Mendoza: también pidieron por el Atuel a La Pampa
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Asamblea del Agua de Mendoza pidió «restituir» el Atuel a La Pampa
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
El agua de Mendoza no se negocia
Sí al Área Protegida Uspallata-Polvaredas
Mendoza Libre de Fracking
Soberanía Alimentaria
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Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
El agua de Mendoza no se negocia
Sí al Área Protegida Uspallata-Polvaredas
Mendoza Libre de Fracking
Soberanía Alimentaria
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Procesamiento a Ex funcionario de Mercado de Liniers
Ex presidente del Mercado de Liniers procesado por tirar efluentes al Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
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Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
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Una expedición a la Antártida para entender el CC
Cambio climático: crónica de la expedición a la Antártida que busca cambiar el futuro del planeta
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Diario de viaje de 100 mujeres científicas que se proponen hacerle frente a las consecuencias del cambio climático.
Hace poco más de 3 semanas, desde Ushuaia, anticipaba para TN.com.ar la expedición de mujeres a la Antártida más grande de la historia. Este viaje se llevó a cabo de la mano de Homeward Bound, un programa internacional de liderazgo y empoderamiento para mujeres en el ámbito científico que tiene como objetivo formar líderes frente a la crisis climática y crear un futuro más sustentable para todos.
La experiencia de esa travesía me enseñó a conectarme con el medio ambiente desde un lugar mucho más personal. En el contexto de la incansable lucha de la adolescente Greta Thunberg, entendimos que estamos frente a un cambio de paradigma en nuestros actuales modelos de liderazgo. Cien mujeres salimos de nuestra zona de confort y nos pusimos en acción frente a la crisis climática. Este es el resumen de un gran desafío que nos llevó al continente blanco y nos transformó para siempre.
La expedición a la Antártida, paso a paso
En la nota anterior, describía como es la vida a bordo del barco, los lugares que visitamos en la península antártica y las actividades que estuvimos llevando a cabo. A medida que transcurrían los días, el programa se volvía cada vez más intenso, las conversaciones más profundas y nuestra conexión con la causa de la emergencia climática cada vez más fuerte.
Una de las actividades en el barco fue el llamado “Simposio en altamar” donde cada una de las 100 mujeres presentó su historia personal y profesional que la llevó a embarcarse en este proyecto sin precedentes. Las presentaciones abrieron un nuevo diálogo y colaboraciones hacia un objetivo común.
Hacia el final del viaje, tuvimos la posibilidad de visitar la base argentina Carlini y la base china La Gran Muralla, y de hablar con los científicos e intercambiar opiniones y conocimientos. Como argentina, me sentí muy orgullosa de la hospitalidad y excelente predisposición de los científicos. La investigación que se lleva a cabo allí (así como en otras bases argentinas) es poco conocida para el público general, pero es de gran importancia no solo para los ecosistemas antárticos, sino para todo el mundo.
Lamentablemente la presencia femenina en la base aún es mínima, pero las mujeres cada vez tienen más posibilidades y de a poco van ocupando posiciones de liderazgo, aún en tareas antiguamente consideradas masculinas como invernar en la Antártida. Es así como en invierno 2020, Jazmín Fogel, bioquímica argentina de la Universidad Nacional de La Plata, será la jefa científica de la Base Carlini y la responsable de las actividades científico-técnicas durante otoño e invierno.
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Diario de viaje de 100 mujeres científicas que se proponen hacerle frente a las consecuencias del cambio climático.
Hace poco más de 3 semanas, desde Ushuaia, anticipaba para TN.com.ar la expedición de mujeres a la Antártida más grande de la historia. Este viaje se llevó a cabo de la mano de Homeward Bound, un programa internacional de liderazgo y empoderamiento para mujeres en el ámbito científico que tiene como objetivo formar líderes frente a la crisis climática y crear un futuro más sustentable para todos.
La experiencia de esa travesía me enseñó a conectarme con el medio ambiente desde un lugar mucho más personal. En el contexto de la incansable lucha de la adolescente Greta Thunberg, entendimos que estamos frente a un cambio de paradigma en nuestros actuales modelos de liderazgo. Cien mujeres salimos de nuestra zona de confort y nos pusimos en acción frente a la crisis climática. Este es el resumen de un gran desafío que nos llevó al continente blanco y nos transformó para siempre.
La expedición a la Antártida, paso a paso
En la nota anterior, describía como es la vida a bordo del barco, los lugares que visitamos en la península antártica y las actividades que estuvimos llevando a cabo. A medida que transcurrían los días, el programa se volvía cada vez más intenso, las conversaciones más profundas y nuestra conexión con la causa de la emergencia climática cada vez más fuerte.
Una de las actividades en el barco fue el llamado “Simposio en altamar” donde cada una de las 100 mujeres presentó su historia personal y profesional que la llevó a embarcarse en este proyecto sin precedentes. Las presentaciones abrieron un nuevo diálogo y colaboraciones hacia un objetivo común.
Hacia el final del viaje, tuvimos la posibilidad de visitar la base argentina Carlini y la base china La Gran Muralla, y de hablar con los científicos e intercambiar opiniones y conocimientos. Como argentina, me sentí muy orgullosa de la hospitalidad y excelente predisposición de los científicos. La investigación que se lleva a cabo allí (así como en otras bases argentinas) es poco conocida para el público general, pero es de gran importancia no solo para los ecosistemas antárticos, sino para todo el mundo.
Lamentablemente la presencia femenina en la base aún es mínima, pero las mujeres cada vez tienen más posibilidades y de a poco van ocupando posiciones de liderazgo, aún en tareas antiguamente consideradas masculinas como invernar en la Antártida. Es así como en invierno 2020, Jazmín Fogel, bioquímica argentina de la Universidad Nacional de La Plata, será la jefa científica de la Base Carlini y la responsable de las actividades científico-técnicas durante otoño e invierno.
Mendoza ahora enfocada en otros extractivismos
El Gobierno apuesta al petróleo tras el revés con la minería
Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para dinamizar los procesos de exploración en la provincia, las áreas tendrán terrenos más chicos y plazos más cortos
El gobierno provincial se ha fijado la meta de licitar al menos seis áreas petroleras, de un total de una docena en carpeta, en el primer semestre de 2020. Se trata de terrenos de menor extensión de la acostumbrada, lo que permite que la inversión sea inferior, los plazos de exploración y prospección más acotados, y la recuperación de lo invertido más rápida. En esta línea, ProMendoza empezará a trabajar también como una agencia de atracción de inversiones externas hidrocarburos, energías renovables e hidroeléctricas.
Es que con la minería fuera del esquema, el gobierno debe buscar otras alternativas para generar empleo y dinamizar la economía de Mendoza. Cabe recordar que entre 2013 y 2018, la economía provincial se redujo un 3,6%, principalmente de la mano de una retracción de la industria manufacturera, que cayó un 24,2% en esos cinco años (y representa el 14% del Producto Bruto Geográfico). También tuvieron importantes bajas la producción agropecuaria (-14,4%) y el rubro comercio, restaurantes y hoteles (-10,2%).
Dentro de la industria, la refinación de petróleo registró un descenso de 10% entre 2013 y 2018. Aún más, de enero a setiembre de 2019, las tres principales petroleras en la provincia presentaron una caída de 8% en la producción de crudo y acumulan 12 meses consecutivos de descenso.
La clave para poder frenar esta reducción, para el gobierno provincial, es licitar nuevos pozos. Pero como la producción no convencional está subsidiada desde hace casi una década, la tradicional ha ido perdiendo inversiones. De ahí que se haya optado por algunas explotaciones no convencionales -con la regulación del fracking- y también por que las futuras licitaciones sean por un plazo de explotación más reducido, las áreas de menor extensión de terreno y los plazos para las etapas previas a la producción más acotados.
Con este nuevo esquema, el gobierno provincial se ha fijado una “mínima” de licitar seis áreas petroleras antes de que termine el primer semestre. Esto, con la labor asociada de ProMendoza, que ya no sólo promoverá la exportación de productos sino que funcionará como una agencia en búsqueda de inversiones foráneas en sectores que se consideran claves: hidrocarburos, energías renovables e hidroeléctricas.
También, tal como confirmó a Los Andes, el secretario de ambiente de la provincia, Humberto Mingorance, hay en estudio tres áreas petroleras para el desarrollo de fracking, que se sumarían este año al desarrollo realizado en Puesto Rojas.
Dónde enfocarse
La falta de empleo en Mendoza es un problema que recrudecido en los últimos doce meses. Según datos del Indec, la desocupación en la provincia llega al 8,6% en el tercer trimestre de 2019, lo que significa un incremento de 2,2 puntos por encima del mismo período de 2018. Esto implica que hay 42 mil mendocinos que buscan trabajo sin encontrarlo (13.300 personas más que en 2018). Por lo que se buscan otras alternativas, así desde el Ministerio de Economía mencionan la puesta en marcha de Portezuelo del Viento como un dinamizador de la mano de obra, para lo cual ya se ofrecen capacitaciones.
Los otros jugadores
Facundo Biffi, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía, explicó que en el presupuesto que se comienza a tratar en comisiones hoy, están incluidas las líneas de trabajo con agricultura, ganadería, industria, comercio y que, a diferencia de estos sectores, la minería no requería acompañamiento del Estado. El financiamiento para los primeros apunta a ayudarlos a dar un salto en la competitividad y que, en el mediano plazo, ya no dependan del apoyo estatal.
Biffi mencionó también la industria basada en el conocimiento, con una importante demanda de mano de obra y un salario promedio por encima de la media. En este sentido, se está pensando en generar nuevos polos TIC en las diversas zonas de la provincia.
El funcionario indicó que se está abordando los distintos componentes de la matriz productiva existente, pero sin abandonar la intención de ampliarla. Y añadió que, por más que algunas experiencias no hayan funcionado en otros lugares, no quiere decir que no puedan funcionar en Mendoza. Aclaró que esto no sólo se refiere a la minería, sino también al banco provincial. Según explicó el ministro de Economía el banco no necesariamente tiene que ser público, pero debe canaliza la mayor parte de los ahorros.
Turismo y construcción, otra opción
Fernando Barbera, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), planteó que la matriz productiva de Mendoza se puede ampliar y no sólo con la minería; aunque esto no implica para él excluirla, sino generar un amplio diálogo de dónde se puede realizar y qué tipo.
Barbera indicó que el turismo es una industria de mano de obra intensiva y con la capacidad de generar puestos de trabajo en diversos lugares de la provincia, incluido el campo. Y añadió que puede incorporar en la cadena de valor de la gastronomía a los pequeños productores de hortalizas.
Señaló que en los ‘70 había mayor número de turistas en alta montaña y que hoy son muchas las cosas que se puede hacer para desarrollar su potencial, desde Malargüe a Las Cuevas. Sin embargo, para ello se necesita de políticas públicas de financiamiento o beneficios impositivos, como tienen otras actividades, y de infraestructura. El titular de Aehga también señaló que la industria del conocimiento puede generar mucho trabajo, pero es necesaria capacitación.
Por su parte, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), señaló que ligar el desarrollo de la megaminería metalífera, a la matriz productiva de la provincia y dar entender que es la única salvación es un equívoco. Y enumeró: “informática, comercio, turismo, metalmecánica, agricultura, vitivinicultura y construcción como actividades con capacidad de generar trabajo y disminuir la pobreza”.
El empresario indicó que en la mesa ejecutiva de UCIM analizaron el papel clave de las obras públicas en el empleo formal y el efecto derrame de un incremento de la capacidad de consumo de esas familias en otros sectores de la economía. Pero también mencionó en el mismo sentido a Portezuelo del Viento y la posibilidad de que diversas pymes mendocinas participen de modo directo e indirecto en las obras. Asimismo, manifestó que el turismo receptivo genera una población flotante que consume durante su estadía y que aún se puede avanzar en la promoción de los diversos atractivos en el país.
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Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para dinamizar los procesos de exploración en la provincia, las áreas tendrán terrenos más chicos y plazos más cortos
El gobierno provincial se ha fijado la meta de licitar al menos seis áreas petroleras, de un total de una docena en carpeta, en el primer semestre de 2020. Se trata de terrenos de menor extensión de la acostumbrada, lo que permite que la inversión sea inferior, los plazos de exploración y prospección más acotados, y la recuperación de lo invertido más rápida. En esta línea, ProMendoza empezará a trabajar también como una agencia de atracción de inversiones externas hidrocarburos, energías renovables e hidroeléctricas.
Es que con la minería fuera del esquema, el gobierno debe buscar otras alternativas para generar empleo y dinamizar la economía de Mendoza. Cabe recordar que entre 2013 y 2018, la economía provincial se redujo un 3,6%, principalmente de la mano de una retracción de la industria manufacturera, que cayó un 24,2% en esos cinco años (y representa el 14% del Producto Bruto Geográfico). También tuvieron importantes bajas la producción agropecuaria (-14,4%) y el rubro comercio, restaurantes y hoteles (-10,2%).
Dentro de la industria, la refinación de petróleo registró un descenso de 10% entre 2013 y 2018. Aún más, de enero a setiembre de 2019, las tres principales petroleras en la provincia presentaron una caída de 8% en la producción de crudo y acumulan 12 meses consecutivos de descenso.
La clave para poder frenar esta reducción, para el gobierno provincial, es licitar nuevos pozos. Pero como la producción no convencional está subsidiada desde hace casi una década, la tradicional ha ido perdiendo inversiones. De ahí que se haya optado por algunas explotaciones no convencionales -con la regulación del fracking- y también por que las futuras licitaciones sean por un plazo de explotación más reducido, las áreas de menor extensión de terreno y los plazos para las etapas previas a la producción más acotados.
Con este nuevo esquema, el gobierno provincial se ha fijado una “mínima” de licitar seis áreas petroleras antes de que termine el primer semestre. Esto, con la labor asociada de ProMendoza, que ya no sólo promoverá la exportación de productos sino que funcionará como una agencia en búsqueda de inversiones foráneas en sectores que se consideran claves: hidrocarburos, energías renovables e hidroeléctricas.
También, tal como confirmó a Los Andes, el secretario de ambiente de la provincia, Humberto Mingorance, hay en estudio tres áreas petroleras para el desarrollo de fracking, que se sumarían este año al desarrollo realizado en Puesto Rojas.
Dónde enfocarse
La falta de empleo en Mendoza es un problema que recrudecido en los últimos doce meses. Según datos del Indec, la desocupación en la provincia llega al 8,6% en el tercer trimestre de 2019, lo que significa un incremento de 2,2 puntos por encima del mismo período de 2018. Esto implica que hay 42 mil mendocinos que buscan trabajo sin encontrarlo (13.300 personas más que en 2018). Por lo que se buscan otras alternativas, así desde el Ministerio de Economía mencionan la puesta en marcha de Portezuelo del Viento como un dinamizador de la mano de obra, para lo cual ya se ofrecen capacitaciones.
Los otros jugadores
Facundo Biffi, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía, explicó que en el presupuesto que se comienza a tratar en comisiones hoy, están incluidas las líneas de trabajo con agricultura, ganadería, industria, comercio y que, a diferencia de estos sectores, la minería no requería acompañamiento del Estado. El financiamiento para los primeros apunta a ayudarlos a dar un salto en la competitividad y que, en el mediano plazo, ya no dependan del apoyo estatal.
Biffi mencionó también la industria basada en el conocimiento, con una importante demanda de mano de obra y un salario promedio por encima de la media. En este sentido, se está pensando en generar nuevos polos TIC en las diversas zonas de la provincia.
El funcionario indicó que se está abordando los distintos componentes de la matriz productiva existente, pero sin abandonar la intención de ampliarla. Y añadió que, por más que algunas experiencias no hayan funcionado en otros lugares, no quiere decir que no puedan funcionar en Mendoza. Aclaró que esto no sólo se refiere a la minería, sino también al banco provincial. Según explicó el ministro de Economía el banco no necesariamente tiene que ser público, pero debe canaliza la mayor parte de los ahorros.
Turismo y construcción, otra opción
Fernando Barbera, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), planteó que la matriz productiva de Mendoza se puede ampliar y no sólo con la minería; aunque esto no implica para él excluirla, sino generar un amplio diálogo de dónde se puede realizar y qué tipo.
Barbera indicó que el turismo es una industria de mano de obra intensiva y con la capacidad de generar puestos de trabajo en diversos lugares de la provincia, incluido el campo. Y añadió que puede incorporar en la cadena de valor de la gastronomía a los pequeños productores de hortalizas.
Señaló que en los ‘70 había mayor número de turistas en alta montaña y que hoy son muchas las cosas que se puede hacer para desarrollar su potencial, desde Malargüe a Las Cuevas. Sin embargo, para ello se necesita de políticas públicas de financiamiento o beneficios impositivos, como tienen otras actividades, y de infraestructura. El titular de Aehga también señaló que la industria del conocimiento puede generar mucho trabajo, pero es necesaria capacitación.
Por su parte, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), señaló que ligar el desarrollo de la megaminería metalífera, a la matriz productiva de la provincia y dar entender que es la única salvación es un equívoco. Y enumeró: “informática, comercio, turismo, metalmecánica, agricultura, vitivinicultura y construcción como actividades con capacidad de generar trabajo y disminuir la pobreza”.
El empresario indicó que en la mesa ejecutiva de UCIM analizaron el papel clave de las obras públicas en el empleo formal y el efecto derrame de un incremento de la capacidad de consumo de esas familias en otros sectores de la economía. Pero también mencionó en el mismo sentido a Portezuelo del Viento y la posibilidad de que diversas pymes mendocinas participen de modo directo e indirecto en las obras. Asimismo, manifestó que el turismo receptivo genera una población flotante que consume durante su estadía y que aún se puede avanzar en la promoción de los diversos atractivos en el país.
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Ley de envases: normativa pendiente en nuestro país
Ley de envases, una deuda pendiente para lidiar con los residuos plásticos
Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina se producen aproximadamente 927.000 toneladas de envases plásticos al año. De ese total el 26% se recicla y el resto va a los rellenos sanitarios o basurales del país. Esto genera contaminación y, además, hace que la industria del reciclado funcione solo al 50%, cuando podría representar una fuente de trabajo para miles de personas.
En Europa esta problemática se solucionó con una Ley de Responsabilidad Extendida al productor, que en el plano local intentaron promulgarla bajo el nombre de Ley de Envases. Esta reglamentación hace que los fabricantes de productos que usan envases plásticos se hagan cargo de la gestión de esos residuos, algo que en la Argentina aún está lejos de suceder ya que los distintos proyectos de ley quedaron truncos. Como el Estado se hace cargo de los residuos, para las empresas es más económico volver a producirlos que armar un circuito de reciclado.
"Existen varios motivos vinculados a la demora de más de 25 años por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo para impulsar la Ley de Envases. Uno de ellos es la falta de sensibilidad de quienes ocupan los altos cargos por los distintos problemas ambientales. Es habitual que las políticas nacionales en esta materia la toman funcionarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, que poco conocen de la grave situación en las provincias, donde hay basurales a cielo abierto en cada una de ellas, y menos aún conocen lo que sucede en los municipios. Hay un abandono generalizado en esta materia y esto involucra a todos los partidos políticos", dijo Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Hilbrecht también apunta a la "permeabilidad" de los funcionarios estatales a presiones por parte del sector envasador: "El poder de lobby de este sector es enorme, constante y persistente en el tiempo. Con distintas excusas recorren los pasillos del Poder Ejecutivo alertando que una ley de esta naturaleza amenaza las finanzas de sus compañías y que la economía informal quedará fuera de la obligación de cumplir con el pago de la suma monetaria que determine la ley. Todos estos son argumentos falsos y que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente".
Otro aspecto que señala el funcionario es la falta de formación profesional o antecedentes en la materia de quienes asumen en las cartera de medio ambiente, aduce que, por lo general, son cargos que se asignan políticamente como prenda de cambio de las distintas coaliciones de gobierno de turno.
En España, por ejemplo, la sanción de una Ley de Envases dio lugar a Ecoembes, la entidad que asume los costos asociados a la recolección y selección de los residuos de envases domiciliarios. Las cifras muestran el colosal negocio y oportunidad para el mercado laboral que representa un organismo de estas características. En 2018 Ecoembes facturó 494 millones de euros, reciclaron el 80% de los envases de cartón y papel y el 75.8% de los envases de plástico y se generaron 42.600 trabajos formales relacionados la actividad del reciclado.
En la Argentina, por la falta de una ley, las empresas que colocan este tipo de envases en el mercado no se hacen cargo de ellos, como si sucede en los países donde están ubicadas sus casas matrices. "Saben que en otros países deben aportar para gestionar los residuos y colaborar con los municipios, que son los responsables de la basura. De hecho la ONU ya informó quienes son las empresas que más contaminan en el mundo. Digo contaminan porque en el contexto de una Ley de Envases (o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), se ha establecido que ´quien contamina paga´. Esta frase grafica claramente quien es el responsable de financiar y pagar por recuperar del medio ambiente todos los envases de todos los materiales una vez que el público consumió su contenido", dijo Hilbrecht.
"En países de Europa la solución fue el principio de responsabilidad extendida al productor, vigente desde hace más de 20 años, determina que las compañías envasadoras que distribuyen los envases en el mercado deben hacerse cargo de los costos y de la gestión de esos residuos. De esta forma, se ven, por un lado, estimulados a producir menos cantidades de envases y, por el otro, obligados a implementar sistemas de gestión de envases para su reutilización", explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, una entidad técnica que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos.
"Nuestro país tiene, sin dudas, una oportunidad única para implementar políticas y a la vez fomentar su desarrollo. En este marco, la posibilidad de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, debería aplicarse e interpretarse, entendiendo el deber de cada uno de los envasadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión la integral y/o su financiamiento, respecto de los envases puestos por ellos en el mercado local y sus respectivos residuos", agregó Ramos.
Uno de las empresas estatales que lidia con la enorme cantidad de residuos plásticos que terminan en el Río de la Plata o el Paraná, es Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según Pablo Fernández, director de agua de Aysa, los residuos plásticos que llegan a las rejas por las que fluye el agua que luego es potabilizada, son difíciles de introducir en el circuito de reciclado ya que se encuentran muy sucios y mezclados con otros materiales. "Los residuos son llevados por CEAMSE para su acondicionamiento y disposición final. Es por eso que es muy importante tomar conciencia de que el plástico que no se introduce inmediatamente en el circuito de reciclado, luego es muy difícil o costoso de recuperar cuando alcanza los ríos" expresó.
Según Mariana Carriquiriborde, directora de sustentabilidad de AySA, la cantidad de residuos que retienen las rejas ubicadas en el interior de las plantas es de aproximadamente 15 toneladas mensuales. De esa cantidad, se estima que una proporción del 20% está formada por componentes plásticos
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Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina se producen aproximadamente 927.000 toneladas de envases plásticos al año. De ese total el 26% se recicla y el resto va a los rellenos sanitarios o basurales del país. Esto genera contaminación y, además, hace que la industria del reciclado funcione solo al 50%, cuando podría representar una fuente de trabajo para miles de personas.
En Europa esta problemática se solucionó con una Ley de Responsabilidad Extendida al productor, que en el plano local intentaron promulgarla bajo el nombre de Ley de Envases. Esta reglamentación hace que los fabricantes de productos que usan envases plásticos se hagan cargo de la gestión de esos residuos, algo que en la Argentina aún está lejos de suceder ya que los distintos proyectos de ley quedaron truncos. Como el Estado se hace cargo de los residuos, para las empresas es más económico volver a producirlos que armar un circuito de reciclado.
"Existen varios motivos vinculados a la demora de más de 25 años por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo para impulsar la Ley de Envases. Uno de ellos es la falta de sensibilidad de quienes ocupan los altos cargos por los distintos problemas ambientales. Es habitual que las políticas nacionales en esta materia la toman funcionarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, que poco conocen de la grave situación en las provincias, donde hay basurales a cielo abierto en cada una de ellas, y menos aún conocen lo que sucede en los municipios. Hay un abandono generalizado en esta materia y esto involucra a todos los partidos políticos", dijo Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Hilbrecht también apunta a la "permeabilidad" de los funcionarios estatales a presiones por parte del sector envasador: "El poder de lobby de este sector es enorme, constante y persistente en el tiempo. Con distintas excusas recorren los pasillos del Poder Ejecutivo alertando que una ley de esta naturaleza amenaza las finanzas de sus compañías y que la economía informal quedará fuera de la obligación de cumplir con el pago de la suma monetaria que determine la ley. Todos estos son argumentos falsos y que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente".
Otro aspecto que señala el funcionario es la falta de formación profesional o antecedentes en la materia de quienes asumen en las cartera de medio ambiente, aduce que, por lo general, son cargos que se asignan políticamente como prenda de cambio de las distintas coaliciones de gobierno de turno.
En España, por ejemplo, la sanción de una Ley de Envases dio lugar a Ecoembes, la entidad que asume los costos asociados a la recolección y selección de los residuos de envases domiciliarios. Las cifras muestran el colosal negocio y oportunidad para el mercado laboral que representa un organismo de estas características. En 2018 Ecoembes facturó 494 millones de euros, reciclaron el 80% de los envases de cartón y papel y el 75.8% de los envases de plástico y se generaron 42.600 trabajos formales relacionados la actividad del reciclado.
En la Argentina, por la falta de una ley, las empresas que colocan este tipo de envases en el mercado no se hacen cargo de ellos, como si sucede en los países donde están ubicadas sus casas matrices. "Saben que en otros países deben aportar para gestionar los residuos y colaborar con los municipios, que son los responsables de la basura. De hecho la ONU ya informó quienes son las empresas que más contaminan en el mundo. Digo contaminan porque en el contexto de una Ley de Envases (o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), se ha establecido que ´quien contamina paga´. Esta frase grafica claramente quien es el responsable de financiar y pagar por recuperar del medio ambiente todos los envases de todos los materiales una vez que el público consumió su contenido", dijo Hilbrecht.
"En países de Europa la solución fue el principio de responsabilidad extendida al productor, vigente desde hace más de 20 años, determina que las compañías envasadoras que distribuyen los envases en el mercado deben hacerse cargo de los costos y de la gestión de esos residuos. De esta forma, se ven, por un lado, estimulados a producir menos cantidades de envases y, por el otro, obligados a implementar sistemas de gestión de envases para su reutilización", explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, una entidad técnica que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos.
"Nuestro país tiene, sin dudas, una oportunidad única para implementar políticas y a la vez fomentar su desarrollo. En este marco, la posibilidad de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, debería aplicarse e interpretarse, entendiendo el deber de cada uno de los envasadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión la integral y/o su financiamiento, respecto de los envases puestos por ellos en el mercado local y sus respectivos residuos", agregó Ramos.
Uno de las empresas estatales que lidia con la enorme cantidad de residuos plásticos que terminan en el Río de la Plata o el Paraná, es Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según Pablo Fernández, director de agua de Aysa, los residuos plásticos que llegan a las rejas por las que fluye el agua que luego es potabilizada, son difíciles de introducir en el circuito de reciclado ya que se encuentran muy sucios y mezclados con otros materiales. "Los residuos son llevados por CEAMSE para su acondicionamiento y disposición final. Es por eso que es muy importante tomar conciencia de que el plástico que no se introduce inmediatamente en el circuito de reciclado, luego es muy difícil o costoso de recuperar cuando alcanza los ríos" expresó.
Según Mariana Carriquiriborde, directora de sustentabilidad de AySA, la cantidad de residuos que retienen las rejas ubicadas en el interior de las plantas es de aproximadamente 15 toneladas mensuales. De esa cantidad, se estima que una proporción del 20% está formada por componentes plásticos
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Aerogeneradores adaptados para viviendas
Hacía aerogeneradores para YPF: los adaptó para viviendas
Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Enrique Casares produce esos equipos para las petroleras. Con la ley de Generación Distribuida, ahora la demanda es para instalaciones hogareñas.
Desde Comodoro Rivadavia, Enrique Casares fabrica y comercializa aerogeneradores de baja potencia para viviendas rurales. Elsus, como llamó a su emprendimiento, es el resultado de un problema que Casares tuvo que resolver con Tecnotrol, otra empresa que fundó hace 30 años y que brinda servicios de automatización, instrumentación y control de procesos para la industria petrolera. El inconveniente apareció a fines de los ’90 cuando le tocó trabajar en zonas donde la red de energía eléctrica no llegaba.
En aquella época, Casares utilizaba aerogeneradores importados para dotar de energía sus soluciones en pleno pozo petrolero, pero el negocio crujió tras la devaluación de 2002. Casares, quien ya había conseguido a YPF y PAE como clientes, apeló a su ingenio para salir del embrollo: desempolvó sus conocimientos de energía fotovoltaica que había aprendido 30 años antes, al finalizar la escuela secundaria, durante una pasantía en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Desde esa base, se puso a armar sus propios equipos para que las petroleras los utilizaran en la meseta patagónica.
El eco del boca en boca empezó a correr y al poco tiempo el sector del agro se sumó a la demanda de aerogeneradores, aquella solución que él había pensado para la industria petrolera. “Nuestros equipos están especialmente diseñados para soportar los fuertes vientos patagónicos; lo que en definitiva terminó siendo un valor diferencial respecto de los importados, que solían romperse fácilmente y cuestan un 30% más”, describe.
De aquella experiencia, y la promulgación de la nueva ley de Generación Distribuida, nació su nuevo emprendimiento, Elsus. La norma sancionada en 2017 y reglamentada a fines del año pasado, habilita a los particulares que generan energías renovables en sus propias casas a volcar los excedentes a la red troncal de distribución. Por primera vez en tres décadas, cuenta, Casares comenzó a recibir pedidos desde las ciudades, por parte de dueños de casa. Su emprendimiento fue uno de los veinte finalistas de la edición 2019 del premio "Emprendedor del Año".
Lo que cambió a partir del nuevo marco regulatorio es el tipo de energía con la cual trabaja: Casares dice que por una cuestión de precios hoy lo que más le piden para uso hogareño son los paneles solares, los cuales importa. “Los costos bajaron muchísimo por lo cual son más convenientes paneles solares que eólicos, a 400 dólares por panel. Es una inversión, pero lo cierto es que si esa familia reduce el consumo eléctrico probablemente en cinco años recupere el dinero”, asegura.
Además de las elevadas tarifas de la energía eléctrica, la cada vez mayor conciencia ecológica colabora para sumar potenciales clientes para Elsus. Aun en competencia con otros fabricantes de aerogeneradores e instaladores de paneles solares, Casares asegura que Elsus logró posicionarse como líder en la región patagónica y único fabricante (en el caso de los generadores eólicos) .
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Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Enrique Casares produce esos equipos para las petroleras. Con la ley de Generación Distribuida, ahora la demanda es para instalaciones hogareñas.
Desde Comodoro Rivadavia, Enrique Casares fabrica y comercializa aerogeneradores de baja potencia para viviendas rurales. Elsus, como llamó a su emprendimiento, es el resultado de un problema que Casares tuvo que resolver con Tecnotrol, otra empresa que fundó hace 30 años y que brinda servicios de automatización, instrumentación y control de procesos para la industria petrolera. El inconveniente apareció a fines de los ’90 cuando le tocó trabajar en zonas donde la red de energía eléctrica no llegaba.
En aquella época, Casares utilizaba aerogeneradores importados para dotar de energía sus soluciones en pleno pozo petrolero, pero el negocio crujió tras la devaluación de 2002. Casares, quien ya había conseguido a YPF y PAE como clientes, apeló a su ingenio para salir del embrollo: desempolvó sus conocimientos de energía fotovoltaica que había aprendido 30 años antes, al finalizar la escuela secundaria, durante una pasantía en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Desde esa base, se puso a armar sus propios equipos para que las petroleras los utilizaran en la meseta patagónica.
El eco del boca en boca empezó a correr y al poco tiempo el sector del agro se sumó a la demanda de aerogeneradores, aquella solución que él había pensado para la industria petrolera. “Nuestros equipos están especialmente diseñados para soportar los fuertes vientos patagónicos; lo que en definitiva terminó siendo un valor diferencial respecto de los importados, que solían romperse fácilmente y cuestan un 30% más”, describe.
De aquella experiencia, y la promulgación de la nueva ley de Generación Distribuida, nació su nuevo emprendimiento, Elsus. La norma sancionada en 2017 y reglamentada a fines del año pasado, habilita a los particulares que generan energías renovables en sus propias casas a volcar los excedentes a la red troncal de distribución. Por primera vez en tres décadas, cuenta, Casares comenzó a recibir pedidos desde las ciudades, por parte de dueños de casa. Su emprendimiento fue uno de los veinte finalistas de la edición 2019 del premio "Emprendedor del Año".
Lo que cambió a partir del nuevo marco regulatorio es el tipo de energía con la cual trabaja: Casares dice que por una cuestión de precios hoy lo que más le piden para uso hogareño son los paneles solares, los cuales importa. “Los costos bajaron muchísimo por lo cual son más convenientes paneles solares que eólicos, a 400 dólares por panel. Es una inversión, pero lo cierto es que si esa familia reduce el consumo eléctrico probablemente en cinco años recupere el dinero”, asegura.
Además de las elevadas tarifas de la energía eléctrica, la cada vez mayor conciencia ecológica colabora para sumar potenciales clientes para Elsus. Aun en competencia con otros fabricantes de aerogeneradores e instaladores de paneles solares, Casares asegura que Elsus logró posicionarse como líder en la región patagónica y único fabricante (en el caso de los generadores eólicos) .
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Segunda travesía contra de la contaminación de los ríos
Remarán 750 kilómetros en contra de la contaminación de los ríos
Fecha de Publicación: 06/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Es la segunda travesía por el Limay que organiza "Salvemos los ríos". Irá desde la Confluencia, en Neuquén, hasta la desembocadura en el mar, en Viedma.
La segunda expedición “Salvemos los Ríos” saldrá mañana desde la ciudad de Neuquén hasta el océano, es decir, el trayecto del río Negro desde la naciente hasta la desembocadura en Viedma para llamar la atención sobre los contaminantes que se vierten en su trayecto.
La cruzada ambiental busca llamar la atención en favor de los ríos de deshielo que existen en esta zona. Antes de salir, el grupo “Salvemos los Ríos” le entregó una nota al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y al llegar a destino se hará lo mismo con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
“En el trayecto, un grupo de defensoras del río Negro de Cipolletti nos hará entrega de un petitorio para entregarle a Carreras, así es que también lo haremos”, dijo Luis Arellano, que irá en su kayac a lo largo de 750 kilómetros desde la confluencia neuquina hasta la desembocadura en el balneario El Cóndor.
Algunos kayakistas acompañarán en la primera etapa hasta Regina. Otros ambientalistas irán con sus kayaks desde Roca y en diversas partes del trayecto, algunos se sumarán a la travesía y otros acompañarán en alguna parada.
“Cada uno se hará de su logística esta vez, no haremos como Salvemos los Ríos de una manifestación en grupo por los costos y la organización que esto implica: voy como respresentante de Salvemos los Ríos, y a lo largo de la travesía ya hay gente que se sumará en diferentes momentos sobre el río”, sostuvo Arellano.
La movilización ambiental en kayaks busca llamar la atención de las autoridades por la contaminación con etechericia colli (vertidos cloacales) y basura que reciben el Limay y el río Neuquén durante su trayecto.
El año pasado la campaña por ríos limpios consistió en remar 550 kilómetros desde la naciente del Limay hasta la zona de la confluencia, en la ciudad de Neuquén, balneario de Río Grande. Los kayaquistas debieron hacer el río en etapas y sorteando las represas que son utilizadas para el aproyechamiento hidroeléctrico en su trayecto medio.
Para esta travesía serán 750 kilómetros en 11 etapas o “paradas”, con una estimación de arribo el 13 de enero a Viedma.
“A la gobernadora y al gobernador Gutiérrez les pedimos que trabajen en conjunto por la salud de nuestros ríos, compartimos esta preocupación en procura del objetivo del vertido cero”, dijo Arellano en referencia a la iniciativa que busca terminar con los vertidos.
La travesía ambiental que arranca el 4 de enero, no colisionará con la Regata de Rio Negro, que tiene objetivos deportivos y que sale el 11 de enero desde Senillosa y llega el 18 a El Cóndor.
La nota a Gutiérrez
En la nota entregada al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, la agrupación “Salvemos los Ríos” recordó que en 2019 cruzaron 5 embalses y recorrieron 550 kilómetros “para ver con tristeza cómo cambia el río desde Dina Huapi hasta la confluencia, en especial desde Senillosa hasta Neuquén, donde toma otro color y olor”.
Por exceso de aportes y contaminantes, el río se llena de algas además de bacterias y residuos plásticos, indicaron los kayakistas. “Es por ello que le presentamos más de 1.800 firmas pidiendo que considere analizar el dictado del Vertido Cero a los cuerpos de agua en nuestro territorio”, indicaron los ambientalistas.
“Los ríos no conocen de fronteras políticas, y el mismo proceso afecta al río Negro”, indicaron en la nota en la que le recordaron al mandatario neuquino la vigencia de la ley 2726 que creó la comisión interprovincial de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén, Negro y el lago Nahuel Huapi y su similar en Río Negro, la Q 4525.
Ambas estipulan en su segundo artículo la necesidad de una gestión sustentable, de preservación y de saneamiento de las cuencas hídricas que nacen del deshielo y terminan en el Atlántico.
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Fecha de Publicación: 06/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Es la segunda travesía por el Limay que organiza "Salvemos los ríos". Irá desde la Confluencia, en Neuquén, hasta la desembocadura en el mar, en Viedma.
La segunda expedición “Salvemos los Ríos” saldrá mañana desde la ciudad de Neuquén hasta el océano, es decir, el trayecto del río Negro desde la naciente hasta la desembocadura en Viedma para llamar la atención sobre los contaminantes que se vierten en su trayecto.
La cruzada ambiental busca llamar la atención en favor de los ríos de deshielo que existen en esta zona. Antes de salir, el grupo “Salvemos los Ríos” le entregó una nota al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y al llegar a destino se hará lo mismo con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
“En el trayecto, un grupo de defensoras del río Negro de Cipolletti nos hará entrega de un petitorio para entregarle a Carreras, así es que también lo haremos”, dijo Luis Arellano, que irá en su kayac a lo largo de 750 kilómetros desde la confluencia neuquina hasta la desembocadura en el balneario El Cóndor.
Algunos kayakistas acompañarán en la primera etapa hasta Regina. Otros ambientalistas irán con sus kayaks desde Roca y en diversas partes del trayecto, algunos se sumarán a la travesía y otros acompañarán en alguna parada.
“Cada uno se hará de su logística esta vez, no haremos como Salvemos los Ríos de una manifestación en grupo por los costos y la organización que esto implica: voy como respresentante de Salvemos los Ríos, y a lo largo de la travesía ya hay gente que se sumará en diferentes momentos sobre el río”, sostuvo Arellano.
La movilización ambiental en kayaks busca llamar la atención de las autoridades por la contaminación con etechericia colli (vertidos cloacales) y basura que reciben el Limay y el río Neuquén durante su trayecto.
El año pasado la campaña por ríos limpios consistió en remar 550 kilómetros desde la naciente del Limay hasta la zona de la confluencia, en la ciudad de Neuquén, balneario de Río Grande. Los kayaquistas debieron hacer el río en etapas y sorteando las represas que son utilizadas para el aproyechamiento hidroeléctrico en su trayecto medio.
Para esta travesía serán 750 kilómetros en 11 etapas o “paradas”, con una estimación de arribo el 13 de enero a Viedma.
“A la gobernadora y al gobernador Gutiérrez les pedimos que trabajen en conjunto por la salud de nuestros ríos, compartimos esta preocupación en procura del objetivo del vertido cero”, dijo Arellano en referencia a la iniciativa que busca terminar con los vertidos.
La travesía ambiental que arranca el 4 de enero, no colisionará con la Regata de Rio Negro, que tiene objetivos deportivos y que sale el 11 de enero desde Senillosa y llega el 18 a El Cóndor.
La nota a Gutiérrez
En la nota entregada al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, la agrupación “Salvemos los Ríos” recordó que en 2019 cruzaron 5 embalses y recorrieron 550 kilómetros “para ver con tristeza cómo cambia el río desde Dina Huapi hasta la confluencia, en especial desde Senillosa hasta Neuquén, donde toma otro color y olor”.
Por exceso de aportes y contaminantes, el río se llena de algas además de bacterias y residuos plásticos, indicaron los kayakistas. “Es por ello que le presentamos más de 1.800 firmas pidiendo que considere analizar el dictado del Vertido Cero a los cuerpos de agua en nuestro territorio”, indicaron los ambientalistas.
“Los ríos no conocen de fronteras políticas, y el mismo proceso afecta al río Negro”, indicaron en la nota en la que le recordaron al mandatario neuquino la vigencia de la ley 2726 que creó la comisión interprovincial de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén, Negro y el lago Nahuel Huapi y su similar en Río Negro, la Q 4525.
Ambas estipulan en su segundo artículo la necesidad de una gestión sustentable, de preservación y de saneamiento de las cuencas hídricas que nacen del deshielo y terminan en el Atlántico.
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Allen, a pesar de evidencias, siguen defendiendo al fracking
La intendenta de Allen ante el fracking: "No hay dato que indique contaminación"
Fecha de Publicación: 06/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Liliana Martín, fijó postura sobre uno de los temas centrales para la ciudad. Luego de iniciar su gestión, jerarquizó el área de Ambiente para que sume funciones.
El uso del fracking para la extracción de gas y petróleo divide las aguas en Allen, ante las continuas denuncias por contaminación por parte de organizaciones ambientales.
Por eso, uno de los puntos complejos de la gestión de la intendenta Liliana Martín será la política ambiental.
La mandataria se expresó sobre el tema y aseguró que “todavía no ha habido ningún dato objetivo que nos indique contaminación”.
De todas maneras, señaló que no desechará ninguna denuncia y que revisará cada presentación que reciba.
“Soy cuidadosa respecto de las denuncias que se formulan contra la actividad hidrocarburífera, ninguna hay que desecharla, hay que atenderlas, revisarlas, ver el fundamento con el que fueron expresadas”, expresó.
Martín dijo que “si el fundamento es certero y tiene datos objetivos hay que tener una actuación inmediata, pero si la denuncia no tiene esto después de ser analizada se desechará”.
La jefa comunal dijo que están en alerta y si acontece algo “el municipio va a actuar”.
“Si hay una base para hacer un reproche ambiental, se tiene que hacer. Todavía no ha habido ningún dato objetivo que nos indique contaminación”, reiteró la intendenta.
Los controles a la actividad hidrocarburífera estuvieron en el ojo de la tormenta tras un importante derrame que hubo en diciembre de 2018. El incidente ocurrió en el pozo EFO355 del yacimiento Estación Fernández Oro. Tras días de mucho trabajo para contener la fuga, desde la Secretaría de Energía de Río Negro aseguraron que los líquidos no llegaron al cauce de agua.
Por otro lado, la mandataria señaló que en el nuevo organigrama “hicimos una reestructuración del área de Ambiente, la jerarquizamos y la transformamos en Agencia de Ambiente”. Detalló que esta agencia tendrá injerencia transversal a todas las secretarías.
Controles
En agosto se hizo el último control para evaluar los acuíferos en cinco zonas donde hay locaciones hidrocarburíferas. Estas inspecciones las llevó a cabo el área de Medio Ambiente del municipio en conjunto con representantes del Departamento Provincial de Aguas y del Centro de Investigación y Asistencia Técnica.
Estos controles son importantes para evaluar las condiciones químicas del agua de los acuíferos y de esta forma asegurar la ausencia de hidrocarburos en los cuerpos de agua dulce subterráneos.
Desde el Ejecutivo señalaron que desde 2014 se han realizado muestreos en más de 30 puntos distintos de la zona rural de Allen, “no habiéndose detectado contenido de hidrocarburos hasta el momento en ninguna de las muestras analizadas”.
El titular de la Agencia de Medio Ambiente, Sergio Voglino, informó que todavía no llegan los resultados de los controles que se hicieron en agosto. Mencionó que suelen tardar hasta siete meses por la gran cantidad de muestras que se deben analizar.
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Fecha de Publicación: 06/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Liliana Martín, fijó postura sobre uno de los temas centrales para la ciudad. Luego de iniciar su gestión, jerarquizó el área de Ambiente para que sume funciones.
El uso del fracking para la extracción de gas y petróleo divide las aguas en Allen, ante las continuas denuncias por contaminación por parte de organizaciones ambientales.
Por eso, uno de los puntos complejos de la gestión de la intendenta Liliana Martín será la política ambiental.
La mandataria se expresó sobre el tema y aseguró que “todavía no ha habido ningún dato objetivo que nos indique contaminación”.
De todas maneras, señaló que no desechará ninguna denuncia y que revisará cada presentación que reciba.
“Soy cuidadosa respecto de las denuncias que se formulan contra la actividad hidrocarburífera, ninguna hay que desecharla, hay que atenderlas, revisarlas, ver el fundamento con el que fueron expresadas”, expresó.
Martín dijo que “si el fundamento es certero y tiene datos objetivos hay que tener una actuación inmediata, pero si la denuncia no tiene esto después de ser analizada se desechará”.
La jefa comunal dijo que están en alerta y si acontece algo “el municipio va a actuar”.
“Si hay una base para hacer un reproche ambiental, se tiene que hacer. Todavía no ha habido ningún dato objetivo que nos indique contaminación”, reiteró la intendenta.
Los controles a la actividad hidrocarburífera estuvieron en el ojo de la tormenta tras un importante derrame que hubo en diciembre de 2018. El incidente ocurrió en el pozo EFO355 del yacimiento Estación Fernández Oro. Tras días de mucho trabajo para contener la fuga, desde la Secretaría de Energía de Río Negro aseguraron que los líquidos no llegaron al cauce de agua.
Por otro lado, la mandataria señaló que en el nuevo organigrama “hicimos una reestructuración del área de Ambiente, la jerarquizamos y la transformamos en Agencia de Ambiente”. Detalló que esta agencia tendrá injerencia transversal a todas las secretarías.
Controles
En agosto se hizo el último control para evaluar los acuíferos en cinco zonas donde hay locaciones hidrocarburíferas. Estas inspecciones las llevó a cabo el área de Medio Ambiente del municipio en conjunto con representantes del Departamento Provincial de Aguas y del Centro de Investigación y Asistencia Técnica.
Estos controles son importantes para evaluar las condiciones químicas del agua de los acuíferos y de esta forma asegurar la ausencia de hidrocarburos en los cuerpos de agua dulce subterráneos.
Desde el Ejecutivo señalaron que desde 2014 se han realizado muestreos en más de 30 puntos distintos de la zona rural de Allen, “no habiéndose detectado contenido de hidrocarburos hasta el momento en ninguna de las muestras analizadas”.
El titular de la Agencia de Medio Ambiente, Sergio Voglino, informó que todavía no llegan los resultados de los controles que se hicieron en agosto. Mencionó que suelen tardar hasta siete meses por la gran cantidad de muestras que se deben analizar.
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Misiones: polémica por reapertura de un camino
Polémica en Foz por reapertura de un camino cerca de Cataratas
Fecha de Publicación: 06/01/2020
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
La Estrada do Colono o Camino del Colono, que estaba ubicada dentro del Parque Nacional do Iguaçu en Brasil (frente a Puerto Iguazú) y que fue cerrada hace 20 años gracias a la intensa lucha de ambientalistas, podría reabrirse, ya que el diputado federal Nelsi Vermelho (PSD), de Salto do Ottra, propuso la creación de la categoría de Unidad de Conservación Road-Park, que prevé la concreción del Parque de Carreteras Estrada do Colono.
La iniciativa despertó bronca en la frontera y ecologistas de Foz y Puerto Iguazú están alzando la voz por miedo al daño que puede llegar a sufrir el predio verde donde están las Cataratas del Iguazú, que año a año son visitadas por millones de turistas de todo el mundo y conservan una biodiversidad invalorable.
Ante este proyecto, grupos ambientalistas se encuentran en estado de alerta y aseguran que la reapertura del camino dañará a la selva y pondrá en peligro a la fauna autóctona que muy lentamente se recupera del daño causado por el hombre en la zona.
Jackson Lima, ambientalista de Foz de Iguazú, indicó: “Nuestra posición es totalmente contraria al proyecto y hemos actuado elevando documentos a la Unesco porque se trata de un área declarada Patrimonio de la Humanidad”.
Desde la Unesco solicitaron al grupo de ambientalistas que informaran cuando el proyecto ley llegue al Senado brasileño. “Hasta ahora sólo pasó por una Comisión del Congreso. A partir de enero habrá presión para frenarlo”, anticipó Jackson.
Por su parte, desde la Fundación Amigos de los Parques de Puerto Iguazú indicaron a El Territorio que hace meses están trabajando en el tema y lo denunciaron en una asamblea con el objetivo de que a través de la Cancillería Argentina se tomen cartas en el asunto para evitar que la ley sea aprobada.
“Es una barbaridad lo que quieren hacer y nada justifica la destrucción de la selva que aún está en proceso de recuperación”, indicó José Barrios, presidente de la fundación.
Además destacó que se pusieron a disposición de las instituciones del vecino país a fin de apoyar la lucha en contra de la reapertura del Camino del Colono y recordó la batalla dada para impedir la instalación de las villas turísticas dentro del área Cataratas el año pasado.
“Buscamos que todos se unan para defender el parque brasileño, que en definitiva es un mismo parque simplemente dividido por un río, comparten la misma diversidad. Entre todos debemos luchar por lo nuestro”, remató.
Último refugio de yaguaretés
El Parque Nacional do Iguaçu es el segundo parque nacional más antiguo del Brasil. Creado en 1939 con 185.000 hectáreas, protege el remanente más grande del bosque atlántico interior y es el último refugio de yaguaretés en el sur de Brasil, población que se recupera muy lentamente. El proyecto de reabrir el Camino del Colono pone en riesgo no solo la preservación del bioma y la biodiversidad, sino también la economía de la región.
Si se aprueba el proyecto, Foz perderá el dinero que percibe a a través de un impuesto ecológico por la circulación de bienes y servicios, que en 2017 rindió 20,5 millones de reales a los catorce municipios de la región, siendo una parte importante del presupuesto de varios de estos municipios.
Con la apertura del camino, el puntaje del parque caería considerablemente en el ranking, según lo determina la Ley Ecológica del Estado, lo que llevaría a una pérdida considerable de recursos.
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Fecha de Publicación: 06/01/2020
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
La Estrada do Colono o Camino del Colono, que estaba ubicada dentro del Parque Nacional do Iguaçu en Brasil (frente a Puerto Iguazú) y que fue cerrada hace 20 años gracias a la intensa lucha de ambientalistas, podría reabrirse, ya que el diputado federal Nelsi Vermelho (PSD), de Salto do Ottra, propuso la creación de la categoría de Unidad de Conservación Road-Park, que prevé la concreción del Parque de Carreteras Estrada do Colono.
La iniciativa despertó bronca en la frontera y ecologistas de Foz y Puerto Iguazú están alzando la voz por miedo al daño que puede llegar a sufrir el predio verde donde están las Cataratas del Iguazú, que año a año son visitadas por millones de turistas de todo el mundo y conservan una biodiversidad invalorable.
Ante este proyecto, grupos ambientalistas se encuentran en estado de alerta y aseguran que la reapertura del camino dañará a la selva y pondrá en peligro a la fauna autóctona que muy lentamente se recupera del daño causado por el hombre en la zona.
Jackson Lima, ambientalista de Foz de Iguazú, indicó: “Nuestra posición es totalmente contraria al proyecto y hemos actuado elevando documentos a la Unesco porque se trata de un área declarada Patrimonio de la Humanidad”.
Desde la Unesco solicitaron al grupo de ambientalistas que informaran cuando el proyecto ley llegue al Senado brasileño. “Hasta ahora sólo pasó por una Comisión del Congreso. A partir de enero habrá presión para frenarlo”, anticipó Jackson.
Por su parte, desde la Fundación Amigos de los Parques de Puerto Iguazú indicaron a El Territorio que hace meses están trabajando en el tema y lo denunciaron en una asamblea con el objetivo de que a través de la Cancillería Argentina se tomen cartas en el asunto para evitar que la ley sea aprobada.
“Es una barbaridad lo que quieren hacer y nada justifica la destrucción de la selva que aún está en proceso de recuperación”, indicó José Barrios, presidente de la fundación.
Además destacó que se pusieron a disposición de las instituciones del vecino país a fin de apoyar la lucha en contra de la reapertura del Camino del Colono y recordó la batalla dada para impedir la instalación de las villas turísticas dentro del área Cataratas el año pasado.
“Buscamos que todos se unan para defender el parque brasileño, que en definitiva es un mismo parque simplemente dividido por un río, comparten la misma diversidad. Entre todos debemos luchar por lo nuestro”, remató.
Último refugio de yaguaretés
El Parque Nacional do Iguaçu es el segundo parque nacional más antiguo del Brasil. Creado en 1939 con 185.000 hectáreas, protege el remanente más grande del bosque atlántico interior y es el último refugio de yaguaretés en el sur de Brasil, población que se recupera muy lentamente. El proyecto de reabrir el Camino del Colono pone en riesgo no solo la preservación del bioma y la biodiversidad, sino también la economía de la región.
Si se aprueba el proyecto, Foz perderá el dinero que percibe a a través de un impuesto ecológico por la circulación de bienes y servicios, que en 2017 rindió 20,5 millones de reales a los catorce municipios de la región, siendo una parte importante del presupuesto de varios de estos municipios.
Con la apertura del camino, el puntaje del parque caería considerablemente en el ranking, según lo determina la Ley Ecológica del Estado, lo que llevaría a una pérdida considerable de recursos.
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Rechazo de la Justicia a Bayer por patentes de gen
La justicia rechazó un reclamo de Bayer de patentar un gen que le da a la soja mas tolerancia al glifosato
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
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Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
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Localidad de Córdoba de acampe contra fumigaciones
Córdoba: 80 días de acampe contra fumigaciones con agroquímicos
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: notasperiodismopopular.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
Habitantes de Sebastián Elcano, una pequeña localidad de 3 mil personas, se mantienen en pie de lucha y reclaman la efectiva aplicación de una ley provincial que prohíbe la utilización de productos con glifosato.
En la ciudad cordobesa de Sebastián Elcano los vecinos y las vecinas mantienen un acampe desde hace más de 80 días en reclamo contra el uso de agroquímicos para fumigaciones rurales. Denuncian que no se cumple con la ley ni se realizan controles regulatorios.
Desde la Asamblea de Autoconvocados de Sebastián Elcano explicaron que el municipio no garantiza el cumplimiento de la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9.164 frente a situaciones de fumigaciones ilegales. Por el contrario, son les habitantes quienes alertan frente a cada pulverización con sustancias tóxicas.
Sin ir más lejos, cuentan que presentaron iniciativas al intendente radical, Manolo Bonaldi, que fueron cajoneadas, o peor, modificadas con puntos que retrotraían lo pedido originalmente por la asamblea.
En concreto, el municipio ofertó restringir las fumigaciones a sólo 100 metros del ejido urbano, cuando el reclamo asambleario es por 1.500 metros de distancia para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.
Mónica Ponce, integrante de la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y de la asamblea, explicó en diálogo con La Ronda que ya presentaron denuncias por contaminación ambiental, luego de que varias personas comenzaran a registrar serios problemas en su salud.
Además, consideró que Sebastián Elcano no era el único pueblo que está siendo invadido por fumigaciones con agrotóxicos sino también localidades cercanas.
“Queremos concientizar a las otras regiones de que nos están envenenando para que los vecinos hagan el mismo paso que estamos haciendo nosotros y se vea que se puede sembrar y trabajar sin agrotóxicos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: notasperiodismopopular.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
Habitantes de Sebastián Elcano, una pequeña localidad de 3 mil personas, se mantienen en pie de lucha y reclaman la efectiva aplicación de una ley provincial que prohíbe la utilización de productos con glifosato.
En la ciudad cordobesa de Sebastián Elcano los vecinos y las vecinas mantienen un acampe desde hace más de 80 días en reclamo contra el uso de agroquímicos para fumigaciones rurales. Denuncian que no se cumple con la ley ni se realizan controles regulatorios.
Desde la Asamblea de Autoconvocados de Sebastián Elcano explicaron que el municipio no garantiza el cumplimiento de la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9.164 frente a situaciones de fumigaciones ilegales. Por el contrario, son les habitantes quienes alertan frente a cada pulverización con sustancias tóxicas.
Sin ir más lejos, cuentan que presentaron iniciativas al intendente radical, Manolo Bonaldi, que fueron cajoneadas, o peor, modificadas con puntos que retrotraían lo pedido originalmente por la asamblea.
En concreto, el municipio ofertó restringir las fumigaciones a sólo 100 metros del ejido urbano, cuando el reclamo asambleario es por 1.500 metros de distancia para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.
Mónica Ponce, integrante de la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y de la asamblea, explicó en diálogo con La Ronda que ya presentaron denuncias por contaminación ambiental, luego de que varias personas comenzaran a registrar serios problemas en su salud.
Además, consideró que Sebastián Elcano no era el único pueblo que está siendo invadido por fumigaciones con agrotóxicos sino también localidades cercanas.
“Queremos concientizar a las otras regiones de que nos están envenenando para que los vecinos hagan el mismo paso que estamos haciendo nosotros y se vea que se puede sembrar y trabajar sin agrotóxicos”, concluyó.
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Neuquén y el ordenamiento territorial de sus bosques nativos
El ordenamiento territorial de los bosques nativos en Neuquén
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
En el marco de la ley nacional Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Provincia del Neuquén promulgó en 2011 la ley provincial Nº 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). De acuerdo a la normativa nacional mencionada, el OTBN de cada provincia debe actualizarse obligatoriamente cada 5 años. Para ello existe una metodología que se debe respetar, aprobada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, un órgano de concertación de las políticas ambientales en el que participan las provincias y el Ejecutivo nacional. En Neuquén, la metodología planteada fue aplicada en su totalidad, garantizando la participación en cada una de las instancias propuestas por la ley nacional.
Un Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación que contempla políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. Esto requiere la integración, de manera sustentable, de las actividades económicas, la preservación ambiental y la diversidad cultural. Los ordenamientos territoriales contribuyen a dar respuestas a las problemáticas de los habitantes de ese territorio, orientando el accionar tanto de privados como de organismos públicos. En el caso de los bosques nativos, resulta imprescindible para la priorización de áreas de conservación, restauración y manejo de esos bosques.
En este contexto el ex Ministerio de Producción y Turismo, actual Ministerio de Producción e Industria, inició el proceso de actualización en el 2016, que terminó recién en octubre de 2019.
La normativa nacional considera estas actualizaciones como procesos de revisión integral, incluyendo tanto los aspectos normativos como la zonificación de los bosques a escala provincial.
Esta zonificación es el resultado del análisis del territorio y la aplicación de los 10 Criterios de Sustentabilidad Ambiental establecidos en la ley nacional, en connivencia con talleres participativos y abiertos a las comunidades que se asientan en los sistemas de bosques nativos provinciales, y también con relevamientos a campo para corroboración y ajuste de la información elaborada. Estos resultados se van volcando y analizando sobre un sistema de información geográfica.
El proceso de OTBN que ha finalizado en nuestra provincia ha dado como resultado el aumento de la superficie de bosques nativos en casi 50.000 hectáreas y un aumento considerable de la categoría de máxima conservación (roja).
Ello no se debe a que entre 2011 y 2019 se extendieron los sistemas de bosques, sino a que se trabajó sostenidamente en mejorar la metodología para su análisis, teniendo en cuenta no solo las coberturas existentes de los sistemas de información geográfica, sino que se integraron y analizaron los aportes de los actores sociales presentes en los talleres abiertos (instituciones locales, provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades originarias) que se fueron realizando en las distintas localidades de la provincia, al igual que en las instancias de reunión particulares con comunidades originarias inmersas en el bosque y, por supuesto, las contribuciones de técnicos institucionales y privados, con experiencia en la materia.
Asimismo, y como parte del proceso, se trabajó conjuntamente con las áreas competentes de los municipios que tienen bosques nativos dentro de sus ejidos, con el fin de compatibilizar su planificación territorial –en pos de su autonomía y visión sobre el desarrollo de su comunidad– con la normativa nacional y provincial, objeto de esta actualización.
Si bien la metodología de análisis ha sido perfeccionada, tanto por la existencia de nuevas tecnologías a nivel de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales, el estudio de los criterios de sustentabilidad y los talleres realizados, existen ciertas limitaciones de la normativa actual que, en algunos casos, se contraponen con las actividades económicas, sociales, culturales y ancestrales existentes en nuestra provincia, aun décadas antes de que se pensara una ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos a nivel nacional.
Esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques. No tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios.
Es por ello que, para respetar las actividades preexistentes a la ley y no cerciorar derechos individuales ni colectivos, en el anteproyecto de ley elevado a la Legislatura provincial se proponen modificaciones a la ley 2780, para poder compatibilizarlas. El caso más representativo es el de los crianceros trashumantes cuyas veranadas se encuentran dentro de las áreas de mayor conservación de los bosques nativos.
Y es por ello que en la categoría roja se incluyó especialmente la consideración de sus actividades, que también se sustentan en la ley provincial N° 3016 de trashumancia, promulgada en 2017.
Asimismo, cabe aclarar que si bien esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques, no tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios, ya sea preexistentes a la sanción de la ley en la provincia, o posteriores.
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Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
En el marco de la ley nacional Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Provincia del Neuquén promulgó en 2011 la ley provincial Nº 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). De acuerdo a la normativa nacional mencionada, el OTBN de cada provincia debe actualizarse obligatoriamente cada 5 años. Para ello existe una metodología que se debe respetar, aprobada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, un órgano de concertación de las políticas ambientales en el que participan las provincias y el Ejecutivo nacional. En Neuquén, la metodología planteada fue aplicada en su totalidad, garantizando la participación en cada una de las instancias propuestas por la ley nacional.
Un Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación que contempla políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. Esto requiere la integración, de manera sustentable, de las actividades económicas, la preservación ambiental y la diversidad cultural. Los ordenamientos territoriales contribuyen a dar respuestas a las problemáticas de los habitantes de ese territorio, orientando el accionar tanto de privados como de organismos públicos. En el caso de los bosques nativos, resulta imprescindible para la priorización de áreas de conservación, restauración y manejo de esos bosques.
En este contexto el ex Ministerio de Producción y Turismo, actual Ministerio de Producción e Industria, inició el proceso de actualización en el 2016, que terminó recién en octubre de 2019.
La normativa nacional considera estas actualizaciones como procesos de revisión integral, incluyendo tanto los aspectos normativos como la zonificación de los bosques a escala provincial.
Esta zonificación es el resultado del análisis del territorio y la aplicación de los 10 Criterios de Sustentabilidad Ambiental establecidos en la ley nacional, en connivencia con talleres participativos y abiertos a las comunidades que se asientan en los sistemas de bosques nativos provinciales, y también con relevamientos a campo para corroboración y ajuste de la información elaborada. Estos resultados se van volcando y analizando sobre un sistema de información geográfica.
El proceso de OTBN que ha finalizado en nuestra provincia ha dado como resultado el aumento de la superficie de bosques nativos en casi 50.000 hectáreas y un aumento considerable de la categoría de máxima conservación (roja).
Ello no se debe a que entre 2011 y 2019 se extendieron los sistemas de bosques, sino a que se trabajó sostenidamente en mejorar la metodología para su análisis, teniendo en cuenta no solo las coberturas existentes de los sistemas de información geográfica, sino que se integraron y analizaron los aportes de los actores sociales presentes en los talleres abiertos (instituciones locales, provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades originarias) que se fueron realizando en las distintas localidades de la provincia, al igual que en las instancias de reunión particulares con comunidades originarias inmersas en el bosque y, por supuesto, las contribuciones de técnicos institucionales y privados, con experiencia en la materia.
Asimismo, y como parte del proceso, se trabajó conjuntamente con las áreas competentes de los municipios que tienen bosques nativos dentro de sus ejidos, con el fin de compatibilizar su planificación territorial –en pos de su autonomía y visión sobre el desarrollo de su comunidad– con la normativa nacional y provincial, objeto de esta actualización.
Si bien la metodología de análisis ha sido perfeccionada, tanto por la existencia de nuevas tecnologías a nivel de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales, el estudio de los criterios de sustentabilidad y los talleres realizados, existen ciertas limitaciones de la normativa actual que, en algunos casos, se contraponen con las actividades económicas, sociales, culturales y ancestrales existentes en nuestra provincia, aun décadas antes de que se pensara una ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos a nivel nacional.
Esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques. No tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios.
Es por ello que, para respetar las actividades preexistentes a la ley y no cerciorar derechos individuales ni colectivos, en el anteproyecto de ley elevado a la Legislatura provincial se proponen modificaciones a la ley 2780, para poder compatibilizarlas. El caso más representativo es el de los crianceros trashumantes cuyas veranadas se encuentran dentro de las áreas de mayor conservación de los bosques nativos.
Y es por ello que en la categoría roja se incluyó especialmente la consideración de sus actividades, que también se sustentan en la ley provincial N° 3016 de trashumancia, promulgada en 2017.
Asimismo, cabe aclarar que si bien esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques, no tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios, ya sea preexistentes a la sanción de la ley en la provincia, o posteriores.
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Chaco: confirman cautelar por desmontes
Confirman la medida cautelar que suspendió desmontes en “Zona Amarilla” en el Chaco
Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo resolvió la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en un fallo dictado a fines de noviembre. Así, ratificó la medida del juez Julián Flores, quién hizo lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo del Chaco pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
Un fallo de segunda instancia confirmó la suspensión de los permisos para desmontes en “zona amarilla” otorgados por el gobierno del Chaco hasta tanto se resuelva una acción de amparo mediante la cual la Defensoría del Pueblo del Chaco pidió que se declaren nulos todos esos permisos por violar la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Así, se confirma la resolución de primera instancia del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, quién había hecho lugar a la medida cautelar innovativa del ombudsman provincial pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
La sentencia, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 27 de noviembre pasado, y lleva las firmas de los camaristas Fernando Heñin y Diego Derewicki. Confirma, así, la medida dictada por el juez Flores mientras se sustancia la acción de amparo sobre la que el juez de primera instancia deberá expedirse.
En la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo del Chaco se señalaba que por el decreto Nº 298/19 se habían derogado tres disposiciones de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para “regular las presentaciones y evaluación de las solicitudes de revisión de categorías de conservación predial” -eufemismo técnico para referirse a los desmontes-. El decreto del por entonces gobernador Domingo Peppo buscaba crear un ámbito para garantizar la participación ciudadana y así recibir los aportes de las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, esa resolución no había suspendido los desmontes por lo que solicitó a la justicia provincial la suspensión de esos permisos ya otorgados.
El fallo de Cámara
En sus fundamentos, el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones recalca que la ley 26.331 señala en uno de sus artículos que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos en las categorías I (Rojo) y II (amarillo). También subraya cuáles son los requisitos a cumplir por quienes soliciten autorización para manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II (Amarillo) y III (Verde) y que tales planes de acción deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación. En el caso del Chaco, esta recae en la Subsecretaría de Recursos Naturales, siempre dependiente del Ministerio de Producción, algo cuestionado por las organizaciones ambientalistas que reclaman que la conservación de los bosques nativos quede bajo el ámbito de las áreas de Ambiente.
El fallo de Cámara advirtió una contradicción en cuanto a la apelación de la medida cautelar por parte de la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta que el propio Poder Ejecutivo había anulado el decreto 233/17 por lo que, según los camaristas, “válido es suponer que lo motiva, o la insuficiencia de tal normativa o su no adecuación a los presupuestos mínimos estipulados en las normas superiores”.
No retroceder
Por otro lado, la sentencia de la Cámara subrayó que “no puede soslayarse que la modificación de las leyes ambientales en modo alguno puede implicar un retroceso en los niveles de protección existentes, sino que debe propender a incrementarlos, puesto que cualquier disminución en la protección colisionaría directamente con los principios ambientales de ‘no regresión ambiental’, ‘equidad intergeneracional’, ‘precautorio’, de ‘progresividad’ y de ‘sustentabilidad'”. En ese contexto, también citaron una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMa), la 236/12, que puntualiza que “los cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática, debiendo manejarse un criterio coherente con el principio de no regresividad en materia ambiental”.
Por último, los camaristas descartaron que con la medida judicial se afecten los derechos de terceros, es decir, de aquellos propietarios de predios rurales que habían solicitado los permisos de desmonte, y también señalaron que la Fiscalía de Estado no contaba con legitimación para presentarse en defensa de derechos de terceros.
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Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo resolvió la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en un fallo dictado a fines de noviembre. Así, ratificó la medida del juez Julián Flores, quién hizo lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo del Chaco pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
Un fallo de segunda instancia confirmó la suspensión de los permisos para desmontes en “zona amarilla” otorgados por el gobierno del Chaco hasta tanto se resuelva una acción de amparo mediante la cual la Defensoría del Pueblo del Chaco pidió que se declaren nulos todos esos permisos por violar la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Así, se confirma la resolución de primera instancia del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, quién había hecho lugar a la medida cautelar innovativa del ombudsman provincial pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
La sentencia, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 27 de noviembre pasado, y lleva las firmas de los camaristas Fernando Heñin y Diego Derewicki. Confirma, así, la medida dictada por el juez Flores mientras se sustancia la acción de amparo sobre la que el juez de primera instancia deberá expedirse.
En la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo del Chaco se señalaba que por el decreto Nº 298/19 se habían derogado tres disposiciones de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para “regular las presentaciones y evaluación de las solicitudes de revisión de categorías de conservación predial” -eufemismo técnico para referirse a los desmontes-. El decreto del por entonces gobernador Domingo Peppo buscaba crear un ámbito para garantizar la participación ciudadana y así recibir los aportes de las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, esa resolución no había suspendido los desmontes por lo que solicitó a la justicia provincial la suspensión de esos permisos ya otorgados.
El fallo de Cámara
En sus fundamentos, el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones recalca que la ley 26.331 señala en uno de sus artículos que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos en las categorías I (Rojo) y II (amarillo). También subraya cuáles son los requisitos a cumplir por quienes soliciten autorización para manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II (Amarillo) y III (Verde) y que tales planes de acción deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación. En el caso del Chaco, esta recae en la Subsecretaría de Recursos Naturales, siempre dependiente del Ministerio de Producción, algo cuestionado por las organizaciones ambientalistas que reclaman que la conservación de los bosques nativos quede bajo el ámbito de las áreas de Ambiente.
El fallo de Cámara advirtió una contradicción en cuanto a la apelación de la medida cautelar por parte de la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta que el propio Poder Ejecutivo había anulado el decreto 233/17 por lo que, según los camaristas, “válido es suponer que lo motiva, o la insuficiencia de tal normativa o su no adecuación a los presupuestos mínimos estipulados en las normas superiores”.
No retroceder
Por otro lado, la sentencia de la Cámara subrayó que “no puede soslayarse que la modificación de las leyes ambientales en modo alguno puede implicar un retroceso en los niveles de protección existentes, sino que debe propender a incrementarlos, puesto que cualquier disminución en la protección colisionaría directamente con los principios ambientales de ‘no regresión ambiental’, ‘equidad intergeneracional’, ‘precautorio’, de ‘progresividad’ y de ‘sustentabilidad'”. En ese contexto, también citaron una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMa), la 236/12, que puntualiza que “los cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática, debiendo manejarse un criterio coherente con el principio de no regresividad en materia ambiental”.
Por último, los camaristas descartaron que con la medida judicial se afecten los derechos de terceros, es decir, de aquellos propietarios de predios rurales que habían solicitado los permisos de desmonte, y también señalaron que la Fiscalía de Estado no contaba con legitimación para presentarse en defensa de derechos de terceros.
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Avistamiento de un yaguareté con crías en Las Yungas
"Las Yungas de Jujuy serán el hábitat futuro del yaguareté"
Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
El titular de la Fundación ProYungas, Alejandro Brown, lo señaló así tras el reciente avistamiento del felino en Caimancito.
El reciente avistamiento de un yaguareté con crías, en el Yacimiento Caimancito, es una prueba más de que nuestra provincia resguarda la especie del mayor felino de América. Y es que gracias al impecable sistema de las cámaras trampa que fueron instaladas en el lugar, se corroboró que su principal refugio de la especie está en las Yungas del Norte. Aún existen poblaciones en Misiones y algunos lugares de Chaco. En tanto que, a nivel país, se estima que quedan menos de 250 ejemplares.
Por la caza. En el país, el tigre está reducido en su distribución geográfica a menos del 5 % de lo que fue su distribución natural.
En las imágenes captadas el viernes 6 del corriente, durante una campaña de revisión de cámaras trampa instaladas en el Yacimiento, a menos de dos kilómetros de la RN 34, dos técnicos de la Fundación ProYungas, Matías Ritzer y Roberto Cáceres, vieron al animal adulto acostado en el medio de un camino de tierra, mientras que su cría se cruza de derecha hacia izquierda y desaparece entre la maleza. "Las Yungas de Jujuy- Salta es el único lugar del país donde la especie tiene posibilidades de supervivencia a largo plazo", dijo el presidente de la Fundación , Alejandro Brown, al señalar que se trata de uno de los sitios con mayor diversidad de felinos en el mundo, donde habitan 7 especies de felinos, desde el más grande que es el yaguareté, hasta el gato montés, que tiene la talla de un animal doméstico.
A su vez, destacó que este felino - considerado como el más grande de América (junto con el león, la pantera y el tigre asiático), su presencia, es un indicador de que en las Yungas existe buena conservación de la especie. Sin embargo, la cruda realidad es que a pesar de que el felino sea considerado un Monumento Natural Nacional y estar amparado por leyes tanto a nivel nacional como provincial, atraviesa una situación crítica, lo que significa que la especie está enfrentando un riesgo de extinción en estado silvestre.
La caza y la pérdida de hábitat
El principal factor de amenaza de la especie, tiene que ver con la caza por el conflicto con el ganado, "el jaguar come el ganado y por ende es cazado por los ganaderos, esto sucede no sólo en Argentina sino en el mundo", dijo Brown al mencionar que en un segundo plano -pero lejos- el otro factor es la pérdida de hábitat que contribuye a que la especie tenga menos lugares donde reine la tranquilidad y la cantidad de presas que necesita para sobrevivir. "Las Yungas todavía es un espacio tranquilo y con más de un millón de hectáreas de selva en buen estado de conservación con mucha diversidad de mamíferos que son presas del yaguareté. Por eso estamos seguros de que será el hábitat del futuro del yaguareté en Argentina", sostuvo.
En tanto, mencionó que las otras regiones en donde la naturaleza está mucho más implicada y vinculada con actividades productivas y sobre todo ganaderas, como la región Chaqueña, "la probabilidad de que el tigre pueda sobrevivir a largo plazo es casi nula", remarcó.
Un sistema para conservarlos
El registro que se viene realizando en conjunto por la empresa Jemse, la Fundación Pro Yungas y el Ministerio de Ambiente de la Provincia, a través de las cámaras trampa tiene dos propósitos. "Conocer mejor la biodiversidad asociada con las Yungas, ver cómo ésta evoluciona en el tiempo, qué especies aún se mantienen y qué factores están a favor o en contra de las especies", finalizó.
El relevamiento de las Yungas empezó hace 5 años, desde el Parque Nacional Baritú (Salta) y en 2017 en Jujuy, sector de Calilegua.
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Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
El titular de la Fundación ProYungas, Alejandro Brown, lo señaló así tras el reciente avistamiento del felino en Caimancito.
El reciente avistamiento de un yaguareté con crías, en el Yacimiento Caimancito, es una prueba más de que nuestra provincia resguarda la especie del mayor felino de América. Y es que gracias al impecable sistema de las cámaras trampa que fueron instaladas en el lugar, se corroboró que su principal refugio de la especie está en las Yungas del Norte. Aún existen poblaciones en Misiones y algunos lugares de Chaco. En tanto que, a nivel país, se estima que quedan menos de 250 ejemplares.
Por la caza. En el país, el tigre está reducido en su distribución geográfica a menos del 5 % de lo que fue su distribución natural.
En las imágenes captadas el viernes 6 del corriente, durante una campaña de revisión de cámaras trampa instaladas en el Yacimiento, a menos de dos kilómetros de la RN 34, dos técnicos de la Fundación ProYungas, Matías Ritzer y Roberto Cáceres, vieron al animal adulto acostado en el medio de un camino de tierra, mientras que su cría se cruza de derecha hacia izquierda y desaparece entre la maleza. "Las Yungas de Jujuy- Salta es el único lugar del país donde la especie tiene posibilidades de supervivencia a largo plazo", dijo el presidente de la Fundación , Alejandro Brown, al señalar que se trata de uno de los sitios con mayor diversidad de felinos en el mundo, donde habitan 7 especies de felinos, desde el más grande que es el yaguareté, hasta el gato montés, que tiene la talla de un animal doméstico.
A su vez, destacó que este felino - considerado como el más grande de América (junto con el león, la pantera y el tigre asiático), su presencia, es un indicador de que en las Yungas existe buena conservación de la especie. Sin embargo, la cruda realidad es que a pesar de que el felino sea considerado un Monumento Natural Nacional y estar amparado por leyes tanto a nivel nacional como provincial, atraviesa una situación crítica, lo que significa que la especie está enfrentando un riesgo de extinción en estado silvestre.
La caza y la pérdida de hábitat
El principal factor de amenaza de la especie, tiene que ver con la caza por el conflicto con el ganado, "el jaguar come el ganado y por ende es cazado por los ganaderos, esto sucede no sólo en Argentina sino en el mundo", dijo Brown al mencionar que en un segundo plano -pero lejos- el otro factor es la pérdida de hábitat que contribuye a que la especie tenga menos lugares donde reine la tranquilidad y la cantidad de presas que necesita para sobrevivir. "Las Yungas todavía es un espacio tranquilo y con más de un millón de hectáreas de selva en buen estado de conservación con mucha diversidad de mamíferos que son presas del yaguareté. Por eso estamos seguros de que será el hábitat del futuro del yaguareté en Argentina", sostuvo.
En tanto, mencionó que las otras regiones en donde la naturaleza está mucho más implicada y vinculada con actividades productivas y sobre todo ganaderas, como la región Chaqueña, "la probabilidad de que el tigre pueda sobrevivir a largo plazo es casi nula", remarcó.
Un sistema para conservarlos
El registro que se viene realizando en conjunto por la empresa Jemse, la Fundación Pro Yungas y el Ministerio de Ambiente de la Provincia, a través de las cámaras trampa tiene dos propósitos. "Conocer mejor la biodiversidad asociada con las Yungas, ver cómo ésta evoluciona en el tiempo, qué especies aún se mantienen y qué factores están a favor o en contra de las especies", finalizó.
El relevamiento de las Yungas empezó hace 5 años, desde el Parque Nacional Baritú (Salta) y en 2017 en Jujuy, sector de Calilegua.
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La Pampa, un convenio para estudiar el bosque
Convenio para intervenir en el bosque nativo
Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El Ministerio de la Producción firmó un convenio de colaboración mutua y complementación técnica con la Universidad Nacional de La Pampa en materia de fauna silvestre, bosque nativo y forestación.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo suscribió dicho convenio con los decanos de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Abelardo Ferrán; de Agronomía, Ana Urioste; y de Exactas y Naturales, María Eva Ascheri.
La acción busca el cumplimiento de objetivos comunes fundamentalmente en materia de clínica y sanidad de animales de la fauna silvestre (a cargo de la Facultad de Veterinaria); formación e investigación, evaluación de programas de conservación, manejo y gestión tanto de la fauna silvestre como del bosque nativo (con la Facultad de Exactas y Naturales); y la investigación y formación para la realización de gestiones e intervenciones en el bosque nativo como también respecto del estudio y gestión de plantaciones a través de los diversos esquemas de forestación tanto rural, urbana y periurbana, de mitigación ambiental e institucional (a cargo de Agronomía).
Todo ello se realizará mediante actividades y programas de capacitación y extensión relacionados con dichas temáticas, con la participación de recursos humanos y materiales de ambas partes.
Los mismos proveerán al intercambio de información técnica y científica y de recursos humanos; la realización de trabajos de investigación, capacitación, difusión y extensión en común; promoción de actividades conjuntas; creación y desarrollo de grupos de trabajo; promoción tecnológica; ejecución de proyectos y prestación de servicios a terceros.
Los mencionados convenios se dan en el marco del Convenio de Colaboración Mutua, suscripto entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de La Pampa, el 14 de mayo de 1987 y ratificado por Ley Nº 1011.
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Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El Ministerio de la Producción firmó un convenio de colaboración mutua y complementación técnica con la Universidad Nacional de La Pampa en materia de fauna silvestre, bosque nativo y forestación.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo suscribió dicho convenio con los decanos de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Abelardo Ferrán; de Agronomía, Ana Urioste; y de Exactas y Naturales, María Eva Ascheri.
La acción busca el cumplimiento de objetivos comunes fundamentalmente en materia de clínica y sanidad de animales de la fauna silvestre (a cargo de la Facultad de Veterinaria); formación e investigación, evaluación de programas de conservación, manejo y gestión tanto de la fauna silvestre como del bosque nativo (con la Facultad de Exactas y Naturales); y la investigación y formación para la realización de gestiones e intervenciones en el bosque nativo como también respecto del estudio y gestión de plantaciones a través de los diversos esquemas de forestación tanto rural, urbana y periurbana, de mitigación ambiental e institucional (a cargo de Agronomía).
Todo ello se realizará mediante actividades y programas de capacitación y extensión relacionados con dichas temáticas, con la participación de recursos humanos y materiales de ambas partes.
Los mismos proveerán al intercambio de información técnica y científica y de recursos humanos; la realización de trabajos de investigación, capacitación, difusión y extensión en común; promoción de actividades conjuntas; creación y desarrollo de grupos de trabajo; promoción tecnológica; ejecución de proyectos y prestación de servicios a terceros.
Los mencionados convenios se dan en el marco del Convenio de Colaboración Mutua, suscripto entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de La Pampa, el 14 de mayo de 1987 y ratificado por Ley Nº 1011.
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