la provincia. Ahora hay 700. En 1999 los cordobeses generaban 1,25 millón de toneladas de desechos. En la actualidad, 3,5 millones.
La gestión deficitaria de los residuos sólidos urbanos, asociada al alto impacto ambiental de los basurales a cielo abierto, constituye uno de los pasivos ambientales de Córdoba más difíciles de remediar.
Y todo parece indicar que el problema continuará agudizándose debido a la improvisación y la falta de fondos para financiar proyectos de saneamiento. Ahora, por caso, la Nación demora el envío de remesas comprometidas el año pasado para erradicar basurales a cielo abierto.
Para tener una idea más acabada de la magnitud de esta dificultad sanitaria, vale tomar en cuenta un par de referencias objetivas: en 1999, el diagnóstico provincial de los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) determinó que los 427 conglomerados urbanos cordobeses generaban, en conjunto, 1,25 millón de toneladas de basura por año. Entonces había alrededor de 600 basurales a cielo abierto, donde se acumulaban montañas de desperdicios sin tratamiento alguno.
En la actualidad el volumen de basura producido al año en la provincia es de aproximadamente 3,5 millones de toneladas y los sitios donde se acumulan los residuos a la intemperie son más de 700, según la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
Obra inconclusa. En el medio, la entonces Agencia Córdoba Ambiente diseñó el Programa Córdoba Limpia, con el objeto de gestionar la totalidad de los RSU que se generan en la provincia y erradicar los basurales a cielo abierto.
La estrategia contemplaba la regionalización de la provincia en 12 áreas, tomando como referencia los puntos de mayor generación de desperdicios.
También introdujo un concepto inapelable desde el sentido común: resulta inviable cualquier proyecto para abordar la problemática si asigna la gestión exclusivamente al municipio.
Sobre esas premisas, planteaba la construcción de una red sanitaria provincial de 12 vertederos controlados y 21 estaciones de transferencia.
En términos generales, el plan fue resistido por organizaciones no gubernamentales, pero respaldado por técnicos en higiene ambiental.
De todos modos, en 2003, la Legislatura cordobesa sancionó la ley para la regulación del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, y Córdoba Limpia se puso en marcha.
Pero no llegó muy lejos. De la docena de vertederos regionales previstos sólo se concretó el de Traslasierra, que se construyó en las afueras de Villa Dolores. Paradójicamente, esta ciudad –la que más basura genera en el valle–, se abrió del sistema y proyecta construir un establecimiento propio para la disposición final de sus residuos.
También se construyó el vertedero de Cruz del Eje, pero recién en el segundo semestre de este año empezaría a recibir la basura de ese departamento y de algunas poblaciones del norte de Punilla (ver Vertedero dormido).
Conspiró contra el Córdoba Limpia la imposibilidad de lograr que el Banco Interamericano de Desarrollo lo financiera en forma completa, ya que la Provincia carecía de los fondos propios necesarios.
A falta de pan... Las actuales autoridades de la Secretaría de Ambiente decidieron reformular el Córdoba Limpia. Así surgió el Programa Integral de Tratamiento de los RSU. Este redujo las denominadas "Regiones limpias" de 12 a cinco: Colón, Calamuchita, Punilla, San Justo y Río Cuarto.
El 19 de diciembre último la propuesta se puso a consideración de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Este organismo lo aprobó técnicamente y se comprometió a aportar unos 45 millones de pesos al año para llevar adelante el plan. Por su parte, la Provincia resolvió, por ley, asignarle 15 millones de pesos provenientes del Impuesto al Fuego. De este monto, el gobernador Juan Schiaretti prometió cinco millones al año al intendente de Córdoba, Daniel Giacomino.
Pero la Nación demora el envío de esos fondos, lo que mantiene prácticamente paralizadas las acciones en el interior.
"Vamos a esperar que pasen las elecciones (legislativas de junio) para ver cómo sigue esta historia", se sinceró el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa.
"Si la plata de la Nación no llega tendremos que poner en marcha el plan B, que contempla, al menos, dos alternativas: distribuir equitativamente los 10 millones propios entre los municipios con problemas de RSU más graves o destinar ese monto a la solución integral de una región por vez", adelantó el funcionario.
Una vez más la falta de fondos obliga a seguir improvisando. Y van...
Analizan predios militares para el enterramiento
Un destino posible es un campo que forma parte de la Escuela de Aviación.
El intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, afirmó que el predio que más le interesa para radicar el nuevo enterramiento sanitario se encuentra en la zona oeste del ejido urbano municipal. Se trata de terrenos que forman parte de la Escuela de Aviación Militar, y que estarían alejados unos tres kilómetros de la zona urbana más cercana.
Giacomino realizó estas declaraciones el pasado viernes en el programa político Zona de opinión. En la entrevista, el intendente afirmó que había dos predios en condiciones de recibir la basura que produce la ciudad de Córdona: uno en el norte y otro en el oeste.
Pero agregó que se inclinaba por este último, ubicado en predios de la Fuerza Aérea, a unos tres kilómetros de barrio Sacchi.
Cabe recordar que el propio Giacomino había anunciado que la Universidad Nacional de Córdoba iba a aconsejar sobre los terrenos en los que se podía radicar el enterramiento, luego de una serie de estudios que demandarían dos meses.
Esa decisión se tomó luego de que la Municipalidad decidiera dejar de llevar la basura al predio de Potrero del Estado, debido al largo enfrentamiento con los vecinos de Bouwer, que denuncian problemas de salud y molestias constantes debido a las montañas de basura. Hasta el momento la Provincia no ratificó la decisiónclausura de Potrero del Estado.
Plata al tacho
Hace un lustro, la Provincia anunciaba un programa para erradicar los cientos de basurales a cielo abierto que crecen año a año, contaminando suelos, aire y napas de agua desde hace décadas. El Córdoba Limpia tuvo como virtud, quizás, ser el primer plan integral en el rubro para toda la provincia. La idea, nacida durante la primera gestión delasotista, planteaba crear vertederos controlados que, por regiones, concentraran los residuos. Hasta una ley se sancionó que prohibía los basurales desde una fecha en la que esos vertederos debían estar listos. Hace años que pasó ese plazo y de la lista de una decena de vertederos sólo uno se terminó creando: el de Traslasierra. Y ese único está envuelto hoy en una controversia por su funcionamiento entre sus municipios asociados. A éste se suman sólo otros dos sistemas previos de enterramiento sanitario: el de Río Cuarto y el Córdoba capital, que en Bouwer tiene los días contados. Por lejos, la mayor parte del territorio cordobés no tiene resuelto un destino adecuado para los residuos que genera, a razón de casi un kilo promedio por día y por persona. Se trata de unos de los pasivos ambientales más serios de Córdoba.
Ahora se intenta reflotar otro plan desde la Provincia, también con sistemas de enterramiento controlados por regiones. El dilema es, una y otra vez, que faltan los fondos para financiarlo. Las prioridades presupuestarias suelen pasar por obras que se ven más y que –debería reconocerse– la gente también reclama más. El destino de los residuos no parece una prioridad tampoco para la sociedad, salvo para los que sufren por la intolerable presencia de un basural frente a sus narices.
Si de números se trata, otra complicación es que para municipios y comunas resulta siempre más barato arrojar su basura a cielo abierto, en lo posible lejos de la vista de sus vecinos, que gastar en tratamientos algo más complejos pero adecuados para evitar riesgos sanitarios y ambientales.
Vertedero dormido
Cruz del Eje. El vertedero provincial ubicado en cercanías de la ruta provincial 16, a escasa distancia de Cruz del Eje, terminó de construirse en 2007, pero aún no funciona.
Quizá la situación cambie en el segundo semestre de este año. Es que el intendente de la localidad, Mario Blanco, la semana pasada firmó un acuerdo con la Secretaría de Ambiente de la Provincia en virtud del cual recibió el complejo en comodato por un año para que disponga los RSU de esa ciudad –de 32 mil habitantes– y de otras localidades del departamento y del norte de Punilla.
"Este vertedero fue pensado por ingenieros, no por contadores. Es complicado hacerlo funcionar y mantenerlo económicamente", dijo Blanco. Por esa razón salió a buscar socios regionales para compartir los costos operativos. Hasta ahora sumó a Villa de Soto y San Marcos Sierras, en el departamento, y a la ciudad de La Falda, en Punilla.
Localidades con conciencia
En Córdoba hay municipios que gestionan la basura con sistemas propios y con resultados ambientales satisfactorios.
Villa Giardino. Transforma los residuos orgánicos en abono y recicla los inorgánicos. Al papel y al cartón los vende a una empresa líder de Buenos Aires. Además realiza la recolección diferenciada de los envases plásticos (PET).
Leones. Aplica desde fines del año pasado un innovador esquema que contempla la compactación de la basura recolectada a una alta tasa de compresión, su aislamiento en bolsas de polipropileno (lo que evita su dispersión, el contacto con el aire y los malos olores), la disposición final de modo más eficaz y el almacenamiento de los líquidos lixiviados en tanques para su posterior tratamiento.
La Para. Desde 1998 aplica un sistema propio de tratamiento de los RSU. El programa consiste en la preselección domiciliaria de la basura que luego es separada en el predio de tratamiento. Permitió reducir sensiblemente el volumen de desperdicios en el basural a cielo abierto.
Fecha de Publicación: 26/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Nación no envía el dinero prometido para los programas de saneamiento. Hace 10 años había 600 depósitos a cielo abierto en la provincia. Ahora hay 700. En 1999 los cordobeses generaban 1,25 millón de toneladas de desechos. En la actualidad, 3,5 millones.
La gestión deficitaria de los residuos sólidos urbanos, asociada al alto impacto ambiental de los basurales a cielo abierto, constituye uno de los pasivos ambientales de Córdoba más difíciles de remediar.
Y todo parece indicar que el problema continuará agudizándose debido a la improvisación y la falta de fondos para financiar proyectos de saneamiento. Ahora, por caso, la Nación demora el envío de remesas comprometidas el año pasado para erradicar basurales a cielo abierto.
Para tener una idea más acabada de la magnitud de esta dificultad sanitaria, vale tomar en cuenta un par de referencias objetivas: en 1999, el diagnóstico provincial de los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) determinó que los 427 conglomerados urbanos cordobeses generaban, en conjunto, 1,25 millón de toneladas de basura por año. Entonces había alrededor de 600 basurales a cielo abierto, donde se acumulaban montañas de desperdicios sin tratamiento alguno.
En la actualidad el volumen de basura producido al año en la provincia es de aproximadamente 3,5 millones de toneladas y los sitios donde se acumulan los residuos a la intemperie son más de 700, según la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
Obra inconclusa. En el medio, la entonces Agencia Córdoba Ambiente diseñó el Programa Córdoba Limpia, con el objeto de gestionar la totalidad de los RSU que se generan en la provincia y erradicar los basurales a cielo abierto.
La estrategia contemplaba la regionalización de la provincia en 12 áreas, tomando como referencia los puntos de mayor generación de desperdicios.
También introdujo un concepto inapelable desde el sentido común: resulta inviable cualquier proyecto para abordar la problemática si asigna la gestión exclusivamente al municipio.
Sobre esas premisas, planteaba la construcción de una red sanitaria provincial de 12 vertederos controlados y 21 estaciones de transferencia.
En términos generales, el plan fue resistido por organizaciones no gubernamentales, pero respaldado por técnicos en higiene ambiental.
De todos modos, en 2003, la Legislatura cordobesa sancionó la ley para la regulación del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, y Córdoba Limpia se puso en marcha.
Pero no llegó muy lejos. De la docena de vertederos regionales previstos sólo se concretó el de Traslasierra, que se construyó en las afueras de Villa Dolores. Paradójicamente, esta ciudad –la que más basura genera en el valle–, se abrió del sistema y proyecta construir un establecimiento propio para la disposición final de sus residuos.
También se construyó el vertedero de Cruz del Eje, pero recién en el segundo semestre de este año empezaría a recibir la basura de ese departamento y de algunas poblaciones del norte de Punilla (ver Vertedero dormido).
Conspiró contra el Córdoba Limpia la imposibilidad de lograr que el Banco Interamericano de Desarrollo lo financiera en forma completa, ya que la Provincia carecía de los fondos propios necesarios.
A falta de pan... Las actuales autoridades de la Secretaría de Ambiente decidieron reformular el Córdoba Limpia. Así surgió el Programa Integral de Tratamiento de los RSU. Este redujo las denominadas "Regiones limpias" de 12 a cinco: Colón, Calamuchita, Punilla, San Justo y Río Cuarto.
El 19 de diciembre último la propuesta se puso a consideración de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Este organismo lo aprobó técnicamente y se comprometió a aportar unos 45 millones de pesos al año para llevar adelante el plan. Por su parte, la Provincia resolvió, por ley, asignarle 15 millones de pesos provenientes del Impuesto al Fuego. De este monto, el gobernador Juan Schiaretti prometió cinco millones al año al intendente de Córdoba, Daniel Giacomino.
Pero la Nación demora el envío de esos fondos, lo que mantiene prácticamente paralizadas las acciones en el interior.
"Vamos a esperar que pasen las elecciones (legislativas de junio) para ver cómo sigue esta historia", se sinceró el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa.
"Si la plata de la Nación no llega tendremos que poner en marcha el plan B, que contempla, al menos, dos alternativas: distribuir equitativamente los 10 millones propios entre los municipios con problemas de RSU más graves o destinar ese monto a la solución integral de una región por vez", adelantó el funcionario.
Una vez más la falta de fondos obliga a seguir improvisando. Y van...
Analizan predios militares para el enterramiento
Un destino posible es un campo que forma parte de la Escuela de Aviación.
El intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, afirmó que el predio que más le interesa para radicar el nuevo enterramiento sanitario se encuentra en la zona oeste del ejido urbano municipal. Se trata de terrenos que forman parte de la Escuela de Aviación Militar, y que estarían alejados unos tres kilómetros de la zona urbana más cercana.
Giacomino realizó estas declaraciones el pasado viernes en el programa político Zona de opinión. En la entrevista, el intendente afirmó que había dos predios en condiciones de recibir la basura que produce la ciudad de Córdona: uno en el norte y otro en el oeste.
Pero agregó que se inclinaba por este último, ubicado en predios de la Fuerza Aérea, a unos tres kilómetros de barrio Sacchi.
Cabe recordar que el propio Giacomino había anunciado que la Universidad Nacional de Córdoba iba a aconsejar sobre los terrenos en los que se podía radicar el enterramiento, luego de una serie de estudios que demandarían dos meses.
Esa decisión se tomó luego de que la Municipalidad decidiera dejar de llevar la basura al predio de Potrero del Estado, debido al largo enfrentamiento con los vecinos de Bouwer, que denuncian problemas de salud y molestias constantes debido a las montañas de basura. Hasta el momento la Provincia no ratificó la decisiónclausura de Potrero del Estado.
Plata al tacho
Hace un lustro, la Provincia anunciaba un programa para erradicar los cientos de basurales a cielo abierto que crecen año a año, contaminando suelos, aire y napas de agua desde hace décadas. El Córdoba Limpia tuvo como virtud, quizás, ser el primer plan integral en el rubro para toda la provincia. La idea, nacida durante la primera gestión delasotista, planteaba crear vertederos controlados que, por regiones, concentraran los residuos. Hasta una ley se sancionó que prohibía los basurales desde una fecha en la que esos vertederos debían estar listos. Hace años que pasó ese plazo y de la lista de una decena de vertederos sólo uno se terminó creando: el de Traslasierra. Y ese único está envuelto hoy en una controversia por su funcionamiento entre sus municipios asociados. A éste se suman sólo otros dos sistemas previos de enterramiento sanitario: el de Río Cuarto y el Córdoba capital, que en Bouwer tiene los días contados. Por lejos, la mayor parte del territorio cordobés no tiene resuelto un destino adecuado para los residuos que genera, a razón de casi un kilo promedio por día y por persona. Se trata de unos de los pasivos ambientales más serios de Córdoba.
Ahora se intenta reflotar otro plan desde la Provincia, también con sistemas de enterramiento controlados por regiones. El dilema es, una y otra vez, que faltan los fondos para financiarlo. Las prioridades presupuestarias suelen pasar por obras que se ven más y que –debería reconocerse– la gente también reclama más. El destino de los residuos no parece una prioridad tampoco para la sociedad, salvo para los que sufren por la intolerable presencia de un basural frente a sus narices.
Si de números se trata, otra complicación es que para municipios y comunas resulta siempre más barato arrojar su basura a cielo abierto, en lo posible lejos de la vista de sus vecinos, que gastar en tratamientos algo más complejos pero adecuados para evitar riesgos sanitarios y ambientales.
Vertedero dormido
Cruz del Eje. El vertedero provincial ubicado en cercanías de la ruta provincial 16, a escasa distancia de Cruz del Eje, terminó de construirse en 2007, pero aún no funciona.
Quizá la situación cambie en el segundo semestre de este año. Es que el intendente de la localidad, Mario Blanco, la semana pasada firmó un acuerdo con la Secretaría de Ambiente de la Provincia en virtud del cual recibió el complejo en comodato por un año para que disponga los RSU de esa ciudad –de 32 mil habitantes– y de otras localidades del departamento y del norte de Punilla.
"Este vertedero fue pensado por ingenieros, no por contadores. Es complicado hacerlo funcionar y mantenerlo económicamente", dijo Blanco. Por esa razón salió a buscar socios regionales para compartir los costos operativos. Hasta ahora sumó a Villa de Soto y San Marcos Sierras, en el departamento, y a la ciudad de La Falda, en Punilla.
Localidades con conciencia
En Córdoba hay municipios que gestionan la basura con sistemas propios y con resultados ambientales satisfactorios.
Villa Giardino. Transforma los residuos orgánicos en abono y recicla los inorgánicos. Al papel y al cartón los vende a una empresa líder de Buenos Aires. Además realiza la recolección diferenciada de los envases plásticos (PET).
Leones. Aplica desde fines del año pasado un innovador esquema que contempla la compactación de la basura recolectada a una alta tasa de compresión, su aislamiento en bolsas de polipropileno (lo que evita su dispersión, el contacto con el aire y los malos olores), la disposición final de modo más eficaz y el almacenamiento de los líquidos lixiviados en tanques para su posterior tratamiento.
La Para. Desde 1998 aplica un sistema propio de tratamiento de los RSU. El programa consiste en la preselección domiciliaria de la basura que luego es separada en el predio de tratamiento. Permitió reducir sensiblemente el volumen de desperdicios en el basural a cielo abierto.
Ante el riesgo de volver al pasado
Ante el riesgo de volver al pasado
Fecha de Publicación: 25/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Crece la preocupación en el agro ante la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso del glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional
El campo está otra vez en alerta, y eso no es un dato menor. Si no se desactiva a tiempo, la bomba puede llegar a explotar y desparramar sus esquirlas por toda la agricultura y la economía nacional. Las consecuencias serían muy graves.
La producción retrocedería en el tiempo, quizás a más de 20 años de lo que es hoy. Después de la fallida resolución 125 de retenciones móviles, que buscaba apropiarse de una supuesta renta extraordinaria del agro, ahora hay una bomba que apunta directo al corazón del saber hacer de la producción agrícola. Esa bomba es la posibilidad de que se suspenda o prohíba el uso del herbicida glifosato, una de las patas de la mesa que hoy sustenta la producción sojera junto con el sistema de siembra directa y la oleaginosa transgénica resistente al agroquímico.
En el fondo, el glifosato va más allá de la soja. También se aplica antes de siembras de pasturas y verdeos en ganadería y tambo y también para los barbechos previos de otros tantos cultivos que se producen. De hecho, también se usa en producciones intensivas como vid y olivo. "El glifosato es usado en los 30 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, en diferentes cultivos y en varios momentos del año, independientemente de la siembra directa. Incluso va mucho más allá de la soja", recordó Andrés Sylvestre Begnis, coordinador general de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
La mecha de la bomba la encendió la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), que inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema pidiendo la suspensión de la comercialización y aplicación del glifosato por 180 días, plazo que consideró necesario para que se expida sobre este producto la Comisión Nacional de Investigaciones, relacionada con el tratamiento y la contaminación ambiental por agroquímicos (ver aparte).
Entre otros argumentos, los abogados ambientalistas citaron en su recurso un trabajo del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la UBA sobre los presuntos trastornos a la salud por el glifosato con pruebas sobre embriones de anfibios.
El Senasa y sectores de la provisión de insumos buscaron acceder a una copia de ese trabajo, sin éxito. Andrés Carrasco, investigador del Conicet y del mencionado laboratorio también se desempeña como funcionario de la ministra de Defensa, Nilda Garré, ya que es subsecretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Lo que está en juego
Son entre 160 y 180 millones los litros de glifosato que se usan en el país en un mercado de US$ 600 millones. De 200 marcas registradas, 10 pertenecen a la multinacional Monsanto.
En este contexto, LA NACION consultó a diversos especialistas sobre qué sucedería con la producción si se suspendiera o prohibiera el glifosato.
Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), sintetizó el impacto en los siguientes ocho puntos: aumento de costos para controlar malezas en el barbecho y en el cultivo (hay estimaciones de que subirían de 15 a 20%); vuelta a productos químicos con mayor toxicidad y de menor eficiencia de control; mayor acumulación de otros herbicidas en los suelos y en las aguas; drástica reducción en siembra directa; menor eficiencia en el almacenaje de agua; menor flexibilidad para la producción; pérdida de rendimiento en las variedades de soja convencionales y menor producción global.
"Salvando las distancias, para la gente común es como si se prohibiera la aspirina", comparó Rossi.
Pablo Spelanzón, un reconocido productor de la zona de Bragado, consideró que una eventual prohibición del glifosato significaría "prácticamente el fin de la siembra directa que tanto he pregonado". Según Spelanzón, esto es porque "no habría producto en el mercado que lo pueda reemplazar, y bajaría drásticamente la producción en valores alarmantes, cerca del 30/40%", según dijo el productor.
"Pensemos que la agricultura en siembra directa ocupa un área del 70 a 80% y el productor perdería la gimnasia que tenía y tiene con esta técnica. Así los productores se volcarían a una agricultura convencional (labranzas)", señaló Spelanzón, que añadió: "Atrasaríamos 15 a 20 años".
Desde Aapresid, Sylvestre Begnis opinó qué ocurriría con la siembra directa, que hoy se hace en más de 20 millones de hectáreas. "Caería la adopción pero la directa no es dependiente del glifosato, así que dependería de la decisión agroempresarial de cada productor", precisó.
El tándem soja transgénica-glifosato permitió el control de malezas difícil (como el sorgo de Alepo) y abrió el camino para la siembra de otros cultivos en campos que antes eran de difícil siembra por las malezas.
Esta semana, Guillermo Cal, director de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que difundió un comunicado recordando estudios que avalan el glifosato y su bajo riesgo, incluso del Senasa, también coincidió en que sin el herbicida los rindes bajarían 30/40 por ciento.
Guillermo Villagra, productor, subrayó el efecto negativo de una prohibición. "Creo que los rindes bajarían un 50%. Se volvería a la labranza convencional, lo cual traería aparejado erosión hídrica y eólica, que gracias a la siembra directa y al glifosato veníamos controlando. Sería como retroceder 15 años. Si este año se producirán 35 millones de toneladas de soja por la sequía, si no se utilizara glifosato sería de 20 millones de toneladas", afirmó.
Fecha de Publicación: 25/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Crece la preocupación en el agro ante la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso del glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional
El campo está otra vez en alerta, y eso no es un dato menor. Si no se desactiva a tiempo, la bomba puede llegar a explotar y desparramar sus esquirlas por toda la agricultura y la economía nacional. Las consecuencias serían muy graves.
La producción retrocedería en el tiempo, quizás a más de 20 años de lo que es hoy. Después de la fallida resolución 125 de retenciones móviles, que buscaba apropiarse de una supuesta renta extraordinaria del agro, ahora hay una bomba que apunta directo al corazón del saber hacer de la producción agrícola. Esa bomba es la posibilidad de que se suspenda o prohíba el uso del herbicida glifosato, una de las patas de la mesa que hoy sustenta la producción sojera junto con el sistema de siembra directa y la oleaginosa transgénica resistente al agroquímico.
En el fondo, el glifosato va más allá de la soja. También se aplica antes de siembras de pasturas y verdeos en ganadería y tambo y también para los barbechos previos de otros tantos cultivos que se producen. De hecho, también se usa en producciones intensivas como vid y olivo. "El glifosato es usado en los 30 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, en diferentes cultivos y en varios momentos del año, independientemente de la siembra directa. Incluso va mucho más allá de la soja", recordó Andrés Sylvestre Begnis, coordinador general de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
La mecha de la bomba la encendió la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), que inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema pidiendo la suspensión de la comercialización y aplicación del glifosato por 180 días, plazo que consideró necesario para que se expida sobre este producto la Comisión Nacional de Investigaciones, relacionada con el tratamiento y la contaminación ambiental por agroquímicos (ver aparte).
Entre otros argumentos, los abogados ambientalistas citaron en su recurso un trabajo del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la UBA sobre los presuntos trastornos a la salud por el glifosato con pruebas sobre embriones de anfibios.
El Senasa y sectores de la provisión de insumos buscaron acceder a una copia de ese trabajo, sin éxito. Andrés Carrasco, investigador del Conicet y del mencionado laboratorio también se desempeña como funcionario de la ministra de Defensa, Nilda Garré, ya que es subsecretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Lo que está en juego
Son entre 160 y 180 millones los litros de glifosato que se usan en el país en un mercado de US$ 600 millones. De 200 marcas registradas, 10 pertenecen a la multinacional Monsanto.
En este contexto, LA NACION consultó a diversos especialistas sobre qué sucedería con la producción si se suspendiera o prohibiera el glifosato.
Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), sintetizó el impacto en los siguientes ocho puntos: aumento de costos para controlar malezas en el barbecho y en el cultivo (hay estimaciones de que subirían de 15 a 20%); vuelta a productos químicos con mayor toxicidad y de menor eficiencia de control; mayor acumulación de otros herbicidas en los suelos y en las aguas; drástica reducción en siembra directa; menor eficiencia en el almacenaje de agua; menor flexibilidad para la producción; pérdida de rendimiento en las variedades de soja convencionales y menor producción global.
"Salvando las distancias, para la gente común es como si se prohibiera la aspirina", comparó Rossi.
Pablo Spelanzón, un reconocido productor de la zona de Bragado, consideró que una eventual prohibición del glifosato significaría "prácticamente el fin de la siembra directa que tanto he pregonado". Según Spelanzón, esto es porque "no habría producto en el mercado que lo pueda reemplazar, y bajaría drásticamente la producción en valores alarmantes, cerca del 30/40%", según dijo el productor.
"Pensemos que la agricultura en siembra directa ocupa un área del 70 a 80% y el productor perdería la gimnasia que tenía y tiene con esta técnica. Así los productores se volcarían a una agricultura convencional (labranzas)", señaló Spelanzón, que añadió: "Atrasaríamos 15 a 20 años".
Desde Aapresid, Sylvestre Begnis opinó qué ocurriría con la siembra directa, que hoy se hace en más de 20 millones de hectáreas. "Caería la adopción pero la directa no es dependiente del glifosato, así que dependería de la decisión agroempresarial de cada productor", precisó.
El tándem soja transgénica-glifosato permitió el control de malezas difícil (como el sorgo de Alepo) y abrió el camino para la siembra de otros cultivos en campos que antes eran de difícil siembra por las malezas.
Esta semana, Guillermo Cal, director de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que difundió un comunicado recordando estudios que avalan el glifosato y su bajo riesgo, incluso del Senasa, también coincidió en que sin el herbicida los rindes bajarían 30/40 por ciento.
Guillermo Villagra, productor, subrayó el efecto negativo de una prohibición. "Creo que los rindes bajarían un 50%. Se volvería a la labranza convencional, lo cual traería aparejado erosión hídrica y eólica, que gracias a la siembra directa y al glifosato veníamos controlando. Sería como retroceder 15 años. Si este año se producirán 35 millones de toneladas de soja por la sequía, si no se utilizara glifosato sería de 20 millones de toneladas", afirmó.
Dinero de la Ansés va a pools sojeros
Dinero de la Ansés va a pools sojeros
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: On24
Provincia/Región: Nacional
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de oleaginosa le deben más de $700 millones
El Gobierno continúa avanzando sobre empresas privadas. Ahora ejercerá el rol de accionista de los fideicomisos financieros que pasaron a la ANSES luego de la estatización de las AFJP, según informó hoy Ámbito Financiero.
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de la oleaginosa le deben algo más de $700 millones, correspondientes en su mayoría a las campañas 2007-2008 y 2008-2009.
Según preve el oficialismo, los productores sojeros deberán renovar sus préstamos con estos Fondos de Inversión Directa ante la ausencia de créditos bancarios. La única manera de obtener ese dinero sería a través de los fondos que antes manejaban las AFJP y ahora está bajo la órbita de la ANSES.
Ahora los requisitos serán más exhaustivos e incluso intervendrían otras reparticiones en los informes además de la ANSES. Estos serían la ONCCA y la secretaría del Comercio Interior, de Guillermo Moreno.
Los fondos de la ANSES dominaran en el Fondo Agrícola Inversión, Directa Chacarero II, Fedeiagro 2009, Faid 2011, entre otros. Pero además la ANSES avanzará como socio de Los Grobo Agropecuaria, perteneciente a la familia Grobocopatel. Esta empresa le debe al Gobierno, luego de la nacionalización de las AFJP, aproximadamente $40 millones en obligaciones negociables.
Los avances estatales continúan también en los sectores financieros. El pasado lunes se incorporó un representante de la ANSES al Banco Macro y la semana próxima podría pasar algo similar en el Banco Patagonia. Además hay casos polémicos como el BBVA y el Banco Francés.
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: On24
Provincia/Región: Nacional
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de oleaginosa le deben más de $700 millones
El Gobierno continúa avanzando sobre empresas privadas. Ahora ejercerá el rol de accionista de los fideicomisos financieros que pasaron a la ANSES luego de la estatización de las AFJP, según informó hoy Ámbito Financiero.
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de la oleaginosa le deben algo más de $700 millones, correspondientes en su mayoría a las campañas 2007-2008 y 2008-2009.
Según preve el oficialismo, los productores sojeros deberán renovar sus préstamos con estos Fondos de Inversión Directa ante la ausencia de créditos bancarios. La única manera de obtener ese dinero sería a través de los fondos que antes manejaban las AFJP y ahora está bajo la órbita de la ANSES.
Ahora los requisitos serán más exhaustivos e incluso intervendrían otras reparticiones en los informes además de la ANSES. Estos serían la ONCCA y la secretaría del Comercio Interior, de Guillermo Moreno.
Los fondos de la ANSES dominaran en el Fondo Agrícola Inversión, Directa Chacarero II, Fedeiagro 2009, Faid 2011, entre otros. Pero además la ANSES avanzará como socio de Los Grobo Agropecuaria, perteneciente a la familia Grobocopatel. Esta empresa le debe al Gobierno, luego de la nacionalización de las AFJP, aproximadamente $40 millones en obligaciones negociables.
Los avances estatales continúan también en los sectores financieros. El pasado lunes se incorporó un representante de la ANSES al Banco Macro y la semana próxima podría pasar algo similar en el Banco Patagonia. Además hay casos polémicos como el BBVA y el Banco Francés.
Casos de malformaciones por agroquímicos
Recopilan casos de malformaciones por agroquímicos
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: Prensa UNL
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores de la UNL evidenciaron los efectos que produce el glifosato y la muerte de las células nerviosas que la cipermetrina provocaría en los anfibios. Ahora están por publicar el primer trabajo en Sudamérica sobre malformaciones en agroecosistemas.
Nuevamente se disparó el acalorado debate sobre los agroquímicos y sus efectos en la salud humana. La difusión de informes que relacionan la actividad rural con una mayor incidencia de cánceres y malformaciones: la disputa que incluye tanto la legislación vigente como su efectivo cumplimiento, o no: y, sumado también, el fantasma del dengue y la demanda social de fumigar para controlar la enfermedad: todo esto contribuye para que hoy los plaguicidas estén en el centro de la tormenta, otra vez.
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizan evaluaciones ecotoxicológicas relativas a la incidencia de agroquímicos en las especies de anfibios regionales.
“En el caso del glifosato, hace ocho años hicimos uno de los primeros estudios en Argentina que mostraba las malformaciones que podía producir sobre anfibios anuros, y algunos problemas en el sistema branquial, al actuar sobre el esqueleto en formación de estos animales”, detalló el Dr. Rafael Lajmanovich, docente e investigador de la UNL y el CONICET.
Las investigaciones también analizaron los efectos de otros insecticidas muy usados en el país: como la cipermetrina y el endosulfán. “Los anfibios expuestos a estas sustancias sufrieron apoptosis (muerte celular programada) de células nerviosas y genotoxicidad en células sanguíneas, respectivamente”, indicó el investigador.
Algunos compuestos fosforados también están siendo investigados en el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL), pero de modo más reciente. “Estamos trabajando con algunas enzimas que son indicadoras y cuantifican la exposición a agroquímicos fosforados. En este caso estamos hallando distintas evidencias a nivel de campo porque encontramos animales cuyas enzimas están inhibidas. Esto indicaría que pueden estar potencialmente expuestos a plaguicidas fosforados”, continuó.
Dentro de esta misma línea de trabajo que surgió hace unos 15 años, los expertos reúnen información referida a malformaciones en agroecosistemas con el fin de publicar una recopilación al respecto, la primera en Sudamérica.
Glifosato: la polémica
Se trata del herbicida que posibilita el modelo de producción sojero actual al eliminar todas las malezas. La pregunta es ¿a qué precio?
Aunque técnicamente es un ácido, se usa comúnmente en forma de sales. Su nombre comercial más conocido es el Roundup, del cual existen varias formulaciones, que se caracterizan por contener surfactantes lo que le confiere toxicidad.
Investigaciones han advertido que el surfactante POEA causa daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.
El principal metabolito en la degradación del glifosato en ambientes terrestres es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), que también es tóxico.
Además, el glifosato puede contener cierto tipo de compuestos –N-nitroso- que son cancerígenos. También pueden formarse en el ambiente cuando el herbicida se combina con nitratos.
El formaldehído también es cancerígeno, y es producto de descomposición del glifosato. La agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha encontrado que exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo humano por encima del límite máximo autorizado pueden causar respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos en el sistema reproductivo humano.
Monitoreo ambiental
Los anfibios son indicadores ambientales muy sensibles que están expuestos a diferentes tipos de sustancias. “Son animales que están en riesgo ecológico lo que quiere decir que tienen alta probabilidad de ponerse en contacto con sustancias químicas porque habitan en pequeños cuerpos de agua asociados o inmersos en sistemas agrícolas”, señaló Lajmanovich.
Pero a su vez, el investigador aclaró que el trabajo no se trata sólo de evaluar el efecto que se puede llegar a obtener desde un ensayo de laboratorio “Después hay que tratar de buscar un correlato de ese efecto supuesto que uno logra en el laboratorio con una situación real a campo, eso es mucho más difícil”, explicó el investigador.
Lo que se encuentra en el trabajo de campo es algún tipo de evidencia, pero es muy difícil de relacionar con un efecto de un agroquímico en particular. “Lo que uno hace en el laboratorio es una simulación, para poder tener un modelo de estudio de cual sería el efecto que se produce, pero eso en la realidad no es tan así porque ningún producto actúa solo”, aclaró.
En el ambiente hay una sinergia tanto de compuestos como de factores ambientales -como puede ser el pH, distintos niveles de nitrógeno y otros- que hacen al ecosistema en su conjunto. “Es aventurado extrapolar ensayos de laboratorio a situaciones reales de campo. Pero si se debe, luego, interpretar cuáles son las tendencias tanto poblacionales como de la comunidad en su conjunto”, afirmó.
Los trabajos tuvieron lugar en la Escuela Superior de Sanidad de la UNL, el Instituto Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El Dr. Lajmanovich dirigió el grupo de investigadores de la UNL integrado por la Dra. Paola Peltzer, Biol. Andrés Attademo, Bioq. Mariana Cabagna, Lic. Celina Junges y Agustín Bassó. Mientras, de la UNER participaron el Dr. Víctor Casco y la Dra. Fernanda Izaguirre.
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: Prensa UNL
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores de la UNL evidenciaron los efectos que produce el glifosato y la muerte de las células nerviosas que la cipermetrina provocaría en los anfibios. Ahora están por publicar el primer trabajo en Sudamérica sobre malformaciones en agroecosistemas.
Nuevamente se disparó el acalorado debate sobre los agroquímicos y sus efectos en la salud humana. La difusión de informes que relacionan la actividad rural con una mayor incidencia de cánceres y malformaciones: la disputa que incluye tanto la legislación vigente como su efectivo cumplimiento, o no: y, sumado también, el fantasma del dengue y la demanda social de fumigar para controlar la enfermedad: todo esto contribuye para que hoy los plaguicidas estén en el centro de la tormenta, otra vez.
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizan evaluaciones ecotoxicológicas relativas a la incidencia de agroquímicos en las especies de anfibios regionales.
“En el caso del glifosato, hace ocho años hicimos uno de los primeros estudios en Argentina que mostraba las malformaciones que podía producir sobre anfibios anuros, y algunos problemas en el sistema branquial, al actuar sobre el esqueleto en formación de estos animales”, detalló el Dr. Rafael Lajmanovich, docente e investigador de la UNL y el CONICET.
Las investigaciones también analizaron los efectos de otros insecticidas muy usados en el país: como la cipermetrina y el endosulfán. “Los anfibios expuestos a estas sustancias sufrieron apoptosis (muerte celular programada) de células nerviosas y genotoxicidad en células sanguíneas, respectivamente”, indicó el investigador.
Algunos compuestos fosforados también están siendo investigados en el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL), pero de modo más reciente. “Estamos trabajando con algunas enzimas que son indicadoras y cuantifican la exposición a agroquímicos fosforados. En este caso estamos hallando distintas evidencias a nivel de campo porque encontramos animales cuyas enzimas están inhibidas. Esto indicaría que pueden estar potencialmente expuestos a plaguicidas fosforados”, continuó.
Dentro de esta misma línea de trabajo que surgió hace unos 15 años, los expertos reúnen información referida a malformaciones en agroecosistemas con el fin de publicar una recopilación al respecto, la primera en Sudamérica.
Glifosato: la polémica
Se trata del herbicida que posibilita el modelo de producción sojero actual al eliminar todas las malezas. La pregunta es ¿a qué precio?
Aunque técnicamente es un ácido, se usa comúnmente en forma de sales. Su nombre comercial más conocido es el Roundup, del cual existen varias formulaciones, que se caracterizan por contener surfactantes lo que le confiere toxicidad.
Investigaciones han advertido que el surfactante POEA causa daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.
El principal metabolito en la degradación del glifosato en ambientes terrestres es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), que también es tóxico.
Además, el glifosato puede contener cierto tipo de compuestos –N-nitroso- que son cancerígenos. También pueden formarse en el ambiente cuando el herbicida se combina con nitratos.
El formaldehído también es cancerígeno, y es producto de descomposición del glifosato. La agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha encontrado que exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo humano por encima del límite máximo autorizado pueden causar respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos en el sistema reproductivo humano.
Monitoreo ambiental
Los anfibios son indicadores ambientales muy sensibles que están expuestos a diferentes tipos de sustancias. “Son animales que están en riesgo ecológico lo que quiere decir que tienen alta probabilidad de ponerse en contacto con sustancias químicas porque habitan en pequeños cuerpos de agua asociados o inmersos en sistemas agrícolas”, señaló Lajmanovich.
Pero a su vez, el investigador aclaró que el trabajo no se trata sólo de evaluar el efecto que se puede llegar a obtener desde un ensayo de laboratorio “Después hay que tratar de buscar un correlato de ese efecto supuesto que uno logra en el laboratorio con una situación real a campo, eso es mucho más difícil”, explicó el investigador.
Lo que se encuentra en el trabajo de campo es algún tipo de evidencia, pero es muy difícil de relacionar con un efecto de un agroquímico en particular. “Lo que uno hace en el laboratorio es una simulación, para poder tener un modelo de estudio de cual sería el efecto que se produce, pero eso en la realidad no es tan así porque ningún producto actúa solo”, aclaró.
En el ambiente hay una sinergia tanto de compuestos como de factores ambientales -como puede ser el pH, distintos niveles de nitrógeno y otros- que hacen al ecosistema en su conjunto. “Es aventurado extrapolar ensayos de laboratorio a situaciones reales de campo. Pero si se debe, luego, interpretar cuáles son las tendencias tanto poblacionales como de la comunidad en su conjunto”, afirmó.
Los trabajos tuvieron lugar en la Escuela Superior de Sanidad de la UNL, el Instituto Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El Dr. Lajmanovich dirigió el grupo de investigadores de la UNL integrado por la Dra. Paola Peltzer, Biol. Andrés Attademo, Bioq. Mariana Cabagna, Lic. Celina Junges y Agustín Bassó. Mientras, de la UNER participaron el Dr. Víctor Casco y la Dra. Fernanda Izaguirre.
“En Argentina aún no existe una política ambiental”
“En Argentina falta decisión; aún no existe una política ambiental”
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Así lo aseguró Osvaldo Canziani, Nobel de la Paz en 2007, al referirse al cambio climático.
En su paso por Córdoba, el copresidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), premiado con el Nobel de la Paz 2007, dialogó con LA MAÑANA sobre el impacto y abordaje del fenómeno climático, su relación con el dengue y la responsabilidad del Estado.
- Muchas veces el cambio climático está abordado desde un punto de vista apocalíptico, ¿cuál es el verdadero mensaje que nos tiene que quedar de este fenómeno?
- Las ciencias no son perfectas, a pesar de la falta de certidumbre total, cada conclusión está marcada por una necesaria adaptación a las condiciones locales. Esto es particularmente importante en Latinoamérica donde la falta de suficiente información básica y las características geográficas, hacen difícil el desarrollo de proyecciones a futuro. Yo uso para proyectar un modelo con perspectivas, porque cuando uno usa la ecuación matemática para hacer proyección de las variables meteorológicas y ver su incidencia, también debe sumarle las variables sociales y económicas. Entonces se debe analizar cada cosa como una matriz total.
El que cree que la ciencia llegó al límite de la predicción está equivocado. No es apocalíptico, por eso siempre digo que no hay que matar al mensajero, el tema está en que los problemas existen, la situación es con qué información contamos. Nosotros decimos lo que va a pasar ofreciendo algunas soluciones. El aviso de alerta toca a todos los países, el principio es la responsabilidad común pero diferenciada. No nos vayamos a los extremos, empecemos a elegir un sistema de solidaridad original que es la única manera de llegar al futuro, y así lo del Apocalipsis no aparecería. Lo que interesa es superar las malas prácticas mirando hacia adelante. Cada habitante del planeta Tierra debe convencerse de que los medios naturales que aseguran la vida no son infinitos, y que debe cumplir con una especie de autorregulación. Se debe acudir a las metodologías de ahorro, uso racional del agua y de la energía. Hay que educar a la gente, sobre todo a los niños para que sean agentes promotores.
- ¿Se puede afirmar que el dengue es producto del cambio climático?
- El dengue es un virus, pero el vector es un mosquito, el aedes aegypti. El problema es que el cambio climático amplió el horizonte, el área de incidencia. El cambio climático hace que los trópicos vengan a zonas templadas y se expanden las fronteras de los vectores. Hay dengue en Colombia, a dos mil metros como hay malaria en Siberia, como hay Chagas en la Patagonia.
Yo tengo mapas que muestran cómo estaba América del Sur en el ’30 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a trabajar, cómo estuvo en el ’70; los límites de distintas especies de mosquitos han aumentado enormemente. El problema que estamos tratando es ver de qué manera se definen los entornos ambientales para una enfermedad como el dengue, que es una enfermedad mundial. Se estima que en el año 2085 el dengue tocaría al 70 por ciento de la población mundial, se trata de una estadística irreversible. El dengue viene de Asia, se llama la enfermedad rompehuesos y se transmite con cuatro especies o cerotipos. Y las infecciones cuando llegan a su estadio crítico son mortales. La clave es la prevención. Nosotros con la gente de la UNC, al hacer el informe para América latina del cambio climático e impactos regionales, conformamos en el año ’97 el listado de enfermedades que se nos venían encima: no solamente el dengue, también aparecía la reactivación del cólera, la emaniasis, entre otras.
- ¿A su criterio, el gobierno nacional considera la cuestión ambiental como una política de Estado?
- Lo hablé con (Romina) Picolotti y con (Homero) Bibiloni, y no les gustó, pero les dije no hay política ambiental en Argentina. Y no lo hay por una razón muy simple: no tenemos mediciones. Entonces no podemos saber mañana dónde está la geografía de ese problema, no tenemos registros que enlacen el factor climático con la enfermedad. No hay Apocalipsis, hay falta de decisiones y Argentina aún no tiene política ambiental.
Los efectos del cambio climático exigirán claras posturas racionales y éticas para ser controlados. La existencia de una autoridad de control en este país debería estimular políticas de producción sustentables, compatibles con lo ambiental, social y económico. Por eso nosotros desde el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) no pretendemos dar instrucciones políticas, damos sugerencias. Las bibliotecas están llenas de papeles, el tema es que hay que aplicarlas. Hay que gente que tiene interés, no los eliminemos, los acunemos. Hay mucha gente para formar. Hay que educar a los chicos, pero hacerlo desde un concepto de economía y no de despilfarro. Actualmente se da en la gente lo que se llama la “afluenza”, esto es el uso sin control del dinero en una economía destructiva, esto produce la enfermedad de la gente que no puede comprar. Así, no existen valores, es un descontrol, las personas no se valen por el contenido sino por el bolsillo.
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Así lo aseguró Osvaldo Canziani, Nobel de la Paz en 2007, al referirse al cambio climático.
En su paso por Córdoba, el copresidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), premiado con el Nobel de la Paz 2007, dialogó con LA MAÑANA sobre el impacto y abordaje del fenómeno climático, su relación con el dengue y la responsabilidad del Estado.
- Muchas veces el cambio climático está abordado desde un punto de vista apocalíptico, ¿cuál es el verdadero mensaje que nos tiene que quedar de este fenómeno?
- Las ciencias no son perfectas, a pesar de la falta de certidumbre total, cada conclusión está marcada por una necesaria adaptación a las condiciones locales. Esto es particularmente importante en Latinoamérica donde la falta de suficiente información básica y las características geográficas, hacen difícil el desarrollo de proyecciones a futuro. Yo uso para proyectar un modelo con perspectivas, porque cuando uno usa la ecuación matemática para hacer proyección de las variables meteorológicas y ver su incidencia, también debe sumarle las variables sociales y económicas. Entonces se debe analizar cada cosa como una matriz total.
El que cree que la ciencia llegó al límite de la predicción está equivocado. No es apocalíptico, por eso siempre digo que no hay que matar al mensajero, el tema está en que los problemas existen, la situación es con qué información contamos. Nosotros decimos lo que va a pasar ofreciendo algunas soluciones. El aviso de alerta toca a todos los países, el principio es la responsabilidad común pero diferenciada. No nos vayamos a los extremos, empecemos a elegir un sistema de solidaridad original que es la única manera de llegar al futuro, y así lo del Apocalipsis no aparecería. Lo que interesa es superar las malas prácticas mirando hacia adelante. Cada habitante del planeta Tierra debe convencerse de que los medios naturales que aseguran la vida no son infinitos, y que debe cumplir con una especie de autorregulación. Se debe acudir a las metodologías de ahorro, uso racional del agua y de la energía. Hay que educar a la gente, sobre todo a los niños para que sean agentes promotores.
- ¿Se puede afirmar que el dengue es producto del cambio climático?
- El dengue es un virus, pero el vector es un mosquito, el aedes aegypti. El problema es que el cambio climático amplió el horizonte, el área de incidencia. El cambio climático hace que los trópicos vengan a zonas templadas y se expanden las fronteras de los vectores. Hay dengue en Colombia, a dos mil metros como hay malaria en Siberia, como hay Chagas en la Patagonia.
Yo tengo mapas que muestran cómo estaba América del Sur en el ’30 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a trabajar, cómo estuvo en el ’70; los límites de distintas especies de mosquitos han aumentado enormemente. El problema que estamos tratando es ver de qué manera se definen los entornos ambientales para una enfermedad como el dengue, que es una enfermedad mundial. Se estima que en el año 2085 el dengue tocaría al 70 por ciento de la población mundial, se trata de una estadística irreversible. El dengue viene de Asia, se llama la enfermedad rompehuesos y se transmite con cuatro especies o cerotipos. Y las infecciones cuando llegan a su estadio crítico son mortales. La clave es la prevención. Nosotros con la gente de la UNC, al hacer el informe para América latina del cambio climático e impactos regionales, conformamos en el año ’97 el listado de enfermedades que se nos venían encima: no solamente el dengue, también aparecía la reactivación del cólera, la emaniasis, entre otras.
- ¿A su criterio, el gobierno nacional considera la cuestión ambiental como una política de Estado?
- Lo hablé con (Romina) Picolotti y con (Homero) Bibiloni, y no les gustó, pero les dije no hay política ambiental en Argentina. Y no lo hay por una razón muy simple: no tenemos mediciones. Entonces no podemos saber mañana dónde está la geografía de ese problema, no tenemos registros que enlacen el factor climático con la enfermedad. No hay Apocalipsis, hay falta de decisiones y Argentina aún no tiene política ambiental.
Los efectos del cambio climático exigirán claras posturas racionales y éticas para ser controlados. La existencia de una autoridad de control en este país debería estimular políticas de producción sustentables, compatibles con lo ambiental, social y económico. Por eso nosotros desde el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) no pretendemos dar instrucciones políticas, damos sugerencias. Las bibliotecas están llenas de papeles, el tema es que hay que aplicarlas. Hay que gente que tiene interés, no los eliminemos, los acunemos. Hay mucha gente para formar. Hay que educar a los chicos, pero hacerlo desde un concepto de economía y no de despilfarro. Actualmente se da en la gente lo que se llama la “afluenza”, esto es el uso sin control del dinero en una economía destructiva, esto produce la enfermedad de la gente que no puede comprar. Así, no existen valores, es un descontrol, las personas no se valen por el contenido sino por el bolsillo.
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