Reingeniería del proyecto minero de Agua Rica
09:45 | 
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Catamarca: estudian alternativas para hacer viable Agua Rica
Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: Períodico El Inversor Energético y Minero
Provincia/Región: Catamarca
Un equipo de técnicos y especialistas estudia el proyecto de llevar el mineral y la escombrera a través de una cinta trasportadora con un campamento fijo en la localidad de Andalgalá, con la finalidad de hacer más viable y accesible el proyecto minero de Agua Rica, en Catamarca. En ese marco, los responsables técnicos del emprendimiento trabajan arduamente en una “reingeniería” del proyecto tendiente a bajar los costos de inversión y hacer más viable la iniciativa, que le daría continuidad al yacimiento de Alumbrera, empalmando ambas propuestas. Actualmente, la vida útil del proyecto más importante de Catamarca se realiza a través de la mina Bajo El Durazno, pero las expectativas siguen centradas en el futuro del yacimiento minero Agua Rica. Según consignó la agencia Télam, como consecuencia de ello se están evaluando varias alternativas posibles, y una de ellas “es eliminar el túnel y la escombrera de El Globo”, de tal manera de sacar el mineral y material estéril mediante una cinta transportadora hacia Alumbrera. Asimismo, el proyecto en cuestión prevé cambiar el proyecto “base” a la ciudad de Andalgalá. De ese modo, se retornaría al viejo acceso a la mina vía El Potrero. Será, entonces, la Empresa Minera Catamarca (Camyen) la encargada de entrar en diálogo con todas las compañías que por estos días están trabajando en la provincia. Por su parte, el secretario catamarqueño de Minería, Rodolfo Micone, será quien lleve adelante las negociaciones con el propósito de “allanar el camino de la actividad que pone sus ojos en el futuro provincial a través de la actividad minera”.
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Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: Períodico El Inversor Energético y Minero
Provincia/Región: Catamarca
Un equipo de técnicos y especialistas estudia el proyecto de llevar el mineral y la escombrera a través de una cinta trasportadora con un campamento fijo en la localidad de Andalgalá, con la finalidad de hacer más viable y accesible el proyecto minero de Agua Rica, en Catamarca. En ese marco, los responsables técnicos del emprendimiento trabajan arduamente en una “reingeniería” del proyecto tendiente a bajar los costos de inversión y hacer más viable la iniciativa, que le daría continuidad al yacimiento de Alumbrera, empalmando ambas propuestas. Actualmente, la vida útil del proyecto más importante de Catamarca se realiza a través de la mina Bajo El Durazno, pero las expectativas siguen centradas en el futuro del yacimiento minero Agua Rica. Según consignó la agencia Télam, como consecuencia de ello se están evaluando varias alternativas posibles, y una de ellas “es eliminar el túnel y la escombrera de El Globo”, de tal manera de sacar el mineral y material estéril mediante una cinta transportadora hacia Alumbrera. Asimismo, el proyecto en cuestión prevé cambiar el proyecto “base” a la ciudad de Andalgalá. De ese modo, se retornaría al viejo acceso a la mina vía El Potrero. Será, entonces, la Empresa Minera Catamarca (Camyen) la encargada de entrar en diálogo con todas las compañías que por estos días están trabajando en la provincia. Por su parte, el secretario catamarqueño de Minería, Rodolfo Micone, será quien lleve adelante las negociaciones con el propósito de “allanar el camino de la actividad que pone sus ojos en el futuro provincial a través de la actividad minera”.
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Atuel: "Es tarde para dialogar"
Atuel: "Es tarde para dialogar", responden diputados a Mendoza
Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un documento legislativo dio cuenta del compromiso que toma la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo por el que la CSJ se declara competente y emplazó a la provincia de Mendoza.
Aunque la bancada del Frepam firmó el documento conjunto de la Legislatura provincial, apoyando lo que se considera el "nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del río Atuel", fue más allá al consignar -en forma separada- que era necesario "apurar al Poder Ejecutivo Provincial para que inicie una nueva demanda a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional, más allá de las acciones y/o resultados que deriven del fallo motivo del documento".
Precisamente ayer la Cámara de Diputados difundió un comunicado firmado por su presidenta, Norma Durango; el vicepresidente Juan Pablo Morisoli, y los presidentes de cada uno de los bloques, Daniel Lovera (PJ), Carlos Bruno (Frepam), Sandra Fonseca (Frente Comunidad Organizada), Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado (PRO).
El texto refiere "a la buena noticia" de que la demanda que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal".
Dice el Poder Legislativo que se trata de un "gran paso, de máxima importancia para La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Atuel de forma unilateral por parte de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio".
Antecedentes.
Agrega que "es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscripto entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días".
Recuerda el comunicado que nuestra provincia "siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió. El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008".
Fue la misma Cámara de Diputados la que sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado, pero Mendoza nunca lo hizo. La Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al gobernador de La Pampa "que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano".
Compromiso.
Desde el Poder Ejecutivo se expresó también el compromiso de "seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno. Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente".
Finalmente el texto firmado expresa que se ve "con esperanza el avance anunciado en el fallo de la Corte y confirmamos que fueron los responsables de este anacronismo hídrico-ecológico entre argentinos, optando por desarrollar el sur mendocino con riego, producción y energía, y como contraparte desertizar y despoblar el oeste pampeano".
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Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un documento legislativo dio cuenta del compromiso que toma la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo por el que la CSJ se declara competente y emplazó a la provincia de Mendoza.
Aunque la bancada del Frepam firmó el documento conjunto de la Legislatura provincial, apoyando lo que se considera el "nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del río Atuel", fue más allá al consignar -en forma separada- que era necesario "apurar al Poder Ejecutivo Provincial para que inicie una nueva demanda a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional, más allá de las acciones y/o resultados que deriven del fallo motivo del documento".
Precisamente ayer la Cámara de Diputados difundió un comunicado firmado por su presidenta, Norma Durango; el vicepresidente Juan Pablo Morisoli, y los presidentes de cada uno de los bloques, Daniel Lovera (PJ), Carlos Bruno (Frepam), Sandra Fonseca (Frente Comunidad Organizada), Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado (PRO).
El texto refiere "a la buena noticia" de que la demanda que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal".
Dice el Poder Legislativo que se trata de un "gran paso, de máxima importancia para La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Atuel de forma unilateral por parte de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio".
Antecedentes.
Agrega que "es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscripto entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días".
Recuerda el comunicado que nuestra provincia "siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió. El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008".
Fue la misma Cámara de Diputados la que sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado, pero Mendoza nunca lo hizo. La Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al gobernador de La Pampa "que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano".
Compromiso.
Desde el Poder Ejecutivo se expresó también el compromiso de "seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno. Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente".
Finalmente el texto firmado expresa que se ve "con esperanza el avance anunciado en el fallo de la Corte y confirmamos que fueron los responsables de este anacronismo hídrico-ecológico entre argentinos, optando por desarrollar el sur mendocino con riego, producción y energía, y como contraparte desertizar y despoblar el oeste pampeano".
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Duro revés para Monsanto en Córdoba
Monsanto: la empresa presentará otro estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La
Provincia no aprobó el informe elaborado para la radicación de la
planta en Malvinas Argentinas. Asambleístas redoblan presión sobre el
intendente.
Monsanto ratificó su decisión de construir su planta de semillas en Malvinas Argentinas, pese a que el Gobierno provincial rechazó ayer el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Ante ello, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que desde hace un y medio resiste a la radicación de la multinacional, exigió al intendente Daniel Arzani que prohíba su instalación. El jefe comunal se negó a hacerlo, pero sostuvo: “Mientras el estudio de impacto ambiental le dé negativo, en Malvinas no va a funcionar. Que se busque otro lugar”.
Mediante una resolución de la Secretaría de Ambiente, la Provincia rechazó ayer el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para la puesta en funcionamiento de una procesadora de semillas de maíz sobre la ruta A88, 16 kilómetros al este de la Capital. La decisión se fundamenta en un dictamen de una Comisión Técnica Interdisciplinaria oficial que objetó la falta de precisión sobre cómo se tratarán los residuos y efluentes líquidos, y cómo se resolverán los impactos en el tránsito vehicular.
“Vamos a presentar un nuevo estudio desde cero”, dijo a este diario Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto. “No estamos en Córdoba para hacer una inversión de temporada. Estamos para quedarnos los próximos 150 años con una planta modelo a nivel mundial”, aseveró.
También hizo declaraciones el vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica, Pablo Vaquero: “A nosotros no nos molesta que nos levanten la vara, nos molesta la violencia”, dijo en referencia a los asambleístas que bloquean la planta desde septiembre pasado. “Pero si esto sirve para recomenzar todo el proceso y hacerlo de manera tal de que todos los actores estemos más tranquilos, bienvenido sea”, sostuvo.
Por su parte, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida confirmó que continuará con el bloqueo y redobló su exigencia. “La lucha no se detiene hoy. Queremos que el intendente reconozca que esta empresa no tiene lugar por donde entrar”, declaró Matías Marizza, vecino de Malvinas e integrante de la asamblea. “La Justicia ya paró la obra porque es ilegal, la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental, las universidades y el pueblo están en contra. ¿A quién más le tiene que preguntar Arzani?”, cuestionó Marizza.
Insuficiente
El secretario de Ambiente, Germán Pratto, dijo a este diario que Monsanto no aportó claridad en cuanto a los mecanismos de mitigación de los impactos de la actividad en el ambiente. “A criterio de la comisión técnica, los datos aportados por la empresa fueron insuficientes, reiterados y sin la profundidad necesaria”, señaló.
En consecuencia, explicó Pratto, la firma no puede iniciar la faz operativa. “Es decisión de la empresa si persiste en su instalación en Malvinas o no”, dijo el funcionario, al confirmar que Monsanto aún puede presentar otro estudio, que volverá a ser evaluado.
En cuanto a la construcción de la planta, permanece suspendida desde el 8 de enero pasado, cuando la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió que las autorizaciones dadas por la Provincia y la Municipalidad de Malvinas a la empresa para comenzar la obra fueron “arbitrarias e inconstitucionales”, por violar la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, el gobernador José Manuel de la Sota anunció, el pasado 1 de febrero, que la Provincia adecuará su ley de ambiente a la de normativa nacional. Hasta ayer, no había ingresado el proyecto a la Legislatura, pero lo más probable es que Monsanto en el futuro deba adecuarse a la nueva normativa que será sancionada.
Más Información:
Dictamen de la Secretaría de Ambiente
Resolución del equipo técnico
Monsanto: claves del dictamen.
Monsanto ratificó su decisión de construir su planta de semillas en Malvinas Argentinas, pese a que el Gobierno provincial rechazó ayer el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Ante ello, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que desde hace un y medio resiste a la radicación de la multinacional, exigió al intendente Daniel Arzani que prohíba su instalación. El jefe comunal se negó a hacerlo, pero sostuvo: “Mientras el estudio de impacto ambiental le dé negativo, en Malvinas no va a funcionar. Que se busque otro lugar”.
Mediante una resolución de la Secretaría de Ambiente, la Provincia rechazó ayer el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para la puesta en funcionamiento de una procesadora de semillas de maíz sobre la ruta A88, 16 kilómetros al este de la Capital. La decisión se fundamenta en un dictamen de una Comisión Técnica Interdisciplinaria oficial que objetó la falta de precisión sobre cómo se tratarán los residuos y efluentes líquidos, y cómo se resolverán los impactos en el tránsito vehicular.
“Vamos a presentar un nuevo estudio desde cero”, dijo a este diario Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto. “No estamos en Córdoba para hacer una inversión de temporada. Estamos para quedarnos los próximos 150 años con una planta modelo a nivel mundial”, aseveró.
También hizo declaraciones el vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica, Pablo Vaquero: “A nosotros no nos molesta que nos levanten la vara, nos molesta la violencia”, dijo en referencia a los asambleístas que bloquean la planta desde septiembre pasado. “Pero si esto sirve para recomenzar todo el proceso y hacerlo de manera tal de que todos los actores estemos más tranquilos, bienvenido sea”, sostuvo.
Por su parte, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida confirmó que continuará con el bloqueo y redobló su exigencia. “La lucha no se detiene hoy. Queremos que el intendente reconozca que esta empresa no tiene lugar por donde entrar”, declaró Matías Marizza, vecino de Malvinas e integrante de la asamblea. “La Justicia ya paró la obra porque es ilegal, la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental, las universidades y el pueblo están en contra. ¿A quién más le tiene que preguntar Arzani?”, cuestionó Marizza.
Insuficiente
El secretario de Ambiente, Germán Pratto, dijo a este diario que Monsanto no aportó claridad en cuanto a los mecanismos de mitigación de los impactos de la actividad en el ambiente. “A criterio de la comisión técnica, los datos aportados por la empresa fueron insuficientes, reiterados y sin la profundidad necesaria”, señaló.
En consecuencia, explicó Pratto, la firma no puede iniciar la faz operativa. “Es decisión de la empresa si persiste en su instalación en Malvinas o no”, dijo el funcionario, al confirmar que Monsanto aún puede presentar otro estudio, que volverá a ser evaluado.
En cuanto a la construcción de la planta, permanece suspendida desde el 8 de enero pasado, cuando la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió que las autorizaciones dadas por la Provincia y la Municipalidad de Malvinas a la empresa para comenzar la obra fueron “arbitrarias e inconstitucionales”, por violar la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, el gobernador José Manuel de la Sota anunció, el pasado 1 de febrero, que la Provincia adecuará su ley de ambiente a la de normativa nacional. Hasta ayer, no había ingresado el proyecto a la Legislatura, pero lo más probable es que Monsanto en el futuro deba adecuarse a la nueva normativa que será sancionada.
Más Información:
Dictamen de la Secretaría de Ambiente
Resolución del equipo técnico
Monsanto: claves del dictamen.
La CNEA nuevamente sancionada por Sierra Pintada
Nueva sanción a CNEA por infrigir la ley en Sierra Pintada
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
Casi sin cobertura de los medios locales y mucho menos provinciales –a excepción de Diario San Rafael y Los Andes, que dedicó un escueto artículo días atrás- llegó a nuestro conocimiento que el DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN había aplicado a CNEA una nueva sanción por infringir la normativa vigente. Fuente: Clauidia Freire
Recuérdese que en ediciones anteriores, habíamos dado amplia difusión a la cuestión judicial planteada por CNEA cuando Irrigación le aplicó una multa de UN MILLÓN DE PESOS por contaminar en Malargüe las napas subterráneas y cauces de riego que llegaban hasta la mismísima Laguna de Llancanelo y que eran el recurso hídrico de muchos puesteros en la zona. Dicha multa fue finalmente confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y rechazado todo recurso judicial incluso por la Corte Nacional.
En esta ocasión, nuestra fuente nos informó que se trataba de SIERRA PINTADA y luego de realizar los chequeos correspondientes, pudimos acceder a la Resolución N° 0856, dictada el 30 de Setiembre de 2013, a través de la cual efectivamente el Superintendente José Luis Álvarez sancionaba nuevamente a CNEA, esta vez con multa de $ 300.000, POR CUESTIONES RELACIONADAS AL COMPLEJOSIERRA PINTADA, bajo los siguientes fundamentos:
- Que el cauce aluvional "ARROYO EL TOSCALITO" atraviesa el sector industrial del complejo, en una zona en la que se encuentran la Planta de procesamiento de Uranio, pilas de lixiviación, cuerpos de cisternas y sector de moliendas, entre otros.
- Que la obra posee características constructivas de ALTA PRECARIEDAD, con el agravante de existir ALTO CONTENIDO DE URANIO, RADIO y otras sustancias altamente peligrosas, incluyendo microorganismos patógenos.
- Que se ha producido el desborde tanto la erosión, sobre el lado posterior del cierre y las marcas del ascenso del líquido en el interior de la represa.
- Que pesa el agravante de que dichas descargas llegan al Arroyo el Tigre y de ahí al Río Diamante, puesto que aquel es un cauce tributario de éste.
- Que CNEA OMITIÓ INFORMAR A IRRIGACIÓN de la existencia de dicho reservorio y de incluirlo en el plan de remediación en los sucesivos informes que le fueran oportunamente solicitados, siendo INACEPTABLE esta omisión.
- Que en función de ello se le aplica la multa y se le exige la inmediata intervención y remediación ambiental prioritaria de la denominada REPRESA 2, y la realización de un estudio cuantitativo y cualitativo aluvional completo del Complejo.
Muchas son las reflexiones y más aún los interrogantes que nos surgen a partir de lo acontecido.
Por un lado, lamentablemente hemos tenido razón todo este tiempo cuando nos hemos cansado de denunciar que SIERRA PINTADA era y sigue siendo una bomba de tiempo, carente de control y que tanto Irrigación como la Autoridad Regulatoria Nuclear no estaban a la altura de los hechos y todos los Gobernantes miran para otro lado (Edición N° 79, Agosto de 2013).
Peor aún, también hemos tenido razón cuando hemos afirmado, en múltiples ocasiones que no se puede confiar en la información que brinda CNEA y que engaña incluso a la Justicia Federal.
Pero lo más grave de todo es lo que Irrigación sabe y lo que ha hecho o planea hacer al respecto:
- Irrigación está sancionando a CNEA por omitir informar la existencia del reservorio, y al mismo tiempo le exige un estudio aluvional completo del Complejo. ¿Acaso espera Irrigación que el informe sea veraz? Nos da la sensación que es como pedirle al lobo que informe como están las gallinas. Hemos reclamado infinitas veces y nuevamente insistimos, hoy más que nunca, que es necesario llevar a cabo una AUDITORIA COMPLETA, a cargo de un ente ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE, con reconocida trayectoria, CRIIRAD de Francia, por ejemplo. Y el Gobierno debe hacerse cargo del costo. No se puede seguir esperando. Es una tarea URGENTE.
- Irrigación está sancionando a CNEA por omitir información, pero no sanciona esa contaminación, cuando la propia resolución dice que los desbordes están comprobados y que los mismos afectaron EL TIGRE y EL RÍO DIAMANTE.
¿Acaso le preocupa más la forma que el fondo? Queremos creer que sobre los mismos hechos, ahora deberá dictar la sanción por la contaminación y abogamos porque la misma sea ejemplar, en función de la gravedad de la situación. El Río Diamante afecta a más de 200.000 personas. Todo San Rafael toma agua de dicho acuífero!!
- ¿Cómo es que ningún estudio, ni de CNEA ni de IRRIGACIÓN informaron la contaminación? Siempre los estudios dan todos bien, según CNEA...
- Es evidente que la Autoridad Regulatoria Nuclear NO EXISTE. No controló en Malargüe y mucho menos lo hace en Sierra Pintada. ¿No corresponde investigar el incumplimiento de los deberes de funcionario público de sus integrantes?
- El accionar de CNEA sancionado administrativamente por IRRIGACIÓN ¿no amerita la correspondiente denuncia penal por incumplimiento de los deberes de los funcionarios de CNEA? Irrigación debe hacer esa denuncia penal.
Y finalmente, lo más grave de todo es saber si podemos los sanrafaelinos seguir consumiendo el agua del Río Diamante, cuya calidad, evidentemente no está siendo debidamente controlada.
Desde estas páginas hemos aplaudido el accionar de Irrigación cuando ha tenido el coraje, que ningún otro organismo ni autoridad gubernamental ha mostrado, de sancionar a aquellos que infringen las normas a la vista de todos y casi siempre, en perjuicio de la salud de la población. Esta vez, sin dudas la cuestión ha quedado a medias. ¿Cómo estar satisfechos con una sanción inferior a un tercio, en comparación con la aplicada a CNEA por contaminar en Malargüe, si aquí están diciendo que ha contaminado el Diamante?
¿Puede el Gobierno Provincial estar ajeno a esta problemática, con la gravedad descripta? ¿Puede el Ejecutivo Municipal dejar la salud de su población en manos de terceros?
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Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
Casi sin cobertura de los medios locales y mucho menos provinciales –a excepción de Diario San Rafael y Los Andes, que dedicó un escueto artículo días atrás- llegó a nuestro conocimiento que el DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN había aplicado a CNEA una nueva sanción por infringir la normativa vigente. Fuente: Clauidia Freire
Recuérdese que en ediciones anteriores, habíamos dado amplia difusión a la cuestión judicial planteada por CNEA cuando Irrigación le aplicó una multa de UN MILLÓN DE PESOS por contaminar en Malargüe las napas subterráneas y cauces de riego que llegaban hasta la mismísima Laguna de Llancanelo y que eran el recurso hídrico de muchos puesteros en la zona. Dicha multa fue finalmente confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y rechazado todo recurso judicial incluso por la Corte Nacional.
En esta ocasión, nuestra fuente nos informó que se trataba de SIERRA PINTADA y luego de realizar los chequeos correspondientes, pudimos acceder a la Resolución N° 0856, dictada el 30 de Setiembre de 2013, a través de la cual efectivamente el Superintendente José Luis Álvarez sancionaba nuevamente a CNEA, esta vez con multa de $ 300.000, POR CUESTIONES RELACIONADAS AL COMPLEJOSIERRA PINTADA, bajo los siguientes fundamentos:
- Que el cauce aluvional "ARROYO EL TOSCALITO" atraviesa el sector industrial del complejo, en una zona en la que se encuentran la Planta de procesamiento de Uranio, pilas de lixiviación, cuerpos de cisternas y sector de moliendas, entre otros.
- Que la obra posee características constructivas de ALTA PRECARIEDAD, con el agravante de existir ALTO CONTENIDO DE URANIO, RADIO y otras sustancias altamente peligrosas, incluyendo microorganismos patógenos.
- Que se ha producido el desborde tanto la erosión, sobre el lado posterior del cierre y las marcas del ascenso del líquido en el interior de la represa.
- Que pesa el agravante de que dichas descargas llegan al Arroyo el Tigre y de ahí al Río Diamante, puesto que aquel es un cauce tributario de éste.
- Que CNEA OMITIÓ INFORMAR A IRRIGACIÓN de la existencia de dicho reservorio y de incluirlo en el plan de remediación en los sucesivos informes que le fueran oportunamente solicitados, siendo INACEPTABLE esta omisión.
- Que en función de ello se le aplica la multa y se le exige la inmediata intervención y remediación ambiental prioritaria de la denominada REPRESA 2, y la realización de un estudio cuantitativo y cualitativo aluvional completo del Complejo.
Muchas son las reflexiones y más aún los interrogantes que nos surgen a partir de lo acontecido.
Por un lado, lamentablemente hemos tenido razón todo este tiempo cuando nos hemos cansado de denunciar que SIERRA PINTADA era y sigue siendo una bomba de tiempo, carente de control y que tanto Irrigación como la Autoridad Regulatoria Nuclear no estaban a la altura de los hechos y todos los Gobernantes miran para otro lado (Edición N° 79, Agosto de 2013).
Peor aún, también hemos tenido razón cuando hemos afirmado, en múltiples ocasiones que no se puede confiar en la información que brinda CNEA y que engaña incluso a la Justicia Federal.
Pero lo más grave de todo es lo que Irrigación sabe y lo que ha hecho o planea hacer al respecto:
- Irrigación está sancionando a CNEA por omitir informar la existencia del reservorio, y al mismo tiempo le exige un estudio aluvional completo del Complejo. ¿Acaso espera Irrigación que el informe sea veraz? Nos da la sensación que es como pedirle al lobo que informe como están las gallinas. Hemos reclamado infinitas veces y nuevamente insistimos, hoy más que nunca, que es necesario llevar a cabo una AUDITORIA COMPLETA, a cargo de un ente ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE, con reconocida trayectoria, CRIIRAD de Francia, por ejemplo. Y el Gobierno debe hacerse cargo del costo. No se puede seguir esperando. Es una tarea URGENTE.
- Irrigación está sancionando a CNEA por omitir información, pero no sanciona esa contaminación, cuando la propia resolución dice que los desbordes están comprobados y que los mismos afectaron EL TIGRE y EL RÍO DIAMANTE.
¿Acaso le preocupa más la forma que el fondo? Queremos creer que sobre los mismos hechos, ahora deberá dictar la sanción por la contaminación y abogamos porque la misma sea ejemplar, en función de la gravedad de la situación. El Río Diamante afecta a más de 200.000 personas. Todo San Rafael toma agua de dicho acuífero!!
- ¿Cómo es que ningún estudio, ni de CNEA ni de IRRIGACIÓN informaron la contaminación? Siempre los estudios dan todos bien, según CNEA...
- Es evidente que la Autoridad Regulatoria Nuclear NO EXISTE. No controló en Malargüe y mucho menos lo hace en Sierra Pintada. ¿No corresponde investigar el incumplimiento de los deberes de funcionario público de sus integrantes?
- El accionar de CNEA sancionado administrativamente por IRRIGACIÓN ¿no amerita la correspondiente denuncia penal por incumplimiento de los deberes de los funcionarios de CNEA? Irrigación debe hacer esa denuncia penal.
Y finalmente, lo más grave de todo es saber si podemos los sanrafaelinos seguir consumiendo el agua del Río Diamante, cuya calidad, evidentemente no está siendo debidamente controlada.
Desde estas páginas hemos aplaudido el accionar de Irrigación cuando ha tenido el coraje, que ningún otro organismo ni autoridad gubernamental ha mostrado, de sancionar a aquellos que infringen las normas a la vista de todos y casi siempre, en perjuicio de la salud de la población. Esta vez, sin dudas la cuestión ha quedado a medias. ¿Cómo estar satisfechos con una sanción inferior a un tercio, en comparación con la aplicada a CNEA por contaminar en Malargüe, si aquí están diciendo que ha contaminado el Diamante?
¿Puede el Gobierno Provincial estar ajeno a esta problemática, con la gravedad descripta? ¿Puede el Ejecutivo Municipal dejar la salud de su población en manos de terceros?
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contaminación,
energía nuclear,
legislación y derecho ambiental,
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Entre Ríos quiere tratar la ley sobre Agroquímicos
En Entre Ríos, buscan tratar la ley sobre Agroquímicos "lo antes posible"
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Entre Ríos
Una vez que se reorganicen las comisiones y en tanto continúe como presidente de la comisión de Producción de la Cámara de Senadores provincial, Oscar Arlettaz, tratará de “sacar de inmediato” la ley de agroquímicos, confió y ratificó que consensuarán con diputados para que no sea “un ida y vuelta”.
En diálogo con AIM Digital, Arlettaz expresó que aún no hay actividades previstas de la comisión de Producción del Senado. “Recién la semana próxima comenzarán las actividades y se tienen que elegir las autoridades”, explicó.
“De seguir como presidente, tenemos que tratar de sacar la ley de agroquímicos de inmediato, pero antes hay que reunirse con Diputados, para consensuar y que se apruebe en acuerdo, sino será un ida y vuelta”, subrayó.
Ya en diciembre del año pasado, se confirmó que la media sanción de la iniciativa quedaría para 2014. “No tuvimos tiempo dados los sucesos sociales que se vivieron en torno a los saqueos y reclamos”, admitió el legislador.
Los senadores habrían dicho que la ley de agroquímicos provincial podría tener media sanción antes de fines del año pasado; sin embargo, los tiempos se dilataron.
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Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Entre Ríos
Una vez que se reorganicen las comisiones y en tanto continúe como presidente de la comisión de Producción de la Cámara de Senadores provincial, Oscar Arlettaz, tratará de “sacar de inmediato” la ley de agroquímicos, confió y ratificó que consensuarán con diputados para que no sea “un ida y vuelta”.
En diálogo con AIM Digital, Arlettaz expresó que aún no hay actividades previstas de la comisión de Producción del Senado. “Recién la semana próxima comenzarán las actividades y se tienen que elegir las autoridades”, explicó.
“De seguir como presidente, tenemos que tratar de sacar la ley de agroquímicos de inmediato, pero antes hay que reunirse con Diputados, para consensuar y que se apruebe en acuerdo, sino será un ida y vuelta”, subrayó.
Ya en diciembre del año pasado, se confirmó que la media sanción de la iniciativa quedaría para 2014. “No tuvimos tiempo dados los sucesos sociales que se vivieron en torno a los saqueos y reclamos”, admitió el legislador.
Los senadores habrían dicho que la ley de agroquímicos provincial podría tener media sanción antes de fines del año pasado; sin embargo, los tiempos se dilataron.
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Volvieron a protestar contra Botnia
Los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a protestar contra UPM
Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La protesta continúa. "No a Botnia y a la contaminación de las pasteras" volvieron a decir ayer los asambleístas de Gualeguaychú. Desde las 10 de la mañana se ubicaron en el km 28 de la ruta internacional 136 que une esa ciudad con Fray Bentos (Uruguay), y entregan volantes junto al refugio de Arroyo Verde, el sitio donde realizaron durante tres años el corte de ruta más largo de la historia. La manifestación de asambleístas se da paralelamente con las declaraciones del canciller uruguayo Luis Almagro, quien sostuvo días atrás que "se pudrió todo" con Argentina y denunció a nuestro país por lo que calificó de "agresión directa", esto es, las trabas que impuso Buenos Aires a puertos uruguayos. A su vez, Uruguay mantiene férrea su política de "cero kilo" contra Argentina, y los presidentes de ambas naciones decidieron a fin de enero volver a apostar al diálogo y suspender por ahora una nueva denuncia judicial de Argentina contra Uruguay ante La Haya por la contaminación probada que Botnia ya está causando y el aumento de producción que los orientales otorgaron a la pastera finlandesa. Dicho permiso fue dado de forma inconsulta y sin acuerdo de Argentina, pese a que afecta las aguas de un río de nacionalidad compartida.
"El 99% de los automovilistas, que son muchos en el día de hoy, aceptan el volante y saludan amablemente", dijo el asambleísta Juan Veronesi a Clarín. La semana próxima, en día a determinar, realizarán una caravana náutica frente a las pobladas playas de Gualeguaychú, "para que todos los turistas sepan lo que nos está pasando y que el conflicto no terminó", agregó el asambleísta.
Entre otras cuestiones, la Asamblea denunció este febrero que desde el inicio de producción de la planta pastera de Botnia-UPM ubicada junto a Fray Bentos, "desaparecieron las almejas en el río Uruguay". Así lo afirmó Raúl Almeida, asambleísta y guía de pesca en este río. Según declaró a la agencia DyN, "en los bancos de arena no quedó ninguna almeja", moluscos que viven en la arena de las orillas fluviales. "Argentina propuso instalar marcadores biológicos para demostrar específicamente la desaparición de las almejas, pero Uruguay se negó. Esto es como cuando alguien se niega a un control de alcoholemia", dijo Almeida.
Por otro lado, la Asamblea Ciudadana Ambiental de esta ciudad (Acag) continúa con sus reuniones semanales. Cada noche de carnaval, abren el desfile en el corsódromo con un pasacalle llevado por jóvenes, con leyendas sobre Botnia-UPM y el daño al medio ambiente. Ayer, esta acción era coordinada por el asambleísta histórico Oscar Bargas.
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Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La protesta continúa. "No a Botnia y a la contaminación de las pasteras" volvieron a decir ayer los asambleístas de Gualeguaychú. Desde las 10 de la mañana se ubicaron en el km 28 de la ruta internacional 136 que une esa ciudad con Fray Bentos (Uruguay), y entregan volantes junto al refugio de Arroyo Verde, el sitio donde realizaron durante tres años el corte de ruta más largo de la historia. La manifestación de asambleístas se da paralelamente con las declaraciones del canciller uruguayo Luis Almagro, quien sostuvo días atrás que "se pudrió todo" con Argentina y denunció a nuestro país por lo que calificó de "agresión directa", esto es, las trabas que impuso Buenos Aires a puertos uruguayos. A su vez, Uruguay mantiene férrea su política de "cero kilo" contra Argentina, y los presidentes de ambas naciones decidieron a fin de enero volver a apostar al diálogo y suspender por ahora una nueva denuncia judicial de Argentina contra Uruguay ante La Haya por la contaminación probada que Botnia ya está causando y el aumento de producción que los orientales otorgaron a la pastera finlandesa. Dicho permiso fue dado de forma inconsulta y sin acuerdo de Argentina, pese a que afecta las aguas de un río de nacionalidad compartida.
"El 99% de los automovilistas, que son muchos en el día de hoy, aceptan el volante y saludan amablemente", dijo el asambleísta Juan Veronesi a Clarín. La semana próxima, en día a determinar, realizarán una caravana náutica frente a las pobladas playas de Gualeguaychú, "para que todos los turistas sepan lo que nos está pasando y que el conflicto no terminó", agregó el asambleísta.
Entre otras cuestiones, la Asamblea denunció este febrero que desde el inicio de producción de la planta pastera de Botnia-UPM ubicada junto a Fray Bentos, "desaparecieron las almejas en el río Uruguay". Así lo afirmó Raúl Almeida, asambleísta y guía de pesca en este río. Según declaró a la agencia DyN, "en los bancos de arena no quedó ninguna almeja", moluscos que viven en la arena de las orillas fluviales. "Argentina propuso instalar marcadores biológicos para demostrar específicamente la desaparición de las almejas, pero Uruguay se negó. Esto es como cuando alguien se niega a un control de alcoholemia", dijo Almeida.
Por otro lado, la Asamblea Ciudadana Ambiental de esta ciudad (Acag) continúa con sus reuniones semanales. Cada noche de carnaval, abren el desfile en el corsódromo con un pasacalle llevado por jóvenes, con leyendas sobre Botnia-UPM y el daño al medio ambiente. Ayer, esta acción era coordinada por el asambleísta histórico Oscar Bargas.
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Córdoba sigue desmontando y agotando sus bosques
Uno de los peores desmontes en 4 años
Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Diciembre de 2013 fue el segundo mes con más deforestación desde 2010. Desaparecieron 2.241 hectáreas, el equivalente a más de tres mil canchas de fútbol. La nueva gestión de Ambiente provincial promete ser implacable con los infractores.
Con altibajos, 2013 había sido un año con menos desmontes comparado con 2012. Sin embargo, en diciembre desaparecieron 2.241 hectáreas y se convirtió en el segundo mes con más deforestación en cuatro años.
Esa cifra equivale al área que ocuparían más de tres mil canchas de fútbol o la superficie de 20 parques San Martín.
El dato surge de un relevamiento satelital que realiza la ONG Guyra sobre el Gran Chaco Americano, una ecorregión que abarca parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil y que está fuertemente amenazada por la extensión de la frontera agrícola.
“Hubo intervención en 71 parcelas. El desmonte más grande tiene 168 hectáreas y ocurrió en el departamento de Cruz del Eje”, puntualizó Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, que sigue de cerca el tema.
Hubo desmontes en Traslasierra, el noroeste y nordeste cordobés. En la primera región, desparecieron 1.404 hectáreas.
En tanto, en el departamento de Cruz del Eje, el desmonte total fue de 631 hectáreas. Otras 203 hectáreas fueron deforestadas en zonas cercanas a la laguna Mar Chiquita.
“A 12 kilómetros al noroeste de Villa Dolores hay once parcelas juntas desmontadas, separadas por franjas mínimas, por un total de 782 hectáreas. Serían de un mismo propietario. En las imágenes hay numerosos campos de cultivo. Uno deduce que ese desmonte sería con fines agrícolas”, explica Kopta.
El bosque serrano provee varios servicios ambientales a los cordobeses.
Sirve para retener el agua de lluvia que luego llega a nuestras canillas. A su vez, la purifica, y evita que las tormentas se transformen en inundaciones.
Además, es el refugio de especies autóctonas y la postal que todos los años atrae a miles de turistas.
Goteo verde
Este desmonte “crónico” ocurre desde 2010, cuando se sancionó la ley provincial de Bosques Nativos que obliga a proteger estos ecosistemas. En 2004, sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
A su vez, entre 2004 y 2010, desapareció el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia. Son 269 mil hectáreas de bosques cerrados (casi el monte original) y de bosques abiertos (con hasta un 40 por ciento de cobertura de árboles autóctonos), que en su mayoría fueron destinadas a actividades agropecuarias.
A esta pérdida hay que sumarle la ocasionada por los devastadores incendios de 2013. El fuego arrasó con más de 100 mil hectáreas en Córdoba, buena parte de ellas eran bosque nativo en diferentes grados de conservación.
En busca de información
Como todos los meses, el Foro Ambiental realizó un pedido de informes a la Secretaría de Ambiente de Córdoba para que indique si los desmontes de las parcelas que figuran en el relevamiento de la ONG Guyra de diciembre fueron realizados con autorización o sin autorización de este organismo.
Germán Pratto, el nuevo secretario de Ambiente, quien asumió el 12 de diciembre pasado, explicó que están corroborando la información.
Y agregó que hacia el final de la anterior gestión (a cargo de Federico Bocco), se autorizaron desmontes para cortafuegos, picadas y raleos selectivos.
“Se van a comparar los datos del relevamiento satelital con lo autorizado y lo que se verifique in situ para determinar si se han excedido o ha habido desmontes irregulares para poder actuar y aplicar las sanciones correspondientes”, explicó.
También aclaró que en lo que va de su gestión no ha autorizado ningún tipo de intervención sobre el bosque nativo.
“El ministro (Fabián López, a cargo de la cartera de Agua, Ambiente y Servicios Públicos) nos ha pedido que vayamos hasta las últimas consecuencias y con toda dureza contra quienes incumplen la ley y nos están arrebatando lo que queda de bosque nativo”, indicó.
Pratto se reunió con ambientalistas con el objetivo de trabajar de manera colectiva para llegar antes de que el daño ocurra o al menos detectar a los delincuentes in fraganti para poder actuar.
El funcionario aclaró que, además de las sanciones económicas, las personas que desmontan deben replantar con especies de las mismas características a las extraídas y hacer el cerramiento del predio para que el monte se recupere.
“Vamos a chequear todas las sanciones anteriores para determinar si han cumplido con esto”, aseguró.
Nueva oportunidad
En 2013 otra vez Córdoba se quedó sin los fondos nacionales para proteger los bosques.
El monto estaba estimado en 19 millones de pesos que la Nación debía girarle a la Provincia en el marco de la ley de nacional 26.331.
La Nación decidió no enviarles los fondos porque la norma provincial no se adecua a la ley nacional. El último intento de la provincia fue la sanción del decreto 1.131 de 2012, que se publicó casi un año después, situación irregular denunciada por este diario.
La Nación aceptó el decreto a condición de que en 2014 Córdoba sancionara una nueva ley. La Provincia se negó.
“Hemos recuperado el dialogo institucional entre la Provincia y la Nación. Estamos dispuestos a retomar las negociaciones y a hacer un análisis pormenorizado para comparar las leyes y adecuar lo que haya que adecuar”, aseguró Pratto.
Cronología de una negociación
Sanción. El 5 de agosto de 2010, la Legislatura aprueba la Ley de Bosques Nativos. En febrero de 2011, se publica la reglamentación. Este marco legal no conforma ni a ruralistas ni a ambientalistas. La Universidad Nacional de Río Cuarto realiza un pedido de inconstitucionalidad.
Fondos. La Nación no acredita a Córdoba los fondos para proteger el bosque porque la ley no se ajusta a la norma nacional.
Decreto secreto. En 2012, la Provincia modifica la ley para percibir fondos a través de un decreto irregular. Elimina el concepto de “aprovechamiento sustentable” y la posibilidad de que se pueda realizar desmonte total si hay posibilidades de riego.
Negativa. La Nación no acepta el decreto y se niega a entregar los fondos nacionales.
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Preocupa los residuos de la Megausina de Río Turbio
Ambientalistas impulsarán acción de amparo por destino final de residuos de megausina
Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos expresó su preocupación al actualizarse el debate sobre el destino final que tendrán los residuos de 1800 toneladas diarias de ceniza que produzca la megausina a carbón de Río Turbio, a partir de una publicación nacional a la que respondió el secretario de Minería Jorge Mayoral, deslizando que podrían ser utilizadas para rellenar las zonas anegadas, inundables, de la Cuenca Minera.
“Sabemos que es muy difícil darles destino a esos desechos sólidos, pero uno de los peores que se puede tomar son las orillas del río, porque va a impactar directamente en nuestras canillas”, advirtió el ambientalista.
“Esto nos preocupa porque si estas áreas llegan a rellenarse, el lixiviado, producto del deshielo y de las inundaciones va a terminar directamente en el río Turbio y del Turbio al Gallegos, y todos los compuestos, metales pesados y elementos radiactivos van a terminar en las canillas de los riogalleguenses”, explicó.
D’Elía dijo que por eso, “la Asamblea Ambiental prepara un escrito pidiendo una acción de amparo a la Justicia Federal, para que detenga lo que nosotros llamamos un ecocidio, o destrucción de un ecosistema, anunciado por las propias autoridades”.
Recordó el dirigente ambiental que ya en 2008, en audiencia pública, la entidad explicó los motivos por los que considera que “esta usina era técnica, económica y ambientalmente inviable”.
D’Elía declinó ahondar en las cuestiones técnicas y económicas, que consideró, “hay gente capacitada para analizarlas”, en tanto remarcó, “nuestra gran preocupación es la cuestión ambiental, si esto se pone en marcha, y la afectación directa que no solamente vamos a tener los riogalleguenses”.
Regional. El dirigente aseguró que “esta preocupación por la afectación ambiental no es sólo por los riogalleguenses, sino por toda la Patagonia austral, tanto argentina como chilena, no solo por los desechos sólidos, sino también por las 24 mil toneladas diarias de gases tóxicos que va a emitir, un nivel seis veces mayor al de la pastera Botnia, que va a impactar sobre toda la región austral”.
D’Elía observó que “ya lo han anticipado las propias autoridades de la empresa constructora de la megausina, que los gases van a impactar hasta Ushuaia”, de donde legisladores nacionales han realizado pedidos de informes dirigidos al Ministerio de Planificación Federal.
Asimismo destacó la convicción que “el cono de impacto de esos gases, y sobre todo la lluvia ácida, afectará un extensísimo territorio, por la ubicación de la usina”, también oportunamente cuestionada por la entidad.
“Nosotros ya habíamos anticipado que era inviable ambientalmente, porque no había forma de disponer de una cantidad tan grande de cenizas”, dijo D’Elía refiriéndose al planteo que la Asamblea realiza desde 2008.
El referente advirtió que todavía, a ocho años, “se están tirando propuestas sobre el uso de las cenizas, que deberían industrializarse, no se sabe qué van a hacer”, y en este contexto expresó la preocupación por las manifestaciones de Mayoral, en respuesta a una publicación nacional que además puso en duda que la producción de carbón alcance para abastecerla.
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Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos expresó su preocupación al actualizarse el debate sobre el destino final que tendrán los residuos de 1800 toneladas diarias de ceniza que produzca la megausina a carbón de Río Turbio, a partir de una publicación nacional a la que respondió el secretario de Minería Jorge Mayoral, deslizando que podrían ser utilizadas para rellenar las zonas anegadas, inundables, de la Cuenca Minera.
“Sabemos que es muy difícil darles destino a esos desechos sólidos, pero uno de los peores que se puede tomar son las orillas del río, porque va a impactar directamente en nuestras canillas”, advirtió el ambientalista.
“Esto nos preocupa porque si estas áreas llegan a rellenarse, el lixiviado, producto del deshielo y de las inundaciones va a terminar directamente en el río Turbio y del Turbio al Gallegos, y todos los compuestos, metales pesados y elementos radiactivos van a terminar en las canillas de los riogalleguenses”, explicó.
D’Elía dijo que por eso, “la Asamblea Ambiental prepara un escrito pidiendo una acción de amparo a la Justicia Federal, para que detenga lo que nosotros llamamos un ecocidio, o destrucción de un ecosistema, anunciado por las propias autoridades”.
Recordó el dirigente ambiental que ya en 2008, en audiencia pública, la entidad explicó los motivos por los que considera que “esta usina era técnica, económica y ambientalmente inviable”.
D’Elía declinó ahondar en las cuestiones técnicas y económicas, que consideró, “hay gente capacitada para analizarlas”, en tanto remarcó, “nuestra gran preocupación es la cuestión ambiental, si esto se pone en marcha, y la afectación directa que no solamente vamos a tener los riogalleguenses”.
Regional. El dirigente aseguró que “esta preocupación por la afectación ambiental no es sólo por los riogalleguenses, sino por toda la Patagonia austral, tanto argentina como chilena, no solo por los desechos sólidos, sino también por las 24 mil toneladas diarias de gases tóxicos que va a emitir, un nivel seis veces mayor al de la pastera Botnia, que va a impactar sobre toda la región austral”.
D’Elía observó que “ya lo han anticipado las propias autoridades de la empresa constructora de la megausina, que los gases van a impactar hasta Ushuaia”, de donde legisladores nacionales han realizado pedidos de informes dirigidos al Ministerio de Planificación Federal.
Asimismo destacó la convicción que “el cono de impacto de esos gases, y sobre todo la lluvia ácida, afectará un extensísimo territorio, por la ubicación de la usina”, también oportunamente cuestionada por la entidad.
“Nosotros ya habíamos anticipado que era inviable ambientalmente, porque no había forma de disponer de una cantidad tan grande de cenizas”, dijo D’Elía refiriéndose al planteo que la Asamblea realiza desde 2008.
El referente advirtió que todavía, a ocho años, “se están tirando propuestas sobre el uso de las cenizas, que deberían industrializarse, no se sabe qué van a hacer”, y en este contexto expresó la preocupación por las manifestaciones de Mayoral, en respuesta a una publicación nacional que además puso en duda que la producción de carbón alcance para abastecerla.
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Córdoba le poné un límite a la soja
Los dólares de la soja hallan un límite ambiental en Córdoba
Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Córdoba
Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.
La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.
En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.
Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.
Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.
Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).
Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.
Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos. “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.
La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.
En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.
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Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Córdoba
Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.
La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.
En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.
Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.
Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.
Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).
Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.
Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos. “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.
La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.
En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.
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Arrancó la construcción de la central nuclear CAREM 25
Comenzó construcción del primer reactor de potencia 100% argentino
Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La primera fase de construcción estructural de la obra civil de la central nuclear CAREM 25, primer reactor de potencia desarrollado íntegramente en Argentina, se inició hoy en la localidad bonaerense de Lima.
Al respecto, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró que "hoy es un día histórico porque con este nacimiento del reactor Carem, que es diseño y tecnología nacionales, seguimos profundizando el desarrollo nuclear que reimpulsó Néstor Kirchner desde el 2003, luego de que el neoliberalismo casi lo desmantelara", consignó la cartera que conduce en un comunicado.
"El hito de hoy sigue el camino de la terminación de Atucha II, actualmente finalizando proceso de arranque, y la próxima extensión por 30 años de vida de la central Embalse, obras son posibles en el marco del modelo de crecimiento con inclusión social que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", añadió el funcionario nacional.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, aseguró que "hoy es un día muy importante y de mucha emoción porque se pone en marcha un proyecto que desde 1983 estaba pensado y sólo por la decisión estratégica de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, así como el fuerte impulso del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, de reactivar el sector nuclear, hoy nos colocamos a la vanguardia".
"Si bien existen otros proyectos de reactores similares en el mundo, este es el primero que se empieza a construir, lo cual es un orgullo no sólo para el sector nuclear si no para todos los argentinos", indicó la titular de la CNEA, quien encabezó el inicio del hormigonado del primer edificio del proyecto.
Para el CAREM 25, el Estado Nacional invertirá 3.500 millones de pesos, incluyendo toda la infraestructura necesaria para su desarrollo en los Centros Atómicos Bariloche, Constituyentes, Ezeiza, el Predio Lima y Sede Central, informó Planificación.
"Este ambicioso proyecto reafirma la capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares en el país, perfilando a la Argentina como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores de baja y media potencia, con un amplio horizonte para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o polos fabriles con alto consumo de energía", añadió la cartera que conduce De Vido en el comunicado de prensa.
Las centrales CAREM prevén que -al menos- el 70 por ciento de sus insumos, componentes y servicios vinculados sea provisto por empresas nacionales calificadas bajo los estándares internacionales de calidad supervisados por la CNEA.
Así, "el proyecto CAREM25 será también un dinamizador del sector industrial-tecnológico de punta en nuestro país", se destacó.
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Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La primera fase de construcción estructural de la obra civil de la central nuclear CAREM 25, primer reactor de potencia desarrollado íntegramente en Argentina, se inició hoy en la localidad bonaerense de Lima.
Al respecto, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró que "hoy es un día histórico porque con este nacimiento del reactor Carem, que es diseño y tecnología nacionales, seguimos profundizando el desarrollo nuclear que reimpulsó Néstor Kirchner desde el 2003, luego de que el neoliberalismo casi lo desmantelara", consignó la cartera que conduce en un comunicado.
"El hito de hoy sigue el camino de la terminación de Atucha II, actualmente finalizando proceso de arranque, y la próxima extensión por 30 años de vida de la central Embalse, obras son posibles en el marco del modelo de crecimiento con inclusión social que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", añadió el funcionario nacional.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, aseguró que "hoy es un día muy importante y de mucha emoción porque se pone en marcha un proyecto que desde 1983 estaba pensado y sólo por la decisión estratégica de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, así como el fuerte impulso del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, de reactivar el sector nuclear, hoy nos colocamos a la vanguardia".
"Si bien existen otros proyectos de reactores similares en el mundo, este es el primero que se empieza a construir, lo cual es un orgullo no sólo para el sector nuclear si no para todos los argentinos", indicó la titular de la CNEA, quien encabezó el inicio del hormigonado del primer edificio del proyecto.
Para el CAREM 25, el Estado Nacional invertirá 3.500 millones de pesos, incluyendo toda la infraestructura necesaria para su desarrollo en los Centros Atómicos Bariloche, Constituyentes, Ezeiza, el Predio Lima y Sede Central, informó Planificación.
"Este ambicioso proyecto reafirma la capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares en el país, perfilando a la Argentina como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores de baja y media potencia, con un amplio horizonte para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o polos fabriles con alto consumo de energía", añadió la cartera que conduce De Vido en el comunicado de prensa.
Las centrales CAREM prevén que -al menos- el 70 por ciento de sus insumos, componentes y servicios vinculados sea provisto por empresas nacionales calificadas bajo los estándares internacionales de calidad supervisados por la CNEA.
Así, "el proyecto CAREM25 será también un dinamizador del sector industrial-tecnológico de punta en nuestro país", se destacó.
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Arturo no puede viajar, se queda en Mendoza
El veredicto de los especialistas: Arturo se queda en Mendoza
Fecha de Publicación: 08/02/2014
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Así lo determinó la junta médica de especialistas. Dictaminaron que su estado de salud es bueno y que el traslado implicaría un riesgo de vida.
El oso Arturo, último polar que vive en cautiverio en Argentina y que habita en el Zoológico de Mendoza, no será trasladado a Canadá y seguirá en su recinto en suelo provincial.
Así lo comunicó ayer a la tarde una junta médica de especialistas que se reunió durante la jornada para analizar la posibilidad de su traslado a un zoo canadiense con mejores condiciones para su hábitat.
Los expertos aseguraron que Arturo está en buenas condiciones generales de salud y que los cuidados que tiene el oso cumplen su cometido. E indicaron que un virtual traslado pondría en riesgo la vida del animal, por lo que plantearon la necesidad de hacer un relevamiento diario de la temperatura del recinto donde habita el oso, entre otras medidas.
Al mismo tiempo, el Assiniboine Park Conservancy de Canadá, parque que iba a recibir a Arturo, emitió un comunicado luego de la reunión con la junta médica.
"En el día de hoy, los representantes del Assiniboine Park Conservancy (APC) participaron a través de Skype en una reunión con funcionarios del zoológico de Mendoza, en Argentina, para revisar el estado de un oso polar en sus instalaciones, de nombre Arturo", dice el texto.
"La reunión fue una buena oportunidad para continuar el diálogo sobre Arturo. Las discusiones no revelaron ninguna nueva información con respecto a la salud del oso polar, pero los representantes de APC confirmaron su disposición a proporcionar apoyo, donde nuestra experiencia puede ser de valor y reiteraron nuestra oferta de enviar un miembro de nuestro equipo veterinario a Mendoza en un futuro próximo para ayudar a evaluar su entorno existente y, de ser posible, proporcionar recomendaciones para las mejoras", agrega el comunicado.
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Fecha de Publicación: 08/02/2014
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Así lo determinó la junta médica de especialistas. Dictaminaron que su estado de salud es bueno y que el traslado implicaría un riesgo de vida.
El oso Arturo, último polar que vive en cautiverio en Argentina y que habita en el Zoológico de Mendoza, no será trasladado a Canadá y seguirá en su recinto en suelo provincial.
Así lo comunicó ayer a la tarde una junta médica de especialistas que se reunió durante la jornada para analizar la posibilidad de su traslado a un zoo canadiense con mejores condiciones para su hábitat.
Los expertos aseguraron que Arturo está en buenas condiciones generales de salud y que los cuidados que tiene el oso cumplen su cometido. E indicaron que un virtual traslado pondría en riesgo la vida del animal, por lo que plantearon la necesidad de hacer un relevamiento diario de la temperatura del recinto donde habita el oso, entre otras medidas.
Al mismo tiempo, el Assiniboine Park Conservancy de Canadá, parque que iba a recibir a Arturo, emitió un comunicado luego de la reunión con la junta médica.
"En el día de hoy, los representantes del Assiniboine Park Conservancy (APC) participaron a través de Skype en una reunión con funcionarios del zoológico de Mendoza, en Argentina, para revisar el estado de un oso polar en sus instalaciones, de nombre Arturo", dice el texto.
"La reunión fue una buena oportunidad para continuar el diálogo sobre Arturo. Las discusiones no revelaron ninguna nueva información con respecto a la salud del oso polar, pero los representantes de APC confirmaron su disposición a proporcionar apoyo, donde nuestra experiencia puede ser de valor y reiteraron nuestra oferta de enviar un miembro de nuestro equipo veterinario a Mendoza en un futuro próximo para ayudar a evaluar su entorno existente y, de ser posible, proporcionar recomendaciones para las mejoras", agrega el comunicado.
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9 de Oro desmonta ilegalmente en Salta
Greenpeace responde a 9 de Oro por desmonte ilegal en Salta
Fecha de Publicación: 08/02/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Molino Cañuelas S.A., la empresa fabricante de los bizcochos 9 de Oro, afirma que “el campo de 7.407 hectáreas ubicado en el Departamento de San Martín, Provincia de Salta fue adquirido en el año 2007”. Casualmente, ese año un millón y medio de argentinos reclamamos al Congreso Nacional que sancionara una ley que declare la emergencia forestal y frene los desmontes indiscriminados. Y lo conseguimos.
La empresa afirma que respeta “estrictamente lo establecido por la Ley Nacional de Bosques y normas provinciales complementarias”. Cabe advertir que la finca fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo, donde según el artículo 14 de la normativa nacional “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos”. A pesar de esto, el gobierno de Salta autorizó, a pedido de sus dueños, el cambio de zonificación de gran parte de la estancia para poder realizar el desmonte de 6.457 hectáreas, una extensión equivalente a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires.
Esto implica una clara violación a la Ley de Bosques y sus objetivos. Además, las normativas ambientales no deben ser modificadas si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad; lo cual está establecido en forma clara en la Ley General del Ambiente y por el Congreso Mundial de la Naturaleza. Una empresa o una persona no pueden decidir ajustarse a la norma más flexible para poder arrasar con las topadoras donde claramente no está permitido. La Ley de Bosques es una normativa nacional y está por encima de cualquier reglamentación provincial. Y hay que respetarla.
La empresa se autoincrimina al plantear que "sólo" desmontara "el 50% de la finca". El desmonte es un verdadero crimen ambiental y nadie que lo haga puede considerar seriamente que tiene “un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente”. Además, la deforestación de la misma afectará seriamente a las comunidades indígenas de la región, algo que también viola la normativa forestal nacional.
Frente a esta preocupante situación, que claramente viola la Ley de Bosques, exigimos la inmediata cancelación de los permisos otorgados ilegalmente por el gobierno de Salta y el respeto por la zonificación originalmente asignada en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
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Fecha de Publicación: 08/02/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Molino Cañuelas S.A., la empresa fabricante de los bizcochos 9 de Oro, afirma que “el campo de 7.407 hectáreas ubicado en el Departamento de San Martín, Provincia de Salta fue adquirido en el año 2007”. Casualmente, ese año un millón y medio de argentinos reclamamos al Congreso Nacional que sancionara una ley que declare la emergencia forestal y frene los desmontes indiscriminados. Y lo conseguimos.
La empresa afirma que respeta “estrictamente lo establecido por la Ley Nacional de Bosques y normas provinciales complementarias”. Cabe advertir que la finca fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo, donde según el artículo 14 de la normativa nacional “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos”. A pesar de esto, el gobierno de Salta autorizó, a pedido de sus dueños, el cambio de zonificación de gran parte de la estancia para poder realizar el desmonte de 6.457 hectáreas, una extensión equivalente a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires.
Esto implica una clara violación a la Ley de Bosques y sus objetivos. Además, las normativas ambientales no deben ser modificadas si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad; lo cual está establecido en forma clara en la Ley General del Ambiente y por el Congreso Mundial de la Naturaleza. Una empresa o una persona no pueden decidir ajustarse a la norma más flexible para poder arrasar con las topadoras donde claramente no está permitido. La Ley de Bosques es una normativa nacional y está por encima de cualquier reglamentación provincial. Y hay que respetarla.
La empresa se autoincrimina al plantear que "sólo" desmontara "el 50% de la finca". El desmonte es un verdadero crimen ambiental y nadie que lo haga puede considerar seriamente que tiene “un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente”. Además, la deforestación de la misma afectará seriamente a las comunidades indígenas de la región, algo que también viola la normativa forestal nacional.
Frente a esta preocupante situación, que claramente viola la Ley de Bosques, exigimos la inmediata cancelación de los permisos otorgados ilegalmente por el gobierno de Salta y el respeto por la zonificación originalmente asignada en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
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Misiones: tres focos de incendio forestales por día
Se ocupan de tres focos de incendio forestales por día
Fecha de Publicación: 07/02/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Según el Plan de Manejo del Fuego en varias zonas de Misiones y parte de Corrientes el fuego se propaga vorazmente por las intensas sequías. Prohíben las fogatas.
El Plan Provincial del Manejo del Fuego atiende un promedio de tres focos de incendios forestales por día en distintos puntos de la provincia y en el norte de Corrientes.
El intenso calor que azota a la región desde hace varias semanas provocó que se intensifique la sequía y elevó al máximo el índice de riesgo de incendios.
En la jornada del martes, los brigadistas de la zona sur, que tienen su base en Apóstoles, trabajaron en la zona de Bonpland, donde se quemaron 10 hectáreas de pino, y en Loreto, donde hubo incendios menores.
En Bonpland las pérdidas fueron muy grandes debido a que se tardó en dar el alerta.
“El incendio empezó al mediodía pero nos dieron el aviso a las 16, lo que hizo que se perdiera mucho tiempo y se extendiera el fuego”, explicó Rafael Yacovich, coordinador provincial del Plan del Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ecología.
“Nosotros estamos en alerta porque estamos en una situación extrema. Está totalmente prohibida la quema de pastizales o para trabajo. El avión vigía trabaja sin descanso y todos los días sale a ver la situación, mientras que el avión hidrante sale todos los días para controlar focos en Misiones o el norte de Corrientes, en la zona de Virasoro e Ituzaingó”, agregó el coordinador.
Además, los brigadistas de la zona Norte, con base en Eldorado, debieron atender nuevos focos en plantaciones de la empresa Alto Paraná, donde se quemaron más de 100 hectáreas y se calcula que las pérdidas fueron de un millón de pesos.
Los incendios en la zona Norte empezaron el lunes y estaban siendo controlados por las brigadas contra incendios de dicha empresa, con una vigilia permanente que ya lleva tres días. El siniestro que se había iniciado en cercanías del camping municipal Lago Uruguaí y el barrio rural Nueva Libertad, se propagó rápidamente en dirección sur, arrasando varias decenas de hectáreas de plantaciones de pino de cinco años de edad mayoritariamente.
Casi 100 hectáreas
Según voceros de la firma, “la estimación inicial de 50 hectáreas siniestradas se vio superada ampliamente luego del conteo final. Estamos en condiciones de informar que finalmente la superficie de plantaciones quemadas fue de 100 hectáreas”.
De acuerdo a estimaciones realizadas por profesionales del rubro, a razón de poco más de 10.000 pesos la hectárea de pinos de cinco y más años de edad, el perjuicio económico supera el millón de pesos. A esto hay que agregar el daño ambiental en cuanto a la quema de las fajas ecológicas y los bosques protectores de los cursos de agua, con todo lo que ello significa.
También se supo en cuanto al incendio en sí, que tres fueron los focos en distintos lugares, el tercero al anochecer, del mismo lunes cuando ya el fuego estaba controlado.
En esta circunstancia y ante la creciente ola de calor y la sequía imperante en la región, desde la empresa, los municipios y los cuarteles de bomberos voluntarios de la zona, a través de los distintos medios de comunicación, se viene llamando a la responsabilidad de los vecinos, extremando las medidas de manejo del fuego. “Está prohibido todo tipo quema”, enfatizaron.
Muchas quemas urbanas
Por su parte, lo Bomberos de la Policía de Misiones tienen entre tres y cuatro salidas diarias para sofocar incendios de pastizales en las zonas urbanas.
La mayoría de las salidas que realizan los bomberos de la zona capital son por los incendios provocados por vecinos, incendios que después se descontrolan ante el intenso calor. Ayer fue necesario atender varios focos en la zona de San Isidro. Los bomberos también recordaron que está prohibida toda quema.
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Fecha de Publicación: 07/02/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Según el Plan de Manejo del Fuego en varias zonas de Misiones y parte de Corrientes el fuego se propaga vorazmente por las intensas sequías. Prohíben las fogatas.
El Plan Provincial del Manejo del Fuego atiende un promedio de tres focos de incendios forestales por día en distintos puntos de la provincia y en el norte de Corrientes.
El intenso calor que azota a la región desde hace varias semanas provocó que se intensifique la sequía y elevó al máximo el índice de riesgo de incendios.
En la jornada del martes, los brigadistas de la zona sur, que tienen su base en Apóstoles, trabajaron en la zona de Bonpland, donde se quemaron 10 hectáreas de pino, y en Loreto, donde hubo incendios menores.
En Bonpland las pérdidas fueron muy grandes debido a que se tardó en dar el alerta.
“El incendio empezó al mediodía pero nos dieron el aviso a las 16, lo que hizo que se perdiera mucho tiempo y se extendiera el fuego”, explicó Rafael Yacovich, coordinador provincial del Plan del Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ecología.
“Nosotros estamos en alerta porque estamos en una situación extrema. Está totalmente prohibida la quema de pastizales o para trabajo. El avión vigía trabaja sin descanso y todos los días sale a ver la situación, mientras que el avión hidrante sale todos los días para controlar focos en Misiones o el norte de Corrientes, en la zona de Virasoro e Ituzaingó”, agregó el coordinador.
Además, los brigadistas de la zona Norte, con base en Eldorado, debieron atender nuevos focos en plantaciones de la empresa Alto Paraná, donde se quemaron más de 100 hectáreas y se calcula que las pérdidas fueron de un millón de pesos.
Los incendios en la zona Norte empezaron el lunes y estaban siendo controlados por las brigadas contra incendios de dicha empresa, con una vigilia permanente que ya lleva tres días. El siniestro que se había iniciado en cercanías del camping municipal Lago Uruguaí y el barrio rural Nueva Libertad, se propagó rápidamente en dirección sur, arrasando varias decenas de hectáreas de plantaciones de pino de cinco años de edad mayoritariamente.
Casi 100 hectáreas
Según voceros de la firma, “la estimación inicial de 50 hectáreas siniestradas se vio superada ampliamente luego del conteo final. Estamos en condiciones de informar que finalmente la superficie de plantaciones quemadas fue de 100 hectáreas”.
De acuerdo a estimaciones realizadas por profesionales del rubro, a razón de poco más de 10.000 pesos la hectárea de pinos de cinco y más años de edad, el perjuicio económico supera el millón de pesos. A esto hay que agregar el daño ambiental en cuanto a la quema de las fajas ecológicas y los bosques protectores de los cursos de agua, con todo lo que ello significa.
También se supo en cuanto al incendio en sí, que tres fueron los focos en distintos lugares, el tercero al anochecer, del mismo lunes cuando ya el fuego estaba controlado.
En esta circunstancia y ante la creciente ola de calor y la sequía imperante en la región, desde la empresa, los municipios y los cuarteles de bomberos voluntarios de la zona, a través de los distintos medios de comunicación, se viene llamando a la responsabilidad de los vecinos, extremando las medidas de manejo del fuego. “Está prohibido todo tipo quema”, enfatizaron.
Muchas quemas urbanas
Por su parte, lo Bomberos de la Policía de Misiones tienen entre tres y cuatro salidas diarias para sofocar incendios de pastizales en las zonas urbanas.
La mayoría de las salidas que realizan los bomberos de la zona capital son por los incendios provocados por vecinos, incendios que después se descontrolan ante el intenso calor. Ayer fue necesario atender varios focos en la zona de San Isidro. Los bomberos también recordaron que está prohibida toda quema.
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Acumar no informa
Acumar no da cuenta de sus acciones
Fecha de Publicación: 07/02/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
No informa sobre los avances del plan para sanear el Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) no responde. Desde que el año pasado el Poder Ejecutivo Nacional cambió su estructura, poco se sabe de sus acciones y el avance del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
No hay respuesta en la Acumar sobre las acciones que emprende y, de un tiempo a esta parte, ni siquiera están publicadas las actas de deliberación del cuerpo.
El decreto 2104/2013 publicado el 12 de diciembre pasado en el Boletín Oficial designó nuevo presidente de la Acumar a Marcelo Gustavo Cufré, quien fue presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda en la provincia de Santa Cruz hasta 2008. Luego trabajó junto con el ministro Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal de la Nación.
El decreto que contiene el nombramiento de Cufré determinó, además, que el organismo presidido por el hombre de De Vido no dependerá más de la Secretaría de Ambiente de la Nación y que contará con ocho miembros: tres representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos delegados de la provincia de Buenos Aires y otros dos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, además del presidente, claro está.
El nuevo responsable máximo de Acumar tiene rango y jerarquía de secretario de Estado y es designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Entre los considerandos el decreto expresa que el cambio obedece a "razones operativas y con el fin de perfeccionar el uso de los recursos públicos incrementando la calidad de la acción estatal, y considerando la importancia de los cometidos asignados a la Acumar, como ente de derecho público interjurisdiccional".
Cabe recordar que la Acumar deberá manejar un préstamo del Banco Mundial de 840 millones de dólares destinado a la construcción de un colector cloacal.
En las últimas semanas, además, trascendió que los movimientos dentro de la estructura orgánica de la Acumar no se habrían agotado en la presidencia del ente. Las segundas líneas habrían quedado, además, en manos de representantes de La Cámpora. Sin embargo, no hubo confirmación oficial -ni desmentida- de estos supuestos cambios.
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Fecha de Publicación: 07/02/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
No informa sobre los avances del plan para sanear el Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) no responde. Desde que el año pasado el Poder Ejecutivo Nacional cambió su estructura, poco se sabe de sus acciones y el avance del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
No hay respuesta en la Acumar sobre las acciones que emprende y, de un tiempo a esta parte, ni siquiera están publicadas las actas de deliberación del cuerpo.
El decreto 2104/2013 publicado el 12 de diciembre pasado en el Boletín Oficial designó nuevo presidente de la Acumar a Marcelo Gustavo Cufré, quien fue presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda en la provincia de Santa Cruz hasta 2008. Luego trabajó junto con el ministro Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal de la Nación.
El decreto que contiene el nombramiento de Cufré determinó, además, que el organismo presidido por el hombre de De Vido no dependerá más de la Secretaría de Ambiente de la Nación y que contará con ocho miembros: tres representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos delegados de la provincia de Buenos Aires y otros dos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, además del presidente, claro está.
El nuevo responsable máximo de Acumar tiene rango y jerarquía de secretario de Estado y es designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Entre los considerandos el decreto expresa que el cambio obedece a "razones operativas y con el fin de perfeccionar el uso de los recursos públicos incrementando la calidad de la acción estatal, y considerando la importancia de los cometidos asignados a la Acumar, como ente de derecho público interjurisdiccional".
Cabe recordar que la Acumar deberá manejar un préstamo del Banco Mundial de 840 millones de dólares destinado a la construcción de un colector cloacal.
En las últimas semanas, además, trascendió que los movimientos dentro de la estructura orgánica de la Acumar no se habrían agotado en la presidencia del ente. Las segundas líneas habrían quedado, además, en manos de representantes de La Cámpora. Sin embargo, no hubo confirmación oficial -ni desmentida- de estos supuestos cambios.
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Bizcochos 9 de Oro deforestadores
Greenpeace denunció que Bizcochos 9 de Oro pretende desmontar ilegalmente en Salta
Fecha de Publicación: 07/02/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Salta
La organización ambientalista realizó protestas en la puerta de supermercados de Rosario y Córdoba, para pedir a la compañía que desista de deforestar ilegalmente la finca que tiene en Salta.
La organización ambientalista Greenpeace denunció que los propietarios de la empresa que produce los Bizcochos 9 de Oro, pretenden desmontar más de seis mil hectáreas de bosques salteños protegidos por la Ley de Bosques.
Esta mañana Greenpeace realizó protestas en la puerta de supermercados de Rosario y Córdoba, para pedir a la compañía que desista de deforestar ilegalmente la finca que tiene en Salta. Activistas de la organización se disfrazaron de paquetes de bizcochos con motosierras en la mano y desplegaron carteles con la leyenda “Bizcochos 9 de Oro: No desmontes Salta”, para alertar a los consumidores de la conducta de la empresa.
La estancia, denominada “El Carmen”, tiene 7.407 hectáreas. Es propiedad de Aldo Adriano Navilli y sus hijos, dueños también de Molino Cañuelas, fabricantes de los bizcochos. El predio a desmontar se ubica cerca de la ciudad de Embarcación, en Salta y está protegido por la Ley. Sin embargo, a solicitud de sus dueños, el gobierno provincial autorizó el cambio de zonificación para que puedan ser desmontadas 6.457 hectáreas, una extensión equivalente a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires.
“El gobierno de Urtubey está autorizando desmontes en zonas protegidas por la Ley a pedido de los grandes terratenientes, como los dueños de Bizcochos 9 de Oro. Reclamamos a la empresa que no desmonte donde la Ley de Bosques no lo permite”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La deforestación de la finca afectará seriamente a las comunidades indígenas de la región, que vienen denunciando el aumento de los desmontes en sus territorios a pesar de la Ley de Bosques.
“Desde su sanción, en Salta se desmontaron más de 350 mil hectáreas, de las cuales 100 mil eran zonas donde estaba prohibido”, finalizó Giardini.
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Fecha de Publicación: 07/02/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Salta
La organización ambientalista realizó protestas en la puerta de supermercados de Rosario y Córdoba, para pedir a la compañía que desista de deforestar ilegalmente la finca que tiene en Salta.
La organización ambientalista Greenpeace denunció que los propietarios de la empresa que produce los Bizcochos 9 de Oro, pretenden desmontar más de seis mil hectáreas de bosques salteños protegidos por la Ley de Bosques.
Esta mañana Greenpeace realizó protestas en la puerta de supermercados de Rosario y Córdoba, para pedir a la compañía que desista de deforestar ilegalmente la finca que tiene en Salta. Activistas de la organización se disfrazaron de paquetes de bizcochos con motosierras en la mano y desplegaron carteles con la leyenda “Bizcochos 9 de Oro: No desmontes Salta”, para alertar a los consumidores de la conducta de la empresa.
La estancia, denominada “El Carmen”, tiene 7.407 hectáreas. Es propiedad de Aldo Adriano Navilli y sus hijos, dueños también de Molino Cañuelas, fabricantes de los bizcochos. El predio a desmontar se ubica cerca de la ciudad de Embarcación, en Salta y está protegido por la Ley. Sin embargo, a solicitud de sus dueños, el gobierno provincial autorizó el cambio de zonificación para que puedan ser desmontadas 6.457 hectáreas, una extensión equivalente a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires.
“El gobierno de Urtubey está autorizando desmontes en zonas protegidas por la Ley a pedido de los grandes terratenientes, como los dueños de Bizcochos 9 de Oro. Reclamamos a la empresa que no desmonte donde la Ley de Bosques no lo permite”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La deforestación de la finca afectará seriamente a las comunidades indígenas de la región, que vienen denunciando el aumento de los desmontes en sus territorios a pesar de la Ley de Bosques.
“Desde su sanción, en Salta se desmontaron más de 350 mil hectáreas, de las cuales 100 mil eran zonas donde estaba prohibido”, finalizó Giardini.
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