Yacimiento Loma La Lata: disputa entre Mapuches e YPF
Mapuches denuncian contaminación; YPF dice que no dejan remediar
Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: Diairo Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad kaxipayiñ llevó el reclamo a la fiscalía por contaminación con residuos peligrosos. La empresa rechazó.
Integrantes de la comunidad kaxipayiñ presentaron ayer una denuncia por contaminación con residuos peligrosos en su territorio. Lo hicieron en la fiscalía federal. Apuntaron a YPF y sus contratistas, a las que consideran responsables, al exgobernador Jorge Sapag y a quien era responsable de la cartera de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
En un comunicado oficial de YPF que firma Federico Califano, gerente de Asuntos Externos, la empresa dijo anoche que es la misma comunidad la que “impide el saneamiento de las situaciones ambientales dentro del yacimiento Loma La Lata”. La petrolera aclaró que “no se pudieron ejecutar las acciones necesarias” para remediar el lugar “por la oposición de algunos líderes de la comunidad, que persiguen intereses que no responden ni a los de la comunidad ni a la defensa del medio ambiente”.
“Nosotros creemos que hay suficientes pruebas. Es alarmante ya que se ha constatado desde el año 2009, en el incidente conocido como la ex fosa de quema, la existencia de metales pesados e hidrocarburos en suelo y agua y lo que llama la atención es que se trata de agua subterránea, de napas freáticas que pueden tener conexión con el río Neuquén y con el lago Barreales, lo que además se transformaría en una situación que excede el interés de la comunidad. La comunidad está defendiendo no sólo su territorio sino el interés de los centros poblados de mayor magnitud en la Patagonia norte”, aseguró el abogado Emiliano Guagliardo.
Agregó: “el único organismo de control en las áreas petroleras son las comunidades que promueven este tipo de denuncias. Sea convencional o no convencional la actividad está realizándose en un marco de descontrol y fuera de todo tipo de resguardos ambientales.”
El lonco de la comunidad, Gabriel Cherqui, dijo que ya en 1995 se decía “que los indios lo único que querían era plata. Hoy creo que tenemos la sociedad a favor de nosotros, que ya los indios no es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no solo los mapuches, sino toda la ciudadanía de Añelo, El Chañar”.
“No es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no sólo los mapuches”.
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Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: Diairo Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad kaxipayiñ llevó el reclamo a la fiscalía por contaminación con residuos peligrosos. La empresa rechazó.
Integrantes de la comunidad kaxipayiñ presentaron ayer una denuncia por contaminación con residuos peligrosos en su territorio. Lo hicieron en la fiscalía federal. Apuntaron a YPF y sus contratistas, a las que consideran responsables, al exgobernador Jorge Sapag y a quien era responsable de la cartera de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
En un comunicado oficial de YPF que firma Federico Califano, gerente de Asuntos Externos, la empresa dijo anoche que es la misma comunidad la que “impide el saneamiento de las situaciones ambientales dentro del yacimiento Loma La Lata”. La petrolera aclaró que “no se pudieron ejecutar las acciones necesarias” para remediar el lugar “por la oposición de algunos líderes de la comunidad, que persiguen intereses que no responden ni a los de la comunidad ni a la defensa del medio ambiente”.
“Nosotros creemos que hay suficientes pruebas. Es alarmante ya que se ha constatado desde el año 2009, en el incidente conocido como la ex fosa de quema, la existencia de metales pesados e hidrocarburos en suelo y agua y lo que llama la atención es que se trata de agua subterránea, de napas freáticas que pueden tener conexión con el río Neuquén y con el lago Barreales, lo que además se transformaría en una situación que excede el interés de la comunidad. La comunidad está defendiendo no sólo su territorio sino el interés de los centros poblados de mayor magnitud en la Patagonia norte”, aseguró el abogado Emiliano Guagliardo.
Agregó: “el único organismo de control en las áreas petroleras son las comunidades que promueven este tipo de denuncias. Sea convencional o no convencional la actividad está realizándose en un marco de descontrol y fuera de todo tipo de resguardos ambientales.”
El lonco de la comunidad, Gabriel Cherqui, dijo que ya en 1995 se decía “que los indios lo único que querían era plata. Hoy creo que tenemos la sociedad a favor de nosotros, que ya los indios no es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no solo los mapuches, sino toda la ciudadanía de Añelo, El Chañar”.
“No es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no sólo los mapuches”.
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Contaminación visual y estrés
Contaminación visual: el exceso de carteles lumínicos contribuye al estrés
Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Según especialistas, la profusión de letreros viales y publicidad que se despliega en la ciudad altera el ánimo de los porteños; inquietud por la gran cantidad de avisos en desmedro del paisaje
Los nuevos carteles LED azules, con nombres de calles, que cuelgan en medio de las principales avenidas de la ciudad, ya despertaron una serie de cuestionamientos entre los expertos en medio ambiente. Los consideran otro elemento más, dentro del mobiliario urbano, que provoca contaminación visual. Es que a los semáforos y diferentes tipos de luminarias (clásicas y modernas) que pueblan la vía pública hay que sumarles últimamente banderines amarillos, los anuncios/propaganda del gobierno, también amarillos, en innumerables obras públicas, las luces de los refugios de Metrobus, las gigantografías y la permanente y desordenada aparición de avisos lumínicos publicitarios durante la noche.
Mientras que para el gobierno porteño las recientes señalizaciones son sustentables y necesarias para ordenar el tránsito, para los ecologistas el exceso de cartelería va en desmedro del paisaje urbano y es confuso. Este hecho se traduce en el alto nivel de estrés y agresividad de sus habitantes, afirman.
Buenos Aires es considerada la cuarta urbe entre las de mayor contaminación sonora del mundo. Y ahora, a la polución provocada por diferentes ruidos se suma otro tipo de contaminación: la visual. Según los especialistas, en estos momentos tenemos un "muy alto grado de polución visual".
Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público explicó que los nomencladores se colocaron "en sintonía con otras ciudades del mundo, como Miami". Sostienen que son de bajo consumo y que buscan mejorar la legibilidad de día y de noche, incluso en condiciones climáticas desfavorables. Se trata de 81 pescantes azul brillante colocados en febrero de este año. Hasta el momento, se exhiben 20 en la avenida Corrientes, 21 en Entre Ríos y Callao, 19 en Córdoba, cinco en Boedo y 16 en Libertador. El plan de gobierno porteño es avanzar y renovar los carteles de las calles de toda la ciudad incluyendo las villas 20 y 31-31 bis.
"Hay que ponerse de acuerdo y pensar a qué ciudad queremos parecernos, si a París o a Miami. Pero no podemos pretender ser París y tapar el cielo y los edificios que tienen valor patrimonial con carteles LED", dijo Claudio Ardohain, investigador en geobiología, ciencia encargada de estudiar la influencia del medio ambiente sobre los seres vivientes.
Según Ardohain, la nueva señalética provoca contaminación perceptual y lumínica. La primera se debe a un exceso de información provocado por los innumerables letreros ubicados en la vía pública. En ese sentido, para el desarrollador Julio Torcello, los pescantes son exagerados, "informan en forma negativa, pretenden comunicar bien pero descalifican al ciudadano pensando que tiene poca capacidad de información, que no puede mirar, observar y evaluar por sí mismo".
Por otro lado, los LED provocan contaminación lumínica, que es la que corresponde a la alteración de los ritmos biológicos. "A nivel sociológico, si vivo en zonas con sobrecarga perceptual y lumínica, probablemente tenga trastornos de conducta. Cuando conviven estilos arquitectónicos mezclados con un popurrí de anuncios de diferentes colores y luces encendidas toda la noche, el cerebro trata de asociar una cosa con la otra. Esto se hace imposible y el lugar en el que habita se transforma en estresante. De ahí que ésta sea una de las ciudades del mundo en las que más ansiolíticos se consumen", advirtió Ardohain.
Además en Buenos Aires, durante la noche, es muy difícil observar las estrellas, especialmente en algunas esquinas, como avenida Cabildo y Juramento o 9 de Julio y Corrientes. "Cuando se pone el sol, el ser humano descansa. Se deben apagar las luminarias. Si vivo en algunas de esas esquinas, de noche no puedo dormir", añadió.
En realidad, al referirnos a esta problemática hay que partir de un concepto más amplio, que es el de protección del paisaje urbano, aclaró Antonio Elio Brailovsky, investigador del Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo.
Paisaje proviene del francés pays, que significa campo, país, y el sufijo "aje", que denota la acción por lo que el hombre crea su entorno. En el caso de los flamantes letreros, son elementos que interfieren en el paisaje. Brailovsky, que en su momento presentó un amparo ante la Justicia para remover los carteles de publicidad de la avenida Lugones, dijo que las intervenciones deben, ante todo, crear "un ambiente relajado".
Las imágenes que invaden calles y autopistas no sólo pueden provocar accidentes viales, ya que distraen al conductor, sino que también causan estrés urbano y nos transforman en "habitantes histéricos, tensos y violentos", advirtió.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad no respondió las consultas efectuadas por LA NACION sobre los cuestionamientos a los pescantes. Tampoco informó respecto de cuál es el monto total que invierte la Ciudad en la renovación del mobiliario urbano.
Lo cierto es que los resplandecientes indicadores azules se agregan a los esfuerzos que realiza desde hace años el gobierno porteño por mejorar los nomencladores urbanos. En 2012, durante la gestión del entonces ministro de Espacio Público Diego Santilli se colocaron 12.000 carteles negros con los nombres de calles junto a la comuna a la que corresponden. Según estimaciones, a un valor actualizado tendrían un costo aproximado de $ 4000 cada uno, o sea casi $ 48 millones.
En 2014, los anteriores carteles se reemplazaron por nomencladores de aluminio negro con pintura "ojo de gato" y se agregaron pescantes, también negros, en los semáforos. En total se renovaron 13.500, a un valor actualizado de aproximadamente $ 5000 cada uno, es decir $ 67,5 millones. Este año, la inversión en indicadores LED azules demandó $ 1,6 millones, sumaron 81 carteles con un valor de $ 20.000 cada uno, informó el gobierno de la ciudad a través de su sitio web.
En la década del 70, se creó el Plan Visual de Buenos Aires, el primer diseño integral de señalética urbana de la ciudad. Se procuró establecer un sistema coherente de información capaz de "guiar al habitante hasta su destino sin preguntar nada a nadie". Pero, con el correr de los años, su aplicación se tornó inconsistente. Sin embargo, no existió ningún proyecto integral similar que lo reemplazara. En la actualidad, en los diferentes barrios conviven nomencladores de calles de distintas épocas, colores y materiales. Quienes transitan por la ciudad los observan, intentan comprenderlos, pero terminan por preguntar o por utilizar el GPS para llegar a destino.
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Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Según especialistas, la profusión de letreros viales y publicidad que se despliega en la ciudad altera el ánimo de los porteños; inquietud por la gran cantidad de avisos en desmedro del paisaje
Los nuevos carteles LED azules, con nombres de calles, que cuelgan en medio de las principales avenidas de la ciudad, ya despertaron una serie de cuestionamientos entre los expertos en medio ambiente. Los consideran otro elemento más, dentro del mobiliario urbano, que provoca contaminación visual. Es que a los semáforos y diferentes tipos de luminarias (clásicas y modernas) que pueblan la vía pública hay que sumarles últimamente banderines amarillos, los anuncios/propaganda del gobierno, también amarillos, en innumerables obras públicas, las luces de los refugios de Metrobus, las gigantografías y la permanente y desordenada aparición de avisos lumínicos publicitarios durante la noche.
Mientras que para el gobierno porteño las recientes señalizaciones son sustentables y necesarias para ordenar el tránsito, para los ecologistas el exceso de cartelería va en desmedro del paisaje urbano y es confuso. Este hecho se traduce en el alto nivel de estrés y agresividad de sus habitantes, afirman.
Buenos Aires es considerada la cuarta urbe entre las de mayor contaminación sonora del mundo. Y ahora, a la polución provocada por diferentes ruidos se suma otro tipo de contaminación: la visual. Según los especialistas, en estos momentos tenemos un "muy alto grado de polución visual".
Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público explicó que los nomencladores se colocaron "en sintonía con otras ciudades del mundo, como Miami". Sostienen que son de bajo consumo y que buscan mejorar la legibilidad de día y de noche, incluso en condiciones climáticas desfavorables. Se trata de 81 pescantes azul brillante colocados en febrero de este año. Hasta el momento, se exhiben 20 en la avenida Corrientes, 21 en Entre Ríos y Callao, 19 en Córdoba, cinco en Boedo y 16 en Libertador. El plan de gobierno porteño es avanzar y renovar los carteles de las calles de toda la ciudad incluyendo las villas 20 y 31-31 bis.
"Hay que ponerse de acuerdo y pensar a qué ciudad queremos parecernos, si a París o a Miami. Pero no podemos pretender ser París y tapar el cielo y los edificios que tienen valor patrimonial con carteles LED", dijo Claudio Ardohain, investigador en geobiología, ciencia encargada de estudiar la influencia del medio ambiente sobre los seres vivientes.
Según Ardohain, la nueva señalética provoca contaminación perceptual y lumínica. La primera se debe a un exceso de información provocado por los innumerables letreros ubicados en la vía pública. En ese sentido, para el desarrollador Julio Torcello, los pescantes son exagerados, "informan en forma negativa, pretenden comunicar bien pero descalifican al ciudadano pensando que tiene poca capacidad de información, que no puede mirar, observar y evaluar por sí mismo".
Por otro lado, los LED provocan contaminación lumínica, que es la que corresponde a la alteración de los ritmos biológicos. "A nivel sociológico, si vivo en zonas con sobrecarga perceptual y lumínica, probablemente tenga trastornos de conducta. Cuando conviven estilos arquitectónicos mezclados con un popurrí de anuncios de diferentes colores y luces encendidas toda la noche, el cerebro trata de asociar una cosa con la otra. Esto se hace imposible y el lugar en el que habita se transforma en estresante. De ahí que ésta sea una de las ciudades del mundo en las que más ansiolíticos se consumen", advirtió Ardohain.
Además en Buenos Aires, durante la noche, es muy difícil observar las estrellas, especialmente en algunas esquinas, como avenida Cabildo y Juramento o 9 de Julio y Corrientes. "Cuando se pone el sol, el ser humano descansa. Se deben apagar las luminarias. Si vivo en algunas de esas esquinas, de noche no puedo dormir", añadió.
En realidad, al referirnos a esta problemática hay que partir de un concepto más amplio, que es el de protección del paisaje urbano, aclaró Antonio Elio Brailovsky, investigador del Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo.
Paisaje proviene del francés pays, que significa campo, país, y el sufijo "aje", que denota la acción por lo que el hombre crea su entorno. En el caso de los flamantes letreros, son elementos que interfieren en el paisaje. Brailovsky, que en su momento presentó un amparo ante la Justicia para remover los carteles de publicidad de la avenida Lugones, dijo que las intervenciones deben, ante todo, crear "un ambiente relajado".
Las imágenes que invaden calles y autopistas no sólo pueden provocar accidentes viales, ya que distraen al conductor, sino que también causan estrés urbano y nos transforman en "habitantes histéricos, tensos y violentos", advirtió.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad no respondió las consultas efectuadas por LA NACION sobre los cuestionamientos a los pescantes. Tampoco informó respecto de cuál es el monto total que invierte la Ciudad en la renovación del mobiliario urbano.
Lo cierto es que los resplandecientes indicadores azules se agregan a los esfuerzos que realiza desde hace años el gobierno porteño por mejorar los nomencladores urbanos. En 2012, durante la gestión del entonces ministro de Espacio Público Diego Santilli se colocaron 12.000 carteles negros con los nombres de calles junto a la comuna a la que corresponden. Según estimaciones, a un valor actualizado tendrían un costo aproximado de $ 4000 cada uno, o sea casi $ 48 millones.
En 2014, los anteriores carteles se reemplazaron por nomencladores de aluminio negro con pintura "ojo de gato" y se agregaron pescantes, también negros, en los semáforos. En total se renovaron 13.500, a un valor actualizado de aproximadamente $ 5000 cada uno, es decir $ 67,5 millones. Este año, la inversión en indicadores LED azules demandó $ 1,6 millones, sumaron 81 carteles con un valor de $ 20.000 cada uno, informó el gobierno de la ciudad a través de su sitio web.
En la década del 70, se creó el Plan Visual de Buenos Aires, el primer diseño integral de señalética urbana de la ciudad. Se procuró establecer un sistema coherente de información capaz de "guiar al habitante hasta su destino sin preguntar nada a nadie". Pero, con el correr de los años, su aplicación se tornó inconsistente. Sin embargo, no existió ningún proyecto integral similar que lo reemplazara. En la actualidad, en los diferentes barrios conviven nomencladores de calles de distintas épocas, colores y materiales. Quienes transitan por la ciudad los observan, intentan comprenderlos, pero terminan por preguntar o por utilizar el GPS para llegar a destino.
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Misiones: más acciones en defensa del Moconá
Realizaron una caravana en defensa del Moconá y en apoyo a guardaparques
Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La movilización se realizó el domingo por la tarde, en defensa del Parque Provincial Moconá y en respaldo a los guardaparques que fueron trasladados por oponerse a la construcción de un camino para vehículos dentro del área protegida.
La iniciativa surgió para visibilizar la situación y hacer oír los reclamos a las autoridades del Gobierno y puntualmente al Ministerio de Ecología, que decidió trasladar a los cinco guardaparques que resistieron y se opusieron a la construcción de una obra que podría dañar el ambiente.
Este conflicto se inició en la gobernación de Maurice Closs, cuando impulsó la idea de construir un camino por el interior del Parque para unir la ruta provincial 2 con el Lote 8, que se ubica lindero al Parque Provincial.
Enseguida hubo reacciones de rechazo y la polémica llegó a una audiencia pública realizada en San Vicente, donde la mayoría se manifestó en contra.
Lo que despertó rechazo es que el camino sería para beneficiar a un emprendimiento turístico privado que se pretendía instalar en el mencionado Lote 8.
Los guardaparques que defendieron la intangibilidad del Parque Moconá fueron trasladados y presentaron acciones legales contra la relocalización.
El Ministerio de Trabajo viene dilatando una respuesta y sospechan que, en consonancia con los intereses del Gobierno, el ministro Juan Carlos Agulla no tendría intenciones de resolver un fallo a su favor.
“Los traslados responden a una lógica de venganza contra los guardaparques honestos”, aseguraron el domingo en la movilización.
“No es verdad que sean traslados que responden por una reorganización pues afectan a la totalidad de los guardaparques del Moconá que defendieron el parque frente a este camino”, insistieron, ante el argumento del Gobierno que trata de justificar los traslados haciendo referencia a una reorganización.
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Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La movilización se realizó el domingo por la tarde, en defensa del Parque Provincial Moconá y en respaldo a los guardaparques que fueron trasladados por oponerse a la construcción de un camino para vehículos dentro del área protegida.
La iniciativa surgió para visibilizar la situación y hacer oír los reclamos a las autoridades del Gobierno y puntualmente al Ministerio de Ecología, que decidió trasladar a los cinco guardaparques que resistieron y se opusieron a la construcción de una obra que podría dañar el ambiente.
Este conflicto se inició en la gobernación de Maurice Closs, cuando impulsó la idea de construir un camino por el interior del Parque para unir la ruta provincial 2 con el Lote 8, que se ubica lindero al Parque Provincial.
Enseguida hubo reacciones de rechazo y la polémica llegó a una audiencia pública realizada en San Vicente, donde la mayoría se manifestó en contra.
Lo que despertó rechazo es que el camino sería para beneficiar a un emprendimiento turístico privado que se pretendía instalar en el mencionado Lote 8.
Los guardaparques que defendieron la intangibilidad del Parque Moconá fueron trasladados y presentaron acciones legales contra la relocalización.
El Ministerio de Trabajo viene dilatando una respuesta y sospechan que, en consonancia con los intereses del Gobierno, el ministro Juan Carlos Agulla no tendría intenciones de resolver un fallo a su favor.
“Los traslados responden a una lógica de venganza contra los guardaparques honestos”, aseguraron el domingo en la movilización.
“No es verdad que sean traslados que responden por una reorganización pues afectan a la totalidad de los guardaparques del Moconá que defendieron el parque frente a este camino”, insistieron, ante el argumento del Gobierno que trata de justificar los traslados haciendo referencia a una reorganización.
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Curtiembre está matando a Nonogasta
Curtiembre contamina y mata a los habitantes de Nonogasta
Fecha de Publicación: 29/03/2017
Fuente: Diario Registrado
Provincia/Región: La Rioja
El programa ADN emitió un informe escalofriante sobre la contaminación de un pueblo riojano. El informe muestra cómo la curtiembre CURTUME S.A arroja residuos con cromo a piletones sin el tratamiento adecuado para preservar la salud de los habitantes de la población. Según los testimonios, los mas afectados son las embarazadas y los bebés. "El cromo que está en el aire, el agua y el suelo produce malformaciones durante el embarazo” afirman los profesionales consultados.
El programa ADN emitió un informe sobre la contaminación que produce la curtiembre CURTUME S.A en el pueblo Nonogasta, en La Rioja. Según la investigación la empresa vierte residuos con altas concentraciones de cromo y asrsénico a enormes piletones que contaminan las napas de agua el aire y el suelo. Esto produce cáncer, nacimientos con alteraciones genéticas y discapacidades en la población.
La empresa tiene 4 kilómetros de piletones contaminados con productos químicos para tratar el cuero. El Ingeniero Agrónomo Andrés Méndez, afirma que "Nonogasta, es el lugar más contaminado de Argentina”.
Las estadísticas de salud en este pueblo son alarmantes, hay 5 veces más casos de enfermos de cáncer en Nonogasta que la media nacional. La Dra. Patricia Rippa, Pediatra Delegada Sanitaria Federal, afirma: “El cromo está en el aire, en el agua y en el suelo y produce malformaciones durante el embarazo” y agrega que esta sustancia “ es muy destructiva para la salud, no tiene ni color, ni sabor, ni olor. Es imperceptible”.
Entre los ejemplos mas dramáticos que se registraron en Nonogasta, están los bebés que nacieron con dos cabezas, con cáncer intestinal prenatal o con problemas de riñones y columna vertebral. “El índice más alto es el de cáncer de pulmón, de intestino y leucemia” tanto en niños como en adultos afirma la dra. Rippa.
Vanesa Bazán, damnificada por la contaminación, vivía frente a la curtiembre cuando se quedó embarazada. "Mi hijo nació sin ano, tiene la cola cerrada.Y por eso va a tener que vivir toda su vida con ano contranatura” dijo Vanesa al programa ADN.
Hasta el momento desde la municipalidad y desde la gobernación, no se pronunciaron sobre a la grave denuncia.
Lago de Córdoba con altísima contaminación por algas
Por qué el lago San Roque está verde y azul, y despide un olor nauseabundo
Fecha de Publicación: 29/03/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El lago San Roque luce tapizado de verde y parece un campo de golf. Pero además, el olor es nauseabundo.
El pasado 17 de marzo, La Voz publicó un informe en la que se consultó a varios especialistas sobre por qué el San Roque está como está. La conclusión era alarmante: todos los consultados habían advertido que la situación era previsible porque no se hicieron las obras necesarias.
La llegada del otoño, el fin de la época de lluvias y de las crecidas provocan que las algas se acumulen en algunos sectores del lago. El área costera sobre Villa Carlos es, una vez más, una de las más afectadas.
En aquella oportunidad, las autoridades municipales alertaron a Recursos Hídricos de la Provincia sobre lo que estaba pasando. Pero fue inevitable.
La proliferación de algas parece sin solución, al menos –según casi todas las investigaciones y diagnósticos realizados– mientras la mayor parte de las poblaciones de la cuenca hídrica siga sin contar con redes de cloacas adecuadamente tratadas.
Con las algas llegan además, cada otoño, el mal olor y hasta la mortandad de peces (algo que, por ahora, no fue reportado).
Liliana Bina, directora de Desarrollo Urbano Ambiental del municipio, sostuvo en aquel momento que lo que apareció en el San Roque “son las afloraciones de algas de todos los años”.
Bina apuntó aquella vez que la conjunción de la temperatura y de la humedad, y el menor caudal que aportan los ríos fuera del verano potencian la proliferación de algas.
Nutrientes
Pero son los nutrientes (fósforos y nitratos) que dejan las cloacas no tratadas los que las alimentan y “engordan” el desarrollo de estas algas.
En sucesivos análisis realizados en el embalse desde hace décadas se informó sobre la presencia de algas verdeazuladas que producen la falta de oxígeno en el San Roque. Su excesiva presencia revela el estado de eutrofización (deterioro ambiental) del lago.
Carlos Paz, por caso, tiene una planta modelo de cloacas inaugurada en 2007, pero sólo el 30 por ciento de su población está conectada a la red. La mayoría de las localidades de la región ligadas a los ríos que nutren el lago no tiene ni un metro de redes cloacales.
La Provincia volvió a prometer obras de saneamiento en algunas áreas de esta cuenca hídrica.
Días atrás, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, refrendó un convenio con el Gobierno de Córdoba para aportar a proyectos de descontaminación del San Roque.
Juan Carlos Paesani, de la local Ong Funeat (Fundación Educación, Ambiente y Trabajo), aseguró que desde la década de 1960 no hay una política hídrica.
“Mientras no haya una política de Estado en este sentido van a seguir estos fenómenos, indicativos de que ocurren cosas graves en el embalse, que es el espejo donde se muestra el estado de la cuenca”.
Un amparo ambiental presentado en 2013 a la Justicia por el abogado local Bernardo Cervi terminó obligando a que la Provincia y los municipios conformaran un Comité de Cuenca regional.
Se acordó allí en el último año una serie de planes y de obras, pero estas no han sido hasta ahora ejecutadas.
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Fecha de Publicación: 29/03/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El lago San Roque luce tapizado de verde y parece un campo de golf. Pero además, el olor es nauseabundo.
El pasado 17 de marzo, La Voz publicó un informe en la que se consultó a varios especialistas sobre por qué el San Roque está como está. La conclusión era alarmante: todos los consultados habían advertido que la situación era previsible porque no se hicieron las obras necesarias.
La llegada del otoño, el fin de la época de lluvias y de las crecidas provocan que las algas se acumulen en algunos sectores del lago. El área costera sobre Villa Carlos es, una vez más, una de las más afectadas.
En aquella oportunidad, las autoridades municipales alertaron a Recursos Hídricos de la Provincia sobre lo que estaba pasando. Pero fue inevitable.
La proliferación de algas parece sin solución, al menos –según casi todas las investigaciones y diagnósticos realizados– mientras la mayor parte de las poblaciones de la cuenca hídrica siga sin contar con redes de cloacas adecuadamente tratadas.
Con las algas llegan además, cada otoño, el mal olor y hasta la mortandad de peces (algo que, por ahora, no fue reportado).
Liliana Bina, directora de Desarrollo Urbano Ambiental del municipio, sostuvo en aquel momento que lo que apareció en el San Roque “son las afloraciones de algas de todos los años”.
Bina apuntó aquella vez que la conjunción de la temperatura y de la humedad, y el menor caudal que aportan los ríos fuera del verano potencian la proliferación de algas.
Nutrientes
Pero son los nutrientes (fósforos y nitratos) que dejan las cloacas no tratadas los que las alimentan y “engordan” el desarrollo de estas algas.
En sucesivos análisis realizados en el embalse desde hace décadas se informó sobre la presencia de algas verdeazuladas que producen la falta de oxígeno en el San Roque. Su excesiva presencia revela el estado de eutrofización (deterioro ambiental) del lago.
Carlos Paz, por caso, tiene una planta modelo de cloacas inaugurada en 2007, pero sólo el 30 por ciento de su población está conectada a la red. La mayoría de las localidades de la región ligadas a los ríos que nutren el lago no tiene ni un metro de redes cloacales.
La Provincia volvió a prometer obras de saneamiento en algunas áreas de esta cuenca hídrica.
Días atrás, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, refrendó un convenio con el Gobierno de Córdoba para aportar a proyectos de descontaminación del San Roque.
Juan Carlos Paesani, de la local Ong Funeat (Fundación Educación, Ambiente y Trabajo), aseguró que desde la década de 1960 no hay una política hídrica.
“Mientras no haya una política de Estado en este sentido van a seguir estos fenómenos, indicativos de que ocurren cosas graves en el embalse, que es el espejo donde se muestra el estado de la cuenca”.
Un amparo ambiental presentado en 2013 a la Justicia por el abogado local Bernardo Cervi terminó obligando a que la Provincia y los municipios conformaran un Comité de Cuenca regional.
Se acordó allí en el último año una serie de planes y de obras, pero estas no han sido hasta ahora ejecutadas.
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Lobbista minero a cargo de un Parque Nacional
Avanzada minera: nombran al lobbista de una empresa a cargo de un Parque Nacional
Fecha de Publicación: 29/03/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
José Roco trabajaba para Xstrata Copper, la firma que opera el yacimiento de El Pachón, San Juan.
Si a lo largo de las últimas décadas las mineras vivieron tiempos de extractivismo con pocos o nulos controles, lo que sucede desde diciembre de 2015 es un proceso más profundo, potenciado en los últimos meses: mientras el gobierno ofrece en el extranjero sitios de la Argentina donde está prohibida la minería (por ejemplo, Famatina), se da un avance cultural de las mineras en diferentes facetas estatales, naturalizando su discurso. Desde Radio Nacional y la UBA hasta cargos jerárquicos del gobierno, e incluso en la dirección de un parque nacional en San Juan, cuyo flamante intendente viene de trabajar en la empresa que explota el cerro ubicado en esa misma zona.
Los dos lados del mostrador
"En el día de ayer asumió sus funciones como intendente del Parque Nacional El Leoncito, José Roco, profesional sanjuanino interiorizado con la dinámica del área protegida", señaló la Administración de Parques Nacionales el 15 de marzo pasado, en referencia al parque de 89.900 hectáreas ubicado al sudoeste de la provincia de San Juan. En esa región cordillerana del departamento de Calingasta está el yacimiento de El Pachón, donde la minera suiza Glencore planea realizar extracciones, aunque todavía debe presentar un estudio de impacto ambiental. Mientras, continúa en litigio con la chilena Pelambres, que usó 52 hectáreas de El Pachón como escombrera, sin permisos, traspasando la frontera y afectando lagunas y cauces de agua.
Pero José Adolfo Roco no es un intendente cualquiera. Viene de ocupar diferentes cargos en la filial sanjuanina de la empresa Xstrata Cooper SA, entre otros el de superintendente de Relaciones Comunitarias. Xstrata, con sede en Suiza, tiene como principal accionista a la gigante Glencore. Es decir, Roco será el encargado de administrar un área protegida en la misma región donde su exempleadora busca extraer minerales.
Este conflicto de intereses no es potestad solo de Roco. Sucede en el seno de la Secretaría de Minería, donde semanas atrás Santiago Dondo renunció a la Subsecretaría de Política Minera, clave para el plan de Cambiemos de inversiones y desregulación del sector, por cortocircuitos con Daniel Meilán. En su lugar nombraron al abogado Juan Bisset, exjefe de Legales de la minera Vale, una de las más grandes del mundo. Así lo denunció Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y apuntó otro funcionario, Mario Capello, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, acérrimo defensor de la quita de retenciones al sector, al punto de preguntarse públicamente: "¿Tan difícil resulta comprender que con esta decisión miles de familias se alejarían para siempre de una pobreza que las destruye?".
De la ley
Roco también representó a Xstrata Copper en el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), como titular de la Comisión Revisora durante el tratamiento y aprobación de la Ley de Glaciares, a la cual se opuso. Para GEMERA, es posible "proteger los verdaderos glaciares sin restringir el desarrollo minero y petrolero".
En la misma sintonía, para "agilizar" las inversiones extranjeras, hoy el objetivo del Poder Ejecutivo es avanzar con una reglamentación de la Ley de Glaciares mucho más flexible. Unos 10 mil millones de dólares en inversiones extranjeras ofrecidas en el último tiempo abordan siete proyectos ubicados en áreas que forman parte del Inventario Nacional de Glaciares: Agua Rica (Catamarca), Altar, Pascua Lama, Los Azules, Del Carmen, Constelación y El Pachón (San Juan). La idea del macrismo es que no en todos los glaciares debe prohibirse la minería, sino en aquellos de "significancia hídrica", argumento inexistente en la ley.
"Nuestra Cordillera está destinada al sacrificio con tantos proyectos mineros –dice Nora Torres, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, donde Barrick Gold generó tres derrames en un año y medio–. No entienden que el agua es vida, piensan que nunca les va a tocar a ellos".
De lo público
Este mes comienza en la UBA el posdoctorado Especialización en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente. Según denunció Viale, lo dirige Beatriz Silvia Krom, "que fue abogada de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) integrada por las grandes trasnacionales mineras". La materia "Licencias sociales–Participación de los comunidades locales" es dictada por Ricardo Furfaro, director de legales de Goldcorp Cerro Negro. A miles de kilómetros, vecinos de la Asamblea No a la Mina en Esquel se autoconvocaron frente a las instalaciones de Radio Nacional Esquel, en Chubut, para reclamar por la nueva programación de la emisora pública. Como sucedió con Monsanto en la TV Pública, amparadas en "la pluralidad de voces", las autoridades de LRA 9 Radio Nacional Esquel incorporaron un programa conducido por Ricardo Alejandro Bustos, gerente de Comunicaciones de Minas Argentinas, subsidiaria de Yamana Gold. La filial local de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa le envió una carta de repudio al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, por una decisión que está "lejos de lo que la comunidad de Esquel democráticamente decidió en 2003 en un histórico plebiscito". Para Viale, "no es casual que suceda en Esquel. Es la cuna y fuente de inspiración de la lucha ambiental contra la minería en Argentina".«
Daniel Meilán, el secretario del área, de Menem a Macri
Para el actual secretario de Minería Daniel Meilán, el combo de política y minería no es nuevo. Ya se desempeñó como subsecretario del área en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se firmó un acuerdo para la prospección y explotación entre Chile y la Argentina, por el que se consensuaban 16 puntos en la frontera para encarar proyectos "binacionales", lo que en la práctica permitió a las multinacionales mineras trabajar de manera desregulada, como una "unidad" operativa, sin necesidad de someterse a la interferencia de las legislaciones locales, y sin importar en qué parte de la frontera estuviera establecido el yacimiento.
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Fecha de Publicación: 29/03/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
José Roco trabajaba para Xstrata Copper, la firma que opera el yacimiento de El Pachón, San Juan.
Si a lo largo de las últimas décadas las mineras vivieron tiempos de extractivismo con pocos o nulos controles, lo que sucede desde diciembre de 2015 es un proceso más profundo, potenciado en los últimos meses: mientras el gobierno ofrece en el extranjero sitios de la Argentina donde está prohibida la minería (por ejemplo, Famatina), se da un avance cultural de las mineras en diferentes facetas estatales, naturalizando su discurso. Desde Radio Nacional y la UBA hasta cargos jerárquicos del gobierno, e incluso en la dirección de un parque nacional en San Juan, cuyo flamante intendente viene de trabajar en la empresa que explota el cerro ubicado en esa misma zona.
Los dos lados del mostrador
"En el día de ayer asumió sus funciones como intendente del Parque Nacional El Leoncito, José Roco, profesional sanjuanino interiorizado con la dinámica del área protegida", señaló la Administración de Parques Nacionales el 15 de marzo pasado, en referencia al parque de 89.900 hectáreas ubicado al sudoeste de la provincia de San Juan. En esa región cordillerana del departamento de Calingasta está el yacimiento de El Pachón, donde la minera suiza Glencore planea realizar extracciones, aunque todavía debe presentar un estudio de impacto ambiental. Mientras, continúa en litigio con la chilena Pelambres, que usó 52 hectáreas de El Pachón como escombrera, sin permisos, traspasando la frontera y afectando lagunas y cauces de agua.
Pero José Adolfo Roco no es un intendente cualquiera. Viene de ocupar diferentes cargos en la filial sanjuanina de la empresa Xstrata Cooper SA, entre otros el de superintendente de Relaciones Comunitarias. Xstrata, con sede en Suiza, tiene como principal accionista a la gigante Glencore. Es decir, Roco será el encargado de administrar un área protegida en la misma región donde su exempleadora busca extraer minerales.
Este conflicto de intereses no es potestad solo de Roco. Sucede en el seno de la Secretaría de Minería, donde semanas atrás Santiago Dondo renunció a la Subsecretaría de Política Minera, clave para el plan de Cambiemos de inversiones y desregulación del sector, por cortocircuitos con Daniel Meilán. En su lugar nombraron al abogado Juan Bisset, exjefe de Legales de la minera Vale, una de las más grandes del mundo. Así lo denunció Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y apuntó otro funcionario, Mario Capello, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, acérrimo defensor de la quita de retenciones al sector, al punto de preguntarse públicamente: "¿Tan difícil resulta comprender que con esta decisión miles de familias se alejarían para siempre de una pobreza que las destruye?".
De la ley
Roco también representó a Xstrata Copper en el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), como titular de la Comisión Revisora durante el tratamiento y aprobación de la Ley de Glaciares, a la cual se opuso. Para GEMERA, es posible "proteger los verdaderos glaciares sin restringir el desarrollo minero y petrolero".
En la misma sintonía, para "agilizar" las inversiones extranjeras, hoy el objetivo del Poder Ejecutivo es avanzar con una reglamentación de la Ley de Glaciares mucho más flexible. Unos 10 mil millones de dólares en inversiones extranjeras ofrecidas en el último tiempo abordan siete proyectos ubicados en áreas que forman parte del Inventario Nacional de Glaciares: Agua Rica (Catamarca), Altar, Pascua Lama, Los Azules, Del Carmen, Constelación y El Pachón (San Juan). La idea del macrismo es que no en todos los glaciares debe prohibirse la minería, sino en aquellos de "significancia hídrica", argumento inexistente en la ley.
"Nuestra Cordillera está destinada al sacrificio con tantos proyectos mineros –dice Nora Torres, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, donde Barrick Gold generó tres derrames en un año y medio–. No entienden que el agua es vida, piensan que nunca les va a tocar a ellos".
De lo público
Este mes comienza en la UBA el posdoctorado Especialización en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente. Según denunció Viale, lo dirige Beatriz Silvia Krom, "que fue abogada de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) integrada por las grandes trasnacionales mineras". La materia "Licencias sociales–Participación de los comunidades locales" es dictada por Ricardo Furfaro, director de legales de Goldcorp Cerro Negro. A miles de kilómetros, vecinos de la Asamblea No a la Mina en Esquel se autoconvocaron frente a las instalaciones de Radio Nacional Esquel, en Chubut, para reclamar por la nueva programación de la emisora pública. Como sucedió con Monsanto en la TV Pública, amparadas en "la pluralidad de voces", las autoridades de LRA 9 Radio Nacional Esquel incorporaron un programa conducido por Ricardo Alejandro Bustos, gerente de Comunicaciones de Minas Argentinas, subsidiaria de Yamana Gold. La filial local de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa le envió una carta de repudio al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, por una decisión que está "lejos de lo que la comunidad de Esquel democráticamente decidió en 2003 en un histórico plebiscito". Para Viale, "no es casual que suceda en Esquel. Es la cuna y fuente de inspiración de la lucha ambiental contra la minería en Argentina".«
Daniel Meilán, el secretario del área, de Menem a Macri
Para el actual secretario de Minería Daniel Meilán, el combo de política y minería no es nuevo. Ya se desempeñó como subsecretario del área en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se firmó un acuerdo para la prospección y explotación entre Chile y la Argentina, por el que se consensuaban 16 puntos en la frontera para encarar proyectos "binacionales", lo que en la práctica permitió a las multinacionales mineras trabajar de manera desregulada, como una "unidad" operativa, sin necesidad de someterse a la interferencia de las legislaciones locales, y sin importar en qué parte de la frontera estuviera establecido el yacimiento.
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El Gobierno prepara “Extinción Cero” para conservar especies
Extinción Cero: el plan de Bergman para las especies en peligro
Fecha de Publicación: 28/03/2017
Fuente: Revista Claves 21
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional prepara “Extinción Cero”, un programa que pretende “mejorar las políticas de conservación” de seis especies en situación crítica: el cauquén colorado, el cardenal amarillo, el venado de las pampas, la mojarra desnuda, la ranita del Pehuenche y el yaguareté.
Claves21 dialogó con Javier García Espil, director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y accedió a precisiones acerca de las características y pilares de este programa de protección de especies amenazadas.
“Extinción Cero pone el foco en algunas especies en peligro de extinción y busca reducir la pérdida de biodiversidad”, expresó García Espil.
Consultado sobre las medidas a aplicar dentro de Extinción Cero, el funcionario detalló que el programa se basa en cuatro pilares:
- Controlar la caza furtiva
- Aumentar el éxito reproductivo
- Educación ambiental
- Combatir el comercio ilegal
García Espil subrayó que “si bien todo eso ya se viene haciendo, el programa Extinción Cero permitirá profundizar esos trabajos y tener un mayor impacto”.
Se trabajará en las diferentes ecorregiones y el abordaje específico dependerá de la especie a proteger, pero este abogado especializado en derecho ambiental dio algunos ejemplos: “El cardenal amarillo es objeto de un importante comercio ilegal y en el caso del cauquén colorado hay que controlar la caza furtiva. Para el yaguareté ya lanzamos el Plan Nacional de Conservación.
Entre las medidas proyectadas, se destaca la creación de “faunaductos” o pasos de fauna, que son estructuras como túneles, puentes o desniveles para animales, que evitan, por ejemplo, que sean atropellados al cruzar una ruta.
El funcionario de la cartera ambiental destacó el trabajo con otras áreas de gobierno, como el Ministerio de Seguridad para combatir el comercio y la caza ilegales y con Vialidad Nacional para reducir el atropellamiento de animales. También, aseguró que trabajan con organizaciones no gubernamentales y científicas, así como con las autoridades provinciales.
García Espil remarcó que con Extinción Cero, el gobierno de Macri pretende “no sólo detener el impacto negativo, sino tener resultados positivos, es decir: mejorar el éxito reproductivo y aumentar las poblaciones de estas especies en peligro“.
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Fecha de Publicación: 28/03/2017
Fuente: Revista Claves 21
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional prepara “Extinción Cero”, un programa que pretende “mejorar las políticas de conservación” de seis especies en situación crítica: el cauquén colorado, el cardenal amarillo, el venado de las pampas, la mojarra desnuda, la ranita del Pehuenche y el yaguareté.
Claves21 dialogó con Javier García Espil, director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y accedió a precisiones acerca de las características y pilares de este programa de protección de especies amenazadas.
“Extinción Cero pone el foco en algunas especies en peligro de extinción y busca reducir la pérdida de biodiversidad”, expresó García Espil.
Consultado sobre las medidas a aplicar dentro de Extinción Cero, el funcionario detalló que el programa se basa en cuatro pilares:
- Controlar la caza furtiva
- Aumentar el éxito reproductivo
- Educación ambiental
- Combatir el comercio ilegal
García Espil subrayó que “si bien todo eso ya se viene haciendo, el programa Extinción Cero permitirá profundizar esos trabajos y tener un mayor impacto”.
Se trabajará en las diferentes ecorregiones y el abordaje específico dependerá de la especie a proteger, pero este abogado especializado en derecho ambiental dio algunos ejemplos: “El cardenal amarillo es objeto de un importante comercio ilegal y en el caso del cauquén colorado hay que controlar la caza furtiva. Para el yaguareté ya lanzamos el Plan Nacional de Conservación.
Entre las medidas proyectadas, se destaca la creación de “faunaductos” o pasos de fauna, que son estructuras como túneles, puentes o desniveles para animales, que evitan, por ejemplo, que sean atropellados al cruzar una ruta.
El funcionario de la cartera ambiental destacó el trabajo con otras áreas de gobierno, como el Ministerio de Seguridad para combatir el comercio y la caza ilegales y con Vialidad Nacional para reducir el atropellamiento de animales. También, aseguró que trabajan con organizaciones no gubernamentales y científicas, así como con las autoridades provinciales.
García Espil remarcó que con Extinción Cero, el gobierno de Macri pretende “no sólo detener el impacto negativo, sino tener resultados positivos, es decir: mejorar el éxito reproductivo y aumentar las poblaciones de estas especies en peligro“.
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¿Se rompe el idilio de Macri con la minería?
Mineras: un nuevo Acuerdo Federal amenaza el idilio de Macri con el sector
Fecha de Publicación: 28/03/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Si bien el Gobierno lo favoreció con la eliminación de retenciones, podría neutralizar parte de ese beneficio con un alza de impuestos promovida desde las provincias. Según la Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas encarecerían 5,5 puntos la carga fiscal.
El romance entre el Gobierno y las mineras, núcleo básicamente integrado por firmas trasnacionales, amenaza convertirse en un amor contrariado. La ventaja de eliminarle las retenciones con las que Mauricio Macri las bendijo al inaugurar su mandato podría ser parcialmente neutralizada con una suba de impuestos promovida por las provincias a través del Nuevo Acuerdo Federal Minero.
No hay dudas de que el desarrollo de la minería es política de Estado para el Gobierno de Mauricio Macri. Mal que le pese a los ambientalistas o a los estados del interior que, siendo constitucionalmente dueños de los recursos, no siempre tienen en el juego el rol que anhelan. Aquí está la piedra de la discordia.
Desde la Casa Rosada se promovió un nuevo pacto con un propósito medular: homogeneizar la normativa en todo el país para evitar que algunas gobernaciones combatan al capital que la Nación se esmera por seducir.
Pero la secretaría de Minería de la Nación y los responsables del área de las provincias productoras acaban de consensuar un texto poco simpático para las empresas, quizás acostumbradas a las caricias. Según el cálculo de CAEM, Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas implicarían encarecer 5,5 puntos la carga fiscal total.
El texto fue acordado a nivel técnico y ahora requiere el aval político de Macri y los gobernadores involucrados para tramitar con éxito en el Congreso.
La iniciativa contempla cambiar la base sobre la que se calculan las regalías, que hoy promedian un 3% sobre el valor bocamina (precio del producto, sin costos de transporte y otros) sustituyéndolo por el precio de venta sin descuentos. Según cálculos empresarios, esto agregaría entre 0,5 y 1 punto adicional al gravamen.
Pero también se legalizaron contribuciones ya existentes en algunas jurisdicciones (San Juan y Santa Cruz) que podrían generalizarse: un aporte del 1,5% sobre aquella base para nutrir un fondo fiduciario con destino a la infraestructura social. A esto se le agregaría un 1% adicional para el desarrollo comunitario, que recaudará la Nación.
"Estamos dispuestos a pagar más, pero queremos que el sistema acompañe al ciclo de los negocios y queremos garantía de que los fondos con fin social se manejen con transparencia y lleguen a sus destinatarios", sentencia ante 3Días, Marcelo Alvarez, director de Asuntos Corporativos de GoldCorp y titular de CAEM.
La apuesta empresaria es mantener el statu quo y postergar cualquier modificación hasta que sea incluida en una reforma tributaria integral prevista para el año próximo. En ese ínterin, pretenden una mesa de diálogo para discutir un "acuerdo por competitividad", que se sumará al acuerdo por productividad que ya debaten con los trabajadores. En ese escenario, las mineras seguirían batallando con sus dos banderas:
- Modelar un esquema impositivo similar a las retenciones móviles: que la carga sea mayor cuando el precio del mineral lo es y viceversa.
- Que los tributos se calculen sobre las utilidades y no sobre el precio de venta. Lo que en la jerga del sector se considera una fórmula "progresiva", en contraposición a la "regresiva" utilizada hoy. "Cualquier esquema debería respetar la curva del negocio", refuerza Fernando Giannoni, de Barrick Gold.
Tal como subrayan las empresas, la minería es un negocio de largo aliento y grandes inversiones. Quizás por pudor, omiten el otro rasgo: también muy lucrativo. Unos u$s 1700 millones en una mina de oro pueden recuperarse íntegramente en menos de una década de explotación.
El acuerdo en ciernes fue debatido en el Consejo Federal Minero, donde habría tenido el aval de las provincias salvo la de Chubut, que anhela un trato algo más generoso y Santa Cruz, que planteó reservas a la continuidad de un régimen de promoción de inversiones. El propio secretario de Minería, Daniel Meilián, se habría visto arrastrado a convalidar aquellos retoques en una negociación en la que resultó minoría. Al menos así se lo hizo saber a los empresarios.
El geólogo fue, casualmente, responsable del área durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se promovió un marco legal para el sector que el resto de las actividades siempre miró con envidia. Entre otras prerrogativas, esa ley comprometía al Fisco en un régimen benigno y estable. Sin embargo, no resultó suficiente.
"Las empresas están focalizadas en disminuir sus costos y maximizar los proyectos ya en marcha, más que en nuevas inversiones directas", admite Alvarez. Pero, al mismo tiempo, señala que aquella Cámara tiene computados desembolsos por 20.000 millones en un lustro, de los cuales 1200 ya se habrían hecho efectivos en 2016.
El riesgo federal
La Argentina sigue siendo un país minero en potencia, pero subexplotado en relación a otras naciones limítrofes de topografía similar: Chile exporta u$s 40.000 millones por año versus los u$s 3700 millones de la Argentina.
Una de las primeras y más controvertidas medidas adoptadas por la administración macrista fue suprimir las retenciones a las exportaciones mineras, que oscilaban entre un 5% y 10%, según si el producto vendido al exterior se despachaba tratado o en bruto.
Las arcas nacionales resignaron algo menos de u$s 200 millones con ello, monto que las empresas reducen a 128. Pero según los considerandos de la resolución 349/2016, ?la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario?.
Para el Gobierno, el esfuerzo fiscal se justifica con el rédito de mantener los 12.000 empleos del sector, sugiriendo que éstos están en riesgo si no se fortalecen las prerrogativas fiscales.
El otro justificativo oficial fue que había que disminuir la carga tributaria sobre el sector para evitar que los capitales sigan fluyendo hacia países limítrofes como Perú o Chile. Aunque según consignó en un reciente artículo la magister en sociología económica e investigadora del Conicet, Laura Alvarez Huwiler, al suprimirse los derechos de exportación, la Argentina tiene una presión fiscal inferior a la de esos países.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de participar en Londres junto a Meilián y otros funcionarios de un seminario que congregó a potenciales inversores para persuadirlos de las bondades de desembolsar su dinero en la Argentina.
La intención oficial declarada es arrimar unos u$s 23.000 millones al país, rico en oro y plata. Pero básicamente pródigo en litio, el mineral de moda y gran promesa de la naturaleza local.
Entre 2011 y 2015 el valor de los principales metales habían derrapado un 40%. Pero desde entonces, volvieron a subir. Como dato de referencia puede tomarse lo que pasó con el oro. En enero de 2014 costaba 860 euros la onza, contra los 1160 actuales.
El problema puede gestarse en las provincias, soberanas del recurso y con una conducta más heterogénea respecto de la actividad.
Algunas sancionaron prohibiciones a prácticas mineras frecuentes, como la explotación a cielo abierto. Por esta razón, Chubut escatima una habilitación a Pan American Silver para desarrollar con esa técnica el Proyecto Navidad, que promete u$s 1500 millones para producir plata. A pesar de que la firma garantiza que no usará cianuro.
Jujuy aspira a asociarse de modo creciente a los proyectos, transformándose en socia obligada de las firmas privadas: su participación a través de Jemse del 12% en emprendimientos actuales podría ser incrementada al 17% si culmina con éxito la negociación.
El Nuevo Acuerdo sí impone a las mineras estatales de las provincias la exigencia de que se manejen de modo independiente del Ejecutivo y que funcionen con las mismas pautas de sus socias privadas.
Cuestiones como esas sociedades forzadas irritan la epidermis patronal, sea cual fuere la nacionalidad del inversor. Y quizás eso explique que en el ránking internacional elaborado por Fraser -un instituto canadiense de prestigio- se ubiquen a cinco provincias locales en los peores lugares para radicar la inversión minera.
Interesados no faltan
Sin embargo, hay firmas extranjeras que miran la riqueza local, metalífera y no metalífera, con bastante codicia. Las chinas, en primer lugar.
Hace al menos un par de años varias firmas asiáticas están haciendo trabajos prospectivos para medir futuros negocios. China Metallurgical Corporation Ldt., concesionaria de la mina de hierro de Sierra Grande, ex Hipasam, está haciendo prospección en Neuquén. Jinchuan, firma especializada en prospectiva minera, está rastrillando el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta para evaluar factibilidad de futuras inversiones.
Shadong Gold, el gigante chino del oro, está entre las candidatas apuntadas por el Gobierno para desembolsar en la Argentina. Otra es Citic, un holding financiero industrial, que ya construyó un vínculo con el país a partir de la venta de coches ferroviarios.
Pero el gran anzuelo del momento para potenciales inversores, más allá del oro, plata y cobre locales, parece ser el litio, que la Argentina tiene en cantidades importantes junto a Chile y Bolivia. Este terceto tiene el 37% de las reservas mundiales de un mineral clave en la fabricación de baterías para celulares y autos eléctricos y en el almacenamiento de energías renovables, que se obtiene a partir de la destilación de sal.
El Nuevo Acuerdo prevé que se constituya una ?Mesa del Litio?, a integrar por expertos de Nación y provincias productoras para consensuar reglas para explotarlo.
El valor de la tonelada pasó de u$s 1500 a principios de los años 2000, a superar los u$s 7400 promedio en 2016 y eso explica que, al margen de las regulaciones nacionales o provinciales, una larga lista de empresas foráneas estén haciendo su apuesta.
Las canadiense Lithium Americas Corp (salar jujeño Caucharí- Olaroz), Energi Group (salar Rincón de Salta), la química Albemarle Corporation y Bolland Minera (Antofalla, Catamarca); Mitsubishi Corporation y la jujeña Jemse trabajan en la Puna.
Algunos ejemplos de un interés empresarial que bulle, al margen de los discutidos retoques al marco legal para hacerlo aún más atractivo. Y a pesar de las objeciones de ambientalistas que, en el caso del litio, advierten cuán comprometidas están las fuentes de agua para esas lucrativas explotaciones.
La cuestión ambiental
"Los problemas ambientales de la minería muchas veces están basados en mitos. En posiciones políticas que no tienen que ver con las explotaciones", sentencia ante este diario Fernando Giannoni, director ejecutivo de la Barrick local desde hace cuatro semanas.
El caso de Barrick Gold puede ser testigo en varios sentidos, en particular si se atiende al riesgo ambiental de una explotación.
La firma sufrió tres "incidentes", comenzando en 2015 por el derrame de cianuro en un río de San Juan, único hecho al que la empresa considera "serio, de impacto ambiental pero no daño". Esta disquisición semántica apunta a que no hubo pérdida de ninguna vida ("ni un mosquito", sostiene aquel vocero) por el accidente que sometió a la compañía al pago de una multa y un grupo de sus directivos a un proceso penal aún abierto.
Las otras presuntas agresiones al medio no habrían sido tales y respondieron a "errores en la comunicación" o situaciones que se resolvieron con un canal aliviador del drenaje de aguas en Pascua Lama, emprendimiento que se encaró junto a Chile.
Cuidado del ambiente
Para la firma, la minería opera en la Argentina "con los mismos métodos de cuidado medioambiental que en otros lugares del mundo", donde existen estándares muy exigentes.
Esto invalidaría el temor a los procesos que utiliza la actividad.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que la congrega, tiene vocación de conseguir un perfil más soft, que depure la imagen de una actividad sindicada como verduga del medio ambiente.
Secundando a Finlandia, acaba de firmar un convenio con una entidad canadiense que elabora protocolos para regular la actividad de modo amplio, al punto que uno de ellos está referido a derechos humanos.
Ese acuerdo, que ubicaría a los productores locales en un lugar de más prestigio en el mundo, obligará a las firmas socias a presentar las acciones con las que prueben el cumplimiento de esas pautas de responsabilidad social, que irían más allá de simples mecanismos para tributar menos impuestos.
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Fecha de Publicación: 28/03/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Si bien el Gobierno lo favoreció con la eliminación de retenciones, podría neutralizar parte de ese beneficio con un alza de impuestos promovida desde las provincias. Según la Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas encarecerían 5,5 puntos la carga fiscal.
El romance entre el Gobierno y las mineras, núcleo básicamente integrado por firmas trasnacionales, amenaza convertirse en un amor contrariado. La ventaja de eliminarle las retenciones con las que Mauricio Macri las bendijo al inaugurar su mandato podría ser parcialmente neutralizada con una suba de impuestos promovida por las provincias a través del Nuevo Acuerdo Federal Minero.
No hay dudas de que el desarrollo de la minería es política de Estado para el Gobierno de Mauricio Macri. Mal que le pese a los ambientalistas o a los estados del interior que, siendo constitucionalmente dueños de los recursos, no siempre tienen en el juego el rol que anhelan. Aquí está la piedra de la discordia.
Desde la Casa Rosada se promovió un nuevo pacto con un propósito medular: homogeneizar la normativa en todo el país para evitar que algunas gobernaciones combatan al capital que la Nación se esmera por seducir.
Pero la secretaría de Minería de la Nación y los responsables del área de las provincias productoras acaban de consensuar un texto poco simpático para las empresas, quizás acostumbradas a las caricias. Según el cálculo de CAEM, Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas implicarían encarecer 5,5 puntos la carga fiscal total.
El texto fue acordado a nivel técnico y ahora requiere el aval político de Macri y los gobernadores involucrados para tramitar con éxito en el Congreso.
La iniciativa contempla cambiar la base sobre la que se calculan las regalías, que hoy promedian un 3% sobre el valor bocamina (precio del producto, sin costos de transporte y otros) sustituyéndolo por el precio de venta sin descuentos. Según cálculos empresarios, esto agregaría entre 0,5 y 1 punto adicional al gravamen.
Pero también se legalizaron contribuciones ya existentes en algunas jurisdicciones (San Juan y Santa Cruz) que podrían generalizarse: un aporte del 1,5% sobre aquella base para nutrir un fondo fiduciario con destino a la infraestructura social. A esto se le agregaría un 1% adicional para el desarrollo comunitario, que recaudará la Nación.
"Estamos dispuestos a pagar más, pero queremos que el sistema acompañe al ciclo de los negocios y queremos garantía de que los fondos con fin social se manejen con transparencia y lleguen a sus destinatarios", sentencia ante 3Días, Marcelo Alvarez, director de Asuntos Corporativos de GoldCorp y titular de CAEM.
La apuesta empresaria es mantener el statu quo y postergar cualquier modificación hasta que sea incluida en una reforma tributaria integral prevista para el año próximo. En ese ínterin, pretenden una mesa de diálogo para discutir un "acuerdo por competitividad", que se sumará al acuerdo por productividad que ya debaten con los trabajadores. En ese escenario, las mineras seguirían batallando con sus dos banderas:
- Modelar un esquema impositivo similar a las retenciones móviles: que la carga sea mayor cuando el precio del mineral lo es y viceversa.
- Que los tributos se calculen sobre las utilidades y no sobre el precio de venta. Lo que en la jerga del sector se considera una fórmula "progresiva", en contraposición a la "regresiva" utilizada hoy. "Cualquier esquema debería respetar la curva del negocio", refuerza Fernando Giannoni, de Barrick Gold.
Tal como subrayan las empresas, la minería es un negocio de largo aliento y grandes inversiones. Quizás por pudor, omiten el otro rasgo: también muy lucrativo. Unos u$s 1700 millones en una mina de oro pueden recuperarse íntegramente en menos de una década de explotación.
El acuerdo en ciernes fue debatido en el Consejo Federal Minero, donde habría tenido el aval de las provincias salvo la de Chubut, que anhela un trato algo más generoso y Santa Cruz, que planteó reservas a la continuidad de un régimen de promoción de inversiones. El propio secretario de Minería, Daniel Meilián, se habría visto arrastrado a convalidar aquellos retoques en una negociación en la que resultó minoría. Al menos así se lo hizo saber a los empresarios.
El geólogo fue, casualmente, responsable del área durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se promovió un marco legal para el sector que el resto de las actividades siempre miró con envidia. Entre otras prerrogativas, esa ley comprometía al Fisco en un régimen benigno y estable. Sin embargo, no resultó suficiente.
"Las empresas están focalizadas en disminuir sus costos y maximizar los proyectos ya en marcha, más que en nuevas inversiones directas", admite Alvarez. Pero, al mismo tiempo, señala que aquella Cámara tiene computados desembolsos por 20.000 millones en un lustro, de los cuales 1200 ya se habrían hecho efectivos en 2016.
El riesgo federal
La Argentina sigue siendo un país minero en potencia, pero subexplotado en relación a otras naciones limítrofes de topografía similar: Chile exporta u$s 40.000 millones por año versus los u$s 3700 millones de la Argentina.
Una de las primeras y más controvertidas medidas adoptadas por la administración macrista fue suprimir las retenciones a las exportaciones mineras, que oscilaban entre un 5% y 10%, según si el producto vendido al exterior se despachaba tratado o en bruto.
Las arcas nacionales resignaron algo menos de u$s 200 millones con ello, monto que las empresas reducen a 128. Pero según los considerandos de la resolución 349/2016, ?la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario?.
Para el Gobierno, el esfuerzo fiscal se justifica con el rédito de mantener los 12.000 empleos del sector, sugiriendo que éstos están en riesgo si no se fortalecen las prerrogativas fiscales.
El otro justificativo oficial fue que había que disminuir la carga tributaria sobre el sector para evitar que los capitales sigan fluyendo hacia países limítrofes como Perú o Chile. Aunque según consignó en un reciente artículo la magister en sociología económica e investigadora del Conicet, Laura Alvarez Huwiler, al suprimirse los derechos de exportación, la Argentina tiene una presión fiscal inferior a la de esos países.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de participar en Londres junto a Meilián y otros funcionarios de un seminario que congregó a potenciales inversores para persuadirlos de las bondades de desembolsar su dinero en la Argentina.
La intención oficial declarada es arrimar unos u$s 23.000 millones al país, rico en oro y plata. Pero básicamente pródigo en litio, el mineral de moda y gran promesa de la naturaleza local.
Entre 2011 y 2015 el valor de los principales metales habían derrapado un 40%. Pero desde entonces, volvieron a subir. Como dato de referencia puede tomarse lo que pasó con el oro. En enero de 2014 costaba 860 euros la onza, contra los 1160 actuales.
El problema puede gestarse en las provincias, soberanas del recurso y con una conducta más heterogénea respecto de la actividad.
Algunas sancionaron prohibiciones a prácticas mineras frecuentes, como la explotación a cielo abierto. Por esta razón, Chubut escatima una habilitación a Pan American Silver para desarrollar con esa técnica el Proyecto Navidad, que promete u$s 1500 millones para producir plata. A pesar de que la firma garantiza que no usará cianuro.
Jujuy aspira a asociarse de modo creciente a los proyectos, transformándose en socia obligada de las firmas privadas: su participación a través de Jemse del 12% en emprendimientos actuales podría ser incrementada al 17% si culmina con éxito la negociación.
El Nuevo Acuerdo sí impone a las mineras estatales de las provincias la exigencia de que se manejen de modo independiente del Ejecutivo y que funcionen con las mismas pautas de sus socias privadas.
Cuestiones como esas sociedades forzadas irritan la epidermis patronal, sea cual fuere la nacionalidad del inversor. Y quizás eso explique que en el ránking internacional elaborado por Fraser -un instituto canadiense de prestigio- se ubiquen a cinco provincias locales en los peores lugares para radicar la inversión minera.
Interesados no faltan
Sin embargo, hay firmas extranjeras que miran la riqueza local, metalífera y no metalífera, con bastante codicia. Las chinas, en primer lugar.
Hace al menos un par de años varias firmas asiáticas están haciendo trabajos prospectivos para medir futuros negocios. China Metallurgical Corporation Ldt., concesionaria de la mina de hierro de Sierra Grande, ex Hipasam, está haciendo prospección en Neuquén. Jinchuan, firma especializada en prospectiva minera, está rastrillando el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta para evaluar factibilidad de futuras inversiones.
Shadong Gold, el gigante chino del oro, está entre las candidatas apuntadas por el Gobierno para desembolsar en la Argentina. Otra es Citic, un holding financiero industrial, que ya construyó un vínculo con el país a partir de la venta de coches ferroviarios.
Pero el gran anzuelo del momento para potenciales inversores, más allá del oro, plata y cobre locales, parece ser el litio, que la Argentina tiene en cantidades importantes junto a Chile y Bolivia. Este terceto tiene el 37% de las reservas mundiales de un mineral clave en la fabricación de baterías para celulares y autos eléctricos y en el almacenamiento de energías renovables, que se obtiene a partir de la destilación de sal.
El Nuevo Acuerdo prevé que se constituya una ?Mesa del Litio?, a integrar por expertos de Nación y provincias productoras para consensuar reglas para explotarlo.
El valor de la tonelada pasó de u$s 1500 a principios de los años 2000, a superar los u$s 7400 promedio en 2016 y eso explica que, al margen de las regulaciones nacionales o provinciales, una larga lista de empresas foráneas estén haciendo su apuesta.
Las canadiense Lithium Americas Corp (salar jujeño Caucharí- Olaroz), Energi Group (salar Rincón de Salta), la química Albemarle Corporation y Bolland Minera (Antofalla, Catamarca); Mitsubishi Corporation y la jujeña Jemse trabajan en la Puna.
Algunos ejemplos de un interés empresarial que bulle, al margen de los discutidos retoques al marco legal para hacerlo aún más atractivo. Y a pesar de las objeciones de ambientalistas que, en el caso del litio, advierten cuán comprometidas están las fuentes de agua para esas lucrativas explotaciones.
La cuestión ambiental
"Los problemas ambientales de la minería muchas veces están basados en mitos. En posiciones políticas que no tienen que ver con las explotaciones", sentencia ante este diario Fernando Giannoni, director ejecutivo de la Barrick local desde hace cuatro semanas.
El caso de Barrick Gold puede ser testigo en varios sentidos, en particular si se atiende al riesgo ambiental de una explotación.
La firma sufrió tres "incidentes", comenzando en 2015 por el derrame de cianuro en un río de San Juan, único hecho al que la empresa considera "serio, de impacto ambiental pero no daño". Esta disquisición semántica apunta a que no hubo pérdida de ninguna vida ("ni un mosquito", sostiene aquel vocero) por el accidente que sometió a la compañía al pago de una multa y un grupo de sus directivos a un proceso penal aún abierto.
Las otras presuntas agresiones al medio no habrían sido tales y respondieron a "errores en la comunicación" o situaciones que se resolvieron con un canal aliviador del drenaje de aguas en Pascua Lama, emprendimiento que se encaró junto a Chile.
Cuidado del ambiente
Para la firma, la minería opera en la Argentina "con los mismos métodos de cuidado medioambiental que en otros lugares del mundo", donde existen estándares muy exigentes.
Esto invalidaría el temor a los procesos que utiliza la actividad.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que la congrega, tiene vocación de conseguir un perfil más soft, que depure la imagen de una actividad sindicada como verduga del medio ambiente.
Secundando a Finlandia, acaba de firmar un convenio con una entidad canadiense que elabora protocolos para regular la actividad de modo amplio, al punto que uno de ellos está referido a derechos humanos.
Ese acuerdo, que ubicaría a los productores locales en un lugar de más prestigio en el mundo, obligará a las firmas socias a presentar las acciones con las que prueben el cumplimiento de esas pautas de responsabilidad social, que irían más allá de simples mecanismos para tributar menos impuestos.
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Neuquén: alertan sobre la gestión de pilas
Neuquén acumula una pila de dudas sobre contaminación
Fecha de Publicación: 28/03/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Las pilas usadas son consideradas residuos peligrosos por su poder contaminante, pero como no existe en Argentina regulación unificada sobre su tratamiento y disposición final, queda en cada jurisdicción administrar los medios para garantizar la preservación del medio ambiente y la salud de la población.
En la ciudad de Neuquén se optó por depositar las pilas de consumo domiciliario junto a la basura húmeda en el relleno sanitario del Complejo Ambiental Neuquén que administra la UTE Cliba-Tecsam.
La excepción está dada para los grandes volúmenes generados por empresas y comercios que deben ser depositados en rellenos de seguridad a cargo de empresas especializadas, a las cuales fiscaliza la subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia. Pero no se ocupa de la generación de residuos domiciliarios, sino de los industriales y derivados de hidrocarburos.
“Acá no hay ninguna legislación ni ningún sistema de tratamiento especial aprobado porque debe ir a un relleno de seguridad, el único que existe está en Córdoba y la gente no va a llevar a ese relleno las pocas pilas que consume. En la zona ninguna de las empresas que trata residuos peligrosos se dedica a las pilas. Frente a todo esto se ha analizado que es mejor tirarlas en el relleno sanitario junto con la basura domiciliaria porque acumularlas en grandes cantidades es mucho más peligroso”, explicó una fuente de Cliba-Tecsam, consultada por “Río Negro”.
El hombre aclaró que el vecino debe arrojar de a una o dos pilas por cada día para evitar la saturación de la cava. Los rellenos neuquinos pueden recibir hasta un 15% de residuos peligrosos domiciliarios en el total de basura que acumulan. Incluye además de las pilas, focos y tubos fluorescentes, entre otros. La empresa recolecta unas 300 toneladas de desperdicios, de los cuales se reciclan en el complejo unas 50 toneladas.
El presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente, Martín Islas y la subsecretaria de Ambiente del municipio, Silvia Gutiérrez coincidieron en que el mejor destino para las pilas es el relleno sanitario de la ciudad que garantiza impermeabilidad de las distintas capas que la componen y una distancia prudencial de las napas freáticas (85 metros). Los profesionales alertaron sin embargo, sobre el peligro que acarrea arrojar este desecho químico en los basurales a cielo abierto, donde rápidamente los componentes tóxicos de las pilas se expanden y contaminan sin remedio el suelo, el aire y el agua.
Hay otro factor que hace que no se encuentre una vía alternativa para la disposición final de las pilas. En La Plata existe un laboratorio experimental que las desmantela, separa los componentes y reutiliza lo reciclable y al resto le da un tratamiento especial. “Pero contratar este servicio o implementarlo en cualquier empresa dedicada al tratamiento de residuos urbanos tiene un altísimo costo que las firmas no pueden solventar y que encarece enormemente el monto de las concesiones. Por lo tanto se descarta”, mencionó Islas.
Los ambientalistas aconsejan en tanto se genere con el paso de los año alguna alternativa más ecológica: utilizar las pilas recargables que prolongan la vida útil de cada dispositivo y usar las energías alternativas amigables con el medio ambiente.
Gutiérrez recomendó además desestimar el uso de pilas “botón” de relojes y calculadoras y siempre chequear el origen de las baterías, “porque pueden ingresar al país muchas veces pilas que son ilegales y por lo tanto no sabemos que tiene adentro ni de donde provienen. Las de marcas reconocidas en el mercado sabemos que no contienen mercurio ni litio, metales que son altamente contaminantes y que están habilitadas para su uso para autoridad competente”, dijo.
Datos de la OMS
10 pilas. por año consume una persona en Argentina. Terminan en los rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto.
3.000 litros. de agua es lo que puede contaminar una pila común si se descarta inadecuadamente.
30%. de sus componentes son químicos tóxicos. El contacto directo provoca graves enfermedades en humanos.
50 veces. más de energía se consume para producir una pila en relación con lo que esa misma fuente genera para alimentar un producto.
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Fecha de Publicación: 28/03/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Las pilas usadas son consideradas residuos peligrosos por su poder contaminante, pero como no existe en Argentina regulación unificada sobre su tratamiento y disposición final, queda en cada jurisdicción administrar los medios para garantizar la preservación del medio ambiente y la salud de la población.
En la ciudad de Neuquén se optó por depositar las pilas de consumo domiciliario junto a la basura húmeda en el relleno sanitario del Complejo Ambiental Neuquén que administra la UTE Cliba-Tecsam.
La excepción está dada para los grandes volúmenes generados por empresas y comercios que deben ser depositados en rellenos de seguridad a cargo de empresas especializadas, a las cuales fiscaliza la subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia. Pero no se ocupa de la generación de residuos domiciliarios, sino de los industriales y derivados de hidrocarburos.
“Acá no hay ninguna legislación ni ningún sistema de tratamiento especial aprobado porque debe ir a un relleno de seguridad, el único que existe está en Córdoba y la gente no va a llevar a ese relleno las pocas pilas que consume. En la zona ninguna de las empresas que trata residuos peligrosos se dedica a las pilas. Frente a todo esto se ha analizado que es mejor tirarlas en el relleno sanitario junto con la basura domiciliaria porque acumularlas en grandes cantidades es mucho más peligroso”, explicó una fuente de Cliba-Tecsam, consultada por “Río Negro”.
El hombre aclaró que el vecino debe arrojar de a una o dos pilas por cada día para evitar la saturación de la cava. Los rellenos neuquinos pueden recibir hasta un 15% de residuos peligrosos domiciliarios en el total de basura que acumulan. Incluye además de las pilas, focos y tubos fluorescentes, entre otros. La empresa recolecta unas 300 toneladas de desperdicios, de los cuales se reciclan en el complejo unas 50 toneladas.
El presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente, Martín Islas y la subsecretaria de Ambiente del municipio, Silvia Gutiérrez coincidieron en que el mejor destino para las pilas es el relleno sanitario de la ciudad que garantiza impermeabilidad de las distintas capas que la componen y una distancia prudencial de las napas freáticas (85 metros). Los profesionales alertaron sin embargo, sobre el peligro que acarrea arrojar este desecho químico en los basurales a cielo abierto, donde rápidamente los componentes tóxicos de las pilas se expanden y contaminan sin remedio el suelo, el aire y el agua.
Hay otro factor que hace que no se encuentre una vía alternativa para la disposición final de las pilas. En La Plata existe un laboratorio experimental que las desmantela, separa los componentes y reutiliza lo reciclable y al resto le da un tratamiento especial. “Pero contratar este servicio o implementarlo en cualquier empresa dedicada al tratamiento de residuos urbanos tiene un altísimo costo que las firmas no pueden solventar y que encarece enormemente el monto de las concesiones. Por lo tanto se descarta”, mencionó Islas.
Los ambientalistas aconsejan en tanto se genere con el paso de los año alguna alternativa más ecológica: utilizar las pilas recargables que prolongan la vida útil de cada dispositivo y usar las energías alternativas amigables con el medio ambiente.
Gutiérrez recomendó además desestimar el uso de pilas “botón” de relojes y calculadoras y siempre chequear el origen de las baterías, “porque pueden ingresar al país muchas veces pilas que son ilegales y por lo tanto no sabemos que tiene adentro ni de donde provienen. Las de marcas reconocidas en el mercado sabemos que no contienen mercurio ni litio, metales que son altamente contaminantes y que están habilitadas para su uso para autoridad competente”, dijo.
Datos de la OMS
10 pilas. por año consume una persona en Argentina. Terminan en los rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto.
3.000 litros. de agua es lo que puede contaminar una pila común si se descarta inadecuadamente.
30%. de sus componentes son químicos tóxicos. El contacto directo provoca graves enfermedades en humanos.
50 veces. más de energía se consume para producir una pila en relación con lo que esa misma fuente genera para alimentar un producto.
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Fuerte "lobby empresario" por la nueva Ley de Semillas
Denuncian vínculos entre el Gobierno y agroquímicas, que condicionan la nueva Ley de Semillas
Fecha de Publicación: 27/03/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
La ONG ambientalista Greenpeace denunció hoy que existe un fuerte "lobby empresario" detrás del proyecto de nueva Ley de Semillas, porque existen al menos 30 vínculos entre las compañías y funcionarios del Gobierno.
La ONG internacional presentó una investigación en la que enumera a los funcionarios vinculados con las compañías debido a que hay empresarios del sector que directamente asumieron en cargos en el Estado. Asimismo, Greenpeace afirma que el proyecto de ley impulsado por la administración de la alianza Cambiemos propicia "un modelo que concentra el control de las semillas y los alimentos en pocas manos".
"Quién controla las semillas, controla la alimentación", dice en su inicio el informe que dio a conocer la organización ambientalista fundada en 1971 en Vancouver, Canadá, que lucha contra los transgénicos. En la ONG argumentan que existe un proyecto de ley que avanza en ese sentido y que fue gestado por grandes empresas de cultivos transgénicos y agrotóxicos y fundaciones financiadas por las mismas empresas.
Greenpeace alega que esta nueva ley, impulsada por el Gobierno nacional, pretende limitar el uso libre de semillas para beneficio de las grandes empresas. A su vez, el proyecto, enviado al Congreso en octubre de 2016, no contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades, denuncia la ONG.
El informe señala que al menos 30 funcionarios tienen vínculos con el oligopolio de la industria química, encabezado por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.
"Una ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas solo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables accesibles para toda la población", dijo Franco Segesso, miembro del área de campañas de Greenpeace. En su denuncia, la ONG dice que el lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en amplios sectores del agro argentino.
Algunos de los funcionarios señalados son el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; y la coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable del mismo ministerio, Beatriz Giraudo. También el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el diputado nacional, Pablo Torello; el senador nacional, Alfredo De Angelis, entre otros.
La investigación presentada por Greenpeace destaca que "el lobby es ejercido hacia los funcionarios públicos que tienen vínculos con las empresas o por medio de asociaciones que las representan".
La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, rechazó cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (N° 20.247). Y reclama esa multisectoral que los senadores y diputados detengan "las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos".
Greenpeace recordó en un comunicado que un reciente informe de las Naciones Unidas alertó, también, que la industria agroquímica está dominada por este grupo reducido de empresas transnacionales que ejercen poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial.
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Fecha de Publicación: 27/03/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
La ONG ambientalista Greenpeace denunció hoy que existe un fuerte "lobby empresario" detrás del proyecto de nueva Ley de Semillas, porque existen al menos 30 vínculos entre las compañías y funcionarios del Gobierno.
La ONG internacional presentó una investigación en la que enumera a los funcionarios vinculados con las compañías debido a que hay empresarios del sector que directamente asumieron en cargos en el Estado. Asimismo, Greenpeace afirma que el proyecto de ley impulsado por la administración de la alianza Cambiemos propicia "un modelo que concentra el control de las semillas y los alimentos en pocas manos".
"Quién controla las semillas, controla la alimentación", dice en su inicio el informe que dio a conocer la organización ambientalista fundada en 1971 en Vancouver, Canadá, que lucha contra los transgénicos. En la ONG argumentan que existe un proyecto de ley que avanza en ese sentido y que fue gestado por grandes empresas de cultivos transgénicos y agrotóxicos y fundaciones financiadas por las mismas empresas.
Greenpeace alega que esta nueva ley, impulsada por el Gobierno nacional, pretende limitar el uso libre de semillas para beneficio de las grandes empresas. A su vez, el proyecto, enviado al Congreso en octubre de 2016, no contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades, denuncia la ONG.
El informe señala que al menos 30 funcionarios tienen vínculos con el oligopolio de la industria química, encabezado por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.
"Una ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas solo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables accesibles para toda la población", dijo Franco Segesso, miembro del área de campañas de Greenpeace. En su denuncia, la ONG dice que el lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en amplios sectores del agro argentino.
Algunos de los funcionarios señalados son el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; y la coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable del mismo ministerio, Beatriz Giraudo. También el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el diputado nacional, Pablo Torello; el senador nacional, Alfredo De Angelis, entre otros.
La investigación presentada por Greenpeace destaca que "el lobby es ejercido hacia los funcionarios públicos que tienen vínculos con las empresas o por medio de asociaciones que las representan".
La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, rechazó cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (N° 20.247). Y reclama esa multisectoral que los senadores y diputados detengan "las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos".
Greenpeace recordó en un comunicado que un reciente informe de las Naciones Unidas alertó, también, que la industria agroquímica está dominada por este grupo reducido de empresas transnacionales que ejercen poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial.
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Santa Fe apunta a la "educación energética"
La provincia lanza un plan de educación energética para docentes y alumnos
Fecha de Publicación: 27/03/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Escuelas rurales y agrotécnicas recibirán capacitación y equipos para generar energías en forma sustentable.
Con una propuesta amplia que va desde la formación de docentes y alumnos hasta la provisión de equipamiento para generar energía sustentable para centenares de escuelas de toda la provincia, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Educación de Santa Fe lanzaron un programa de educación energética que apunta a cambiar el chip cultural respecto al consumo de electricidad y gas en la región.
El plan, cuya inversión total ronda los 40 millones de pesos, tiene una duración de tres años (2017/2020) e involucrará a 246 escuelas que serán seleccionadas por el Ministerio de Educación en función de sus necesidades y características edilicias.
También contempla la capacitación de unos 3 mil docentes y 75 mil alumnos. A las instancias de capacitación de adultos y chicos se sumará la instalación en esas escuelas de equipos generadores de energía renovable como calefones solares (195 unidades), biodigestores (143 unidades) y paneles fotovoltaicos (10).
La idea es concientizar sobre el ahorro de energía y la generación de sistemas sustentables con herramientas concretas como los equipos, ya que al estar instalados en las escuelas los alumnos pueden ver de primero mano cómo funcionan y su utilidad social y económica.
"Buscamos consumidores responsables y la clave de eso está en la educación, tanto en la de los docentes como la de los alumnos", señaló Maximiliano Neri, subsecretario de Energías Renovables de la provincia.
El programa santafesino hace foco sobre todo en la generación de energía solar y en la biomasa, dos insumos que existen en abundancia en esta zona del país y que tienen que ver con el contexto de las zonas rurales.
Por eso el equipo que se instalará será en su mayoría paneles solares y biodigestores, explicó el funcionario. "El calefón solar ahorra hasta un 80 por ciento respecto a los calefones a gas, son súper eficientes, simples y se construyen con tecnología local. Nos parecía ideal trabajar con alumnos con ese tipo de tecnología", agregó Neri.
El caso de los biodigestores es parecido, ya que a raíz del incremento en la demanda ya hay una firma de la localidad de San Jorge que comenzará a fabricarlos convirtiéndose en la primera (y única) del país.
En ese sentido el subsecretario de Energías Renovables remarcó que junto al Ministerio de Educación se eligieron las escuelas que participarán del programa según su disponibilidad para la colocación de los equipos y su contexto geográfico: "Se trata de hacer una inversión inteligente".
Plan oficial
La Escuela Nº 319 Padre Francisco Komic de la localidad de Los Molinos fue la elegida para la presentación del plan y es una de las pocas que contará con los tres tipos de equipos que el gobierno instalará para generar energía sustentable: paneles y calefón solares, y biodigestor.
En el acto estuvieron el gobernador Miguel Lifschitz, la ministra de Educación Claudia Balagué y la secretaria de Estado de la Energía Verónica Geese.
Los funcionarios destacaron que el Programa de Educación Energética incluirá nuevos contenidos curriculares en 246 escuelas de nivel inicial, primario y secundario; rurales, agrotécnicas, técnicas medias y superiores; en gestión de energías renovables, uso racional y eficiencia energética.
Neri explicó que el gobierno provincial trabaja los temas energéticos con un enfoque de sustentabilidad "desde hace varios años", algo que se refleja en el propio organigrama estatal y en los programas de formación desplegados en todo el territorio santafesino.
Esto incluye preparación formal en varias escuelas secundarias y terciarias de la provincia con tecnicaturas especializadas en energías renovables, como es el caso en San Lorenzo y en Firmat.
A eso se le suma una oferta fuera de la educación formal de cursos de instaladores de calefones y paneles solares acorde al incremento en la demanda de esos dispositivos generado tanto por una mayor toma de conciencia ecológica como por los sucesivos tarifazos de electricidad y gas.
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Fecha de Publicación: 27/03/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Escuelas rurales y agrotécnicas recibirán capacitación y equipos para generar energías en forma sustentable.
Con una propuesta amplia que va desde la formación de docentes y alumnos hasta la provisión de equipamiento para generar energía sustentable para centenares de escuelas de toda la provincia, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Educación de Santa Fe lanzaron un programa de educación energética que apunta a cambiar el chip cultural respecto al consumo de electricidad y gas en la región.
El plan, cuya inversión total ronda los 40 millones de pesos, tiene una duración de tres años (2017/2020) e involucrará a 246 escuelas que serán seleccionadas por el Ministerio de Educación en función de sus necesidades y características edilicias.
También contempla la capacitación de unos 3 mil docentes y 75 mil alumnos. A las instancias de capacitación de adultos y chicos se sumará la instalación en esas escuelas de equipos generadores de energía renovable como calefones solares (195 unidades), biodigestores (143 unidades) y paneles fotovoltaicos (10).
La idea es concientizar sobre el ahorro de energía y la generación de sistemas sustentables con herramientas concretas como los equipos, ya que al estar instalados en las escuelas los alumnos pueden ver de primero mano cómo funcionan y su utilidad social y económica.
"Buscamos consumidores responsables y la clave de eso está en la educación, tanto en la de los docentes como la de los alumnos", señaló Maximiliano Neri, subsecretario de Energías Renovables de la provincia.
El programa santafesino hace foco sobre todo en la generación de energía solar y en la biomasa, dos insumos que existen en abundancia en esta zona del país y que tienen que ver con el contexto de las zonas rurales.
Por eso el equipo que se instalará será en su mayoría paneles solares y biodigestores, explicó el funcionario. "El calefón solar ahorra hasta un 80 por ciento respecto a los calefones a gas, son súper eficientes, simples y se construyen con tecnología local. Nos parecía ideal trabajar con alumnos con ese tipo de tecnología", agregó Neri.
El caso de los biodigestores es parecido, ya que a raíz del incremento en la demanda ya hay una firma de la localidad de San Jorge que comenzará a fabricarlos convirtiéndose en la primera (y única) del país.
En ese sentido el subsecretario de Energías Renovables remarcó que junto al Ministerio de Educación se eligieron las escuelas que participarán del programa según su disponibilidad para la colocación de los equipos y su contexto geográfico: "Se trata de hacer una inversión inteligente".
Plan oficial
La Escuela Nº 319 Padre Francisco Komic de la localidad de Los Molinos fue la elegida para la presentación del plan y es una de las pocas que contará con los tres tipos de equipos que el gobierno instalará para generar energía sustentable: paneles y calefón solares, y biodigestor.
En el acto estuvieron el gobernador Miguel Lifschitz, la ministra de Educación Claudia Balagué y la secretaria de Estado de la Energía Verónica Geese.
Los funcionarios destacaron que el Programa de Educación Energética incluirá nuevos contenidos curriculares en 246 escuelas de nivel inicial, primario y secundario; rurales, agrotécnicas, técnicas medias y superiores; en gestión de energías renovables, uso racional y eficiencia energética.
Neri explicó que el gobierno provincial trabaja los temas energéticos con un enfoque de sustentabilidad "desde hace varios años", algo que se refleja en el propio organigrama estatal y en los programas de formación desplegados en todo el territorio santafesino.
Esto incluye preparación formal en varias escuelas secundarias y terciarias de la provincia con tecnicaturas especializadas en energías renovables, como es el caso en San Lorenzo y en Firmat.
A eso se le suma una oferta fuera de la educación formal de cursos de instaladores de calefones y paneles solares acorde al incremento en la demanda de esos dispositivos generado tanto por una mayor toma de conciencia ecológica como por los sucesivos tarifazos de electricidad y gas.
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En Dock Sud contruirían una planta de tratamiento del Riachuelo
Planta de tratamiento del Riachuelo estará en Dock Sud
Fecha de Publicación: 27/03/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
El gobierno nacional presentó el inicio de las obras del Sistema Matanza-Riachuelo, destinado, entre otras cosas, al saneamiento de las aguas que desembocan en el Río de la Plata.
Además de la construcción de una planta de pretratamiento en Dock Sud, se prevé la creación de un sistema de cañerías que, en total, superarán los 30 kilómetros de extensión.
Este proyecto es uno de los más postergados, ya que tenía orden de inicio y se había licitado en 2012. La demora hizo el crédito otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
De acuerdo a las autoridades de AySA, el ente a cargo de las obras, el Sistema estará finalizado para 2021. Tendrá un costo total de 1.200 millones de dólares, que serán cubiertos con fondos del Estado nacional y créditos otorgados por e BIRF.
Una de las partes más importantes de la iniciativa es el levantamiento de la planta de pretratamiento. El edificio será el encargado de bombear los afluentes cloacales que ingresarán desde una gran cañería, realizar trabajos de tratamiento como desarenización y desengrasamiento y volver a bombearla por otro túnel que liberará la corriente en el Río de la Plata.
Este primer conducto es otro de los puntos centrales del proyecto: se trata de un canal subterráneo de unos 16 kilómetros de extensión que irá desde el límite de la Matanza directamente hasta la planta.
El objetivo de esta cañería, denominada Colector Margen Izquierdo, es interceptar la corriente que circula por dos de las tres Cloacas Máximas que tiene AySA actualmente, aliviando así el trabajo de la central en Berazategui. De esta manera, aseguran, se beneficiará a 4.5 millones de personas.
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Fecha de Publicación: 27/03/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
El gobierno nacional presentó el inicio de las obras del Sistema Matanza-Riachuelo, destinado, entre otras cosas, al saneamiento de las aguas que desembocan en el Río de la Plata.
Además de la construcción de una planta de pretratamiento en Dock Sud, se prevé la creación de un sistema de cañerías que, en total, superarán los 30 kilómetros de extensión.
Este proyecto es uno de los más postergados, ya que tenía orden de inicio y se había licitado en 2012. La demora hizo el crédito otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
De acuerdo a las autoridades de AySA, el ente a cargo de las obras, el Sistema estará finalizado para 2021. Tendrá un costo total de 1.200 millones de dólares, que serán cubiertos con fondos del Estado nacional y créditos otorgados por e BIRF.
Una de las partes más importantes de la iniciativa es el levantamiento de la planta de pretratamiento. El edificio será el encargado de bombear los afluentes cloacales que ingresarán desde una gran cañería, realizar trabajos de tratamiento como desarenización y desengrasamiento y volver a bombearla por otro túnel que liberará la corriente en el Río de la Plata.
Este primer conducto es otro de los puntos centrales del proyecto: se trata de un canal subterráneo de unos 16 kilómetros de extensión que irá desde el límite de la Matanza directamente hasta la planta.
El objetivo de esta cañería, denominada Colector Margen Izquierdo, es interceptar la corriente que circula por dos de las tres Cloacas Máximas que tiene AySA actualmente, aliviando así el trabajo de la central en Berazategui. De esta manera, aseguran, se beneficiará a 4.5 millones de personas.
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Se apagó la luz por el planeta
Con un apagón mundial, el planeta tuvo su hora
Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Como desde hace una década, la iniciativa buscó concientizar sobre el cambio climático. En el país, numerosos edificios emblemáticos adhirieron a la propuesta
Con el apagón completo de las luces del Palacio Municipal de calle 12 entre 51 y 53, de 20.30 a 21.30, La Plata se sumó al enorme grupo de 7.000 ciudades del mundo que adhirieron a la campaña medioambiental bautizada hace una década como “La Hora del Planeta”.
En la Argentina hubo otras veinte metrópolis que dejaron a oscuras edificios públicos y monumentos históricos para advertir sobre el calentamiento global y las emisiones de los gases de efecto invernadero. En Capital Federal, se apagaron las luces del Obelisco, la Floralis Genérica y los monumentos a San Martín y a los Españoles.
“El planeta primero. Que nadie te pare” fue el eslogan elegido para la nueva edición de esta iniciativa que nació en Sidney, Australia, hace exactamente diez años. En 2007, la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés) y la Fundación Vida Silvestre en la Argentina alentaron a un corte de electricidad en edificios gubernamentales durante una hora para “mostrar a los dirigentes que los ciudadanos se preocupan por el cambio climático”.
Desde entonces, el evento ha crecido hasta convertirse en una campaña planetaria en la que todos los años se adhieren nuevos gobiernos y empresas. Así, todos los últimos sábados de marzo participan de esta medida que busca generar conciencia. Este año, más de 150 países de los cinco continentes dijeron presente. En la última etapa, la iniciativa incorporó gran cantidad de adeptos entre los ciudadanos de todas las latitudes del planeta, quienes participan apagando luces hogareñas y los aparatos electrónicos.
Por esto, La Plata no quiso quedar afuera de la movida planetaria, por lo que apagó durante sesenta minutos los reflectores que cada noche iluminan la fachada del Palacio Comunal. A su vez, incitó mediante las redes sociales oficiales a que los vecinos se sumaran a la iniciativa institucional desde sus hogares, apagando luces y artefactos, para profundizar la conciencia sobre la necesidad de cuidar el medioambiente del mal uso de la energía, y lograr disminuir en el futuro los efectos del cambio climático.
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Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Como desde hace una década, la iniciativa buscó concientizar sobre el cambio climático. En el país, numerosos edificios emblemáticos adhirieron a la propuesta
Con el apagón completo de las luces del Palacio Municipal de calle 12 entre 51 y 53, de 20.30 a 21.30, La Plata se sumó al enorme grupo de 7.000 ciudades del mundo que adhirieron a la campaña medioambiental bautizada hace una década como “La Hora del Planeta”.
En la Argentina hubo otras veinte metrópolis que dejaron a oscuras edificios públicos y monumentos históricos para advertir sobre el calentamiento global y las emisiones de los gases de efecto invernadero. En Capital Federal, se apagaron las luces del Obelisco, la Floralis Genérica y los monumentos a San Martín y a los Españoles.
“El planeta primero. Que nadie te pare” fue el eslogan elegido para la nueva edición de esta iniciativa que nació en Sidney, Australia, hace exactamente diez años. En 2007, la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés) y la Fundación Vida Silvestre en la Argentina alentaron a un corte de electricidad en edificios gubernamentales durante una hora para “mostrar a los dirigentes que los ciudadanos se preocupan por el cambio climático”.
Desde entonces, el evento ha crecido hasta convertirse en una campaña planetaria en la que todos los años se adhieren nuevos gobiernos y empresas. Así, todos los últimos sábados de marzo participan de esta medida que busca generar conciencia. Este año, más de 150 países de los cinco continentes dijeron presente. En la última etapa, la iniciativa incorporó gran cantidad de adeptos entre los ciudadanos de todas las latitudes del planeta, quienes participan apagando luces hogareñas y los aparatos electrónicos.
Por esto, La Plata no quiso quedar afuera de la movida planetaria, por lo que apagó durante sesenta minutos los reflectores que cada noche iluminan la fachada del Palacio Comunal. A su vez, incitó mediante las redes sociales oficiales a que los vecinos se sumaran a la iniciativa institucional desde sus hogares, apagando luces y artefactos, para profundizar la conciencia sobre la necesidad de cuidar el medioambiente del mal uso de la energía, y lograr disminuir en el futuro los efectos del cambio climático.
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Salta perdió el 40% de los servicios ecosistémicos
Comprueban que por desmontes disminuyó el 40% de los servicios ecosistémicos de Salta
Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
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Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
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investigan la muerte de 19 cóndores en Jujuy
Estudian causas de muerte de 19 cóndores en Rinconada
Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente, a través de la Secretaría de Biodiversidad, realizó un diagnóstico junto con la Fundación Cóndor Andino para determinar las causas de la muerte de diecinueve cóndores en la localidad de Rinconada.
A raíz de la muerte de diecinueve cóndores, por aparente envenenamiento, el Ministerio de Ambiente dispuso un relevamiento junto con un equipo de la Fundación Cóndor Andino, para evaluar las condiciones que habrían ocasionado el deceso de los animales.
Los especialistas Luis Biancucci, de la Secretaría de Biodiversidad, y Rayen Estrada, de la Fundación BioAndina Argentina, que organiza el Proyecto de conservación de Cóndor Andino, viajaron hasta la localidad de Rinconada, donde se tomó un ejemplar macho para su posterior necropsia, y se procedió al análisis físico y la extracción de muestras de los animales. Posteriormente, junto con personal del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU), dependiente del ministerio de ambiente, se realizó la necropsia.
El Secretario de Biodiversidad, Javier Gronda, explicó que "los equipos que integran esta Secretaría realizaron un trabajo para determinar la causa de la muerte de los 19 cóndores, que posiblemente sea por envenenamiento. Luego, junto con la Fundación Cóndor Andino, que es la encargada de realizar los estudios y luego remitirnos los resultados, vamos a analizar la posibilidad de realizar una campaña de concientización para revalorizar la figura del cóndor y poder trabajar con los pobladores en un plan de manejo sustentable”.
La especialista Rayen Estrada, de la Fundación BíoAndina, especificó que se constató la cantidad de ejemplares machos, hembras, edades, se extrajeron muestras y se tomaron las coordenadas del lugar. "Encontramos que en las patas de algunos cóndores había un polvo rozado que va a ser analizado, y trajimos un ejemplar para hacer la necropsia en el CAFAJu. En este procedimiento vimos que el animal no tenía heridas de proyectil ni arma de fuego, encontramos un poco de lana de vicuña en el buche, es decir que probablemente se había estado alimentando de una vicuña, y tomamos algunos órganos, plumas y huesos para analizarlos luego en el laboratorio de la Fundación”.
Rayen Estrada dijo que a partir de esto, "vamos a analizar qué acciones tomar con la Secretaría de Biodiversidad de Jujuy, con la que trabajamos arduamente desde hace mucho tiempo. Desde aquí se enviaron ya muchos cóndores para ser recuperados en la Fundación y que luego fueron liberados. Hace poco desde este Ministerio se envió otro cóndor que fue encontrado en Volcán, el cual está en la etapa de evaluación de comportamiento y posiblemente estemos organizando una campaña de liberación muy pronto”.
La médica veterinaria del CAFAJu, Pamela Merlonghi, precisó que "se procedió a hacer la apertura del cuerpo del cóndor, del cual se tomó muestra de los órganos que se conservaban como ser el encéfalo, pulmón, hígado, miembros inferiores y plumas, los cuales van a ser analizados en el laboratorio de la Fundación Cóndor Andino, para determinar la causa de la muerte de los animales”.
La veterinaria del CAFAJu, sostuvo que luego del procedimiento "se pudo constatar que el animal se encuentra conservado externamente y se hallaba en una posición característica de envenenamiento, como ser contracción muscular, cúbito contraído, y se descubrió mucho contenido de alimento en el buche, por lo que el animal comió y murió inmediatamente, lo cual nos indicaría que fue un caso de envenenamiento”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente, a través de la Secretaría de Biodiversidad, realizó un diagnóstico junto con la Fundación Cóndor Andino para determinar las causas de la muerte de diecinueve cóndores en la localidad de Rinconada.
A raíz de la muerte de diecinueve cóndores, por aparente envenenamiento, el Ministerio de Ambiente dispuso un relevamiento junto con un equipo de la Fundación Cóndor Andino, para evaluar las condiciones que habrían ocasionado el deceso de los animales.
Los especialistas Luis Biancucci, de la Secretaría de Biodiversidad, y Rayen Estrada, de la Fundación BioAndina Argentina, que organiza el Proyecto de conservación de Cóndor Andino, viajaron hasta la localidad de Rinconada, donde se tomó un ejemplar macho para su posterior necropsia, y se procedió al análisis físico y la extracción de muestras de los animales. Posteriormente, junto con personal del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU), dependiente del ministerio de ambiente, se realizó la necropsia.
El Secretario de Biodiversidad, Javier Gronda, explicó que "los equipos que integran esta Secretaría realizaron un trabajo para determinar la causa de la muerte de los 19 cóndores, que posiblemente sea por envenenamiento. Luego, junto con la Fundación Cóndor Andino, que es la encargada de realizar los estudios y luego remitirnos los resultados, vamos a analizar la posibilidad de realizar una campaña de concientización para revalorizar la figura del cóndor y poder trabajar con los pobladores en un plan de manejo sustentable”.
La especialista Rayen Estrada, de la Fundación BíoAndina, especificó que se constató la cantidad de ejemplares machos, hembras, edades, se extrajeron muestras y se tomaron las coordenadas del lugar. "Encontramos que en las patas de algunos cóndores había un polvo rozado que va a ser analizado, y trajimos un ejemplar para hacer la necropsia en el CAFAJu. En este procedimiento vimos que el animal no tenía heridas de proyectil ni arma de fuego, encontramos un poco de lana de vicuña en el buche, es decir que probablemente se había estado alimentando de una vicuña, y tomamos algunos órganos, plumas y huesos para analizarlos luego en el laboratorio de la Fundación”.
Rayen Estrada dijo que a partir de esto, "vamos a analizar qué acciones tomar con la Secretaría de Biodiversidad de Jujuy, con la que trabajamos arduamente desde hace mucho tiempo. Desde aquí se enviaron ya muchos cóndores para ser recuperados en la Fundación y que luego fueron liberados. Hace poco desde este Ministerio se envió otro cóndor que fue encontrado en Volcán, el cual está en la etapa de evaluación de comportamiento y posiblemente estemos organizando una campaña de liberación muy pronto”.
La médica veterinaria del CAFAJu, Pamela Merlonghi, precisó que "se procedió a hacer la apertura del cuerpo del cóndor, del cual se tomó muestra de los órganos que se conservaban como ser el encéfalo, pulmón, hígado, miembros inferiores y plumas, los cuales van a ser analizados en el laboratorio de la Fundación Cóndor Andino, para determinar la causa de la muerte de los animales”.
La veterinaria del CAFAJu, sostuvo que luego del procedimiento "se pudo constatar que el animal se encuentra conservado externamente y se hallaba en una posición característica de envenenamiento, como ser contracción muscular, cúbito contraído, y se descubrió mucho contenido de alimento en el buche, por lo que el animal comió y murió inmediatamente, lo cual nos indicaría que fue un caso de envenenamiento”, concluyó.
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