La política sobre el cambio climático
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Bibiloni: “Cada Nación debe aportar fondos según su responsabilidad en la emisión de gases”
Fecha de Publicación: 10/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, abogó hoy en Santiago de Chile por un mayor compromiso de los países desarrollados en la conformación de un Fondo Multilateral, que guarde relación con su responsabilidad en la generación y emisión de gases a la atmósfera.
Durante su intervención en el Foro denominado “Diálogo de América Latina y el Caribe sobre El Camino hacia Copenhague- la Negociación sobre Cambio Climático en el 2009” organizado por la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) y que se desarrolla hasta hoy en la capital transandina, el funcionario dijo que “el aporte de cada nación (al Fondo Multilateral) debe hacerse en función de su contribución y responsabilidad histórica en la emisión de gases de efecto invernadero”, agregó Bibiloni haciendo referencia a la necesidad de crear un Fondo Multilateral para la Tecnología del Clima (MCTF, por sus siglas en inglés), a instancias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), con “montos fijos, establecidos y negociados” provenientes de los países desarrollados.
De acuerdo a lo proyectado por la UNFCCC, se estima que para el 2050 las emisiones globales deberán reducirse en más de un 80%, una meta difícil de cumplir si los países con menos recursos no asumen ese compromiso de forma obligatoria, algo que hasta el momento sólo atañe a las naciones más ricas.
Por esta razón, Argentina considera prioritario que estos gobiernos tengan a su disposición los recursos necesarios para la elaboración de Planes de Acción para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático. Lo que permitiría “agilizar y facilitar las decisiones sobre el destino de la ayuda financiera y fortalecer la gobernabilidad de los países” enfatizó el titular de la cartera ambiental, durante el encuentro en el que participan los distintos representantes de Latinoamérica encargados de las negociaciones pendientes de resolución de cara a las Conferencia de las Partes a celebrarse en diciembre próximo en la capital de Dinamarca.
Estos fondos serán destinados a la transferencia de tecnología, a investigación y desarrollo, entrenamiento técnico, compra de derechos de propiedad intelectual y el pago de las inversiones incrementales que deberán hacer los gobiernos para acceder a estas herramientas.
Se trata de una iniciativa clave que fue propuesta por el G77 más China, del que Argentina es parte, durante la reunión de expertos celebrada en agosto último en la ciudad capital de Ghana, Acrra.
De acuerdo a un documento difundido durante la reunión por la CEPAL, cuanto “mejor preparados se encuentren los equipos económicos, menores serán las presiones imprevistas sobre el gasto y las pérdidas de recaudación” de los gobiernos regionales.
Transferencia de Tecnología
Otro punto de discusión, planteado por el G77 en Ghana, tiene que ver con la institución de un Órgano de la Convención sobre Transferencia de Tecnología. Es decir, que se encargue especialmente de coordinar políticas vinculadas al flujo de tecnología, tal como el desarrollo de ambientes adecuados para que los países receptores posean un marco institucional y normativo que facilite su implementación.
Sin embargo, desde el Plan de Acción de Bali, aprobado en el 2007 como hoja de ruta de las futuras negociaciones sobre este fenómeno a nivel internacional, nuestro país sostiene que “la discusión de los temas clave no debe darse por separado”, expresó el director de la Oficina de Cambio Climático de la SAyDS, Nazareno Castillo, durante el encuentro en Chile.
Es necesario que los cuatro ejes del debate, adaptación, mitigación, transferencia tecnológica y financiación “sean tratados en forma conjunta porque se implican mutuamente”, señaló Castillo.
En esta línea, explicó el especialista, el Órgano de la Convención sobre Transferencia de Tecnología no sólo debería encargarse de coordinar políticas sino también de “supervisar la financiación del dinero disponible para su adquisición”, ya sea proveniente del MCTF, a partir del acceso a créditos blandos, subsidios u otros mecanismos como el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio).
Por último, la posición local promueve la creación de Programas de Investigación + Desarrollo de carácter multilateral que sean regulados por la UNFCCC, de modo que los derechos de propiedad intelectual de los emprendimientos que surjan a partir de ellos, puedan ser compartidos por el resto de las delegaciones interesadas.
El “Diálogo de América Latina y el Caribe sobre El Camino hacia Copenhague- la Negociación sobre Cambio Climático en el 2009” está dirigido a los encargados de las negociaciones en los países latinoamericanos con el propósito de discutir los temas propuestos y los pendientes de resolución para la Conferencia de las Partes 14 (COP 14) en Copenhague en diciembre de 2009.
Fecha de Publicación: 10/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, abogó hoy en Santiago de Chile por un mayor compromiso de los países desarrollados en la conformación de un Fondo Multilateral, que guarde relación con su responsabilidad en la generación y emisión de gases a la atmósfera.
Durante su intervención en el Foro denominado “Diálogo de América Latina y el Caribe sobre El Camino hacia Copenhague- la Negociación sobre Cambio Climático en el 2009” organizado por la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) y que se desarrolla hasta hoy en la capital transandina, el funcionario dijo que “el aporte de cada nación (al Fondo Multilateral) debe hacerse en función de su contribución y responsabilidad histórica en la emisión de gases de efecto invernadero”, agregó Bibiloni haciendo referencia a la necesidad de crear un Fondo Multilateral para la Tecnología del Clima (MCTF, por sus siglas en inglés), a instancias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), con “montos fijos, establecidos y negociados” provenientes de los países desarrollados.
De acuerdo a lo proyectado por la UNFCCC, se estima que para el 2050 las emisiones globales deberán reducirse en más de un 80%, una meta difícil de cumplir si los países con menos recursos no asumen ese compromiso de forma obligatoria, algo que hasta el momento sólo atañe a las naciones más ricas.
Por esta razón, Argentina considera prioritario que estos gobiernos tengan a su disposición los recursos necesarios para la elaboración de Planes de Acción para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático. Lo que permitiría “agilizar y facilitar las decisiones sobre el destino de la ayuda financiera y fortalecer la gobernabilidad de los países” enfatizó el titular de la cartera ambiental, durante el encuentro en el que participan los distintos representantes de Latinoamérica encargados de las negociaciones pendientes de resolución de cara a las Conferencia de las Partes a celebrarse en diciembre próximo en la capital de Dinamarca.
Estos fondos serán destinados a la transferencia de tecnología, a investigación y desarrollo, entrenamiento técnico, compra de derechos de propiedad intelectual y el pago de las inversiones incrementales que deberán hacer los gobiernos para acceder a estas herramientas.
Se trata de una iniciativa clave que fue propuesta por el G77 más China, del que Argentina es parte, durante la reunión de expertos celebrada en agosto último en la ciudad capital de Ghana, Acrra.
De acuerdo a un documento difundido durante la reunión por la CEPAL, cuanto “mejor preparados se encuentren los equipos económicos, menores serán las presiones imprevistas sobre el gasto y las pérdidas de recaudación” de los gobiernos regionales.
Transferencia de Tecnología
Otro punto de discusión, planteado por el G77 en Ghana, tiene que ver con la institución de un Órgano de la Convención sobre Transferencia de Tecnología. Es decir, que se encargue especialmente de coordinar políticas vinculadas al flujo de tecnología, tal como el desarrollo de ambientes adecuados para que los países receptores posean un marco institucional y normativo que facilite su implementación.
Sin embargo, desde el Plan de Acción de Bali, aprobado en el 2007 como hoja de ruta de las futuras negociaciones sobre este fenómeno a nivel internacional, nuestro país sostiene que “la discusión de los temas clave no debe darse por separado”, expresó el director de la Oficina de Cambio Climático de la SAyDS, Nazareno Castillo, durante el encuentro en Chile.
Es necesario que los cuatro ejes del debate, adaptación, mitigación, transferencia tecnológica y financiación “sean tratados en forma conjunta porque se implican mutuamente”, señaló Castillo.
En esta línea, explicó el especialista, el Órgano de la Convención sobre Transferencia de Tecnología no sólo debería encargarse de coordinar políticas sino también de “supervisar la financiación del dinero disponible para su adquisición”, ya sea proveniente del MCTF, a partir del acceso a créditos blandos, subsidios u otros mecanismos como el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio).
Por último, la posición local promueve la creación de Programas de Investigación + Desarrollo de carácter multilateral que sean regulados por la UNFCCC, de modo que los derechos de propiedad intelectual de los emprendimientos que surjan a partir de ellos, puedan ser compartidos por el resto de las delegaciones interesadas.
El “Diálogo de América Latina y el Caribe sobre El Camino hacia Copenhague- la Negociación sobre Cambio Climático en el 2009” está dirigido a los encargados de las negociaciones en los países latinoamericanos con el propósito de discutir los temas propuestos y los pendientes de resolución para la Conferencia de las Partes 14 (COP 14) en Copenhague en diciembre de 2009.
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Bouwer: denuncian malformaciones
Bouwer: denuncian malformaciones en varios animales
Fecha de Publicación: 09/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La comuna de Bouwer y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunciaron ayer la existencia de animales con malformaciones en la zona, que adjudicaron a la contaminación proveniente del basural en el que Crese entierra los desechos de Córdoba.
Uno de los casos es el de Pelusa, una gata de tres meses que nació con alteraciones en los miembros: tiene sólo dos dedos en la pata derecha, y ninguno en la izquierda. Mónica Rescala, dueña del animal, dijo que consultó a los veterinarios y ellos descartaron un problema genético. “Cuando les dije dónde vivía me explicaron que seguramente la causa era la contaminación del basural”, señaló la vecina.
Mónica también tiene una yegua como mascota que es ciega y tiene convulsiones, por lo que debe darle un medicamento cada 12 horas. “Todos los animales sufren, las gallinas se mueren asfixiadas y a los conejos se les revientan los ojitos”, relató preocupada.
Juan Lupi, jefe comunal de Bouwer, indicó que hizo numerosos reclamos a la Municipalidad de Córdoba para que realice un estudio ambiental, pero nunca fue realizado. “Estamos dispuestos a dialogar con las autoridades de la Municipalidad y la Provincia”, señaló. “Pero el problema es que quien entierra la basura es el mismo que controla”, dijo.
Fecha de Publicación: 09/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La comuna de Bouwer y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunciaron ayer la existencia de animales con malformaciones en la zona, que adjudicaron a la contaminación proveniente del basural en el que Crese entierra los desechos de Córdoba.
Uno de los casos es el de Pelusa, una gata de tres meses que nació con alteraciones en los miembros: tiene sólo dos dedos en la pata derecha, y ninguno en la izquierda. Mónica Rescala, dueña del animal, dijo que consultó a los veterinarios y ellos descartaron un problema genético. “Cuando les dije dónde vivía me explicaron que seguramente la causa era la contaminación del basural”, señaló la vecina.
Mónica también tiene una yegua como mascota que es ciega y tiene convulsiones, por lo que debe darle un medicamento cada 12 horas. “Todos los animales sufren, las gallinas se mueren asfixiadas y a los conejos se les revientan los ojitos”, relató preocupada.
Juan Lupi, jefe comunal de Bouwer, indicó que hizo numerosos reclamos a la Municipalidad de Córdoba para que realice un estudio ambiental, pero nunca fue realizado. “Estamos dispuestos a dialogar con las autoridades de la Municipalidad y la Provincia”, señaló. “Pero el problema es que quien entierra la basura es el mismo que controla”, dijo.
Pese a Botnia, se descuida al río Uruguay
Pese a Botnia, Argentina descuida la contaminación del río Uruguay
Fecha de Publicación: 08/03/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Ningún organismo oficial tiene diagnósticos ni planes integrales para proteger o limpiar el río en todo su trayecto. Mientras, los agrotóxicos y residuos cloacales e industriales lo degradan día a día.
Los senderos de la política muchas veces son intrincados, y en ocasiones hasta inexplicables: aunque la defensa de un medio ambiente sano frente a Gualeguaychú fue el argumento oficial que disparó el intransigente conflicto con Uruguay por la instalación de la pastera Botnia en las costas de Fray Bentos, el gobierno argentino jamás trazó un plan nacional para preservar la calidad de las aguas del río Uruguay, y ni siquiera conoce cuáles son los agentes contaminantes que día a día las degradan a lo largo de toda su cuenca.
Planteada hace más de dos años, esta investigación tenía el objetivo de comprobar el verdadero interés oficial por la salud ambiental del río y su cuenca, recorriéndolo por completo para tomar muestras de agua y analizar su calidad: así podría verse cuán limpias y cuidadas estaban, qué otras amenazas contaminantes padecían y cuáles eran las acciones del gobierno para conjurarlas. Pero una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que atendió a este diario a cambio de mantener su nombre en reserva, desalentó la idea: "por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales cambios que provoca la contaminación. Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río".
Clarín quiso chequear este intrigante diagnóstico. Con colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles, y a través de pedidos de acceso a la información pública, consultó a media docena de organismos para saber si existía un relevamiento integral de empresas y explotaciones agroganaderas que pudieran contaminar el río, si existen políticas para revertir la contaminación actual y prevenir la futura, y si hay un diagnóstico y un plan para gestionar el río Uruguay en todo el tramo argentino.
Las respuestas fueron casi calcadas. Ni la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios "para determinar si hay contaminación en el río Uruguay" por "no ser de su competencia", ni tampoco "se han formulado políticas" al respecto, "ni existe plan ni diagnóstico" sobre la salud ambiental del río. La Prefectura Naval Argentina, que según la ley 18.398 "debe verificar el cumplimiento de las normas que prohíben la contaminación de aguas fluviales", primero negó tener datos sobre el río Uruguay, y ante la insistencia de Clarín admitió que hace "los correspondientes relevamientos", pero "por el momento la información no está sistematizada de tal forma que pueda ser útil para dar a difusión". Qué lástima. Aunque suene increíble, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos dice que "no poseemos datos sobre los estudios del estado del río Uruguay", ni sobre las explotaciones agropecuarias locales.
Varios de estos organismos oficiales descargaron su responsabilidad en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el ente binacional señalado por todos como dueño de algunos de los datos que se buscaban. Pero el secretario técnico de esa comisión se excusó de dar información "atento a las instrucciones recibidas por ambos gobiernos", y sugirió canalizar el pedido a través de la Cancillería. Pasaron los meses, y la nueva solicitud de Clarín volvió a llegar hasta la CARU. Esta vez la respondió el presidente de la delegación argentina, el embajador Hernán Orduna. ¿Para brindar información? No, para negarla. "Se trata de temas de carácter reservado", dice el embajador, amparándose en la resolución 817/2006 del canciller Taiana. ¿Un detalle? Esa Comisión binacional sólo entiende en el tramo del río que comparten Argentina y Uruguay, unos 508 kilómetros, y ni siquiera tiene poder de policía para intervenir ante hechos de contaminación. Todas las respuestas oficiales pueden leerse en clarín.com.
El ingeniero Marcelo Gaviño Novillo coordina el Programa Regional de Ecohidrología de UNESCO para América Latina, y sacude la cabeza ante Clarín: "El principal problema de nuestros ríos es la gobernabilidad: nadie sabe qué pasa, dónde están los principales problemas y cómo organizar una respuesta a ellos. Y en cuencas olvidadas como la del río Uruguay -una de las menos analizadas del Mercosur- tenemos desastres silenciosos desarrollados en pequeñas cuotas mensuales, de los que nadie se ocupa. Desde el siglo XIX, el Uruguay siempre fue visto como un eje fluvial y no como un sistema vivo." Gaviño Novillo es uno de los tres autores que hace nueve años redactaron el exhaustivo "Informe sobre la gestión del agua en la Argentina", cuyas apreciaciones eran lapidarias: no existe una legislación nacional de aguas, y la que hay se incumple en forma generalizada; no hay metas de calidad de agua ni información integral de los recursos hídricos; varios organismos manejan estaciones de medición de calidad sin ninguna organización, que producen datos dispares y que se guardan en distintos lugares. Para sintetizar, el trabajo suelta una advertencia: "el Estado perdió capacidad de orientar estratégicamente los procesos de decisión del desarrollo hídrico". "Y en casi una década no cambió nada", se lamenta el ingeniero.
Indefenso, silente, el río Uruguay permanece en el olvido oficial. Es de todos y de nadie. Viven de él, lo disfrutan, lo contaminan, lo padecen y lo explotan su más de millón y medio de vecinos, tres países, once provincias, noventa y siete municipios, decenas de organizaciones civiles y asambleas populares, cientos de pequeñas empresas, miles de pequeños productores rurales, pescadores, navegantes y turistas. Su preservación y eventual restauración de los daños ambientales cometidos casi no fueron tenidas en cuenta hasta ahora por los organismos oficiales "administradores".
Uno de estos entes es la CARU, creada por los gobiernos de Argentina y Uruguay en 1975 para "institucionalizar un sistema de administración global del río en el tramo que comparten", es decir sólo del tercio inferior del total de su cuenca. Recién en 1987 creó un "Programa de Calidad de Aguas y Control de la Contaminación del Río Uruguay" (PROCON), para "conocer la calidad actual de las aguas del río" y "permitir analizar en el futuro los cambios que pudiera sufrir". "Pero aunque hay otros estudios y mediciones parciales, el PROCON dejó de existir hace unos cinco años, y es gravísimo", se lamenta Ricardo Artusi, ex integrante de la subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental de la CARU y diputado provincial de Entre Ríos por la UCR. Aunque defiende el rol de la Comisión, Artusi admite que su programa de control de efluentes industriales era de adhesión voluntaria por parte de las empresas, y dice que "falta evaluar con más exactitud el impacto tremendo de los líquidos cloacales que la mayoría de las ciudades ribereñas vuelca crudos al río, así como medir con más precisión la influencia negativa del uso de agroquímicos en la calidad del agua". Nada menos.
Ese desinterés también se refleja en el casi nulo trabajo de las organizaciones no gubernamentales sobre el río. Un alto ejecutivo mundial de Greenpeace admitió ante Clarín que "nadie financia estudios ni acciones sobre el río Uruguay. En Sudamérica los ríos taquilleros son el Paraná y el Amazonas, para el resto no hay plata".
Pero algo se hace. O se intenta. En octubre de 2002, cuando la polémica por la futura instalación de las pasteras Botnia y Ence cerca de Fray Bentos apenas comenzaba a insinuarse, los municipios uruguayos y argentinos adyacentes al río junto con la CARU firmaron un "Plan de protección ambiental del río Uruguay". Un análisis del proyecto, sin embargo, revela que entre las acciones previstas había algunas alarmantemente obvias ("desarrollar un inventario de descargas líquidas puntuales al río", "exigir el tratamiento de los efluentes líquidos volcados al río") y otras bastante singulares, como formar grupos de voluntarios con estudiantes secundarios que tomen muestras mensuales de agua "para la medición de pocos parámetros" que junto con otros "permitan calcular un índice de calidad" y "en base a esos resultados establecer orígenes probables de contaminación". Con otro grupo de voluntarios se pretendía relevar "los fertilizantes y biocidas utilizados en toda el área", y para prevenir los efectos contaminantes de la represa de Salto Grande se buscaba "impulsar el cumplimiento de las regulaciones existentes". Suena al menos un poco amateur.
Otra institución que se ocupa de la salud del río -en el mismo tramo en que trabaja la CARU- es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), otro organismo oficial binacional creado en 1946 para administrar la represa operada desde 1979 sobre el río, y unas 500 hectáreas de tierra circundante. La Comisión comenzó un estudio de impacto ambiental de la represa en 1978 y lo terminó en 1983. Recién entonces se delineó el Programa de Vigilancia Ambiental Permanente, a cargo del departamento Ecología de la comisión. "La explotación actual de la cuenca y su escasa protección ambiental ha obligado a la CTM a implementar una vigilancia intensa de la calidad de agua del embalse, localizada en dos aspectos fundamentales: la presencia de agroquímicos y metales pesados; y el aumento creciente del impacto urbano y turístico". Aquí aparecen, al fin, dos de los agentes contaminantes más nocivos sobre las aguas del río (ver infografía). La Comisión Técnica Mixta monitorea las aguas, vigila los efluentes vertidos por la represa, evalúa la reproducción de peces y controla la fauna y cría ejemplares de algunas especies en extinción. No hay obligaciones legales para restaurar los ecosistemas dañados, ni para relevar, controlar y denunciar los nuevos focos contaminantes. ¿Suena muy exigente? Sin embargo se hace. Y en el mismo río Uruguay. Pero muchos kilómetros al norte, en las dos represas hidroeléctricas que funcionan en Brasil.
Junto con los indudables beneficios que las represas hidroeléctricas aportan para mitigar el creciente déficit energético que enfrentan las economías en desarrollo, sus diques suponen una fuerte intervención en el ecosistema de los ríos, que sólo en los últimos años comenzó a ser tenida en cuenta por los gobiernos. Además de implicar el desplazamiento de los habitantes de la zona inundada por el embalse, los ambientalistas las señalan como aceleradoras del cambio climático, porque la descomposición de la tierra y vegetación inundada por el embalse y los desechos provenientes de la cuenca alta emiten grandes cantidades de gases del efecto invernadero.
Salto Grande no es la única represa construida sobre el río Uruguay: en el tramo brasileño funcionan las usinas de Itá y Machadinho (ver infografía de la página 32), y en los próximos seis años serán construidas otras tres. Dos de ellas, Garabí y Santa María, fueron avaladas por Cristina Kirchner y Lula Da Silva en septiembre pasado, y se realizarán junto a Brasil frente a la ciudad correntina de Garruchos. Aunque aún no se conoce el plan ambiental bajo el cual se gestionarán las obras, varios grupos ambientalistas argentinos y brasileños ya comenzaron a movilizarse para resistirlas. Otra represa que será inaugurada en agosto de 2010 es Foz de Chapecó, a unos 60 kilómetros al este de la frontera con Misiones. Aunque semi abandonado, Argentina mantiene en carpeta el embalse de Pepeají o "Salto Chico", aguas abajo de Salto Grande, y sigue adelante con los proyectos binacionales de Roncador -al sur de los bellísimos y misioneros Saltos del Moconá- y San Pedro, en el sur correntino. En el tramo brasileño del Uruguay ya comenzaron los estudios para la represa de Itapiranga (casi en el límite con Argentina) y hay planes de levantar otras 20 usinas sobre el río y sus afluentes. El impacto final de las obras enérgeticas que terminen llevándose a cabo dependerá del espacio que la nueva agenda ambiental encuentre entre sus ingenieros y líderess políticos.
Las represas acentúan otro factor de contaminación que según distintas fuentes es el más nocivo para el río Uruguay: la constante lluvia sobre sus aguas o filtración a través de los acuíferos subterráneos de enormes cantidades de agrotóxicos utilizados para la agricultura. ¿Cómo actúan sobre el río? El nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio que contienen los fertilizantes, herbicidas y pesticidas nutren las aguas de una excesiva cantidad de nitratos. La luz del sol se combina con esos elementos químicos y provoca la aparición de algas, que muchas veces se ven flotando a la deriva o amontonadas en los recodos de la costa. Como en Argentina el Uruguay es un río de llanura -su flujo es casi nulo en el tramo inferior, y cuando hay sudestadas la corriente asciende en lugar de bajar-, la luz solar penetra en el agua hasta zonas bien profundas, acelerando y multiplicando este proceso llamado eutrofización. Las algas, a su vez, van quitando luz al río, impidiendo la fotosíntesis y matando la vida por falta de oxígeno.
El mes pasado, una mancha oscura que se extendió sobre la superficie del río cerca de la planta de Botnia multiplicó los temores y las denuncias de contaminación, hasta que los gobiernos argentino y uruguayo le quitaron importancia al evento: "sólo son algas". Pero hace un año, el 28 de enero de 2008, la CARU difundió un alerta en toda la zona adyacente al lago de la represa Salto Grande: "Si hay algas verdes azuladas hay que tomar algunas precauciones debido a que producen toxinas que causan problemas en la salud", se avisaba. "Si en el agua se ve como yerba dispersa, eso significa que puede bañarse en el río, pero debe lavarse después con agua limpia. Si se ve una masa pastosa verde oscura o amarronada, se recomienda no bañarse." El texto también aclaraba que se había capacitado a los hospitales de la zona para "monitorear las consultas médicas de casos de dermatitis o intoxicaciones que pudieran corresponder a las toxinas de las algas".
Otro esfuerzo aislado por detectar y mensurar la contaminación del río corresponde al Grupo de Estudio Contaminación del Río Uruguay, un equipo de científicos de la facultad regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, que en los últimos diez años desarrolló distintos proyectos para conocer la calidad de las aguas del río, establecer modelos matemáticos sobre su contaminación y conocer la magnitud del efecto de la contaminación del Uruguay por las descargas cloacales e industriales en el entorno de las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Su director, Julio Cardini, explica que "el agua es en general apta para la vida acuática, pero en varios sitios de la cuenca baja hay restricciones para bañarse. La contaminación cloacal es muy fuerte en las playas de Colón y Concepción del Uruguay, donde se suman las descargas de esas ciudades con las de Concordia y la uruguaya Salto. En Colón registramos coliformes fecales con valores hasta cinco veces más altos del tope que fija la CARU. Gualeguaychú, que tenía graves problemas, pudo mejorar bastante." ¿Otra buena? "En los últimos años progresó mucho el control de las industrias en Entre Ríos."
Además de contaminar, la suciedad cloacal ofrece una paradoja: es causada por los mismos vecinos que la padecen, y que muchas veces reclaman en las asambleas otras acciones ambientales.
A Juan Martín "Cucho" Rivas las palabras se le caen en ráfagas, entrecortadas por risitas nerviosas que acrecientan su simpatía. Junto con su hermano Andrés y su amigo Hermann Feldkamp, hace tres años recorrió durante setenta días toda la cuenca del Uruguay en canoa, para registrar sus amenazas."Sentimos que el río está al límite, casi condenado a muerte", susurra Cucho. "Son muy pocos los lugares en los que está en estado puro y natural, en la zona de los saltos del Moconá, en Misiones, cuando el río entra en la Argentina. También entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Todo el resto está modificado por el hombre, y eso genera mucha preocupación y nos instala una gran pregunta para el futuro." La expedición se llamó "El agua manda", y terminó en Puerto Madero con la firma de una carta para el entonces presidente Néstor Kirchner. "Hemos visto con gran preocupación cómo la actividad humana pone en riesgo al río, fuente de vida y biodiversidad. No podemos permitir que esto continúe así", dice el texto. "Rogamos tenga en cuenta nuestro urgente y desesperado pedido, que es el pedido también de los futuros habitantes de la Tierra", concluye la carta. Nunca tuvo respuesta.
Fecha de Publicación: 08/03/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Ningún organismo oficial tiene diagnósticos ni planes integrales para proteger o limpiar el río en todo su trayecto. Mientras, los agrotóxicos y residuos cloacales e industriales lo degradan día a día.
Los senderos de la política muchas veces son intrincados, y en ocasiones hasta inexplicables: aunque la defensa de un medio ambiente sano frente a Gualeguaychú fue el argumento oficial que disparó el intransigente conflicto con Uruguay por la instalación de la pastera Botnia en las costas de Fray Bentos, el gobierno argentino jamás trazó un plan nacional para preservar la calidad de las aguas del río Uruguay, y ni siquiera conoce cuáles son los agentes contaminantes que día a día las degradan a lo largo de toda su cuenca.
Planteada hace más de dos años, esta investigación tenía el objetivo de comprobar el verdadero interés oficial por la salud ambiental del río y su cuenca, recorriéndolo por completo para tomar muestras de agua y analizar su calidad: así podría verse cuán limpias y cuidadas estaban, qué otras amenazas contaminantes padecían y cuáles eran las acciones del gobierno para conjurarlas. Pero una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que atendió a este diario a cambio de mantener su nombre en reserva, desalentó la idea: "por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales cambios que provoca la contaminación. Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río".
Clarín quiso chequear este intrigante diagnóstico. Con colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles, y a través de pedidos de acceso a la información pública, consultó a media docena de organismos para saber si existía un relevamiento integral de empresas y explotaciones agroganaderas que pudieran contaminar el río, si existen políticas para revertir la contaminación actual y prevenir la futura, y si hay un diagnóstico y un plan para gestionar el río Uruguay en todo el tramo argentino.
Las respuestas fueron casi calcadas. Ni la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios "para determinar si hay contaminación en el río Uruguay" por "no ser de su competencia", ni tampoco "se han formulado políticas" al respecto, "ni existe plan ni diagnóstico" sobre la salud ambiental del río. La Prefectura Naval Argentina, que según la ley 18.398 "debe verificar el cumplimiento de las normas que prohíben la contaminación de aguas fluviales", primero negó tener datos sobre el río Uruguay, y ante la insistencia de Clarín admitió que hace "los correspondientes relevamientos", pero "por el momento la información no está sistematizada de tal forma que pueda ser útil para dar a difusión". Qué lástima. Aunque suene increíble, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos dice que "no poseemos datos sobre los estudios del estado del río Uruguay", ni sobre las explotaciones agropecuarias locales.
Varios de estos organismos oficiales descargaron su responsabilidad en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el ente binacional señalado por todos como dueño de algunos de los datos que se buscaban. Pero el secretario técnico de esa comisión se excusó de dar información "atento a las instrucciones recibidas por ambos gobiernos", y sugirió canalizar el pedido a través de la Cancillería. Pasaron los meses, y la nueva solicitud de Clarín volvió a llegar hasta la CARU. Esta vez la respondió el presidente de la delegación argentina, el embajador Hernán Orduna. ¿Para brindar información? No, para negarla. "Se trata de temas de carácter reservado", dice el embajador, amparándose en la resolución 817/2006 del canciller Taiana. ¿Un detalle? Esa Comisión binacional sólo entiende en el tramo del río que comparten Argentina y Uruguay, unos 508 kilómetros, y ni siquiera tiene poder de policía para intervenir ante hechos de contaminación. Todas las respuestas oficiales pueden leerse en clarín.com.
El ingeniero Marcelo Gaviño Novillo coordina el Programa Regional de Ecohidrología de UNESCO para América Latina, y sacude la cabeza ante Clarín: "El principal problema de nuestros ríos es la gobernabilidad: nadie sabe qué pasa, dónde están los principales problemas y cómo organizar una respuesta a ellos. Y en cuencas olvidadas como la del río Uruguay -una de las menos analizadas del Mercosur- tenemos desastres silenciosos desarrollados en pequeñas cuotas mensuales, de los que nadie se ocupa. Desde el siglo XIX, el Uruguay siempre fue visto como un eje fluvial y no como un sistema vivo." Gaviño Novillo es uno de los tres autores que hace nueve años redactaron el exhaustivo "Informe sobre la gestión del agua en la Argentina", cuyas apreciaciones eran lapidarias: no existe una legislación nacional de aguas, y la que hay se incumple en forma generalizada; no hay metas de calidad de agua ni información integral de los recursos hídricos; varios organismos manejan estaciones de medición de calidad sin ninguna organización, que producen datos dispares y que se guardan en distintos lugares. Para sintetizar, el trabajo suelta una advertencia: "el Estado perdió capacidad de orientar estratégicamente los procesos de decisión del desarrollo hídrico". "Y en casi una década no cambió nada", se lamenta el ingeniero.
Indefenso, silente, el río Uruguay permanece en el olvido oficial. Es de todos y de nadie. Viven de él, lo disfrutan, lo contaminan, lo padecen y lo explotan su más de millón y medio de vecinos, tres países, once provincias, noventa y siete municipios, decenas de organizaciones civiles y asambleas populares, cientos de pequeñas empresas, miles de pequeños productores rurales, pescadores, navegantes y turistas. Su preservación y eventual restauración de los daños ambientales cometidos casi no fueron tenidas en cuenta hasta ahora por los organismos oficiales "administradores".
Uno de estos entes es la CARU, creada por los gobiernos de Argentina y Uruguay en 1975 para "institucionalizar un sistema de administración global del río en el tramo que comparten", es decir sólo del tercio inferior del total de su cuenca. Recién en 1987 creó un "Programa de Calidad de Aguas y Control de la Contaminación del Río Uruguay" (PROCON), para "conocer la calidad actual de las aguas del río" y "permitir analizar en el futuro los cambios que pudiera sufrir". "Pero aunque hay otros estudios y mediciones parciales, el PROCON dejó de existir hace unos cinco años, y es gravísimo", se lamenta Ricardo Artusi, ex integrante de la subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental de la CARU y diputado provincial de Entre Ríos por la UCR. Aunque defiende el rol de la Comisión, Artusi admite que su programa de control de efluentes industriales era de adhesión voluntaria por parte de las empresas, y dice que "falta evaluar con más exactitud el impacto tremendo de los líquidos cloacales que la mayoría de las ciudades ribereñas vuelca crudos al río, así como medir con más precisión la influencia negativa del uso de agroquímicos en la calidad del agua". Nada menos.
Ese desinterés también se refleja en el casi nulo trabajo de las organizaciones no gubernamentales sobre el río. Un alto ejecutivo mundial de Greenpeace admitió ante Clarín que "nadie financia estudios ni acciones sobre el río Uruguay. En Sudamérica los ríos taquilleros son el Paraná y el Amazonas, para el resto no hay plata".
Pero algo se hace. O se intenta. En octubre de 2002, cuando la polémica por la futura instalación de las pasteras Botnia y Ence cerca de Fray Bentos apenas comenzaba a insinuarse, los municipios uruguayos y argentinos adyacentes al río junto con la CARU firmaron un "Plan de protección ambiental del río Uruguay". Un análisis del proyecto, sin embargo, revela que entre las acciones previstas había algunas alarmantemente obvias ("desarrollar un inventario de descargas líquidas puntuales al río", "exigir el tratamiento de los efluentes líquidos volcados al río") y otras bastante singulares, como formar grupos de voluntarios con estudiantes secundarios que tomen muestras mensuales de agua "para la medición de pocos parámetros" que junto con otros "permitan calcular un índice de calidad" y "en base a esos resultados establecer orígenes probables de contaminación". Con otro grupo de voluntarios se pretendía relevar "los fertilizantes y biocidas utilizados en toda el área", y para prevenir los efectos contaminantes de la represa de Salto Grande se buscaba "impulsar el cumplimiento de las regulaciones existentes". Suena al menos un poco amateur.
Otra institución que se ocupa de la salud del río -en el mismo tramo en que trabaja la CARU- es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), otro organismo oficial binacional creado en 1946 para administrar la represa operada desde 1979 sobre el río, y unas 500 hectáreas de tierra circundante. La Comisión comenzó un estudio de impacto ambiental de la represa en 1978 y lo terminó en 1983. Recién entonces se delineó el Programa de Vigilancia Ambiental Permanente, a cargo del departamento Ecología de la comisión. "La explotación actual de la cuenca y su escasa protección ambiental ha obligado a la CTM a implementar una vigilancia intensa de la calidad de agua del embalse, localizada en dos aspectos fundamentales: la presencia de agroquímicos y metales pesados; y el aumento creciente del impacto urbano y turístico". Aquí aparecen, al fin, dos de los agentes contaminantes más nocivos sobre las aguas del río (ver infografía). La Comisión Técnica Mixta monitorea las aguas, vigila los efluentes vertidos por la represa, evalúa la reproducción de peces y controla la fauna y cría ejemplares de algunas especies en extinción. No hay obligaciones legales para restaurar los ecosistemas dañados, ni para relevar, controlar y denunciar los nuevos focos contaminantes. ¿Suena muy exigente? Sin embargo se hace. Y en el mismo río Uruguay. Pero muchos kilómetros al norte, en las dos represas hidroeléctricas que funcionan en Brasil.
Junto con los indudables beneficios que las represas hidroeléctricas aportan para mitigar el creciente déficit energético que enfrentan las economías en desarrollo, sus diques suponen una fuerte intervención en el ecosistema de los ríos, que sólo en los últimos años comenzó a ser tenida en cuenta por los gobiernos. Además de implicar el desplazamiento de los habitantes de la zona inundada por el embalse, los ambientalistas las señalan como aceleradoras del cambio climático, porque la descomposición de la tierra y vegetación inundada por el embalse y los desechos provenientes de la cuenca alta emiten grandes cantidades de gases del efecto invernadero.
Salto Grande no es la única represa construida sobre el río Uruguay: en el tramo brasileño funcionan las usinas de Itá y Machadinho (ver infografía de la página 32), y en los próximos seis años serán construidas otras tres. Dos de ellas, Garabí y Santa María, fueron avaladas por Cristina Kirchner y Lula Da Silva en septiembre pasado, y se realizarán junto a Brasil frente a la ciudad correntina de Garruchos. Aunque aún no se conoce el plan ambiental bajo el cual se gestionarán las obras, varios grupos ambientalistas argentinos y brasileños ya comenzaron a movilizarse para resistirlas. Otra represa que será inaugurada en agosto de 2010 es Foz de Chapecó, a unos 60 kilómetros al este de la frontera con Misiones. Aunque semi abandonado, Argentina mantiene en carpeta el embalse de Pepeají o "Salto Chico", aguas abajo de Salto Grande, y sigue adelante con los proyectos binacionales de Roncador -al sur de los bellísimos y misioneros Saltos del Moconá- y San Pedro, en el sur correntino. En el tramo brasileño del Uruguay ya comenzaron los estudios para la represa de Itapiranga (casi en el límite con Argentina) y hay planes de levantar otras 20 usinas sobre el río y sus afluentes. El impacto final de las obras enérgeticas que terminen llevándose a cabo dependerá del espacio que la nueva agenda ambiental encuentre entre sus ingenieros y líderess políticos.
Las represas acentúan otro factor de contaminación que según distintas fuentes es el más nocivo para el río Uruguay: la constante lluvia sobre sus aguas o filtración a través de los acuíferos subterráneos de enormes cantidades de agrotóxicos utilizados para la agricultura. ¿Cómo actúan sobre el río? El nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio que contienen los fertilizantes, herbicidas y pesticidas nutren las aguas de una excesiva cantidad de nitratos. La luz del sol se combina con esos elementos químicos y provoca la aparición de algas, que muchas veces se ven flotando a la deriva o amontonadas en los recodos de la costa. Como en Argentina el Uruguay es un río de llanura -su flujo es casi nulo en el tramo inferior, y cuando hay sudestadas la corriente asciende en lugar de bajar-, la luz solar penetra en el agua hasta zonas bien profundas, acelerando y multiplicando este proceso llamado eutrofización. Las algas, a su vez, van quitando luz al río, impidiendo la fotosíntesis y matando la vida por falta de oxígeno.
El mes pasado, una mancha oscura que se extendió sobre la superficie del río cerca de la planta de Botnia multiplicó los temores y las denuncias de contaminación, hasta que los gobiernos argentino y uruguayo le quitaron importancia al evento: "sólo son algas". Pero hace un año, el 28 de enero de 2008, la CARU difundió un alerta en toda la zona adyacente al lago de la represa Salto Grande: "Si hay algas verdes azuladas hay que tomar algunas precauciones debido a que producen toxinas que causan problemas en la salud", se avisaba. "Si en el agua se ve como yerba dispersa, eso significa que puede bañarse en el río, pero debe lavarse después con agua limpia. Si se ve una masa pastosa verde oscura o amarronada, se recomienda no bañarse." El texto también aclaraba que se había capacitado a los hospitales de la zona para "monitorear las consultas médicas de casos de dermatitis o intoxicaciones que pudieran corresponder a las toxinas de las algas".
Otro esfuerzo aislado por detectar y mensurar la contaminación del río corresponde al Grupo de Estudio Contaminación del Río Uruguay, un equipo de científicos de la facultad regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, que en los últimos diez años desarrolló distintos proyectos para conocer la calidad de las aguas del río, establecer modelos matemáticos sobre su contaminación y conocer la magnitud del efecto de la contaminación del Uruguay por las descargas cloacales e industriales en el entorno de las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Su director, Julio Cardini, explica que "el agua es en general apta para la vida acuática, pero en varios sitios de la cuenca baja hay restricciones para bañarse. La contaminación cloacal es muy fuerte en las playas de Colón y Concepción del Uruguay, donde se suman las descargas de esas ciudades con las de Concordia y la uruguaya Salto. En Colón registramos coliformes fecales con valores hasta cinco veces más altos del tope que fija la CARU. Gualeguaychú, que tenía graves problemas, pudo mejorar bastante." ¿Otra buena? "En los últimos años progresó mucho el control de las industrias en Entre Ríos."
Además de contaminar, la suciedad cloacal ofrece una paradoja: es causada por los mismos vecinos que la padecen, y que muchas veces reclaman en las asambleas otras acciones ambientales.
A Juan Martín "Cucho" Rivas las palabras se le caen en ráfagas, entrecortadas por risitas nerviosas que acrecientan su simpatía. Junto con su hermano Andrés y su amigo Hermann Feldkamp, hace tres años recorrió durante setenta días toda la cuenca del Uruguay en canoa, para registrar sus amenazas."Sentimos que el río está al límite, casi condenado a muerte", susurra Cucho. "Son muy pocos los lugares en los que está en estado puro y natural, en la zona de los saltos del Moconá, en Misiones, cuando el río entra en la Argentina. También entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Todo el resto está modificado por el hombre, y eso genera mucha preocupación y nos instala una gran pregunta para el futuro." La expedición se llamó "El agua manda", y terminó en Puerto Madero con la firma de una carta para el entonces presidente Néstor Kirchner. "Hemos visto con gran preocupación cómo la actividad humana pone en riesgo al río, fuente de vida y biodiversidad. No podemos permitir que esto continúe así", dice el texto. "Rogamos tenga en cuenta nuestro urgente y desesperado pedido, que es el pedido también de los futuros habitantes de la Tierra", concluye la carta. Nunca tuvo respuesta.
Basura bajo la alfombra
Basura bajo la alfombra
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Buenos Aires
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sólo dedicó tres párrafos a los temas ambientales en su último discurso de inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. Noticias Urbanas consultó a varios especialistas que dieron su parecer sobre la actual política ambiental del Gobierno de la Ciudad.
Fue un discurso corto de aproximadamente 25 minutos, donde las menciones a los temas de higiene urbana ocuparon apenas tres párrafos. Sólo eso les dedicó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la inauguración del período de sesiones ordinarias 2009, en la Legislatura porteña.
Como era de esperarse, las ONG ecologistas no tardaron en responder. Consultada por Noticias Urbanas, Eugenia Testa, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, acusó a Mauricio Macri y a aus ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, no sólo de "desestimar el alcance de la Ley 1.854 (Ley de Basura Cero)" sino que "yendo un paso más allá, han sentenciado el fracaso de la norma que apenas había sido puesta en marcha cinco meses antes del cambio de gestión: Macri culpó a los vecinos y a las organizaciones no gubernamentales de dicho fracaso", manifestó Testa.
A renglón seguido, la representante de Greenpeace se refirió a las informaciones que se conocieron en los últimos días, acerca de la prórroga de los contratos actuales para el servicio de higiene urbana: "El proyecto de pliegos que impulsa el oficialismo en la Legislatura está abiertamente en contra de la legislación vigente, ya que intenta perpetuar por 10 años un sistema que premia económicamente la generación y el enterramiento masivo de basura en rellenos de la Provincia (NdR: a diferencia del sistema actual, el Estado pagará por tonelada de basura recogida en lugar de hacerlo por zona limpia). La decisión de extender los contratos, en cambio, lo obliga a cumplir con la ley de Basura Cero".
El anuncio de la prórroga de los contratos no fue realizado en el discurso de Macri, pero allí se resaltó la continuidad del sistema de limpieza nocturna.
Sebastián Vázquez, secretario de la Fundación Ambiente y Sociedad, afirmó que "dar como un logro que se sigue con el sistema de limpieza nocturna (aquel sistema que permite que a partir de la 1 de la mañana quede "todo limpio") como un nuevo concepto de higiene urbana puede sonar bien en campaña electoral y es preocupante, por las personas que no conocen que desde hace varios años este sistema está implementado".
Luego continuaron las menciones a "la continuidad de la contenerización y de la campaña oficial Jugá limpio". Es que el Jefe de Gobierno, en su discurso, afirmó: "Vamos a darle mayor impulso a la contenerización, por eso abarcaremos un 60 por ciento de la Ciudad antes de fin de año. También construiremos una planta de áridos, dejando de enterrar un 10 por ciento del total de la basura. Profundizamos de esta manera, el cumplimiento de la Ley de Basura Cero". Ante la consulta de este semanario, Jorge Amar, periodista y profesor del Instituto Superior Octubre del SUTERH, afirmó que "sobre la planta de áridos que se propone, habría que ver cómo es una planta para tratar los escombros, pero esto sí significa un cambio, ya que la gestión actual venía afirmando que esta disminución la realizaba cuando tiraba esos escombros al río. Pero esta ambigüedad, en realidad, no sería el problema más preocupante si no fuera porque subestima nuestra inteligencia al afirmar que con esto se cumple con la Ley Basura Cero: poniendo los residuos áridos en el mismo nivel que los húmedos y secos".
"Las cifras de enterramiento de basura de la CEAMSE durante el 2008 dan cuenta que lo que le falta a Buenos Aires es una correcta gestión de residuos: va a estar bueno Buenos Aires si repasan la letra de la Ley de Basura Cero y empiezan a cumplirla", añadió Eugenia Testa sobre el mismo tema.
Párrafo aparte fue la referencia del jefe comunal en su última mención sobre temas de higiene urbana, cuando afirmó que trabaja con un grupo de recuperadores urbanos. "Con el objetivo de colaborar en esta tarea estamos incorporando al servicio de limpieza más de 2.000 recuperadores urbanos, para poder hacer realidad el desafío de la inclusión social y laboral de los cartoneros", concluyó.
Dado que el tema lo ameritaba, Noticias Urbanas consultó a varios referentes de cooperativas de cartoneros de la Ciudad. Según señaló Valentín Herrera, presidente de la Cooperativa Reciclando Sueños, "el impulso a la ‘contenerización’ mencionado deberíamos incorporarlo a los anuncios repetitivos, ya que no es ni más ni menos que el cumplimiento de los objetivos que surgen de las renegociaciones de los pliegos del año 2006, pero lo grave es que, a diferencia de lo propuesto en esa oportunidad, lo que se promueve ahora es sacar los contenedores que servían para diferenciar residuos secos y húmedos, que favorecían el trabajo de los cartoneros".
Jorge Olmedo, de la cooperativa Del Oeste, también se refirió a este tema diciendo "que nada dijo Macri de la caída de los precios de los materiales que ha hecho disminuir la cantidad de recuperadores urbanos que trabajan en las calles".
Consultado Oscar Bustos, cartonero y presidente de la cooperativa "El Trébol" del Barrio Riestra e integrante del MOCAR, afirmó que "no se conocen ni los presupuestos ni cuánto va a durar en el tiempo lo propuesto, que habría tenido transparencia si se hubiera incluido en el proyecto de pliego de licitación presentado en la Legislatura".
Para el sociólogo Roberto Felicetti, especialista en materia ambiental, "este discurso es típico de la mayoría de las expresiones políticas que tienden a presentarse en sus recursos discursivos como si antes de ellas no hubiera habido nada y se hicieran presentes sobre un terreno yermo de políticas públicas anteriores. Es decir, lo que puede ser un recurso publicitario positivo en campaña electoral, en realidad demuestra que en la Argentina, a diferencia de muchos países, no hay lo que se llama comúnmente políticas de Estado, que trascienden las distintas gestiones con lo positivo que ello tiene en las políticas de mediano y largo plazo".
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Buenos Aires
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sólo dedicó tres párrafos a los temas ambientales en su último discurso de inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. Noticias Urbanas consultó a varios especialistas que dieron su parecer sobre la actual política ambiental del Gobierno de la Ciudad.
Fue un discurso corto de aproximadamente 25 minutos, donde las menciones a los temas de higiene urbana ocuparon apenas tres párrafos. Sólo eso les dedicó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la inauguración del período de sesiones ordinarias 2009, en la Legislatura porteña.
Como era de esperarse, las ONG ecologistas no tardaron en responder. Consultada por Noticias Urbanas, Eugenia Testa, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, acusó a Mauricio Macri y a aus ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, no sólo de "desestimar el alcance de la Ley 1.854 (Ley de Basura Cero)" sino que "yendo un paso más allá, han sentenciado el fracaso de la norma que apenas había sido puesta en marcha cinco meses antes del cambio de gestión: Macri culpó a los vecinos y a las organizaciones no gubernamentales de dicho fracaso", manifestó Testa.
A renglón seguido, la representante de Greenpeace se refirió a las informaciones que se conocieron en los últimos días, acerca de la prórroga de los contratos actuales para el servicio de higiene urbana: "El proyecto de pliegos que impulsa el oficialismo en la Legislatura está abiertamente en contra de la legislación vigente, ya que intenta perpetuar por 10 años un sistema que premia económicamente la generación y el enterramiento masivo de basura en rellenos de la Provincia (NdR: a diferencia del sistema actual, el Estado pagará por tonelada de basura recogida en lugar de hacerlo por zona limpia). La decisión de extender los contratos, en cambio, lo obliga a cumplir con la ley de Basura Cero".
El anuncio de la prórroga de los contratos no fue realizado en el discurso de Macri, pero allí se resaltó la continuidad del sistema de limpieza nocturna.
Sebastián Vázquez, secretario de la Fundación Ambiente y Sociedad, afirmó que "dar como un logro que se sigue con el sistema de limpieza nocturna (aquel sistema que permite que a partir de la 1 de la mañana quede "todo limpio") como un nuevo concepto de higiene urbana puede sonar bien en campaña electoral y es preocupante, por las personas que no conocen que desde hace varios años este sistema está implementado".
Luego continuaron las menciones a "la continuidad de la contenerización y de la campaña oficial Jugá limpio". Es que el Jefe de Gobierno, en su discurso, afirmó: "Vamos a darle mayor impulso a la contenerización, por eso abarcaremos un 60 por ciento de la Ciudad antes de fin de año. También construiremos una planta de áridos, dejando de enterrar un 10 por ciento del total de la basura. Profundizamos de esta manera, el cumplimiento de la Ley de Basura Cero". Ante la consulta de este semanario, Jorge Amar, periodista y profesor del Instituto Superior Octubre del SUTERH, afirmó que "sobre la planta de áridos que se propone, habría que ver cómo es una planta para tratar los escombros, pero esto sí significa un cambio, ya que la gestión actual venía afirmando que esta disminución la realizaba cuando tiraba esos escombros al río. Pero esta ambigüedad, en realidad, no sería el problema más preocupante si no fuera porque subestima nuestra inteligencia al afirmar que con esto se cumple con la Ley Basura Cero: poniendo los residuos áridos en el mismo nivel que los húmedos y secos".
"Las cifras de enterramiento de basura de la CEAMSE durante el 2008 dan cuenta que lo que le falta a Buenos Aires es una correcta gestión de residuos: va a estar bueno Buenos Aires si repasan la letra de la Ley de Basura Cero y empiezan a cumplirla", añadió Eugenia Testa sobre el mismo tema.
Párrafo aparte fue la referencia del jefe comunal en su última mención sobre temas de higiene urbana, cuando afirmó que trabaja con un grupo de recuperadores urbanos. "Con el objetivo de colaborar en esta tarea estamos incorporando al servicio de limpieza más de 2.000 recuperadores urbanos, para poder hacer realidad el desafío de la inclusión social y laboral de los cartoneros", concluyó.
Dado que el tema lo ameritaba, Noticias Urbanas consultó a varios referentes de cooperativas de cartoneros de la Ciudad. Según señaló Valentín Herrera, presidente de la Cooperativa Reciclando Sueños, "el impulso a la ‘contenerización’ mencionado deberíamos incorporarlo a los anuncios repetitivos, ya que no es ni más ni menos que el cumplimiento de los objetivos que surgen de las renegociaciones de los pliegos del año 2006, pero lo grave es que, a diferencia de lo propuesto en esa oportunidad, lo que se promueve ahora es sacar los contenedores que servían para diferenciar residuos secos y húmedos, que favorecían el trabajo de los cartoneros".
Jorge Olmedo, de la cooperativa Del Oeste, también se refirió a este tema diciendo "que nada dijo Macri de la caída de los precios de los materiales que ha hecho disminuir la cantidad de recuperadores urbanos que trabajan en las calles".
Consultado Oscar Bustos, cartonero y presidente de la cooperativa "El Trébol" del Barrio Riestra e integrante del MOCAR, afirmó que "no se conocen ni los presupuestos ni cuánto va a durar en el tiempo lo propuesto, que habría tenido transparencia si se hubiera incluido en el proyecto de pliego de licitación presentado en la Legislatura".
Para el sociólogo Roberto Felicetti, especialista en materia ambiental, "este discurso es típico de la mayoría de las expresiones políticas que tienden a presentarse en sus recursos discursivos como si antes de ellas no hubiera habido nada y se hicieran presentes sobre un terreno yermo de políticas públicas anteriores. Es decir, lo que puede ser un recurso publicitario positivo en campaña electoral, en realidad demuestra que en la Argentina, a diferencia de muchos países, no hay lo que se llama comúnmente políticas de Estado, que trascienden las distintas gestiones con lo positivo que ello tiene en las políticas de mediano y largo plazo".
Crean instituto agroecológico en Formosa
Un instituto agroecológico
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
El gobierno de Formosa creó un inédito instituto universitario, único en su tipo dentro de la educación pública argentina, a través del cual se apunta a alcanzar la “excelencia del conocimiento” dentro de la producción agropecuaria, aunque abarcativa a lo forestal, tecnológico, turístico y agroindustrial, con una orientación agroecológica, es decir, en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental.
Esta etapa que inició el gobernador formoseño Gildo Insfrán, tras el acuerdo rubricado con el rector de la Universidad Nacional de Formosa, es la primera, con la creación de este Instituto y el dictado de la carrera de Tecnicatura en Producción Agropecuaria, y continuará con otra fase cuando la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) autorice el dictado de la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria.
Además, el Instituto Universitario realizará las funciones y actividades de investigación, extensión y vinculación científico-tecnológica con los proyectos vinculados con la producción agropecuaria fundamentalmente.
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
El gobierno de Formosa creó un inédito instituto universitario, único en su tipo dentro de la educación pública argentina, a través del cual se apunta a alcanzar la “excelencia del conocimiento” dentro de la producción agropecuaria, aunque abarcativa a lo forestal, tecnológico, turístico y agroindustrial, con una orientación agroecológica, es decir, en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental.
Esta etapa que inició el gobernador formoseño Gildo Insfrán, tras el acuerdo rubricado con el rector de la Universidad Nacional de Formosa, es la primera, con la creación de este Instituto y el dictado de la carrera de Tecnicatura en Producción Agropecuaria, y continuará con otra fase cuando la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) autorice el dictado de la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria.
Además, el Instituto Universitario realizará las funciones y actividades de investigación, extensión y vinculación científico-tecnológica con los proyectos vinculados con la producción agropecuaria fundamentalmente.
Importante antecedente por las fumigaciones
Ituzaingó Anexo, cerca de su primer juicio
Fecha de Publicación: 05/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un fiscal acusó a tres personas por contaminar el barrio con plaguicidas por las fumigaciones de los campos vecinos.
Si prospera la acusación de un fiscal de la ciudad de Córdoba, dos productores agropecuarios y un comerciante podrían ser juzgados por el delito de contaminación ambiental, un caso pionero en la provincia. Las tres personas están acusadas por la fumigación clandestina con plaguicidas peligrosos de campos próximos al barrio Ituzaingó Anexo.
En 2002, un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Luego se constató que la zona estaba contaminada un cóctel tóxico compuesto por PCB de los transformadores de Epec, agua contaminada con plomo, cromo y arsénico y plaguicidas en los tanques domiciliarios.
La reciente acusación judicial la efectuó el fiscal de Instrucción del Distrito Judicial 3, turno 6 de la Capital, Carlos Matheu, en la causa abierta contra los productores Jorge Alberto Gabrielli (48) y Francisco Rafael Parra (53), y el comerciante Edgardo Jorge Pancello (51).
El pedido del fiscal no se encuentra firme y podría ser objeto de oposición por la defensa de los imputados, en cuyo caso la situación será analizada y resuelta por un juez de control.
Gabrielli y Parra están imputados como supuestos instigadores del delito de contaminación ambiental, mientras que a Pancello se le atribuye la autoría del mismo ilícito, por ser quien concretó con un avión la fumigación de los campos.
Se trata de un delito previsto por el artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, que prevé pena de reclusión o prisión de tres a 10 años, para quien "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
Agrega el artículo que si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, "la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión".
De acuerdo con la investigación, las fumigaciones cuestionadas ocurrieron entre fines de enero y comienzos de febrero de 2008, en campos sembrados con sojas de propiedad de los agricultores Parra y Gabrielli, colindante con el barrio Ituzaingó Anexo.
La Municipalidad de Córdoba realizó una denuncia que impulsó la investigación judicial. Luego, a los acusados se les impidió seguir fumigando hasta que se resuelva su situación judicial.
El municipio también presentó un recurso de amparo para que la Justicia bloquee por dos años las fumigaciones en la zona. Durante ese tiempo se realizarán estudios para determinar la gravedad de los casos. Sin embargo, la medida aún no tiene una resolución.
Según la causa, los acusados utilizaron endosulfán y glifosato, con lo cual violaron el artículo 58 de la ley 9.164, de Agroquímicos de la Provincia de Córdoba. La norma prohíbe la aplicación aérea de dichos productos en un radio menor a 1.500 metros de distancia de una población urbana para el endosulfán y de 500 metros para el glifosato, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
Además, la ordenanza municipal 10.589 prohíbe la aplicación aérea de plaguicidas o biocidas químicos en todo el ejido de la ciudad de Córdoba.
Dolo indirecto. Según Matheu, si bien ninguno de los imputados tuvo la intención directa de contaminar el ambiente, obraron con dolo indirecto, ya que debieron representarse que necesariamente la fumigación en la zona y con ese tipo de productos tendría como consecuencia la contaminación del ambiente, en forma peligrosa para la salud.
También destacó el fiscal que ninguno de los tres imputados tiene documentación que registre la contratación de las fumigaciones, ni su realización, mientras que Pancello no registró esos vuelos en la Fuerza Aérea Argentina, como corresponde.
"Todo ello nos indica que éstos las realizaban en forma clandestina, ya que conocían del carácter delictivo de su accionar", agregó el fiscal.
Cabe recordar que en enero de este año, una comisión del Gobierno nacional visitó Ituzaingó Anexo y prometió apoyar estrategias para paliar la situación. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había solicitado al Ministerio de Salud nacional que se encargara del problema.
Antecedentes
Análisis. Tras la denuncia de las madres del barrio en 2002, análisis determinaron la existencia de un cóctel de contaminantes en la zona, incluidos los plaguicidas. Se tomaron algunas medidas paliativas.
Epidemiología. En 2004, estudios detectaron 138 casos de cáncer en un sector. En 2005, un censo sanitario recomendó evacuar el barrio. En 2006, otro estudio detectó plaguicidas prohibidos en 23 niños.
OPS. En enero de 2008, un estudio de la OPS determinó que Ituzaingó Anexo es un sitio contaminado.
Alerta provincial
El colectivo "Paren de fumigar" –compuesto por asociaciones y personas comprometidas con la lucha contra las fumigaciones nocivas para la salud– se reúne periódicamente para alertar sobre el uso de agroquímicos y sus efectos en la población.
Hace un mes hubo un encuentro en Calamuchita, en el que se analizaron acciones posibles para frenar esta problemática. El caso testigo que se mencionó toda la jornada fue el de Ituzaingó Anexo, y la lucha de las madres del barrio.
Fecha de Publicación: 05/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un fiscal acusó a tres personas por contaminar el barrio con plaguicidas por las fumigaciones de los campos vecinos.
Si prospera la acusación de un fiscal de la ciudad de Córdoba, dos productores agropecuarios y un comerciante podrían ser juzgados por el delito de contaminación ambiental, un caso pionero en la provincia. Las tres personas están acusadas por la fumigación clandestina con plaguicidas peligrosos de campos próximos al barrio Ituzaingó Anexo.
En 2002, un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Luego se constató que la zona estaba contaminada un cóctel tóxico compuesto por PCB de los transformadores de Epec, agua contaminada con plomo, cromo y arsénico y plaguicidas en los tanques domiciliarios.
La reciente acusación judicial la efectuó el fiscal de Instrucción del Distrito Judicial 3, turno 6 de la Capital, Carlos Matheu, en la causa abierta contra los productores Jorge Alberto Gabrielli (48) y Francisco Rafael Parra (53), y el comerciante Edgardo Jorge Pancello (51).
El pedido del fiscal no se encuentra firme y podría ser objeto de oposición por la defensa de los imputados, en cuyo caso la situación será analizada y resuelta por un juez de control.
Gabrielli y Parra están imputados como supuestos instigadores del delito de contaminación ambiental, mientras que a Pancello se le atribuye la autoría del mismo ilícito, por ser quien concretó con un avión la fumigación de los campos.
Se trata de un delito previsto por el artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, que prevé pena de reclusión o prisión de tres a 10 años, para quien "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
Agrega el artículo que si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, "la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión".
De acuerdo con la investigación, las fumigaciones cuestionadas ocurrieron entre fines de enero y comienzos de febrero de 2008, en campos sembrados con sojas de propiedad de los agricultores Parra y Gabrielli, colindante con el barrio Ituzaingó Anexo.
La Municipalidad de Córdoba realizó una denuncia que impulsó la investigación judicial. Luego, a los acusados se les impidió seguir fumigando hasta que se resuelva su situación judicial.
El municipio también presentó un recurso de amparo para que la Justicia bloquee por dos años las fumigaciones en la zona. Durante ese tiempo se realizarán estudios para determinar la gravedad de los casos. Sin embargo, la medida aún no tiene una resolución.
Según la causa, los acusados utilizaron endosulfán y glifosato, con lo cual violaron el artículo 58 de la ley 9.164, de Agroquímicos de la Provincia de Córdoba. La norma prohíbe la aplicación aérea de dichos productos en un radio menor a 1.500 metros de distancia de una población urbana para el endosulfán y de 500 metros para el glifosato, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
Además, la ordenanza municipal 10.589 prohíbe la aplicación aérea de plaguicidas o biocidas químicos en todo el ejido de la ciudad de Córdoba.
Dolo indirecto. Según Matheu, si bien ninguno de los imputados tuvo la intención directa de contaminar el ambiente, obraron con dolo indirecto, ya que debieron representarse que necesariamente la fumigación en la zona y con ese tipo de productos tendría como consecuencia la contaminación del ambiente, en forma peligrosa para la salud.
También destacó el fiscal que ninguno de los tres imputados tiene documentación que registre la contratación de las fumigaciones, ni su realización, mientras que Pancello no registró esos vuelos en la Fuerza Aérea Argentina, como corresponde.
"Todo ello nos indica que éstos las realizaban en forma clandestina, ya que conocían del carácter delictivo de su accionar", agregó el fiscal.
Cabe recordar que en enero de este año, una comisión del Gobierno nacional visitó Ituzaingó Anexo y prometió apoyar estrategias para paliar la situación. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había solicitado al Ministerio de Salud nacional que se encargara del problema.
Antecedentes
Análisis. Tras la denuncia de las madres del barrio en 2002, análisis determinaron la existencia de un cóctel de contaminantes en la zona, incluidos los plaguicidas. Se tomaron algunas medidas paliativas.
Epidemiología. En 2004, estudios detectaron 138 casos de cáncer en un sector. En 2005, un censo sanitario recomendó evacuar el barrio. En 2006, otro estudio detectó plaguicidas prohibidos en 23 niños.
OPS. En enero de 2008, un estudio de la OPS determinó que Ituzaingó Anexo es un sitio contaminado.
Alerta provincial
El colectivo "Paren de fumigar" –compuesto por asociaciones y personas comprometidas con la lucha contra las fumigaciones nocivas para la salud– se reúne periódicamente para alertar sobre el uso de agroquímicos y sus efectos en la población.
Hace un mes hubo un encuentro en Calamuchita, en el que se analizaron acciones posibles para frenar esta problemática. El caso testigo que se mencionó toda la jornada fue el de Ituzaingó Anexo, y la lucha de las madres del barrio.
“Quieren poner una Botnia en La Plata”
“Quieren poner una Botnia en La Plata”
Fecha de Publicación: 05/03/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Durante las últimas horas los intendentes de nuestra región se reunieron en Ensenada para avanzar en la resistida instalación del gran basural que supuestamente reemplazará al predio que la Ceamse posee en Villa del Plata
El Consorcio Región Capital -así se llama- se reunió en el centro tradicionalista La Montonera y contó con la presencia de los jefes comunales de Berisso, Enrique Slezack; La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco y el de Punta Indio, Héctor Equiza. También hubo funcionarios de Brandsen y profesionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Universidad Tecnológica Nacional regional, que presentaron un informe que contempla distintas alternativas y modelos para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de todos esos municipios.
El grupo cuenta con el respaldo de la Gobernación bonaerense y, según pudo saberse, avanzó en la posible instalación en un punto cercano al límite entre La Plata y Brandsen, tal como se venía especulando.
Lo que se sabe es que ratificaron la decisión de no llevar más residuos domiciliarios al predio de la Ceamse, pero la incertidumbre en cuanto al sitio exacto que recibirá la basura genera críticas. De hecho, el presidente de la Fundación Biosfera, Horacio Beláustegui, exclamó: “Quieren poner una Botnia en La Plata”. El y otros ecologistas convocaron a una asamblea que se realizará a las 20.30 de hoy en esa institución.
También se refirió al tema Oscar Negrelli (concejal platense por la Coalición Cívica), que acusó: “Pese a la seriedad de la cuestión, el Ejecutivo municipal no quiere informarnos”. Se vislumbran nuevas protestas ecologistas.
Fecha de Publicación: 05/03/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Durante las últimas horas los intendentes de nuestra región se reunieron en Ensenada para avanzar en la resistida instalación del gran basural que supuestamente reemplazará al predio que la Ceamse posee en Villa del Plata
El Consorcio Región Capital -así se llama- se reunió en el centro tradicionalista La Montonera y contó con la presencia de los jefes comunales de Berisso, Enrique Slezack; La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco y el de Punta Indio, Héctor Equiza. También hubo funcionarios de Brandsen y profesionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Universidad Tecnológica Nacional regional, que presentaron un informe que contempla distintas alternativas y modelos para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de todos esos municipios.
El grupo cuenta con el respaldo de la Gobernación bonaerense y, según pudo saberse, avanzó en la posible instalación en un punto cercano al límite entre La Plata y Brandsen, tal como se venía especulando.
Lo que se sabe es que ratificaron la decisión de no llevar más residuos domiciliarios al predio de la Ceamse, pero la incertidumbre en cuanto al sitio exacto que recibirá la basura genera críticas. De hecho, el presidente de la Fundación Biosfera, Horacio Beláustegui, exclamó: “Quieren poner una Botnia en La Plata”. El y otros ecologistas convocaron a una asamblea que se realizará a las 20.30 de hoy en esa institución.
También se refirió al tema Oscar Negrelli (concejal platense por la Coalición Cívica), que acusó: “Pese a la seriedad de la cuestión, el Ejecutivo municipal no quiere informarnos”. Se vislumbran nuevas protestas ecologistas.
Pingüino escondido en la ley de glaciares
Pingüino escondido en la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Para tapar el escándalo que generó en la militancia ecológica el veto de Cristina, se redactó un nuevo texto. Los radicales denunciaron que el texto viene con trampa en beneficio de las empresas mineras.
El kirchnerismo comenzó a avanzar con algunas dificultades en una nueva ley de glaciares. Uno de los principales cuestionamientos fue formulado por el radical santacruceño Alfredo “Fredy” Martínez, quien reprochó que, entre las prohibiciones para realizar obras de infraestructura o de arquitectura en los glaciares que fija el texto, se hayan exceptuado aquellas que fueran consideradas de “interés público”, porque se trata del mismo término con el que se define la actividad minera.
El nuevo proyecto llegó a la Cámara alta tres meses después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara una norma que había sido aprobada por la amplia mayoría de los legisladores, despertando sospechas de que se quería beneficiar a compañías mineras. En el debate que ayer se realizó en la Comisión de Recursos Naturales, Martínez afirmó que la nueva redacción lleva al proyecto a “una zona de riesgo”. El secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, presente en la comisión, le respondió que tal riesgo no existía ya que existe una ley específica sobre impacto ambiental, y subrayó que en el inciso siguiente se plantea que estén excluidas la exploración y explotación minera o petrolífera. El porteño Daniel Filmus, titular de la comisión, recordó que el término “interés público” fue incorporado al proyecto a instancias del gobierno de Mendoza, por las obras en el Cristo Redentor y el Paso del Inca.
La competencia de las provincias fue otra de las objeciones. La salteña Sonia Escudero pidió que fueran más explícitas las facultades de las provincias sobre los recursos. En el veto presidencial se había afirmado que la ley podía afectar el desarrollo económico de los distritos. La minera Barrick Gold lleva adelante un millonario emprendimiento en Pascua Lama, la zona fronteriza que San Juan comparte con Chile, y también en Famatina, La Rioja.
En diálogo con este diario, el diputado Miguel Bonasso, impulsor de la norma vetada por Fernández de Kirchner, calificó de “insensatez reunirse para consensuar algo que ya tuvo el voto unánime del Congreso”. A fines del año pasado, la Cámara baja rechazó el veto presidencial. Como el resultado no llegó a los dos tercios del cuerpo, el veto quedó vigente. Después de eso, Bonasso volvió a presentar el mismo proyecto impugnado por la Presidenta. Eso explica el rechazo del diputado a participar de las deliberaciones en las que se diseñó el texto que ayer comenzó a debatirse en el Senado.
Las objeciones formuladas por el radicalismo, por la peronista disidente Escudero y otros legisladores, le impidieron al oficialismo lograr el apoyo mayoritario para que la nueva iniciativa desembarque hoy en el recinto del Senado. El debate continuará en la próxima reunión de comisión. Después de haber tenido algunas fugas dentro de su bancada, el oficialismo pretende que la futura norma tengo un consenso unánime. Una tarea de equilibrio más que compleja.
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Para tapar el escándalo que generó en la militancia ecológica el veto de Cristina, se redactó un nuevo texto. Los radicales denunciaron que el texto viene con trampa en beneficio de las empresas mineras.
El kirchnerismo comenzó a avanzar con algunas dificultades en una nueva ley de glaciares. Uno de los principales cuestionamientos fue formulado por el radical santacruceño Alfredo “Fredy” Martínez, quien reprochó que, entre las prohibiciones para realizar obras de infraestructura o de arquitectura en los glaciares que fija el texto, se hayan exceptuado aquellas que fueran consideradas de “interés público”, porque se trata del mismo término con el que se define la actividad minera.
El nuevo proyecto llegó a la Cámara alta tres meses después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara una norma que había sido aprobada por la amplia mayoría de los legisladores, despertando sospechas de que se quería beneficiar a compañías mineras. En el debate que ayer se realizó en la Comisión de Recursos Naturales, Martínez afirmó que la nueva redacción lleva al proyecto a “una zona de riesgo”. El secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, presente en la comisión, le respondió que tal riesgo no existía ya que existe una ley específica sobre impacto ambiental, y subrayó que en el inciso siguiente se plantea que estén excluidas la exploración y explotación minera o petrolífera. El porteño Daniel Filmus, titular de la comisión, recordó que el término “interés público” fue incorporado al proyecto a instancias del gobierno de Mendoza, por las obras en el Cristo Redentor y el Paso del Inca.
La competencia de las provincias fue otra de las objeciones. La salteña Sonia Escudero pidió que fueran más explícitas las facultades de las provincias sobre los recursos. En el veto presidencial se había afirmado que la ley podía afectar el desarrollo económico de los distritos. La minera Barrick Gold lleva adelante un millonario emprendimiento en Pascua Lama, la zona fronteriza que San Juan comparte con Chile, y también en Famatina, La Rioja.
En diálogo con este diario, el diputado Miguel Bonasso, impulsor de la norma vetada por Fernández de Kirchner, calificó de “insensatez reunirse para consensuar algo que ya tuvo el voto unánime del Congreso”. A fines del año pasado, la Cámara baja rechazó el veto presidencial. Como el resultado no llegó a los dos tercios del cuerpo, el veto quedó vigente. Después de eso, Bonasso volvió a presentar el mismo proyecto impugnado por la Presidenta. Eso explica el rechazo del diputado a participar de las deliberaciones en las que se diseñó el texto que ayer comenzó a debatirse en el Senado.
Las objeciones formuladas por el radicalismo, por la peronista disidente Escudero y otros legisladores, le impidieron al oficialismo lograr el apoyo mayoritario para que la nueva iniciativa desembarque hoy en el recinto del Senado. El debate continuará en la próxima reunión de comisión. Después de haber tenido algunas fugas dentro de su bancada, el oficialismo pretende que la futura norma tengo un consenso unánime. Una tarea de equilibrio más que compleja.
Fallo en contra de las arroceras del Iberá
El Superior Tribunal falló en contra de las arroceras del Iberá
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Litoral Digital
Provincia/Región: Corrientes
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó la apelación presentada por un establecimiento arrocero asentado en la Reserva Natural del Iberá. Por este motivo, deberán suspender la construcción clandestina de un terraplén y de un canal para tomar agua de la laguna Fernández, en la zona de reserva.
La semana pasada el Superior Tribunal de Justicia falló en contra de un establecimiento arrocero que opera dentro de la zona de reserva en los Esteros del Iberá. La información se conoció públicamente ayer, a través de la abogada Patricia Mc Cormack, quien explicó que el fallo confirma la medida cautelar dictada el 18 de mayo de 2006 por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes (expediente Nº 2743).
Esta medida ordena la suspensión de la construcción clandestina de un terraplén y de un canal para tomar agua de una de las lagunas más importantes del Iberá: la laguna Fernández. Esta resolución fue ratificada por el mismo tribunal en 2008. No obstante, el mandato judicial nunca fue obedecido por la arrocera.
Cabe recordar que dicho emprendimiento fue denunciado en 2006 por un vecino de Colonia Carlos Pellegrini, ya que el mismo no contaba con la Evaluación de Impacto Ambiental, ni concesión para utilizar aguas públicas, entre otros requisitos legales. Trámites que la ley exige que sean realizados con anterioridad al inicio del emprendimiento.
El establecimiento en cuestión había presentado tardíamente su estudio de impacto ambiental y la conformidad otorgada, en principio, por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), no fue aun confirmada por el Ministro de la Producción de la provincia, máxima autoridad en la materia, por lo que, a criterio de la Justicia, aquella no solo no está firme, sino que carece del último paso administrativo ineludible.
En consecuencia, la arrocera no puede continuar operando, hasta tanto se cumpla con todos los recaudos legales, y si ello no perjudica el medio ambiente. Mientras tanto, la medida cautelar judicial (ratificada por el más alto Tribunal de la provincia) está plenamente vigente.
Por este motivo, se espera que la firma que explota esta arrocera acate el mandato del Poder Judicial de Corrientes porque en casos anteriores, siempre ignoraron las medidas judiciales. Como si esto fuera poco, el Icaa reina por su ausencia.
Por otro lado, cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes también emitió un fallo para que el terraplén de Yahaveré sea destruido. De esa manera, ha sentado precedente en materia de protección ambiental, sin embargo, todavía no fue demolido.
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Litoral Digital
Provincia/Región: Corrientes
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó la apelación presentada por un establecimiento arrocero asentado en la Reserva Natural del Iberá. Por este motivo, deberán suspender la construcción clandestina de un terraplén y de un canal para tomar agua de la laguna Fernández, en la zona de reserva.
La semana pasada el Superior Tribunal de Justicia falló en contra de un establecimiento arrocero que opera dentro de la zona de reserva en los Esteros del Iberá. La información se conoció públicamente ayer, a través de la abogada Patricia Mc Cormack, quien explicó que el fallo confirma la medida cautelar dictada el 18 de mayo de 2006 por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes (expediente Nº 2743).
Esta medida ordena la suspensión de la construcción clandestina de un terraplén y de un canal para tomar agua de una de las lagunas más importantes del Iberá: la laguna Fernández. Esta resolución fue ratificada por el mismo tribunal en 2008. No obstante, el mandato judicial nunca fue obedecido por la arrocera.
Cabe recordar que dicho emprendimiento fue denunciado en 2006 por un vecino de Colonia Carlos Pellegrini, ya que el mismo no contaba con la Evaluación de Impacto Ambiental, ni concesión para utilizar aguas públicas, entre otros requisitos legales. Trámites que la ley exige que sean realizados con anterioridad al inicio del emprendimiento.
El establecimiento en cuestión había presentado tardíamente su estudio de impacto ambiental y la conformidad otorgada, en principio, por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), no fue aun confirmada por el Ministro de la Producción de la provincia, máxima autoridad en la materia, por lo que, a criterio de la Justicia, aquella no solo no está firme, sino que carece del último paso administrativo ineludible.
En consecuencia, la arrocera no puede continuar operando, hasta tanto se cumpla con todos los recaudos legales, y si ello no perjudica el medio ambiente. Mientras tanto, la medida cautelar judicial (ratificada por el más alto Tribunal de la provincia) está plenamente vigente.
Por este motivo, se espera que la firma que explota esta arrocera acate el mandato del Poder Judicial de Corrientes porque en casos anteriores, siempre ignoraron las medidas judiciales. Como si esto fuera poco, el Icaa reina por su ausencia.
Por otro lado, cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes también emitió un fallo para que el terraplén de Yahaveré sea destruido. De esa manera, ha sentado precedente en materia de protección ambiental, sin embargo, todavía no fue demolido.
Ley de Manejo del Fuego en Entre Ríos
El Gobierno avanza en la implementación de la Ley Provincial de Manejo del Fuego
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Litoral digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Manejo del Fuego, recientemente aprobada, trabaja en la implementación de dicha norma que establece acciones para el manejo y prevención del fuego en zonas rurales y forestales • En este marco, el próximo martes se realizará en el Parque Nacional El Palmar una reunión informativa de los alcances de la misma y se presentarán los avances que se han dado en el decreto reglamentario de dicha norma.
La convocatoria, que se iniciará a las 16 el próximo martes, es para todos los sectores interesados en el tema, es decir, municipios, bomberos voluntarios de las distintas ciudades, bomberos zapadores, defensa civil y forestadores, entre otros.
Respecto a la Ley N° 9868, el secretario de Medio Ambiente precisó que la nueva norma, a diferencia de la anterior, cambia la autoridad de aplicación ya que antes era la Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de la Producción, y ahora la Secretaría de Medio Ambiente.
Otra cuestión importante es que la ley recién aprobada fija la creación de un fondo para manejo del fuego que estará compuesto por el 1% del total de recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural y el 75% de dicho impuesto, del remanente no forestado de las propiedades con prestaciones implantadas. “Esto es muy importante porque le dará un presupuesto que nunca tuvo ya que siempre la provincia recibía un aporte nacional que generalmente era destinado a la contratación de los brigadistas en la temporada de incendios”, explicó Raffo.
Además, agregó: “La creación de este fondo permitirá un fortalecimiento institucional, realizar tareas de control y prevención de incendios, contratación de personal y adquisición de equipos”.
Respecto a las sanciones, la nueva norma estipula la aplicación de sanciones severas a los dueños de los campos donde se producen los incendios. Se tratan de sanciones administrativas, con aplicación de multas, y acciones penales según la gravedad de la situación. “La ley estipula un código de sanciones que ayudará a que la gente se maneje responsablemente con el fuego y exige que, cuando se realice la quema habitual en las zonas rurales para las pasturas, tenga autorización de la autoridad de aplicación”, añadió el secretario de Medio Ambiente.
Experiencias positivas de otras provincias
A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de un decreto reglamentario de la ley para lo cual ha tomado contacto con otras provincias con experiencias positivas en el manejo del fuego. “Fuimos a buscar información de primera mano para que la reglamentación de la ley sea lo más adecuada posible a la realidad provincial”, expresó el secretario.
En este sentido, Raffo comentó que hace 10 días estuvo en la provincia de Córdoba donde se reunió con autoridades provinciales. “Recabamos mucha información que nos ha servido en gran medida para poder replicar lo positivo en Entre Ríos”, dijo el funcionario antes de explicar que Córdoba trabaja en otra escala con el tema de incendios a tal punto que es la única provincia que tiene medios aéreos propios, es la que más dinero ha invertido en el plan y trabaja en forma conjunta con el cuerpo de Bomberos Voluntarios dotándolos de equipos y capacitación.
Cabe mencionar que el Plan Nacional de Manejo del Fuego destina a las provincias un dinero anual, para contratar los brigadistas, y pone los medios aéreos, es decir, los alquila y destina a cada región. El país está dividido en seis regiones, Entre Ríos integra una región junto con Misiones y Corrientes. Los coordinadores regionales son los encargados de disponer los medios aéreos que destina Nación por provincia.
Además, participó de una reunión del consorcio de manejo del fuego en Virasoro, Corrientes, integrado por productores forestales que tienen organizado todo un sistema de prevención y lucha contra incendios. Es de resaltar que “dicha localidad cuenta con sistemas de detección temprana ya que trabajan con sistemas de software de avanzada que son muy interesantes”, sostuvo Raffo.
A su vez, personal de la Secretaría ha mantenido reuniones con Defensa Civil de la provincial, con Federación de Bomberos Voluntarios y distintos cuerpos de bomberos para trabajar en un Plan Provincial de Prevención de Incendios que se implementará luego de la reglamentación de la ley cuyo decreto se firmaría en marzo. “La elaboración de dicho plan también será consensuado con todos los sectores involucrados, mediante una acción participativa”, destacó el secretario de Medio Ambiente.
Para la implementación de dicho plan se conformarán dos áreas de gestión, una en la costa del río Uruguay y otra del Paraná, con equipos técnicos que coordinarán la gestión junto a bomberos Voluntarios, Defensa Civil y el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Litoral digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Manejo del Fuego, recientemente aprobada, trabaja en la implementación de dicha norma que establece acciones para el manejo y prevención del fuego en zonas rurales y forestales • En este marco, el próximo martes se realizará en el Parque Nacional El Palmar una reunión informativa de los alcances de la misma y se presentarán los avances que se han dado en el decreto reglamentario de dicha norma.
La convocatoria, que se iniciará a las 16 el próximo martes, es para todos los sectores interesados en el tema, es decir, municipios, bomberos voluntarios de las distintas ciudades, bomberos zapadores, defensa civil y forestadores, entre otros.
Respecto a la Ley N° 9868, el secretario de Medio Ambiente precisó que la nueva norma, a diferencia de la anterior, cambia la autoridad de aplicación ya que antes era la Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de la Producción, y ahora la Secretaría de Medio Ambiente.
Otra cuestión importante es que la ley recién aprobada fija la creación de un fondo para manejo del fuego que estará compuesto por el 1% del total de recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural y el 75% de dicho impuesto, del remanente no forestado de las propiedades con prestaciones implantadas. “Esto es muy importante porque le dará un presupuesto que nunca tuvo ya que siempre la provincia recibía un aporte nacional que generalmente era destinado a la contratación de los brigadistas en la temporada de incendios”, explicó Raffo.
Además, agregó: “La creación de este fondo permitirá un fortalecimiento institucional, realizar tareas de control y prevención de incendios, contratación de personal y adquisición de equipos”.
Respecto a las sanciones, la nueva norma estipula la aplicación de sanciones severas a los dueños de los campos donde se producen los incendios. Se tratan de sanciones administrativas, con aplicación de multas, y acciones penales según la gravedad de la situación. “La ley estipula un código de sanciones que ayudará a que la gente se maneje responsablemente con el fuego y exige que, cuando se realice la quema habitual en las zonas rurales para las pasturas, tenga autorización de la autoridad de aplicación”, añadió el secretario de Medio Ambiente.
Experiencias positivas de otras provincias
A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de un decreto reglamentario de la ley para lo cual ha tomado contacto con otras provincias con experiencias positivas en el manejo del fuego. “Fuimos a buscar información de primera mano para que la reglamentación de la ley sea lo más adecuada posible a la realidad provincial”, expresó el secretario.
En este sentido, Raffo comentó que hace 10 días estuvo en la provincia de Córdoba donde se reunió con autoridades provinciales. “Recabamos mucha información que nos ha servido en gran medida para poder replicar lo positivo en Entre Ríos”, dijo el funcionario antes de explicar que Córdoba trabaja en otra escala con el tema de incendios a tal punto que es la única provincia que tiene medios aéreos propios, es la que más dinero ha invertido en el plan y trabaja en forma conjunta con el cuerpo de Bomberos Voluntarios dotándolos de equipos y capacitación.
Cabe mencionar que el Plan Nacional de Manejo del Fuego destina a las provincias un dinero anual, para contratar los brigadistas, y pone los medios aéreos, es decir, los alquila y destina a cada región. El país está dividido en seis regiones, Entre Ríos integra una región junto con Misiones y Corrientes. Los coordinadores regionales son los encargados de disponer los medios aéreos que destina Nación por provincia.
Además, participó de una reunión del consorcio de manejo del fuego en Virasoro, Corrientes, integrado por productores forestales que tienen organizado todo un sistema de prevención y lucha contra incendios. Es de resaltar que “dicha localidad cuenta con sistemas de detección temprana ya que trabajan con sistemas de software de avanzada que son muy interesantes”, sostuvo Raffo.
A su vez, personal de la Secretaría ha mantenido reuniones con Defensa Civil de la provincial, con Federación de Bomberos Voluntarios y distintos cuerpos de bomberos para trabajar en un Plan Provincial de Prevención de Incendios que se implementará luego de la reglamentación de la ley cuyo decreto se firmaría en marzo. “La elaboración de dicho plan también será consensuado con todos los sectores involucrados, mediante una acción participativa”, destacó el secretario de Medio Ambiente.
Para la implementación de dicho plan se conformarán dos áreas de gestión, una en la costa del río Uruguay y otra del Paraná, con equipos técnicos que coordinarán la gestión junto a bomberos Voluntarios, Defensa Civil y el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Riesgo ambiental por desechos
Riesgo ambiental por desechos
Fecha de Publicación: 03/03/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Mientras crece el riesgo ambiental y aumenta la conciencia mundial sobre los peligros y necesidades de cuidado, nuestras autoridades siguen sin priorizar el problema, lo cual se refleja en la ausencia de estrategias de clasificación y reciclado de desechos urbanos.
La carencia de información acompaña un uso abusivo de plásticos y un tratamiento no siempre adecuado de residuos potencialmente contaminantes. Pilas y aparatos eléctricos y electrónicos hoy tienen un destino común, a pesar de que en muchos casos pueden contener elementos contaminantes.
En la actualidad no hay normas específicas sobre estos objetos, aunque en los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad de Buenos Aires se han reunido unas tres toneladas de pilas y baterías usadas, y también muchos vecinos participaron de campañas de entrega de sus productos electrónicos en desuso. Esto da cuenta de la sensibilidad ciudadana ante un problema que reclama estrategias públicas bien definidas.
Es necesario promover estrategias de uso, reciclado y desecho responsables de productos plásticos, electrónicos, pilas y baterías. Las autoridades deben remontar su mora en la materia.
Fecha de Publicación: 03/03/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Mientras crece el riesgo ambiental y aumenta la conciencia mundial sobre los peligros y necesidades de cuidado, nuestras autoridades siguen sin priorizar el problema, lo cual se refleja en la ausencia de estrategias de clasificación y reciclado de desechos urbanos.
La carencia de información acompaña un uso abusivo de plásticos y un tratamiento no siempre adecuado de residuos potencialmente contaminantes. Pilas y aparatos eléctricos y electrónicos hoy tienen un destino común, a pesar de que en muchos casos pueden contener elementos contaminantes.
En la actualidad no hay normas específicas sobre estos objetos, aunque en los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad de Buenos Aires se han reunido unas tres toneladas de pilas y baterías usadas, y también muchos vecinos participaron de campañas de entrega de sus productos electrónicos en desuso. Esto da cuenta de la sensibilidad ciudadana ante un problema que reclama estrategias públicas bien definidas.
Es necesario promover estrategias de uso, reciclado y desecho responsables de productos plásticos, electrónicos, pilas y baterías. Las autoridades deben remontar su mora en la materia.
Carreras de ecología triplicaron su matrícula
Las carreras técnicas de ecología casi triplicaron su matrícula
Fecha de Publicación: 03/03/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Datos de Educación consignan un crecimiento del 184 por ciento en carreras terciarias de ecología y medio ambiente.
No se trata de carreras masivas, ni mucho menos. El número total de alumnos en el nivel superior no universitario que optaron por carreras vinculadas con el medio ambiente y la ecología ascendía a 2.701 en 2007. Sin embargo, cinco años antes sólo había 951 alumnos: la matrícula, entonces, creció un 184%.
“Ultimamente las estadísticas educativas remarcan el aumento en la cantidad de jóvenes que se incorpora a la educación superior universitaria o no en carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología”, explica Eduardo Argundi, titular de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. “En este contexto se enmarca el incremento de alumnos del nivel superior no universitario que cursan carreras relacionadas con el medio ambiente”.
En el caso de los títulos universitarios vinculados a la cuestión ambiental, que comenzaron a multiplicarse en los 90, en el período analizado (2002-2007) la oferta se mantuvo en crecimiento a nivel pregrado, grado y posgrado. Hoy, las propuestas cubren un amplio espectro que va de las ingenierías a las licenciaturas y profesorados. Y desde la gestión ambiental al derecho, la geoecología o la administración de empresas con orientación en temas ambientales.
“El medio ambiente es transversal a todas las disciplinas”, señala Graciela Conesa, directora de la Licenciatura en Gerenciamiento Ambiental de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). La especialista señala que también hubo un crecimiento en la contratación de profesionales en esta área de especialidad: “con el aumento de las exportaciones, las empresas argentinas tuvieron que aggiornarse y establecer para su producción los parámetros internacionales. Incluso muchos productos para entrar al mundo tienen que tener certificación ambiental”, agrega.
Tendencia
La matrícula de carreras universitarias de ciencias básicas y de ciencias aplicadas y tecnología (las ramas donde se ubican las carreras de ambiente y ecología) “experimentó un crecimiento significativo en los últimos años”, dice Argundi. “Esto muestra un quiebre de la tendencia registrada años atrás”, cuando este tipo de carreras tendían a decrecer.
La misma tendencia se confirmó en el estudio “Elección disciplinaria del sistema universitario argentino”, que analiza las elecciones de carrera de los aspirantes durante el período 2006-2008. El trabajo de la Coordinación de Investigaciones e
Información Estadística (CIIE) de la Secretaría de Políticas Universitarias registró un crecimiento del 2,4% sobre el total de las ciencias aplicadas y básicas y un decrecimiento de menos del 1% en las ciencias sociales.
Para Argundi, una explicación del crecimiento en las carreras sobre medio ambiente puede buscarse en el estudio PISA 2006, una evaluación internacional estandarizada de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). “El estudio, que evalúa alumnos de 15 años, tuvo en el año 2006 a las ciencias naturales como área principal”, explica el funcionario. En el caso de la Argentina, más del 90% de los alumnos respondieron estar de acuerdo o muy de acuerdo con el desarrollo de leyes que protejan los ambientes y las especies amenazadas. “Porcentajes similares se obtuvieron cuando se les preguntó por la necesidad de exigir a las industrias que prueben que son seguros sus métodos de tratamiento de residuos peligrosos”, continúa Argundi.
También “es muy alta la proporción de jóvenes que tienen una valoración positiva respecto del potencial de la ciencia y la tecnología para comprender la naturaleza y mejorar la vida de las personas.
Estos resultados muestran altos niveles de concientización de los alumnos con respecto a temas ambientales”, analiza el funcionario y concluye: “tal vez radique en este mayor nivel de conciencia uno de los motivos que los induce a avanzar en carreras vinculadas a las ciencias medioambientales”.
Sin embargo, en el nivel universitario, estas carreras siguen siendo “de las chicas”. “Incluso podríamos hablar de disminución”, señala Laura Rozenwaffer, directora de la carrera de Ingeniería en Ecología de la Universidad de Flores.
“Los jóvenes no quieren estudiar y suponen que en primer año van a ir a sacarle petróleo a los pingüinos”, ironiza. Conesa coincide con que “se desconoce en qué consisten estas carreras. Algunos creen que van a ir a cuidar animales”.
Además, agrega, los estudiantes deben tener un perfil poco frecuente porque “deben combinar conocimientos científicos y técnicos con humanísticos”.
Fecha de Publicación: 03/03/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Datos de Educación consignan un crecimiento del 184 por ciento en carreras terciarias de ecología y medio ambiente.
No se trata de carreras masivas, ni mucho menos. El número total de alumnos en el nivel superior no universitario que optaron por carreras vinculadas con el medio ambiente y la ecología ascendía a 2.701 en 2007. Sin embargo, cinco años antes sólo había 951 alumnos: la matrícula, entonces, creció un 184%.
“Ultimamente las estadísticas educativas remarcan el aumento en la cantidad de jóvenes que se incorpora a la educación superior universitaria o no en carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología”, explica Eduardo Argundi, titular de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. “En este contexto se enmarca el incremento de alumnos del nivel superior no universitario que cursan carreras relacionadas con el medio ambiente”.
En el caso de los títulos universitarios vinculados a la cuestión ambiental, que comenzaron a multiplicarse en los 90, en el período analizado (2002-2007) la oferta se mantuvo en crecimiento a nivel pregrado, grado y posgrado. Hoy, las propuestas cubren un amplio espectro que va de las ingenierías a las licenciaturas y profesorados. Y desde la gestión ambiental al derecho, la geoecología o la administración de empresas con orientación en temas ambientales.
“El medio ambiente es transversal a todas las disciplinas”, señala Graciela Conesa, directora de la Licenciatura en Gerenciamiento Ambiental de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). La especialista señala que también hubo un crecimiento en la contratación de profesionales en esta área de especialidad: “con el aumento de las exportaciones, las empresas argentinas tuvieron que aggiornarse y establecer para su producción los parámetros internacionales. Incluso muchos productos para entrar al mundo tienen que tener certificación ambiental”, agrega.
Tendencia
La matrícula de carreras universitarias de ciencias básicas y de ciencias aplicadas y tecnología (las ramas donde se ubican las carreras de ambiente y ecología) “experimentó un crecimiento significativo en los últimos años”, dice Argundi. “Esto muestra un quiebre de la tendencia registrada años atrás”, cuando este tipo de carreras tendían a decrecer.
La misma tendencia se confirmó en el estudio “Elección disciplinaria del sistema universitario argentino”, que analiza las elecciones de carrera de los aspirantes durante el período 2006-2008. El trabajo de la Coordinación de Investigaciones e
Información Estadística (CIIE) de la Secretaría de Políticas Universitarias registró un crecimiento del 2,4% sobre el total de las ciencias aplicadas y básicas y un decrecimiento de menos del 1% en las ciencias sociales.
Para Argundi, una explicación del crecimiento en las carreras sobre medio ambiente puede buscarse en el estudio PISA 2006, una evaluación internacional estandarizada de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). “El estudio, que evalúa alumnos de 15 años, tuvo en el año 2006 a las ciencias naturales como área principal”, explica el funcionario. En el caso de la Argentina, más del 90% de los alumnos respondieron estar de acuerdo o muy de acuerdo con el desarrollo de leyes que protejan los ambientes y las especies amenazadas. “Porcentajes similares se obtuvieron cuando se les preguntó por la necesidad de exigir a las industrias que prueben que son seguros sus métodos de tratamiento de residuos peligrosos”, continúa Argundi.
También “es muy alta la proporción de jóvenes que tienen una valoración positiva respecto del potencial de la ciencia y la tecnología para comprender la naturaleza y mejorar la vida de las personas.
Estos resultados muestran altos niveles de concientización de los alumnos con respecto a temas ambientales”, analiza el funcionario y concluye: “tal vez radique en este mayor nivel de conciencia uno de los motivos que los induce a avanzar en carreras vinculadas a las ciencias medioambientales”.
Sin embargo, en el nivel universitario, estas carreras siguen siendo “de las chicas”. “Incluso podríamos hablar de disminución”, señala Laura Rozenwaffer, directora de la carrera de Ingeniería en Ecología de la Universidad de Flores.
“Los jóvenes no quieren estudiar y suponen que en primer año van a ir a sacarle petróleo a los pingüinos”, ironiza. Conesa coincide con que “se desconoce en qué consisten estas carreras. Algunos creen que van a ir a cuidar animales”.
Además, agrega, los estudiantes deben tener un perfil poco frecuente porque “deben combinar conocimientos científicos y técnicos con humanísticos”.
Semillas de mostaza para biocombustibles
Semillas de mostaza para fabricar biocombustibles
Fecha de Publicación: 02/03/2009
Fuente: El Mundo (España)
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
En un futuro no lejano, cuando usted pida mostaza, será para llenar el depósito del coche y no para condimentar los perritos calientes. En la búsqueda de nuevas fuentes de energía que sustituyan a los combustibles convencionales, un equipo de investigadores en Argentina y otro en España estudian el potencial de dos especies de mostaza: la etíope (Brassica carinata) y la india (Brassica juncea).
Ambas poseen una considerable concentración de aceite y por consiguiente, un alto valor energético. En Argentina, la tarea de encontrar una alternativa a los hidrocarburos es una lucha contra el tiempo; se calcula que en menos de un siglo ya no habrá gas suficiente para llenar una bombona y que para buscar nuevos yacimientos petrolíferos habrá que aventurarse en las aguas del Atlántico, a 200 kilómetros de la costa.
«En nuestro país, sólo el 1% de los cultivos se destina a la producción de energía. Y de lo poco que se obtiene, el 100% proviene de la soja», indica Patricia Giménez, participante argentina del «proyecto mostaza».
La idea surgió a raíz de la polémica que libran los defensores de los biocombustibles, con aquellas organizaciones sociales o ambientalistas para quienes la explotación de la soja, la caña de azúcar o el maíz con fines energéticos dejaría sin alimento a los más pobres del planeta.
En un congreso celebrado en 2008 en España, Antonio De Haro, profesor de agronomía de la Universidad de Córdoba y miembro del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), anunció que a diferencia de los otros cultivos, las citadas mostazas pueden crecer en suelos áridos o semiáridos y bajo temperaturas extremas. Y que mediante la biogenética, es posible acentuar esas propiedades, creando un suministro de combustibles vegetales que no afectaría la producción de alimentos.
«Es una solución que vendría como anillo al dedo en Argentina, donde dos tercios del territorio son semiáridos y donde la soja y los cereales ocupan casi todas las tierras fértiles», comenta Daniel Sorlino, otro integrante del programa De Córdoba a Córdoba.
El título se debe a que las semillas, genéticamente manipuladas a fin de reducir el proceso de floración y aumentar el contenido oleaginoso, se producen en los laboratorios de la Córdoba española y se siembran en un vivero de la provincia de Córdoba en Argentina. El experimento también se lleva a cabo en la franja central de las provincias de San Luís, Santiago del Estero y Chaco.
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) financia el proyecto de las universidades con miras a diversificar los biodiésel, que en los países de la Unión Europea sólo se obtienen de la colza. Otra ventaja que en Argentina puede inclinar la balanza a favor de las mostazas es que la soja posee altos índices de yodo que son incompatibles con los estándares que impone la Unión Europea a la importación de biocombustible. «Además, las brassicas son más resistentes a las plagas; Antonio de Haro descubrió que poseen una sustancia -el glucosinolato- que actúa como biofungicida natural», agrega Sorlino.
En cuanto al proceso productivo, el especialista argentino destaca que los cultivos perennes, como la caña de azúcar, suponen un serio riesgo para el agricultor. Con una helada o una plaga llega el riesgo. Ante un percance similar, la mostaza (cultivo cíclico) se sustituye por otra planta y así se reducen las pérdidas. Aunque el hallazgo de otra fuente de energía renovable y limpia lo entusiasma, Daniel Sorlino considera que los biocombustibles sólo ofrecen una solución intermedia al agotamiento de los combustibles fósiles. «A más largo plazo, no cabe duda que la respuesta está en el hidrógeno», concluye.
Fecha de Publicación: 02/03/2009
Fuente: El Mundo (España)
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
En un futuro no lejano, cuando usted pida mostaza, será para llenar el depósito del coche y no para condimentar los perritos calientes. En la búsqueda de nuevas fuentes de energía que sustituyan a los combustibles convencionales, un equipo de investigadores en Argentina y otro en España estudian el potencial de dos especies de mostaza: la etíope (Brassica carinata) y la india (Brassica juncea).
Ambas poseen una considerable concentración de aceite y por consiguiente, un alto valor energético. En Argentina, la tarea de encontrar una alternativa a los hidrocarburos es una lucha contra el tiempo; se calcula que en menos de un siglo ya no habrá gas suficiente para llenar una bombona y que para buscar nuevos yacimientos petrolíferos habrá que aventurarse en las aguas del Atlántico, a 200 kilómetros de la costa.
«En nuestro país, sólo el 1% de los cultivos se destina a la producción de energía. Y de lo poco que se obtiene, el 100% proviene de la soja», indica Patricia Giménez, participante argentina del «proyecto mostaza».
La idea surgió a raíz de la polémica que libran los defensores de los biocombustibles, con aquellas organizaciones sociales o ambientalistas para quienes la explotación de la soja, la caña de azúcar o el maíz con fines energéticos dejaría sin alimento a los más pobres del planeta.
En un congreso celebrado en 2008 en España, Antonio De Haro, profesor de agronomía de la Universidad de Córdoba y miembro del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), anunció que a diferencia de los otros cultivos, las citadas mostazas pueden crecer en suelos áridos o semiáridos y bajo temperaturas extremas. Y que mediante la biogenética, es posible acentuar esas propiedades, creando un suministro de combustibles vegetales que no afectaría la producción de alimentos.
«Es una solución que vendría como anillo al dedo en Argentina, donde dos tercios del territorio son semiáridos y donde la soja y los cereales ocupan casi todas las tierras fértiles», comenta Daniel Sorlino, otro integrante del programa De Córdoba a Córdoba.
El título se debe a que las semillas, genéticamente manipuladas a fin de reducir el proceso de floración y aumentar el contenido oleaginoso, se producen en los laboratorios de la Córdoba española y se siembran en un vivero de la provincia de Córdoba en Argentina. El experimento también se lleva a cabo en la franja central de las provincias de San Luís, Santiago del Estero y Chaco.
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) financia el proyecto de las universidades con miras a diversificar los biodiésel, que en los países de la Unión Europea sólo se obtienen de la colza. Otra ventaja que en Argentina puede inclinar la balanza a favor de las mostazas es que la soja posee altos índices de yodo que son incompatibles con los estándares que impone la Unión Europea a la importación de biocombustible. «Además, las brassicas son más resistentes a las plagas; Antonio de Haro descubrió que poseen una sustancia -el glucosinolato- que actúa como biofungicida natural», agrega Sorlino.
En cuanto al proceso productivo, el especialista argentino destaca que los cultivos perennes, como la caña de azúcar, suponen un serio riesgo para el agricultor. Con una helada o una plaga llega el riesgo. Ante un percance similar, la mostaza (cultivo cíclico) se sustituye por otra planta y así se reducen las pérdidas. Aunque el hallazgo de otra fuente de energía renovable y limpia lo entusiasma, Daniel Sorlino considera que los biocombustibles sólo ofrecen una solución intermedia al agotamiento de los combustibles fósiles. «A más largo plazo, no cabe duda que la respuesta está en el hidrógeno», concluye.
Derrame de petróleo en Río Negro
Derrame de petróleo de grandes proporciones
Fecha de Publicación: 02/03/2009
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La rotura de un oleoducto causó un importante daño ambiental por lo que se prevén fuertes sanciones monetarias para la compañía involucrada en el hecho.
A pocos metros del Río Colorado sobre un profundo cañadón que une los cerros de Rincón de los Sauces con el curso hídrico, un oleoducto provocó un profundo daño ambiental al “reventar” una de sus secciones y contaminar parte del río seco.
Según estimó el intendente de Rincón, Hugo Wernli, “el derrame tiene unos 150 metros de largo por unos cincuenta metros de ancho y la primer contención se la dio la municipalidad para que el petróleo no llegue al río Colorado… la empresa Oldelval respondió muy tarde con un discutible plan de contingencia”, dijo a “Río Negro”.´
Asimismo, una tormenta cercana amenazaba con agravar el cuadro mientras la empresa Oldelval, responsable del oleoducto dañado, intentaba levantar parte de lo derramado. Se prevé fuertes sanciones monetarias para la compañía.
Fecha de Publicación: 02/03/2009
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La rotura de un oleoducto causó un importante daño ambiental por lo que se prevén fuertes sanciones monetarias para la compañía involucrada en el hecho.
A pocos metros del Río Colorado sobre un profundo cañadón que une los cerros de Rincón de los Sauces con el curso hídrico, un oleoducto provocó un profundo daño ambiental al “reventar” una de sus secciones y contaminar parte del río seco.
Según estimó el intendente de Rincón, Hugo Wernli, “el derrame tiene unos 150 metros de largo por unos cincuenta metros de ancho y la primer contención se la dio la municipalidad para que el petróleo no llegue al río Colorado… la empresa Oldelval respondió muy tarde con un discutible plan de contingencia”, dijo a “Río Negro”.´
Asimismo, una tormenta cercana amenazaba con agravar el cuadro mientras la empresa Oldelval, responsable del oleoducto dañado, intentaba levantar parte de lo derramado. Se prevé fuertes sanciones monetarias para la compañía.
Responden por residuos en la Ceamse
Responden por residuos en la Ceamse
Fecha de Publicación: 28/02/2009
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Luego de la denuncia efectuada por distintas organizaciones ambientalistas que reclaman el cierre definitivo del relleno sanitario de Punta Lara, por el supuesto ingreso de camiones no autorizados y el de residuos peligrosos al predio, desde la Ceamse desmintieron "totalmente tales aseveraciones". "Esto no puede ocurrir, ya que se llevan a cabo los más exigentes requisitos de protección ambiental", agregaron los voceros del Complejo de Ensenada.
"Dejamos en claro que lo manifestado es totalmente inexacto, tanto en sus aspectos operativos como en los atinentes al convenio homologado por la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2006, acerca del centro de disposición final de residuos", dijeron desde la Ceamse en respuesta a la denuncia efectuada por las ONG´s ambientalistas.
A su vez, agregaron: "desde hace varios años y con pretextos similares, los demandantes en el juicio `Asociación Civil Nuevo Ambiente c/ CEAMSE s/ Amparo´ vienen desarrollando todo tipo de ataques que han perjudicado las esenciales operaciones que llevamos a cabo para la gestión de los residuos domiciliarios de la región La Plata".
"Para evitar que esto sucediera, entre los acuerdos celebrados en diciembre de 2006, se decidió junto con las ONG `No + CEMASE` la conformación de una comisión de monitoreo, la cual todavía no se ha constituido, por lo que resulta falsa la auto atribuida condición de `integrantes de la comisión´ de los denunciantes y también lo es que se les hubiera negado el acceso al predio", sentenciaron desde la CEAMSE.
Fecha de Publicación: 28/02/2009
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Luego de la denuncia efectuada por distintas organizaciones ambientalistas que reclaman el cierre definitivo del relleno sanitario de Punta Lara, por el supuesto ingreso de camiones no autorizados y el de residuos peligrosos al predio, desde la Ceamse desmintieron "totalmente tales aseveraciones". "Esto no puede ocurrir, ya que se llevan a cabo los más exigentes requisitos de protección ambiental", agregaron los voceros del Complejo de Ensenada.
"Dejamos en claro que lo manifestado es totalmente inexacto, tanto en sus aspectos operativos como en los atinentes al convenio homologado por la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2006, acerca del centro de disposición final de residuos", dijeron desde la Ceamse en respuesta a la denuncia efectuada por las ONG´s ambientalistas.
A su vez, agregaron: "desde hace varios años y con pretextos similares, los demandantes en el juicio `Asociación Civil Nuevo Ambiente c/ CEAMSE s/ Amparo´ vienen desarrollando todo tipo de ataques que han perjudicado las esenciales operaciones que llevamos a cabo para la gestión de los residuos domiciliarios de la región La Plata".
"Para evitar que esto sucediera, entre los acuerdos celebrados en diciembre de 2006, se decidió junto con las ONG `No + CEMASE` la conformación de una comisión de monitoreo, la cual todavía no se ha constituido, por lo que resulta falsa la auto atribuida condición de `integrantes de la comisión´ de los denunciantes y también lo es que se les hubiera negado el acceso al predio", sentenciaron desde la CEAMSE.
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