Usan glifosato para desmalezar en la Capital
23:27 | 
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Peligro: Usan glifosato para desmalezar en la Ciudad
Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
Creada en los 60 por Monsanto, la peligrosa sustancia no es solo un triste patrimonio de los ámbitos rurales: se usa también en la Ciudad. Desde cáncer hasta malformaciones de todo tipo, su toxicidad va más allá de los 400 metros. Caballito, Puerto Madero, Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo son algunos de los barrios en los que se utiliza.
Parece inentendible que en una zona completamente urbanizada la palabra glifosato represente, como lo es actualmente en las áreas rurales, una preocupación para los vecinos. Si bien este agrotóxico cuestionado mundialmente por sus efectos contaminantes tiene una incidencia directa en zonas de cultivos, en la Ciudad se lo usa para mantener a raya el pasto y las malezas, que se secan casi instantáneamente luego de ser rociados por el potente químico.
El glifosato fue creado en los años 60 por la multinacional Monsanto y actualmente se lo combina peligrosamente con otras sustancias para aumentar su eficacia, que no están especificadas en la etiqueta y que producen mayor toxicidad.
Son numerosos los casos de trabajadores rurales cuya salud se vio gravemente deteriorada por administrarlo sin la debida protección, como por ejemplo, la experiencia de Fabián Tomasi, cuyas huellas digitales llegaron a borrarse por el contacto con el herbicida. Sin embargo, en plena plaza Giordano Bruno, en Caballito, se ve a los aplicadores sin máscaras y a quienes están en la zona expuestos directamente a su contacto, que persiste luego impregnado en plantas y en la tierra. El glifosato tiene como mínimo un alcance de 400 metros desde el lugar donde se lo aplica.
Según la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos), el glifosato que llega al suelo es fuertemente absorbido, por eso, aunque es altamente soluble en agua, permanece en las capas superiores del suelo y tiene una vida media de más de 60 días.
Ninguna parte de Buenos Aires parece a salvo de este mal. Por caso, en Puerto Madero, mientras la gente come al aire libre, camina o realiza ejercicios, empleados del Gobierno de la Ciudad fumigan con sus mochilas para evitar que crezca maleza entre los adoquines.
Graciela Draguicevich se encontró con este cuadro mientras caminaba por uno de los diques y elevó una denuncia a la fiscalía luego de preguntar a un empleado con qué fumigaba. “Nos envenenan a todos, el empleado ante mi pregunta de qué era lo que estaba fumigando, respondió: ‘Glifosato’. Le dije que se iba a enfermar, que enfermaría a sus futuros hijos. Me dijo que ya lo sabía, que era el único trabajo que pudo conseguir”, relata a NU la mujer, que es técnica en Comunidades Ecológicas.
“Existe un uso y abuso de esta sustancia en todo el país. También se fumigan las vías del tren en plena Capital, se usa para jardines, plazas, banquinas de las rutas por Vialidad Nacional, y los municipios lo usan en todas las zonas parquizadas desconociendo el gran peligro que eso conlleva. Entonces el peligro no solo está en el uso en la agricultura, frutas, verduras, sino también como producto de jardinería”, explica la abogada experta en derecho ambiental Graciela Gómez.
Las calles comprendidas entre Congreso y General Paz, en Saavedra, el puente Superí, cerca de las vías de Belgrano R y la estación Coghlan son otros sectores donde los vecinos denunciaron fumigaciones. Aunque, en este caso, vinculadas a las concesionarias de las empresas de trenes que usan este método para tener despejadas las vías férreas. “Podría haber alcanzado con una máquina de cortar pasto, pero la solución fue mucho más extrema”, señala Gómez.
Las líneas Sarmiento, Roca y Mitre utilizan este método de desmalezamiento que llega hasta los bordes de casas, parques y demás espacios ubicados a la vera del ferrocarril.
Sin embargo, el problema va mucho más allá de los terrenos ferroviarios.
“En cualquier jardín de Avenida del Libertador las porterías están usando glifosato; en las rutas, Vialidad misma; también en plazas y parques donde nuestros chicos juegan”, advierte Gómez. “Esto es una locura imparable. La gente tiene que saber qué se está usando y con qué se está fumigando”, apunta.
El doctor Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del organismo, determinó que “concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología de un embrión”.
¿El resultado en laboratorio? Microcefalia, especímenes de un solo ojo y deformidad craneofacial, entre otros. El estudio de Carrasco determinó los riesgos que esta sustancia conlleva para la salud humana: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica, problemas respiratorios, alergias), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (reducción de espermatozoides, abortos, malformación fetal), efectos cancerígenos y contaminación de alimentos.
En julio de 2011 otra voz se sumó para alertar. Un extenso informe de Greenpeace afirmaba que el glifosato tiene efectos crónicos para el organismo humano, como cáncer, defectos de nacimiento, daños neurológicos, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias.
Las distancias mínimas para la aplicación de agroquímicos no tienen regulación a escala nacional pero casi ninguna ley provincial, ordenanza o cautelar está por debajo de los 500 metros. Algo imposible de cumplir en la Capital, donde se fumiga a solo unos pasos de viviendas, comercios y plazas. ”Aquí no se puede dividir entre área urbana y área rural, porque toda el área es urbana”, se queja Gómez.
Tan laxa es la normativa que, por ejemplo, el ramal de la línea Mitre, en las secciones que corresponden a la provincia de Buenos Aires, no fumiga porque una ordenanza lo prohíbe, pero sí lo hace en el tramo entre General Paz y Retiro, afectando a los barrios de Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo. “Algo ridículo, como si en la Capital hubiese una suerte de inmunidad”, ironiza la abogada ambientalista.
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Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
Creada en los 60 por Monsanto, la peligrosa sustancia no es solo un triste patrimonio de los ámbitos rurales: se usa también en la Ciudad. Desde cáncer hasta malformaciones de todo tipo, su toxicidad va más allá de los 400 metros. Caballito, Puerto Madero, Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo son algunos de los barrios en los que se utiliza.Parece inentendible que en una zona completamente urbanizada la palabra glifosato represente, como lo es actualmente en las áreas rurales, una preocupación para los vecinos. Si bien este agrotóxico cuestionado mundialmente por sus efectos contaminantes tiene una incidencia directa en zonas de cultivos, en la Ciudad se lo usa para mantener a raya el pasto y las malezas, que se secan casi instantáneamente luego de ser rociados por el potente químico.
El glifosato fue creado en los años 60 por la multinacional Monsanto y actualmente se lo combina peligrosamente con otras sustancias para aumentar su eficacia, que no están especificadas en la etiqueta y que producen mayor toxicidad.
Son numerosos los casos de trabajadores rurales cuya salud se vio gravemente deteriorada por administrarlo sin la debida protección, como por ejemplo, la experiencia de Fabián Tomasi, cuyas huellas digitales llegaron a borrarse por el contacto con el herbicida. Sin embargo, en plena plaza Giordano Bruno, en Caballito, se ve a los aplicadores sin máscaras y a quienes están en la zona expuestos directamente a su contacto, que persiste luego impregnado en plantas y en la tierra. El glifosato tiene como mínimo un alcance de 400 metros desde el lugar donde se lo aplica.
Según la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos), el glifosato que llega al suelo es fuertemente absorbido, por eso, aunque es altamente soluble en agua, permanece en las capas superiores del suelo y tiene una vida media de más de 60 días.
Ninguna parte de Buenos Aires parece a salvo de este mal. Por caso, en Puerto Madero, mientras la gente come al aire libre, camina o realiza ejercicios, empleados del Gobierno de la Ciudad fumigan con sus mochilas para evitar que crezca maleza entre los adoquines.
Graciela Draguicevich se encontró con este cuadro mientras caminaba por uno de los diques y elevó una denuncia a la fiscalía luego de preguntar a un empleado con qué fumigaba. “Nos envenenan a todos, el empleado ante mi pregunta de qué era lo que estaba fumigando, respondió: ‘Glifosato’. Le dije que se iba a enfermar, que enfermaría a sus futuros hijos. Me dijo que ya lo sabía, que era el único trabajo que pudo conseguir”, relata a NU la mujer, que es técnica en Comunidades Ecológicas.
“Existe un uso y abuso de esta sustancia en todo el país. También se fumigan las vías del tren en plena Capital, se usa para jardines, plazas, banquinas de las rutas por Vialidad Nacional, y los municipios lo usan en todas las zonas parquizadas desconociendo el gran peligro que eso conlleva. Entonces el peligro no solo está en el uso en la agricultura, frutas, verduras, sino también como producto de jardinería”, explica la abogada experta en derecho ambiental Graciela Gómez.
Las calles comprendidas entre Congreso y General Paz, en Saavedra, el puente Superí, cerca de las vías de Belgrano R y la estación Coghlan son otros sectores donde los vecinos denunciaron fumigaciones. Aunque, en este caso, vinculadas a las concesionarias de las empresas de trenes que usan este método para tener despejadas las vías férreas. “Podría haber alcanzado con una máquina de cortar pasto, pero la solución fue mucho más extrema”, señala Gómez.
Las líneas Sarmiento, Roca y Mitre utilizan este método de desmalezamiento que llega hasta los bordes de casas, parques y demás espacios ubicados a la vera del ferrocarril.
Sin embargo, el problema va mucho más allá de los terrenos ferroviarios.
“En cualquier jardín de Avenida del Libertador las porterías están usando glifosato; en las rutas, Vialidad misma; también en plazas y parques donde nuestros chicos juegan”, advierte Gómez. “Esto es una locura imparable. La gente tiene que saber qué se está usando y con qué se está fumigando”, apunta.
El doctor Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del organismo, determinó que “concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología de un embrión”.
¿El resultado en laboratorio? Microcefalia, especímenes de un solo ojo y deformidad craneofacial, entre otros. El estudio de Carrasco determinó los riesgos que esta sustancia conlleva para la salud humana: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica, problemas respiratorios, alergias), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (reducción de espermatozoides, abortos, malformación fetal), efectos cancerígenos y contaminación de alimentos.
En julio de 2011 otra voz se sumó para alertar. Un extenso informe de Greenpeace afirmaba que el glifosato tiene efectos crónicos para el organismo humano, como cáncer, defectos de nacimiento, daños neurológicos, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias.
Las distancias mínimas para la aplicación de agroquímicos no tienen regulación a escala nacional pero casi ninguna ley provincial, ordenanza o cautelar está por debajo de los 500 metros. Algo imposible de cumplir en la Capital, donde se fumiga a solo unos pasos de viviendas, comercios y plazas. ”Aquí no se puede dividir entre área urbana y área rural, porque toda el área es urbana”, se queja Gómez.
Tan laxa es la normativa que, por ejemplo, el ramal de la línea Mitre, en las secciones que corresponden a la provincia de Buenos Aires, no fumiga porque una ordenanza lo prohíbe, pero sí lo hace en el tramo entre General Paz y Retiro, afectando a los barrios de Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo. “Algo ridículo, como si en la Capital hubiese una suerte de inmunidad”, ironiza la abogada ambientalista.
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La corrupción de Yacyretá a juicio
Comienza el juicio por corrupción en la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá
Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El “monumento a la corrupción” como lo llamó alguna vez el ex presidente Carlos Menem a la obra de la hidroeléctrica Yacyretá tendrá su juicio oral y público a partir de noviembre por irregularidades en reembolsos indebidos a una empresa italiana.
A partir del 27 de noviembre próximo el ex secretario de industria menemista Miguel ngel Cuervo; su entonces segundo, Gonzalo Martínez Mosquera, y el apoderado de la firma italiana, José Luis lvarez comenzarán a ser juzgados en Comodoro Py.
La acusación es por el indebido otorgamiento por parte del Estado argentino durante los años 1999 y 2000 de 17.144.220,80 pesos a la empresa Ansaldo Energía S.p.A, sucursal argentina.
Esos poco más de 17 millones de reembolsos fueron el equivalente a un 25 por ciento de los 70.996.443,56 que se facturó al Ente Binacional Yacyretá por el diseño, fabricación, transporte, montaje y puesta en operación de cinco generadores.
Según consta en la causa, los reembolsos fueron indebidos ya que esos beneficios impositivos por ley sólo correspondían a empresas nacionales o que utilizaran manufactura nacional, lo que no sucedió.
El año pasado la firma Ansaldo devolvió 31 millones de pesos tras un acuerdo que firmó con el Ministerio de Economía, entonces a cargo del ahora vicepresidente Amado Boudou, los cuales le eran reclamados por el Estado argentino.
‘Se encuentra acreditado en autos que, en la maniobra tendiente a ocultar el verdadero origen de los bienes, intervinieron tanto funcionarios del ente licitatario como del Estado Nacional no resultando ajenos a ella los representantes de la empresa favorecida‘, consta en la acusación.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y María Del Carmen Roqueta, en tanto que el fiscal de juicio será Fernando Arrigo.
También serán juzgados el ex director de aplicación de la Política industrial, Alberto Vaena; el ex director de legales del área de industria, Guillermo Llaurado; el entonces coordinador de la Dirección Nacional de Industria, José Valle; el ex funcionario Eduardo Esteban; el ex jefe del departamento financiero del Ente Binacional Yacyretá, Luis Manzo; el contador Horacio Seligra.
Semanas atrás, Manzo pidió ser beneficiado con una probation y así evitar el juicio, pero tras la negativa del fiscal Arrigo el TOF6 lo desestimó.
No obstante, fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que algunas de las defensas plantearon la prescripción de la causa por plazo razonable, y están a la espera de ser resueltos por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
La central Yacyretá instalada sobre el río Paraná tuvo su origen en 1973 cuando nuestro país y Paraguay firmaron el tratado binacional, y su construcción llevó varias décadas.
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Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El “monumento a la corrupción” como lo llamó alguna vez el ex presidente Carlos Menem a la obra de la hidroeléctrica Yacyretá tendrá su juicio oral y público a partir de noviembre por irregularidades en reembolsos indebidos a una empresa italiana.A partir del 27 de noviembre próximo el ex secretario de industria menemista Miguel ngel Cuervo; su entonces segundo, Gonzalo Martínez Mosquera, y el apoderado de la firma italiana, José Luis lvarez comenzarán a ser juzgados en Comodoro Py.
La acusación es por el indebido otorgamiento por parte del Estado argentino durante los años 1999 y 2000 de 17.144.220,80 pesos a la empresa Ansaldo Energía S.p.A, sucursal argentina.
Esos poco más de 17 millones de reembolsos fueron el equivalente a un 25 por ciento de los 70.996.443,56 que se facturó al Ente Binacional Yacyretá por el diseño, fabricación, transporte, montaje y puesta en operación de cinco generadores.
Según consta en la causa, los reembolsos fueron indebidos ya que esos beneficios impositivos por ley sólo correspondían a empresas nacionales o que utilizaran manufactura nacional, lo que no sucedió.
El año pasado la firma Ansaldo devolvió 31 millones de pesos tras un acuerdo que firmó con el Ministerio de Economía, entonces a cargo del ahora vicepresidente Amado Boudou, los cuales le eran reclamados por el Estado argentino.
‘Se encuentra acreditado en autos que, en la maniobra tendiente a ocultar el verdadero origen de los bienes, intervinieron tanto funcionarios del ente licitatario como del Estado Nacional no resultando ajenos a ella los representantes de la empresa favorecida‘, consta en la acusación.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y María Del Carmen Roqueta, en tanto que el fiscal de juicio será Fernando Arrigo.
También serán juzgados el ex director de aplicación de la Política industrial, Alberto Vaena; el ex director de legales del área de industria, Guillermo Llaurado; el entonces coordinador de la Dirección Nacional de Industria, José Valle; el ex funcionario Eduardo Esteban; el ex jefe del departamento financiero del Ente Binacional Yacyretá, Luis Manzo; el contador Horacio Seligra.
Semanas atrás, Manzo pidió ser beneficiado con una probation y así evitar el juicio, pero tras la negativa del fiscal Arrigo el TOF6 lo desestimó.
No obstante, fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que algunas de las defensas plantearon la prescripción de la causa por plazo razonable, y están a la espera de ser resueltos por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
La central Yacyretá instalada sobre el río Paraná tuvo su origen en 1973 cuando nuestro país y Paraguay firmaron el tratado binacional, y su construcción llevó varias décadas.
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El Riachuelo, sin solución
El Riachuelo, sin solución
Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La última audiencia fijada por la Corte ha vuelto a demostrar el desinterés y la falta de controles para el saneamiento del curso de agua más contaminado del país
Transcurre el tiempo y a pesar del expreso mandato judicial, el Riachuelo todavía se encuentra inserto en un lento proceso de recuperación.
Fiel reflejo de esa situación fue la última audiencia pública que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento en el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, respecto a los mandatos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia condenatoria del 8 de julio de 2008 del renombrado "caso Mendoza".
Fueron convocados a ese encuentro los representantes de la Nación, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires; la Autoridad de Cuenca (Acumar), los intendentes de seis partidos del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora), además del defensor del Pueblo; la Auditoría General de la Nación, y los representantes de AySA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Antes de la audiencia, la Asociación de Vecinos de La Boca, una de las ONG encargadas de monitorear el avance del saneamiento del Riachuelo, había denunciado que persistían los vertidos sin restricciones de sustancias contaminantes, como mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico, y la Escherichia coli, entre otros elementos peligrosos.
Con la presencia de varios miembros del más alto tribunal, su titular, Ricardo Lorenzetti, interrogó minuciosamente sobre la calidad de las aguas a la que apuntan los trabajos, sobre cuestiones sanitarias de la población de la zona de influencia y, fundamentalmente, sobre los controles presupuestarios y de ejecución de las obras. Es que Acumar ha subcontratado a dos empresas del Estado (AySA y Ceamse) para realizar los trabajos en la cuenca.
Lorenzetti indagó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, acerca del control sobre las firmas encargadas de los trabajos -concretamente AySA-, a lo que el funcionario respondió: "No lo realizamos, porque la empresa las hace como parte de un plan director", y agregó que se había firmado un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se verificaran los trabajos.
Mussi manifestó la existencia de "problemas de presupuesto" de la entidad que preside, lo que llevó a los jueces de la Corte a considerar la búsqueda de un financiamiento internacional para poder avanzar con esta obra. Y, por otro lado, el funcionario trasladó responsabilidades al denunciar que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no depositan los fondos para ejecutar las obras previstas para el corriente año. Como era de esperar, el representante del Estado bonaerense, José Luis Enríquez, se excusó alegando que no aportó los fondos por la crisis financiera de su distrito, mientras que Mussi hizo notar las demoras en la obtención de los créditos internacionales.
Sin duda los recursos con los que cuentan las autoridades permiten definir si será posible cumplir sus objetivos, pero esa circunstancia no debe hacer perder de vista los preceptos de nuestra Constitución, que consagran el derecho a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo por parte de las autoridades.
No resulta descabellado preguntarse cuánto afectó el presupuesto de la Secretaría de Ambiente de la Nación el desvío de fondos de esa cartera hacia el programa Fútbol para Todos. En la audiencia, nadie lo mencionó.
Queda claro que el interés de las autoridades sobre estos problemas del derecho a un ambiente sano de los vecinos del Riachuelo es bastante bajo frente al rédito que fácilmente se obtiene de los programas masivos del fútbol. Lo lamentable es que este tipo de dilemas continúen escapando a las responsabilidades de quienes tienen a cargo esta tarea sin dudas extraordinaria. Así, no se advierte la magnitud del problema que está en juego y, como ya hemos publicado en estas columnas, eso habilita a que continúe prevaleciendo una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas resultan ajenos a la realidad. Dado ese panorama, es un hecho que el Riachuelo seguirá contaminado.
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Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La última audiencia fijada por la Corte ha vuelto a demostrar el desinterés y la falta de controles para el saneamiento del curso de agua más contaminado del país
Transcurre el tiempo y a pesar del expreso mandato judicial, el Riachuelo todavía se encuentra inserto en un lento proceso de recuperación.
Fiel reflejo de esa situación fue la última audiencia pública que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento en el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, respecto a los mandatos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia condenatoria del 8 de julio de 2008 del renombrado "caso Mendoza".
Fueron convocados a ese encuentro los representantes de la Nación, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires; la Autoridad de Cuenca (Acumar), los intendentes de seis partidos del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora), además del defensor del Pueblo; la Auditoría General de la Nación, y los representantes de AySA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Antes de la audiencia, la Asociación de Vecinos de La Boca, una de las ONG encargadas de monitorear el avance del saneamiento del Riachuelo, había denunciado que persistían los vertidos sin restricciones de sustancias contaminantes, como mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico, y la Escherichia coli, entre otros elementos peligrosos.
Con la presencia de varios miembros del más alto tribunal, su titular, Ricardo Lorenzetti, interrogó minuciosamente sobre la calidad de las aguas a la que apuntan los trabajos, sobre cuestiones sanitarias de la población de la zona de influencia y, fundamentalmente, sobre los controles presupuestarios y de ejecución de las obras. Es que Acumar ha subcontratado a dos empresas del Estado (AySA y Ceamse) para realizar los trabajos en la cuenca.
Lorenzetti indagó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, acerca del control sobre las firmas encargadas de los trabajos -concretamente AySA-, a lo que el funcionario respondió: "No lo realizamos, porque la empresa las hace como parte de un plan director", y agregó que se había firmado un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se verificaran los trabajos.
Mussi manifestó la existencia de "problemas de presupuesto" de la entidad que preside, lo que llevó a los jueces de la Corte a considerar la búsqueda de un financiamiento internacional para poder avanzar con esta obra. Y, por otro lado, el funcionario trasladó responsabilidades al denunciar que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no depositan los fondos para ejecutar las obras previstas para el corriente año. Como era de esperar, el representante del Estado bonaerense, José Luis Enríquez, se excusó alegando que no aportó los fondos por la crisis financiera de su distrito, mientras que Mussi hizo notar las demoras en la obtención de los créditos internacionales.
Sin duda los recursos con los que cuentan las autoridades permiten definir si será posible cumplir sus objetivos, pero esa circunstancia no debe hacer perder de vista los preceptos de nuestra Constitución, que consagran el derecho a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo por parte de las autoridades.
No resulta descabellado preguntarse cuánto afectó el presupuesto de la Secretaría de Ambiente de la Nación el desvío de fondos de esa cartera hacia el programa Fútbol para Todos. En la audiencia, nadie lo mencionó.
Queda claro que el interés de las autoridades sobre estos problemas del derecho a un ambiente sano de los vecinos del Riachuelo es bastante bajo frente al rédito que fácilmente se obtiene de los programas masivos del fútbol. Lo lamentable es que este tipo de dilemas continúen escapando a las responsabilidades de quienes tienen a cargo esta tarea sin dudas extraordinaria. Así, no se advierte la magnitud del problema que está en juego y, como ya hemos publicado en estas columnas, eso habilita a que continúe prevaleciendo una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas resultan ajenos a la realidad. Dado ese panorama, es un hecho que el Riachuelo seguirá contaminado.
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3º Foro por los Bosque Nativo de Villa La Angostura
Cuestionan postura municipal ante la ley de Bosques
Fecha de Publicación: 20/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
En el marco del 3º Foro en Defensa del Bosque Nativo de Villa La Angostura, el ex director Provincial de Bosques, Daniel Bocos, cuestionó la postura del Ejecutivo Municipal y el PRO que reclaman autonomía municipal respecto de la Ley de Bosques.
"Hacen eje falsamente en un concepto de que los bosques pertenecen al Municipio de Villa La Angostura, cuando la Constitución dice que la tutela sobre estos recursos la tiene el Estado provincial. Tenemos derechos todos los argentinos. Nos preocuparía mucho si mañana nos enteráramos de que en Cataratas quieren hacer un desmonte de 400 hectáreas para hacer un emprendimiento y tenemos mucha razón en preocuparnos", dijo.
Respecto de los cuestionamientos sobre el mapa de zonificación de bosques de La Angostura que finalmente quedó en la ley y la posibilidad de cambiarlo, Bocos fue contundente: " si quieren modificar mapas, que cumplan con los mecanismos que dice la ley, la ley dice que si presentan estudios con mayor detalle, que demuestren que la clasificación está mal hecha, aquel que diga que fue injustamente clasificado tiene posibilidad de presentar la documentación y proponer el cambio de categoría, lo que no se puede hacer es cambiarlo porque alegremente se le ocurra a un funcionario".
Por otro lado, descartó que la reglamentación pudiera permitir que encuadraran los megaemprendimientos que pretenden desarrollar las empresas Cerro Bayo y Eidico.
"La ley aprueba criterios que están enmarcados en presupuesto mínimos, eso deviene en qué bosques quedan en tal o cual categoría, de modo que para aprobar un desmonte en zona amarillo o rojo deberían cambiarse los criterios de la ley, que equivale a cambiar la ley y decir otra cosa", apuntó.
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Fecha de Publicación: 20/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
En el marco del 3º Foro en Defensa del Bosque Nativo de Villa La Angostura, el ex director Provincial de Bosques, Daniel Bocos, cuestionó la postura del Ejecutivo Municipal y el PRO que reclaman autonomía municipal respecto de la Ley de Bosques."Hacen eje falsamente en un concepto de que los bosques pertenecen al Municipio de Villa La Angostura, cuando la Constitución dice que la tutela sobre estos recursos la tiene el Estado provincial. Tenemos derechos todos los argentinos. Nos preocuparía mucho si mañana nos enteráramos de que en Cataratas quieren hacer un desmonte de 400 hectáreas para hacer un emprendimiento y tenemos mucha razón en preocuparnos", dijo.
Respecto de los cuestionamientos sobre el mapa de zonificación de bosques de La Angostura que finalmente quedó en la ley y la posibilidad de cambiarlo, Bocos fue contundente: " si quieren modificar mapas, que cumplan con los mecanismos que dice la ley, la ley dice que si presentan estudios con mayor detalle, que demuestren que la clasificación está mal hecha, aquel que diga que fue injustamente clasificado tiene posibilidad de presentar la documentación y proponer el cambio de categoría, lo que no se puede hacer es cambiarlo porque alegremente se le ocurra a un funcionario".
Por otro lado, descartó que la reglamentación pudiera permitir que encuadraran los megaemprendimientos que pretenden desarrollar las empresas Cerro Bayo y Eidico.
"La ley aprueba criterios que están enmarcados en presupuesto mínimos, eso deviene en qué bosques quedan en tal o cual categoría, de modo que para aprobar un desmonte en zona amarillo o rojo deberían cambiarse los criterios de la ley, que equivale a cambiar la ley y decir otra cosa", apuntó.
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Cerca del PN Bosques Petrificado habrá minería
Dan permiso para explotar oro y plata a cielo abierto cerca del Bosque Petrificado
Fecha de Publicación: 19/10/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Lindante con el Bosque Petrificado, el gobierno provincial autorizó la explotación megaminera, es decir a cielo abierto a la empresa IRL. La Secretaría de Minería le aprobó el Estudio de Impacto Ambiental que nadie puede leer y hablan de un acuerdo de Licencia Social, que en Fitz Roy y Jaramillo, nadie conoce.
Cuando en materia de minería, en Santa Cruz se comienza un plan, seguramente éste se concreta; sea como sea y contra quien sea. El Proyecto Don Nicolás es el mejor ejemplo.
El Proyecto Don Nicolás, de megaminería, a radicarse en cercanías del Parque Nacional Bosques Petrificado ya está con el visto bueno de la Secretaría de Minería provincial, por lo tanto, la empresa IRL, tiene las manos libres para empezar a explosionar la zona, con lo cual, lejos de cualquier opinión en contra de esta modalidad extractiva, la empresa minera podrá hacer uso y abuso de sus facultades, teniendo en cuenta que los medios de control minero en Santa Cruz son ínfimos y prácticamente inexistentes, vale decir que quien hace un tiempo se desempeñaba como Secretario de Minería, el Sr Oscar Vera, fue por mucho tiempo el único "policía minero" que tenía Santa Cruz y por falta de recursos eran (y son, actualmente) las propias mineras las que solventan su trabajo y les financian la movilidad para las recorridas en los yacimientos.
En este marco de "independencia cero" de las autoridades de control minero, con las empresas a las que deben controlar, cualquier emprendimiento minero en Santa Cruz es posible. La forma en que se saca el oro y la plata, lo conoce un reducido grupo de funcionarios y está lejos de controles públicos. Nadie sabe cuánto se explota, lo que se paga y mucho menos lo que se denuncia, dado que las empresas son las propias redactoras de las actas donde dan fe del material extraído del subsuelo. Tampoco nadie sabe en Santa Cruz, no solo cuánto se saca, sino por dónde se saca el oro afuera de la provincia. Recordemos que en el 2009 OPI reveló que un cargamento de oro de 20 millones de dólares, fue sacado por Puerto Quilla (Pto Santa Cruz), rumbo a Punta Arenas (Chile) a bordo de un barco pesquero que se hundió en el estrecho de Magallanes. De ahí en más, la explotación, salida y comercialización del oro provincial, es un hecho reservado, oculto y ciertamente sospechoso, que encubre el mismo poder político y empresarial, lejos del conocimiento y control público.
El proyecto Don Nicolás fue denunciado públicamente por OPI a finales del 2010, merced a un llamado de un lector que circunstancialmente pasó por el Bosque Petrificado y cuando quiso alojarse en el camping que hay allí, se encontró con la sorpresa de que una empresa de prospección minera estaba haciendo base en el lugar. A partir de ahí, nos interesamos del proceso y estuvimos en el lugar. Efectivamente, la empresa IRL Patagonia SA había encargado trabajos de cateos y explotación a Ecominera, cuyo personal se encontraba apostado en el camping del Parque Nacional y allí tenía, no solo su base, sino el producto de los trabajos, bolsas con muestras mineralógicas, caños, elementos de perforación, máquinas, casillas etc, en un lugar ubicado a solo 7 kms del centro mismo del denominado Parque del Bosque Petrificado.
Hoy aparece la noticia (hecho consumado) de que IRL Patagonia SA comenzará a explotar a cielo abierto el área de las Estancias La Paloma y Martinetas, en cercanías de la reserva paleontológica, aún cuando el propio Vera no pudo determinar en declaraciones a la prensa, exactamente cuáles son los límites que tiene asignado el proyecto y remitimos al lector a los links que se colocan al pie de esta nota. Tiene previsto comenzar su producción hacia fines de 2013, arrancando con una extracción inicial de 55 mil onzas de oro y 52 mil de plata.
La información producida por la empresa dice que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero a pesar de los esfuerzos realizados para hacernos del documento, el mismo no está disponible públicamente ni en la web de la Secretaría de Minería de Santa Cruz, ni lo ha hecho la minera. También se ha difundido que en el mes de julio IRL "firmó un acuerdo de Licencia Social con las poblaciones santacruceñas de Jaramillo y Fitz Roy, cercanas al proyecto y señala que "los objetivos de este acuerdo son desarrollar conjuntamente políticas para generar empleo y programas en salud, capacitación local y establecer compañías de suministros para complementar, y diversificar la provisión de bienes y servicios requeridos por la futura operación de la mina Don Nicolás".
OPI consultó a varios vecinos de Jaramillo y Fitz Roy para saber qué rol habían tenido como ciudadanos, en este proceso de "Licencia Social", que dice IRL Patagonia SA obtuvo "de los pobladores" por 10 años y en todos los casos, negaron tener conocimiento o haber participado en encuentros de consultas, información o debate sobre el tema minero.
Tampoco figura en la prensa local o en el portal de la Gobernación y de la Secretaría de Minería de la provincia, documento alguno que de fe de cuándo, cómo y por quién fue realizado el proceso de obtención de la Licencia Social, en Jaramillo y Fitz Roy, ni qué autoridades o ciudadanos fueron consultados o participaron, qué parámetros de información se usaron para "concientizar" a los ciudadanos de los alcances, los beneficios y los perjuicios que traerá este proyecto de minería cielo abierto, como así tampoco se sabe la fecha o el tiempo en el que se desarrolló y en qué lugar se dieron las reuniones a efectos de determinar el acuerdo, como tampoco se conoce ningún acta firmada, respecto de este tema.
Una vez más, las empresas mineras son autorizadas a explotar en Santa Cruz, sin que exista un conocimiento público transparente y completo de cuáles son los cumplimientos o incumplimientos en los que ha incurrido la empresa, ni las evaluaciones oficiales, ni siquiera los compromisos asumidos a través del EIA correspondiente, que como todo en Santa Cruz, es "secreto" y cuanto más lejos de la vista pública está, mejor. Don Nicolás es un emprendimiento minero más, del cual el poblador de la zona se entera cuando ya está prácticamente consumada la operación y el negocio.
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Fecha de Publicación: 19/10/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Lindante con el Bosque Petrificado, el gobierno provincial autorizó la explotación megaminera, es decir a cielo abierto a la empresa IRL. La Secretaría de Minería le aprobó el Estudio de Impacto Ambiental que nadie puede leer y hablan de un acuerdo de Licencia Social, que en Fitz Roy y Jaramillo, nadie conoce.Cuando en materia de minería, en Santa Cruz se comienza un plan, seguramente éste se concreta; sea como sea y contra quien sea. El Proyecto Don Nicolás es el mejor ejemplo.
El Proyecto Don Nicolás, de megaminería, a radicarse en cercanías del Parque Nacional Bosques Petrificado ya está con el visto bueno de la Secretaría de Minería provincial, por lo tanto, la empresa IRL, tiene las manos libres para empezar a explosionar la zona, con lo cual, lejos de cualquier opinión en contra de esta modalidad extractiva, la empresa minera podrá hacer uso y abuso de sus facultades, teniendo en cuenta que los medios de control minero en Santa Cruz son ínfimos y prácticamente inexistentes, vale decir que quien hace un tiempo se desempeñaba como Secretario de Minería, el Sr Oscar Vera, fue por mucho tiempo el único "policía minero" que tenía Santa Cruz y por falta de recursos eran (y son, actualmente) las propias mineras las que solventan su trabajo y les financian la movilidad para las recorridas en los yacimientos.
En este marco de "independencia cero" de las autoridades de control minero, con las empresas a las que deben controlar, cualquier emprendimiento minero en Santa Cruz es posible. La forma en que se saca el oro y la plata, lo conoce un reducido grupo de funcionarios y está lejos de controles públicos. Nadie sabe cuánto se explota, lo que se paga y mucho menos lo que se denuncia, dado que las empresas son las propias redactoras de las actas donde dan fe del material extraído del subsuelo. Tampoco nadie sabe en Santa Cruz, no solo cuánto se saca, sino por dónde se saca el oro afuera de la provincia. Recordemos que en el 2009 OPI reveló que un cargamento de oro de 20 millones de dólares, fue sacado por Puerto Quilla (Pto Santa Cruz), rumbo a Punta Arenas (Chile) a bordo de un barco pesquero que se hundió en el estrecho de Magallanes. De ahí en más, la explotación, salida y comercialización del oro provincial, es un hecho reservado, oculto y ciertamente sospechoso, que encubre el mismo poder político y empresarial, lejos del conocimiento y control público.
El proyecto Don Nicolás fue denunciado públicamente por OPI a finales del 2010, merced a un llamado de un lector que circunstancialmente pasó por el Bosque Petrificado y cuando quiso alojarse en el camping que hay allí, se encontró con la sorpresa de que una empresa de prospección minera estaba haciendo base en el lugar. A partir de ahí, nos interesamos del proceso y estuvimos en el lugar. Efectivamente, la empresa IRL Patagonia SA había encargado trabajos de cateos y explotación a Ecominera, cuyo personal se encontraba apostado en el camping del Parque Nacional y allí tenía, no solo su base, sino el producto de los trabajos, bolsas con muestras mineralógicas, caños, elementos de perforación, máquinas, casillas etc, en un lugar ubicado a solo 7 kms del centro mismo del denominado Parque del Bosque Petrificado.
Hoy aparece la noticia (hecho consumado) de que IRL Patagonia SA comenzará a explotar a cielo abierto el área de las Estancias La Paloma y Martinetas, en cercanías de la reserva paleontológica, aún cuando el propio Vera no pudo determinar en declaraciones a la prensa, exactamente cuáles son los límites que tiene asignado el proyecto y remitimos al lector a los links que se colocan al pie de esta nota. Tiene previsto comenzar su producción hacia fines de 2013, arrancando con una extracción inicial de 55 mil onzas de oro y 52 mil de plata.
La información producida por la empresa dice que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero a pesar de los esfuerzos realizados para hacernos del documento, el mismo no está disponible públicamente ni en la web de la Secretaría de Minería de Santa Cruz, ni lo ha hecho la minera. También se ha difundido que en el mes de julio IRL "firmó un acuerdo de Licencia Social con las poblaciones santacruceñas de Jaramillo y Fitz Roy, cercanas al proyecto y señala que "los objetivos de este acuerdo son desarrollar conjuntamente políticas para generar empleo y programas en salud, capacitación local y establecer compañías de suministros para complementar, y diversificar la provisión de bienes y servicios requeridos por la futura operación de la mina Don Nicolás".
OPI consultó a varios vecinos de Jaramillo y Fitz Roy para saber qué rol habían tenido como ciudadanos, en este proceso de "Licencia Social", que dice IRL Patagonia SA obtuvo "de los pobladores" por 10 años y en todos los casos, negaron tener conocimiento o haber participado en encuentros de consultas, información o debate sobre el tema minero.
Tampoco figura en la prensa local o en el portal de la Gobernación y de la Secretaría de Minería de la provincia, documento alguno que de fe de cuándo, cómo y por quién fue realizado el proceso de obtención de la Licencia Social, en Jaramillo y Fitz Roy, ni qué autoridades o ciudadanos fueron consultados o participaron, qué parámetros de información se usaron para "concientizar" a los ciudadanos de los alcances, los beneficios y los perjuicios que traerá este proyecto de minería cielo abierto, como así tampoco se sabe la fecha o el tiempo en el que se desarrolló y en qué lugar se dieron las reuniones a efectos de determinar el acuerdo, como tampoco se conoce ningún acta firmada, respecto de este tema.
Una vez más, las empresas mineras son autorizadas a explotar en Santa Cruz, sin que exista un conocimiento público transparente y completo de cuáles son los cumplimientos o incumplimientos en los que ha incurrido la empresa, ni las evaluaciones oficiales, ni siquiera los compromisos asumidos a través del EIA correspondiente, que como todo en Santa Cruz, es "secreto" y cuanto más lejos de la vista pública está, mejor. Don Nicolás es un emprendimiento minero más, del cual el poblador de la zona se entera cuando ya está prácticamente consumada la operación y el negocio.
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Taller para el cuidado del yaguareté
Compromiso en el cuidado del yaguareté
Fecha de Publicación: 19/10/2012
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Se desarrolló ayer el quinto taller “Uniendo esfuerzos para monitorear al yaguareté en la selva paranaense”, en la Capital del Trabajo, con el objetivo de hacer un repaso de los diez años de trabajo sobre grandes felinos y realizar una devolución a los miembros de la Red de Voluntarios del Proyecto Yaguareté.
El encuentro fue organizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina y el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, con la colaboración de la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, y el apoyo de la Organización Mundial de Conservación (WWF). Medio centenar de biólogos, guardaparques, veterinarios, técnicos y colaboradores, miembros de la Red de Voluntarios, compartió con los doctores Agustín Paviolo y Carlos De Angelo presentaciones de los resultados de sus trabajos doctorales sobre la ecología del yaguareté y el puma, la densidad poblacional de las especies y su relación con el paisaje del bosque atlántico del Alto Paraná. Para estos, la Red de Voluntarios fue fundamental en el trabajo de monitoreo, alerta y difusión de la presencia de felinos en Misiones mediante el registro de huellas y junta de fecas. Llegada la tarde los presentes repasaron las actuales líneas de investigación con la implementación de nueva tecnología, como collares satelitales y monitoreo en tiempo real. Además, se acordó la continuidad de la red de voluntarios en el registro de huellas en Misiones. “La realización del taller fue una manera de celebrar diez años de trabajo sobre el yaguareté, en la provincia de Misiones, tarea que involucró a muchas personas, instituciones y organizaciones. El Proyecto Yaguareté inició en 2002 con la toma de moldes de huellas con yeso, pasó por la incorporación de cámaras fotográficas instaladas en la selva, hasta la actual implementación de collares satelitales. Hemos logrado conocer el estado de conservación de la especie y consolidar acciones conjuntas para su conservación”, señaló Manuel Jaramillo.
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Fecha de Publicación: 19/10/2012
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Se desarrolló ayer el quinto taller “Uniendo esfuerzos para monitorear al yaguareté en la selva paranaense”, en la Capital del Trabajo, con el objetivo de hacer un repaso de los diez años de trabajo sobre grandes felinos y realizar una devolución a los miembros de la Red de Voluntarios del Proyecto Yaguareté.
El encuentro fue organizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina y el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, con la colaboración de la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, y el apoyo de la Organización Mundial de Conservación (WWF). Medio centenar de biólogos, guardaparques, veterinarios, técnicos y colaboradores, miembros de la Red de Voluntarios, compartió con los doctores Agustín Paviolo y Carlos De Angelo presentaciones de los resultados de sus trabajos doctorales sobre la ecología del yaguareté y el puma, la densidad poblacional de las especies y su relación con el paisaje del bosque atlántico del Alto Paraná. Para estos, la Red de Voluntarios fue fundamental en el trabajo de monitoreo, alerta y difusión de la presencia de felinos en Misiones mediante el registro de huellas y junta de fecas. Llegada la tarde los presentes repasaron las actuales líneas de investigación con la implementación de nueva tecnología, como collares satelitales y monitoreo en tiempo real. Además, se acordó la continuidad de la red de voluntarios en el registro de huellas en Misiones. “La realización del taller fue una manera de celebrar diez años de trabajo sobre el yaguareté, en la provincia de Misiones, tarea que involucró a muchas personas, instituciones y organizaciones. El Proyecto Yaguareté inició en 2002 con la toma de moldes de huellas con yeso, pasó por la incorporación de cámaras fotográficas instaladas en la selva, hasta la actual implementación de collares satelitales. Hemos logrado conocer el estado de conservación de la especie y consolidar acciones conjuntas para su conservación”, señaló Manuel Jaramillo.
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Emergencia hídrica en Neuquén
Neuquén declarará la emergencia hídrica
Fecha de Publicación: 19/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El gobierno provincial declarará la próxima semana la emergencia hídrica por sequía en gran parte de la provincia de acuerdo a la proyección que realizará la Autoridad Jurisdiccional de Cuencas (AIC). La medida apunta a garantizar la coordinación de distintas áreas del gabinete de Jorge Sapag en la atención de los proyectos que ya se realizan para paliar la falta de agua.
Así lo reveló ayer a "Río Negro" el subsecretario de Planificación y Servicios Públicos de la provincia, Guillermo Gesualdo, quien detalló que "estamos esperando un nuevo pronóstico para el mes que viene de la AIC para determinar las zonas a abarcar, pero prácticamente estamos hablando de que, sacando la zona sur, va a contemplar a toda la provincia".
Precisamente el presidente de la AIC, Elías Sapag, adelantó días atrás que de acuerdo a las proyecciones, por ejemplo, el río Neuquén podría llegar a tener el 10% de su caudal habitual llevando apenas 40 metros cúbicos por segundo agua abajo del dique Ballester.
"Con el estudio de la AIC que estamos esperando vamos a señalar las zonas más complicadas, aunque de momento creemos que los problemas más graves no van a ser en las grandes ciudades sino en los pequeños parajes y comisiones de fomento", destacó Gesualdo.
Adelantó que "ya se está ideando un sistema de asistencia no sólo con agua, sino que también podría incluir pasto para los animales de los crianceros".
En ese sentido el subsecretario de Producción, Javier Van Houtte, advirtió que a través de los comité rurales de emergencia (Clers), formados por la erupción del Puyehue, "ya estamos trabajando en esta sequía que lleva dos años en algunos puntos y por eso junto al EPAS estamos desarrollando un programa de captación de agua con 21 perforaciones en la zona Centro, que es la más complicada". (Ver aparte)
Pero la falta de agua no sólo se proyecta para la producción sino también para el consumo humano, como ya se evidencia en Picún Leufú en donde el intendente resolvió conectar en pocos días más el sistema de riego a la red domiciliaria.
"Por suerte las grandes ciudades no deberían tener problemas porque en Neuquén por ejemplo el agua que viene desde Mari Menuco está garantizada, en Rincón de los Sauces se invirtió mucho en el sistema que ahora tiene capacidad de almacenaje, y en Cutral Có y Plaza Huincul si no hay problemas con el acueducto el suministro está garantizado", aseguró Gesualdo.
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Fecha de Publicación: 19/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El gobierno provincial declarará la próxima semana la emergencia hídrica por sequía en gran parte de la provincia de acuerdo a la proyección que realizará la Autoridad Jurisdiccional de Cuencas (AIC). La medida apunta a garantizar la coordinación de distintas áreas del gabinete de Jorge Sapag en la atención de los proyectos que ya se realizan para paliar la falta de agua.Así lo reveló ayer a "Río Negro" el subsecretario de Planificación y Servicios Públicos de la provincia, Guillermo Gesualdo, quien detalló que "estamos esperando un nuevo pronóstico para el mes que viene de la AIC para determinar las zonas a abarcar, pero prácticamente estamos hablando de que, sacando la zona sur, va a contemplar a toda la provincia".
Precisamente el presidente de la AIC, Elías Sapag, adelantó días atrás que de acuerdo a las proyecciones, por ejemplo, el río Neuquén podría llegar a tener el 10% de su caudal habitual llevando apenas 40 metros cúbicos por segundo agua abajo del dique Ballester.
"Con el estudio de la AIC que estamos esperando vamos a señalar las zonas más complicadas, aunque de momento creemos que los problemas más graves no van a ser en las grandes ciudades sino en los pequeños parajes y comisiones de fomento", destacó Gesualdo.
Adelantó que "ya se está ideando un sistema de asistencia no sólo con agua, sino que también podría incluir pasto para los animales de los crianceros".
En ese sentido el subsecretario de Producción, Javier Van Houtte, advirtió que a través de los comité rurales de emergencia (Clers), formados por la erupción del Puyehue, "ya estamos trabajando en esta sequía que lleva dos años en algunos puntos y por eso junto al EPAS estamos desarrollando un programa de captación de agua con 21 perforaciones en la zona Centro, que es la más complicada". (Ver aparte)
Pero la falta de agua no sólo se proyecta para la producción sino también para el consumo humano, como ya se evidencia en Picún Leufú en donde el intendente resolvió conectar en pocos días más el sistema de riego a la red domiciliaria.
"Por suerte las grandes ciudades no deberían tener problemas porque en Neuquén por ejemplo el agua que viene desde Mari Menuco está garantizada, en Rincón de los Sauces se invirtió mucho en el sistema que ahora tiene capacidad de almacenaje, y en Cutral Có y Plaza Huincul si no hay problemas con el acueducto el suministro está garantizado", aseguró Gesualdo.
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El Banco Mundial viene por el Riachuelo
Una nueva misión del Banco Mundial para avanzar en el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 18/10/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Una comitiva del Banco Mundial se reunió con representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para avanzar en el crédito otorgado por el organismo internacional para ejecutar obras y concretar acciones en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
El secretario de Ambiente y presidente de la ACUMAR, Dr. Juan José Mussi, y el gerente de proyecto BIRF CMR, Sr. Renán Póveda, analizaron el financiamiento de esta nueva misión que está centrada en los componentes de reducción de la contaminación industrial, saneamiento cloacal, ordenamiento ambiental del territorio y fortalecimiento institucional.
Participó del encuentro el subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable y presidente ejecutivo de ACUMAR, Bioq. Oscar Deina; el coordinador general de la UCGP del proyecto BIRF CMR, Cdor. Juan Lanchini; y la coordinadora de proyectos con financiamiento internacional de la SAyDS, Lic. Silvia Mucci.
A su vez, estuvieron presentes representantes y consultores del Banco Mundial, AYSA, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Ministerio de Economía, e Integrantes de la UCOFI - Préstamo BIRF.
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Fecha de Publicación: 18/10/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Una comitiva del Banco Mundial se reunió con representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para avanzar en el crédito otorgado por el organismo internacional para ejecutar obras y concretar acciones en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental. El secretario de Ambiente y presidente de la ACUMAR, Dr. Juan José Mussi, y el gerente de proyecto BIRF CMR, Sr. Renán Póveda, analizaron el financiamiento de esta nueva misión que está centrada en los componentes de reducción de la contaminación industrial, saneamiento cloacal, ordenamiento ambiental del territorio y fortalecimiento institucional.
Participó del encuentro el subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable y presidente ejecutivo de ACUMAR, Bioq. Oscar Deina; el coordinador general de la UCGP del proyecto BIRF CMR, Cdor. Juan Lanchini; y la coordinadora de proyectos con financiamiento internacional de la SAyDS, Lic. Silvia Mucci.
A su vez, estuvieron presentes representantes y consultores del Banco Mundial, AYSA, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Ministerio de Economía, e Integrantes de la UCOFI - Préstamo BIRF.
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La CNEA busca uranio a pesar de estar prohibido
La Rioja sigue con la extracción de uranio pese a una ley que la prohíbe
Fecha de Publicación: 18/10/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: La Rioja
La Asamblea Riojana Capital de Ciudadanos por la Vida denunció que el gobierno provincial y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) continúan con los trabajos de búsqueda de uranio en la provincia, pese a la normativa que lo prohíbe.
A través de un comunicado, la Asamblea denunció "la continuidad de los proyectos de minería de uranio" en el departamento Capital "pese a la vigencia de la ordenanza sancionada el 14 de agosto de 2012" que declaró a este municipio "no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable".
La denuncia da cuenta de que la Secretaría de Ambiente de la provincia emitió el 27 de agosto pasado, pocos días después de sancionada la ordenanza, la resolución 268 que aprueba la "Actualización del informe de impacto ambiental" correspondiente a uno de los emprendimientos.
Esto supuso la autorización a la CNEA de "continuar con los trabajos que realiza en la zona de la sierra del Velazco, en las localidades próximas al Cantadero", distante unos 20 kilómetros de la ciudad capital, la más poblada de la provincia, dijeron los ambientalistas.
Vecinos de la zona aseguraron a los asambleístas que "funcionarios de la CNEA y del gobierno provincial han visitado sus domicilios mintiendo que las operaciones que se realizan en el lugar no son perjudiciales para su salud ni para el ecosistema", agregó la Asamblea en el comunicado.
Al visitar El Cantadero y sus alrededores, la Asamblea observó "el avasallamiento del paisaje y la flora para tareas de mantenimiento del camino que se dirige al paraje Las Cañas donde se emplazan los emprendimientos uraníferos".
Además, se amplió el tendido eléctrico sin que ello redunde en un "beneficio al vecino", aseguró.
Además, los asambleístas llamaron a los ciudadanos a estar alertas ante la posibilidad de que se concrete la radicación en La Rioja de la planta de Dioxitex, que fue clausurada en Córdoba.
Dioxitex deja un pasivo, según datos oficiales de la CNEA, de "57.600 toneladas de mineral de uranio".
"No queremos uranio. Sólo queremos agua, tierra y aire sanos y limpios", recordó la Asamblea ambientalista.
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Fecha de Publicación: 18/10/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: La Rioja
La Asamblea Riojana Capital de Ciudadanos por la Vida denunció que el gobierno provincial y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) continúan con los trabajos de búsqueda de uranio en la provincia, pese a la normativa que lo prohíbe.A través de un comunicado, la Asamblea denunció "la continuidad de los proyectos de minería de uranio" en el departamento Capital "pese a la vigencia de la ordenanza sancionada el 14 de agosto de 2012" que declaró a este municipio "no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable".
La denuncia da cuenta de que la Secretaría de Ambiente de la provincia emitió el 27 de agosto pasado, pocos días después de sancionada la ordenanza, la resolución 268 que aprueba la "Actualización del informe de impacto ambiental" correspondiente a uno de los emprendimientos.
Esto supuso la autorización a la CNEA de "continuar con los trabajos que realiza en la zona de la sierra del Velazco, en las localidades próximas al Cantadero", distante unos 20 kilómetros de la ciudad capital, la más poblada de la provincia, dijeron los ambientalistas.
Vecinos de la zona aseguraron a los asambleístas que "funcionarios de la CNEA y del gobierno provincial han visitado sus domicilios mintiendo que las operaciones que se realizan en el lugar no son perjudiciales para su salud ni para el ecosistema", agregó la Asamblea en el comunicado.
Al visitar El Cantadero y sus alrededores, la Asamblea observó "el avasallamiento del paisaje y la flora para tareas de mantenimiento del camino que se dirige al paraje Las Cañas donde se emplazan los emprendimientos uraníferos".
Además, se amplió el tendido eléctrico sin que ello redunde en un "beneficio al vecino", aseguró.
Además, los asambleístas llamaron a los ciudadanos a estar alertas ante la posibilidad de que se concrete la radicación en La Rioja de la planta de Dioxitex, que fue clausurada en Córdoba.
Dioxitex deja un pasivo, según datos oficiales de la CNEA, de "57.600 toneladas de mineral de uranio".
"No queremos uranio. Sólo queremos agua, tierra y aire sanos y limpios", recordó la Asamblea ambientalista.
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En el 2014 comenzaría la construcción de Garabí
De Vido anunció que en 2014 comenzaría la construcción de la represa de Garabí
Fecha de Publicación: 18/10/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Está previsto que en 2013 culminen los estudios de impacto ambiental y de comunicación social. A partir de ahí, darían inicio a la obra. Esta proyectado que los trabajos culminen en 2019. El desarrollo integral, tiene un presupuesto de alrededor de 48 millones de pesos.
Luego del encuentro que mantuvo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con una veintena de intendentes correntinos, anunció que en 2014 podría iniciar la construcción de la represa de Garabí, una vez finalizados los estudios de impacto. El proyecto hidroeléctrico está de la mano de otro conocido como Panambí, también en la costa del río Uruguay, en la provincia de Misiones. Ambos fueron presupuestados en alrededor de 48 millones de pesos. El proyecto Garabí, contempla la realización de una represa a construirse en el río Uruguay, entre Corrientes y el Estado brasileño de Río Grande del Sur, que dotará de energía eléctrica a ambos países.
El ministro De Vido, aseguró el martes que "el año que viene estará concluido el proyecto ejecutivo de la hidroeléctrica Garabí, y en el 2014, de no mediar ningún inconveniente, podríamos tener la obra en marcha".
El funcionario nacional, consideró a la represa binacional de Garabí como el camino "para que Corrientes tenga un desarrollo industrial próspero, confiable y grande". Esto lo expresó en el marco de la reunión que mantuvo en Buenos Aires con intendentes, durante la cual se trabajó sobre la definición de obras de infraestructura social que se realizarían con fondos nacionales entre 2013 y 2014.
Se trata de una iniciativa contracíclica que promueve obras públicas con demanda intensiva de mano de obra y que beneficien a la mayor cantidad de gente posible.
En marzo de este año se realizó la apertura de sobres de la licitación internacional para elegir la empresa encargada de realizar los estudios de impacto ambiental y comunicación social previos a la construcción de las represas.
La adjudicataria tenía un plazo de 20 meses para realizar todas las evaluaciones del impacto de la realización de las dos represas.
Estas acciones se deben llevar adelante durante este y el próximo año, ya que desde Nación, se pretende comenzar con la construcción en los primeros meses de 2014 como lo anunció el martes el ministro De Vido. Está estimado que la obra culmine en 2019.
Antecedentes
Vale recordar, que en diciembre de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó la apertura de sobres de la licitación pública internacional para la puesta en marcha de los proyectos Garabí y Panambí.
En aquel momento, el ministro de Planificación, explicó que ese "primer emprendimiento binacional hidroeléctrico entre Argentina y Brasil" implicará la generación de "7.500 puestos de trabajo directos", y que es considerado por la presidenta argentina y su par de Brasil, "de importancia trascendental".
De Vido señaló que estas obras tendrán como segundo impacto, al igual que la de Yacyretá, "reformas y mejoras de toda la planta urbana de todos los pueblos ribereños".
Explicó además, que "estamos trabajando sobre la base de dos represas, porque hemos eliminado del proyecto original, el 75 por ciento de superficie inundable reduciendo al mínimo el impacto ambiental".
En marzo de 1972 se formalizó el primer Tratado entre Argentina y Brasil para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Uruguay. A partir de allí fueron elaborados tres proyectos diferentes para Garabí- Panambí, hasta llegar al actual.
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Fecha de Publicación: 18/10/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Está previsto que en 2013 culminen los estudios de impacto ambiental y de comunicación social. A partir de ahí, darían inicio a la obra. Esta proyectado que los trabajos culminen en 2019. El desarrollo integral, tiene un presupuesto de alrededor de 48 millones de pesos.Luego del encuentro que mantuvo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con una veintena de intendentes correntinos, anunció que en 2014 podría iniciar la construcción de la represa de Garabí, una vez finalizados los estudios de impacto. El proyecto hidroeléctrico está de la mano de otro conocido como Panambí, también en la costa del río Uruguay, en la provincia de Misiones. Ambos fueron presupuestados en alrededor de 48 millones de pesos. El proyecto Garabí, contempla la realización de una represa a construirse en el río Uruguay, entre Corrientes y el Estado brasileño de Río Grande del Sur, que dotará de energía eléctrica a ambos países.
El ministro De Vido, aseguró el martes que "el año que viene estará concluido el proyecto ejecutivo de la hidroeléctrica Garabí, y en el 2014, de no mediar ningún inconveniente, podríamos tener la obra en marcha".
El funcionario nacional, consideró a la represa binacional de Garabí como el camino "para que Corrientes tenga un desarrollo industrial próspero, confiable y grande". Esto lo expresó en el marco de la reunión que mantuvo en Buenos Aires con intendentes, durante la cual se trabajó sobre la definición de obras de infraestructura social que se realizarían con fondos nacionales entre 2013 y 2014.
Se trata de una iniciativa contracíclica que promueve obras públicas con demanda intensiva de mano de obra y que beneficien a la mayor cantidad de gente posible.
En marzo de este año se realizó la apertura de sobres de la licitación internacional para elegir la empresa encargada de realizar los estudios de impacto ambiental y comunicación social previos a la construcción de las represas.
La adjudicataria tenía un plazo de 20 meses para realizar todas las evaluaciones del impacto de la realización de las dos represas.
Estas acciones se deben llevar adelante durante este y el próximo año, ya que desde Nación, se pretende comenzar con la construcción en los primeros meses de 2014 como lo anunció el martes el ministro De Vido. Está estimado que la obra culmine en 2019.
Antecedentes
Vale recordar, que en diciembre de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó la apertura de sobres de la licitación pública internacional para la puesta en marcha de los proyectos Garabí y Panambí.
En aquel momento, el ministro de Planificación, explicó que ese "primer emprendimiento binacional hidroeléctrico entre Argentina y Brasil" implicará la generación de "7.500 puestos de trabajo directos", y que es considerado por la presidenta argentina y su par de Brasil, "de importancia trascendental".
De Vido señaló que estas obras tendrán como segundo impacto, al igual que la de Yacyretá, "reformas y mejoras de toda la planta urbana de todos los pueblos ribereños".
Explicó además, que "estamos trabajando sobre la base de dos represas, porque hemos eliminado del proyecto original, el 75 por ciento de superficie inundable reduciendo al mínimo el impacto ambiental".
En marzo de 1972 se formalizó el primer Tratado entre Argentina y Brasil para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Uruguay. A partir de allí fueron elaborados tres proyectos diferentes para Garabí- Panambí, hasta llegar al actual.
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Etiquetas:
Corrientes,
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Reclamaron por el proyecto de “emergencia territorial”
En defensa de los campesinos
Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
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Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
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De Vido quiere una represa Garabí 'sustentable'
'Hay que trabajar en la sustentabilidad' de la represa Garabí, dijo De Vido a intendentes correntinos
Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
El ministro de Planificación se reunió con intendentes de la provincia de Corrientes para hablar sobre un plan de obras en el marco de un "modelo contracíclico" y sostuvo que "sin Garabí no hay desarrollo industrial correntino".
De Vido dijo a los intendentes que "se busca rápidamente generar un modelo contraciclico, un shock de obras de corta duración que nos permita fuertemente lograr altos niveles de ocupación en corto plazo y con efectos concretos de inauguraciones en corto plazo, sin perder objetivos liminares vivienda saneamiento y conectividad de las localidades con las rutas troncales".
El ministro sostuvo, al término de la reunión, que "los intendentes todos marcaron la vocación industrialista del pueblo correntino algunos con polígonos para desarrollar parques industriales como el de Corrientes y el de Santo Tomé. y proyectos trascendentes como la central hidroeléctrica Garabí".
Sostuvo que "hay que trabajar en la sustentabilidad de Garabi, hay que hacer todas las audiencias que hacen falta, entendiendo que desde el punto de vista estratégico desarrollar el proyecto binacional argentino brasileño con esa envergadura es un desafio histórico que sólo nuestro modelo de hoy puede llevar adelante y con un muy importante el protagonismo de correntino: sin Garabi no hay desarrollo indsutrial correntino", concluyó.
Julio De Vido, encabezó, junto al ministro de Salud, Juan Manzur, el encuentro en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda con 23 intendentes de la provincia de Corrientes, que presentaron proyectos de obras públicas para sumarse al plan “Más cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”.
Se trata de una iniciativa contracíclica que promueve obras públicas con demanda intensiva mano de obra y que beneficien a la mayor cantidad de gente posible, que ya se realizan con otras provincias. La dinámica consiste en que los jefes comunales realicen un repaso de las obras ejecutadas con fondos nacionales y expongan cuáles van a privilegiar en este plan.
Así, fueron desarrollados proyectos relacionados con viviendas, centros de salud, pavimento urbano, saneamiento, agua potable, accesos, bacheo, espacios públicos, iluminación y centros recreativos, ente otras. En 15 días el Secretario de Obras Públicas, José López, hará una devolución de las obras que se llevarán adelante en cada municipio.
Al comienzo de la reunión de trabajo, el ministro De Vido, destacó “la municipalización de la política, fundamentalmente en el desarrollo de la infraestructura” y consideró que “es parte de lo que le ha dado éxito importante a este modelo económico y social del extinto Presidente Kirchner y la Presidenta Cristina, desde el año 2003”. “Por eso queremos darle a los municipios un rol protagónico”, sintetizó.
El Ministro resaltó el “trabajo en equipo para llevar las políticas de los diversos ministerios al territorio, que se evidencia con la presencia del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, del ministro, del secretario de Transporte, Alejandro Ramos o del diputado Eduardo ’Wado’ de Pedro, que fue el articulador de esta reunión, desde la política como corresponde, y eso habla de una articulación muy rica".
Asimismo, se refirió a la represa binacional Garabí como el camino “para que Corrientes tenga un desarrollo industrial próspero, seguro, confiable y grande, porque tiene potencialidad, ya que tiene dos ríos de importancia que la rodean al este y al oeste, y la construcción de esta represa porque esto le da la posibilidad de expandir, de ser previsible y de crecer”. En tal sentido, recordó que el año que viene estará concluido el proyecto ejecutivo y que en el 2014, de no mediar ningún inconveniente, “podríamos tener la obra en marcha”.
“Tenemos que defender el modelo pero no sólo a los que lo llevan adelante sino a quienes lo garanticen”, sostuvo De Vido.
El intendente de Corrientes, Carlos ’Camau’ Espinola, sostuvo que aprendió de "Néstor y Cristina que cuando hay amor y hay trabajo diario, todo es posible. Necesitamos traer el modelo nacional a Corrientes, para que el año que viene estemos unidos y organizados como quiere la Presidenta".
Participaron los intendentes de los municipios de: Bella Vista, Nancy A. Sand; de Berón de Astrada, Isaac Ramírez; de Bonpland, Osvaldo Perez; de Corrientes Capital, Carlos Espínola; de Cruz de los Milagros, José Oscar Verges; de Curuzú Cuatia, Ernesto Javier Dominguez; de Garabí, Luis Alberto Allex; de Itá Ibaté, Manuel Portela; de Libertador, Raúl Antonio Cañete; de Lomas de Vallejos, Gustavo Vallejos; de Mariano Loza, Alejandro Parodi; de Monte Caseros, Eduardo Galantini; de Parada Pucheta, María Brambilla de Osuna; de Pedro Fernández, Cesar Víctor Acevedo; de Perugorría, Jorge Coroma; de Ramada Paso, Salvador Puyol; de Saladas, Daniel Alterats; de Santo Tomé, Víctor Daniel Giraud; de Sauce, Pedro Manuel Ferragut; de Tabay, Ramón Domingo Aguirre; de Tapebicuá, Javier Méndez Rivero; de Villa Olivari, D. Alberto Yavorski y al Vice Intendente de San Roque, Bruno Daniel Guzmán.
Las autoridades nacionales que también estuvieron presentes fueron: el secretario de Obras Públicas, José Lopez, el secretario de la Secretaria de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos; el Secretario de Asuntos Municipales – Ministerio del Interior- Lic. Ignacio Lamothe; el Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Edgardo Bortolozzi; el Subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala; el Coordinador General de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, Pablo Abal Medina, el Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá.
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Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
El ministro de Planificación se reunió con intendentes de la provincia de Corrientes para hablar sobre un plan de obras en el marco de un "modelo contracíclico" y sostuvo que "sin Garabí no hay desarrollo industrial correntino".
De Vido dijo a los intendentes que "se busca rápidamente generar un modelo contraciclico, un shock de obras de corta duración que nos permita fuertemente lograr altos niveles de ocupación en corto plazo y con efectos concretos de inauguraciones en corto plazo, sin perder objetivos liminares vivienda saneamiento y conectividad de las localidades con las rutas troncales".
El ministro sostuvo, al término de la reunión, que "los intendentes todos marcaron la vocación industrialista del pueblo correntino algunos con polígonos para desarrollar parques industriales como el de Corrientes y el de Santo Tomé. y proyectos trascendentes como la central hidroeléctrica Garabí".
Sostuvo que "hay que trabajar en la sustentabilidad de Garabi, hay que hacer todas las audiencias que hacen falta, entendiendo que desde el punto de vista estratégico desarrollar el proyecto binacional argentino brasileño con esa envergadura es un desafio histórico que sólo nuestro modelo de hoy puede llevar adelante y con un muy importante el protagonismo de correntino: sin Garabi no hay desarrollo indsutrial correntino", concluyó.
Julio De Vido, encabezó, junto al ministro de Salud, Juan Manzur, el encuentro en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda con 23 intendentes de la provincia de Corrientes, que presentaron proyectos de obras públicas para sumarse al plan “Más cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”.
Se trata de una iniciativa contracíclica que promueve obras públicas con demanda intensiva mano de obra y que beneficien a la mayor cantidad de gente posible, que ya se realizan con otras provincias. La dinámica consiste en que los jefes comunales realicen un repaso de las obras ejecutadas con fondos nacionales y expongan cuáles van a privilegiar en este plan.
Así, fueron desarrollados proyectos relacionados con viviendas, centros de salud, pavimento urbano, saneamiento, agua potable, accesos, bacheo, espacios públicos, iluminación y centros recreativos, ente otras. En 15 días el Secretario de Obras Públicas, José López, hará una devolución de las obras que se llevarán adelante en cada municipio.
Al comienzo de la reunión de trabajo, el ministro De Vido, destacó “la municipalización de la política, fundamentalmente en el desarrollo de la infraestructura” y consideró que “es parte de lo que le ha dado éxito importante a este modelo económico y social del extinto Presidente Kirchner y la Presidenta Cristina, desde el año 2003”. “Por eso queremos darle a los municipios un rol protagónico”, sintetizó.
El Ministro resaltó el “trabajo en equipo para llevar las políticas de los diversos ministerios al territorio, que se evidencia con la presencia del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, del ministro, del secretario de Transporte, Alejandro Ramos o del diputado Eduardo ’Wado’ de Pedro, que fue el articulador de esta reunión, desde la política como corresponde, y eso habla de una articulación muy rica".
Asimismo, se refirió a la represa binacional Garabí como el camino “para que Corrientes tenga un desarrollo industrial próspero, seguro, confiable y grande, porque tiene potencialidad, ya que tiene dos ríos de importancia que la rodean al este y al oeste, y la construcción de esta represa porque esto le da la posibilidad de expandir, de ser previsible y de crecer”. En tal sentido, recordó que el año que viene estará concluido el proyecto ejecutivo y que en el 2014, de no mediar ningún inconveniente, “podríamos tener la obra en marcha”.
“Tenemos que defender el modelo pero no sólo a los que lo llevan adelante sino a quienes lo garanticen”, sostuvo De Vido.
El intendente de Corrientes, Carlos ’Camau’ Espinola, sostuvo que aprendió de "Néstor y Cristina que cuando hay amor y hay trabajo diario, todo es posible. Necesitamos traer el modelo nacional a Corrientes, para que el año que viene estemos unidos y organizados como quiere la Presidenta".
Participaron los intendentes de los municipios de: Bella Vista, Nancy A. Sand; de Berón de Astrada, Isaac Ramírez; de Bonpland, Osvaldo Perez; de Corrientes Capital, Carlos Espínola; de Cruz de los Milagros, José Oscar Verges; de Curuzú Cuatia, Ernesto Javier Dominguez; de Garabí, Luis Alberto Allex; de Itá Ibaté, Manuel Portela; de Libertador, Raúl Antonio Cañete; de Lomas de Vallejos, Gustavo Vallejos; de Mariano Loza, Alejandro Parodi; de Monte Caseros, Eduardo Galantini; de Parada Pucheta, María Brambilla de Osuna; de Pedro Fernández, Cesar Víctor Acevedo; de Perugorría, Jorge Coroma; de Ramada Paso, Salvador Puyol; de Saladas, Daniel Alterats; de Santo Tomé, Víctor Daniel Giraud; de Sauce, Pedro Manuel Ferragut; de Tabay, Ramón Domingo Aguirre; de Tapebicuá, Javier Méndez Rivero; de Villa Olivari, D. Alberto Yavorski y al Vice Intendente de San Roque, Bruno Daniel Guzmán.
Las autoridades nacionales que también estuvieron presentes fueron: el secretario de Obras Públicas, José Lopez, el secretario de la Secretaria de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos; el Secretario de Asuntos Municipales – Ministerio del Interior- Lic. Ignacio Lamothe; el Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Edgardo Bortolozzi; el Subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala; el Coordinador General de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, Pablo Abal Medina, el Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá.
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Mussi acusó a Scioli de no invertir en el Riachuelo
Reclaman a la Provincia por obras en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La Nación dijo que existen demoras en los trabajos porque el gobierno bonaerense debe 160 millones
El gobierno de Daniel Scioli volvió ayer a quedar en la mira de la Casa Rosada, luego de que un funcionario K acusara a la Provincia de frenar las obras de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo por adeudar fondos que se destinarían a ese fin.
Quien disparó las críticas fue el secretario de Medio Ambiente Juan José Mussi, quien indicó que “la Ciudad de Buenos Aires debía aportar 160 millones de pesos y sólo aportó 25 millones. La Provincia tampoco aportó sus 160 millones de pesos”. En cambio, dijo que la Nación cumplió con el pago de 360 millones al Comité de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Las afirmaciones de Mussi se produjeron en el marco de una audiencia que se desarrolló en la Corte Suprema, que monitorea el cumplimiento de un fallo que obliga al saneamiento de la cuenca.
La Corte le había llamado la atención a Mussi por la demora en los trabanos, pero el ex intendente de Berazategui trasladó la responsabilidad a la Provincia y, en parte, al gobierno de Mauricio Macri.
En ese contexto, el representante bonaerense José Luis Enríquez, no pudo precisar, trascendió, cuándo la Provincia depositaría los fondos.
En tanto, Scioli supervisó ayer la primera etapa de la obra de saneamiento de la cuenca del arroyo Finochietto, de La Matanza, y sostuvo que el emprendimiento “tendrá un gran impacto desde el punto de vista social, económico, y fundamentalmente en lo que respecta a la salud de los vecinos”.
El mandatario realizó la recorrida luego de que se conocieran las críticas de Mussi a la gestión bonaerense a la que apuntó por retrasar el avance del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En La Matanza, Scioli estuvo acompañado por el intendente Fernando Espinoza y el director provincial de Hidráulica, Mario Gschaider, y sostuvo que “con esta obra de vanguardia va a quedar atrás la incertidumbre y la angustia de los vecinos, a causa del crecimiento del volumen del agua”.
“Este saneamiento hidráulico alienta a esta Matanza pujante y que crece día a día, a tener previsibilidad para que no se vuelvan a anegar estas tierras, y poder llevar adelante distintos tipos de emprendimientos habitacionales”, agregó.
En tanto, el intendente Espinoza, dijo que “es una obra estratégica que va a terminar con las inundaciones de tres grandes localidades, como González Catán, Laferrere y Rafael Castillo”.
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Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La Nación dijo que existen demoras en los trabajos porque el gobierno bonaerense debe 160 millones
El gobierno de Daniel Scioli volvió ayer a quedar en la mira de la Casa Rosada, luego de que un funcionario K acusara a la Provincia de frenar las obras de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo por adeudar fondos que se destinarían a ese fin.
Quien disparó las críticas fue el secretario de Medio Ambiente Juan José Mussi, quien indicó que “la Ciudad de Buenos Aires debía aportar 160 millones de pesos y sólo aportó 25 millones. La Provincia tampoco aportó sus 160 millones de pesos”. En cambio, dijo que la Nación cumplió con el pago de 360 millones al Comité de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Las afirmaciones de Mussi se produjeron en el marco de una audiencia que se desarrolló en la Corte Suprema, que monitorea el cumplimiento de un fallo que obliga al saneamiento de la cuenca.
La Corte le había llamado la atención a Mussi por la demora en los trabanos, pero el ex intendente de Berazategui trasladó la responsabilidad a la Provincia y, en parte, al gobierno de Mauricio Macri.
En ese contexto, el representante bonaerense José Luis Enríquez, no pudo precisar, trascendió, cuándo la Provincia depositaría los fondos.
En tanto, Scioli supervisó ayer la primera etapa de la obra de saneamiento de la cuenca del arroyo Finochietto, de La Matanza, y sostuvo que el emprendimiento “tendrá un gran impacto desde el punto de vista social, económico, y fundamentalmente en lo que respecta a la salud de los vecinos”.
El mandatario realizó la recorrida luego de que se conocieran las críticas de Mussi a la gestión bonaerense a la que apuntó por retrasar el avance del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En La Matanza, Scioli estuvo acompañado por el intendente Fernando Espinoza y el director provincial de Hidráulica, Mario Gschaider, y sostuvo que “con esta obra de vanguardia va a quedar atrás la incertidumbre y la angustia de los vecinos, a causa del crecimiento del volumen del agua”.
“Este saneamiento hidráulico alienta a esta Matanza pujante y que crece día a día, a tener previsibilidad para que no se vuelvan a anegar estas tierras, y poder llevar adelante distintos tipos de emprendimientos habitacionales”, agregó.
En tanto, el intendente Espinoza, dijo que “es una obra estratégica que va a terminar con las inundaciones de tres grandes localidades, como González Catán, Laferrere y Rafael Castillo”.
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Chaco elaborará un plan para gestionar su biodiversidad
Elaboración del plan para conservar la biodiversidad
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Se realizó el taller de apertura de la Comisión Técnica que tendrá a su cargo la elaboración del Plan Estratégico de Conservación de la Biodiversidad in situ en el Chaco. Entre las autoridades provinciales participaron el doctor Mario Cuevas, Director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, ingeniero Miguel López, director de Bosques, el licenciado Ignacio Saife, presidente del Instituto de Turismo, Juan Gallovich, vocal del Instituto de Colonización y Elba Sánchez de Romero del Instituto de Cultura.
Mientras que la Administración de Parques Nacionales estuvo representada por la directora de Conservación, Ana Balabusic y Rodolfo Burkart. También asistieron investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, personal del INTA y de la Dirección de Vialidad Provincial.
Entre los principales componentes del Plan Estratégico se incluyen las áreas protegidas y los corredores de Conservación integrados al Sistema Federal de Áreas Protegidas. Como inicio a este proceso de planificación, técnicos de la Dirección de Fauna y Contaduría General de la Provincia informaron sobre la normativa y situación actual de dichas áreas. Por su parte, representantes de Parques Nacionales compartieron los avances en proyectos regionales de conservación. La continuación de este trabajo conjunto prevé futuros encuentros para la definición de objetivos y acciones, conducentes a la conservación de la biodiversidad de nuestra provincia.
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Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Se realizó el taller de apertura de la Comisión Técnica que tendrá a su cargo la elaboración del Plan Estratégico de Conservación de la Biodiversidad in situ en el Chaco. Entre las autoridades provinciales participaron el doctor Mario Cuevas, Director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, ingeniero Miguel López, director de Bosques, el licenciado Ignacio Saife, presidente del Instituto de Turismo, Juan Gallovich, vocal del Instituto de Colonización y Elba Sánchez de Romero del Instituto de Cultura.Mientras que la Administración de Parques Nacionales estuvo representada por la directora de Conservación, Ana Balabusic y Rodolfo Burkart. También asistieron investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, personal del INTA y de la Dirección de Vialidad Provincial.
Entre los principales componentes del Plan Estratégico se incluyen las áreas protegidas y los corredores de Conservación integrados al Sistema Federal de Áreas Protegidas. Como inicio a este proceso de planificación, técnicos de la Dirección de Fauna y Contaduría General de la Provincia informaron sobre la normativa y situación actual de dichas áreas. Por su parte, representantes de Parques Nacionales compartieron los avances en proyectos regionales de conservación. La continuación de este trabajo conjunto prevé futuros encuentros para la definición de objetivos y acciones, conducentes a la conservación de la biodiversidad de nuestra provincia.
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Santiago del Estero y el abuso a campesinos
Denuncias de violencia contra campesinos
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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