El terraplen ilegal continua en Ibera
16:55 | 
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El terraplen ilegal continua en Ibera pese a la orden de demolicion
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
El gobierno de la nororiental provincia argentina de Corrientes no consigue cumplir una sentencia del máximo tribunal judicial del distrito, que ordenó hace casi un año demoler un terraplén de 30 kilómetros que está dañando el valioso ecosistema de los Esteros del Iberá.
El terraplén de 1,5 metros de alto y seis de ancho fue construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental por la empresa Forestal Andina en el Iberá (“agua que brilla” en lengua guaraní), una reserva natural de 1,3 millones de hectáreas de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares.
El área es hábitat de más de un centenar de especies de peces, 40 de anfibios, 60 de reptiles y unas 345 aves, además de mamíferos como el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus o “zorro grande” en guaraní), el lobito de río (Lontra longicaudis), pariente de la nutria, y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus).
La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo.
Pobladores del Paraje Yahaveré, afectados por el terraplén, llevaron el caso a los tribunales en 2005, con asesoramiento legal financiado por Conservation Land Trust, una fundación del ecologista y millonario estadounidense Douglas Tompkins. Tras sucesivas apelaciones, ganaron la demanda.
En noviembre de 2007, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó demoler el terraplén, diseñado para ganar tierra al agua a la manera de un pólder. Cuando se produjo el fallo en primera instancia, tenía apenas un kilómetro y medio.
Los jueces estimaron que “no puede beneficiarse a quien desobedeció la orden cautelar” en primera y segunda instancia, porque se dejaría el precedente de que en cuestiones ambientales “siempre conviene litigar sobre la base de hechos consumados, pues retroceder las cosas implicaría un daño mayor”.
La justicia estableció que si la empresa no procedía a la demolición, la tarea quedaba en manos del gubernamental Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), que tiene poder de control y policía en la reserva.
Ejecutar la sentencia no es tan fácil
“El expediente está en proceso de ejecución”, dijo a Tierramérica la abogada de los demandantes, Patricia Mc Cormack, pero hay “dilaciones” en el trámite.
Una vez que la máxima instancia judicial se pronuncia, el cumplimiento no es automático. “La sentencia está firme, pero hay que definir cómo y cuándo se va a demoler, y para eso se vuelve a primera instancia, y ahí ya no tiene plazo”, advirtió.
La justicia está ahora “dando pie a los recursos” judiciales de la empresa y del ICAA “en salvaguarda del debido proceso”. “Los tiempos de la justicia son lentos, pero si no cumplimos con las formalidades nos pueden pedir la nulidad de todo el proceso”, alertó.
El abogado Juan Delsín, gerente jurídico del ICAA, aseguró a Tierramérica que el organismo provincial “tiene voluntad de cumplir la sentencia”. “Tenemos ya los pliegos para una contratación directa de las obras de demolición y estamos esperando que el Poder Ejecutivo nos autorice el gasto”, dijo.
El costo de la demolición es de unos 500.000 dólares, que serán cargados a la cuenta de Forestal Andina, informó Delsín. De todos modos, el trámite para comenzar las obras podría demorarse 90 días, una vez que se establezca quién la ejecutará.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Vida Silvestre y otras entidades ambientalistas y la Dirección de Bosques del gobierno nacional acompañaron el fin de semana una cabalgata de vecinos de Yahaveré para exigir el acatamiento de la sentencia.
Esas entidades convocaron por Internet a enviar mensajes y correos electrónicos al Ministerio de la Producción de Corrientes, del que depende el ICAA. La campaña se titula: “No a los terraplenes. Salvemos el Iberá”.
Pese a todo, la orden judicial constituye un precedente en la jurisprudencia ambiental, según Mc Cormack. “Es la primera vez que la justicia da una orden de estas características”, remarcó.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en que la sentencia es inédita. “Es la primera vez en América Latina que un fallo judicial ordena la demolición de una obra de construcción ilegal por su impacto ambiental”, aseguró.
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
El gobierno de la nororiental provincia argentina de Corrientes no consigue cumplir una sentencia del máximo tribunal judicial del distrito, que ordenó hace casi un año demoler un terraplén de 30 kilómetros que está dañando el valioso ecosistema de los Esteros del Iberá.
El terraplén de 1,5 metros de alto y seis de ancho fue construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental por la empresa Forestal Andina en el Iberá (“agua que brilla” en lengua guaraní), una reserva natural de 1,3 millones de hectáreas de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares.
El área es hábitat de más de un centenar de especies de peces, 40 de anfibios, 60 de reptiles y unas 345 aves, además de mamíferos como el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus o “zorro grande” en guaraní), el lobito de río (Lontra longicaudis), pariente de la nutria, y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus).
La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo.
Pobladores del Paraje Yahaveré, afectados por el terraplén, llevaron el caso a los tribunales en 2005, con asesoramiento legal financiado por Conservation Land Trust, una fundación del ecologista y millonario estadounidense Douglas Tompkins. Tras sucesivas apelaciones, ganaron la demanda.
En noviembre de 2007, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó demoler el terraplén, diseñado para ganar tierra al agua a la manera de un pólder. Cuando se produjo el fallo en primera instancia, tenía apenas un kilómetro y medio.
Los jueces estimaron que “no puede beneficiarse a quien desobedeció la orden cautelar” en primera y segunda instancia, porque se dejaría el precedente de que en cuestiones ambientales “siempre conviene litigar sobre la base de hechos consumados, pues retroceder las cosas implicaría un daño mayor”.
La justicia estableció que si la empresa no procedía a la demolición, la tarea quedaba en manos del gubernamental Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), que tiene poder de control y policía en la reserva.
Ejecutar la sentencia no es tan fácil
“El expediente está en proceso de ejecución”, dijo a Tierramérica la abogada de los demandantes, Patricia Mc Cormack, pero hay “dilaciones” en el trámite.
Una vez que la máxima instancia judicial se pronuncia, el cumplimiento no es automático. “La sentencia está firme, pero hay que definir cómo y cuándo se va a demoler, y para eso se vuelve a primera instancia, y ahí ya no tiene plazo”, advirtió.
La justicia está ahora “dando pie a los recursos” judiciales de la empresa y del ICAA “en salvaguarda del debido proceso”. “Los tiempos de la justicia son lentos, pero si no cumplimos con las formalidades nos pueden pedir la nulidad de todo el proceso”, alertó.
El abogado Juan Delsín, gerente jurídico del ICAA, aseguró a Tierramérica que el organismo provincial “tiene voluntad de cumplir la sentencia”. “Tenemos ya los pliegos para una contratación directa de las obras de demolición y estamos esperando que el Poder Ejecutivo nos autorice el gasto”, dijo.
El costo de la demolición es de unos 500.000 dólares, que serán cargados a la cuenta de Forestal Andina, informó Delsín. De todos modos, el trámite para comenzar las obras podría demorarse 90 días, una vez que se establezca quién la ejecutará.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Vida Silvestre y otras entidades ambientalistas y la Dirección de Bosques del gobierno nacional acompañaron el fin de semana una cabalgata de vecinos de Yahaveré para exigir el acatamiento de la sentencia.
Esas entidades convocaron por Internet a enviar mensajes y correos electrónicos al Ministerio de la Producción de Corrientes, del que depende el ICAA. La campaña se titula: “No a los terraplenes. Salvemos el Iberá”.
Pese a todo, la orden judicial constituye un precedente en la jurisprudencia ambiental, según Mc Cormack. “Es la primera vez que la justicia da una orden de estas características”, remarcó.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en que la sentencia es inédita. “Es la primera vez en América Latina que un fallo judicial ordena la demolición de una obra de construcción ilegal por su impacto ambiental”, aseguró.
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Saneando el lago San Roque
Nación girará a Córdoba casi tres millones y medio de pesos para continuar saneando el lago San Roque
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Córdoba
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación , Romina Picolotti, suscribirán hoy un acuerdo mediante el cual el Gobierno Nacional girará a la provincia mediterránea casi tres millones y medio de pesos con destino la optimización del funcionamiento del sistema de difusores instalados en el Lago San Roque, a la limpieza de su espejo de agua y de sus costas y al fortalecimiento institucional del Laboratorio de Aguas dependiente de la subsecretaría de Recursos Hídricos.
El entendimiento será suscripto durante un acto que tendrá lugar a las 10 en la Casa de Gobierno de Córdoba, del que tomarán parte funcionarios del Ejecutivo provincial y al que han sido invitados intendentes y jefes comunales. Luego de la ceremonia, Picolotti junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa y el subsecretario de Recursos Hídricos Jorge Masih, se trasladarán hasta el Lago San Roque, donde en las instalaciones en las que se encuentran instalados los compresores que bombean oxígeno hacia el fondo del lago, procederán al corte de cintas para dejar oficialmente inaugurados esos equipos.
El documento a suscribir es el Protocolo Complementario Número Dos del Convenio Marco para el Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago San Roque y Recuperación de la Calidad del Embalse, suscripto con fecha 13 de febrero de 2007 entre la cartera ambiental y la provincia de Córdoba.
La secretaría a cargo de Picolotti transferirá a la subsecretaría de Recursos Hídricos, en tres etapas, la suma de pesos novecientos treinta y tres mil trescientos noventa ($ 933.390), los que se destinarán a realizar la operación y mantenimiento del sistema de inyección forzada de aire ya instalado, como así también el monitoreo ambiental en el Lago San Roque, acciones destinadas a modificar la estratificación térmica que se produce en el embalse, con el objeto final de mejorar las condiciones del agua que luego se utiliza para la provisión de agua potable a la ciudad de Córdoba.
También proporcionará, dentro de sus competencias, apoyo técnico y administrativo; licitará, adjudicará y financiará por un total de dos millones cuatrocientos mil pesos ($ 2.400.000) los trabajos para la limpieza de la costa y del espejo de agua del Lago San Roque por un período de veinticuatro (24) meses; y realizará los monitoreos, controles y fiscalizaciones que considere pertinentes durante todo el proceso de ejecución de los trabajos.
El deterioro de la calidad estética de las aguas del lago –con presencia de color y olores desagradables–, las floraciones algales y la mortandad de peces producida, comenzaron a revertirse desde la puesta en funcionamiento de los difusores de aire, que tienen como objetivo mantener la temperatura del agua en condiciones homogéneas en el gradiente vertical (en la profundidad) evitando así la disminución rápida de las concentraciones de oxígeno disuelto en el fondo del lago.
Como complemento de esa obra, ahora se realizarán acciones de limpieza y mantenimiento de la costa del lago y su espejo de agua en forma continua y preventiva, para el cuidado de esta importante reserva de agua.
Concretamente, se realizará la recolección, extracción, acumulación, depósito transitorio, segregación, transporte y disposición final de residuos sólidos, resaca y algas que se encuentren sobre las costas del Lago San Roque y áreas próximas a éstas, así como también en la superficie del espejo de agua del dique San Roque.
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Córdoba
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación , Romina Picolotti, suscribirán hoy un acuerdo mediante el cual el Gobierno Nacional girará a la provincia mediterránea casi tres millones y medio de pesos con destino la optimización del funcionamiento del sistema de difusores instalados en el Lago San Roque, a la limpieza de su espejo de agua y de sus costas y al fortalecimiento institucional del Laboratorio de Aguas dependiente de la subsecretaría de Recursos Hídricos.
El entendimiento será suscripto durante un acto que tendrá lugar a las 10 en la Casa de Gobierno de Córdoba, del que tomarán parte funcionarios del Ejecutivo provincial y al que han sido invitados intendentes y jefes comunales. Luego de la ceremonia, Picolotti junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa y el subsecretario de Recursos Hídricos Jorge Masih, se trasladarán hasta el Lago San Roque, donde en las instalaciones en las que se encuentran instalados los compresores que bombean oxígeno hacia el fondo del lago, procederán al corte de cintas para dejar oficialmente inaugurados esos equipos.
El documento a suscribir es el Protocolo Complementario Número Dos del Convenio Marco para el Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago San Roque y Recuperación de la Calidad del Embalse, suscripto con fecha 13 de febrero de 2007 entre la cartera ambiental y la provincia de Córdoba.
La secretaría a cargo de Picolotti transferirá a la subsecretaría de Recursos Hídricos, en tres etapas, la suma de pesos novecientos treinta y tres mil trescientos noventa ($ 933.390), los que se destinarán a realizar la operación y mantenimiento del sistema de inyección forzada de aire ya instalado, como así también el monitoreo ambiental en el Lago San Roque, acciones destinadas a modificar la estratificación térmica que se produce en el embalse, con el objeto final de mejorar las condiciones del agua que luego se utiliza para la provisión de agua potable a la ciudad de Córdoba.
También proporcionará, dentro de sus competencias, apoyo técnico y administrativo; licitará, adjudicará y financiará por un total de dos millones cuatrocientos mil pesos ($ 2.400.000) los trabajos para la limpieza de la costa y del espejo de agua del Lago San Roque por un período de veinticuatro (24) meses; y realizará los monitoreos, controles y fiscalizaciones que considere pertinentes durante todo el proceso de ejecución de los trabajos.
El deterioro de la calidad estética de las aguas del lago –con presencia de color y olores desagradables–, las floraciones algales y la mortandad de peces producida, comenzaron a revertirse desde la puesta en funcionamiento de los difusores de aire, que tienen como objetivo mantener la temperatura del agua en condiciones homogéneas en el gradiente vertical (en la profundidad) evitando así la disminución rápida de las concentraciones de oxígeno disuelto en el fondo del lago.
Como complemento de esa obra, ahora se realizarán acciones de limpieza y mantenimiento de la costa del lago y su espejo de agua en forma continua y preventiva, para el cuidado de esta importante reserva de agua.
Concretamente, se realizará la recolección, extracción, acumulación, depósito transitorio, segregación, transporte y disposición final de residuos sólidos, resaca y algas que se encuentren sobre las costas del Lago San Roque y áreas próximas a éstas, así como también en la superficie del espejo de agua del dique San Roque.
La basura también puede ser un negocio
La basura también puede ser un negocio
Fecha de Publicación: 26/10/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente de Suecia, Andreas Carlgren, está convencido de que la basura puede ser un gran negocio y una alternativa para la escasez energética que, tarde o temprano, se convertirá en un problema para todo el mundo.
En su paso por la Argentina para participar de un simposio técnico sobre política y tecnología ambiental, Carlgren dialogó con LA NACION y desgranó algunos de los conceptos que podrían ayudar a convertir los residuos en un recurso rentable y que permitirían, al mismo tiempo, reducir la contaminación en las ciudades.
Creo que los desechos nos presentan una gran oportunidad. Lo que hoy es un gasto, un problema sanitario y una amenaza constante para el ambiente se puede convertir en un negocio rentable?, afirmó el experto.
Además del cuidado ambiental, se pueden generar ganancias en unos cinco años, que se incrementan en relación con el aumento del precio de la energía.
En su opinión, la transformación de los residuos, ya sean domiciliarios o industriales, serán la solución para un futuro sin petróleo, que él vislumbra inevitable. Ese combustible se acabará; por eso es importante empezar a trabajar cuanto antes en una alternativa. Podemos hacerlo poco a poco, pero lo importante es que comencemos ya?, apuntó el ministro. Y agregó: Una tonelada de petróleo es equivalente en contenido energético a cuatro toneladas de basura.
El cree que hay grandes oportunidades en la Argentina para que los residuos dejen de ser una carga que no se sabe bien dónde ubicar y para convertirse en un vehículo para generar recursos. ?Además, se crearía mucho trabajo en empresas dedicadas al procesamiento de estos productos.?
¿Cómo se puede producir energía con los residuos? Según explicó este funcionario, se empieza desde los hogares, concientizando a quienes generan estos desechos de la necesidad de embalar por separado los residuos. En Suecia, se resistieron un poco al principio, pero hoy la industria del reciclaje y la generación de combustible es rentable. La idea fundamental es que lo que tomamos de la naturaleza lo devolvemos a ella, así sabemos que no destruimos el ambiente.
En una etapa más evolucionada, se puede producir biogás, que se elabora con la fermentación de los residuos orgánicos, que produce gas metano. Entonces, se puede elegir quemarlo directamente para crear energía y calefacción o quitarle el óxido de carbono y emplearlo como combustible para los coches.
La otra forma de energía es la que se extrae de los desechos sólidos, que pueden ser quemados para producir electricidad. Con esta electricidad se puede calefaccionar o refrigerar las casas. Hay ciudades suecas en las que el 90% de la calefacción es suministrada de este modo. También se puede hacer vapor para uso industrial y emplearlo para desalinizar el agua, indicó.
Ciudad ecológica
Pero, además, Carlgren vino a la Argentina a promocionar Simbiocity, una idea de ciudad ecológica en la que todo está pensado para la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento completo de los residuos. Este modelo demuestra que lo mejor es abordar todos los problemas juntos. No hay que tratar sólo el tema de la basura o sólo el de la escasez de energía o el del transporte, porque se hace más difícil y costoso, señaló.
En un centro urbano diseñado conforme a este concepto, la ubicación de la basura deja de ser un problema, el medio ambiente ya no es agredido y los desechos pasan a ser útiles como calefacción de casas o como combustibles para el transporte.
El concepto de Simbiocity es llevado a la realidad mediante el contacto directo entre alguna de las cien empresas suecas especializadas en ello y los gobiernos de los distintos países. Por ejemplo, China firmó un acuerdo para planificar una ciudad ecológica, en la que ya trabajan expertos suecos.
Consultado sobre si es posible que en Buenos Aires se instrumente algo similar, dado que estuvo reunido con funcionarios locales, el ministro dijo que existe un interés de cooperación y que desde su país están dispuestos a prestar toda la colaboración posible y transmitir su experiencia.
No es casual que esta propuesta provenga de Suecia, ya que ese país fue pionero, en la década del sesenta, en adoptar los principios de sostenibilidad y reconocer el problema de la rápida pérdida de recursos. En la crisis petrolífera de principios de los setenta, se esforzó por encontrar nuevas fuentes de energía y crear un sistema de ahorro automático.
Fecha de Publicación: 26/10/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente de Suecia, Andreas Carlgren, está convencido de que la basura puede ser un gran negocio y una alternativa para la escasez energética que, tarde o temprano, se convertirá en un problema para todo el mundo.
En su paso por la Argentina para participar de un simposio técnico sobre política y tecnología ambiental, Carlgren dialogó con LA NACION y desgranó algunos de los conceptos que podrían ayudar a convertir los residuos en un recurso rentable y que permitirían, al mismo tiempo, reducir la contaminación en las ciudades.
Creo que los desechos nos presentan una gran oportunidad. Lo que hoy es un gasto, un problema sanitario y una amenaza constante para el ambiente se puede convertir en un negocio rentable?, afirmó el experto.
Además del cuidado ambiental, se pueden generar ganancias en unos cinco años, que se incrementan en relación con el aumento del precio de la energía.
En su opinión, la transformación de los residuos, ya sean domiciliarios o industriales, serán la solución para un futuro sin petróleo, que él vislumbra inevitable. Ese combustible se acabará; por eso es importante empezar a trabajar cuanto antes en una alternativa. Podemos hacerlo poco a poco, pero lo importante es que comencemos ya?, apuntó el ministro. Y agregó: Una tonelada de petróleo es equivalente en contenido energético a cuatro toneladas de basura.
El cree que hay grandes oportunidades en la Argentina para que los residuos dejen de ser una carga que no se sabe bien dónde ubicar y para convertirse en un vehículo para generar recursos. ?Además, se crearía mucho trabajo en empresas dedicadas al procesamiento de estos productos.?
¿Cómo se puede producir energía con los residuos? Según explicó este funcionario, se empieza desde los hogares, concientizando a quienes generan estos desechos de la necesidad de embalar por separado los residuos. En Suecia, se resistieron un poco al principio, pero hoy la industria del reciclaje y la generación de combustible es rentable. La idea fundamental es que lo que tomamos de la naturaleza lo devolvemos a ella, así sabemos que no destruimos el ambiente.
En una etapa más evolucionada, se puede producir biogás, que se elabora con la fermentación de los residuos orgánicos, que produce gas metano. Entonces, se puede elegir quemarlo directamente para crear energía y calefacción o quitarle el óxido de carbono y emplearlo como combustible para los coches.
La otra forma de energía es la que se extrae de los desechos sólidos, que pueden ser quemados para producir electricidad. Con esta electricidad se puede calefaccionar o refrigerar las casas. Hay ciudades suecas en las que el 90% de la calefacción es suministrada de este modo. También se puede hacer vapor para uso industrial y emplearlo para desalinizar el agua, indicó.
Ciudad ecológica
Pero, además, Carlgren vino a la Argentina a promocionar Simbiocity, una idea de ciudad ecológica en la que todo está pensado para la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento completo de los residuos. Este modelo demuestra que lo mejor es abordar todos los problemas juntos. No hay que tratar sólo el tema de la basura o sólo el de la escasez de energía o el del transporte, porque se hace más difícil y costoso, señaló.
En un centro urbano diseñado conforme a este concepto, la ubicación de la basura deja de ser un problema, el medio ambiente ya no es agredido y los desechos pasan a ser útiles como calefacción de casas o como combustibles para el transporte.
El concepto de Simbiocity es llevado a la realidad mediante el contacto directo entre alguna de las cien empresas suecas especializadas en ello y los gobiernos de los distintos países. Por ejemplo, China firmó un acuerdo para planificar una ciudad ecológica, en la que ya trabajan expertos suecos.
Consultado sobre si es posible que en Buenos Aires se instrumente algo similar, dado que estuvo reunido con funcionarios locales, el ministro dijo que existe un interés de cooperación y que desde su país están dispuestos a prestar toda la colaboración posible y transmitir su experiencia.
No es casual que esta propuesta provenga de Suecia, ya que ese país fue pionero, en la década del sesenta, en adoptar los principios de sostenibilidad y reconocer el problema de la rápida pérdida de recursos. En la crisis petrolífera de principios de los setenta, se esforzó por encontrar nuevas fuentes de energía y crear un sistema de ahorro automático.
Correntinos pueden estar consumiendo veneno
Los correntinos pueden estar consumiendo veneno y no lo saben
Fecha de Publicación: 25/10/2008
Fuente: Diario de Curuzú
Provincia/Región: Corrientes
Miles de kilos de productos ingresan y se comercializan todos los días en el Mercado de Concentración de Corrientes. Sin embargo, ni siquiera una fruta o una verdura pasa por un examen de laboratorio que permita corroborar que son aptos para el consumo humano. Para colmo, ni uno de los organismos nacionales o provinciales que deben realizar los estudios efectúa un control estricto sobre los químicos, plaguicidas o fertilizantes que se utilizan en la chacra del cinturón verde capitalino simplemente, porque no tienen con qué.
Jornada tras jornada en el Mercado de Concentración, las 60 playas (sectores donde los productores ofrecen los frutos de sus chacras) y los mayoristas (compran productos locales pero también adquieren mercaderías que no son logradas en la zona) comercializan toneladas de frutas y vegetales. Sin embargo, el lugar no cuenta con una dependencia que se encargue de garantizar que los mismos estén en condiciones de ser ingeridos.
“No hay controles sanitarios sobre los productos que ingresan al mercado”, fue la tajante afirmación del presidente de la Asociación de Productores Introductores y Mayoristas de Alimentos Perecederos (APIMAP), Juan Pablo Daukszewicz.
El Mercado de Corrientes es un organismo autárquico. Más allá de estar dentro del organigrama del Ministerio de la Producción, su autonomía le permite un manejo propio sin injerencias externas de entidad gubernamental alguna.
Si bien para el 2010 estarían concluidas las instalaciones del nuevo mercado, el actual no reúne las condiciones exigidas para la comercialización de productos de ingesta humana.
“Este edificio era una desmontadora de algodón que se adaptó pero no satisface las mínimas exigencias sanitarias”, señaló Mariela Pletsch, experta contratada para la asistencia técnica, coordinación y seguimiento del programa PROMERCADO. Este proyecto fue implementado en busca de satisfacer una de las exigencias que requerirá el SENASA, también en el 2010, para la comercialización de productos frescos: las buenas prácticas agrícolas.
La falta de controles sobre los productos que se comercializan en el Mercado tiene una razón: no hay siquiera un laboratorio dentro de sus instalaciones que permita un control bromatológico (bacteriológico) y de residuos agroquímicos.
El problema se agrava porque los organismos nacionales y provinciales responsables de la sanidad vegetal tampoco realizan las inspecciones de las chacras donde se cosechan las frutas y verduras, por la misma razón: no hay disponibilidad de equipamientos técnicos que permita determinar qué plaguicidas o fertilizantes se utilizan y si los mismos son aplicados en forma correcta.
El 14 de octubre pasado se realizó el primer encuentro por el Ordenamiento Territorial Rural en la provincia de Corrientes. El lugar elegido fue Bella Vista. Allí, los productores de la zona comentaron que el principal problema que enfrentan es la falta de capacitación en el uso de plaguicidas y fertilizantes. La misma situación se estaría repitiendo en el cinturón verde capitalino.
Fecha de Publicación: 25/10/2008
Fuente: Diario de Curuzú
Provincia/Región: Corrientes
Miles de kilos de productos ingresan y se comercializan todos los días en el Mercado de Concentración de Corrientes. Sin embargo, ni siquiera una fruta o una verdura pasa por un examen de laboratorio que permita corroborar que son aptos para el consumo humano. Para colmo, ni uno de los organismos nacionales o provinciales que deben realizar los estudios efectúa un control estricto sobre los químicos, plaguicidas o fertilizantes que se utilizan en la chacra del cinturón verde capitalino simplemente, porque no tienen con qué.
Jornada tras jornada en el Mercado de Concentración, las 60 playas (sectores donde los productores ofrecen los frutos de sus chacras) y los mayoristas (compran productos locales pero también adquieren mercaderías que no son logradas en la zona) comercializan toneladas de frutas y vegetales. Sin embargo, el lugar no cuenta con una dependencia que se encargue de garantizar que los mismos estén en condiciones de ser ingeridos.
“No hay controles sanitarios sobre los productos que ingresan al mercado”, fue la tajante afirmación del presidente de la Asociación de Productores Introductores y Mayoristas de Alimentos Perecederos (APIMAP), Juan Pablo Daukszewicz.
El Mercado de Corrientes es un organismo autárquico. Más allá de estar dentro del organigrama del Ministerio de la Producción, su autonomía le permite un manejo propio sin injerencias externas de entidad gubernamental alguna.
Si bien para el 2010 estarían concluidas las instalaciones del nuevo mercado, el actual no reúne las condiciones exigidas para la comercialización de productos de ingesta humana.
“Este edificio era una desmontadora de algodón que se adaptó pero no satisface las mínimas exigencias sanitarias”, señaló Mariela Pletsch, experta contratada para la asistencia técnica, coordinación y seguimiento del programa PROMERCADO. Este proyecto fue implementado en busca de satisfacer una de las exigencias que requerirá el SENASA, también en el 2010, para la comercialización de productos frescos: las buenas prácticas agrícolas.
La falta de controles sobre los productos que se comercializan en el Mercado tiene una razón: no hay siquiera un laboratorio dentro de sus instalaciones que permita un control bromatológico (bacteriológico) y de residuos agroquímicos.
El problema se agrava porque los organismos nacionales y provinciales responsables de la sanidad vegetal tampoco realizan las inspecciones de las chacras donde se cosechan las frutas y verduras, por la misma razón: no hay disponibilidad de equipamientos técnicos que permita determinar qué plaguicidas o fertilizantes se utilizan y si los mismos son aplicados en forma correcta.
El 14 de octubre pasado se realizó el primer encuentro por el Ordenamiento Territorial Rural en la provincia de Corrientes. El lugar elegido fue Bella Vista. Allí, los productores de la zona comentaron que el principal problema que enfrentan es la falta de capacitación en el uso de plaguicidas y fertilizantes. La misma situación se estaría repitiendo en el cinturón verde capitalino.
Fumigaciones en Córoba: lo que deben exigir
Fumigaciones: lo que deben exigir los municipios
Fecha de Publicación: 24/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Los municipios, para cumplir la ley provincial, deben exigir que se registren los productores ubicados en la zona próxima al área urbana. Con dos días de anticipación a cada fumigación, deben avisar al organismo municipal en materia ambiental o de seguridad, adjuntar la constancia de habilitación de la máquina fumigadora y detallar los productos a utilizar y la dosis a aplicar, además de presentar la receta fitosanitaria.
En el momento de comenzar la fumigación, deben estar presentes en el lugar el ingeniero agrónomo que se haga cargo de la tarea y personal municipal, que confeccionará un acta de inspección en la que conste que el equipo y el tanque están limpios. Se debe constatar que se realice la dilución del agroquímico tal como se especifica en la receta fitosanitaria. Y se exige que el usuario debe controlar permanentemente la velocidad del viento y si supera los 13 kilómetros por hora suspender la fumigación. Los municipios deben exigir el carné de habilitación del operador de pulverizadores, otorgado por el Ministerio de Agricultura de la Provincia.
La norma establece además la prohibición de aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros del límite de zonas urbanas de productos químicos o biológicos de uso agropecuario de determinadas clases toxicológicas, y de 500 metros para otros. También fija distancias para ciertos productos en caso de aplicación terrestre.
Mientras, tras el proceso, los productores están obligados a aplicar triple lavado a los recipientes vacíos y luego destruirlos. Esta obligación es para todos los casos, cualquiera sea la distancia con la zona urbana. Sin embargo, en casi toda la provincia, no existe creada la estructura para alojar y tratar esos envases con restos de agroquímicos, que muchas veces terminan clandestinamente arrojados en cualquier sitio, sin mayores cuidados.
Fecha de Publicación: 24/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Los municipios, para cumplir la ley provincial, deben exigir que se registren los productores ubicados en la zona próxima al área urbana. Con dos días de anticipación a cada fumigación, deben avisar al organismo municipal en materia ambiental o de seguridad, adjuntar la constancia de habilitación de la máquina fumigadora y detallar los productos a utilizar y la dosis a aplicar, además de presentar la receta fitosanitaria.
En el momento de comenzar la fumigación, deben estar presentes en el lugar el ingeniero agrónomo que se haga cargo de la tarea y personal municipal, que confeccionará un acta de inspección en la que conste que el equipo y el tanque están limpios. Se debe constatar que se realice la dilución del agroquímico tal como se especifica en la receta fitosanitaria. Y se exige que el usuario debe controlar permanentemente la velocidad del viento y si supera los 13 kilómetros por hora suspender la fumigación. Los municipios deben exigir el carné de habilitación del operador de pulverizadores, otorgado por el Ministerio de Agricultura de la Provincia.
La norma establece además la prohibición de aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros del límite de zonas urbanas de productos químicos o biológicos de uso agropecuario de determinadas clases toxicológicas, y de 500 metros para otros. También fija distancias para ciertos productos en caso de aplicación terrestre.
Mientras, tras el proceso, los productores están obligados a aplicar triple lavado a los recipientes vacíos y luego destruirlos. Esta obligación es para todos los casos, cualquiera sea la distancia con la zona urbana. Sin embargo, en casi toda la provincia, no existe creada la estructura para alojar y tratar esos envases con restos de agroquímicos, que muchas veces terminan clandestinamente arrojados en cualquier sitio, sin mayores cuidados.
Trofeo de caza de pumas, a no exportar
Prohíben la exportación de trofeo de caza de pumas
Fecha de Publicación: 23/10/2008
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Nacional
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación prohibió el tránsito interjuridiccional y la salida del país de trofeos de caza de la especie puma concolor.
La medida exime a aquellas piezas de ejemplares cazados en cotos debidamente inscriptos en el registro de la Dirección de Fauna Silvestre dependiente de la cartera ambiental de la Nación que hayan sido debidamente registrados antes de que se dictara la Resolución 1624/08, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Así, la cartera ambiental autoriza sólo el tránsito interprovincial y la salida del país de trofeos de caza de aquellas especies silvestres autóctonas que provengan de establecimientos de caza deportiva debidamente inscriptos en la jurisdicción de su residencia, en el Registro Nacional de Armas (RENAR) en los casos que corresponda y en los registros de la dirección de Fauna Silvestre, con excepción de aquellas especies sobre las cuales pese alguna prohibición expresa en otras normas vigentes.
Entre las causas que motivaron la medida dispuesta por la Secretaría a cargo de Romina Picolotti, se cuenta la verificación de casos de manejo inapropiado de este tipo de ejemplares por parte de establecimientos dedicados al turismo cinegético. Provincias como La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires cuentan con cotos de caza habilitados para la caza deportiva de pumas.
Por la inexistencia de estudios poblacionales de esta especie que permitan evaluar la sustentabilidad de dicha práctica deportiva, la dirección de Fauna Silvestre de la Nación comenzó a financiar, desde hace un año, estudios relacionados con esta especie en el norte y el centro del país, los que aún se encuentran en una etapa incipiente.
Según los registros oficiales, en los últimos años han sido exportados del país casi 500 trofeos de puma: 226 en 2006; 155 en 2007 y 96 en lo que va del corriente año.
La especie puma concolor se encuentra incluida en el Apéndice II de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Oportunamente, la Dirección de Fauna de la provincia de La Pampa también había suspendido la caza deportiva de pumas, luego de haber comprobado numerosos casos de tenencia ilegal de pumas vivos en cautiverio. Y durante un procedimiento conjunto entre las autoridades de Fauna de la Nación y de la provincia de Santa Fe, se detectaron irregularidades en la tenencia de ejemplares vivos de la especie Puma concolor en un coto de caza de esa jurisdicción.
Fecha de Publicación: 23/10/2008
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Nacional
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación prohibió el tránsito interjuridiccional y la salida del país de trofeos de caza de la especie puma concolor.
La medida exime a aquellas piezas de ejemplares cazados en cotos debidamente inscriptos en el registro de la Dirección de Fauna Silvestre dependiente de la cartera ambiental de la Nación que hayan sido debidamente registrados antes de que se dictara la Resolución 1624/08, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Así, la cartera ambiental autoriza sólo el tránsito interprovincial y la salida del país de trofeos de caza de aquellas especies silvestres autóctonas que provengan de establecimientos de caza deportiva debidamente inscriptos en la jurisdicción de su residencia, en el Registro Nacional de Armas (RENAR) en los casos que corresponda y en los registros de la dirección de Fauna Silvestre, con excepción de aquellas especies sobre las cuales pese alguna prohibición expresa en otras normas vigentes.
Entre las causas que motivaron la medida dispuesta por la Secretaría a cargo de Romina Picolotti, se cuenta la verificación de casos de manejo inapropiado de este tipo de ejemplares por parte de establecimientos dedicados al turismo cinegético. Provincias como La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires cuentan con cotos de caza habilitados para la caza deportiva de pumas.
Por la inexistencia de estudios poblacionales de esta especie que permitan evaluar la sustentabilidad de dicha práctica deportiva, la dirección de Fauna Silvestre de la Nación comenzó a financiar, desde hace un año, estudios relacionados con esta especie en el norte y el centro del país, los que aún se encuentran en una etapa incipiente.
Según los registros oficiales, en los últimos años han sido exportados del país casi 500 trofeos de puma: 226 en 2006; 155 en 2007 y 96 en lo que va del corriente año.
La especie puma concolor se encuentra incluida en el Apéndice II de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Oportunamente, la Dirección de Fauna de la provincia de La Pampa también había suspendido la caza deportiva de pumas, luego de haber comprobado numerosos casos de tenencia ilegal de pumas vivos en cautiverio. Y durante un procedimiento conjunto entre las autoridades de Fauna de la Nación y de la provincia de Santa Fe, se detectaron irregularidades en la tenencia de ejemplares vivos de la especie Puma concolor en un coto de caza de esa jurisdicción.
Directivos de ingenio fueron procesados
Tres directivos del Corona fueron procesados en julio de este año.
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, prevé viajar a Buenos Aires para analizar con peritos de Gendarmería Nacional los resultados de estudios realizados el año pasado. Estos habían confirmado que las muestras de agua superaban los valores de contaminación permitidos por las leyes nacionales y normas provinciales. Si se ratifican las pruebas se podría avanzar en la etapa de indagatorias a los industriales. Hasta el momento, los directivos del ingenio La Corona son los únicos procesados.
Ya se va otra zafra azucarera y pasó un año desde que se confirmó la contaminación ambiental que generaron once ingenios azucareros de la provincia pero hasta el momento no hubo avances significativos en la causa que está en manos del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo. Según altas fuentes tribunalicias, el magistrado intenta avanzar en la causa y para ello prevé viajar a Buenos Aires los primeros días de noviembre próximo a fin de analizar con peritos las pruebas recogidas hasta el momento que complican a los propietarios de las fábricas tucumanas.
Se supo que Racedo planea viajar con el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, para reunirse con los representantes del Gabinete de Policía Científica de Gendarmería Nacional a fin de asesorarse sobre los estudios realizados por la fuerza nacional. Aparentemente, el juez quiere asegurarse sobre las pruebas que tiene en sus manos para recién avanzar en la etapa de indagatorias que obligaría a los empresarios a pisar los pasillos de Tribunales Federales.
En octubre del año pasado se conocieron los resultados de un análisis que realizó la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, en el que se constató que las muestras de agua tomadas oportunamente excedían los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. Con la firma del Jefe de esa área de la fuerza nacional, Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el esperado informe confirmó que los valores de los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superan los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.
Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado en setiembre del año pasado el juez Racedo para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua.
Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Una cuestión pendiente para la Justicia Federal es avanzar en la medición de la contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, los jueces federales aseguran que no cuentan con los elementos necesarios para medir el daño que se produce en el aire, mientras los vecinos del sur siguen protestando en contra de la lluvia de cenizas que soportan a diario.
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, prevé viajar a Buenos Aires para analizar con peritos de Gendarmería Nacional los resultados de estudios realizados el año pasado. Estos habían confirmado que las muestras de agua superaban los valores de contaminación permitidos por las leyes nacionales y normas provinciales. Si se ratifican las pruebas se podría avanzar en la etapa de indagatorias a los industriales. Hasta el momento, los directivos del ingenio La Corona son los únicos procesados.
Ya se va otra zafra azucarera y pasó un año desde que se confirmó la contaminación ambiental que generaron once ingenios azucareros de la provincia pero hasta el momento no hubo avances significativos en la causa que está en manos del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo. Según altas fuentes tribunalicias, el magistrado intenta avanzar en la causa y para ello prevé viajar a Buenos Aires los primeros días de noviembre próximo a fin de analizar con peritos las pruebas recogidas hasta el momento que complican a los propietarios de las fábricas tucumanas.
Se supo que Racedo planea viajar con el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, para reunirse con los representantes del Gabinete de Policía Científica de Gendarmería Nacional a fin de asesorarse sobre los estudios realizados por la fuerza nacional. Aparentemente, el juez quiere asegurarse sobre las pruebas que tiene en sus manos para recién avanzar en la etapa de indagatorias que obligaría a los empresarios a pisar los pasillos de Tribunales Federales.
En octubre del año pasado se conocieron los resultados de un análisis que realizó la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, en el que se constató que las muestras de agua tomadas oportunamente excedían los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. Con la firma del Jefe de esa área de la fuerza nacional, Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el esperado informe confirmó que los valores de los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superan los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.
Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado en setiembre del año pasado el juez Racedo para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua.
Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Una cuestión pendiente para la Justicia Federal es avanzar en la medición de la contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, los jueces federales aseguran que no cuentan con los elementos necesarios para medir el daño que se produce en el aire, mientras los vecinos del sur siguen protestando en contra de la lluvia de cenizas que soportan a diario.
Relocalización de familias de Dock Sud
Secretaría de Ambiente gira fondos a Avellaneda para relocalización de familias de Dock Sud
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de mil familias radicadas en los asentamientos precarios de Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, una de las áreas más afectadas por la contaminación ambiental en nuestro país, serán relocalizadas dentro del partido bonaerense de Avellaneda, para lo cual la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación girará a ese municipio tres millones y medio de pesos que se destinarán a la compra de los terrenos en los que se construirán las viviendas.
Para cumplimentar la operatoria, la titular de la cartera ambiental, Romina Picolotti, y el intendente Baldomero Alvarez de Olivera, suscribirán mañana un acuerdo durante un acto que tendrá lugar a las 11 Salón de Actos de la municipalidad de Avellaneda, sito en la Avenida Güemes 835, 1° piso, de esa ciudad.
La secretaría de Ambiente subsidiará la adquisición de los predios adecuados para la relocalización de las familias afectadas por la contaminación ambiental, para luego permitir la construcción de viviendas en el marco del “Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios - Saneamiento de la Cuenca Riachuelo–Matanza“, dependiente de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que ha elaborado un “Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ubicados en la desembocadura del Riachuelo”.
En el contexto del mismo, en mayo de este año fueron entregadas las primeras 25 viviendas para familias que habitaban en Villa Inflamable. Luego de su relocalización, los estudios de plomo en sangre realizados a esos pobladores por el municipio de Avellaneda arrojaron un descenso notable, con niveles normales en algunos casos.
Con la habilitación de las nuevas viviendas se procura imprimir un avance efectivo en la estrategia de acción sobre Dock Sud como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.
Además, la iniciativa se enmarca en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río - Matanza - Riachuelo)”, en su sentencia del 8 de julio de 2008, que en su considerando 17, acápite I, punto 1 obliga a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a cumplir un programa que persiga, como uno de sus objetivos, la mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
“La integración urbana de los asentamientos precarios garantizada a través del acceso al saneamiento básico, la regularización dominial y acceso a una vivienda adecuada, articulada con otras políticas sociales de desarrollo económico, son esenciales en la implementación de cualquier estrategia de combate de la pobreza desde la perspectiva de la sustentabilidad urbana”, sostiene el acuerdo que rubricarán los funcionarios.
La estrategia de intervención para Dock Sud diseñada por la secretaría de Ambiente de la Nación prevé la relocalización de poblaciones vulnerables a la contaminación, entre las cuales se encuentran los núcleos de residentes en Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, extremándose las medidas de seguridad apoyadas en un plan de contingencia que disminuya en su mínima expresión las posibilidades de accidentes tecnológicos; así como aumentar el número de espacios verdes y promover el mejoramiento de la situación habitacional de todo el área residencial del Dock, a través de programas de rehabilitación urbana, relocalización y densificación, y refuncionalización de edificios industriales desactivados
Las acciones sobre el área poblacional Dock Sud comprenden también el seguimiento clínico de la población que resulte relocalizada en el marco de las acciones a cargo de la municipalidad, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Salud de la Nación en coordinación con la ACUMAR, a través de la Comisión de Trabajo “Salud para la Población de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de mil familias radicadas en los asentamientos precarios de Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, una de las áreas más afectadas por la contaminación ambiental en nuestro país, serán relocalizadas dentro del partido bonaerense de Avellaneda, para lo cual la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación girará a ese municipio tres millones y medio de pesos que se destinarán a la compra de los terrenos en los que se construirán las viviendas.
Para cumplimentar la operatoria, la titular de la cartera ambiental, Romina Picolotti, y el intendente Baldomero Alvarez de Olivera, suscribirán mañana un acuerdo durante un acto que tendrá lugar a las 11 Salón de Actos de la municipalidad de Avellaneda, sito en la Avenida Güemes 835, 1° piso, de esa ciudad.
La secretaría de Ambiente subsidiará la adquisición de los predios adecuados para la relocalización de las familias afectadas por la contaminación ambiental, para luego permitir la construcción de viviendas en el marco del “Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios - Saneamiento de la Cuenca Riachuelo–Matanza“, dependiente de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que ha elaborado un “Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ubicados en la desembocadura del Riachuelo”.
En el contexto del mismo, en mayo de este año fueron entregadas las primeras 25 viviendas para familias que habitaban en Villa Inflamable. Luego de su relocalización, los estudios de plomo en sangre realizados a esos pobladores por el municipio de Avellaneda arrojaron un descenso notable, con niveles normales en algunos casos.
Con la habilitación de las nuevas viviendas se procura imprimir un avance efectivo en la estrategia de acción sobre Dock Sud como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.
Además, la iniciativa se enmarca en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río - Matanza - Riachuelo)”, en su sentencia del 8 de julio de 2008, que en su considerando 17, acápite I, punto 1 obliga a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a cumplir un programa que persiga, como uno de sus objetivos, la mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
“La integración urbana de los asentamientos precarios garantizada a través del acceso al saneamiento básico, la regularización dominial y acceso a una vivienda adecuada, articulada con otras políticas sociales de desarrollo económico, son esenciales en la implementación de cualquier estrategia de combate de la pobreza desde la perspectiva de la sustentabilidad urbana”, sostiene el acuerdo que rubricarán los funcionarios.
La estrategia de intervención para Dock Sud diseñada por la secretaría de Ambiente de la Nación prevé la relocalización de poblaciones vulnerables a la contaminación, entre las cuales se encuentran los núcleos de residentes en Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, extremándose las medidas de seguridad apoyadas en un plan de contingencia que disminuya en su mínima expresión las posibilidades de accidentes tecnológicos; así como aumentar el número de espacios verdes y promover el mejoramiento de la situación habitacional de todo el área residencial del Dock, a través de programas de rehabilitación urbana, relocalización y densificación, y refuncionalización de edificios industriales desactivados
Las acciones sobre el área poblacional Dock Sud comprenden también el seguimiento clínico de la población que resulte relocalizada en el marco de las acciones a cargo de la municipalidad, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Salud de la Nación en coordinación con la ACUMAR, a través de la Comisión de Trabajo “Salud para la Población de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Presentan hoy el Manual de Biodiversidad
Presentan hoy el Manual de Biodiversidad de Chaco, Corrientes y Formosa
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Diario de la República
Provincia/Región: Chaco - Corrientes - Formosa
Es un estudio realizado por el Centro de Gestión Ambiental y Ecología (Cegae). Será a las 18 en Extensión Universitaria.
La Delegación Corrientes de la Secretaria General de Extensión Universitaria de la UNNE invita a la presentación del Manual de Biodiversidad que se realizará en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario en la ciudad de Corrientes el miércoles 22 de octubre a las 18. Durante la presentación la obra será cedida a las autoridades de las tres provincias a fines de que sea incorporado en establecimientos educativos y centros especializados.
El Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE), dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste incluye dentro de sus lineamientos, vincular la actividad desarrollada por sus investigadores y docentes con la sociedad, en el marco de una relación sustentable entre Ciencia y Educación. Por ello, destacados especialistas en la temática de la Universidad, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Río Cuarto (Córdoba), han aportado su tiempo, conocimiento y genuino interés en dar a conocer diferentes aspectos de la Biodiversidad de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa. Con este Manual, el CEGAE intenta construir un puente de comunicación entre pilares importantes de la sociedad, la investigación y la educación, fortalecido por los ideales de la Universidad: Calidad, Excelencia y Pertinencia.
Este aporte, concebido principalmente, como material de consulta para los estudiantes y docentes, ha sido dividido con fines prácticos y para una mejor interpretación de los temas, en dos secciones, una de Ecosistemas acuáticos y otra de Ecosistemas terrestres.
En ambos se incluyen los siguientes ítems:
Generalidades de la biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres. Se incorporan aspectos particulares de los sistemas acuáticos y terrestres, incluyendo el estado del conocimiento en cada uno de ellos.
¿Porqué y para qué hablar de biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres? Se comenta el aporte de la diversidad biológica de cada ambiente a la biodiversidad en su conjunto.
¿Cuáles son los métodos de estudio de la biodiversidad en ambientes acuáticos y terrestres? Como cada comunidad o población tiene un método propio de estudio y esto, obviamente, tiene que ver con el ambiente en el que vive, se hace mención de las principales herramientas para analizar los distintos grupos, sin pretender agotar los métodos disponibles.
¿Cuál es la importancia de hablar sobre la biodiversidad de los ambientes acuáticos y terrestres hoy? Se enfatiza sobre la relevancia de la diversidad de los organismos en cada medio, dando un panorama de la situación en el Nordeste Argentino, particularmente en Chaco, Corrientes y Formosa.
Estudios de casos en cada ambiente. Se incluyen trabajos de especialistas en algunas poblaciones acuáticas y terrestres, tanto vegetales como animales.
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Diario de la República
Provincia/Región: Chaco - Corrientes - Formosa
Es un estudio realizado por el Centro de Gestión Ambiental y Ecología (Cegae). Será a las 18 en Extensión Universitaria.
La Delegación Corrientes de la Secretaria General de Extensión Universitaria de la UNNE invita a la presentación del Manual de Biodiversidad que se realizará en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario en la ciudad de Corrientes el miércoles 22 de octubre a las 18. Durante la presentación la obra será cedida a las autoridades de las tres provincias a fines de que sea incorporado en establecimientos educativos y centros especializados.
El Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE), dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste incluye dentro de sus lineamientos, vincular la actividad desarrollada por sus investigadores y docentes con la sociedad, en el marco de una relación sustentable entre Ciencia y Educación. Por ello, destacados especialistas en la temática de la Universidad, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Río Cuarto (Córdoba), han aportado su tiempo, conocimiento y genuino interés en dar a conocer diferentes aspectos de la Biodiversidad de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa. Con este Manual, el CEGAE intenta construir un puente de comunicación entre pilares importantes de la sociedad, la investigación y la educación, fortalecido por los ideales de la Universidad: Calidad, Excelencia y Pertinencia.
Este aporte, concebido principalmente, como material de consulta para los estudiantes y docentes, ha sido dividido con fines prácticos y para una mejor interpretación de los temas, en dos secciones, una de Ecosistemas acuáticos y otra de Ecosistemas terrestres.
En ambos se incluyen los siguientes ítems:
Generalidades de la biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres. Se incorporan aspectos particulares de los sistemas acuáticos y terrestres, incluyendo el estado del conocimiento en cada uno de ellos.
¿Porqué y para qué hablar de biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres? Se comenta el aporte de la diversidad biológica de cada ambiente a la biodiversidad en su conjunto.
¿Cuáles son los métodos de estudio de la biodiversidad en ambientes acuáticos y terrestres? Como cada comunidad o población tiene un método propio de estudio y esto, obviamente, tiene que ver con el ambiente en el que vive, se hace mención de las principales herramientas para analizar los distintos grupos, sin pretender agotar los métodos disponibles.
¿Cuál es la importancia de hablar sobre la biodiversidad de los ambientes acuáticos y terrestres hoy? Se enfatiza sobre la relevancia de la diversidad de los organismos en cada medio, dando un panorama de la situación en el Nordeste Argentino, particularmente en Chaco, Corrientes y Formosa.
Estudios de casos en cada ambiente. Se incluyen trabajos de especialistas en algunas poblaciones acuáticas y terrestres, tanto vegetales como animales.
Piden la intervención del Defensor del Pueblo
Funam pidió intervención del Defensor del Pueblo de la Nación por Bouwer - Córdoba
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Funam
Provincia/Región: Córdoba
Mediante nota formal dirigida al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), Dr. Raúl Montenegro, solicitó la intervención del organismo nacional en el caso Bouwer–Potrero del Estado.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
Coexisten en la región el enterramiento de basura y el incinerador de residuos patógenos de la empresa Cliba; la planta de residuos peligrosos de la empresa Taym; el depósito judicial de vehículos de la provincia y una ex planta de fundición de plomo.
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación.
Ambas presentaciones solicitan formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que "realice las gestiones y presentaciones pertinentes, administrativas y eventualmente judiciales, que permitan proteger la salud de los habitantes de Bouwer-Potrero del Estado".
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación. Bouwer es un pueblo localizado 17 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, perteneciente al Departamento Santa María.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
ENTERRAMIENTO DE BASURA
El predio de enterramiento de Potrero del Estado se utiliza como basural desde hace 26 años. Allí llegan diariamente 2.000 toneladas de basura. Según el estudio de impacto ambiental presentado por la propia Municipalidad de Córdoba, el 96% de los residuos corresponden a la Ciudad de Córdoba. Mediante un proceso administrativo que la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y la comuna de Bouwer calificaron de "ilegal", la Municipalidad de Córdoba pretende extender ocho años más la vida útil de ese enterramiento que lleva adelante la empresa Cliba. La celda 9, actualmente en uso, tiene más de 30 metros de altura constituyendo una verdadera "montaña de basura". Su base tiene aproximadamente 830 metros de largo por 350 metros de ancho.
INCINERADOR DE RESIDUOS PATÓGENOS
El horno pirolítico que también está a cargo de la empresa Cliba quema residuos patógenos. Se pudo comprobar que durante el funcionamiento (principalmente nocturno, a partir de las 21:00 horas) contamina el aire con humos y olores desagradables. Mediante nota dirigida a la Municipalidad de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, solicitó el cierre inmediato y definitivo del incinerador, sin recibir respuesta a la fecha.
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
También opera en Bouwer-Potreros del Estado una empresa privada, Taym, que recibe, trata y almacena residuos peligrosos. La cantidad de residuos depositados aumenta en forma permanente. En este depósito se hallan enterradas las 11 toneladas de DDT y otros plaguicidas prohibidos que se erradicaron del depósito que Senasa tenía en barrio Alta Córdoba. En este caso, denunciado por FUNAM a la Justicia Federal, y en el cual también intervino la Defensoría del Pueblo de la Nación, el presidente de Senasa fue imputado.
Los vecinos de Bouwer y Potrero del Estado deben soportar las fuertes emanaciones que descarga este depósito, donde se reciben -entre otros residuos- restos de plaguicidas. A los riesgos de sus actividades se suma el riesgo derivado de los transportes que traen residuos peligrosos.
Entre los eventos que podrían generar impactos rápidos y masivos, se destaca la posibilidad de incendio a gran escala, y posible explosión.
PLANTA DE FUNDICIÓN DE PLOMO
Durante aproximadamente tres décadas funcionó en el camino de enlace con el Camino a San Carlos la empresa Metalúrgica Bouwer. Hasta el año 2005 operó con chimenea abierta, descargando por lo tanto metales pesados al ambiente (principalmente plomo). En el año 2006 se logró su clausura. Aunque fue desmantelada persisten varios focos (fuentes) con escorias metálicas. La fundición contaminó el aire y el suelo, y a través de estos medios contaminados afectó a niños, adolescentes y adultos. Aunque la planta dejó de operar, sus residuos siguen activos. Análisis recientes mostraron elevados tenores de plomo en sangre. Este caso también se encuentra en la
Justicia, que ha tomado decisiones trascendentes. Para evaluar el impacto que ha tenido el plomo de esta fundición sobre la capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes de Bouwer, FUNAM junto a la Cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) ha elaborado un protocolo de investigación. Este estudio se iniciaría a fines del año 2008.
DEPÓSITO JUDICIAL DE VEHÍCULOS
En el predio ubicado sobre la Ruta 36 entre la Penitenciaría y la Escuela de Potrero del Estado, se acumulan entre 15.000 y 20.000 automóviles semidestruidos en capas de hasta 5 unidades apiladas. La falta de control de esta chatarra produce serios impactos ambientales y sanitarios: 1) Riesgo de contaminación: descarga de contaminantes, muchos de ellos tóxicos e incluso cancerígenos. 2) Riesgo por multiplicación de vectores: generación -particularmente durante la época lluviosa- de lugares de cría para mosquitos que son potenciales transmisores de enfermedades. 3) Afectación del paisaje. Mediante nota dirigida al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer solicitó una audiencia a fin de evaluar conjuntamente los problemas ambientales y sanitarios que produce en la región el depósito de vehículos dependiente de la justicia provincial.
Debido a la concentración de estas actividades contaminantes que producen agentes riesgosos para la salud, la Fundación para la defensa del ambiente considera a Bouwer como "uno de los lugares más contaminados de Argentina".
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Funam
Provincia/Región: Córdoba
Mediante nota formal dirigida al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), Dr. Raúl Montenegro, solicitó la intervención del organismo nacional en el caso Bouwer–Potrero del Estado.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
Coexisten en la región el enterramiento de basura y el incinerador de residuos patógenos de la empresa Cliba; la planta de residuos peligrosos de la empresa Taym; el depósito judicial de vehículos de la provincia y una ex planta de fundición de plomo.
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación.
Ambas presentaciones solicitan formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que "realice las gestiones y presentaciones pertinentes, administrativas y eventualmente judiciales, que permitan proteger la salud de los habitantes de Bouwer-Potrero del Estado".
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación. Bouwer es un pueblo localizado 17 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, perteneciente al Departamento Santa María.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
ENTERRAMIENTO DE BASURA
El predio de enterramiento de Potrero del Estado se utiliza como basural desde hace 26 años. Allí llegan diariamente 2.000 toneladas de basura. Según el estudio de impacto ambiental presentado por la propia Municipalidad de Córdoba, el 96% de los residuos corresponden a la Ciudad de Córdoba. Mediante un proceso administrativo que la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y la comuna de Bouwer calificaron de "ilegal", la Municipalidad de Córdoba pretende extender ocho años más la vida útil de ese enterramiento que lleva adelante la empresa Cliba. La celda 9, actualmente en uso, tiene más de 30 metros de altura constituyendo una verdadera "montaña de basura". Su base tiene aproximadamente 830 metros de largo por 350 metros de ancho.
INCINERADOR DE RESIDUOS PATÓGENOS
El horno pirolítico que también está a cargo de la empresa Cliba quema residuos patógenos. Se pudo comprobar que durante el funcionamiento (principalmente nocturno, a partir de las 21:00 horas) contamina el aire con humos y olores desagradables. Mediante nota dirigida a la Municipalidad de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, solicitó el cierre inmediato y definitivo del incinerador, sin recibir respuesta a la fecha.
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
También opera en Bouwer-Potreros del Estado una empresa privada, Taym, que recibe, trata y almacena residuos peligrosos. La cantidad de residuos depositados aumenta en forma permanente. En este depósito se hallan enterradas las 11 toneladas de DDT y otros plaguicidas prohibidos que se erradicaron del depósito que Senasa tenía en barrio Alta Córdoba. En este caso, denunciado por FUNAM a la Justicia Federal, y en el cual también intervino la Defensoría del Pueblo de la Nación, el presidente de Senasa fue imputado.
Los vecinos de Bouwer y Potrero del Estado deben soportar las fuertes emanaciones que descarga este depósito, donde se reciben -entre otros residuos- restos de plaguicidas. A los riesgos de sus actividades se suma el riesgo derivado de los transportes que traen residuos peligrosos.
Entre los eventos que podrían generar impactos rápidos y masivos, se destaca la posibilidad de incendio a gran escala, y posible explosión.
PLANTA DE FUNDICIÓN DE PLOMO
Durante aproximadamente tres décadas funcionó en el camino de enlace con el Camino a San Carlos la empresa Metalúrgica Bouwer. Hasta el año 2005 operó con chimenea abierta, descargando por lo tanto metales pesados al ambiente (principalmente plomo). En el año 2006 se logró su clausura. Aunque fue desmantelada persisten varios focos (fuentes) con escorias metálicas. La fundición contaminó el aire y el suelo, y a través de estos medios contaminados afectó a niños, adolescentes y adultos. Aunque la planta dejó de operar, sus residuos siguen activos. Análisis recientes mostraron elevados tenores de plomo en sangre. Este caso también se encuentra en la
Justicia, que ha tomado decisiones trascendentes. Para evaluar el impacto que ha tenido el plomo de esta fundición sobre la capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes de Bouwer, FUNAM junto a la Cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) ha elaborado un protocolo de investigación. Este estudio se iniciaría a fines del año 2008.
DEPÓSITO JUDICIAL DE VEHÍCULOS
En el predio ubicado sobre la Ruta 36 entre la Penitenciaría y la Escuela de Potrero del Estado, se acumulan entre 15.000 y 20.000 automóviles semidestruidos en capas de hasta 5 unidades apiladas. La falta de control de esta chatarra produce serios impactos ambientales y sanitarios: 1) Riesgo de contaminación: descarga de contaminantes, muchos de ellos tóxicos e incluso cancerígenos. 2) Riesgo por multiplicación de vectores: generación -particularmente durante la época lluviosa- de lugares de cría para mosquitos que son potenciales transmisores de enfermedades. 3) Afectación del paisaje. Mediante nota dirigida al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer solicitó una audiencia a fin de evaluar conjuntamente los problemas ambientales y sanitarios que produce en la región el depósito de vehículos dependiente de la justicia provincial.
Debido a la concentración de estas actividades contaminantes que producen agentes riesgosos para la salud, la Fundación para la defensa del ambiente considera a Bouwer como "uno de los lugares más contaminados de Argentina".
Prisión, torturas y desalojos para campesinos
Argentina: prisión, torturas y desalojos para campesinos de tres provincias
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
La mitad del país tendrá una hora más
La mitad del país tendrá una hora más
Fecha de Publicación: 18/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Esta noche, a partir de las 0, Córdoba y 10 provincias deben adelantar los relojes 60 minutos. Otras 12 no lo harán.
Argentina tendrá desde esta noche dos husos horarios para el mejor aprovechamiento de la luz solar con miras a un ahorro energético, de acuerdo a una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.
En un principio, el Gobierno nacional había dispuesto el adelantamiento de la hora oficial en una hora para todo el país, pero finalmente, de acuerdo a la medida publicada, 12 provincias quedarán excluidas de ese cambio, por lo que el país quedará dividido en dos husos horarios.
Las provincias de Salta, Mendoza, Neuquén, Catamarca y San Juan (todas exceptuadas) habían adelantado antes de la publicación del decreto su rechazo a la iniciativa de modificar el huso horario. Córdoba ya se había pronunciado a favor del cambio.
Según la resolución, el cambio en las provincias que sí adelantarán una hora sus relojes esta medianoche y hasta el 14 de marzo de 2009 –lapso en el que estarán atrasadas en dos horas en relación con el huso horario internacional del meridiano de Greenwich (-2 GMT)– es "una alternativa ventajosa para disminuir tanto la potencia máxima como el consumo de energía eléctrica".
Las provincias que adhieren al cambio de hora son Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Las que permanecerán con el mismo horario son Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los negocios locales
Representantes del comercio y de negocios de Córdoba se mostraron con dudas respecto al nuevo horario, aunque no se negaron categóricamente, pues reconocieron que no afecta el volumen de ventas.
"Si bien el cambio no tiene incidencia en el volumen de ventas, genera mal humor en la gente y cansancio en el personal. A los negocios de barrio se les acorta la mañana y se alarga la tarde porque la gente sale a comprar mientras está de día", dijo Luis Oliva, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba.
"Es una cuestión de calidad de vida, más que económica", manifestó.
Por su parte, Eduardo Fernández, titular de la delegación de Córdoba de Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) dijo: "Hay opiniones disímiles pero, en general, el año pasado no fue una ventaja ni nos perjudicó. Pero nos queda la duda de si verdaderamente significó un ahorro".
Y aclaró que apoyarían el cambio si realmente significara un ahorro energético y asegurara que no haya cortes de luz. "Preferiría la molestia del cambio y no tener cortes", aseguró.
Fecha de Publicación: 18/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Esta noche, a partir de las 0, Córdoba y 10 provincias deben adelantar los relojes 60 minutos. Otras 12 no lo harán.
Argentina tendrá desde esta noche dos husos horarios para el mejor aprovechamiento de la luz solar con miras a un ahorro energético, de acuerdo a una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.
En un principio, el Gobierno nacional había dispuesto el adelantamiento de la hora oficial en una hora para todo el país, pero finalmente, de acuerdo a la medida publicada, 12 provincias quedarán excluidas de ese cambio, por lo que el país quedará dividido en dos husos horarios.
Las provincias de Salta, Mendoza, Neuquén, Catamarca y San Juan (todas exceptuadas) habían adelantado antes de la publicación del decreto su rechazo a la iniciativa de modificar el huso horario. Córdoba ya se había pronunciado a favor del cambio.
Según la resolución, el cambio en las provincias que sí adelantarán una hora sus relojes esta medianoche y hasta el 14 de marzo de 2009 –lapso en el que estarán atrasadas en dos horas en relación con el huso horario internacional del meridiano de Greenwich (-2 GMT)– es "una alternativa ventajosa para disminuir tanto la potencia máxima como el consumo de energía eléctrica".
Las provincias que adhieren al cambio de hora son Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Las que permanecerán con el mismo horario son Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los negocios locales
Representantes del comercio y de negocios de Córdoba se mostraron con dudas respecto al nuevo horario, aunque no se negaron categóricamente, pues reconocieron que no afecta el volumen de ventas.
"Si bien el cambio no tiene incidencia en el volumen de ventas, genera mal humor en la gente y cansancio en el personal. A los negocios de barrio se les acorta la mañana y se alarga la tarde porque la gente sale a comprar mientras está de día", dijo Luis Oliva, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba.
"Es una cuestión de calidad de vida, más que económica", manifestó.
Por su parte, Eduardo Fernández, titular de la delegación de Córdoba de Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) dijo: "Hay opiniones disímiles pero, en general, el año pasado no fue una ventaja ni nos perjudicó. Pero nos queda la duda de si verdaderamente significó un ahorro".
Y aclaró que apoyarían el cambio si realmente significara un ahorro energético y asegurara que no haya cortes de luz. "Preferiría la molestia del cambio y no tener cortes", aseguró.
Santiago: lanzaron programa sobre energía
Lanzaron el programa para el uso racional y Eficiente de la Energía
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El gobernador Gerardo Zamora, encabezó la ceremonia de presentación del Programa para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, impulsado por el Gobierno Nacional, declarado de interés y prioridad nacional y que en Santiago del Estero comenzará este viernes, con el recambio de las viejas lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo.
La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditórium de Casa de Gobierno y el Primer Mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Legislatura Provincial, Dr. Ángel Niccolai; la vicegobernadora, Blanca Porcel de Riccobelli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Argentino Cambrini y el titular del Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero (ENRESE), Dr. Luis Orlando Cabanillas.
Mientras tanto, en representación del Gobierno de la Nación, asistió el Coordinador de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ing. Horacio Schiaffino.
Asistieron también, intendentes y comisionados municipales de toda la provincia, quienes firmaron una nota de adhesión al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica, con el propósito de alcanzar un ahorro, máxime si se tiene en cuenta que proviene de recursos naturales no renovables.
Al hacer uso de la palabra en Dr. Cabanillas señaló que el Programa nacional llega a Santiago con muchas expectativas, siendo la principal la vinculada al ahorro, a fin de que luego pueda ser aplicado a la industria y a la reserva.
Explicó que en la provincia el programa comenzará este viernes con el inicio del recambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y el domingo, con el cambio de hora, cuestiones que forman parte de todo un sistema que la República Argentina ha implementado en busca de un ahora energético.
Indicó que en la provincia “el programa se inicia con una primera entrega de 40.000 lámparas de bajo consumo, que el usuario podrá cambiar entregando dos lámparas incandescentes y se le entregará igual número de bajo consumo. Esto parece pequeño, pero si lo suma a los actuales 4 millones de lámparas cambiadas en todo el país, se alcanza un ahorro de 180 megavatios, eso es media Central Atucha”.
Sostuvo entonces, que “se apunta al recambio de 25 millones de lámparas, lo que significará un ahorro de 1.000 megavatios”. Por último, reiteró que “me reconforta la convocatoria que observo en este salón porque creemos en el esfuerzo y la unidad. Muchas gracias a usted también Sr. Gobernador, por su apoyo y voluntad”, concluyó.
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El gobernador Gerardo Zamora, encabezó la ceremonia de presentación del Programa para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, impulsado por el Gobierno Nacional, declarado de interés y prioridad nacional y que en Santiago del Estero comenzará este viernes, con el recambio de las viejas lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo.
La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditórium de Casa de Gobierno y el Primer Mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Legislatura Provincial, Dr. Ángel Niccolai; la vicegobernadora, Blanca Porcel de Riccobelli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Argentino Cambrini y el titular del Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero (ENRESE), Dr. Luis Orlando Cabanillas.
Mientras tanto, en representación del Gobierno de la Nación, asistió el Coordinador de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ing. Horacio Schiaffino.
Asistieron también, intendentes y comisionados municipales de toda la provincia, quienes firmaron una nota de adhesión al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica, con el propósito de alcanzar un ahorro, máxime si se tiene en cuenta que proviene de recursos naturales no renovables.
Al hacer uso de la palabra en Dr. Cabanillas señaló que el Programa nacional llega a Santiago con muchas expectativas, siendo la principal la vinculada al ahorro, a fin de que luego pueda ser aplicado a la industria y a la reserva.
Explicó que en la provincia el programa comenzará este viernes con el inicio del recambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y el domingo, con el cambio de hora, cuestiones que forman parte de todo un sistema que la República Argentina ha implementado en busca de un ahora energético.
Indicó que en la provincia “el programa se inicia con una primera entrega de 40.000 lámparas de bajo consumo, que el usuario podrá cambiar entregando dos lámparas incandescentes y se le entregará igual número de bajo consumo. Esto parece pequeño, pero si lo suma a los actuales 4 millones de lámparas cambiadas en todo el país, se alcanza un ahorro de 180 megavatios, eso es media Central Atucha”.
Sostuvo entonces, que “se apunta al recambio de 25 millones de lámparas, lo que significará un ahorro de 1.000 megavatios”. Por último, reiteró que “me reconforta la convocatoria que observo en este salón porque creemos en el esfuerzo y la unidad. Muchas gracias a usted también Sr. Gobernador, por su apoyo y voluntad”, concluyó.
Intendentes en la justicia por contaminar
Citaron a declarar al intendente de Concepción por contaminación
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, tendrá que presentarse en noviembre en la Justicia Federal para responder por una causa en la que se investiga la contaminación que genera un basural municipal a cielo abierto, ubicado a la vera del río Gastona. Gendarmería Nacional detectó el año pasado la presencia de residuos patógenos. Nada parece haber cambiado en la ciudad Perla del Sur, ya que por un hecho similar, el ex intendente de esa ciudad, Octavio Muedra, ya fue condenado el año pasado. Los intendentes de Aguilares y Monteros, también en la mira.
Ni el castigo de la Justicia parece cambiar algo en la ciudad de Concepción. El 7 de noviembre próximo se cumplirá un año de la histórica condena que recibió el ex intendente de ese municipio, Octavio Muedra, al ser encontrado responsable de la contaminación ambiental que provocó un basural municipal a cielo abierto que contenía residuos patógenos. Y ahora, por un hecho de similares características, el actual intendente Osvaldo Morelli fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo.
Altas fuentes de la Justicia Federal confirmaron a primerafuente que el jefe municipal fue citado para el mes de noviembre (no se precisó la fecha) en calidad de imputado por el presunto delito de contaminación previsto en la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. La causa se inició el año pasado tras una información preliminar de Gendarmería Nacional que detectó la existencia de residuos patógenos en el basural que está ubicado a la vera del río Gastona, por lo que afectaría a las aguas del río Salí.
Desde el banquillo de los acusados, Muedra, en sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, reconoció que “no estaba bien” el basural y aseguró que la crisis económica le impidió realizar un tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Luego, fue condenado a un año de prisión condicional e inhabilitado por igual tiempo a ejercer cargos públicos. ¿Qué dirá ahora Morelli luego de los años de bonanza enconómica?
Morelli (de Participación Cívica) no es el único intendente en ejercicio que está bajo la lupa de la Justicia por un hecho de contaminación. Racedo también tiene una causa abierta contra el intendente de Aguilares, Agustín Fernández, quien también está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la existencia de residuos patógenos en un basural municipal a cielo abierto.
El intendente justicialista de Monteros, Luis Olea, también está en la mira judicial. EL juez federal subrogante Nº 2, Daniel Bejas, lo investiga por un supuesto basural contaminante, ubicado a 500 metros del kilómetro 758 de la ruta nacional 38, a metros del río Pueblo Viejo que desemboca en un cause del Salí. La causa data de 2004 y el año pasado Bejas declaró la falta de mérito pero al mismo tiempo ordenó nuevas medidas que incluían la ampliación indagatoria del también presidente del Congreso del Partido Justicialista.
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, tendrá que presentarse en noviembre en la Justicia Federal para responder por una causa en la que se investiga la contaminación que genera un basural municipal a cielo abierto, ubicado a la vera del río Gastona. Gendarmería Nacional detectó el año pasado la presencia de residuos patógenos. Nada parece haber cambiado en la ciudad Perla del Sur, ya que por un hecho similar, el ex intendente de esa ciudad, Octavio Muedra, ya fue condenado el año pasado. Los intendentes de Aguilares y Monteros, también en la mira.
Ni el castigo de la Justicia parece cambiar algo en la ciudad de Concepción. El 7 de noviembre próximo se cumplirá un año de la histórica condena que recibió el ex intendente de ese municipio, Octavio Muedra, al ser encontrado responsable de la contaminación ambiental que provocó un basural municipal a cielo abierto que contenía residuos patógenos. Y ahora, por un hecho de similares características, el actual intendente Osvaldo Morelli fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo.
Altas fuentes de la Justicia Federal confirmaron a primerafuente que el jefe municipal fue citado para el mes de noviembre (no se precisó la fecha) en calidad de imputado por el presunto delito de contaminación previsto en la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. La causa se inició el año pasado tras una información preliminar de Gendarmería Nacional que detectó la existencia de residuos patógenos en el basural que está ubicado a la vera del río Gastona, por lo que afectaría a las aguas del río Salí.
Desde el banquillo de los acusados, Muedra, en sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, reconoció que “no estaba bien” el basural y aseguró que la crisis económica le impidió realizar un tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Luego, fue condenado a un año de prisión condicional e inhabilitado por igual tiempo a ejercer cargos públicos. ¿Qué dirá ahora Morelli luego de los años de bonanza enconómica?
Morelli (de Participación Cívica) no es el único intendente en ejercicio que está bajo la lupa de la Justicia por un hecho de contaminación. Racedo también tiene una causa abierta contra el intendente de Aguilares, Agustín Fernández, quien también está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la existencia de residuos patógenos en un basural municipal a cielo abierto.
El intendente justicialista de Monteros, Luis Olea, también está en la mira judicial. EL juez federal subrogante Nº 2, Daniel Bejas, lo investiga por un supuesto basural contaminante, ubicado a 500 metros del kilómetro 758 de la ruta nacional 38, a metros del río Pueblo Viejo que desemboca en un cause del Salí. La causa data de 2004 y el año pasado Bejas declaró la falta de mérito pero al mismo tiempo ordenó nuevas medidas que incluían la ampliación indagatoria del también presidente del Congreso del Partido Justicialista.
Seguros ambientales en Argentina
Argentina es el primer país del mundo en establecer la obligación de contratar seguros ambientales
Fecha de Publicación: 16/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La obligación de contratar seguros ambientales por parte de las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente, terminó de regularse el 22 de septiembre último, al publicarse en el Boletín Oficial la Resolución 1398/08 de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Esta última resolución, de las seis que se han dictado hasta ahora, permitió hacer operativa la obligación que establece la Ley General del Ambiente, pues permitió al sector asegurador ofrecer pólizas en el mercado.
De este modo, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en establecer tal obligatoriedad. En España y la Unión Europea actualmente se está evaluando hacer obligatoria la contratación de un seguro ambiental para 2010. En el resto de los países donde existe el seguro ambiental, esto es así porque la buena práctica indica asegurarse, y no porque sea obligatorio hacerlo.
En la redacción final de la norma trabajaron conjuntamente la cartera ambiental de la Nación, la secretaría de Finanzas del ministerio de Economía y Producción y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Quienes deben contratar el seguro ambiental son los titulares de las actividades riesgosas para el ambiente, listadas en el Anexo I de la Resolución 303/07 y Resolución 1639/07 que, de acuerdo con una formula polinómica, deben establecer su nivel de complejidad ambiental.
Para la actual gestión de la secretaría de Ambiente, fue prioritario regular la obligación de contratar el seguro ambiental, tal como lo establece el artículo 22 de la Ley 25.675 General del Ambiente, con la finalidad de hacerla operativa:
Art. 22. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.”
El problema que presentaba la aplicación de la Ley General del Ambiente es que al no existir oferta de seguros en el mercado, la obligación que surge del citado artículo 22 resultaba una obligación de cumplimiento imposible. Esta situación resultó muy cómoda para el sector asegurable, que con solo demostrar que no existía oferta de pólizas, se eximía del cumplimiento de esta parte de la norma.
Como autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente, la secretaría a cargo de Romina Picolotti tomó la decisión política de resolver el problema planteado, y para ello –durante el año 2007– la cartera ambiental de la Nación dictó las resoluciones 177/07, 303/07 y 1639/07, a través de las cuales:
1. Determinó cuales son las actividades que se consideran “riesgosas” para el ambiente que quedan alcanzadas por la obligación de contratar seguro ambiental. De esta manera, también se aclara el universo de actividades que quedan eximidas o excluidas de la obligación.
2. Estableció la opción de autoasegurarse para que, aquellos que lo prefieran, o quienes no puedan acceder a pólizas de seguro en materia ambiental, tengan forma de cumplir con el artículo 22.
3. Estableció los criterios para determinar los montos mínimos asegurables que darán la “entidad suficiente” a la cobertura, tal como lo exige el artículo 22.
4. Creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), como área de trabajo específica dentro de la secretaria de Ambiente, para entender y avanzar en materia de riesgos y seguros ambientales.
Para la regulación de los aspectos más propios de la técnica asegurativa, la secretaría de Ambiente se unió con la secretaría de Finanzas –órbita en la cual funciona la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)–, a través de la Creación de la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA) por Resolución Conjunta SF 12 y SAyDS 178, a fin de determinar las pautas básicas para las pólizas que aseguren el daño ambiental de incidencia colectiva y los requisitos, condiciones y alcance para el autoaseguro y los fondos de restauración.
Las pautas básicas para las pólizas de daño ambiental de incidencia colectiva fueron dictadas a fin del año pasado, a través de la resolución conjunta SF 98 y SAyDS 1973. Estas pautas tienen por objeto:
• Garantizar una remediación/recomposición razonable del ambiente afectado, alcanzando niveles de riesgo aceptables para la salud humana de acuerdo con criterios universalmente aceptados.
• Acotar el riesgo de modo que disminuya la incertidumbre y puedan generarse ofertas razonables y primas accesibles.
El 26 de agosto último la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la primer póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva en la República Argentina. Si bien existían en el mercado pólizas que cubrían eventos de contaminación, siempre excluían expresamente la cobertura de la Ley 25.675 por considerarla amplia e imprecisa.
La aprobación y existencia en el mercado de esta primera póliza que cumple con los requisitos que establece la Ley 25.675 confirma el éxito de esta gestión de la secretaría y de su labor regulatoria en este sentido.
Fecha de Publicación: 16/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La obligación de contratar seguros ambientales por parte de las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente, terminó de regularse el 22 de septiembre último, al publicarse en el Boletín Oficial la Resolución 1398/08 de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Esta última resolución, de las seis que se han dictado hasta ahora, permitió hacer operativa la obligación que establece la Ley General del Ambiente, pues permitió al sector asegurador ofrecer pólizas en el mercado.
De este modo, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en establecer tal obligatoriedad. En España y la Unión Europea actualmente se está evaluando hacer obligatoria la contratación de un seguro ambiental para 2010. En el resto de los países donde existe el seguro ambiental, esto es así porque la buena práctica indica asegurarse, y no porque sea obligatorio hacerlo.
En la redacción final de la norma trabajaron conjuntamente la cartera ambiental de la Nación, la secretaría de Finanzas del ministerio de Economía y Producción y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Quienes deben contratar el seguro ambiental son los titulares de las actividades riesgosas para el ambiente, listadas en el Anexo I de la Resolución 303/07 y Resolución 1639/07 que, de acuerdo con una formula polinómica, deben establecer su nivel de complejidad ambiental.
Para la actual gestión de la secretaría de Ambiente, fue prioritario regular la obligación de contratar el seguro ambiental, tal como lo establece el artículo 22 de la Ley 25.675 General del Ambiente, con la finalidad de hacerla operativa:
Art. 22. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.”
El problema que presentaba la aplicación de la Ley General del Ambiente es que al no existir oferta de seguros en el mercado, la obligación que surge del citado artículo 22 resultaba una obligación de cumplimiento imposible. Esta situación resultó muy cómoda para el sector asegurable, que con solo demostrar que no existía oferta de pólizas, se eximía del cumplimiento de esta parte de la norma.
Como autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente, la secretaría a cargo de Romina Picolotti tomó la decisión política de resolver el problema planteado, y para ello –durante el año 2007– la cartera ambiental de la Nación dictó las resoluciones 177/07, 303/07 y 1639/07, a través de las cuales:
1. Determinó cuales son las actividades que se consideran “riesgosas” para el ambiente que quedan alcanzadas por la obligación de contratar seguro ambiental. De esta manera, también se aclara el universo de actividades que quedan eximidas o excluidas de la obligación.
2. Estableció la opción de autoasegurarse para que, aquellos que lo prefieran, o quienes no puedan acceder a pólizas de seguro en materia ambiental, tengan forma de cumplir con el artículo 22.
3. Estableció los criterios para determinar los montos mínimos asegurables que darán la “entidad suficiente” a la cobertura, tal como lo exige el artículo 22.
4. Creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), como área de trabajo específica dentro de la secretaria de Ambiente, para entender y avanzar en materia de riesgos y seguros ambientales.
Para la regulación de los aspectos más propios de la técnica asegurativa, la secretaría de Ambiente se unió con la secretaría de Finanzas –órbita en la cual funciona la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)–, a través de la Creación de la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA) por Resolución Conjunta SF 12 y SAyDS 178, a fin de determinar las pautas básicas para las pólizas que aseguren el daño ambiental de incidencia colectiva y los requisitos, condiciones y alcance para el autoaseguro y los fondos de restauración.
Las pautas básicas para las pólizas de daño ambiental de incidencia colectiva fueron dictadas a fin del año pasado, a través de la resolución conjunta SF 98 y SAyDS 1973. Estas pautas tienen por objeto:
• Garantizar una remediación/recomposición razonable del ambiente afectado, alcanzando niveles de riesgo aceptables para la salud humana de acuerdo con criterios universalmente aceptados.
• Acotar el riesgo de modo que disminuya la incertidumbre y puedan generarse ofertas razonables y primas accesibles.
El 26 de agosto último la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la primer póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva en la República Argentina. Si bien existían en el mercado pólizas que cubrían eventos de contaminación, siempre excluían expresamente la cobertura de la Ley 25.675 por considerarla amplia e imprecisa.
La aprobación y existencia en el mercado de esta primera póliza que cumple con los requisitos que establece la Ley 25.675 confirma el éxito de esta gestión de la secretaría y de su labor regulatoria en este sentido.
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