Probable parque eólico en Córdoba
13:47 | 
Publicado por
Eco Sitio |
"Córdoba puede aspirar a un parque eólico de 100 MW"
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Héctor Fernando Mattio es considerado en ámbitos académicos como el mayor especialista argentino en energía eólica. Su currículum muestra su actuación en el país y en el exterior. Asimismo, dirige el Centro Regional de Energía Eólica (Cree), ámbito creado en 1985 por la provincia de Chubut, la Universidad de la Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. De paso por Córdoba para visitar la zona donde Epec pretende erigir un campo eólico provincial, dialogó con este diario.
–¿Cuántos proyectos de parques eólicos hay en la Argentina?
–Muchos, si uno escucha, miles de megavatios. Pero proyectos serios hay de 200 a 500 megavatios. Tenemos consultoras internacionales desarrollando proyectos en La Rioja, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en poco tiempo se sumará Córdoba.
–En nuestro país el grupo Pescarmona está desarrollando molinos eólicos.
–El plan oficial incentiva la fabricación nacional a través de Vientos de la Patagonia I. Y hay dos empresas, Pescarmona que ya está probando su prototipo y la otra es NRG Patagonia que compró una licencia y en dos meses tiene su equipo. Cuando esté homologado el producto el Estado les dará el 50 por ciento a cada uno para desarrollar el parque (de 60 MW, ampliable a otros 300 en el futuro).
–¿Alcanza el viento aquí en Córdoba para poner un parque eólico?
–Hay una zona que puede ser interesante, en Achiras. Es la que estamos trabajando con los profesionales de Epec para tener una evaluación más precisa que luego será trasladada a los inversores interesados.
–¿Cuánto se necesita invertir ahí?
–De acuerdo con los estudios de Epec se podría instalar un parque de 100 MW que requiere una inversión de 200 millones a 250 millones de dólares.
–Es decir que la inversión es muy importante. ¿Conviene frente a otros tipos de sistemas de generación?
–La inversión no es barata, la recuperación depende de cuánto se pague el megavatio/hora generado. Se necesitan por lo menos 10 a 12 años para amortizar. Pero desde ese momento sólo queda la operación y el mantenimiento que es más bajo que la hidráulica, la nuclear y ni qué hablar de la térmica. Todo depende de las políticas del Estado.
–¿Se requieren mediciones durante mucho tiempo para saber si Achiras es adecuada?
–Se necesitan buenas mediciones, cómo mínimo uno o dos años. Y luego correlacionar con otros lugares para estimar la producción de ese parque. El hecho de que Epec esté en esto le puede facilitar la operación al inversor. Con un trabajo serio hay varias formas de obtener los recursos: el inversor, el Estado, o la empresa con un crédito.
–¿De qué potencia deben ser los vientos para generar electricidad?
–En este campo se trabaja con metros por segundo, pero los convertimos a kilómetros por hora. Con una velocidad inicial de 11 kilómetros por hora ya se puede generar, pero para entregar buena energía son necesarios 30 kilómetros por hora.
–¿Cuántas horas por día?
–Depende, en Achiras hay buen viento de noche, que podría compensar a una central térmica.
–¿Cómo es el impacto ecológico de un parque eólico?
–En ese análisis entra, por un lado el ruido que se tiene en cuenta hasta los 36 kilómetros por hora porque a partir de ahí el sonido del viento es superior al que puede producir la máquina. Además en el lugar en análisis no hay un pueblo pegado. El otro impacto es el visual, además hay que evitar instalar equipos en lugares que son pasajes migratorios de aves. Pero la mortandad de aves por los molinos es muchísimo menor a la que ya producen las líneas eléctricas.
–Es decir, la ventaja principal es que no contamina.
–No, la principal ventaja para el país es la cantidad de mano de obra que genera para el manejo de la tecnología y la fabricación de los equipos.
El objetivo de Epec
Un piso de ocho por ciento. A través de la ley 26.190, aprobada en 2007, el Gobierno generó el contexto para fomentar energías alternativas. La norma, explica Mattio, determina que ocho por ciento de la matriz energética debe estar integrada por energías renovables. Éstas incluyen no sólo la energía eólica, sino también la solar y las producidas por biomasa y la minihidráulica. La ley también ajustó un impuesto para generar un fondo fiduciario destinado a sostener inversiones en energías renovables. Epec aspira, justamente, a obtener la calificación de su proyecto para acceder a esos recursos y avanzar en ello.
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Héctor Fernando Mattio es considerado en ámbitos académicos como el mayor especialista argentino en energía eólica. Su currículum muestra su actuación en el país y en el exterior. Asimismo, dirige el Centro Regional de Energía Eólica (Cree), ámbito creado en 1985 por la provincia de Chubut, la Universidad de la Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. De paso por Córdoba para visitar la zona donde Epec pretende erigir un campo eólico provincial, dialogó con este diario.
–¿Cuántos proyectos de parques eólicos hay en la Argentina?
–Muchos, si uno escucha, miles de megavatios. Pero proyectos serios hay de 200 a 500 megavatios. Tenemos consultoras internacionales desarrollando proyectos en La Rioja, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en poco tiempo se sumará Córdoba.
–En nuestro país el grupo Pescarmona está desarrollando molinos eólicos.
–El plan oficial incentiva la fabricación nacional a través de Vientos de la Patagonia I. Y hay dos empresas, Pescarmona que ya está probando su prototipo y la otra es NRG Patagonia que compró una licencia y en dos meses tiene su equipo. Cuando esté homologado el producto el Estado les dará el 50 por ciento a cada uno para desarrollar el parque (de 60 MW, ampliable a otros 300 en el futuro).
–¿Alcanza el viento aquí en Córdoba para poner un parque eólico?
–Hay una zona que puede ser interesante, en Achiras. Es la que estamos trabajando con los profesionales de Epec para tener una evaluación más precisa que luego será trasladada a los inversores interesados.
–¿Cuánto se necesita invertir ahí?
–De acuerdo con los estudios de Epec se podría instalar un parque de 100 MW que requiere una inversión de 200 millones a 250 millones de dólares.
–Es decir que la inversión es muy importante. ¿Conviene frente a otros tipos de sistemas de generación?
–La inversión no es barata, la recuperación depende de cuánto se pague el megavatio/hora generado. Se necesitan por lo menos 10 a 12 años para amortizar. Pero desde ese momento sólo queda la operación y el mantenimiento que es más bajo que la hidráulica, la nuclear y ni qué hablar de la térmica. Todo depende de las políticas del Estado.
–¿Se requieren mediciones durante mucho tiempo para saber si Achiras es adecuada?
–Se necesitan buenas mediciones, cómo mínimo uno o dos años. Y luego correlacionar con otros lugares para estimar la producción de ese parque. El hecho de que Epec esté en esto le puede facilitar la operación al inversor. Con un trabajo serio hay varias formas de obtener los recursos: el inversor, el Estado, o la empresa con un crédito.
–¿De qué potencia deben ser los vientos para generar electricidad?
–En este campo se trabaja con metros por segundo, pero los convertimos a kilómetros por hora. Con una velocidad inicial de 11 kilómetros por hora ya se puede generar, pero para entregar buena energía son necesarios 30 kilómetros por hora.
–¿Cuántas horas por día?
–Depende, en Achiras hay buen viento de noche, que podría compensar a una central térmica.
–¿Cómo es el impacto ecológico de un parque eólico?
–En ese análisis entra, por un lado el ruido que se tiene en cuenta hasta los 36 kilómetros por hora porque a partir de ahí el sonido del viento es superior al que puede producir la máquina. Además en el lugar en análisis no hay un pueblo pegado. El otro impacto es el visual, además hay que evitar instalar equipos en lugares que son pasajes migratorios de aves. Pero la mortandad de aves por los molinos es muchísimo menor a la que ya producen las líneas eléctricas.
–Es decir, la ventaja principal es que no contamina.
–No, la principal ventaja para el país es la cantidad de mano de obra que genera para el manejo de la tecnología y la fabricación de los equipos.
El objetivo de Epec
Un piso de ocho por ciento. A través de la ley 26.190, aprobada en 2007, el Gobierno generó el contexto para fomentar energías alternativas. La norma, explica Mattio, determina que ocho por ciento de la matriz energética debe estar integrada por energías renovables. Éstas incluyen no sólo la energía eólica, sino también la solar y las producidas por biomasa y la minihidráulica. La ley también ajustó un impuesto para generar un fondo fiduciario destinado a sostener inversiones en energías renovables. Epec aspira, justamente, a obtener la calificación de su proyecto para acceder a esos recursos y avanzar en ello.
Etiquetas:
Córdoba contamina a Bouwer con residuos
Bouwer advierte que el traslado del enterramiento no se negocia
Fecha de Publicación: 02/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Municipalidad de Córdoba adelantó que cerrará el predio. Presentan demanda ante el TSJ para que se impida que más localidades lleven allí sus residuos.
La comuna de Bouwer advirtió ayer que el traslado del enterramiento sanitario de Potrero del Estado “no se negocia”. Por su parte, la Municipalidad adelantó que, si la Provincia no cierra el relleno, igualmente la Capital dejará de llevar allí sus desechos.
El biólogo Raúl Montenegro, titular de Funam y asesor de la comuna de Bouwer en el conflicto por el vertedero, indicó que “es innegociable el traslado del predio”. y agregó que “en un período perentorio, no puede depositarse más basura”.
Mañana se realizará una reunión entre funcionarios de Ambiente de la Provincia, de la Municipalidad de Córdoba, representantes de Bouwer e intendentes de las 18 localidades que entierran sus residuos en Potrero del Estado.
La reunión se desarrolla en un clima enrarecido, luego de que ayer el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, relativizara la decisión de disponer un nuevo predio para el enterramiento, tal como lo viene solicitando la comuna de Bouwer.
Por otra parte, en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede de Funam, vecinos de Bouwer advirtieron que volverán a impedir el ingreso de los camiones recolectores al predio de Potrero del Estado si no se llega a un acuerdo.
Schiaretti había anunciado que se iba a pedir la realización de un estudio sobre el impacto del vertedero a un organismo independiente, y que dependiendo de los resultados, se iba a tomar una decisión al respecto.
“Se podrían haber hecho antes los estudios”, fustigó Montenegro, y recalcó que se tienen que realizar, pero en el marco de un acuerdo firmado con plazos perentorios sobre el cierre del enterramiento.
En ese sentido, el titular de Funam aseguró que los efectos del relleno, por más de que esté cerrado, perduran en el tiempo. Y solicitó que se establezca un mecanismo de control y vigilancia permanente.
Ante esta situación, el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, prefirió no hacer valoraciones. “Vamos a ver qué sucede en la reunión”, dijo el funcionario.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, Fernando Cámara, aseguró que se respetará lo prometido a los vecinos de Bouwer. “Si la Provincia decide que no cerrará el enterramiento, lo vamos a hacer nosotros”, adelantó.
“Estudiaremos que hacer con la basura de Córdoba, pero no pondremos más en riesgo la recolección”, agregó Cámara. Si se da esa situación, la Provincia también deberá encontrar un destino para las 18 localidades que también llevan sus residuos a Potrero del Estado.
Demanda judicial. Por otra parte, el jefe comunal de Bouwer, Juan Lupi, y la Funam presentaron una demanda ante el TSJ con el objetivo de impedir que más localidades lleven sus desechos a Potrero del Estado.
La acción judicial busca, además, que se prohíba el agregado de residuos a la fosa actual, que se obligue a la Municipalidad de Córdoba a captar la totalidad de los gases del relleno, que se prevea la relocalización del predio, que se traten los problemas de salud derivados del relleno y que se elabore un plan de cierre del vertedero.
Cronología del reclamo
18 de octubre de 2006. La comuna de Bouwer pidió controlar el predio del enterramiento sanitario, operado en ese momento por la empresa Cliba. Denunció malos olores y contaminación ambiental. El pedido fue denegado.
1º de enero de 2007. La Provincia renueva el comodato del predio a la Municipalidad de Córdoba hasta 2016.
6 de febrero de 2008. En la discusión de los fallidos pliegos de la licitación de la basura, la comuna de Bouwer solicitó cobrar 0,80 peso por tonelada enterrada, para destinarlo a salud. Reiteró el pedido para poder controlar el predio. Las dos propuestas fueron rechazadas.
10 de febrero de 2008. Cliba asegura que la fosa del enterramiento puede seguir operando por ocho años más.
10 de abril de 2008. Bouwer pide que se realicen estudios epidemiológicos y ambiental.
30 de julio de 2008. Bouwer solicita a la Justicia un plan de manejo de la basura.
1º de agosto de 2008. El jefe comunal, Juan Lupi, denuncia a la Municipalidad de Córdoba ante el Inadi por “discriminación”.
30 de marzo de 2009. Vecinos de Bouwer cortan el acceso al enterramiento, dejando sin recolección de residuos a la Capital y a 18 localidades.
Fecha de Publicación: 02/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Municipalidad de Córdoba adelantó que cerrará el predio. Presentan demanda ante el TSJ para que se impida que más localidades lleven allí sus residuos.
La comuna de Bouwer advirtió ayer que el traslado del enterramiento sanitario de Potrero del Estado “no se negocia”. Por su parte, la Municipalidad adelantó que, si la Provincia no cierra el relleno, igualmente la Capital dejará de llevar allí sus desechos.
El biólogo Raúl Montenegro, titular de Funam y asesor de la comuna de Bouwer en el conflicto por el vertedero, indicó que “es innegociable el traslado del predio”. y agregó que “en un período perentorio, no puede depositarse más basura”.
Mañana se realizará una reunión entre funcionarios de Ambiente de la Provincia, de la Municipalidad de Córdoba, representantes de Bouwer e intendentes de las 18 localidades que entierran sus residuos en Potrero del Estado.
La reunión se desarrolla en un clima enrarecido, luego de que ayer el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, relativizara la decisión de disponer un nuevo predio para el enterramiento, tal como lo viene solicitando la comuna de Bouwer.
Por otra parte, en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede de Funam, vecinos de Bouwer advirtieron que volverán a impedir el ingreso de los camiones recolectores al predio de Potrero del Estado si no se llega a un acuerdo.
Schiaretti había anunciado que se iba a pedir la realización de un estudio sobre el impacto del vertedero a un organismo independiente, y que dependiendo de los resultados, se iba a tomar una decisión al respecto.
“Se podrían haber hecho antes los estudios”, fustigó Montenegro, y recalcó que se tienen que realizar, pero en el marco de un acuerdo firmado con plazos perentorios sobre el cierre del enterramiento.
En ese sentido, el titular de Funam aseguró que los efectos del relleno, por más de que esté cerrado, perduran en el tiempo. Y solicitó que se establezca un mecanismo de control y vigilancia permanente.
Ante esta situación, el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, prefirió no hacer valoraciones. “Vamos a ver qué sucede en la reunión”, dijo el funcionario.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, Fernando Cámara, aseguró que se respetará lo prometido a los vecinos de Bouwer. “Si la Provincia decide que no cerrará el enterramiento, lo vamos a hacer nosotros”, adelantó.
“Estudiaremos que hacer con la basura de Córdoba, pero no pondremos más en riesgo la recolección”, agregó Cámara. Si se da esa situación, la Provincia también deberá encontrar un destino para las 18 localidades que también llevan sus residuos a Potrero del Estado.
Demanda judicial. Por otra parte, el jefe comunal de Bouwer, Juan Lupi, y la Funam presentaron una demanda ante el TSJ con el objetivo de impedir que más localidades lleven sus desechos a Potrero del Estado.
La acción judicial busca, además, que se prohíba el agregado de residuos a la fosa actual, que se obligue a la Municipalidad de Córdoba a captar la totalidad de los gases del relleno, que se prevea la relocalización del predio, que se traten los problemas de salud derivados del relleno y que se elabore un plan de cierre del vertedero.
Cronología del reclamo
18 de octubre de 2006. La comuna de Bouwer pidió controlar el predio del enterramiento sanitario, operado en ese momento por la empresa Cliba. Denunció malos olores y contaminación ambiental. El pedido fue denegado.
1º de enero de 2007. La Provincia renueva el comodato del predio a la Municipalidad de Córdoba hasta 2016.
6 de febrero de 2008. En la discusión de los fallidos pliegos de la licitación de la basura, la comuna de Bouwer solicitó cobrar 0,80 peso por tonelada enterrada, para destinarlo a salud. Reiteró el pedido para poder controlar el predio. Las dos propuestas fueron rechazadas.
10 de febrero de 2008. Cliba asegura que la fosa del enterramiento puede seguir operando por ocho años más.
10 de abril de 2008. Bouwer pide que se realicen estudios epidemiológicos y ambiental.
30 de julio de 2008. Bouwer solicita a la Justicia un plan de manejo de la basura.
1º de agosto de 2008. El jefe comunal, Juan Lupi, denuncia a la Municipalidad de Córdoba ante el Inadi por “discriminación”.
30 de marzo de 2009. Vecinos de Bouwer cortan el acceso al enterramiento, dejando sin recolección de residuos a la Capital y a 18 localidades.
Oposición unida por la recolección de basura
La oposición, unida por la recolección de basura
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Quieren la separación de residuos en origen
Legisladores de la oposición porteña presentaron ayer un proyecto de ley para el servicio de recolección de basura en la Capital, que pretende la separación de residuos en origen, plan distinto al que diseñó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la organización ambientalista Greenpeace, es avalada por diputados del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica, de Diálogo por Buenos Aires y del Partido Socialista, entre otros.
La propuesta fue elaborada a partir de los planes alternativos presentados en la Legislatura y pretende diseñar una ley marco para la recolección de basura.
Una de las bases del proyecto radica en establecer la obligatoriedad de separar los residuos en origen para poder cumplir con la ley conocida como basura cero, que pretende reducir el enterramiento del material reciclable.
Eduardo Epszteyn, presidente de Diálogo por Buenos Aires, sostuvo que este proyecto alternativo "era una suerte de marco regulatorio" .
"En el último año, se incrementó en un 14 por ciento la cantidad de residuos destinados a relleno sanitario. Cuando Macri quería apurar la licitación, mandó un proyecto de ley, pero ahora que no lo hará, el proceso se estancó", dijo.
Epszteyn se refiere al proyecto que envió el Poder Ejecutivo el año pasado, que busca dar en concesión el servicio de recolección de basura por un plazo de diez años. En esa iniciativa, no se establece, por caso, la recolección diferenciada en los hogares ni incluye a los cartoneros en el pliego. El proyecto también contempla, en algunas zonas, la vuelta al pago por tonelada recogida.
Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, dijo: "Valdría la pena que los legisladores macristas se sumaran a nuestro proyecto, en vez de insistir en formatos que no cumplen con la ley, como es el caso de la venta de basura por peso".
Por otra parte, el kirchnerista Pablo Failde descalificó la propuesta oficial: "Macri quiere convertir a Buenos Aires en una ciudad estéticamente linda, escondiendo la basura en el conurbano. Es una política cosmética y mentirosa".
Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace, opinó: "Creemos que es necesario el apoyo a este proyecto, ya que plantea hacia dónde debe empezar a avanzar la gestión de residuos en el marco de la de basura cero".
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Quieren la separación de residuos en origen
Legisladores de la oposición porteña presentaron ayer un proyecto de ley para el servicio de recolección de basura en la Capital, que pretende la separación de residuos en origen, plan distinto al que diseñó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la organización ambientalista Greenpeace, es avalada por diputados del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica, de Diálogo por Buenos Aires y del Partido Socialista, entre otros.
La propuesta fue elaborada a partir de los planes alternativos presentados en la Legislatura y pretende diseñar una ley marco para la recolección de basura.
Una de las bases del proyecto radica en establecer la obligatoriedad de separar los residuos en origen para poder cumplir con la ley conocida como basura cero, que pretende reducir el enterramiento del material reciclable.
Eduardo Epszteyn, presidente de Diálogo por Buenos Aires, sostuvo que este proyecto alternativo "era una suerte de marco regulatorio" .
"En el último año, se incrementó en un 14 por ciento la cantidad de residuos destinados a relleno sanitario. Cuando Macri quería apurar la licitación, mandó un proyecto de ley, pero ahora que no lo hará, el proceso se estancó", dijo.
Epszteyn se refiere al proyecto que envió el Poder Ejecutivo el año pasado, que busca dar en concesión el servicio de recolección de basura por un plazo de diez años. En esa iniciativa, no se establece, por caso, la recolección diferenciada en los hogares ni incluye a los cartoneros en el pliego. El proyecto también contempla, en algunas zonas, la vuelta al pago por tonelada recogida.
Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, dijo: "Valdría la pena que los legisladores macristas se sumaran a nuestro proyecto, en vez de insistir en formatos que no cumplen con la ley, como es el caso de la venta de basura por peso".
Por otra parte, el kirchnerista Pablo Failde descalificó la propuesta oficial: "Macri quiere convertir a Buenos Aires en una ciudad estéticamente linda, escondiendo la basura en el conurbano. Es una política cosmética y mentirosa".
Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace, opinó: "Creemos que es necesario el apoyo a este proyecto, ya que plantea hacia dónde debe empezar a avanzar la gestión de residuos en el marco de la de basura cero".
Mendoza incumple el acuerdo por el Atuel
Mendoza incumple el acuerdo por el Atuel
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: Web La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El inciso obliga a Mendoza a garantizar una escorrentía mínima del río en su ingreso a La Pampa, algo que no sucede desde hace 5 meses. El Frepam quiere saber qué hace La Pampa.
Impulsado por el diputado Martín Berhongaray, el bloque parlamentario del Frente Cívico y Social (Frepam) presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informe para saber qué hizo el gobierno pampeano para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Mendoza en agosto del año pasado.
El pedido de informes, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, indaga en las razones por las cuales "el gobierno provincial no exige el cumplimiento del convenio marco suscripto el 07.08.08 entre el Ministerio del Interior y las provincias de La Pampa y Mendoza", en particular el inciso 'k' de la cláusula décima del acuerdo.
Se trata de un inciso de carácter operativo que obliga a Mendoza a liberar un caudal que llegue hasta el territorio pampeano. El inciso habla de "un mínimo de escorrentía permanente" en el ingreso del río a La Pampa. Este inciso le pone fecha a esta orden: "a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco". Esto ocurrió el 7 de agosto del año 2008 en la ciudad de Mendoza.
El río escurrió por territorio pampeano hasta los últimos meses del año 2008, pero por razones naturales y no por voluntad de Mendoza. Hacia noviembre, la corriente cesó y desde entonces el cauce está seco.
"En abierta violación a lo establecido en el inciso "k" de la Cláusula Décima del Convenio Marco sobre el Río Atuel, la provincia de Mendoza persiste en realizar un manejo discrecional del recurso hídrico negando el mínimo de escorrentía permanente correspondiente a La Pampa", sostuvo Berhongaray al fundamental su pedido.
El diputado, de profesión abogado, aclaró que la exigencia del inciso k "es independiente de la ratificación del acuerdo por parte de los Poderes Legislativos de las provincias firmantes", que es el argumento utilizado por los sectores oficiales para justificar que el acuerdo aún no haya entrado en la faz operativa.
El requisito de la aprobación legislativa sólo es aplicable "para hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional y asegurar que no habrá reclamos que entorpezcan la ejecución de las obras", explicó el legislador. "En suma, la ratificación legislativa no debiera afectar, detener ni obstruir en modo alguno la operatividad de lo dispuesto en el inciso "k", esto es, que Mendoza garantice que el río Atuel llegue a La Pampa", remarcó.
Con este escenario, Berhongaray denunció que "la provincia de Mendoza viene incumpliendo sistemáticamente el compromiso contraído el 8 de agosto de 2008 obstaculizando "el mínimo de escorrentía permanente" perteneciente a la provincia de La Pampa".
"Cabe preguntarse -abundó- cuál es la posición del Gobierno Provincial frente a tal flagrante violación de lo convenido. Los acuerdos se celebran para ser respetados; existen canales institucionales y legales para exigir su cumplimiento y evitar el manejo arbitrario y discrecional del recurso hídrico por parte del gobierno mendocino".
Por ello, su intención -compartida por el resto de los diputados del bloque opositor- es saber qué han hecho los funcionarios pampeanos para exigir el cumplimiento de esta cláusula.
Representantes.
El pedido de informes pregunta también si el gobierno ya designó sus representantes en la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel -un órgano contemplado también en este acuerdo interprovincial-, pide precisiones sobre la inversiones que le corresponderá a La Pampa en el plan de obras, si hay alguna partida contemplada para este año y si ya se determinó el cronograma de trabajo para las obras de impermeabilización.
"Esperamos una pronta respuesta a las inquietudes planteadas y que el convenio marco sobre el río Atuel no se erija en un nuevo fraude a las ilusiones y expectativas de los pampeanos", advirtió el diputado radical.
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: Web La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El inciso obliga a Mendoza a garantizar una escorrentía mínima del río en su ingreso a La Pampa, algo que no sucede desde hace 5 meses. El Frepam quiere saber qué hace La Pampa.
Impulsado por el diputado Martín Berhongaray, el bloque parlamentario del Frente Cívico y Social (Frepam) presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informe para saber qué hizo el gobierno pampeano para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Mendoza en agosto del año pasado.
El pedido de informes, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, indaga en las razones por las cuales "el gobierno provincial no exige el cumplimiento del convenio marco suscripto el 07.08.08 entre el Ministerio del Interior y las provincias de La Pampa y Mendoza", en particular el inciso 'k' de la cláusula décima del acuerdo.
Se trata de un inciso de carácter operativo que obliga a Mendoza a liberar un caudal que llegue hasta el territorio pampeano. El inciso habla de "un mínimo de escorrentía permanente" en el ingreso del río a La Pampa. Este inciso le pone fecha a esta orden: "a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco". Esto ocurrió el 7 de agosto del año 2008 en la ciudad de Mendoza.
El río escurrió por territorio pampeano hasta los últimos meses del año 2008, pero por razones naturales y no por voluntad de Mendoza. Hacia noviembre, la corriente cesó y desde entonces el cauce está seco.
"En abierta violación a lo establecido en el inciso "k" de la Cláusula Décima del Convenio Marco sobre el Río Atuel, la provincia de Mendoza persiste en realizar un manejo discrecional del recurso hídrico negando el mínimo de escorrentía permanente correspondiente a La Pampa", sostuvo Berhongaray al fundamental su pedido.
El diputado, de profesión abogado, aclaró que la exigencia del inciso k "es independiente de la ratificación del acuerdo por parte de los Poderes Legislativos de las provincias firmantes", que es el argumento utilizado por los sectores oficiales para justificar que el acuerdo aún no haya entrado en la faz operativa.
El requisito de la aprobación legislativa sólo es aplicable "para hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional y asegurar que no habrá reclamos que entorpezcan la ejecución de las obras", explicó el legislador. "En suma, la ratificación legislativa no debiera afectar, detener ni obstruir en modo alguno la operatividad de lo dispuesto en el inciso "k", esto es, que Mendoza garantice que el río Atuel llegue a La Pampa", remarcó.
Con este escenario, Berhongaray denunció que "la provincia de Mendoza viene incumpliendo sistemáticamente el compromiso contraído el 8 de agosto de 2008 obstaculizando "el mínimo de escorrentía permanente" perteneciente a la provincia de La Pampa".
"Cabe preguntarse -abundó- cuál es la posición del Gobierno Provincial frente a tal flagrante violación de lo convenido. Los acuerdos se celebran para ser respetados; existen canales institucionales y legales para exigir su cumplimiento y evitar el manejo arbitrario y discrecional del recurso hídrico por parte del gobierno mendocino".
Por ello, su intención -compartida por el resto de los diputados del bloque opositor- es saber qué han hecho los funcionarios pampeanos para exigir el cumplimiento de esta cláusula.
Representantes.
El pedido de informes pregunta también si el gobierno ya designó sus representantes en la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel -un órgano contemplado también en este acuerdo interprovincial-, pide precisiones sobre la inversiones que le corresponderá a La Pampa en el plan de obras, si hay alguna partida contemplada para este año y si ya se determinó el cronograma de trabajo para las obras de impermeabilización.
"Esperamos una pronta respuesta a las inquietudes planteadas y que el convenio marco sobre el río Atuel no se erija en un nuevo fraude a las ilusiones y expectativas de los pampeanos", advirtió el diputado radical.
Buscan un amparo para proteger a los glaciares
Buscan un amparo para proteger a los glaciares
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
YPF: quedan reservas para seis años
A Repsol-YPF le quedan reservas de petróleo sólo para seis años
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Según comunicó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la firma registró una disminución en sus reservas petroleras desde diciembre de 2006 al mismo mes de 2008 de 70 millones de barriles.
Es así, que las reservas de la empresa cayeron de 521 millones de barriles en 2006 a 451 millones al 31 de diciembre de 2008, informó la empresa. En tanto, publicó el diario bonaerense Perfil, las reservas de gas también cayeron desde los 2.571 millones de pies cúbicos en 2006, hasta los 2.219 millones al 31 de diciembre de 2008.
“La caída es brutal y significa que le quedan seis años de reservas”, fue el diagnóstico del especialista en el sector, Francisco Mezzadri, quien aseguró que “estamos en emergencia energética”. El consultor Emilio Apud coincidió y afirmó: “Vamos derecho a la importación de petróleo”, añadió el diario.
Sin embargo, fuentes consultada por Perfil, dijeron que “el informe enviado a la Bolsa se destaca que YPF incrementó su coeficiente de reemplazo de reservas de petróleo de 52,5% en 2007 a 62,6% en 2008.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Según comunicó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la firma registró una disminución en sus reservas petroleras desde diciembre de 2006 al mismo mes de 2008 de 70 millones de barriles.
Es así, que las reservas de la empresa cayeron de 521 millones de barriles en 2006 a 451 millones al 31 de diciembre de 2008, informó la empresa. En tanto, publicó el diario bonaerense Perfil, las reservas de gas también cayeron desde los 2.571 millones de pies cúbicos en 2006, hasta los 2.219 millones al 31 de diciembre de 2008.
“La caída es brutal y significa que le quedan seis años de reservas”, fue el diagnóstico del especialista en el sector, Francisco Mezzadri, quien aseguró que “estamos en emergencia energética”. El consultor Emilio Apud coincidió y afirmó: “Vamos derecho a la importación de petróleo”, añadió el diario.
Sin embargo, fuentes consultada por Perfil, dijeron que “el informe enviado a la Bolsa se destaca que YPF incrementó su coeficiente de reemplazo de reservas de petróleo de 52,5% en 2007 a 62,6% en 2008.
Neuquén: Buscan liberar el acceso a los ríos
Buscan liberar el acceso a los ríos
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
La crisis pone en jaque a los biocombustibles
La crisis pone en jaque a las empresas de biocombustibles
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
Consumo local inexistente y mercados internacionales cerrados por la crisis y la caída de los precios del petróleo y sus derivados, y expectativas de que el futuro inmediato no será mejor pusieron en jaque a una actividad que venía creciendo a tasas chinas y con empresas en fuerte proceso de expansión.
El nuevo escenario de incertidumbre obligó a freezar todos los proyectos en una industria que hasta el año pasado gozaba de expectativas inmejorables y en la cual desembarcaron multinacionales como Bunge, Louis Dreyfus, Glencore o empresas locales como AGD, el grupo Eurnekian, Molinos y Vicentín.
Entre 2006 y 2008 fueron inauguradas en el país 15 plantas, que demandaron inversiones por u$s 300 millones y generaron una capacidad de producción de 1,5 millones de toneladas anuales.
Para este año se contemplaban nuevos desembolsos para agregar 2 millones de toneladas e inaugurar, por lo menos, otras 10 fábricas. El objetivo era llegar al 2010 con 25 plantas, 3,5 millones de toneladas de producción anuales e inversiones por u$s 700 millones para convertir a la Argentina en uno de los principales productores de biocombustibles del mundo.
La fecha establecida no es casual. Por la ley 26.093, a partir de 2010 el diesel y la nafta que se venda en el país deberán cortar con un 5% de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Y es por eso que las empresas estaban preparando el terreno para poder también participar del mercado interno.
Sin embargo, la falta de reglamentación de esta ley crea incertidumbre, ya que todavía no está claro quiénes podrán producir para el mercado interno y cuáles deberán sólo exportar.
A esto se suman las consecuencias de la crisis sobre el precio de los commodities, los subsidios que aplica Estados Unidos a su producción y las medidas tomadas por la Unión Europea para impedir la importación de biodiésel.
Este escenario creó un cóctel explosivo para un sector que exporta más del 95% de su producción, según explicaron en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
El sector, como todo el campo, también sufre el problema de las retenciones: debe pagar derechos de exportación del 20%, tras haber sido aumentados desde el 5% a mediados de 2008. “Estamos con un bajo nivel de exportaciones, con dudas sobre cómo se llegará al 2010 y con muchas plantas trabajando al 30% de su capacidad, todo lo cual nos muestra que tendremos un año complicado”, admitió Fernando Peláez, presidente de Carbio y CEO de Unitec Bío, del grupo Eurnekian.
Del mismo modo, Guillermo García, ejecutivo de Bunge Argentina, consideró como sombrío el panorama, y estimó que la producción actual se encuentra un 50% por debajo de la del año pasado y que el precio del biodiésel argentino cayó de manera preocupante. “La situación se perfila complicada, aunque vamos a seguir apostando a esta industria”, agregó.
Como estrategias de recuperación se intentan atacar dos frentes: el mercado europeo y el consumo interno. En el primer caso, una delegación de la cámara viajó a Europa para intentar eliminar las medidas paraarancelarias a las importaciones de biocombustibles. Y en cuanto al mercado local se busca un acuerdo con el Gobierno para adelantar la fecha de incorporación de biodiésel a los combustibles. “Sería una manera de reactivar una industria hoy parada y con capacidad ociosa”, aseguró García. El problema es que la ley de biocombustibles impide a las empresa enroladas en Carbio producir para el mercado interno ya que fueron creadas para exportar.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
Consumo local inexistente y mercados internacionales cerrados por la crisis y la caída de los precios del petróleo y sus derivados, y expectativas de que el futuro inmediato no será mejor pusieron en jaque a una actividad que venía creciendo a tasas chinas y con empresas en fuerte proceso de expansión.
El nuevo escenario de incertidumbre obligó a freezar todos los proyectos en una industria que hasta el año pasado gozaba de expectativas inmejorables y en la cual desembarcaron multinacionales como Bunge, Louis Dreyfus, Glencore o empresas locales como AGD, el grupo Eurnekian, Molinos y Vicentín.
Entre 2006 y 2008 fueron inauguradas en el país 15 plantas, que demandaron inversiones por u$s 300 millones y generaron una capacidad de producción de 1,5 millones de toneladas anuales.
Para este año se contemplaban nuevos desembolsos para agregar 2 millones de toneladas e inaugurar, por lo menos, otras 10 fábricas. El objetivo era llegar al 2010 con 25 plantas, 3,5 millones de toneladas de producción anuales e inversiones por u$s 700 millones para convertir a la Argentina en uno de los principales productores de biocombustibles del mundo.
La fecha establecida no es casual. Por la ley 26.093, a partir de 2010 el diesel y la nafta que se venda en el país deberán cortar con un 5% de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Y es por eso que las empresas estaban preparando el terreno para poder también participar del mercado interno.
Sin embargo, la falta de reglamentación de esta ley crea incertidumbre, ya que todavía no está claro quiénes podrán producir para el mercado interno y cuáles deberán sólo exportar.
A esto se suman las consecuencias de la crisis sobre el precio de los commodities, los subsidios que aplica Estados Unidos a su producción y las medidas tomadas por la Unión Europea para impedir la importación de biodiésel.
Este escenario creó un cóctel explosivo para un sector que exporta más del 95% de su producción, según explicaron en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
El sector, como todo el campo, también sufre el problema de las retenciones: debe pagar derechos de exportación del 20%, tras haber sido aumentados desde el 5% a mediados de 2008. “Estamos con un bajo nivel de exportaciones, con dudas sobre cómo se llegará al 2010 y con muchas plantas trabajando al 30% de su capacidad, todo lo cual nos muestra que tendremos un año complicado”, admitió Fernando Peláez, presidente de Carbio y CEO de Unitec Bío, del grupo Eurnekian.
Del mismo modo, Guillermo García, ejecutivo de Bunge Argentina, consideró como sombrío el panorama, y estimó que la producción actual se encuentra un 50% por debajo de la del año pasado y que el precio del biodiésel argentino cayó de manera preocupante. “La situación se perfila complicada, aunque vamos a seguir apostando a esta industria”, agregó.
Como estrategias de recuperación se intentan atacar dos frentes: el mercado europeo y el consumo interno. En el primer caso, una delegación de la cámara viajó a Europa para intentar eliminar las medidas paraarancelarias a las importaciones de biocombustibles. Y en cuanto al mercado local se busca un acuerdo con el Gobierno para adelantar la fecha de incorporación de biodiésel a los combustibles. “Sería una manera de reactivar una industria hoy parada y con capacidad ociosa”, aseguró García. El problema es que la ley de biocombustibles impide a las empresa enroladas en Carbio producir para el mercado interno ya que fueron creadas para exportar.
Formación de expertos en derecho ambiental
La Secretaría de Ambiente promueve la formación de expertos en derecho ambiental
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni firmó, esta mañana, un convenio marco de cooperación con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo de cara a instalar, fortalecer y promover la enseñanza del derecho ambiental en los niveles superiores de modo de generar conductas que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida y propender a la capacitación de profesionales en temas de la especialidad.
El convenio, cuya duración es ilimitada, fue suscripto por el responsable de la cartera ambiental, Homero M. Bibiloni y la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Dra Irmgard E. Lepenies en la sede del organismo estatal.
Desde la perspectiva de la promoción ambiental y del desarrollo sustentable, el acuerdo apunta a revalorizar y jerarquizar la enseñanza del derecho ambiental en el ciclo superior a los fines de lograr pautas de comportamiento adecuado y participación responsable.
Así, a través del diseño de estrategias de capacitación, formación y difusión de la temática ambiental, se busca asegurar el fortalecimiento institucional necesario para consolidar la concientización y la participación de los profesionales involucrados en esta disciplina.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni firmó, esta mañana, un convenio marco de cooperación con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo de cara a instalar, fortalecer y promover la enseñanza del derecho ambiental en los niveles superiores de modo de generar conductas que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida y propender a la capacitación de profesionales en temas de la especialidad.
El convenio, cuya duración es ilimitada, fue suscripto por el responsable de la cartera ambiental, Homero M. Bibiloni y la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Dra Irmgard E. Lepenies en la sede del organismo estatal.
Desde la perspectiva de la promoción ambiental y del desarrollo sustentable, el acuerdo apunta a revalorizar y jerarquizar la enseñanza del derecho ambiental en el ciclo superior a los fines de lograr pautas de comportamiento adecuado y participación responsable.
Así, a través del diseño de estrategias de capacitación, formación y difusión de la temática ambiental, se busca asegurar el fortalecimiento institucional necesario para consolidar la concientización y la participación de los profesionales involucrados en esta disciplina.
Audiencia pública por la ley de glaciares
Audiencia pública por la ley de protección a los glaciares que vetó Cristina Kirchner
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Prensa de Frente
Provincia/Región: Nacional
Será convocada por organizaciones ambientales, investigadores, legisladores y el defensor del pueblo de la Nación. Intentan que la Ley de Protección a los Glaciares vetada por la presidente sea reaprobada por el parlamento. El oficialismo busca modificar artículos claves.
En dialogo con Prensa De Frente Javier Rodriguez Pardo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, (UAC) explicó algunos puntos que la cámara de senadores busco cambiar: “La modificación al artículo 6 excluye de la protección a aquellas obras de arquitectura o infraestructura que se realicen en los glaciares y sean declaradas de interés público. Es decir – aclaró Rodríguez Pardo – que cualquier actividad al respecto que el gobierno de turno declare de interés público, no tendría impedimento alguno”. Otro artículo de la ley modificada rechazado por las asambleas es el segundo. Allí se excluye de la protección al espacio o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, que contenga un porcentaje del mismo inferior al 50% de su volumen. El diputado kirchnerista Daniel Filmus fue quien impulsó estas modificaciones buscando, el “consenso” de los gobernadores cordilleranos Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja); Brizuela del Moral (Catamarca); Peralta (Santa Cruz); Das Neves (Chubut); Barrionuevo de Jujuy; Jaque (Mendoza); Sapag (Neuquén); Saiz (Río Negro); Urtubey (Salta); y Ríos (Tierra del Fuego), siguiendo las directivas de Cristina Kirchner tras el veto.
“Nosotros creemos que la ley debe proteger el ecosistema, es decir todas las reservas, así contengan un 50% inferior a su volumen” enfatizó Rodríguez Pardo. El militante ambientalista explicó que “la ley que deseamos debe definir claramente la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, lo que llamamos periglaciares. El objeto de impedir su destrucción, intervención o cualquier actividad. Dada la infraestructura necesaria para la explotación, con caminos de entre 30 y 35 metros de ancho trazados como panales de abeja sobre los glaciares que abren la brecha sobre la que avanza la erosión, provocando la desertificación de la montaña. La actividad minera de alta montaña es lo más dañino que hay para el ecosistema”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) el diputado Miguel Bonasso; la autora de la ley vetada Marta Maffei y el defensor del pueblo Guillermo Mondino, entre otros, son los convocantes a la audiencia del próximo lunes, que tendrá una primera instancia informativa y una segunda de debate. En un comunicado emitido por la defensoría del pueblo, Mondino destacó que "estamos ante una cuestión que hace al interés nacional. La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes". La audencia pública tendrá lugar en el auditorio del edificio anexo del Congreso de la Nación en Riobamba 25 y además de los convocantes contará con la presencia de glaciólogos de San Juan y Mendoza. Los organizadores hiciero saber que para presenciar la audencia debe llevarse el DNI.
La ley vetada, la 26.418, había sido redactada por la entonces diputada Marta Maffei y llamativamente aprobada en el parlamento por ambas cámaras en octubre de 2008. Las corporaciones mineras encabezada por la norteamericana Barrick Gold y sus voceros y lobbystas principales no hicieron nada para frenarla, apelando a evitar la repercusión mediática, ya que contaban con el veto seguro del ejecutivo. Luego el Senado modificó la ley vetada cambiando articulados claves. Ahora, Miguel Bonasso, en su calidad de titular de la comisión de Recursos Naturales en diputados, intentará volver al texto originalmente aprobado. Requerirá para su aprobación de dos tercios de la cámara y el ejecutivo no puede vetarla.
La corporación minera, encabezada por la norteamericana Barrick Gold, y compuesta por conglomerados nacionales y transnacionales que ya explotan y saquean miles de yacimientos a tajo abierto en las provincias cordilleranas, utilizando compuestos químicos letales para atrapar minerales de baja ley, fue la principal operadora en contra de la protección de los glaciares. La minería utiliza enormes cantidades de agua y para ello necesita de los glaciares. En tanto, y como hace una década ocurriera con las transnacionales del petróleo en la Patagonia, hoy los principales lobbystas del saqueo minero son los propios gobernadores cordilleranos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja.
La ofensiva de las transnacionales sobre los riquezas de la cordillera encontró una visagra en 2001. Ese año se firmó entre Argentina y Chile un tratado de integración minera, redactada por las propias consultoras de las corporaciones mineras. El documento propone entre otras cosas, que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados creando una especie de “nuevo país” que no paga impuestos a las regalías en ninguno de los dos países y fija jurisdicción ante cualquier litigio.
“La influencia de la corporación minera sobre el poder político arranca el mismo día en que se le arrancó a los gobiernos de Chile y Argentina un acuerdo binacional de estabilidad fiscal por treinta años y un tratado que entrega la cordillera a las mineras. Una vez firmado eso, ahora no van a permitir que se ponga trabas a la explotación del 80 por ciento de las riquezas cordilleranas” remató Rodriguez Pardo.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Prensa de Frente
Provincia/Región: Nacional
Será convocada por organizaciones ambientales, investigadores, legisladores y el defensor del pueblo de la Nación. Intentan que la Ley de Protección a los Glaciares vetada por la presidente sea reaprobada por el parlamento. El oficialismo busca modificar artículos claves.
En dialogo con Prensa De Frente Javier Rodriguez Pardo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, (UAC) explicó algunos puntos que la cámara de senadores busco cambiar: “La modificación al artículo 6 excluye de la protección a aquellas obras de arquitectura o infraestructura que se realicen en los glaciares y sean declaradas de interés público. Es decir – aclaró Rodríguez Pardo – que cualquier actividad al respecto que el gobierno de turno declare de interés público, no tendría impedimento alguno”. Otro artículo de la ley modificada rechazado por las asambleas es el segundo. Allí se excluye de la protección al espacio o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, que contenga un porcentaje del mismo inferior al 50% de su volumen. El diputado kirchnerista Daniel Filmus fue quien impulsó estas modificaciones buscando, el “consenso” de los gobernadores cordilleranos Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja); Brizuela del Moral (Catamarca); Peralta (Santa Cruz); Das Neves (Chubut); Barrionuevo de Jujuy; Jaque (Mendoza); Sapag (Neuquén); Saiz (Río Negro); Urtubey (Salta); y Ríos (Tierra del Fuego), siguiendo las directivas de Cristina Kirchner tras el veto.
“Nosotros creemos que la ley debe proteger el ecosistema, es decir todas las reservas, así contengan un 50% inferior a su volumen” enfatizó Rodríguez Pardo. El militante ambientalista explicó que “la ley que deseamos debe definir claramente la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, lo que llamamos periglaciares. El objeto de impedir su destrucción, intervención o cualquier actividad. Dada la infraestructura necesaria para la explotación, con caminos de entre 30 y 35 metros de ancho trazados como panales de abeja sobre los glaciares que abren la brecha sobre la que avanza la erosión, provocando la desertificación de la montaña. La actividad minera de alta montaña es lo más dañino que hay para el ecosistema”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) el diputado Miguel Bonasso; la autora de la ley vetada Marta Maffei y el defensor del pueblo Guillermo Mondino, entre otros, son los convocantes a la audiencia del próximo lunes, que tendrá una primera instancia informativa y una segunda de debate. En un comunicado emitido por la defensoría del pueblo, Mondino destacó que "estamos ante una cuestión que hace al interés nacional. La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes". La audencia pública tendrá lugar en el auditorio del edificio anexo del Congreso de la Nación en Riobamba 25 y además de los convocantes contará con la presencia de glaciólogos de San Juan y Mendoza. Los organizadores hiciero saber que para presenciar la audencia debe llevarse el DNI.
La ley vetada, la 26.418, había sido redactada por la entonces diputada Marta Maffei y llamativamente aprobada en el parlamento por ambas cámaras en octubre de 2008. Las corporaciones mineras encabezada por la norteamericana Barrick Gold y sus voceros y lobbystas principales no hicieron nada para frenarla, apelando a evitar la repercusión mediática, ya que contaban con el veto seguro del ejecutivo. Luego el Senado modificó la ley vetada cambiando articulados claves. Ahora, Miguel Bonasso, en su calidad de titular de la comisión de Recursos Naturales en diputados, intentará volver al texto originalmente aprobado. Requerirá para su aprobación de dos tercios de la cámara y el ejecutivo no puede vetarla.
La corporación minera, encabezada por la norteamericana Barrick Gold, y compuesta por conglomerados nacionales y transnacionales que ya explotan y saquean miles de yacimientos a tajo abierto en las provincias cordilleranas, utilizando compuestos químicos letales para atrapar minerales de baja ley, fue la principal operadora en contra de la protección de los glaciares. La minería utiliza enormes cantidades de agua y para ello necesita de los glaciares. En tanto, y como hace una década ocurriera con las transnacionales del petróleo en la Patagonia, hoy los principales lobbystas del saqueo minero son los propios gobernadores cordilleranos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja.
La ofensiva de las transnacionales sobre los riquezas de la cordillera encontró una visagra en 2001. Ese año se firmó entre Argentina y Chile un tratado de integración minera, redactada por las propias consultoras de las corporaciones mineras. El documento propone entre otras cosas, que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados creando una especie de “nuevo país” que no paga impuestos a las regalías en ninguno de los dos países y fija jurisdicción ante cualquier litigio.
“La influencia de la corporación minera sobre el poder político arranca el mismo día en que se le arrancó a los gobiernos de Chile y Argentina un acuerdo binacional de estabilidad fiscal por treinta años y un tratado que entrega la cordillera a las mineras. Una vez firmado eso, ahora no van a permitir que se ponga trabas a la explotación del 80 por ciento de las riquezas cordilleranas” remató Rodriguez Pardo.
La cruzada antibolsa llega a la Argentina
La cruzada antibolsa llega a la Argentina
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Cuando nacieron, hace más de 30 años, parecían ser la respuesta perfecta para trasladar alimentos y compras varias. Baratas, livianas, resistentes y hasta impermeables, las bolsas plásticas se convirtieron rápidamente en un sinónimo de modernidad y practicidad. Y de la mano de los mercados y supermercados como principales motores, su uso no tardó en dispararse en todo el mundo.
Hoy se calcula que su consumo anual per capita ronda nada menos que las 150 bolsas. Y aunque sus mágicas propiedades se mantienen intactas hasta el día de hoy, con el correr de los años estas bolsas no tardaron en mostrar su faceta más oscura: su impacto directo en el medio ambiente.
Animales en peligro
Es que la vida de estas bolsas, producidas a partir del gas etileno derivado del petróleo, resultó ser de lo más prolongada. Pueden tardar nada menos que entre 300 y 1.000 años en degradarse completamente, antes de lo cual se van dividiendo en pequeñas partículas tóxicas. Y aunque muchas finalizan sus inagotables días en basurales, muchas otras terminan contaminando suelos y mares, sin olvidar otras tantas que se acumulan en alcantarillas, provocando incluso inundaciones.
Como si esto fuera poco, muchas de estas bolsas afectan directamente la vida de animales marinos, ya que al entrar en un mar u océano se convierten en una verdadera trampa mortal. Muchos mamíferos, como las tortugas o las ballenas, las confunden con comida y luego de ingerirlas mueren. Y a esto se le suma otra gran cantidad de mamíferos que mueren entrampados en sus redes.
Gran parte del problema reside en una inadecuada disposición final: siete de cada 10 bolsas terminan ensuciando plazas, mares y campos. Y a esto se le suma una muy baja tasa de reciclaje. Se calcula que apenas el 2% de estas bolsas se recicla, lo que obedece a un motivo netamente económico. Mientras que el precio de una tonelada de esta materia prima puede ascender a apenas u$s 32, reciclar ese mismo volumen cuesta mucho más caro: asciende a u$s 4.000.
Nace la conciencia ambiental
La toma de conciencia de estos impactos ambientales no tardó en llegar y lentamente fue derivando en una cruzada antibolsa, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde hoy está en pleno apogeo. Ver una bolsa de polietileno en un supermercado europeo, de hecho, resulta actualmente casi una odisea. Y llevarla puede ser visto con muy malos ojos, casi como ostentar una piel...
Prácticas bolsas de compra reutilizables ofrecidas a muy bajo costo por los propios retailers se lucen en las colas del súper junto a elegantes creaciones de diseñadores top. Es que firmas com Hermés o Stella Mc Cartney aprovecharon la ola antibolsa para desarrollar modelos especiales para las góndolas, cuyo precio oscila entre los u$s 500 y 1.000. Eso sí, aunque tengan bordados y telas vistosas, estas versiones fashion de las bolsas de compra que usaban nuestras abuelas casi siempre se pliegan para no ocupar espacio en las carteras.
Pero a las iniciativas puntuales de muchos retailers, para quienes el uso de las clásicas bolsas de plástico encierra uno de sus más grandes desafíos en materia de sostenibilidad, se sumaron en el último tiempo las de gobiernos nacionales y locales, que también decidieron tomar cartas en el asunto. Más de 50 países ya tomaron acciones concretas para reducir el uso de estos perjudiciales integrantes de la cadena de consumo. Las medidas gubernamentales implementadas en estos dos últimos años van desde la prohibición total de la distribución de bolsas de polietileno, pasando por el pago de un impuesto por parte de los clientes que las utilicen, hasta la gran cruzada china contra la “basura blanca”, como llaman a las bolsas, que incluyó el cierre de la principal fábrica del país (ver recuadro).
Argentina se suma a la movida
Aunque mucho más tarde que los países del Hemisferio Norte y todavía de manera bastante tímida, Argentina también está comenzando a dar las primeras señales de concientización en esta materia. En un país en el que las bolsas plásticas se entregan por default, sin siquiera preguntar si el cliente las precisa, en apenas unos pocos meses comenzaron a surgir varias iniciativas de grandes y pequeños jugadores del mundo del retail, que llevan a pensar que el “chau, bolsa” también podría hacerse carne en nuestro país.
Estas acciones, que en la mayoría de los casos apuestan al uso de bolsas de tela reutilizables, llegan en un momento no casual, aunque de todas maneras son más que bienvenidas. En octubre pasado, se aprobó una ley en la Provincia de Buenos Aires que da un año a los supermercados y grandes negocios, y dos a los pequeños, para sacar las bolsas de polietileno de sus locales y reemplazarlas por “contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental”.
Y aunque para evitar beneficiar a un sector específico el texto de la norma no detalla con qué tipo de producto hay que sustituir a las inmortales bolsas de polietileno, lo que sí está claro es que el incumplimiento o transgresión se castigará con multas y hasta clausuras temporarias y definitivas. Sin duda un deadline que acelerará algunas iniciativas aisladas y que con viento a favor puede terminar con un fuerte cambio de hábito, tal como sucedió con la normativa que prohibe fumar en lugares públicos de Capital.
El puntapié inicial de estas flamantes acciones corporativas en terreno argentino lo dio Wal-Mart, quien ya a mediados del 2007 anunció en nuestro país que había reemplazado las tradicionales bolsas plásticas en todas sus sucursales por bolsas oxi-biodegradables. Esta alternativa ecológica incluye un aditivo adicional en su elaboración, que acelera su descomposición frente a variables como la luz y la humedad, proceso que se inicia apenas meses después de ser descartadas.
Y un año y medio más tarde, a fin de noviembre del año pasado, Wal-Mart sumó una nueva iniciativa en la cruzada contra las bolsas plásticas. Lanzó bolsas reutilizables, que se venden en las 27 sucursales a casi $ 6. Livianas y plegables, pueden cargar aproximadamente 15 productos.
La respuesta de los clientes fue bastante rápida. Y aunque comparada con el volumen de ventas aun es muy baja, prueba que consumidores verdes existen pero faltan alternativas para seducirlos. Durante los primeros cinco días de lanzada la iniciativa, Wal-Mart vendió 2.000 bolsas, cifra que hoy asciende a 12.500. “Confiamos en este cambio de conciencia de la gente desde su casa y en empezar a ser nosotros agentes de cambio”, analizó Fernanda Giménez Azara, coordinadora de Relaciones Institucionales de Wal-Mart Argentina, quien anticipó que el objetivo es reducir en un 20% el consumo de bolsas plásticas para el 2013.
Otro jugador que se metió de lleno en la cruzada antibolsa es Cencosud, dueña de Jumbo, Disco y Vea. Con un perfil comunicacional bien alto, en diciembre lanzó una campaña que también apuesta a la reducción de las bolsas de polietileno en sus locales. Con la Costa Atlántica como prueba piloto, la empresa comenzó a ofrecer bolsas de tela reutilizables, un diseño distinto para cada cadena, a un precio de $ 7,90.
El disparador de la acción fue bien concreto: un rápido cálculo del volumen de operaciones que manejan les dio una pista del impacto positivo que podían tener las tres cadenas en este problema ambiental. “El supermercadismo en Argentina alcanza al 30% del comercio minorista de alimentos. Las tres cadenas representan un 60% de ese mercado, generando 2.500 millones de bolsas al año”, explicó Diego Memoli, líder del proyecto y Gerente de Marketing de Disco, quien asegura que no se trata de un tema de reducción de costos, ya que estas bolsas cuestan apenas un centavo.
La iniciativa tuvo muy buena recepción en la Costa, donde se vendieron bolsas al ritmo de 300 por día. Quienes mejor respondieron fueron los clientes de Puerto Madryn y Bahía Blanca, seguramente impulsados por una mayor conciencia de los peligros que corre la fauna marina.
Hoy las bolsas ya están dis
ponibles en todos los locales del país de la cadena y las últimas cifras de venta se ubican en torno a las 70.000 bolsas. Y aunque desde la empresa aseguran que todavía el número es marginal en relación a las operaciones totales, el impacto no es menor: se calcula que una bolsa reutilizable evita la utilización de alrededor de 270 bolsas de plástico al año por familia.
Claro que no todo se termina en vender las propias bolsas, por las que en general las cadenas no obtienen ganancias. Para lograr una mayor toma de conciencia del impacto ambiental de las bolsas de polietileno y promover que la gente lleve su propia bolsa al súper, Cencosud también lanzó una original campaña publicitaria que apela directamente al consumidor y no sólo a sus clientes. “Una empresa sola no puede y sin la comunidad resulta imposible: cuántos más seamos mejor”, dice Memoli, en sintonía con la postura de Wal-Mart, y también se hace un rato para hacer un pedido: no caer en posturas radicales y evitar demonizar a las bolsas de polietileno.
Para atacar el problema de raíz, las iniciativas no pueden terminar en las bolsas reutilizables, ya que todavía por un tiempo convivirán con las tradicionales. Por eso tanto Cencosud, con sus marcas Disco, Jumbo y Vea, como Wal-Mart apuestan además a cargar más las bolsas de polietileno para reducir el número de bolsas plásticas. Se calcula que en general salen con apenas tres artículos, cuando deberían contener al menos cinco. En este sentido, la capacitación del personal resulta vital. Lo mismo para que las cajeras ofrezcan efectivamente las bolsas reutilizables.
Los chicos también pueden
Pero la cruzada antibolsa no está liderada sólo por grandes players. Comercios más pequeños, pero con un fuerte compromiso ambiental, también integran esta movida. Este es el caso de Natural Deli, una cadena de venta y consumo de productos orgánicos y naturales. En sus dos locales de Barrio Norte y Las Cañitas, este comercio le dijo adiós a las clásicas bolsas de polietileno y las reemplazó por bolsas oxibiodegradables.
Además, ofrece también bolsas de tela reutilizables, que cuestan $ 10 y son gratuitas para compras mayores a $ 100. “Queremos ser una empresa ecológica a largo plazo y estamos intentando hacer lo máximo que podemos. La idea es seguir con otras iniciativas de este tipo par ir neutralizado nuestro efecto en el medio ambiente”, explica el inglés Michael Legge, uno de los socios de este emprendimiento naturista con onda moderna.
Claro que recorrer este camino en Argentina no es sencillo. Y menos siendo una empresa pequeña. “El próximo paso es incorporar detergentes biodegradables. El problema es que no hay mucho disponible localmente y, además, es muy caro”, lamenta Legge, quien ya sueña con abrir más locales para alcanzar una economía de escala que le permita volverse más verde. De todos modos, sumar a los proveedores puede ser una buena alternativa para ir desarrollando estas iniciativas. Para poder concretar la sustitución de las bolsas de polietileno Legge logró tejer una alianza con OMS y Weleda, lo que permitió reducir costos.
Pero las empresas y locales no son los únicos que encuentran dificultades para adoptar iniciativas más verdes. Los propios consumidores más concientes ambientalmente muchas veces no saben cómo canalizar sus preocupaciones. “La gente en Argentina tiene las ganas de adoptar alternativas verdes, pero no hay tanta oferta”, confirma el dueño de Natural Deli. Por lo menos en lo que a bolsas de polietileno respecta las cosas parecen estar empezando a cambiar.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Cuando nacieron, hace más de 30 años, parecían ser la respuesta perfecta para trasladar alimentos y compras varias. Baratas, livianas, resistentes y hasta impermeables, las bolsas plásticas se convirtieron rápidamente en un sinónimo de modernidad y practicidad. Y de la mano de los mercados y supermercados como principales motores, su uso no tardó en dispararse en todo el mundo.
Hoy se calcula que su consumo anual per capita ronda nada menos que las 150 bolsas. Y aunque sus mágicas propiedades se mantienen intactas hasta el día de hoy, con el correr de los años estas bolsas no tardaron en mostrar su faceta más oscura: su impacto directo en el medio ambiente.
Animales en peligro
Es que la vida de estas bolsas, producidas a partir del gas etileno derivado del petróleo, resultó ser de lo más prolongada. Pueden tardar nada menos que entre 300 y 1.000 años en degradarse completamente, antes de lo cual se van dividiendo en pequeñas partículas tóxicas. Y aunque muchas finalizan sus inagotables días en basurales, muchas otras terminan contaminando suelos y mares, sin olvidar otras tantas que se acumulan en alcantarillas, provocando incluso inundaciones.
Como si esto fuera poco, muchas de estas bolsas afectan directamente la vida de animales marinos, ya que al entrar en un mar u océano se convierten en una verdadera trampa mortal. Muchos mamíferos, como las tortugas o las ballenas, las confunden con comida y luego de ingerirlas mueren. Y a esto se le suma otra gran cantidad de mamíferos que mueren entrampados en sus redes.
Gran parte del problema reside en una inadecuada disposición final: siete de cada 10 bolsas terminan ensuciando plazas, mares y campos. Y a esto se le suma una muy baja tasa de reciclaje. Se calcula que apenas el 2% de estas bolsas se recicla, lo que obedece a un motivo netamente económico. Mientras que el precio de una tonelada de esta materia prima puede ascender a apenas u$s 32, reciclar ese mismo volumen cuesta mucho más caro: asciende a u$s 4.000.
Nace la conciencia ambiental
La toma de conciencia de estos impactos ambientales no tardó en llegar y lentamente fue derivando en una cruzada antibolsa, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde hoy está en pleno apogeo. Ver una bolsa de polietileno en un supermercado europeo, de hecho, resulta actualmente casi una odisea. Y llevarla puede ser visto con muy malos ojos, casi como ostentar una piel...
Prácticas bolsas de compra reutilizables ofrecidas a muy bajo costo por los propios retailers se lucen en las colas del súper junto a elegantes creaciones de diseñadores top. Es que firmas com Hermés o Stella Mc Cartney aprovecharon la ola antibolsa para desarrollar modelos especiales para las góndolas, cuyo precio oscila entre los u$s 500 y 1.000. Eso sí, aunque tengan bordados y telas vistosas, estas versiones fashion de las bolsas de compra que usaban nuestras abuelas casi siempre se pliegan para no ocupar espacio en las carteras.
Pero a las iniciativas puntuales de muchos retailers, para quienes el uso de las clásicas bolsas de plástico encierra uno de sus más grandes desafíos en materia de sostenibilidad, se sumaron en el último tiempo las de gobiernos nacionales y locales, que también decidieron tomar cartas en el asunto. Más de 50 países ya tomaron acciones concretas para reducir el uso de estos perjudiciales integrantes de la cadena de consumo. Las medidas gubernamentales implementadas en estos dos últimos años van desde la prohibición total de la distribución de bolsas de polietileno, pasando por el pago de un impuesto por parte de los clientes que las utilicen, hasta la gran cruzada china contra la “basura blanca”, como llaman a las bolsas, que incluyó el cierre de la principal fábrica del país (ver recuadro).
Argentina se suma a la movida
Aunque mucho más tarde que los países del Hemisferio Norte y todavía de manera bastante tímida, Argentina también está comenzando a dar las primeras señales de concientización en esta materia. En un país en el que las bolsas plásticas se entregan por default, sin siquiera preguntar si el cliente las precisa, en apenas unos pocos meses comenzaron a surgir varias iniciativas de grandes y pequeños jugadores del mundo del retail, que llevan a pensar que el “chau, bolsa” también podría hacerse carne en nuestro país.
Estas acciones, que en la mayoría de los casos apuestan al uso de bolsas de tela reutilizables, llegan en un momento no casual, aunque de todas maneras son más que bienvenidas. En octubre pasado, se aprobó una ley en la Provincia de Buenos Aires que da un año a los supermercados y grandes negocios, y dos a los pequeños, para sacar las bolsas de polietileno de sus locales y reemplazarlas por “contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental”.
Y aunque para evitar beneficiar a un sector específico el texto de la norma no detalla con qué tipo de producto hay que sustituir a las inmortales bolsas de polietileno, lo que sí está claro es que el incumplimiento o transgresión se castigará con multas y hasta clausuras temporarias y definitivas. Sin duda un deadline que acelerará algunas iniciativas aisladas y que con viento a favor puede terminar con un fuerte cambio de hábito, tal como sucedió con la normativa que prohibe fumar en lugares públicos de Capital.
El puntapié inicial de estas flamantes acciones corporativas en terreno argentino lo dio Wal-Mart, quien ya a mediados del 2007 anunció en nuestro país que había reemplazado las tradicionales bolsas plásticas en todas sus sucursales por bolsas oxi-biodegradables. Esta alternativa ecológica incluye un aditivo adicional en su elaboración, que acelera su descomposición frente a variables como la luz y la humedad, proceso que se inicia apenas meses después de ser descartadas.
Y un año y medio más tarde, a fin de noviembre del año pasado, Wal-Mart sumó una nueva iniciativa en la cruzada contra las bolsas plásticas. Lanzó bolsas reutilizables, que se venden en las 27 sucursales a casi $ 6. Livianas y plegables, pueden cargar aproximadamente 15 productos.
La respuesta de los clientes fue bastante rápida. Y aunque comparada con el volumen de ventas aun es muy baja, prueba que consumidores verdes existen pero faltan alternativas para seducirlos. Durante los primeros cinco días de lanzada la iniciativa, Wal-Mart vendió 2.000 bolsas, cifra que hoy asciende a 12.500. “Confiamos en este cambio de conciencia de la gente desde su casa y en empezar a ser nosotros agentes de cambio”, analizó Fernanda Giménez Azara, coordinadora de Relaciones Institucionales de Wal-Mart Argentina, quien anticipó que el objetivo es reducir en un 20% el consumo de bolsas plásticas para el 2013.
Otro jugador que se metió de lleno en la cruzada antibolsa es Cencosud, dueña de Jumbo, Disco y Vea. Con un perfil comunicacional bien alto, en diciembre lanzó una campaña que también apuesta a la reducción de las bolsas de polietileno en sus locales. Con la Costa Atlántica como prueba piloto, la empresa comenzó a ofrecer bolsas de tela reutilizables, un diseño distinto para cada cadena, a un precio de $ 7,90.
El disparador de la acción fue bien concreto: un rápido cálculo del volumen de operaciones que manejan les dio una pista del impacto positivo que podían tener las tres cadenas en este problema ambiental. “El supermercadismo en Argentina alcanza al 30% del comercio minorista de alimentos. Las tres cadenas representan un 60% de ese mercado, generando 2.500 millones de bolsas al año”, explicó Diego Memoli, líder del proyecto y Gerente de Marketing de Disco, quien asegura que no se trata de un tema de reducción de costos, ya que estas bolsas cuestan apenas un centavo.
La iniciativa tuvo muy buena recepción en la Costa, donde se vendieron bolsas al ritmo de 300 por día. Quienes mejor respondieron fueron los clientes de Puerto Madryn y Bahía Blanca, seguramente impulsados por una mayor conciencia de los peligros que corre la fauna marina.
Hoy las bolsas ya están dis
ponibles en todos los locales del país de la cadena y las últimas cifras de venta se ubican en torno a las 70.000 bolsas. Y aunque desde la empresa aseguran que todavía el número es marginal en relación a las operaciones totales, el impacto no es menor: se calcula que una bolsa reutilizable evita la utilización de alrededor de 270 bolsas de plástico al año por familia.
Claro que no todo se termina en vender las propias bolsas, por las que en general las cadenas no obtienen ganancias. Para lograr una mayor toma de conciencia del impacto ambiental de las bolsas de polietileno y promover que la gente lleve su propia bolsa al súper, Cencosud también lanzó una original campaña publicitaria que apela directamente al consumidor y no sólo a sus clientes. “Una empresa sola no puede y sin la comunidad resulta imposible: cuántos más seamos mejor”, dice Memoli, en sintonía con la postura de Wal-Mart, y también se hace un rato para hacer un pedido: no caer en posturas radicales y evitar demonizar a las bolsas de polietileno.
Para atacar el problema de raíz, las iniciativas no pueden terminar en las bolsas reutilizables, ya que todavía por un tiempo convivirán con las tradicionales. Por eso tanto Cencosud, con sus marcas Disco, Jumbo y Vea, como Wal-Mart apuestan además a cargar más las bolsas de polietileno para reducir el número de bolsas plásticas. Se calcula que en general salen con apenas tres artículos, cuando deberían contener al menos cinco. En este sentido, la capacitación del personal resulta vital. Lo mismo para que las cajeras ofrezcan efectivamente las bolsas reutilizables.
Los chicos también pueden
Pero la cruzada antibolsa no está liderada sólo por grandes players. Comercios más pequeños, pero con un fuerte compromiso ambiental, también integran esta movida. Este es el caso de Natural Deli, una cadena de venta y consumo de productos orgánicos y naturales. En sus dos locales de Barrio Norte y Las Cañitas, este comercio le dijo adiós a las clásicas bolsas de polietileno y las reemplazó por bolsas oxibiodegradables.
Además, ofrece también bolsas de tela reutilizables, que cuestan $ 10 y son gratuitas para compras mayores a $ 100. “Queremos ser una empresa ecológica a largo plazo y estamos intentando hacer lo máximo que podemos. La idea es seguir con otras iniciativas de este tipo par ir neutralizado nuestro efecto en el medio ambiente”, explica el inglés Michael Legge, uno de los socios de este emprendimiento naturista con onda moderna.
Claro que recorrer este camino en Argentina no es sencillo. Y menos siendo una empresa pequeña. “El próximo paso es incorporar detergentes biodegradables. El problema es que no hay mucho disponible localmente y, además, es muy caro”, lamenta Legge, quien ya sueña con abrir más locales para alcanzar una economía de escala que le permita volverse más verde. De todos modos, sumar a los proveedores puede ser una buena alternativa para ir desarrollando estas iniciativas. Para poder concretar la sustitución de las bolsas de polietileno Legge logró tejer una alianza con OMS y Weleda, lo que permitió reducir costos.
Pero las empresas y locales no son los únicos que encuentran dificultades para adoptar iniciativas más verdes. Los propios consumidores más concientes ambientalmente muchas veces no saben cómo canalizar sus preocupaciones. “La gente en Argentina tiene las ganas de adoptar alternativas verdes, pero no hay tanta oferta”, confirma el dueño de Natural Deli. Por lo menos en lo que a bolsas de polietileno respecta las cosas parecen estar empezando a cambiar.
Medio ambiente, desidia y negocios
Medio ambiente, desidia y negocios
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Así como la educación pública a la que nos referimos mil veces en estas líneas, el otro gran tema que está en boca de todos y en las acciones de nadie es el medio ambiente.
Éste tiene dos aspectos: el cambio climático, que está fuera de nuestro alcance y cuyas consecuencias han de afectar a todo el mundo. Admitamos que la culpa del injusto estilo dispendioso de vida de una parte de la humanidad es responsable de ese cambio, que será catastrófico para todos, pero especialmente doloroso para los miles de millones de pobres, en miserables pueblos subdesarrollados que no tienen ni para comer y mucho menos son los responsables de los destrozos que hacen aquellos cuyo único fin es el consumo y el lucro. Pero también nosotros ya sufrimos el cambio del clima, las inundaciones porteñas, las sequías, aunque siempre las hubo como también las inundaciones.
Aún hay quienes niegan el grado de la responsabilidad humana, pero mientras tanto, en vez de aplicar el principio precautorio para evitar agravar el problema, los poderosos usan la duda para hacernos creer que ésa se resolverá por la negativa. Si no es culpa nuestra, podemos seguir bailando en el Titánic unos años más. Y pido perdón por usar nuevamente una metáfora tan gastada. Por las dudas, seguimos talando bosques para sembrar soja, expandiendo ciudades sin infraestructura en las que se amontonan los expulsados del campo, sometidos a las tecnologías modernas que emplean cada vez menos gente y que contribuyen a la concentración creciente de la propiedad de la tierra. Así, al mismo tiempo destruimos los ecosistemas, las ciudades y la gente. Un programa maravilloso de progreso.
El otro aspecto es el descuido local. No se trata ya del cambio climático, sino de la contaminación -digamos mejor: el envenenamiento para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres (y mujeres, se dice ahora) que quieran habitar el suelo argentino- y la destrucción de los ambientes naturales en pos de la codicia: ya ni podemos hablar de sistema económico. Se trata de simple y miserable codicia. Con una dosis no menor de estupidez sistémica.
El estado de los sistemas ecológicos en nuestro país es mucho peor de lo que nos imaginamos. Es malo para los negocios decir que talar un bosque nativo es nocivo para el país porque destruye la diversidad biológica. También lo es afirmar que la Patagonia y la Pampa Húmeda se desertifican, o que plantar un bosque de eucaliptos también es malo para el país, porque chupa toda el agua y los nutrientes y sólo sirve para hacer papel para los países ricos y no equilibra en absoluto la "cuota de carbono" que se ha inventado "perversamente" para que los ricos sigan vertiendo gases de invernadero a la atmósfera. Pero no: ni siquiera es malo para los negocios, porque nadie hace caso de estas observaciones triviales pero "catastrofistas".
Hablar de limpiar el Riachuelo en mil días o en diez años ya ni siquiera sirve como propaganda electoral, porque nadie lo cree. Hacerlo no sólo es tecnológicamente muy difícil y costoso, es malo para los negocios porque implica que miles de industrias deberían invertir dinero en cambiar su tecnología o, por lo menos, en instalar plantas de tratamiento que funcionen. La orden de la Suprema Corte de Justicia ya está olvidada y apenas se ha intimado a algunas empresas de Dock Sur, con algo afín a levantar el dedito amenazador y decir: "¡Chicos, pórtense bien! ¿eh?" Mientras, millones de seres humanos se envenenan lentamente y tiemblan porque el cierre de las fábricas contaminantes los privaría de su trabajo; prefieren morir lentamente de intoxicaciones o de cáncer, que más rápidamente de hambre o de tuberculosis.
Algunas historias relativas a este tema son como chistes malos. En pleno centro de Buenos Aires hay una estación de servicios desde cuyos tanques y cañerías se filtra nafta a una estación de subterráneo frecuentada por miles de personas por día. También filtra las napas de agua desde donde iban al río de la Plata. No ocurrió lo que en una situación parecida sucedió en 1992 en Guadalajara, México: una explosión que destruyó media ciudad porque se había filtrado nafta a las alcantarillas. Nadie sabe cuántos muertos costó aquel accidente, pero fueron centenares. Pero en Independencia y Lima, en Buenos Aires, la presencia de gases de hidrocarburos se detectó en 1979, y la Justicia condenó a la empresa propietaria de la estación de servicios a remediar la situación en el 2007, treinta y ocho años y vaya a saber cuántas toneladas de petróleo más tarde. Nadie sabe cuándo la empresa comenzará con los trabajos y cuándo los terminará. Durante esos treinta y ocho años la estación siguió funcionando. La empresa es criminal por codicia; ciudad es culpable por negligencia: hizo la denuncia recién en 1991. La Justicia, entonces, sólo tardó 22 años de los 38. Ahora hay sentencia firme. Mientras tanto, siguió vendiendo combustibles y el subte sólo instaló una bombita de extracción de gases.
Estudiamos con horror el saqueo al que la empresa La Forestal, en las primeras décadas del siglo XX, sometió a los bosques de quebracho colorado que alguna vez cubrieron las zonas, ahora anegables a veces y semidesérticas otras, del norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero y de Chaco. Esta depredación ya empezó en tiempos de la colonia, cuando todo el norte de Córdoba era un gran bosque de molles. Pero el recuerdo de ese horror nos impide ver que lo mismo está sucediendo en Misiones, en Salta, con la minería del oro a cielo abierto en Catamarca, con la futura destrucción de los glaciares de Pascua Lama en San Juan, con el ya no "Impenetrable", con la cuenca del río Reconquista donde viven 4 millones de habitantes. La contaminación de partes de esta cuenca es de tal magnitud, que hay afluentes que son arroyos de desechos cloacales casi puros y los expertos extranjeros piden cortésmente a sus colegas argentinos que revisen sus cuentas, porque no pueden creer que semejante nivel de contaminación no sea consecuencia de un error de cálculo. La causa: la codicia, la negligencia y la corrupción, que son sus herramientas. Y la corrupción que alimenta a muchos políticos, y éstos que reparten choripanes y promesas en tiempo de elecciones (que son casi siempre) y no intervienen en los casos más evidentes de contaminación ambiental con firma de autor. A veces, porque los contaminadores son los que corren con los descomunales gastos de campaña. Siempre es más barato comprar un intendente que instalar una planta depuradora.
Claro que hay algunos problemas cuyas causas no son tan directas: el caótico crecimiento de las ciudades, las grandes y las no tan grandes, sin que se piense en la carencia de infraestructura y se amontone la gente en las afueras, para después extrañarse del crecimiento de la violencia, y que algunas idiotas "formadoras de opinión" sólo atinen a pedir venganza. Y la acumulación de basura con la que nadie sabe qué hacer, más que amontonarla en lugares que pronto serán alcanzados por aquel crecimiento.
Las drogas están entre las fuentes más enormes de riqueza: nuevamente la codicia que no vacila ante la destrucción física y moral de sus víctimas. Aquí ya no hay negligencia, sólo codicia y crimen. Pero lo importante es que esa riqueza no se pierda. Para eso están los paraísos fiscales, una de las principales formas de lavado de dinero y de evasión de impuestos en todo el mundo. ¿Alguien logrará hacer que desaparezcan? ¿A alguien le interesa que desaparezcan?
En cuanto a los problemas ambientales, la codicia se expresa en volcar los problemas causados por unos pocos a que sean arreglados a costa de las mayorías, como cuando es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la remediación.
Pero nuestro gobierno no hace eso: sólo proclama que lo hace. Y no es el único: ninguno de los objetivos de las frecuentes reuniones mundiales que empezaron con la Cumbre de Río en 1992 se ha cumplido, ninguno no ha empeorado. Se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se menciona que ésa no es la única forma de ecocidio que importa detener para mantener habitable este planeta. La tala de los bosques, la depredación de los mares, la contaminación de los acuíferos y la lista podría seguir. Sin embargo, en la realidad de los hechos, a nadie le importa el medio ambiente (1) al punto de ir más allá de las palabras. Salvo lo que ocurre cuando las víctimas directas de los daños se movilizan. Por suerte comienzan a hacerlo.
TOMÁS BUCH (Tecnólogo generalista)
Especial para "Río Negro"
(1) Esta expresión hace referencia al libro de Sergio Federovisky, "El medio ambiente no le importa a nadie", Ed. Planeta, 2007.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Así como la educación pública a la que nos referimos mil veces en estas líneas, el otro gran tema que está en boca de todos y en las acciones de nadie es el medio ambiente.
Éste tiene dos aspectos: el cambio climático, que está fuera de nuestro alcance y cuyas consecuencias han de afectar a todo el mundo. Admitamos que la culpa del injusto estilo dispendioso de vida de una parte de la humanidad es responsable de ese cambio, que será catastrófico para todos, pero especialmente doloroso para los miles de millones de pobres, en miserables pueblos subdesarrollados que no tienen ni para comer y mucho menos son los responsables de los destrozos que hacen aquellos cuyo único fin es el consumo y el lucro. Pero también nosotros ya sufrimos el cambio del clima, las inundaciones porteñas, las sequías, aunque siempre las hubo como también las inundaciones.
Aún hay quienes niegan el grado de la responsabilidad humana, pero mientras tanto, en vez de aplicar el principio precautorio para evitar agravar el problema, los poderosos usan la duda para hacernos creer que ésa se resolverá por la negativa. Si no es culpa nuestra, podemos seguir bailando en el Titánic unos años más. Y pido perdón por usar nuevamente una metáfora tan gastada. Por las dudas, seguimos talando bosques para sembrar soja, expandiendo ciudades sin infraestructura en las que se amontonan los expulsados del campo, sometidos a las tecnologías modernas que emplean cada vez menos gente y que contribuyen a la concentración creciente de la propiedad de la tierra. Así, al mismo tiempo destruimos los ecosistemas, las ciudades y la gente. Un programa maravilloso de progreso.
El otro aspecto es el descuido local. No se trata ya del cambio climático, sino de la contaminación -digamos mejor: el envenenamiento para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres (y mujeres, se dice ahora) que quieran habitar el suelo argentino- y la destrucción de los ambientes naturales en pos de la codicia: ya ni podemos hablar de sistema económico. Se trata de simple y miserable codicia. Con una dosis no menor de estupidez sistémica.
El estado de los sistemas ecológicos en nuestro país es mucho peor de lo que nos imaginamos. Es malo para los negocios decir que talar un bosque nativo es nocivo para el país porque destruye la diversidad biológica. También lo es afirmar que la Patagonia y la Pampa Húmeda se desertifican, o que plantar un bosque de eucaliptos también es malo para el país, porque chupa toda el agua y los nutrientes y sólo sirve para hacer papel para los países ricos y no equilibra en absoluto la "cuota de carbono" que se ha inventado "perversamente" para que los ricos sigan vertiendo gases de invernadero a la atmósfera. Pero no: ni siquiera es malo para los negocios, porque nadie hace caso de estas observaciones triviales pero "catastrofistas".
Hablar de limpiar el Riachuelo en mil días o en diez años ya ni siquiera sirve como propaganda electoral, porque nadie lo cree. Hacerlo no sólo es tecnológicamente muy difícil y costoso, es malo para los negocios porque implica que miles de industrias deberían invertir dinero en cambiar su tecnología o, por lo menos, en instalar plantas de tratamiento que funcionen. La orden de la Suprema Corte de Justicia ya está olvidada y apenas se ha intimado a algunas empresas de Dock Sur, con algo afín a levantar el dedito amenazador y decir: "¡Chicos, pórtense bien! ¿eh?" Mientras, millones de seres humanos se envenenan lentamente y tiemblan porque el cierre de las fábricas contaminantes los privaría de su trabajo; prefieren morir lentamente de intoxicaciones o de cáncer, que más rápidamente de hambre o de tuberculosis.
Algunas historias relativas a este tema son como chistes malos. En pleno centro de Buenos Aires hay una estación de servicios desde cuyos tanques y cañerías se filtra nafta a una estación de subterráneo frecuentada por miles de personas por día. También filtra las napas de agua desde donde iban al río de la Plata. No ocurrió lo que en una situación parecida sucedió en 1992 en Guadalajara, México: una explosión que destruyó media ciudad porque se había filtrado nafta a las alcantarillas. Nadie sabe cuántos muertos costó aquel accidente, pero fueron centenares. Pero en Independencia y Lima, en Buenos Aires, la presencia de gases de hidrocarburos se detectó en 1979, y la Justicia condenó a la empresa propietaria de la estación de servicios a remediar la situación en el 2007, treinta y ocho años y vaya a saber cuántas toneladas de petróleo más tarde. Nadie sabe cuándo la empresa comenzará con los trabajos y cuándo los terminará. Durante esos treinta y ocho años la estación siguió funcionando. La empresa es criminal por codicia; ciudad es culpable por negligencia: hizo la denuncia recién en 1991. La Justicia, entonces, sólo tardó 22 años de los 38. Ahora hay sentencia firme. Mientras tanto, siguió vendiendo combustibles y el subte sólo instaló una bombita de extracción de gases.
Estudiamos con horror el saqueo al que la empresa La Forestal, en las primeras décadas del siglo XX, sometió a los bosques de quebracho colorado que alguna vez cubrieron las zonas, ahora anegables a veces y semidesérticas otras, del norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero y de Chaco. Esta depredación ya empezó en tiempos de la colonia, cuando todo el norte de Córdoba era un gran bosque de molles. Pero el recuerdo de ese horror nos impide ver que lo mismo está sucediendo en Misiones, en Salta, con la minería del oro a cielo abierto en Catamarca, con la futura destrucción de los glaciares de Pascua Lama en San Juan, con el ya no "Impenetrable", con la cuenca del río Reconquista donde viven 4 millones de habitantes. La contaminación de partes de esta cuenca es de tal magnitud, que hay afluentes que son arroyos de desechos cloacales casi puros y los expertos extranjeros piden cortésmente a sus colegas argentinos que revisen sus cuentas, porque no pueden creer que semejante nivel de contaminación no sea consecuencia de un error de cálculo. La causa: la codicia, la negligencia y la corrupción, que son sus herramientas. Y la corrupción que alimenta a muchos políticos, y éstos que reparten choripanes y promesas en tiempo de elecciones (que son casi siempre) y no intervienen en los casos más evidentes de contaminación ambiental con firma de autor. A veces, porque los contaminadores son los que corren con los descomunales gastos de campaña. Siempre es más barato comprar un intendente que instalar una planta depuradora.
Claro que hay algunos problemas cuyas causas no son tan directas: el caótico crecimiento de las ciudades, las grandes y las no tan grandes, sin que se piense en la carencia de infraestructura y se amontone la gente en las afueras, para después extrañarse del crecimiento de la violencia, y que algunas idiotas "formadoras de opinión" sólo atinen a pedir venganza. Y la acumulación de basura con la que nadie sabe qué hacer, más que amontonarla en lugares que pronto serán alcanzados por aquel crecimiento.
Las drogas están entre las fuentes más enormes de riqueza: nuevamente la codicia que no vacila ante la destrucción física y moral de sus víctimas. Aquí ya no hay negligencia, sólo codicia y crimen. Pero lo importante es que esa riqueza no se pierda. Para eso están los paraísos fiscales, una de las principales formas de lavado de dinero y de evasión de impuestos en todo el mundo. ¿Alguien logrará hacer que desaparezcan? ¿A alguien le interesa que desaparezcan?
En cuanto a los problemas ambientales, la codicia se expresa en volcar los problemas causados por unos pocos a que sean arreglados a costa de las mayorías, como cuando es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la remediación.
Pero nuestro gobierno no hace eso: sólo proclama que lo hace. Y no es el único: ninguno de los objetivos de las frecuentes reuniones mundiales que empezaron con la Cumbre de Río en 1992 se ha cumplido, ninguno no ha empeorado. Se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se menciona que ésa no es la única forma de ecocidio que importa detener para mantener habitable este planeta. La tala de los bosques, la depredación de los mares, la contaminación de los acuíferos y la lista podría seguir. Sin embargo, en la realidad de los hechos, a nadie le importa el medio ambiente (1) al punto de ir más allá de las palabras. Salvo lo que ocurre cuando las víctimas directas de los daños se movilizan. Por suerte comienzan a hacerlo.
TOMÁS BUCH (Tecnólogo generalista)
Especial para "Río Negro"
(1) Esta expresión hace referencia al libro de Sergio Federovisky, "El medio ambiente no le importa a nadie", Ed. Planeta, 2007.
Fauna del Paraná en serios problemas
La fauna del Paraná está en serios problemas
Fecha de Publicación: 29/03/2009
Fuente: Linea Capital
Provincia/Región: Mesopotamia
La Fundación Proteger solicitó al canciller Jorge Taiana que informe sobre el manejo de los caudales de agua que realizan las represas Yacyretá e Itaipú. Se advierte marcada bajante y consecuencias para la fauna y para quienes viven de la pesca.
Ante la marcada bajante que sufre actualmente el río Paraná, la Fundación Proteger envió una carta al canciller argentino, licenciado Jorge Taiana, solicitando información sobre el manejo de los caudales de agua del río Paraná que realizan las grandes represas binacionales Yacyretá e Itaipú, y conocer cuáles son los criterios que se utilizan para hacerlo.
En la misiva, firmada por el director general de Proteger, Jorge Cappato, se sostiene que “es de conocimiento público que el río Paraná registra una de las mayores bajantes de las últimas décadas. La altura hidrométrica promedio en Corrientes ha sido de 4.05 m en 2007 y 3.38 m en 2008, mientras que en enero/febrero de este año promedia 2.54 m”.
“Es precisamente en períodos de escasez de agua cuando las grandes represas retienen en sus embalses buena parte del caudal del río con el objeto de asegurar su generación, en desmedro de las poblaciones ribereñas que viven aguas abajo y cuya economía, alimentación y subsistencia dependen en gran medida del buen estado de las pesquerías del Paraná”, especifica la nota.
Migraciones cortadas
En las últimas semanas, pescadores del norte de Santa Fe y de las provincias de Chaco y Corrientes, informaron sobre el desecamiento de lagunas, riachos y arroyos de la planicie de inundación del río Paraná a raíz de la extrema bajante y la merma de los caudales por debajo de los promedios históricos. Miles de peces atrapados se asfixiaban y morían, incluidos surubíes, dorados y patíes, entre otras especies de gran valor económico, alimentario y social.
“Según los especialistas, las represas no sólo impiden las migraciones de los peces aguas arriba, sino que –al retener el agua cuando los peces realizan migraciones transversales en la planicie inundable–, impiden que se completen los ciclos de desarrollo y reproductivos. Por otra parte, los embalses alteran irreversiblemente el hábitat acuático: según expertos del Conicet, Yacyretá e Itaipú en conjunto destruyeron el 44% del área reproductiva de las especies de surubí (Oldani, 2004)”, consigna el documento de Proteger.
El pedido de información se da en el marco del Día Mundial de Acción sobre las Grandes Represas, fijado el 14 de marzo de 1997 en Curitiba, Brasil, al culminar el “Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por las Represas”. Cada año, desde entonces, organizaciones de todo el mundo –principalmente de comunidades damnificadas por estas grandes obras-, realizan actividades y reclamos en simultáneo para esta fecha.
Grandes represas, daños colosales
La nota enviada por Proteger a la Cancillería señala que “como sabemos, Yacyretá es una gran represa administrada por un organismo argentino-paraguayo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); mientras que Itaipú es otra enorme represa binacional regulada por Paraguay y Brasil, cuyo embalse –de 170 km de largo–, se extiende sobre el Paraná a sólo 14 km al norte de la frontera con la Argentina”.
“Ambas –prosigue–, han provocado ya un colosal impacto en las pesquerías y los humedales fluviales, haciendo sentir su efecto negativo centenares de kilómetros aguas abajo. Impacto que se refleja particularmente en la merma poblacional y de tallas de los grandes peces migradores, precisamente los de mayor valor económico, alimentario, deportivo y turístico”.
“Esto explica que en enero pasado la Asociación de Pescadores del Chaco (ASOPECHA), hiciera llegar una nota a las autoridades del Chaco manifestando su honda preocupación por el manejo del agua en las represas del Paraná”.
“Por nuestra parte, ante una consulta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ante la merma del surubí y otras especies de peces, solicitamos desde la Fundación Proteger, en nota del 26 de enero 2009 a los Ministros de Producción, y de Aguas y Ambiente, y a través del Consejo Provincial Pesquero, requerir “al Gobierno Nacional y a la Cancillería iniciar urgentes acciones tendientes a conocer y eventualmente modificar el manejo de los caudales de agua por parte de las represas ubicadas en el río Paraná, especialmente Yacyretá e Itaipú”, añadió.
Información y control
“Hoy –se reclama al canciller Taiana-, solicitamos a Usted nos indique si la Cancillería dispone de información sobre el manejo de los caudales por parte de las represas citadas, sobre si éstas disponen de manuales de operación que incluyan contemplar las necesidades de niveles hidrométricos mínimos para los ciclos de migración, reproducción y alimentación de los peces del Paraná, tendiente a recuperar las disminuidas poblaciones de los mismos”.
Además se pidió conocer cuáles serían a criterio de la Cancillería los más apropiados “ámbitos, regulaciones y mecanismos para que el Estado Nacional conozca, controle y eventualmente pueda incidir o reglamentar, en beneficio de la calidad de vida de las poblaciones y de las economías regionales del NEA-Litoral, el manejo de los caudales de agua por parte de las represas sobre el río Paraná, particularmente Yacyretá e Itaipú” –termina la nota de Proteger.
“No sólo la pesquería está afectada, hay otros impactos económicos y sociales altamente negativos de estas represas para mensurar. La marcada falta de caudales en el Paraná obligó semanas atrás a suspender la navegación en algunos sectores y a disminuir la carga de las embarcaciones. El acceso a los puertos y sobre todo a pequeños muelles utilizados por poblaciones a lo largo de la costa del río se vio dificultado o impedido, por lo que muchos turistas cancelaron viajes ligados a navegaciones por el Paraná. También se clausuraron balnearios y, como en Rosario, hubo que tomar medidas y gastar en equipamiento para asegurar la captación y el bombeo de agua hacia las plantas de potabilización”, dijo finalmente Cappato.
Fecha de Publicación: 29/03/2009
Fuente: Linea Capital
Provincia/Región: Mesopotamia
La Fundación Proteger solicitó al canciller Jorge Taiana que informe sobre el manejo de los caudales de agua que realizan las represas Yacyretá e Itaipú. Se advierte marcada bajante y consecuencias para la fauna y para quienes viven de la pesca.
Ante la marcada bajante que sufre actualmente el río Paraná, la Fundación Proteger envió una carta al canciller argentino, licenciado Jorge Taiana, solicitando información sobre el manejo de los caudales de agua del río Paraná que realizan las grandes represas binacionales Yacyretá e Itaipú, y conocer cuáles son los criterios que se utilizan para hacerlo.
En la misiva, firmada por el director general de Proteger, Jorge Cappato, se sostiene que “es de conocimiento público que el río Paraná registra una de las mayores bajantes de las últimas décadas. La altura hidrométrica promedio en Corrientes ha sido de 4.05 m en 2007 y 3.38 m en 2008, mientras que en enero/febrero de este año promedia 2.54 m”.
“Es precisamente en períodos de escasez de agua cuando las grandes represas retienen en sus embalses buena parte del caudal del río con el objeto de asegurar su generación, en desmedro de las poblaciones ribereñas que viven aguas abajo y cuya economía, alimentación y subsistencia dependen en gran medida del buen estado de las pesquerías del Paraná”, especifica la nota.
Migraciones cortadas
En las últimas semanas, pescadores del norte de Santa Fe y de las provincias de Chaco y Corrientes, informaron sobre el desecamiento de lagunas, riachos y arroyos de la planicie de inundación del río Paraná a raíz de la extrema bajante y la merma de los caudales por debajo de los promedios históricos. Miles de peces atrapados se asfixiaban y morían, incluidos surubíes, dorados y patíes, entre otras especies de gran valor económico, alimentario y social.
“Según los especialistas, las represas no sólo impiden las migraciones de los peces aguas arriba, sino que –al retener el agua cuando los peces realizan migraciones transversales en la planicie inundable–, impiden que se completen los ciclos de desarrollo y reproductivos. Por otra parte, los embalses alteran irreversiblemente el hábitat acuático: según expertos del Conicet, Yacyretá e Itaipú en conjunto destruyeron el 44% del área reproductiva de las especies de surubí (Oldani, 2004)”, consigna el documento de Proteger.
El pedido de información se da en el marco del Día Mundial de Acción sobre las Grandes Represas, fijado el 14 de marzo de 1997 en Curitiba, Brasil, al culminar el “Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por las Represas”. Cada año, desde entonces, organizaciones de todo el mundo –principalmente de comunidades damnificadas por estas grandes obras-, realizan actividades y reclamos en simultáneo para esta fecha.
Grandes represas, daños colosales
La nota enviada por Proteger a la Cancillería señala que “como sabemos, Yacyretá es una gran represa administrada por un organismo argentino-paraguayo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); mientras que Itaipú es otra enorme represa binacional regulada por Paraguay y Brasil, cuyo embalse –de 170 km de largo–, se extiende sobre el Paraná a sólo 14 km al norte de la frontera con la Argentina”.
“Ambas –prosigue–, han provocado ya un colosal impacto en las pesquerías y los humedales fluviales, haciendo sentir su efecto negativo centenares de kilómetros aguas abajo. Impacto que se refleja particularmente en la merma poblacional y de tallas de los grandes peces migradores, precisamente los de mayor valor económico, alimentario, deportivo y turístico”.
“Esto explica que en enero pasado la Asociación de Pescadores del Chaco (ASOPECHA), hiciera llegar una nota a las autoridades del Chaco manifestando su honda preocupación por el manejo del agua en las represas del Paraná”.
“Por nuestra parte, ante una consulta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ante la merma del surubí y otras especies de peces, solicitamos desde la Fundación Proteger, en nota del 26 de enero 2009 a los Ministros de Producción, y de Aguas y Ambiente, y a través del Consejo Provincial Pesquero, requerir “al Gobierno Nacional y a la Cancillería iniciar urgentes acciones tendientes a conocer y eventualmente modificar el manejo de los caudales de agua por parte de las represas ubicadas en el río Paraná, especialmente Yacyretá e Itaipú”, añadió.
Información y control
“Hoy –se reclama al canciller Taiana-, solicitamos a Usted nos indique si la Cancillería dispone de información sobre el manejo de los caudales por parte de las represas citadas, sobre si éstas disponen de manuales de operación que incluyan contemplar las necesidades de niveles hidrométricos mínimos para los ciclos de migración, reproducción y alimentación de los peces del Paraná, tendiente a recuperar las disminuidas poblaciones de los mismos”.
Además se pidió conocer cuáles serían a criterio de la Cancillería los más apropiados “ámbitos, regulaciones y mecanismos para que el Estado Nacional conozca, controle y eventualmente pueda incidir o reglamentar, en beneficio de la calidad de vida de las poblaciones y de las economías regionales del NEA-Litoral, el manejo de los caudales de agua por parte de las represas sobre el río Paraná, particularmente Yacyretá e Itaipú” –termina la nota de Proteger.
“No sólo la pesquería está afectada, hay otros impactos económicos y sociales altamente negativos de estas represas para mensurar. La marcada falta de caudales en el Paraná obligó semanas atrás a suspender la navegación en algunos sectores y a disminuir la carga de las embarcaciones. El acceso a los puertos y sobre todo a pequeños muelles utilizados por poblaciones a lo largo de la costa del río se vio dificultado o impedido, por lo que muchos turistas cancelaron viajes ligados a navegaciones por el Paraná. También se clausuraron balnearios y, como en Rosario, hubo que tomar medidas y gastar en equipamiento para asegurar la captación y el bombeo de agua hacia las plantas de potabilización”, dijo finalmente Cappato.
Santa fe modificaría la ley de agroquímicos
Medio Ambiente quiere modificar la ley sobre uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/03/2009
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
El secretario del Area, César Mackler, afirmó que se debe prohibir la fumigación terrestre a menos de 150 metros de las viviendas, y la aérea a menos de 300. Apuntan a cambiar la normativa, que permite fijar el radio a los intendentes.
"Creo que no habría que fumigar a menos de 150 metros de cualquier viviendas en el caso de fumigaciones terrestres y a 300 metros cuando es aérea. Lo que ocurre es que la ley 11.273 no fija límites, los deja en manos de intendentes y presidentes comunales. Por eso vamos a intentar cambiar la ley". La definición corre por cuenta de César Mackler, secretario de Medio Ambiente provincial, quien desde hace siete meses participa en una mesa junto a las carteras de Trabajo, Salud y Producción para discutir el alcance de una nueva norma. Sin embargo, el funcionario advierte un límite claro, al indicar que "es justamente este modelo (que asocia soja con glifosato) el que de algún modo ha sacado adelante al país".
En diálogo con Rosario/12, Mackler recuerda que "la ley 11.273 indica que cada municipio debe fijar el radio en torno de su éjido en donde no deben fumigarse. En verdad algunos lo han cumplido y otro no lo han hecho. Ahora hay varios proyectos en las cámaras donde se habla de distancias específicas". Esto ha derivado en que cada localidad tenga actitudes dispares: "algunos intendentes se pusieron muy fuertes y dijeron 'dentro de este sector no se puede fumigar'. Pero en lugares más chicos, donde el presidente de comuna se conoce con todos, le resulta difícil aplicar el radio, porque le pone un tope a este cultivo intensivo, como a la sociedad entre soja y glifosato. Esto no debería pasar, pero es una realidad", indica Mackler.
El Secretario de Medio Ambiente aclara que en rigor la autoridad de aplicación de la ley de fitosanitarios que rige entre otros los agroquímicos es el Ministerio de la Producción. "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en el cereal" aclara Mackler.
--¿Que defensa tiene hoy un ciudadano de esta provincia cuando alguien fumiga a escasos metros de su casa?
--La primera es la denuncia en la localidad, que nos deriva el problema a la provincia, y entonces acudimos a controlar para establecer si ese municipio tiene una demarcación clara de la zona de exclusión de fumigación. Y si no, lo que le queda a cualquier ciudadano, tal como pasó en San Jorge, es acudir a la justicia.
--¿Usted considera que se debe cambiar la ley para evitar la discrecionalidad en cada pueblo en delimitar la zona de exclusión de fumigación?
--Este es lo que estamos buscando con esta mesa de trabajo multidisciplinario. Además, los nuevos proyectos que están en la Lagislatura fijan criterios más severos para delimitar la zona, al igual que un mayor control de los aplicadores de los fitosanitarios, sobre todo de las fumigación aérea, así como el tratamiento de los envases de los agroquímicos.
--De acuerdo a los estudios que manejan ¿Qué consecuencias tiene el uso del glifosato sobe las personas y la naturaleza?.
--Lo que se puede decir es que no hay estudios que demuestren efectos negativos en el corto plazo del glifosato, en las dosis que deberían manejarse. Pero todas estas cuestiones deben tratarse con mucho cuidado, porque puede tener efectos negativos a largo plazo aunque sea en dosis bajas. No hay estudios, me remito a los dichos del especialista Raúl Montenegro.
--¿Se va a encarar algún estudio específico sobre el riesgo que corre la gente que está en contacto con el glifosato, aunque sea en dosis bajas, durante largos períodos de tiempo?
--No, la idea no es hacer un estudio epidemiológico. La mesa de trabajo multidisciplinaria trabaja con las leyes vigentes, para definir una estrategia, y al mismo tiempo atendemos los reclamos de los vecinos.
--¿Medio ambiente va realizar el suyo?
--Ya lo estamos haciendo: estamos realizando uno específico sobre el efecto del glifosato sobre los yacarés.
-- ¿Y sobre el impacto del glifosato sobre el medio ambiente?
--Es muy complejo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, se degrada muy rápido. Por eso no se encuentra en el agua o en el suelo. Y a raíz de ello intentamos medirlo en seres vivos.
Fecha de Publicación: 27/03/2009
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
El secretario del Area, César Mackler, afirmó que se debe prohibir la fumigación terrestre a menos de 150 metros de las viviendas, y la aérea a menos de 300. Apuntan a cambiar la normativa, que permite fijar el radio a los intendentes.
"Creo que no habría que fumigar a menos de 150 metros de cualquier viviendas en el caso de fumigaciones terrestres y a 300 metros cuando es aérea. Lo que ocurre es que la ley 11.273 no fija límites, los deja en manos de intendentes y presidentes comunales. Por eso vamos a intentar cambiar la ley". La definición corre por cuenta de César Mackler, secretario de Medio Ambiente provincial, quien desde hace siete meses participa en una mesa junto a las carteras de Trabajo, Salud y Producción para discutir el alcance de una nueva norma. Sin embargo, el funcionario advierte un límite claro, al indicar que "es justamente este modelo (que asocia soja con glifosato) el que de algún modo ha sacado adelante al país".
En diálogo con Rosario/12, Mackler recuerda que "la ley 11.273 indica que cada municipio debe fijar el radio en torno de su éjido en donde no deben fumigarse. En verdad algunos lo han cumplido y otro no lo han hecho. Ahora hay varios proyectos en las cámaras donde se habla de distancias específicas". Esto ha derivado en que cada localidad tenga actitudes dispares: "algunos intendentes se pusieron muy fuertes y dijeron 'dentro de este sector no se puede fumigar'. Pero en lugares más chicos, donde el presidente de comuna se conoce con todos, le resulta difícil aplicar el radio, porque le pone un tope a este cultivo intensivo, como a la sociedad entre soja y glifosato. Esto no debería pasar, pero es una realidad", indica Mackler.
El Secretario de Medio Ambiente aclara que en rigor la autoridad de aplicación de la ley de fitosanitarios que rige entre otros los agroquímicos es el Ministerio de la Producción. "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en el cereal" aclara Mackler.
--¿Que defensa tiene hoy un ciudadano de esta provincia cuando alguien fumiga a escasos metros de su casa?
--La primera es la denuncia en la localidad, que nos deriva el problema a la provincia, y entonces acudimos a controlar para establecer si ese municipio tiene una demarcación clara de la zona de exclusión de fumigación. Y si no, lo que le queda a cualquier ciudadano, tal como pasó en San Jorge, es acudir a la justicia.
--¿Usted considera que se debe cambiar la ley para evitar la discrecionalidad en cada pueblo en delimitar la zona de exclusión de fumigación?
--Este es lo que estamos buscando con esta mesa de trabajo multidisciplinario. Además, los nuevos proyectos que están en la Lagislatura fijan criterios más severos para delimitar la zona, al igual que un mayor control de los aplicadores de los fitosanitarios, sobre todo de las fumigación aérea, así como el tratamiento de los envases de los agroquímicos.
--De acuerdo a los estudios que manejan ¿Qué consecuencias tiene el uso del glifosato sobe las personas y la naturaleza?.
--Lo que se puede decir es que no hay estudios que demuestren efectos negativos en el corto plazo del glifosato, en las dosis que deberían manejarse. Pero todas estas cuestiones deben tratarse con mucho cuidado, porque puede tener efectos negativos a largo plazo aunque sea en dosis bajas. No hay estudios, me remito a los dichos del especialista Raúl Montenegro.
--¿Se va a encarar algún estudio específico sobre el riesgo que corre la gente que está en contacto con el glifosato, aunque sea en dosis bajas, durante largos períodos de tiempo?
--No, la idea no es hacer un estudio epidemiológico. La mesa de trabajo multidisciplinaria trabaja con las leyes vigentes, para definir una estrategia, y al mismo tiempo atendemos los reclamos de los vecinos.
--¿Medio ambiente va realizar el suyo?
--Ya lo estamos haciendo: estamos realizando uno específico sobre el efecto del glifosato sobre los yacarés.
-- ¿Y sobre el impacto del glifosato sobre el medio ambiente?
--Es muy complejo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, se degrada muy rápido. Por eso no se encuentra en el agua o en el suelo. Y a raíz de ello intentamos medirlo en seres vivos.
Jornadas sobre Derecho y Medio Ambiente
Comenzó la Jornada sobre Derecho y Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Fuente: ANB
Provincia/Región: Nacional
La vinculación del derecho y el medio ambiente comenzaron a ser analizadas en las primeras jornadas de derecho ambiental que se desarrollan en Bariloche organizadas por entidades ambientalistas.
“Brindamos una herramienta para pedir al Estado cuando desordena el equilibrio que tenemos. Existen acciones útiles para preservar el medio ambiente como el amparo colectivo o individual. Cada acción individual se logra para la protección de miles de personas”, explicó Augusto Zárate, referente del Colegio de Abogados de Rosario, quien disertará en las jornadas.
El evento se extenderá hasta el viernes con diversas charlas y exposiciones de juristas en el edificio de Tribunales de Bariloche.
Las charlas organizadas por las organizaciones de Vecinos en Defensa de Bahía Serena, autoconvocados por las costas libres y la asociación Arbol de Pié incluyen en el temario el análisis de la ley general de ambiente, los principios ambientales, las características más importantes de estos aspectos y la generación de “conciencia ambiental”.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la asociación de abogados ambientalistas del país, destacó la lucha de las organizaciones barilochenses y apuntó que en esta ciudad “se da en la práctica lo que vemos en los libros”.
El abogado disertará sobre el ordenamiento jurídico ante el nuevo derecho ambiental, el acceso, goce y uso de los bienes comunes y el entorno natural, entre otros ejes temáticos.
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Fuente: ANB
Provincia/Región: Nacional
La vinculación del derecho y el medio ambiente comenzaron a ser analizadas en las primeras jornadas de derecho ambiental que se desarrollan en Bariloche organizadas por entidades ambientalistas.
“Brindamos una herramienta para pedir al Estado cuando desordena el equilibrio que tenemos. Existen acciones útiles para preservar el medio ambiente como el amparo colectivo o individual. Cada acción individual se logra para la protección de miles de personas”, explicó Augusto Zárate, referente del Colegio de Abogados de Rosario, quien disertará en las jornadas.
El evento se extenderá hasta el viernes con diversas charlas y exposiciones de juristas en el edificio de Tribunales de Bariloche.
Las charlas organizadas por las organizaciones de Vecinos en Defensa de Bahía Serena, autoconvocados por las costas libres y la asociación Arbol de Pié incluyen en el temario el análisis de la ley general de ambiente, los principios ambientales, las características más importantes de estos aspectos y la generación de “conciencia ambiental”.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la asociación de abogados ambientalistas del país, destacó la lucha de las organizaciones barilochenses y apuntó que en esta ciudad “se da en la práctica lo que vemos en los libros”.
El abogado disertará sobre el ordenamiento jurídico ante el nuevo derecho ambiental, el acceso, goce y uso de los bienes comunes y el entorno natural, entre otros ejes temáticos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios