Gobierno recibió el informe sobre agroquímicos
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El Gobierno recibió el informe sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 07/04/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Después de las discusiones que revitalizó el estudio elaborado hace tres años por un grupo de profesionales rosarinos sobre la cantidad de casos de malformaciones y cáncer que se detectan en poblaciones rurales del interior santafesino, el ministro de Salud solicitó que le envíen el documento completo ya que no pudo encontrar una sola copia en el edificio de la cartera sanitaria.
Luego de la polémica generada en torno a la re-presentación de un informe que relva cifras de malformaciones y cánceres en habitante de zonas rurales de la provincia relacionadas con la fumigación y el acopio de cereales, el ministro de Salud de la provincia llamó a uno de los referentes del estudio para dialogar con él.
La información fue confirmada esta mañana por el propio Miguel Ángel Cappiello quien, en diálogo con LT10, estableció que “ayer hablé con el Dr. (Alejandro) Oliva que es quien dio el informe”. En ese mismo marco estableció que en el edificio de la cartera que integra “no había documentación alguna que avalara eso”.
De ese modo, el ministro comunicó que el profesional que elaboró el informe “se puso a disposición y me envió los documentos en base a los cuales estamos trabajando” en un cuerpo que integra a delegados de varios ministerios. No obstante recordó que ya se realizó una gira por el interior de la provincia en la cual se organizan charlas con autoridades, empresarios y población en general “para revertir una situación mundial”.
Cappiello reconoció que los agroquímicos dañan severamente la salud de la población, aunque no reveló si ya tuvo oportunidad de leer completamente el estudio de Oliva y si coincide o no con lo que allí se indica. En ese sentido reconoció que “cuesta mucho pelear contra las grandes corporaciones”.
Fecha de Publicación: 07/04/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Después de las discusiones que revitalizó el estudio elaborado hace tres años por un grupo de profesionales rosarinos sobre la cantidad de casos de malformaciones y cáncer que se detectan en poblaciones rurales del interior santafesino, el ministro de Salud solicitó que le envíen el documento completo ya que no pudo encontrar una sola copia en el edificio de la cartera sanitaria.
Luego de la polémica generada en torno a la re-presentación de un informe que relva cifras de malformaciones y cánceres en habitante de zonas rurales de la provincia relacionadas con la fumigación y el acopio de cereales, el ministro de Salud de la provincia llamó a uno de los referentes del estudio para dialogar con él.
La información fue confirmada esta mañana por el propio Miguel Ángel Cappiello quien, en diálogo con LT10, estableció que “ayer hablé con el Dr. (Alejandro) Oliva que es quien dio el informe”. En ese mismo marco estableció que en el edificio de la cartera que integra “no había documentación alguna que avalara eso”.
De ese modo, el ministro comunicó que el profesional que elaboró el informe “se puso a disposición y me envió los documentos en base a los cuales estamos trabajando” en un cuerpo que integra a delegados de varios ministerios. No obstante recordó que ya se realizó una gira por el interior de la provincia en la cual se organizan charlas con autoridades, empresarios y población en general “para revertir una situación mundial”.
Cappiello reconoció que los agroquímicos dañan severamente la salud de la población, aunque no reveló si ya tuvo oportunidad de leer completamente el estudio de Oliva y si coincide o no con lo que allí se indica. En ese sentido reconoció que “cuesta mucho pelear contra las grandes corporaciones”.
Registro de envenenamiento fitosanitario
El colegio de Ingenieros Agrónomos pide la creación del registro de envenenamiento fitosanitario
Fecha de Publicación: 06/04/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Luego de que el último viernes se recordara un estudio elaborado hace tres años que habla de malformaciones en niños de poblaciones rurales del sur provincial, que supera diez veces la media latinoamericana, y de cánceres hormono-dependientes, que también sobrepasa varias veces la media nacional, el Colegio de Ingenieros Agrónomos pidió “mucho cuidado” a la hora de analizar informes de este tipo.
El viernes pasado, en la ciudad de Rosario, se recordó la existencia de un estudio realizado por profesionales del Hospital Italiano, el Ministerio de Salud de la Nación, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, la Federación Agraria Argentina y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que, según sus propios creadores, duerme en los despachos oficiales desde hace tres años.
El proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2001 y abarcó las localidades de Bigand, Carreras, Alcorta, Santa Teresa y Máximo Paz de Santa Fe, además de la bonaerense Pérez Millán, estudió casos de malformaciones congénitas infantiles, problemas masculinos que tienen relación directa con cuestiones ambientales y el uso de agroquímicos, y cánceres hormono-dependientes. En todos los ítems, la cantidad detectada supera ampliamente la registrada en otras zonas del país e incluso de Latinoamérica.
En ese sentido, se relaciona a las enfermedades mencionadas con las condiciones del medio ambiente, que incluyen el uso de agroquímicos, la calidad del agua y demás factores de riesgo.
Esta mañana el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe 1ra. Circunscripción, Gerardo Severin, aclaró que la institución que integra “no firmó ni participó de una declaración de ese tipo”, pese a que se encuentra en la nómina de adherentes. Si bien reconoció que “sin ninguna duda” existen químicos que atentan contra la vida de las personas, pidió “mucho cuidado” a la hora de evaluar estas investigaciones ya que “hay un montón de intereses en esto”.
Del mismo modo pidió que se tengan en cuenta las evaluaciones “serias en las que no pongan plata las empresas interesadas” y recordó que “hubo declaraciones periodísticas y políticas que decían barbaridades desde el punto de vista técnico, en principio porque no se fumiga sino que se pulveriza”.
Por lo tanto, el ingeniero agrónomo insistió en que se tengan en cuenta los fallos recientes que solicitan la aplicación de la ley correspondiente sobre agroquímicos “que pide a Municipios y Comunas aplicar una línea desde la cual se pueden aplicar los productos en cuestión”.
Incluso recordó que ya en el año 1957 la provincia de Santa Fe hizo punta en el tema, con la sanción de una ley que fue la base de la normativa nacional y de muchas otros distritos como Córdoba y Entre Ríos, en la que se solicita fijar una línea que determine desde donde y hasta donde puede pulverizarse. En el mismo sentido manifestó su preocupación por el tema, sobre todo teniendo en cuenta que la tecnología evoluciona y cada vez debería ser más fácil cuidar de los ciudadanos.
En tanto, Severín rememoró que hace unos tres años se solicitó a las autoridades de la provincia de Santa Fe que lleven un registro de envenenamiento fitosanitario con el objeto de que la información sea correctamente transmitida y no se utilice con fines comerciales.
“Nosotros queremos defender nuestra salud y la de la población. Tenemos la obligación ética y moral de garantizarles a los santafesinos que los productos que coman sean sanos y que el ambiente se mantenga en un equilibrio” finalizó.
Fecha de Publicación: 06/04/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Luego de que el último viernes se recordara un estudio elaborado hace tres años que habla de malformaciones en niños de poblaciones rurales del sur provincial, que supera diez veces la media latinoamericana, y de cánceres hormono-dependientes, que también sobrepasa varias veces la media nacional, el Colegio de Ingenieros Agrónomos pidió “mucho cuidado” a la hora de analizar informes de este tipo.
El viernes pasado, en la ciudad de Rosario, se recordó la existencia de un estudio realizado por profesionales del Hospital Italiano, el Ministerio de Salud de la Nación, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, la Federación Agraria Argentina y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que, según sus propios creadores, duerme en los despachos oficiales desde hace tres años.
El proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2001 y abarcó las localidades de Bigand, Carreras, Alcorta, Santa Teresa y Máximo Paz de Santa Fe, además de la bonaerense Pérez Millán, estudió casos de malformaciones congénitas infantiles, problemas masculinos que tienen relación directa con cuestiones ambientales y el uso de agroquímicos, y cánceres hormono-dependientes. En todos los ítems, la cantidad detectada supera ampliamente la registrada en otras zonas del país e incluso de Latinoamérica.
En ese sentido, se relaciona a las enfermedades mencionadas con las condiciones del medio ambiente, que incluyen el uso de agroquímicos, la calidad del agua y demás factores de riesgo.
Esta mañana el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe 1ra. Circunscripción, Gerardo Severin, aclaró que la institución que integra “no firmó ni participó de una declaración de ese tipo”, pese a que se encuentra en la nómina de adherentes. Si bien reconoció que “sin ninguna duda” existen químicos que atentan contra la vida de las personas, pidió “mucho cuidado” a la hora de evaluar estas investigaciones ya que “hay un montón de intereses en esto”.
Del mismo modo pidió que se tengan en cuenta las evaluaciones “serias en las que no pongan plata las empresas interesadas” y recordó que “hubo declaraciones periodísticas y políticas que decían barbaridades desde el punto de vista técnico, en principio porque no se fumiga sino que se pulveriza”.
Por lo tanto, el ingeniero agrónomo insistió en que se tengan en cuenta los fallos recientes que solicitan la aplicación de la ley correspondiente sobre agroquímicos “que pide a Municipios y Comunas aplicar una línea desde la cual se pueden aplicar los productos en cuestión”.
Incluso recordó que ya en el año 1957 la provincia de Santa Fe hizo punta en el tema, con la sanción de una ley que fue la base de la normativa nacional y de muchas otros distritos como Córdoba y Entre Ríos, en la que se solicita fijar una línea que determine desde donde y hasta donde puede pulverizarse. En el mismo sentido manifestó su preocupación por el tema, sobre todo teniendo en cuenta que la tecnología evoluciona y cada vez debería ser más fácil cuidar de los ciudadanos.
En tanto, Severín rememoró que hace unos tres años se solicitó a las autoridades de la provincia de Santa Fe que lleven un registro de envenenamiento fitosanitario con el objeto de que la información sea correctamente transmitida y no se utilice con fines comerciales.
“Nosotros queremos defender nuestra salud y la de la población. Tenemos la obligación ética y moral de garantizarles a los santafesinos que los productos que coman sean sanos y que el ambiente se mantenga en un equilibrio” finalizó.
Indiferencia oficial ante informes de agroquímicos
Agroquímicos: indiferencia oficial ante un informe sobre malformaciones y cáncer
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Un estudio detectó que en las poblaciones rurales del sur provincial los casos de malformaciones en niños superan 10 veces la media latinoamericana; y la cantidad de cánceres hormono-dependientes, como son de testículos y ovarios, también superan varias veces la media nacional. A pesar de su relevancia, la investigación duerme desde hace casi tres años en los despachos oficiales.
El estudio fue realizado por profesionales del Hospital Italiano, el Ministerio de Salud de la Nación, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, la Federación Agraria Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe.
"Después de que se presentó oficialmente, en 2006, no pasó nada, no hubo programas ni políticas, ni del Ministerio de Salud nacional, que financió la investigación, ni de la provincia, que debió haber recepcionado los resultados", disparó el coordinador del proyecto y director de la Unidad de Medio Ambiente y Salud Reproductiva del Hospital Italiano, Alejandro Oliva.
El especialista destacó que "si se ponen en relación estas enfermedades con las condiciones ambientales, podemos decir que el 90 por ciento de los casos detectados se produjeron a unos 300 metros de los focos de riesgo estudiados, que son acopiadores de granos y agroquímicos, feed-lots, basurales y transformadores con PCB".
El proyecto, que recobró relevancia luego de que la Justicia ordenó el 16 de marzo pasado la suspensión de las fumigaciones en la localidad de San Jorge, comenzó a desarrollarse en 2001 y abarcó las localidades de Bigand, Carreras, Alcorta, Santa Teresa y Máximo Paz, además de la bonaerense Pérez Millán.
Oliva detalló que "en todos los casos se trata de áreas altamente explotadas en los últimos 50 años por actividades agroproductivas, y que estuvieron expuestas a diferentes agroquímicos".
La investigación no sólo estudió los casos de malformaciones congénitas infantiles como hipospadias y criptorquidias, problemas masculinos que tienen relación directa con la cuestiones ambientales y el uso de agroquímicos, sino también los cánceres hormono-dependientes (próstata, mama, testículo y ovario), ambos marcadores del impacto del medioambiente.
Resultados. En el caso de las malformaciones urogenitales se estudiaron los registros de Carreras y Máximo Paz. En estas comunas, los casos de criptorquidias, una patología que se caracteriza por el no descenso de los testículos (ver infografía) es ocho veces mayor a la media nacional, y la hipospadia (el pene no se desarrolla de manera usual) supera esos registros 14 veces. Y en Máximo Paz, la incidencia de hipospadias llega a superar 20 veces los índices esperados.
"No quedan dudas de que en materia de malformaciones existe un problema serio", sintetizó Oliva, quien indicó que "en los casos de cánceres, el análisis es más complejo".
En los hombres se detectaron cánceres de testículos que triplican la media nacional, al igual que los casos de cáncer gástrico. Los de páncreas y pulmón duplican la media, y los de hígado son diez veces mayores a la media.
En las mujeres, los cánceres de ovarios duplican la incidencia media y los de cánceres hepáticos son seis veces mayores a los registros nacionales.
Medio ambiente. Oliva indicó que "se puede sospechar que hay una relación entre estas enfermedades y las condiciones del medio ambiente, que incluyen el uso de agroquímicos, la calidad del agua —que en esa zona tiene altos niveles de arsénico— y los demás factores de riesgo".
También aseguró que "el 90 por ciento de los casos de estas enfermedades se presentan en todas las localidades bajo estudio en el radio de 300 metros o menos de los puntos de riesgo", y puso en juego otro concepto, el de "sinergismo".
"Muchos de estos factores de riesgo, en baja dosis, producen gran impacto, y esto es lo que sucede en esta zona. La existencia de agroquímicos acumulados en el organismo de la gente se mantiene allí hasta 50 años. También se acumula en los animales, el suelo y los sedimentos. Pero a esa contaminación se suma agua con altos tenores de arsénico, napas con nitritos y nitratos, que son productos de los feed-lots. Todo eso, más la fumigación, se combina y está teniendo un alto impacto", explicó.
"Lo que manifiesta la gente es que «algo está pasando», pero no saben qué y tampoco saben cómo interpretarlo. Es más, estas comunidades se sintieron desnudas cuando se planteó esta problemática y no relacionan factores de riesgo ambientales con enfermedad", explicó el director de la investigación.
Sin embargo, el médico reconoció que "en los últimos meses, en el sur provincial, apareció el reclamo de la gente ante las fumigaciones y hasta hubo intervención de la Justicia. El planteo sube desde las propias comunidades", aseguró.
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Un estudio detectó que en las poblaciones rurales del sur provincial los casos de malformaciones en niños superan 10 veces la media latinoamericana; y la cantidad de cánceres hormono-dependientes, como son de testículos y ovarios, también superan varias veces la media nacional. A pesar de su relevancia, la investigación duerme desde hace casi tres años en los despachos oficiales.
El estudio fue realizado por profesionales del Hospital Italiano, el Ministerio de Salud de la Nación, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, la Federación Agraria Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe.
"Después de que se presentó oficialmente, en 2006, no pasó nada, no hubo programas ni políticas, ni del Ministerio de Salud nacional, que financió la investigación, ni de la provincia, que debió haber recepcionado los resultados", disparó el coordinador del proyecto y director de la Unidad de Medio Ambiente y Salud Reproductiva del Hospital Italiano, Alejandro Oliva.
El especialista destacó que "si se ponen en relación estas enfermedades con las condiciones ambientales, podemos decir que el 90 por ciento de los casos detectados se produjeron a unos 300 metros de los focos de riesgo estudiados, que son acopiadores de granos y agroquímicos, feed-lots, basurales y transformadores con PCB".
El proyecto, que recobró relevancia luego de que la Justicia ordenó el 16 de marzo pasado la suspensión de las fumigaciones en la localidad de San Jorge, comenzó a desarrollarse en 2001 y abarcó las localidades de Bigand, Carreras, Alcorta, Santa Teresa y Máximo Paz, además de la bonaerense Pérez Millán.
Oliva detalló que "en todos los casos se trata de áreas altamente explotadas en los últimos 50 años por actividades agroproductivas, y que estuvieron expuestas a diferentes agroquímicos".
La investigación no sólo estudió los casos de malformaciones congénitas infantiles como hipospadias y criptorquidias, problemas masculinos que tienen relación directa con la cuestiones ambientales y el uso de agroquímicos, sino también los cánceres hormono-dependientes (próstata, mama, testículo y ovario), ambos marcadores del impacto del medioambiente.
Resultados. En el caso de las malformaciones urogenitales se estudiaron los registros de Carreras y Máximo Paz. En estas comunas, los casos de criptorquidias, una patología que se caracteriza por el no descenso de los testículos (ver infografía) es ocho veces mayor a la media nacional, y la hipospadia (el pene no se desarrolla de manera usual) supera esos registros 14 veces. Y en Máximo Paz, la incidencia de hipospadias llega a superar 20 veces los índices esperados.
"No quedan dudas de que en materia de malformaciones existe un problema serio", sintetizó Oliva, quien indicó que "en los casos de cánceres, el análisis es más complejo".
En los hombres se detectaron cánceres de testículos que triplican la media nacional, al igual que los casos de cáncer gástrico. Los de páncreas y pulmón duplican la media, y los de hígado son diez veces mayores a la media.
En las mujeres, los cánceres de ovarios duplican la incidencia media y los de cánceres hepáticos son seis veces mayores a los registros nacionales.
Medio ambiente. Oliva indicó que "se puede sospechar que hay una relación entre estas enfermedades y las condiciones del medio ambiente, que incluyen el uso de agroquímicos, la calidad del agua —que en esa zona tiene altos niveles de arsénico— y los demás factores de riesgo".
También aseguró que "el 90 por ciento de los casos de estas enfermedades se presentan en todas las localidades bajo estudio en el radio de 300 metros o menos de los puntos de riesgo", y puso en juego otro concepto, el de "sinergismo".
"Muchos de estos factores de riesgo, en baja dosis, producen gran impacto, y esto es lo que sucede en esta zona. La existencia de agroquímicos acumulados en el organismo de la gente se mantiene allí hasta 50 años. También se acumula en los animales, el suelo y los sedimentos. Pero a esa contaminación se suma agua con altos tenores de arsénico, napas con nitritos y nitratos, que son productos de los feed-lots. Todo eso, más la fumigación, se combina y está teniendo un alto impacto", explicó.
"Lo que manifiesta la gente es que «algo está pasando», pero no saben qué y tampoco saben cómo interpretarlo. Es más, estas comunidades se sintieron desnudas cuando se planteó esta problemática y no relacionan factores de riesgo ambientales con enfermedad", explicó el director de la investigación.
Sin embargo, el médico reconoció que "en los últimos meses, en el sur provincial, apareció el reclamo de la gente ante las fumigaciones y hasta hubo intervención de la Justicia. El planteo sube desde las propias comunidades", aseguró.
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agricultura industrial,
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política ambiental,
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Busca frenar la invasión sojera en las islas
La Legislatura entrerriana busca frenar la invasión sojera en las islas
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
El fantasma de la sojización de las islas frente a Rosario y sus consecuencias ecológicas (tanto por la desnaturalización del humedal como por los efectos de los agroqímicos) promete disiparse: la Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó un proyecto de ley por el cual se prohíbe la actividad agrícola y la fumigación con agroquímicos en todas las islas fiscales o privadas sobre el río Paraná y sus adyacentes, ubicadas dentro la jurisdicción provincial. La iniciativa sería fundamental para frenar un proceso que ya comenzó: la invasión de la soja sobre las islas, ya invadidas por la ganadería y sometidas a permanentes quemas que han tenido a maltraer a los rosarinos.
El área comprende el delta entrerriano, desde la altura de ciudad de Diamante (frente a Puerto Gaboto en Santa Fe) hasta las islas del Ibicuy (frente a las provincia de Buenos Aires, pasando Baradero).
El proyecto, presentado originalmente en 2004 por el diputado provincial victoriense Carlos Almada, no tuvo eco en la Legislatura hasta este año, cuando explotó la polémica generada por la instalación en la isla Itapé, frente a Villa Constitución, de la firma chileno-holandesa Bema Agri BV que el año pasado construyó terraplenes para proteger sembrados y fumigó la zona.
Los emprendedores montaron kilómetros de terraplenes, plantaron distintos tipos de semillas y fumigaron unas 10 mil hectáreas sin un previo pedido de autorización.
Acciones legales. Tras el receso legislativo de verano y la confesión por parte de funcionarios provinciales de que no podían hacer nada, el Concejo de Victoria intimó al Ejecutivo municipal para que aplicara las ordenanzas que prohíben ese tipo de actividades en las islas de jurisdicción comunal. Incluso lo instó a iniciar acciones judiciales o recurrir a un amparo ambiental para detener las obras.
El pedido tuvo poco eco en la Intendencia, que sólo remitió una nota a Bema Agri BV pidiendo informes sobre su actividad. La misiva fue contestada por la firma con otra, en la que se habría justificado en un desconocimiento de las normas vigentes, entre otros fundamentos.
Mientras tanto, los concejales están a la espera de una reacción por parte del Ejecutivo para hacer cumplir las normas y producir el cese de la iniciativa, o seguramente será pasible de serias acusaciones como el incumplimiento de los deberes. De todas maneras y en caso que no prospere la gestión de los ediles y la Cámara alta provincial apruebe el proyecto de ley que restringe la actividad agrícola en las islas, "los holandeses", como los llaman los lugareños, no podrán continuar con su actividad una vez que la norma esté reglamentada.
Impacto. El impacto ecológico de las distintas actividades que desarrolla el hombre en las islas que se extienden frente a Rosario viene generando debates desde hace tiempo. La quema de pastizales tiene a mal traer todos los año a los santafesinos en general, y a los rosarinos en particular, por las molestias que ocasionan y por los efectos nocivos para la salud.
El fenómeno se emparenta directamente con la explotación ganadera indiscriminada en las islas, el que al mismo tiempo se genera por el boom de la soja y la necesidad de liberar tierras productivas para sembrarla.
No obstante, y como un alud que arrastra con todo, la soja también llegó a la isla, y con ella las fumigaciones. Algo que fue reflejado en las páginas de LaCapital (ver aparte).
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
El fantasma de la sojización de las islas frente a Rosario y sus consecuencias ecológicas (tanto por la desnaturalización del humedal como por los efectos de los agroqímicos) promete disiparse: la Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó un proyecto de ley por el cual se prohíbe la actividad agrícola y la fumigación con agroquímicos en todas las islas fiscales o privadas sobre el río Paraná y sus adyacentes, ubicadas dentro la jurisdicción provincial. La iniciativa sería fundamental para frenar un proceso que ya comenzó: la invasión de la soja sobre las islas, ya invadidas por la ganadería y sometidas a permanentes quemas que han tenido a maltraer a los rosarinos.
El área comprende el delta entrerriano, desde la altura de ciudad de Diamante (frente a Puerto Gaboto en Santa Fe) hasta las islas del Ibicuy (frente a las provincia de Buenos Aires, pasando Baradero).
El proyecto, presentado originalmente en 2004 por el diputado provincial victoriense Carlos Almada, no tuvo eco en la Legislatura hasta este año, cuando explotó la polémica generada por la instalación en la isla Itapé, frente a Villa Constitución, de la firma chileno-holandesa Bema Agri BV que el año pasado construyó terraplenes para proteger sembrados y fumigó la zona.
Los emprendedores montaron kilómetros de terraplenes, plantaron distintos tipos de semillas y fumigaron unas 10 mil hectáreas sin un previo pedido de autorización.
Acciones legales. Tras el receso legislativo de verano y la confesión por parte de funcionarios provinciales de que no podían hacer nada, el Concejo de Victoria intimó al Ejecutivo municipal para que aplicara las ordenanzas que prohíben ese tipo de actividades en las islas de jurisdicción comunal. Incluso lo instó a iniciar acciones judiciales o recurrir a un amparo ambiental para detener las obras.
El pedido tuvo poco eco en la Intendencia, que sólo remitió una nota a Bema Agri BV pidiendo informes sobre su actividad. La misiva fue contestada por la firma con otra, en la que se habría justificado en un desconocimiento de las normas vigentes, entre otros fundamentos.
Mientras tanto, los concejales están a la espera de una reacción por parte del Ejecutivo para hacer cumplir las normas y producir el cese de la iniciativa, o seguramente será pasible de serias acusaciones como el incumplimiento de los deberes. De todas maneras y en caso que no prospere la gestión de los ediles y la Cámara alta provincial apruebe el proyecto de ley que restringe la actividad agrícola en las islas, "los holandeses", como los llaman los lugareños, no podrán continuar con su actividad una vez que la norma esté reglamentada.
Impacto. El impacto ecológico de las distintas actividades que desarrolla el hombre en las islas que se extienden frente a Rosario viene generando debates desde hace tiempo. La quema de pastizales tiene a mal traer todos los año a los santafesinos en general, y a los rosarinos en particular, por las molestias que ocasionan y por los efectos nocivos para la salud.
El fenómeno se emparenta directamente con la explotación ganadera indiscriminada en las islas, el que al mismo tiempo se genera por el boom de la soja y la necesidad de liberar tierras productivas para sembrarla.
No obstante, y como un alud que arrastra con todo, la soja también llegó a la isla, y con ella las fumigaciones. Algo que fue reflejado en las páginas de LaCapital (ver aparte).
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Las consecuencias del modelo soja más glifosato
"No puede aceptar las consecuencias del modelo soja más glifosato"
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El experto entrevistado por Rosario/12 señala que si se combina una comunidad que no quiere escuchar nada de todo lo que se le advierte "porque tiene miedo de que se termine el negocio de la soja, más una secretaría de medio ambiente con orientación productivista; lo que se obtiene es: Mucha soja, un sector con más dinero, pero con más enfermos por contaminación a mediano y largo plazo".
El andrólogo Alejandro Oliva cuestionó al secretario de Medio Ambiente de Santa Fe César Mackler "por aceptar las consecuencias del modelo `soja más glifosato' con el argumento de haber ayudado a salir adelante al país. No se pueden justificar las consecuencias sobre la salud de la gente, las muertes, las deformaciones físicas y las distintas enfermedades que acarrea el uso de agroquímicos". Oliva, pertecen a la ong Ecosur, quien aportó a uno de sus cuadros: El ecólogo Ricardo Biasatti quien es el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, con quien llevó adelante los estudios que ligaban focos de contaminación con la salud de los habitantes rurales: Feed loot, silos de cereal, acopio de agroquímicos, basurales y transformadores de energía con PCB. Por eso Oliva asegura no entender el discurso del titular del área. Y de paso critica "al gobernador Hermes Binner porque a pesar de ser médico, socialista y un hombre cercano a la salud pública vetó la ley de reubicación de silos cerealeros, que son un foco de contaminación ya demostrado por nuestros estudios".
Oliva se muestra impactado por la entrevista que Rosario/12 publicó el pasado viernes 27 de marzo donde Mackler fijaba posición sobre las fumigaciones con agroquímicos que provocaron reacciones en distintos lugares de la provincia.
"Con Mackler tuvimos varias charlas cuando yo era el secretario general de Ecosur, un centro de investigaciones multidisciplinarias. Cuando está por asumir Mackler nos convoca, siendo presidente de Ecosur Ricardo Biasatti, que se convierte en subsecretario de Recursos Naturales y que fue además co-investigador en todo el trabajo que hicimos (en seis pueblos de la pampa húmeda sobre agroquímicos) en el que participó como ecólogo, por lo tanto sabe de qué hablamos. Mackler nos convocó demostrando interés diciendo que quería trabajar desde la Secretaría en algunos proyectos, y nos pidió que le alcancemos algunos. En ese momento él ya conocía el trabajo que habíamos hecho así que le actualicé las últimas cosas, y le dejé los puntos de nuestro proyecto de vigilancia epidemiológica y prevención en comunidades rurales con un modelo de autogestión, es decir que hacemos el diagnóstico, formamos a la gente y ella es la que sigue con la prevención con una serie metodológica. Tuvimos dos reuniones, y le pareció muy interesante el tema. Es más a Biasatti le ofrecen entonces la subsecretaría y como investigadores de Ecosur, incluso llega a comprometer fondos. Recuerdo que Mackler dijo que quizás para julio podríamos tener tantos pesos, para arrancar con estos proyectos. Esto lo digo para que se conozca la situación previa incluso a la asunción, de pleno conocimiento sobre nuestro trabajo. Luego Biasatti renuncia como presidente de Ecosur y asume en su cargo. Ingresa entonces Eduardo Pire en su lugar en Ecosur y yo quedo en la secretaría general hasta hace un mes que renuncio a mi cargo, y solo soy un miembro más, porque no me gusta lo que esta pasando: Que un hombre que salió de nuestras filas sea subsecretario de una gestión que termina planteando lo que Mackler dijo públicamente".
Cuáles fueron las declaraciones del secretario de Medio Ambiente que cuestiona?
Mackler dijo en ese reportaje a Rosario/12 que las fumigaciones terrestres deberían hacerse a no menos de 150 metros de la línea de viviendas, y las aéreas a no menos de 300 metros. Cuando la ley provincial no dice eso, sino que las fumigaciones aéreas debe respetar una área de exclusión de 500 metros como mínimo, mientras la normativa europea por ejemplo fija un piso de mil metros, porque si el viento cambia los 300 metros no existen. Después Mackler plantea una mesa que está trabajando y que nadie conoce, porque por ejemplo no se sabe que gente de salud está trabajando allí, ya que no hay mucha gente experta en el tema de salud rural y medio ambiente. En todo Argentina hay muy poca gente, y en esa mesa no sé quienes están.
Oliva contó que "nosotros fuimos invitados a esa mesa antes de formarla, y nos dijeron que íbamos a ser convocados como Ecosur, porque iban a integran a ongs, pero nunca nos llamaron para nada. Pero hay un marco ideológico que define Mackler en su nota, y dice `justamente este modelo (soja y glifosato) son de alguna manera los que han sacado adelante al país'. Esto se ha visto claramente en el último año que no es así: La contribución de este tipo de cultivo, estemos o no de acuerdo, al Producto Bruto Interno no es más de l4 por ciento. Por lo tanto creo que es grave que un secretario de Medio Ambiente plantee que por la soja y el glifosato se justifique que muera la gente o cualquier cosa porque este es el modelo que ha ayudado al país. Y esto se entiende porque conceptualmente la secretaría de Medio Ambiente está en Santa Fe en el marco del Ministerio de la Producción, cuando en realidad debería ser independiente como lo es en los países serios, o a lo sumo que sea interministerial entre salud y otra cartera. Pero que pertenezca a Producción, motiva su mirada productivista", dijo Oliva.
Pero para este investigador, hay otro punto de las declaraciones de Mackler que es motivo de debate: "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en los cereales. Y me interesa puntualizar esto porque fue el propio Biasatti quien dirigió este tramo del estudio que fue correlacionar los casos que encontramos en cada uno de los pueblos de malformaciones y de cáncer, con los focos de riesgos. Estos eran los silos, los acopios de agroquímicos, el PCB de los transformadores eléctricos, los basurales y los feed loot, que están demostrados que pueden tener impacto en salud, particularmente en la salud reproductiva", dijo Oliva.
Y explicó que lo que se mostramos es que "el 90 por ciento de los casos estaban en los 300 metros de estos focos y encima Mackler plantea 300 metros para no fumigar. Retomo: nos enteramos a fin de 2007 que una joven diputada peronista había presentado una ley de erradicación de silos de los pueblos, que contaba con la financiación del BID o del Banco Mundial para hacerlo porque es muy costoso, pero hay que hacerlo. Debe ser uno los pocos países del mundo con silos en los pueblos, por eso tenemos los juicios como en San Jorge, o en Córdoba. Recuerdo que la ley salió votada ampliamente pero cuando asumió Binner, que es un médico, hombre cercano a la salud pública y socialista, veta la ley a comienzos de 2008. Entonces, cómo Mackler puede decir que el tema de la fosfina es un problema cuando es funcionario de un gobierno que vetó la ley que erradicaba los silos, que es uno de los problemas mayores. Y además en una gestión en donde Ricardo Biasatti fue el que dirigió la investigación que demostró esto".
Pero a Oliva, una de las cosas que más le interesa contestar de los dichos de Mackler, es la parte que dice textualmente "no hay estudios que demuestren efectos negativos del glifosato en el corto plazo". Y asegura que "esto no es cierto: hay dos trabajos publicados a fines de 2008 uno los cuales relaciona el glifosato con embriones de anfibios que hizo la Universidad de La Plata y que demostró la destrucción de los embriones. Y el otro es del grupo de Olavarría, que mostró la contaminación de glifosato en suelos marinos, en suelos de lagunas y en agua. Pero también le recuerdo a Mackler que desde el año 97 hemos trabajado este tema, y lo sabe porque le entregamos en mano nuestros trabajos. Y me remito además a los dichos de Raúl Montenegro, que Página/12 publicó sobre el glifosato. Y en esto vale aclarar que el glifosato puro no tiene un alta toxicidad, si se lo compara con otros. Mucho depende de la dosis, eso es cierto y lo dice Mackler, porque no es lo mismos la dosis arrojada para fumigar las plantas de coca en Colombia, que son 20 veces más concentrado. Pero cabe preguntarse entonces cómo se usa el glifosato en Argentina: lleva una cantidad enorme de surfactantes, de detergentes que son peores, o iguales de malo que el DDT desde el punto de vista de la salud. Prácticamente no se usa glifosato puro sino que se agregan endosulfan, clorpirifos, 2-4-D. Lo llaman las gotitas del cielo porque mezclados mejoran el glifosato, Por eso el problema son las mezclas y los trabajos de los últimos años, que Mackler debería conocer apuntan al sinergismo. Nosotros estamos parados sobre aguas de contenido de arsénico con valencia 3 y 5, es decir altísimas. Entonces hay poco efecto del glifosato puro, pero mucho de las sustancias cloradas que lo acompañan, más arsénico y le agregamos otro punto: el alto contenido de nitratos en la primera napa por la existencia de feed loot, que concentran la orina de los animales. O sea que nadie puede decir que eso no es una bomba de tiempo: con esto no necesito saber qué es lo que pasa con el grupo de Arroyo Seco que lucha contra el cáncer, o cualquier otro estudio".
¿Qué pasa con los estudios epidemiológicos?
Bueno al final de la nota Mackler confiesa que "no es nuestra intención hacer estudios epidemiológicos", y es grave porque es lo contrario a lo que nos dijo a la mesa de Ecosur hace un año y medio, y me pregunto porqué no van a hacerlo y solo quieren corregir la ley. Me imagino una respuesta: lo que dijo al principio `gracias a la soja y el glifosato se salvó al país'. Hace sólo unas semanas Mackler llama a la mesa de Ecosur para decirnos que tenían demoras para implementar programas porque no tenían aprobado el presupuesto provincial. Pero ahora me queda claro: no tiene intenciones de hacer estudios epidemiológicos. Peor aún es que en esa entrevista trae a colación un estudio de afectación del huevo de yacaré por el glifosato, cuando este estudio tiene ocho años en marcha.
Este diario le preguntó finalmente a Mackler si se iba a estudiar el impacto del glifosato sobre el medio ambiente.
Sí, es interesante esta respuesta porque el funcionario respondió que "es muy complejo hacerlo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, porque se degrada muy rápido". Esto es cierto, pero no es correcto lo que dice después: "que no se lo puede encontrar en el agua y en el suelo". No es cierto porque se pueden encontrar sus derivados. Y termina diciendo que "por eso lo intentamos medir en seres vivos". Esto no es así, hay estudios de mediciones en agua y en tierra.
¿Cuál es su conclusión después de haber analizado la posición oficial?
En el menor de los casos quiero pesar que hay una alto nivel de desinformación en la Secretaría de Medio Ambiente, lo cual me sorprende, porque una persona como Ricardo Biasatti no se ha ocupado de informarlos. Otra cosa es que Mackler habla desde un lugar de producción y economía, y no desde el medio ambiente y la salud. Pero también me preocupa otra cosa: porque no se paró la talada de árboles en noviembre de 2008 cuando debió haberse reglamentado la ley. La excusa fue que la Nación debía hacerlo primero, lo que no es cierto, podía haberla reglamentado la propia provincia. Esto tuvo un alto impacto porque el norte santafesino tuvo una tala altísima.Y después nos quejamos de la sequía que junto con el cambio climático y la tala de bosques es la causa de la sequía. O sea que tampoco eso se hizo en Santa Fe. También este gobierno planteó terminar con la siembra en las banquina de las rutas, para evitar que se fumigue en lugares tan transitados. Y la respuesta está la vista: no erradicaron nada- concluyó.
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El experto entrevistado por Rosario/12 señala que si se combina una comunidad que no quiere escuchar nada de todo lo que se le advierte "porque tiene miedo de que se termine el negocio de la soja, más una secretaría de medio ambiente con orientación productivista; lo que se obtiene es: Mucha soja, un sector con más dinero, pero con más enfermos por contaminación a mediano y largo plazo".
El andrólogo Alejandro Oliva cuestionó al secretario de Medio Ambiente de Santa Fe César Mackler "por aceptar las consecuencias del modelo `soja más glifosato' con el argumento de haber ayudado a salir adelante al país. No se pueden justificar las consecuencias sobre la salud de la gente, las muertes, las deformaciones físicas y las distintas enfermedades que acarrea el uso de agroquímicos". Oliva, pertecen a la ong Ecosur, quien aportó a uno de sus cuadros: El ecólogo Ricardo Biasatti quien es el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, con quien llevó adelante los estudios que ligaban focos de contaminación con la salud de los habitantes rurales: Feed loot, silos de cereal, acopio de agroquímicos, basurales y transformadores de energía con PCB. Por eso Oliva asegura no entender el discurso del titular del área. Y de paso critica "al gobernador Hermes Binner porque a pesar de ser médico, socialista y un hombre cercano a la salud pública vetó la ley de reubicación de silos cerealeros, que son un foco de contaminación ya demostrado por nuestros estudios".
Oliva se muestra impactado por la entrevista que Rosario/12 publicó el pasado viernes 27 de marzo donde Mackler fijaba posición sobre las fumigaciones con agroquímicos que provocaron reacciones en distintos lugares de la provincia.
"Con Mackler tuvimos varias charlas cuando yo era el secretario general de Ecosur, un centro de investigaciones multidisciplinarias. Cuando está por asumir Mackler nos convoca, siendo presidente de Ecosur Ricardo Biasatti, que se convierte en subsecretario de Recursos Naturales y que fue además co-investigador en todo el trabajo que hicimos (en seis pueblos de la pampa húmeda sobre agroquímicos) en el que participó como ecólogo, por lo tanto sabe de qué hablamos. Mackler nos convocó demostrando interés diciendo que quería trabajar desde la Secretaría en algunos proyectos, y nos pidió que le alcancemos algunos. En ese momento él ya conocía el trabajo que habíamos hecho así que le actualicé las últimas cosas, y le dejé los puntos de nuestro proyecto de vigilancia epidemiológica y prevención en comunidades rurales con un modelo de autogestión, es decir que hacemos el diagnóstico, formamos a la gente y ella es la que sigue con la prevención con una serie metodológica. Tuvimos dos reuniones, y le pareció muy interesante el tema. Es más a Biasatti le ofrecen entonces la subsecretaría y como investigadores de Ecosur, incluso llega a comprometer fondos. Recuerdo que Mackler dijo que quizás para julio podríamos tener tantos pesos, para arrancar con estos proyectos. Esto lo digo para que se conozca la situación previa incluso a la asunción, de pleno conocimiento sobre nuestro trabajo. Luego Biasatti renuncia como presidente de Ecosur y asume en su cargo. Ingresa entonces Eduardo Pire en su lugar en Ecosur y yo quedo en la secretaría general hasta hace un mes que renuncio a mi cargo, y solo soy un miembro más, porque no me gusta lo que esta pasando: Que un hombre que salió de nuestras filas sea subsecretario de una gestión que termina planteando lo que Mackler dijo públicamente".
Cuáles fueron las declaraciones del secretario de Medio Ambiente que cuestiona?
Mackler dijo en ese reportaje a Rosario/12 que las fumigaciones terrestres deberían hacerse a no menos de 150 metros de la línea de viviendas, y las aéreas a no menos de 300 metros. Cuando la ley provincial no dice eso, sino que las fumigaciones aéreas debe respetar una área de exclusión de 500 metros como mínimo, mientras la normativa europea por ejemplo fija un piso de mil metros, porque si el viento cambia los 300 metros no existen. Después Mackler plantea una mesa que está trabajando y que nadie conoce, porque por ejemplo no se sabe que gente de salud está trabajando allí, ya que no hay mucha gente experta en el tema de salud rural y medio ambiente. En todo Argentina hay muy poca gente, y en esa mesa no sé quienes están.
Oliva contó que "nosotros fuimos invitados a esa mesa antes de formarla, y nos dijeron que íbamos a ser convocados como Ecosur, porque iban a integran a ongs, pero nunca nos llamaron para nada. Pero hay un marco ideológico que define Mackler en su nota, y dice `justamente este modelo (soja y glifosato) son de alguna manera los que han sacado adelante al país'. Esto se ha visto claramente en el último año que no es así: La contribución de este tipo de cultivo, estemos o no de acuerdo, al Producto Bruto Interno no es más de l4 por ciento. Por lo tanto creo que es grave que un secretario de Medio Ambiente plantee que por la soja y el glifosato se justifique que muera la gente o cualquier cosa porque este es el modelo que ha ayudado al país. Y esto se entiende porque conceptualmente la secretaría de Medio Ambiente está en Santa Fe en el marco del Ministerio de la Producción, cuando en realidad debería ser independiente como lo es en los países serios, o a lo sumo que sea interministerial entre salud y otra cartera. Pero que pertenezca a Producción, motiva su mirada productivista", dijo Oliva.
Pero para este investigador, hay otro punto de las declaraciones de Mackler que es motivo de debate: "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en los cereales. Y me interesa puntualizar esto porque fue el propio Biasatti quien dirigió este tramo del estudio que fue correlacionar los casos que encontramos en cada uno de los pueblos de malformaciones y de cáncer, con los focos de riesgos. Estos eran los silos, los acopios de agroquímicos, el PCB de los transformadores eléctricos, los basurales y los feed loot, que están demostrados que pueden tener impacto en salud, particularmente en la salud reproductiva", dijo Oliva.
Y explicó que lo que se mostramos es que "el 90 por ciento de los casos estaban en los 300 metros de estos focos y encima Mackler plantea 300 metros para no fumigar. Retomo: nos enteramos a fin de 2007 que una joven diputada peronista había presentado una ley de erradicación de silos de los pueblos, que contaba con la financiación del BID o del Banco Mundial para hacerlo porque es muy costoso, pero hay que hacerlo. Debe ser uno los pocos países del mundo con silos en los pueblos, por eso tenemos los juicios como en San Jorge, o en Córdoba. Recuerdo que la ley salió votada ampliamente pero cuando asumió Binner, que es un médico, hombre cercano a la salud pública y socialista, veta la ley a comienzos de 2008. Entonces, cómo Mackler puede decir que el tema de la fosfina es un problema cuando es funcionario de un gobierno que vetó la ley que erradicaba los silos, que es uno de los problemas mayores. Y además en una gestión en donde Ricardo Biasatti fue el que dirigió la investigación que demostró esto".
Pero a Oliva, una de las cosas que más le interesa contestar de los dichos de Mackler, es la parte que dice textualmente "no hay estudios que demuestren efectos negativos del glifosato en el corto plazo". Y asegura que "esto no es cierto: hay dos trabajos publicados a fines de 2008 uno los cuales relaciona el glifosato con embriones de anfibios que hizo la Universidad de La Plata y que demostró la destrucción de los embriones. Y el otro es del grupo de Olavarría, que mostró la contaminación de glifosato en suelos marinos, en suelos de lagunas y en agua. Pero también le recuerdo a Mackler que desde el año 97 hemos trabajado este tema, y lo sabe porque le entregamos en mano nuestros trabajos. Y me remito además a los dichos de Raúl Montenegro, que Página/12 publicó sobre el glifosato. Y en esto vale aclarar que el glifosato puro no tiene un alta toxicidad, si se lo compara con otros. Mucho depende de la dosis, eso es cierto y lo dice Mackler, porque no es lo mismos la dosis arrojada para fumigar las plantas de coca en Colombia, que son 20 veces más concentrado. Pero cabe preguntarse entonces cómo se usa el glifosato en Argentina: lleva una cantidad enorme de surfactantes, de detergentes que son peores, o iguales de malo que el DDT desde el punto de vista de la salud. Prácticamente no se usa glifosato puro sino que se agregan endosulfan, clorpirifos, 2-4-D. Lo llaman las gotitas del cielo porque mezclados mejoran el glifosato, Por eso el problema son las mezclas y los trabajos de los últimos años, que Mackler debería conocer apuntan al sinergismo. Nosotros estamos parados sobre aguas de contenido de arsénico con valencia 3 y 5, es decir altísimas. Entonces hay poco efecto del glifosato puro, pero mucho de las sustancias cloradas que lo acompañan, más arsénico y le agregamos otro punto: el alto contenido de nitratos en la primera napa por la existencia de feed loot, que concentran la orina de los animales. O sea que nadie puede decir que eso no es una bomba de tiempo: con esto no necesito saber qué es lo que pasa con el grupo de Arroyo Seco que lucha contra el cáncer, o cualquier otro estudio".
¿Qué pasa con los estudios epidemiológicos?
Bueno al final de la nota Mackler confiesa que "no es nuestra intención hacer estudios epidemiológicos", y es grave porque es lo contrario a lo que nos dijo a la mesa de Ecosur hace un año y medio, y me pregunto porqué no van a hacerlo y solo quieren corregir la ley. Me imagino una respuesta: lo que dijo al principio `gracias a la soja y el glifosato se salvó al país'. Hace sólo unas semanas Mackler llama a la mesa de Ecosur para decirnos que tenían demoras para implementar programas porque no tenían aprobado el presupuesto provincial. Pero ahora me queda claro: no tiene intenciones de hacer estudios epidemiológicos. Peor aún es que en esa entrevista trae a colación un estudio de afectación del huevo de yacaré por el glifosato, cuando este estudio tiene ocho años en marcha.
Este diario le preguntó finalmente a Mackler si se iba a estudiar el impacto del glifosato sobre el medio ambiente.
Sí, es interesante esta respuesta porque el funcionario respondió que "es muy complejo hacerlo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, porque se degrada muy rápido". Esto es cierto, pero no es correcto lo que dice después: "que no se lo puede encontrar en el agua y en el suelo". No es cierto porque se pueden encontrar sus derivados. Y termina diciendo que "por eso lo intentamos medir en seres vivos". Esto no es así, hay estudios de mediciones en agua y en tierra.
¿Cuál es su conclusión después de haber analizado la posición oficial?
En el menor de los casos quiero pesar que hay una alto nivel de desinformación en la Secretaría de Medio Ambiente, lo cual me sorprende, porque una persona como Ricardo Biasatti no se ha ocupado de informarlos. Otra cosa es que Mackler habla desde un lugar de producción y economía, y no desde el medio ambiente y la salud. Pero también me preocupa otra cosa: porque no se paró la talada de árboles en noviembre de 2008 cuando debió haberse reglamentado la ley. La excusa fue que la Nación debía hacerlo primero, lo que no es cierto, podía haberla reglamentado la propia provincia. Esto tuvo un alto impacto porque el norte santafesino tuvo una tala altísima.Y después nos quejamos de la sequía que junto con el cambio climático y la tala de bosques es la causa de la sequía. O sea que tampoco eso se hizo en Santa Fe. También este gobierno planteó terminar con la siembra en las banquina de las rutas, para evitar que se fumigue en lugares tan transitados. Y la respuesta está la vista: no erradicaron nada- concluyó.
Atuel: la Corte se niega a tratar el daño
Atuel: la Corte se niega a tratar el daño ambiental
Fecha de Publicación: 04/04/2009
Fuente: La Arena Web
Provincia/Región: La Pamapa - Mendoza
El máximo órgano sostuvo que en el juicio que terminó en 1987 se analizó la posesión de las aguas del río y no problemas ambientales. Las organizaciones ya piensan en otra vía jurídica: un amparo ambiental.
Por cuestiones de forma y no de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda que la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén presentaron en 2007 para que Mendoza cese el daño ambiental que produce en el oeste pampeano al cortar el río Atuel. La Corte dijo que las ONGs no pueden invocar el fallo del año 1987 porque en ese juicio no se discutieron temas ambientales sino la posesión de las aguas. Para las organizaciones, el rechazo es un "traspié" pero deja muchas lecturas positivas y obliga a buscar otras vías de acción. La posibilidad más concreta es presentar un "amparo ambiental" que, independiente del fallo del año 1987, obligue a Mendoza a cesar el daño ecológico.
Con un dejo de desazón en sus rostros, los dirigentes y representantes de las tres organizaciones dieron a conocer ayer el resultado de este primer intento por revertir en la vía judicial la crítica situación del oeste pampeano. "Lamentamos comunicar a la opinión pública la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de desestimar la presentación que las dos primeras organizaciones (Fundación Chadileuvú y Asociación Alihuén) realizaran ante dicho organismo", informaron en un comunicado de prensa. La decisión casi unánime de los miembros de la CSJ cerró una puerta pero dejó en pie otras alternativas. Serán las que ahora analizarán las tres demandantes junto con el abogado que las patrocina, el pampeano Andrés Gil Domínguez. "Todavía no tenemos decidido qué camino vamos a seguir, esto es muy reciente, pero hay otras puertas para abrir", sostuvo Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú.
Antecedente.
En el año 2007, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén, con el estrecho acompañamiento de la Cooperativa Popular de Electricidad, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para solicitarle que estableciera las "acciones concretas" que deberían adoptarse para cesar "en forma inmediata el daño ambiental colectivo generado en la provincia de La Pampa debido al corte del río Atuel por parte de Mendoza". La acción también pretendía que Mendoza restituyera un caudal fluvioecológico al río para lograr una recomposición del ecosistema deteriorado. Las organizaciones pampeanas plantearon su acción a la luz del juicio que en el año 1978 La Pampa inició contra Mendoza por el uso inconsulto de las aguas del Atuel, juicio que tuvo su culminación con la sentencia de 1987, cuando la Corte determinó -a contramano de la pretensión de Mendoza- que el río Atuel es interprovincial y corresponde compartir el uso de sus aguas.
Formalismos.
El 17 de marzo de este año, la Corte dio su veredicto. Dijo que no a la presentación de las ONGs por "cuestiones formales", según informaron el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, el titular de Alihuén, Leandro Altolaguirre, y el consejero de la CPE, Miguel Angel Evangelista, en conferencia de prensa.
La primera cuestión de forma fue que la presentación no puede encuadrarse en el juicio del año 1978 porque en esa demanda se dilucidó de quién era el río y cómo debían compartirse sus aguas. No analizó aquel juicio temas ambientales porque no fueron planteados como objeto de esa demanda.
Un segundo argumento que invocó la Corte fue que las únicas partes habilitadas para intervenir en aquel juicio son los gobiernos de La Pampa y de Mendoza, es decir las partes vinculadas "al objeto originario de la acción". Esto lleva a un tercer impedimento: "una imposibilidad procesal básica que impide admitir la intervención de terceros en un proceso de estas características".
Con este pronunciamiento, la CSJ desestimó el derecho de las organizaciones a accionar invocando el fallo de 1987 pero -un hecho sumamente importante- "no consideró el fondo de la presentación ni la justicia de la misma", subrayaron las ONGs. Esto habilita un camino para otro tipo de acción judicial ya que el daño ambiental en el Atuel y su entorno "está probado", se agrava con el paso del tiempo, y que las organizaciones tienen la firme voluntad -como reafirmaron ayer- de seguir adelante con la lucha.
Traspié.
"Es un traspié pero también es una posibilidad que sabíamos que podía pasar", reflexionó Héctor Gómez al hacer el primer análisis de esta sentencia.
En el comunicado entregado ayer a la prensa se señala que "La Fuchad, Alihuén y la CPE consideramos que esta decisión judicial, si bien obliga a buscar otros caminos tanto judiciales como de otra naturaleza, no bastará para hacer cesar el reclamo pampeano de justicia por el Atuel".
La pesadumbre que ayer exhibían en sus rostros los dirigentes estaba generada en parte por el hecho de que el borrador de esta sentencia circuló muy rápidamente entre los despachos de los nueve miembros de la Corte Suprema. Esta rapidez se interpretó como una señal favorable, un anticipo de que la Corte haría lugar a la acción y convocaría a la audiencia de partes que habían solicitado las organizaciones. Fue una lectura errónea. La premura estaba fundamentada en un rechazo que tuvo un apoyo casi unánime de los jueces superiores.
Fecha de Publicación: 04/04/2009
Fuente: La Arena Web
Provincia/Región: La Pamapa - Mendoza
El máximo órgano sostuvo que en el juicio que terminó en 1987 se analizó la posesión de las aguas del río y no problemas ambientales. Las organizaciones ya piensan en otra vía jurídica: un amparo ambiental.
Por cuestiones de forma y no de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda que la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén presentaron en 2007 para que Mendoza cese el daño ambiental que produce en el oeste pampeano al cortar el río Atuel. La Corte dijo que las ONGs no pueden invocar el fallo del año 1987 porque en ese juicio no se discutieron temas ambientales sino la posesión de las aguas. Para las organizaciones, el rechazo es un "traspié" pero deja muchas lecturas positivas y obliga a buscar otras vías de acción. La posibilidad más concreta es presentar un "amparo ambiental" que, independiente del fallo del año 1987, obligue a Mendoza a cesar el daño ecológico.
Con un dejo de desazón en sus rostros, los dirigentes y representantes de las tres organizaciones dieron a conocer ayer el resultado de este primer intento por revertir en la vía judicial la crítica situación del oeste pampeano. "Lamentamos comunicar a la opinión pública la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de desestimar la presentación que las dos primeras organizaciones (Fundación Chadileuvú y Asociación Alihuén) realizaran ante dicho organismo", informaron en un comunicado de prensa. La decisión casi unánime de los miembros de la CSJ cerró una puerta pero dejó en pie otras alternativas. Serán las que ahora analizarán las tres demandantes junto con el abogado que las patrocina, el pampeano Andrés Gil Domínguez. "Todavía no tenemos decidido qué camino vamos a seguir, esto es muy reciente, pero hay otras puertas para abrir", sostuvo Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú.
Antecedente.
En el año 2007, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén, con el estrecho acompañamiento de la Cooperativa Popular de Electricidad, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para solicitarle que estableciera las "acciones concretas" que deberían adoptarse para cesar "en forma inmediata el daño ambiental colectivo generado en la provincia de La Pampa debido al corte del río Atuel por parte de Mendoza". La acción también pretendía que Mendoza restituyera un caudal fluvioecológico al río para lograr una recomposición del ecosistema deteriorado. Las organizaciones pampeanas plantearon su acción a la luz del juicio que en el año 1978 La Pampa inició contra Mendoza por el uso inconsulto de las aguas del Atuel, juicio que tuvo su culminación con la sentencia de 1987, cuando la Corte determinó -a contramano de la pretensión de Mendoza- que el río Atuel es interprovincial y corresponde compartir el uso de sus aguas.
Formalismos.
El 17 de marzo de este año, la Corte dio su veredicto. Dijo que no a la presentación de las ONGs por "cuestiones formales", según informaron el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, el titular de Alihuén, Leandro Altolaguirre, y el consejero de la CPE, Miguel Angel Evangelista, en conferencia de prensa.
La primera cuestión de forma fue que la presentación no puede encuadrarse en el juicio del año 1978 porque en esa demanda se dilucidó de quién era el río y cómo debían compartirse sus aguas. No analizó aquel juicio temas ambientales porque no fueron planteados como objeto de esa demanda.
Un segundo argumento que invocó la Corte fue que las únicas partes habilitadas para intervenir en aquel juicio son los gobiernos de La Pampa y de Mendoza, es decir las partes vinculadas "al objeto originario de la acción". Esto lleva a un tercer impedimento: "una imposibilidad procesal básica que impide admitir la intervención de terceros en un proceso de estas características".
Con este pronunciamiento, la CSJ desestimó el derecho de las organizaciones a accionar invocando el fallo de 1987 pero -un hecho sumamente importante- "no consideró el fondo de la presentación ni la justicia de la misma", subrayaron las ONGs. Esto habilita un camino para otro tipo de acción judicial ya que el daño ambiental en el Atuel y su entorno "está probado", se agrava con el paso del tiempo, y que las organizaciones tienen la firme voluntad -como reafirmaron ayer- de seguir adelante con la lucha.
Traspié.
"Es un traspié pero también es una posibilidad que sabíamos que podía pasar", reflexionó Héctor Gómez al hacer el primer análisis de esta sentencia.
En el comunicado entregado ayer a la prensa se señala que "La Fuchad, Alihuén y la CPE consideramos que esta decisión judicial, si bien obliga a buscar otros caminos tanto judiciales como de otra naturaleza, no bastará para hacer cesar el reclamo pampeano de justicia por el Atuel".
La pesadumbre que ayer exhibían en sus rostros los dirigentes estaba generada en parte por el hecho de que el borrador de esta sentencia circuló muy rápidamente entre los despachos de los nueve miembros de la Corte Suprema. Esta rapidez se interpretó como una señal favorable, un anticipo de que la Corte haría lugar a la acción y convocaría a la audiencia de partes que habían solicitado las organizaciones. Fue una lectura errónea. La premura estaba fundamentada en un rechazo que tuvo un apoyo casi unánime de los jueces superiores.
Hay que proteger los glaciares por el agua
Para preservar el agua, hay que proteger los glaciares
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: Agencia DYN - La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Buenos Aires. Con los nuevos proyectos de ley sobre glaciares, Argentina sólo protegerá 15 por ciento de los ambientes glaciares, según afirmó el geólogo cordobés Carlos Seara, de larga experiencia en este tema.
“Todo lo demás se va a perder por la contaminación y evaporación debido al cambio climático”, aseguró. Seara fue uno de los expertos convocados por el Congreso de la Nación para exponer sobre el tema esta semana y expondrá de nuevo en el Senado dentro de 10 días.
Cabe recordar que en noviembre pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó una ley aprobada en el Congreso. Esa norma protegía el 85 por ciento de los glaciares, mientras que en los proyectos que ahora hay en danza esa cifra baja a 15 por ciento, estimó Seara.
“Los proyectos perjudican a todos los glaciares y zonas periglaciares y favorece a las actividades de las grandes mineras. Se prioriza la actividad minera en detrimento de la postura de los pueblos cordilleranos y de las fuentes de agua superficiales”, aseguró.
En las nuevas iniciativas, impulsadas por el diputado Juan Gioja y el senador Daniel Filmus “sólo se protege a los hielos permanentes y no la zona periglaciar que son las fábricas de agua de los Andes, además de actuar como escudo de los glaciares”, dijo el geólogo.
Y agregó: “El ambiente periglaciar es un seguro que tiene la naturaleza para proteger los glaciares. Es la puerta del freezer de los glaciares. Si yo abro la puerta, el freezer se descongela más rápido, porque la temperatura sube”.
En tanto, el científico Osvaldo Canziani, copresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, advirtió que el país debe defender los glaciares para evitar la destrucción del recurso hídrico, porque “el mundo va a pelear por el agua en poco tiempo”.
Canziani aseveró que las leyes que intenten proteger a los glaciares deben considerarlos como “un sistema único” de provisión de agua y opinó que cualquier actividad que se realice sobre ellos o en zonas adyacentes provocará alteraciones en la calidad del líquido.
“Tocar el glaciar es destruir el recurso hídrico”, destacó el científico.
Definiciones
La principal diferencia entre la ley vetada sobre glaciares y los proyectos actuales es la definición de lo que se entiende por ambiente periglaciar.
Veto. Para la ley vetada es “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”.
Proyecto. El nuevo proyecto lo define como el suelo congelado permanentemente, con un porcentaje de hielo superior a 50 por ciento”.
Diferencias. Esta diferencia permitiría el asentamiento de mineras en zonas periglaciares.
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: Agencia DYN - La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Buenos Aires. Con los nuevos proyectos de ley sobre glaciares, Argentina sólo protegerá 15 por ciento de los ambientes glaciares, según afirmó el geólogo cordobés Carlos Seara, de larga experiencia en este tema.
“Todo lo demás se va a perder por la contaminación y evaporación debido al cambio climático”, aseguró. Seara fue uno de los expertos convocados por el Congreso de la Nación para exponer sobre el tema esta semana y expondrá de nuevo en el Senado dentro de 10 días.
Cabe recordar que en noviembre pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó una ley aprobada en el Congreso. Esa norma protegía el 85 por ciento de los glaciares, mientras que en los proyectos que ahora hay en danza esa cifra baja a 15 por ciento, estimó Seara.
“Los proyectos perjudican a todos los glaciares y zonas periglaciares y favorece a las actividades de las grandes mineras. Se prioriza la actividad minera en detrimento de la postura de los pueblos cordilleranos y de las fuentes de agua superficiales”, aseguró.
En las nuevas iniciativas, impulsadas por el diputado Juan Gioja y el senador Daniel Filmus “sólo se protege a los hielos permanentes y no la zona periglaciar que son las fábricas de agua de los Andes, además de actuar como escudo de los glaciares”, dijo el geólogo.
Y agregó: “El ambiente periglaciar es un seguro que tiene la naturaleza para proteger los glaciares. Es la puerta del freezer de los glaciares. Si yo abro la puerta, el freezer se descongela más rápido, porque la temperatura sube”.
En tanto, el científico Osvaldo Canziani, copresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, advirtió que el país debe defender los glaciares para evitar la destrucción del recurso hídrico, porque “el mundo va a pelear por el agua en poco tiempo”.
Canziani aseveró que las leyes que intenten proteger a los glaciares deben considerarlos como “un sistema único” de provisión de agua y opinó que cualquier actividad que se realice sobre ellos o en zonas adyacentes provocará alteraciones en la calidad del líquido.
“Tocar el glaciar es destruir el recurso hídrico”, destacó el científico.
Definiciones
La principal diferencia entre la ley vetada sobre glaciares y los proyectos actuales es la definición de lo que se entiende por ambiente periglaciar.
Veto. Para la ley vetada es “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”.
Proyecto. El nuevo proyecto lo define como el suelo congelado permanentemente, con un porcentaje de hielo superior a 50 por ciento”.
Diferencias. Esta diferencia permitiría el asentamiento de mineras en zonas periglaciares.
Probable parque eólico en Córdoba
"Córdoba puede aspirar a un parque eólico de 100 MW"
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Héctor Fernando Mattio es considerado en ámbitos académicos como el mayor especialista argentino en energía eólica. Su currículum muestra su actuación en el país y en el exterior. Asimismo, dirige el Centro Regional de Energía Eólica (Cree), ámbito creado en 1985 por la provincia de Chubut, la Universidad de la Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. De paso por Córdoba para visitar la zona donde Epec pretende erigir un campo eólico provincial, dialogó con este diario.
–¿Cuántos proyectos de parques eólicos hay en la Argentina?
–Muchos, si uno escucha, miles de megavatios. Pero proyectos serios hay de 200 a 500 megavatios. Tenemos consultoras internacionales desarrollando proyectos en La Rioja, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en poco tiempo se sumará Córdoba.
–En nuestro país el grupo Pescarmona está desarrollando molinos eólicos.
–El plan oficial incentiva la fabricación nacional a través de Vientos de la Patagonia I. Y hay dos empresas, Pescarmona que ya está probando su prototipo y la otra es NRG Patagonia que compró una licencia y en dos meses tiene su equipo. Cuando esté homologado el producto el Estado les dará el 50 por ciento a cada uno para desarrollar el parque (de 60 MW, ampliable a otros 300 en el futuro).
–¿Alcanza el viento aquí en Córdoba para poner un parque eólico?
–Hay una zona que puede ser interesante, en Achiras. Es la que estamos trabajando con los profesionales de Epec para tener una evaluación más precisa que luego será trasladada a los inversores interesados.
–¿Cuánto se necesita invertir ahí?
–De acuerdo con los estudios de Epec se podría instalar un parque de 100 MW que requiere una inversión de 200 millones a 250 millones de dólares.
–Es decir que la inversión es muy importante. ¿Conviene frente a otros tipos de sistemas de generación?
–La inversión no es barata, la recuperación depende de cuánto se pague el megavatio/hora generado. Se necesitan por lo menos 10 a 12 años para amortizar. Pero desde ese momento sólo queda la operación y el mantenimiento que es más bajo que la hidráulica, la nuclear y ni qué hablar de la térmica. Todo depende de las políticas del Estado.
–¿Se requieren mediciones durante mucho tiempo para saber si Achiras es adecuada?
–Se necesitan buenas mediciones, cómo mínimo uno o dos años. Y luego correlacionar con otros lugares para estimar la producción de ese parque. El hecho de que Epec esté en esto le puede facilitar la operación al inversor. Con un trabajo serio hay varias formas de obtener los recursos: el inversor, el Estado, o la empresa con un crédito.
–¿De qué potencia deben ser los vientos para generar electricidad?
–En este campo se trabaja con metros por segundo, pero los convertimos a kilómetros por hora. Con una velocidad inicial de 11 kilómetros por hora ya se puede generar, pero para entregar buena energía son necesarios 30 kilómetros por hora.
–¿Cuántas horas por día?
–Depende, en Achiras hay buen viento de noche, que podría compensar a una central térmica.
–¿Cómo es el impacto ecológico de un parque eólico?
–En ese análisis entra, por un lado el ruido que se tiene en cuenta hasta los 36 kilómetros por hora porque a partir de ahí el sonido del viento es superior al que puede producir la máquina. Además en el lugar en análisis no hay un pueblo pegado. El otro impacto es el visual, además hay que evitar instalar equipos en lugares que son pasajes migratorios de aves. Pero la mortandad de aves por los molinos es muchísimo menor a la que ya producen las líneas eléctricas.
–Es decir, la ventaja principal es que no contamina.
–No, la principal ventaja para el país es la cantidad de mano de obra que genera para el manejo de la tecnología y la fabricación de los equipos.
El objetivo de Epec
Un piso de ocho por ciento. A través de la ley 26.190, aprobada en 2007, el Gobierno generó el contexto para fomentar energías alternativas. La norma, explica Mattio, determina que ocho por ciento de la matriz energética debe estar integrada por energías renovables. Éstas incluyen no sólo la energía eólica, sino también la solar y las producidas por biomasa y la minihidráulica. La ley también ajustó un impuesto para generar un fondo fiduciario destinado a sostener inversiones en energías renovables. Epec aspira, justamente, a obtener la calificación de su proyecto para acceder a esos recursos y avanzar en ello.
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Héctor Fernando Mattio es considerado en ámbitos académicos como el mayor especialista argentino en energía eólica. Su currículum muestra su actuación en el país y en el exterior. Asimismo, dirige el Centro Regional de Energía Eólica (Cree), ámbito creado en 1985 por la provincia de Chubut, la Universidad de la Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. De paso por Córdoba para visitar la zona donde Epec pretende erigir un campo eólico provincial, dialogó con este diario.
–¿Cuántos proyectos de parques eólicos hay en la Argentina?
–Muchos, si uno escucha, miles de megavatios. Pero proyectos serios hay de 200 a 500 megavatios. Tenemos consultoras internacionales desarrollando proyectos en La Rioja, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en poco tiempo se sumará Córdoba.
–En nuestro país el grupo Pescarmona está desarrollando molinos eólicos.
–El plan oficial incentiva la fabricación nacional a través de Vientos de la Patagonia I. Y hay dos empresas, Pescarmona que ya está probando su prototipo y la otra es NRG Patagonia que compró una licencia y en dos meses tiene su equipo. Cuando esté homologado el producto el Estado les dará el 50 por ciento a cada uno para desarrollar el parque (de 60 MW, ampliable a otros 300 en el futuro).
–¿Alcanza el viento aquí en Córdoba para poner un parque eólico?
–Hay una zona que puede ser interesante, en Achiras. Es la que estamos trabajando con los profesionales de Epec para tener una evaluación más precisa que luego será trasladada a los inversores interesados.
–¿Cuánto se necesita invertir ahí?
–De acuerdo con los estudios de Epec se podría instalar un parque de 100 MW que requiere una inversión de 200 millones a 250 millones de dólares.
–Es decir que la inversión es muy importante. ¿Conviene frente a otros tipos de sistemas de generación?
–La inversión no es barata, la recuperación depende de cuánto se pague el megavatio/hora generado. Se necesitan por lo menos 10 a 12 años para amortizar. Pero desde ese momento sólo queda la operación y el mantenimiento que es más bajo que la hidráulica, la nuclear y ni qué hablar de la térmica. Todo depende de las políticas del Estado.
–¿Se requieren mediciones durante mucho tiempo para saber si Achiras es adecuada?
–Se necesitan buenas mediciones, cómo mínimo uno o dos años. Y luego correlacionar con otros lugares para estimar la producción de ese parque. El hecho de que Epec esté en esto le puede facilitar la operación al inversor. Con un trabajo serio hay varias formas de obtener los recursos: el inversor, el Estado, o la empresa con un crédito.
–¿De qué potencia deben ser los vientos para generar electricidad?
–En este campo se trabaja con metros por segundo, pero los convertimos a kilómetros por hora. Con una velocidad inicial de 11 kilómetros por hora ya se puede generar, pero para entregar buena energía son necesarios 30 kilómetros por hora.
–¿Cuántas horas por día?
–Depende, en Achiras hay buen viento de noche, que podría compensar a una central térmica.
–¿Cómo es el impacto ecológico de un parque eólico?
–En ese análisis entra, por un lado el ruido que se tiene en cuenta hasta los 36 kilómetros por hora porque a partir de ahí el sonido del viento es superior al que puede producir la máquina. Además en el lugar en análisis no hay un pueblo pegado. El otro impacto es el visual, además hay que evitar instalar equipos en lugares que son pasajes migratorios de aves. Pero la mortandad de aves por los molinos es muchísimo menor a la que ya producen las líneas eléctricas.
–Es decir, la ventaja principal es que no contamina.
–No, la principal ventaja para el país es la cantidad de mano de obra que genera para el manejo de la tecnología y la fabricación de los equipos.
El objetivo de Epec
Un piso de ocho por ciento. A través de la ley 26.190, aprobada en 2007, el Gobierno generó el contexto para fomentar energías alternativas. La norma, explica Mattio, determina que ocho por ciento de la matriz energética debe estar integrada por energías renovables. Éstas incluyen no sólo la energía eólica, sino también la solar y las producidas por biomasa y la minihidráulica. La ley también ajustó un impuesto para generar un fondo fiduciario destinado a sostener inversiones en energías renovables. Epec aspira, justamente, a obtener la calificación de su proyecto para acceder a esos recursos y avanzar en ello.
Córdoba contamina a Bouwer con residuos
Bouwer advierte que el traslado del enterramiento no se negocia
Fecha de Publicación: 02/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Municipalidad de Córdoba adelantó que cerrará el predio. Presentan demanda ante el TSJ para que se impida que más localidades lleven allí sus residuos.
La comuna de Bouwer advirtió ayer que el traslado del enterramiento sanitario de Potrero del Estado “no se negocia”. Por su parte, la Municipalidad adelantó que, si la Provincia no cierra el relleno, igualmente la Capital dejará de llevar allí sus desechos.
El biólogo Raúl Montenegro, titular de Funam y asesor de la comuna de Bouwer en el conflicto por el vertedero, indicó que “es innegociable el traslado del predio”. y agregó que “en un período perentorio, no puede depositarse más basura”.
Mañana se realizará una reunión entre funcionarios de Ambiente de la Provincia, de la Municipalidad de Córdoba, representantes de Bouwer e intendentes de las 18 localidades que entierran sus residuos en Potrero del Estado.
La reunión se desarrolla en un clima enrarecido, luego de que ayer el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, relativizara la decisión de disponer un nuevo predio para el enterramiento, tal como lo viene solicitando la comuna de Bouwer.
Por otra parte, en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede de Funam, vecinos de Bouwer advirtieron que volverán a impedir el ingreso de los camiones recolectores al predio de Potrero del Estado si no se llega a un acuerdo.
Schiaretti había anunciado que se iba a pedir la realización de un estudio sobre el impacto del vertedero a un organismo independiente, y que dependiendo de los resultados, se iba a tomar una decisión al respecto.
“Se podrían haber hecho antes los estudios”, fustigó Montenegro, y recalcó que se tienen que realizar, pero en el marco de un acuerdo firmado con plazos perentorios sobre el cierre del enterramiento.
En ese sentido, el titular de Funam aseguró que los efectos del relleno, por más de que esté cerrado, perduran en el tiempo. Y solicitó que se establezca un mecanismo de control y vigilancia permanente.
Ante esta situación, el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, prefirió no hacer valoraciones. “Vamos a ver qué sucede en la reunión”, dijo el funcionario.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, Fernando Cámara, aseguró que se respetará lo prometido a los vecinos de Bouwer. “Si la Provincia decide que no cerrará el enterramiento, lo vamos a hacer nosotros”, adelantó.
“Estudiaremos que hacer con la basura de Córdoba, pero no pondremos más en riesgo la recolección”, agregó Cámara. Si se da esa situación, la Provincia también deberá encontrar un destino para las 18 localidades que también llevan sus residuos a Potrero del Estado.
Demanda judicial. Por otra parte, el jefe comunal de Bouwer, Juan Lupi, y la Funam presentaron una demanda ante el TSJ con el objetivo de impedir que más localidades lleven sus desechos a Potrero del Estado.
La acción judicial busca, además, que se prohíba el agregado de residuos a la fosa actual, que se obligue a la Municipalidad de Córdoba a captar la totalidad de los gases del relleno, que se prevea la relocalización del predio, que se traten los problemas de salud derivados del relleno y que se elabore un plan de cierre del vertedero.
Cronología del reclamo
18 de octubre de 2006. La comuna de Bouwer pidió controlar el predio del enterramiento sanitario, operado en ese momento por la empresa Cliba. Denunció malos olores y contaminación ambiental. El pedido fue denegado.
1º de enero de 2007. La Provincia renueva el comodato del predio a la Municipalidad de Córdoba hasta 2016.
6 de febrero de 2008. En la discusión de los fallidos pliegos de la licitación de la basura, la comuna de Bouwer solicitó cobrar 0,80 peso por tonelada enterrada, para destinarlo a salud. Reiteró el pedido para poder controlar el predio. Las dos propuestas fueron rechazadas.
10 de febrero de 2008. Cliba asegura que la fosa del enterramiento puede seguir operando por ocho años más.
10 de abril de 2008. Bouwer pide que se realicen estudios epidemiológicos y ambiental.
30 de julio de 2008. Bouwer solicita a la Justicia un plan de manejo de la basura.
1º de agosto de 2008. El jefe comunal, Juan Lupi, denuncia a la Municipalidad de Córdoba ante el Inadi por “discriminación”.
30 de marzo de 2009. Vecinos de Bouwer cortan el acceso al enterramiento, dejando sin recolección de residuos a la Capital y a 18 localidades.
Fecha de Publicación: 02/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Municipalidad de Córdoba adelantó que cerrará el predio. Presentan demanda ante el TSJ para que se impida que más localidades lleven allí sus residuos.
La comuna de Bouwer advirtió ayer que el traslado del enterramiento sanitario de Potrero del Estado “no se negocia”. Por su parte, la Municipalidad adelantó que, si la Provincia no cierra el relleno, igualmente la Capital dejará de llevar allí sus desechos.
El biólogo Raúl Montenegro, titular de Funam y asesor de la comuna de Bouwer en el conflicto por el vertedero, indicó que “es innegociable el traslado del predio”. y agregó que “en un período perentorio, no puede depositarse más basura”.
Mañana se realizará una reunión entre funcionarios de Ambiente de la Provincia, de la Municipalidad de Córdoba, representantes de Bouwer e intendentes de las 18 localidades que entierran sus residuos en Potrero del Estado.
La reunión se desarrolla en un clima enrarecido, luego de que ayer el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, relativizara la decisión de disponer un nuevo predio para el enterramiento, tal como lo viene solicitando la comuna de Bouwer.
Por otra parte, en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede de Funam, vecinos de Bouwer advirtieron que volverán a impedir el ingreso de los camiones recolectores al predio de Potrero del Estado si no se llega a un acuerdo.
Schiaretti había anunciado que se iba a pedir la realización de un estudio sobre el impacto del vertedero a un organismo independiente, y que dependiendo de los resultados, se iba a tomar una decisión al respecto.
“Se podrían haber hecho antes los estudios”, fustigó Montenegro, y recalcó que se tienen que realizar, pero en el marco de un acuerdo firmado con plazos perentorios sobre el cierre del enterramiento.
En ese sentido, el titular de Funam aseguró que los efectos del relleno, por más de que esté cerrado, perduran en el tiempo. Y solicitó que se establezca un mecanismo de control y vigilancia permanente.
Ante esta situación, el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, prefirió no hacer valoraciones. “Vamos a ver qué sucede en la reunión”, dijo el funcionario.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, Fernando Cámara, aseguró que se respetará lo prometido a los vecinos de Bouwer. “Si la Provincia decide que no cerrará el enterramiento, lo vamos a hacer nosotros”, adelantó.
“Estudiaremos que hacer con la basura de Córdoba, pero no pondremos más en riesgo la recolección”, agregó Cámara. Si se da esa situación, la Provincia también deberá encontrar un destino para las 18 localidades que también llevan sus residuos a Potrero del Estado.
Demanda judicial. Por otra parte, el jefe comunal de Bouwer, Juan Lupi, y la Funam presentaron una demanda ante el TSJ con el objetivo de impedir que más localidades lleven sus desechos a Potrero del Estado.
La acción judicial busca, además, que se prohíba el agregado de residuos a la fosa actual, que se obligue a la Municipalidad de Córdoba a captar la totalidad de los gases del relleno, que se prevea la relocalización del predio, que se traten los problemas de salud derivados del relleno y que se elabore un plan de cierre del vertedero.
Cronología del reclamo
18 de octubre de 2006. La comuna de Bouwer pidió controlar el predio del enterramiento sanitario, operado en ese momento por la empresa Cliba. Denunció malos olores y contaminación ambiental. El pedido fue denegado.
1º de enero de 2007. La Provincia renueva el comodato del predio a la Municipalidad de Córdoba hasta 2016.
6 de febrero de 2008. En la discusión de los fallidos pliegos de la licitación de la basura, la comuna de Bouwer solicitó cobrar 0,80 peso por tonelada enterrada, para destinarlo a salud. Reiteró el pedido para poder controlar el predio. Las dos propuestas fueron rechazadas.
10 de febrero de 2008. Cliba asegura que la fosa del enterramiento puede seguir operando por ocho años más.
10 de abril de 2008. Bouwer pide que se realicen estudios epidemiológicos y ambiental.
30 de julio de 2008. Bouwer solicita a la Justicia un plan de manejo de la basura.
1º de agosto de 2008. El jefe comunal, Juan Lupi, denuncia a la Municipalidad de Córdoba ante el Inadi por “discriminación”.
30 de marzo de 2009. Vecinos de Bouwer cortan el acceso al enterramiento, dejando sin recolección de residuos a la Capital y a 18 localidades.
Oposición unida por la recolección de basura
La oposición, unida por la recolección de basura
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Quieren la separación de residuos en origen
Legisladores de la oposición porteña presentaron ayer un proyecto de ley para el servicio de recolección de basura en la Capital, que pretende la separación de residuos en origen, plan distinto al que diseñó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la organización ambientalista Greenpeace, es avalada por diputados del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica, de Diálogo por Buenos Aires y del Partido Socialista, entre otros.
La propuesta fue elaborada a partir de los planes alternativos presentados en la Legislatura y pretende diseñar una ley marco para la recolección de basura.
Una de las bases del proyecto radica en establecer la obligatoriedad de separar los residuos en origen para poder cumplir con la ley conocida como basura cero, que pretende reducir el enterramiento del material reciclable.
Eduardo Epszteyn, presidente de Diálogo por Buenos Aires, sostuvo que este proyecto alternativo "era una suerte de marco regulatorio" .
"En el último año, se incrementó en un 14 por ciento la cantidad de residuos destinados a relleno sanitario. Cuando Macri quería apurar la licitación, mandó un proyecto de ley, pero ahora que no lo hará, el proceso se estancó", dijo.
Epszteyn se refiere al proyecto que envió el Poder Ejecutivo el año pasado, que busca dar en concesión el servicio de recolección de basura por un plazo de diez años. En esa iniciativa, no se establece, por caso, la recolección diferenciada en los hogares ni incluye a los cartoneros en el pliego. El proyecto también contempla, en algunas zonas, la vuelta al pago por tonelada recogida.
Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, dijo: "Valdría la pena que los legisladores macristas se sumaran a nuestro proyecto, en vez de insistir en formatos que no cumplen con la ley, como es el caso de la venta de basura por peso".
Por otra parte, el kirchnerista Pablo Failde descalificó la propuesta oficial: "Macri quiere convertir a Buenos Aires en una ciudad estéticamente linda, escondiendo la basura en el conurbano. Es una política cosmética y mentirosa".
Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace, opinó: "Creemos que es necesario el apoyo a este proyecto, ya que plantea hacia dónde debe empezar a avanzar la gestión de residuos en el marco de la de basura cero".
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Quieren la separación de residuos en origen
Legisladores de la oposición porteña presentaron ayer un proyecto de ley para el servicio de recolección de basura en la Capital, que pretende la separación de residuos en origen, plan distinto al que diseñó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la organización ambientalista Greenpeace, es avalada por diputados del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica, de Diálogo por Buenos Aires y del Partido Socialista, entre otros.
La propuesta fue elaborada a partir de los planes alternativos presentados en la Legislatura y pretende diseñar una ley marco para la recolección de basura.
Una de las bases del proyecto radica en establecer la obligatoriedad de separar los residuos en origen para poder cumplir con la ley conocida como basura cero, que pretende reducir el enterramiento del material reciclable.
Eduardo Epszteyn, presidente de Diálogo por Buenos Aires, sostuvo que este proyecto alternativo "era una suerte de marco regulatorio" .
"En el último año, se incrementó en un 14 por ciento la cantidad de residuos destinados a relleno sanitario. Cuando Macri quería apurar la licitación, mandó un proyecto de ley, pero ahora que no lo hará, el proceso se estancó", dijo.
Epszteyn se refiere al proyecto que envió el Poder Ejecutivo el año pasado, que busca dar en concesión el servicio de recolección de basura por un plazo de diez años. En esa iniciativa, no se establece, por caso, la recolección diferenciada en los hogares ni incluye a los cartoneros en el pliego. El proyecto también contempla, en algunas zonas, la vuelta al pago por tonelada recogida.
Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, dijo: "Valdría la pena que los legisladores macristas se sumaran a nuestro proyecto, en vez de insistir en formatos que no cumplen con la ley, como es el caso de la venta de basura por peso".
Por otra parte, el kirchnerista Pablo Failde descalificó la propuesta oficial: "Macri quiere convertir a Buenos Aires en una ciudad estéticamente linda, escondiendo la basura en el conurbano. Es una política cosmética y mentirosa".
Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace, opinó: "Creemos que es necesario el apoyo a este proyecto, ya que plantea hacia dónde debe empezar a avanzar la gestión de residuos en el marco de la de basura cero".
Mendoza incumple el acuerdo por el Atuel
Mendoza incumple el acuerdo por el Atuel
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: Web La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El inciso obliga a Mendoza a garantizar una escorrentía mínima del río en su ingreso a La Pampa, algo que no sucede desde hace 5 meses. El Frepam quiere saber qué hace La Pampa.
Impulsado por el diputado Martín Berhongaray, el bloque parlamentario del Frente Cívico y Social (Frepam) presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informe para saber qué hizo el gobierno pampeano para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Mendoza en agosto del año pasado.
El pedido de informes, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, indaga en las razones por las cuales "el gobierno provincial no exige el cumplimiento del convenio marco suscripto el 07.08.08 entre el Ministerio del Interior y las provincias de La Pampa y Mendoza", en particular el inciso 'k' de la cláusula décima del acuerdo.
Se trata de un inciso de carácter operativo que obliga a Mendoza a liberar un caudal que llegue hasta el territorio pampeano. El inciso habla de "un mínimo de escorrentía permanente" en el ingreso del río a La Pampa. Este inciso le pone fecha a esta orden: "a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco". Esto ocurrió el 7 de agosto del año 2008 en la ciudad de Mendoza.
El río escurrió por territorio pampeano hasta los últimos meses del año 2008, pero por razones naturales y no por voluntad de Mendoza. Hacia noviembre, la corriente cesó y desde entonces el cauce está seco.
"En abierta violación a lo establecido en el inciso "k" de la Cláusula Décima del Convenio Marco sobre el Río Atuel, la provincia de Mendoza persiste en realizar un manejo discrecional del recurso hídrico negando el mínimo de escorrentía permanente correspondiente a La Pampa", sostuvo Berhongaray al fundamental su pedido.
El diputado, de profesión abogado, aclaró que la exigencia del inciso k "es independiente de la ratificación del acuerdo por parte de los Poderes Legislativos de las provincias firmantes", que es el argumento utilizado por los sectores oficiales para justificar que el acuerdo aún no haya entrado en la faz operativa.
El requisito de la aprobación legislativa sólo es aplicable "para hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional y asegurar que no habrá reclamos que entorpezcan la ejecución de las obras", explicó el legislador. "En suma, la ratificación legislativa no debiera afectar, detener ni obstruir en modo alguno la operatividad de lo dispuesto en el inciso "k", esto es, que Mendoza garantice que el río Atuel llegue a La Pampa", remarcó.
Con este escenario, Berhongaray denunció que "la provincia de Mendoza viene incumpliendo sistemáticamente el compromiso contraído el 8 de agosto de 2008 obstaculizando "el mínimo de escorrentía permanente" perteneciente a la provincia de La Pampa".
"Cabe preguntarse -abundó- cuál es la posición del Gobierno Provincial frente a tal flagrante violación de lo convenido. Los acuerdos se celebran para ser respetados; existen canales institucionales y legales para exigir su cumplimiento y evitar el manejo arbitrario y discrecional del recurso hídrico por parte del gobierno mendocino".
Por ello, su intención -compartida por el resto de los diputados del bloque opositor- es saber qué han hecho los funcionarios pampeanos para exigir el cumplimiento de esta cláusula.
Representantes.
El pedido de informes pregunta también si el gobierno ya designó sus representantes en la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel -un órgano contemplado también en este acuerdo interprovincial-, pide precisiones sobre la inversiones que le corresponderá a La Pampa en el plan de obras, si hay alguna partida contemplada para este año y si ya se determinó el cronograma de trabajo para las obras de impermeabilización.
"Esperamos una pronta respuesta a las inquietudes planteadas y que el convenio marco sobre el río Atuel no se erija en un nuevo fraude a las ilusiones y expectativas de los pampeanos", advirtió el diputado radical.
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: Web La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El inciso obliga a Mendoza a garantizar una escorrentía mínima del río en su ingreso a La Pampa, algo que no sucede desde hace 5 meses. El Frepam quiere saber qué hace La Pampa.
Impulsado por el diputado Martín Berhongaray, el bloque parlamentario del Frente Cívico y Social (Frepam) presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informe para saber qué hizo el gobierno pampeano para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Mendoza en agosto del año pasado.
El pedido de informes, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, indaga en las razones por las cuales "el gobierno provincial no exige el cumplimiento del convenio marco suscripto el 07.08.08 entre el Ministerio del Interior y las provincias de La Pampa y Mendoza", en particular el inciso 'k' de la cláusula décima del acuerdo.
Se trata de un inciso de carácter operativo que obliga a Mendoza a liberar un caudal que llegue hasta el territorio pampeano. El inciso habla de "un mínimo de escorrentía permanente" en el ingreso del río a La Pampa. Este inciso le pone fecha a esta orden: "a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco". Esto ocurrió el 7 de agosto del año 2008 en la ciudad de Mendoza.
El río escurrió por territorio pampeano hasta los últimos meses del año 2008, pero por razones naturales y no por voluntad de Mendoza. Hacia noviembre, la corriente cesó y desde entonces el cauce está seco.
"En abierta violación a lo establecido en el inciso "k" de la Cláusula Décima del Convenio Marco sobre el Río Atuel, la provincia de Mendoza persiste en realizar un manejo discrecional del recurso hídrico negando el mínimo de escorrentía permanente correspondiente a La Pampa", sostuvo Berhongaray al fundamental su pedido.
El diputado, de profesión abogado, aclaró que la exigencia del inciso k "es independiente de la ratificación del acuerdo por parte de los Poderes Legislativos de las provincias firmantes", que es el argumento utilizado por los sectores oficiales para justificar que el acuerdo aún no haya entrado en la faz operativa.
El requisito de la aprobación legislativa sólo es aplicable "para hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional y asegurar que no habrá reclamos que entorpezcan la ejecución de las obras", explicó el legislador. "En suma, la ratificación legislativa no debiera afectar, detener ni obstruir en modo alguno la operatividad de lo dispuesto en el inciso "k", esto es, que Mendoza garantice que el río Atuel llegue a La Pampa", remarcó.
Con este escenario, Berhongaray denunció que "la provincia de Mendoza viene incumpliendo sistemáticamente el compromiso contraído el 8 de agosto de 2008 obstaculizando "el mínimo de escorrentía permanente" perteneciente a la provincia de La Pampa".
"Cabe preguntarse -abundó- cuál es la posición del Gobierno Provincial frente a tal flagrante violación de lo convenido. Los acuerdos se celebran para ser respetados; existen canales institucionales y legales para exigir su cumplimiento y evitar el manejo arbitrario y discrecional del recurso hídrico por parte del gobierno mendocino".
Por ello, su intención -compartida por el resto de los diputados del bloque opositor- es saber qué han hecho los funcionarios pampeanos para exigir el cumplimiento de esta cláusula.
Representantes.
El pedido de informes pregunta también si el gobierno ya designó sus representantes en la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel -un órgano contemplado también en este acuerdo interprovincial-, pide precisiones sobre la inversiones que le corresponderá a La Pampa en el plan de obras, si hay alguna partida contemplada para este año y si ya se determinó el cronograma de trabajo para las obras de impermeabilización.
"Esperamos una pronta respuesta a las inquietudes planteadas y que el convenio marco sobre el río Atuel no se erija en un nuevo fraude a las ilusiones y expectativas de los pampeanos", advirtió el diputado radical.
Buscan un amparo para proteger a los glaciares
Buscan un amparo para proteger a los glaciares
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
YPF: quedan reservas para seis años
A Repsol-YPF le quedan reservas de petróleo sólo para seis años
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Según comunicó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la firma registró una disminución en sus reservas petroleras desde diciembre de 2006 al mismo mes de 2008 de 70 millones de barriles.
Es así, que las reservas de la empresa cayeron de 521 millones de barriles en 2006 a 451 millones al 31 de diciembre de 2008, informó la empresa. En tanto, publicó el diario bonaerense Perfil, las reservas de gas también cayeron desde los 2.571 millones de pies cúbicos en 2006, hasta los 2.219 millones al 31 de diciembre de 2008.
“La caída es brutal y significa que le quedan seis años de reservas”, fue el diagnóstico del especialista en el sector, Francisco Mezzadri, quien aseguró que “estamos en emergencia energética”. El consultor Emilio Apud coincidió y afirmó: “Vamos derecho a la importación de petróleo”, añadió el diario.
Sin embargo, fuentes consultada por Perfil, dijeron que “el informe enviado a la Bolsa se destaca que YPF incrementó su coeficiente de reemplazo de reservas de petróleo de 52,5% en 2007 a 62,6% en 2008.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Según comunicó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la firma registró una disminución en sus reservas petroleras desde diciembre de 2006 al mismo mes de 2008 de 70 millones de barriles.
Es así, que las reservas de la empresa cayeron de 521 millones de barriles en 2006 a 451 millones al 31 de diciembre de 2008, informó la empresa. En tanto, publicó el diario bonaerense Perfil, las reservas de gas también cayeron desde los 2.571 millones de pies cúbicos en 2006, hasta los 2.219 millones al 31 de diciembre de 2008.
“La caída es brutal y significa que le quedan seis años de reservas”, fue el diagnóstico del especialista en el sector, Francisco Mezzadri, quien aseguró que “estamos en emergencia energética”. El consultor Emilio Apud coincidió y afirmó: “Vamos derecho a la importación de petróleo”, añadió el diario.
Sin embargo, fuentes consultada por Perfil, dijeron que “el informe enviado a la Bolsa se destaca que YPF incrementó su coeficiente de reemplazo de reservas de petróleo de 52,5% en 2007 a 62,6% en 2008.
Neuquén: Buscan liberar el acceso a los ríos
Buscan liberar el acceso a los ríos
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
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