Qué dice la ley de pesca ilegal aprobada en Diputados

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional


La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que reforma la ley de Pesca y las multas en Mar Argentino.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que reforma la ley de Pesca, con el supuesto objetivo de "ampliar y actualizar las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino".
Con la sanción de esta iniciativa, "el Gobierno busca combatir las prácticas ilícitas por parte de los buques en el Mar Argentino ya que las sanciones previstas antes de la reforma en debate quedaron desactualizadas porque datan de hace más de veinte años", según la agencia estatal Télam.
La iniciativa en Diputados fue aprobada por los votos que fueron aportados por la bancada del Frente de Todos, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Córdoba Federal y el bloque Justicialista.
Al abrir el debate en Diputados, la diputada del Frente de Todos, Ayelen Sposito, dijo que esta ley "complementa las leyes que ya se aprobaron para reafirmar la soberanía sobre Malvinas" y defiende "el cuidado de nuestros recursos" .
Tras reseñar los detalles de la ley, la legisladora dijo que la Argentina pierde "millones de dólares por la pesca ilegal".
En tanto, el diputado oficialista Santiago Igon, señaló que "es fundamental la sanción de esta ley porque se pierden 300 mil toneladas que se lleva la pesca ilegal" en el Mar Argentino y dijo que "complementa las acciones comprendidas en el gobierno en la defensa de la soberania".
El diputado de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó que esta iniciativa "es muy buena noticia porque es necesario armonizar una política en defensa de los recursos y completa sobre las leyes referidas a Malvinas" y destacó "un desafío de gran dimensión para todos nosotros".

Qué propone el proyecto
El proyecto aprobado por Diputados propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.
De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.
En tanto, el texto contempla que se implemente el mismo mecanismo vinculado al litro de gasoil para el resto de las sanciones que pudieran corresponder a buques nacionales; naturalmente, con mínimos y máximos menores a los establecidos para cuando la infracción sea pescar sin permiso.
Durante la cuarentena se avistaron un sinfín de barcos realizando pesca ilegal en Mar Argentino.
Este Régimen Federal de Pesca previsto en la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, en el Capítulo XIII, "Régimen de Infracciones y Sanciones", establece el procedimiento para la ejecución de las infracciones y la determinación de las sanciones que puede aplicar la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente.
En el caso de embarcaciones extranjeras pescando ilegalmente en Mar Argentino, la Autoridad de Aplicación podrá además disponer la retención del buque en puerto argentino hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta.
Asimismo, el proyecto tratado en maratónica sesión en Diputados establece que los gastos originados por servicios de remolque, practicaje, portuarios, tasas por servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se generen por el buque infractor; y los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional.
Esos gastos, de acuerdo al texto, serán devengados como consecuencia de la comisión de infracciones y deberán ser abonados por el propietario o armador o su representante, previo a su liberación.
A su vez, la iniciativa del Poder Ejecutivo enumera las posibles sanciones que van a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor, que van desde multas, suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de Aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción por un plazo que puede ir desde los cinco días a un año.
.

Botnia y su "lacayo": El gobierno uruguayo consiente todos los incumplimientos de la segunda pastera

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: Maxima OnLine
Provincia/Región: Nacional


Vencieron los plazos y las prórrogas que tenía la corporación finlandesa para la presentar los proyectos de las plantas química y de tratamiento de efluentes, exigidos por la autorización ambiental otorgada para UPM 2 en 2019
UPM continúa sin pausa la construcción de su segunda planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro, con la incalificable admisión de las autoridades del Ministerio de Ambiente frente a los sucesivos incumplimientos de las condiciones que le fueron exigidas a la corporación en el momento de otorgarle la Autorización Ambiental Previa (AAP) que permitía el inicio de las obras de la nueva mega planta. Desde marzo de este año, las autoridades ambientales tienen pendiente la sanción de una irrisoria multa, a pesar de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) calificó que  la empresa incurrió en una “infracción grave”.
Lo más insólito es que ciertos investigadores uruguayos que cuestionan el proyecto de la segunda planta de celulosa de UPM, consignan que hay una Finlandia “conmocionada” por la decisión de la corporación de cerrar una planta que ocupa a 450 trabajadores en aquel país, poniendo en un segundo plano lo que denominan "permisividad” del Gobierno uruguayo ante la arrogante postura posición de la empresa nórdica respecto a la futura planta de Pueblo Centenario. Y por supuesto, no escriben una palabra sobre el hecho de que Uruguay está incumpliendo una vez más, el Tratado del Río Uruguay por negarse –hasta ahora- a cumplir con su obligación de entregar toda la documentación del proyecto a nuestro país, para que Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) lo analice y se expida. Ciertas omisiones no son inocentes.
El 14 de mayo de 2019, la entonces Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, a través de la Resolución 690 extendió la APP, sujeta a una serie de condiciones y plazos para su cumplimiento, antes de que la planta entrara en operación. En tal sentido, se estableció que UPM disponía de ciento ochenta días para concretar las siguientes cuestiones pendientes:
- Definir la construcción de la Planta de Insumos químicos en la Zona Franca de pueblo Centenario (Kemira)
- Presentación de los proyectos de las Planta de Tratamiento de los Efluentes, del Sistema de Descarga de los mismos y en la zona de mezcla en el río
- Presentación del Plan General de Monitoreo de las condiciones ambientales y el Sitio de Disposición Final (SDF) de residuos en el interior de la Zona Franca.
- Plan de Gestión de Residuos Sólidos Industriales, con los gestores de las distintas líneas de residuos, los procedimientos y previsiones para el suministro del flujo del río requerido por la planta para la dilución de efluentes (mínimo de 80 metros cúbicos por segundo) y para las situaciones de sequía extrema y para cuando la planta tenga que realizar paradas de mantenimiento.
- Plan de Monitoreo de Calidad del agua, suelo y biota a comenzar a instrumentarse desde 2020.
El 15 de noviembre de 2019, venció el plazo sin que UPM hubiera cumplido ninguna de estas cuestiones. La corporación solicitó 90 días de prórroga para la Planta Química, la estructura de descarga de los efluentes y la zona de mezcla en el río y, además, solicitó una prórroga de 180 días más para el SDF de residuos sólidos y de una semana para el Plan de Monitoreo de Calidad del agua, el suelo y la biota.
Los finlandeses tampoco cumplieron con las prórrogas que ellos mismos habían requerido.
El 14 de febrero de este año, técnicos del  División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, encabezados por Cecilia Maroñas, llegaron al obrador ubicado en Pueblo Centenario, para constatar los avances de las obras. Allí comprobaron in situ que, pese a haber comenzado los trabajos a mediados de octubre de 2019,  “el camino del Tala aún se encuentra en obra (…) el tramo comprendido entre la Ruta 5 y la vía férrea se encuentra muy deteriorado (…) el tramo restante entre la vía férrea hasta el acceso al predio tiene conformada la base pero resta realizar la capa de rodadura definitiva”. Habían pasado cuatro meses del inicio de las obras y UPM no pudo cumplir con el plazo de 60 días en los que estaba previsto reacondicionar el camino del Tala. Los encargados de las obras dijeron los inspectores de la DINAMA que la pavimentación estaría lista “a fines de marzo de 2020”.

LA RESOLUCIÓN QUE NO "EXISTE"
En la DINAMA, los técnicos de la División Emprendimientos de alta Complejidad pusieron de manifiesto el delictivo ocultamiento de información que hace constantemente el Gobierno de la República Oriental sobre todo lo atinente al proceso de autorización y construcción de la segunda planta de celulosa de UPM, lo cual quedaría reflejado en el Informe de fecha 17 de febrero pasado de la técnica Maroñas.
En ese documento de la DINAMA, se revela algo que aún no se conocía. El 10 de enero de 2020, el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente emitió oficialmente un apercibimiento a UPM por los incumplimientos en los que venía incurriendo sistemáticamente. Sin embargo esa sanción, firmada por la entonces ministra De León, hasta el día de hoy no fue hecha pública. El instrumento administrativo en cuestión es la Resolución 45/2020, que no aparece en el registro de Normativa Publicada de la Presidencia uruguaya, está explícitamente mencionada en el Informe redactado por Cecilia Maroñas. Según el Gobierno uruguayo, esa resolución no es pública o es como si no existiera para ojos extraños. Pero existe.
Después que Maroñas firmara, el 18 de febrero, su Informe de “Propuesta de Sanción a UPM”, las empresas Cuecar S.A. y Blanvira S.A. –las fachadas que utiliza la corporación finlandesa para sus operaciones en Uruguay-  respondieron que la sanción que se les quería imponer era desproporcionada y, también, expresaron  que la infracción que estaban cometiendo era grave. Alegaron que no correspondía aplicar la multa y que “debería desestimarse o al menos disminuirse considerablemente el monto de la misma”.
El 11 de marzo de 2020, diez días después de la asunción de Lacalle Pou, el Área de Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA desestimó las consideraciones de UPM al Informe de la técnica Maroñas, no aceptó nuevas prórrogas y ratificó su propuesta de sancionar a UPM por el incumplimiento en la reconstrucción y pavimentación del camino del Tala y propusieron aplicar a UPM una multa por “infracción grave” de 200 Unidades Reajustables, equivalentes a unos 6 mil dólares una cifra que, por lo irrisoria, exime de todo comentario. Cinco días después, el 16 de marzo, UPM solicitaba una nueva prórroga de 30 días para adjuntar el proyecto sobre la presunta construcción de la Planta Química de Kemira en Pueblo Centenario, mientras la petición de sanción a la corporación fue depositada en el anaquel de los expedientes cajoneados. Los acontecimientos, a esta altura, ya se asemejaban más a una broma siniestra.
El 13 de mayo de 2020, la División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, hizo un balance de la marcha del proyecto de UPM y concluyó que el Plan de Monitoreo Ambiental estaba “incompleto”, que “sigue pendiente de presentación el Proyecto la Planta Química (…) no se ha presentado por parte de la empresa el Plan de Tratamiento y el Sistema de Dilución de los Efluentes” y, tampoco, “el SDF de residuos sólidos”. Pese a constatar semejantes incumplimientos, la DINAMA en lugar de denunciar la grave situación y exigir un plazo perentorio para que UPM se pusiera al día con sus obligaciones, solo indicó la mayor o menor “premura” en los casos pendientes.
A esa altura, ya estaban en funciones las nuevas autoridades de la DINAMA designadas por el gobierno de Lacalle Pou y el 26 de agosto asumía el primer ministro de Ambiente uruguayo, Adrián Peña. Desde entonces, sigue sin haber decisión sobre si UPM debe pagar o no los 6000 dólares de multa.

PRONÓSTICO DE TORMENTAS
Mientras las autoridades uruguayas continúan otorgando prórrogas para favorecer que la corporación finlandesa no cumpla con lo que firmó, propone “multas” irrisorias, hay algunas otras cuestiones que son alarmantes.
La primera de ellas es la referida a la modificación del Digesto para el Uso y Aprovechamiento Integral del Río Uruguay, que fue aprobado por las Delegaciones argentina y uruguaya ante la CARU a finales de 2019 y que modificara diversos parámetros de control, para facilitar así que UPM disponga de total impunidad para contaminar dicho curso de agua.
Se sabe certeramente que en el piso 15° de la Cancillería Argentina, el equipo técnico de la Consejería Legal que encabeza Mario Oyarzábal ha recomendado rechazar varios aspectos de las reformas que aprobaron los ya ex delegados de Cambiemos y el Frente Amplio cuando estaban en la CARU. En estos análisis han participado, entre otros, la nueva Directora de Asuntos Ambientales Silvia Beatriz Vázquez, el Director de Tratados Internacionales, Gerardo Bompadre. Se sabe que también consultó la opinión de los por ahora, únicos vocales argentinos ante CARU: Rodolfo María Ojea Quintana y María Marta Insausti.
Es altamente probable que la Delegación de nuestro país que preside José Eduardo Lauritto, va a proponer dar marcha atrás con numerosos cambios introducidos en el Digesto, lo cual no será para nada sencillo, teniendo en cuenta que en el organismo binacional todo se resuelve por consenso.
Otro de los asuntos preocupantes en la CARU, ya lleva dos meses y sigue sin solución. El 3 de julio último, el Ingeniero Agrónomo Marco García fue “invitado” a renunciar como Secretario Técnico del organismo binacional. La Secretaría Técnica es la dependencia encargada de coordinar e instrumentar todos los planes de monitoreo que la CARU tiene sobre el río, incluido el Comité Científico que ingresa mensualmente con aviso previo a Botnia Fray Bentos. Tenía un contrato vigente de tres años, pero fue echado cuando apenas llevaba 15 meses de labor.
El tema tiene sus bemoles, porque el eyectado García –un explícito referente del Frente Amplio uruguayo- no recibió el mismo tratamiento que se ha adoptado respecto al poderoso Secretario Administrativo Marcos Di Giuseppe, puesto en ese cargo por el cambiemita Mauro Vazón y que ha sido confirmado en sus funciones por las nuevas autoridades argentinas en el organismo binacional. La Secretaría Administrativa es clave: maneja el presupuesto, las contrataciones de personal y gestiona las millonarias licitaciones en la CARU. Se da la circunstancia de que Vazón y su sucesor, Lauritto, son de Concepción del Uruguay y entre ambos hay estrechas relaciones.
Más allá de cualquier suspicacia, quizá se avecine una tormenta aún más peligrosa en torno a la CARU y que puede llegar a convertirse en una tempestad.
El Estado uruguayo, por ahora, ya ha transmitido a nuestro país su “negación” –término utilizado por las fuentes diplomáticas consultadas- a hacer entrega de toda la documentación del Proyecto UPM2 para que pueda ser evaluado por la CARU, de acuerdo a lo prescripto por el Estatuto del Río Uruguay, que rige en todos aquellos casos de emprendimientos que, por su envergadura, pueden afectar el curso de agua compartido.
Esta obligación de requerir o de ser requerido, es común tanto para Argentina como para Uruguay. Pero hay plazos establecidos para hacerlo. Cuando estalló el conflicto por la pastera que hoy funciona en Fray Bentos, nuestro país se durmió. Dejó extinguir los límites temporales previstos en el Estatuto para que el paisito respondiera. Hechos consumados que le dicen. Tan es así que tuvo que ser el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el que, en su fallo de 2010, condenara al vecino de enfrente por su negación a informar en tiempo y forma.
Independientemente de que siempre hay prestar mucha atención al significado de ciertas palabras que se suelen utilizar en el vidrioso lenguaje diplomático, lo cierto es que los responsables de la Cancillería de nuestro país y de la CARU mantienen, hasta el momento, un ominoso silencio.
.

Instan a la población a denunciar hallazgo de monos muertos o decaídos   

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La detección de los monos muertos por fiebre amarilla en Cascavel, municipio brasileño ubicado a apenas 85 kilómetros de la frontera con Misiones, despertó la alerta de las autoridades sanitarias de Nación y la provincia, quienes reforzaron las actividades de prevención, es decir, de vacunación en la zona y monitoreo de monos. Es por ello que se desarrollaron reuniones para definir acciones en San Pedro, El Soberbio, San Vicente, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Pozo Azul, Comandante Andresito y Puerto Iguazú.
En la lucha contra esta enfermedad, que tuvo su último brote en 2008/2009, los monos son considerados centinelas, esto es, indicadores de que la enfermedad llegó a un lugar o zona. De ahí la importancia de ver su comportamiento para la detección temprana.
“Lo que pedimos es que la gente nos informe si tiene monos en sus cercanías para saber que tenemos un ambiente sano; si ellos los escuchan, los ven, quiere decir que están bien, sanos. Queremos que ellos sean nuestros colaboradores para saber si nuestro monte está saludable. En el caso de que llegasen a encontrar algún mono decaído, que se aleja de la manada o muerto también solicitamos que nos informen o se acerquen al primer puesto de guardaparques”, solicitó Patricia Sandoval, directora de Biodiversidad del Ministerio de Ecología de la provincia, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.
El ministerio tiene habilitado para esto la línea Ecología te escucha: 376-4883555 donde cualquiera pueda notificar alguna situación irregular respecto de los primates.
En la provincia de Misiones existen tres especies de monos: el carayá rojo, el negro y el caí. Son tan susceptibles a la fiebre amarilla como los humanos pero al que más ataca es al carayá, pudiéndolo matar en el lapso de dos o tres días. El carayá rojo, en particular, está en peligro de extinción por lo que la detección temprana mediante el monitoreo puede evitar que la especie desaparezca.
“La especie carayá rojo está muy limitada porque tiene una distribución muy pequeña en la zona de San Pedro, vive muy asociado a la araucaria y por eso allí se lo encuentra, es la especie que corre peligro de extinción por la fiebre amarilla y es muy susceptible a ella”, explicó Sandoval.
Por su parte, Luciana Oklander, bióloga, investigadora adjunta del Conicet del Instituto de Biología Subtropical (Puerto Iguazú), resaltó que los monos no transmiten la enfermedad, es el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, el zika y la chikungunya.
“La gente piensa que los monos son los que traen la fiebre amarilla y pueden contagiar, pero no, el que llega es el mosquito, es la única manera que nos podemos contagiar. Ellos no tienen nada que ver con el ciclo del contagio, por el contrario, es muy bueno tener monos en la zona porque son los indicadores de que está llegando y en Brasil hizo que se pudiera alertar a la gente y empezaron a vacunar”, aseguró la profesional.
Oklander y Sandoval coincidieron que los monos son muy activos y se encuentran en las copas de los árboles por lo que las señales de alarma serían ver que no se pueden sostener, están decaídos, en el suelo y, en última instancia, muertos. “Son signos claros de que están enfermos, puede ser de cualquier cosa, pero es conveniente avisar al Ministerio de Ecología”, insistió Oklander.
“Venimos realizando campañas desde 2017 porque siempre dicen que Brasil está cerca, ahora los casos están a 80 kilómetros, entonces realizábamos avistaje de primates. Hasta ahora nuestra población de primates está sana, no hemos tenido ningún caso de epizootia y espero que no lo tengamos ahora. Desde 2008/2009 que tuvimos el último brote, no tenemos registro”, cerró Oklander.

Para denunciar
376-4883555
Ecología te escucha.
El ministerio habilitó esta la línea para que las personas que vean algún comportamiento inusual en los monos puedan denunciar.
.

Las lluvias apagaron los focos de incendio en el Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Litoral Argentino


Sin focos de incendio, no se registran focos de incendio en la zona del Delta, a propósito de la lluvia. La imagen satelital es de la NASA y fue tomada el viernes 18 de abril. Se observa la nube de humo cubriendo el Delta y toda la región Nordeste de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a las ciudades de Buenos Aires y La Plata y el Sudeste del Uruguay. En rojo se señalan los focos de incendio de ese día.
Por primera vez en mucho tiempo, toda la margen santafesina del río Paraná está libre de fuego. Sólo la naturaleza pudo contener lo que el trabajo a destajo -de tantos brigadistas- no pudieron: las quemas en las islas entrerrianas.
Las lluvias de las últimas 96 horas han sido claves para poner fin al menos hasta el cierre de esta edición, al flagelo ambiental, que ya dañó 198 mil hectáreas en Santa Fe y en Entre Ríos, informó el portal Sin Mordaza.
El Servicio Meteorológico Nacional señaló que ayer las precipitaciones estuvieron presentes en modo intermitente hasta la llegada de la noche durante gran parte de la provincia. Para hoy jueves, las lluvias cesarían y el cielo permanecería nublado a parcialmente nublado.
La lluvia de las últimas horas, consiguieron sofocar los focos más problemáticos del Delta, incluso hasta la desembocadura en el Río de la Plata.
De acuerdo al último registro de la Nasa sobre la zona, no hay focos de incendio en toda la margen santafesina del río Paraná, incluso no se aprecia ningún “puntito rojo” hasta la desembocadura del Río de la Plata.

Terraplenes, más peligroso que el fuego
Por su parte, el abogado especialista en Derecho Ambiental, Fabián Maggi, explicó detalles sobre la causa judicial que sustancia la Justicia Federal por los incendios en islas del Delta y la incorporación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar el posible lavado de activos en la construcción de 19 terraplenes en la zona del Delta de Victoria.
En declaraciones realizadas al programa de radio “A Quien Corresponda” (Radio De la Plaza de Paraná), Maggi confirmó que “en el Delta no preocupa no solamente la cuestión del fuego sino también la construcción de terraplenes que vuelve al humedal como si fuera una zona pampeana y eso genera una degradación ambiental en términos de los ecosistemas de los humedales”.
En ese contexto, mencionó que “hubo una intervención de la UIF en el marco de la causa penal que, por lo que sabemos, investiga exclusivamente la cuestión de los incendios, y el tema terraplenes es abordado en el fuero civil, a cargo de Daniel Alonso en el Juzgado Federal de Paraná, que está llevando adelante una acción donde se reclama el daño causado por los terraplenes y la recomposición de ese ambiente”.
Sobre este punto, indicó que “para muchos especialistas el tema de los terraplenes es una preocupación aun mayor que la de del fuego” y agregó que “en la zona de Victoria se detectaron 19, pero son muchos más que abarcan otros Departamentos de Entre Ríos y la extensión que tienen es muy grande y eso genera un impacto en una zona muy amplia del humedal”.
Explicitó que “se construyen con la idea de volver similar a la Pampa a la zona de islas para poder sembrar soja, hacer ganadería y tener un manejo durante todo el año evitando las épocas de crecida. Esto es una modificación del sistema, que se denomina antrópica –es decir, hecha por el ser humano- que no contempla el funcionamiento del ecosistema, sino que lo modifica, y eso es un daño ambiental, un daño en el patrimonio de toda la sociedad, y un daño en la naturaleza como sujeto de derecho”.
Respecto del accionar de la Justicia, el abogado sostuvo que “la medida cautelar está dictada, y vigente, por el Juzgado Federal, pero hay un notorio incumplimiento, porque circulando por la traza vial que une Rosario y Victoria se pueden ver las máquinas retroexcavadoras trabajando en los terraplenes”.
“Ante eso los ciudadanos nos preguntamos cómo puede ser que no se prohíba esa prohíba, no se detenga ni se secuestre la máquina, tal como ordenó el juez Alonso. Y eso es una responsabilidad de la Gendarmería, la policía de Entre Ríos y la Prefectura que tienen una orden concreta de evitar todo movimiento de suelo, y por eso surge la preocupación y la inquietud de la sociedad”, planteó.
De todos modos, mencionó que “en torno a eso se presentó el reclamo en el Juzgado Federal a cargo de Alonso, y se está a la espera de que se movilice porque hasta hace pocos días el juez no hacía lugar a las notificaciones electrónicas, que agilizaría todo, pero en los últimos días cambio de temperamento y entendió la necesidad de notificar vía correo electrónico”.
Por otra parte, sostuvo que la intervención de la UIF “es una cuestión muy novedosa dentro de los delitos ambientales”. “En el último plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se decidió trabajar sobre los delitos ambientales y al recibir esas recomendaciones el Estado argentino decidió intervenir en esta causa porque indudablemente estamos en presencia de un delito ambiental que genera beneficios económicos en quienes los ejecutan y al integrarlos al sistema financiero se produce lo que se denomina el lavado de activos, y por eso la UIF pidió el ingreso en esta causa penal”, explicó.
En cuanto a la causa judicial por los incendios, Maggi reiteró que “el juez Alonso tiene la parte civil de la investigación y el control de la parte penal” y consideró que “acá la actividad instructora y el Ministerio Público Fiscal debería tener un trabajo de mayor calidad”. Apuntó que “se identificó a muchas personas como supuestos responsables, pero vemos que algunos están fallecidos, otros son personas discapacitadas y otros hace muchos años que ni siquiera van a la isla, con lo cual habría que hacer un enfoque más detallado, una investigación más puntual y además entendemos que debe incorporarse la cuestión de los terraplenes en la causa penal”.
“Todas estas son falencias que notamos en la actividad del Ministerio Público Fiscal y lo estamos tratando de modificar. Estamos pensando en una serie de medidas que vamos a pedir y una serie de actuaciones por fuera del expediente para dale algo más sólido al trabajo que se está llevando adelante, en el sentido de la identificación de los responsables en términos penales”, sentenció. Al respecto, dijo que “es necesario que en la causa penal sean llevados a juicio los verdaderos responsables”.

Acceso a la tierra
En otro orden de temas, se refirió al proyecto que buscar imponer un Régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles de dominio público en islas y humedales, y sostuvo que “Entre Ríos tiene un protagonismo mucho mayor porque territorialmente es la que ocupa la mayor porción y también ahí desde hace años se verifican situaciones, al menos sospechosas, con tierras fiscales”.
Ejemplificó que “se han dado situaciones de tierras fiscales que en un principio fueron arrendadas y con el transcurso del tiempo fueron vendidas a precios que se presumen irrisorios y hoy se han transformado, de una manera un tanto cuestionable, en titulares de esas tierras”.
Por otra parte, dijo no tener “ninguna información concreta” sobre el proyecto para la instalación de granjas para la cría masiva de cerdos “pero no es difícil suponerlo por lo que han expuesto las autoridades respecto de estos megaproyectos que tienen una fuerte oposición de la sociedad por el riesgo ambiental que generan”.
“Según las explicaciones que ha dado la Cancillería están destinados a radicarse en zonas de producción de granos, con abundancia de agua y vías de comunicación, y esta zona cumple esos tres requisitos por lo cual podría pensarse que en algún lugar se podrían llegar a instalar”, concluyó.
.

Trabajan en remediación de sitios contaminados

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


Se realizó una reunión en el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, entre funcionarios del organismo y de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), donde se unificaron criterios de trabajo para la remediación de sitios afectados.
 De la misma, participaron el subsecretario de Regulación y Control Ambiental, Juan Daniel Micheloud; la jefa de Departamento de Gestión de Sustancias y Residuos Peligrosos, Mariana Gigena; el director de Planeamiento, Marcelo Capart; y la jefa de Ambiente, Laura Vodanovich.
Cabe destacar que se llevan adelante una serie de reuniones de trabajo, en las que se establecieron cronogramas y planificación para llevar a cabo. Además se acordó que en el año 2021 se lograrán los objetivos planteados.
«Los residuos son parte de la matriz productiva», manifestó Micheloud, por lo que las empresas, o en este caso el organismo provincial, deben incorporarlos dentro de la gestión integral ambiental.
Agregó que «celebro la iniciativa de Vialidad Provincial en buscar soluciones, y por primera vez estamos logrando un acuerdo en la remediación de los sitios, totalmente abandonados».
Por su parte, Marcelo Capart señaló que «desde Vialidad Provincial, tenemos el compromiso de la presidenta, Cynthia Gelvez, quien reconoce que se debe trabajar en la búsqueda de alternativas para la remediación de los sitios contaminados».
.

Crearán la Secretaría de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


La iniciativa del presidente del Parlamento Misionero, Carlos Rovira, fue tratada por los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el caso de que sea aprobada por el pleno, se realizarían las adecuaciones presupuestarias correspondientes y se modificaría la Ley de Ministerios.
Durante la reunión la presidente de la Comisión, Adriana Bezus, explicó que la Secretaría tendrá por objetivo el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el cambio climático y será la encargada de “planificar e impulsar todas las acciones tendientes para mitigar las consecuencias del efecto invernadero”.
“Esto tiene relación directa con el Acuerdo de París adoptado en diciembre de 2015 entre 195 países, entre ellos Argentina, para abordar la temática y combatir el cambio climático” y con el compromiso de la provincia “por sostener la biodiversidad”, añadió.
El área deberá asistir al Gobernador en el desarrollo e implementación de planes y monitoreo, como los planes estratégicos de disminución y emisión de gases de efecto invernadero y de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático; además de desarrollar e implementar los principales indicadores y objetivos a corto, mediano y largo plazo en lo relativo a las emisiones y otras variables como las emisiones por actividades, emisión de Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido de Nitrógeno (N20), entre otros, calidad del aire y del agua, incendios, sequías, olas de calor, cambios de nivel de cursos de agua, efectos en la salud e impacto en la economía.
También adoptar modelos internacionalmente reconocidos para la presentación y disponibilidad de información de la calidad del aire y otras variables ambientales, compatibles con las prácticas actuales y en coincidencia con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; intervenir en coordinación con los organismos regionales, nacionales e internacionales relacionados con sus competencias; y elaborar planes de acción, mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos hídricos, de incendios y sequías ante nuevos escenarios climáticos.
Asimismo asesorar a otros organismos sobre nuevos criterios generales de diseño que contemplen los efectos en la troposfera generadores de cambios; firmar convenios con institutos y centros de investigación u otras personas humanas y jurídicas de derecho público o privado para promover el desarrollo de estudios e investigaciones referidas al cambio climático y su impacto regional; ejercer como Autoridad de Aplicación en las cuestiones relacionadas al cambio climático, en las áreas y materias que correspondan o se relacionen con la Provincia en virtud del régimen jurídico provincial y nacional; y promover el desarrollo sustentable a partir del uso de energías renovables, adopción del concepto de eficiencia energética en la construcción, uso de biocombustible, promoción del uso del transporte (automóviles, camiones y ómnibus) con cero emisiones; entre otros asuntos a cargo.
“El cambio climático es un problema de la humanidad, por lo tanto, como provincia, nos proponemos adoptar medidas para hacer frente a sus efectos adversos en cumplimiento del Acuerdo de París”, especificó Rovira en el proyecto que consideraron los legisladores.
Misiones cuenta en su estructura administrativa con la Dirección General de Cambio Climático dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, precisó Rovira en los antecedentes, pero es necesario “sumar a los esfuerzos que ya se vienen realizando”.
“Por los impactos que hoy padece nuestro planeta y que afectan a todos es necesario tomar medidas inmediatas; no se trata de algo lejano que provocaba desastres naturales en otros continentes, sino que afecta directamente a nuestra provincia como se puede observar con la variabilidad climática que posee Misiones, donde se alternan periodos secos, húmedos, inundaciones y sequías, con los efectos negativos que ello conlleva a la producción rural”, describió el legislador en los fundamentos de la iniciativa.
.

Las mujeres lideran las luchas por los derechos ambientales en Argentina

Fecha de Publicación: 03/09/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Madres de Ituzaingó en Córdoba, Madres del Agua en Mendoza y las Asamblea de Nonogasta en La Rioja, entre otras, son quienes encabezan los reclamos a un ambiente sano.
*Son numerosas las experiencias de mujeres* a nivel mundial que lideran luchas de valoración de la salud ambiental y humana. En Argentina, tenemos los casos de las Madres de Ituzaingó en Córdoba, Madres del Agua en Mendoza y las Asamblea de Nonogasta en La Rioja, entre otras. Se caracterizan por no tener un /modus operandi/ determinado, pero sí una voz fuerte e insistente. Es así que, cuando esos derechos se ven vulnerados, toman el rol de líderes, muchas veces invisibilizadas, para
pelear por la defensa socio ambiental.
En general, se trata de ecosistemas que fueron arrasados precisamente para la homogeneización de prácticas productivas y de las formas de la vida (por ejemplo, bajo los monopolios de semillas genéticamente modificadas, o de los monocultivos a gran escala). Como respuesta, la mirada ecofeminista nos permite comprender que las mujeres son las primeras que entienden en carne propia cómo el ambiente perjudica la salud de quienes las rodean: con alimentos con agrotóxicos, contaminación de industrias cercanas, emprendimientos mineros cerca de su pueblo o fumigaciones de escuelas. Los episodios se alternan, pero tienen como denominador común mujeres despiertas, con mirada social, que relevan información, se agrupan y luchan por los derechos al ambiente sano de su pueblo.
*Madres de Ituzaingó, Córdoba. *Sofia Gatica, Marcela Ferreyra, Norma Herrera, Vita Ayllon, Julia Lindon. Son cinco de los nombres que encarnan la lucha de muchas de las Madres de Ituzaingó en la provincia de Córdoba. Desde 2002 abanderan la lucha contra la contaminación por agrotóxicos en el corazón de la producción sojera de Argentina.  Entre otros saberes, el más destacado fue su dolor genuino por la afloración de casos de cánceres, abortos espontáneos y leucemia en su pueblo, con
el que confeccionaron un mapa casero de las enfermedades de Ituzaingó. Dieron cuenta que tenía que existir una vinculación con las fumigaciones directas de glifosato que azotaban sus hogares y escuelas. Marchan sin cesar por los reclamos de derechos al ambiente sano. Sus investigaciones luego fueron avaladas por la ciencia.
*Beatriz Mendoza*, ni más ni menos que la promotora de la primera causa ambiental de la historia judicial. Beatriz denunció la contaminación de los barrios asentados en las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada del país, que provocó daños individuales y colectivos. Su denuncia involucra al Estado Nacional, 44 empresas, a la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad. El caso fue tan emblemático que derivó en el dictamen de la ley récord para la creación de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo). Se trata del primer caso de gestión ambiental interjurisdiccional para la protección de un recurso natural y la recomposición de los daños ambientales.
 *Madres del agua. *En Mendoza, en diciembre 2019, al brotar la derogación de la “ley protectora del agua” N °7722 las luchas ambientales mendocinas enunciaron “el agua no se toca” y “la 7722 no se toca”. Hubo un grupo de mujeres que participaron de esas marchas y mostraron que los reclamos por el cuidado de la naturaleza son pacíficos. Establecieron así puntos de no retorno sobre las trayectorias que cada ley. La inclusión femenina fue amplia: no solamente fueron impulsadas por docentes y juventudes, sino también las reinas de la Vendimia, quienes - bajo el entendimiento de que la gran celebración de la Vendimia depende de la disponibilidad hídrica- también hicieron uso de su recurso de poder para avanzar en la lucha.
*Asamblea El Retamo de Nonogasta, La Rioja. *Clara Olmedo lidera la denuncia de contaminación generada por las curtiembres, a causa de la liberación continua de los efluentes de su producción en piletones en el suelo o al aire libre, desde hace 30 años. Esto ha causado malformaciones, muertes, abortos espontáneos en la población de Nonogasta. A pesar de estos graves efectos en la salud ambiental y humana, se minimizan sus argumentos de lucha, justamente al estar encabezada por mujeres que ponen el cuerpo. Se desestiman sus reclamos diciendo “/son argumentos traídos de afuera/” o que “/tales impactos en la salud son por falta de cuidados de las mujeres en sus embarazos/”.
.

El Consejo Federal de Medio Ambiente celebró el 30 º aniversario de su creación

Fecha de Publicación: 03/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, Juan Cabandié, y el diputado nacional Leonardo Grosso participaron de la asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), a 30 años de su creación. La celebración del aniversario, realizada por videoconferencia, contó con la presencia de las máximas autoridades ambientales del país y estuvo encabezada por el presidente del organismo, Santiago Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, y la vicepresidenta Dina Migani, secretaria de Ambiente de Río Negro.
“Un día como hoy, hace 30 años, en la ciudad de La Rioja nacía el COFEMA”, recordaba Azulay al abrir la asamblea. El presidente del Consejo sostuvo que el organismo para la concertación y coordinación de políticas ambientales “representa al federalismo en su esencia más pura”. “Estamos orgullosos de pertenecer a este espacio conformado por todas las autoridades ambientales de las provincias”, dijo el funcionario riojano, y se mostró agradecido con el ministro Cabandie, sobre el que consideró que “se puso el overol de la militancia ambiental”.
En el encuentro, Cabandié destacó al Consejo como un ámbito para el trabajo conjunto entre la Nación y las 24 jurisdicciones con “buen espíritu de compañerismo”, y calificó al espacio de gestión pública federal como “enriquecedor” y “muy necesario para el país y para las próximas generaciones”.
Además, el ministro se refirió a la reciente decisión del presidente Alberto Fernández de reincorporar al Sistema Federal de Manejo del Fuego a la órbita de la cartera de Ambiente nacional. “Es una buena noticia para todas las provincias y para la Nación, le vamos a dar una impronta entre todos, no solamente para apagar focos, sino también para prevenir los incendios y preservar los distintos ecosistemas”, dijo. Asimismo, adelantó que se evalúa emplazar otras dos bases operativas más de la Brigada Nacional en las provincias de Córdoba y Misiones, las que se sumarían a la de Chubut, en una iniciativa para “robustecer a los sistemas provinciales de manejo del fuego para una mayor capacidad de respuesta”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación evaluó como paradójica la situación de celebrar el aniversario de la creación del COFEMA mediante videoconferencia atento a que “el mundo entero sufre de una pandemia de origen zoonótico como resultado de la depredación del ambiente”. “En este contexto ha aumentado la reflexión en la sociedad acerca de la necesidad de preservar el ambiente”, manifestó Grosso y agregó que “al calor de esta pandemia ha quedado en claro que el Estado tiene un rol fundamental: es el que puede reorganizar a la sociedad de una manera más sostenible y justa”, por lo cual llamó a toda la dirigencia institucional global, nacional y provincial a “instalar y profundizar” este debate.
Durante la asamblea, los miembros del Consejo declararon de interés federal ambiental varias iniciativas: la decisión de unificar el Servicio Federal de Manejo del Fuego; el Plan Forestal “Más Árboles, Más Vida” del Gobierno de San Luis; la problemática del control y erradicación de especies exóticas e invasoras en Tierra del Fuego, y en especial a la especie asilvestrada “Conejo de Castilla”; y al Plan de Acción Provincial de Lucha contra la desertificación, sequía y degradación de tierras de La Rioja. Además, acordaron la necesidad de darle prioridad al trabajo coordinado de las comisiones del COFEMA de Agua y Cuencas Hídricas, Biodiversidad y Ordenamiento Territorial, en la temática federal sobre los humedales y su gestión, para lo cual se solicitó articular con autoridades legislativas del Congreso Nacional, en relación al debate del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección, conservación y usos sostenible de los humedales.
La cartera de Ambiente nacional estuvo representada por Soledad Cantero, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores; Florencia Gómez, subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional; Martín Mónaco, director nacional de Bosques; y Néstor Salcedo, director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información.
En representación de las jurisdicciones participaron por la provincia de Buenos Aires, Juan Brardinelli, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), y Mercedes Fino, directora provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático; por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Renzo Morosi, presidente de la Agencia de Protección Ambiental, y Yanina Fasano, subgerenta Operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales; por Catamarca, Alberto Kozicki, ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, y Emanuel Soberón, secretario de Medio Ambiente; por Chaco, Marta Soneira, secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, y Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad; por Chubut, Rodrigo Roveta, secretario de Bosques; por Córdoba Juan Carlos Scotto, secretario de Estado de Ambiente; y por Corrientes, Mario Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA); y Osmar Dufort, gerente de Coordinación de Gestión Administrativa.
Además asistieron por Entre Ríos - Valeria Gonzalez Wetzel, subsecretaria de Ambiente; por Formosa, Hugo Bay, subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental; y Horacio Zambon, coordinador Ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua; por Jujuy, María Inés Zigarán, ministra de Ambiente; por Misiones, Mario Vialey, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables; por San Juan, Raúl Tello, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable; por San Luis, Natalia Spinuzza, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Parques; por Santa Cruz, Mariano Bertinat, secretario de Estado de Ambiente; por Santa Fe, Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático; Santiago del Estero, Carlos Salmohiragui, subsecretario de Medio Ambiente; por Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente, y Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente; por Tucumán, Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente.
.

El plan de Hensel para que Argentina no pierda el tren minero

Fecha de Publicación: 03/09/2020
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Nacional


Argentina tiene una cartera de oportunidades mineras de más de 320 proyectos y, sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado, suponen inversiones por US$ 30.000 millones. Aunque, si no se lograran nuevas desarrollos hacia 2025, se perderían hasta dos tercios de la producción actual.
Así lo destacó el secretario de Minería, Alberto Hensel, en una entrevista con Télam. “El aprovechamiento del potencial y la forma de evitar la pérdida de dos tercios de la producción actual, requiere de acciones estratégicas y consensuadas. Argentina debe hacer frente a desafíos que generan incertidumbre en el desarrollo de los proyectos y eliminar las barreras que reducen la competitividad de la industria a largo plazo”, afirmó Hensel.
“Argentina ocupa el sexto lugar entre los países con mayores recursos mineros con una superficie de potencial productivo 750.000 km2, de los cuales resta explorar más de 75%”, precisó el funcionario. Sin embargo, “el país no es un destino prioritario para la inversión minera: entre 2012 y 2019 sólo dos nuevas operaciones entraron en producción, y no existen actualmente proyectos a gran escala en construcción”.
“En el mismo plazo las exportaciones mineras pasaron de US$ 5.000 millones a US$ 3.200 millones (concentradas en sólo cuatro provincias), con una reducción del 36%”, recordó. Así, para 2025, Argentina podría perder hasta dos tercios de su producción minera actual debido al potencial cierre de proyectos que se encuentran en etapas maduras de desarrollo.
Esto implicaría una importante pérdida para la economía nacional en términos de empleos, exportaciones y generación de divisas, entre otros factores. Para ello, “el país tiene identificados 329 proyectos para desarrollo, de los cuales sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado de exploración o factibilidad podría suponer inversiones en hasta US$ 30.000 millones, la creación de más de 100.000 empleos directos e indirectos y exportaciones por US$ 11.000 millones al año”, explicó.
A nivel regional, la construcción de estos proyectos tendría impacto en el desarrollo socioeconómico de provincias andinas como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, como también de clústers industriales ubicados en otras provincias.
En lo que respecta a potencial geológico en minerales como cobre, oro, plata y litio, existen más de 120 proyectos que posicionan al país en la vanguardia mundial en términos de recursos identificados y potencial geológico, todos productos de alta demanda en el mundo en términos de desarrollo económico y transformación de matrices energéticas actuales.
.

Producción porcina con reaseguros

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El gobierno informó que será postergada hasta noviembre la firma del acuerdo con China para la exportación de carne porcina. “Hemos incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”, informó Cancillería, que pretende rubricar el acuerdo en la próxima Feria de Negocios de Shanghai.
Si bien la incorporación del tema ambiental de forma explícita en el acuerdo es una señal ante las críticas del ambientalismo, en sí misma no representa una exigencia adicional a las que ya existen en el ámbito de la producción agropecuaria.
El gobierno informó que "el Memorandum de Entendimiento propuesto por la Cancillería Argentina a China para el desarrollo de inversiones en la industria porcina incorpora un marco de respeto al medioambiente, las leyes de protección ambiental y los compromisos internacionales en la materia". "También promueve las buenas prácticas ambientales para que las actividades no sólo sean respetuosas de las leyes ambientales sino que además contribuyan a promover la salud de los ecosistemas y la protección de los recursos naturales en las regiones directamente involucradas", agregó.
La producción global de carne porcina registra un volumen cercano a las 122 millones de toneladas. El principal productor es China, con el 45 por ciento de la producción total. Lo siguen en orden de importancia, con una participación relativa mucho menor, los Estados Unidos (10 por ciento), Alemania (4,5), España (3,7), Brasil (3,1), Canadá (1,8) y Dinamarca (1,3).
La producción porcina de Argentina representa el 0,5 por ciento del total mundial. El acuerdo con China, dicen en el gobierno, permitiría extender esa participación al 1 por ciento.
Según el texto del acuerdo con el país asiático, "el esquema de incremento de la producción se ha planteado sobre la base del desarrollo de 25 unidades integradas de 12 mil madres cada una. Se trata de unidades cerradas que comprenden plantas de elaboración de alimento balanceado, biodigestores (generación de energía y bio fertilizantes), criadero ciclo completo, frigorífico exportador, proceso sin laguna de efluentes, oficina de Senasa y Aduana".
Se calcula una inversión total de 3,7 mil millones de dólares, la generación de 9500 puestos de trabajo y exportaciones por 2500 millones de dólares anuales.
.

Cabandié cuestionó a la Justicia Federal de Paraná por los incendios en las islas

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Litoral Argentino


"¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná? Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender", se quejó el ministro de Ambiente de la Nación.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, cuestionó a la Justicia Federal de Paraná por su actuación frente a las quemas de pastizales en el Delta del Paraná, y afirmó: "El juez federal Alonso no está actuando".
"¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná? Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender. El juez federal Alonso no está actuando. Debe apresar urgente a los responsables del ecocidio. El lugar de cada uno de ellos es la cárcel", escribió el ministro a través de su cuenta de Twitter.
De esta manera, Cabandié se refirió al juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, quien a principios de julio determinó, mediante una medida cautelar, la prohibición de la quema de pastizales y de otras acciones humanas "con capacidad para alterar el medio ambiente". Pese a ello, las quemas en las islas continuaron durante estos meses.
Tal como publicó días atrás La Capital, en la Justicia Penal de Paraná se tramitan por lo menos seis denuncias contra los dueños de los campos donde se produjeron las quemas, pero además hay otra presentación en la fiscalía de Rosario; y otras cuatro causas civiles que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenará unificar.
Ayer, Cabandié también se manifestó sobre el tema al afirmar que "el 95% de los incendios son intencionales" y que frente a ello "es fundamental que la Justicia federal aprese a los responsables".
El ministro estuvo ayer en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet, donde firmaron un acta para la implementación de un Faro de Conservación para el cuidado y conservación del Delta del Paraná, y la detección temprana, prevención y disuasión de incendios.
"El primero (de los faros) es en Puerto Gaboto, lo hemos inaugurado con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti hace 15 días. Este es el segundo, aspiramos a poder inaugurar en algunos días más el tercero, que va a ser en la isla Charigüé y el cuarto seguramente en Villa Constitución", dijo Cabandié. A mediados de mes, el ministro puso en marcha en Puerto Gaboto su proyecto para instalar siete Faros de Conservación para controlar, con guardaparques, los incendios en las islas. En un acto realizado en esa localidad se firmaron los acuerdos para comenzar esa tarea. Frente a Rosario también habrá un faro: será en la zona del Charigüé.
.

Formalizaron a tres empleados de una empresa que habían enterrado 438 bidones de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa


En la mañana de hoy se llevó a cabo la Audiencia de Formalización en el Palacio de Justicia de Pico. El juez de audiencia Diego Ambrogetti fue quién estuvo a cargo de la misma y quién escuchó los argumentos de la doctora, Verónica Campo, quién se encuentra a cargo de la investigación.
Cabe recordar que en el día de ayer se realizaron allanamientos en las localidades de Ojeda y General Pico en instalaciones de FerroExpreso. En estos procedimientos se detuvo a 3 personas.
A raíz de ello en la mañana de hoy se le tomó las declaraciones correspondientes y posterior se llevó a cabo la Audiencia de Formalización donde se los imputó por el delito previsto en el art. 55 de la ley 24051 de Residuos Peligrosos, que establece una pena de Prisión de 3 a 10 años.
“El hecho es por enterrar 438 bidones de agroquímicos generando contaminación al medio ambiente y presumiblemente las aguas”, dijeron desde el Ministerio Público Fiscal.  En el caso de uno de ellos, el responsable de la logística, la fiscal,  Verónica Campo, solicitó Prisión Preventiva de 15 días. El juez Ambrogetti resolvió ordenar la Prisión Preventiva hasta el 13 de septiembre de 2020.

Cientos de bidones
Los bidones se ubicaban al costado de un camino vecinal en medio de la localidad de Vértiz y de Ojeda, en una franja de unos 30 metros lineales y a unos 4 metros de profundidad. “No sabemos cuál fue el grado de contaminación que pudo haber generado, creemos que es mínimo porque es muy reciente, pero hay que tomar las precauciones del caso. Vamos a hacer los análisis correspondientes, las napas están muy cerca están a un metro, por lo que es indignante y esperemos que no pase a mayores”, señaló ayer el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli.
Cabe recordar que esta situación surge a partir de una denuncia en la Dirección de Agricultura, luego se pusieron en contacto con Ambiente y se comenzó a recabar información hasta llegar a este lugar.
“La colaboración de los intendentes, sobre todo de Vértiz y de Alta Italia es para destacar. Enseguida nos facilitaron su maquinaria, el accionar de la Policía también en todo momento se prestó para colaborar”.
.

Quiénes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales

Fecha de Publicación: 01/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.
Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanción de una ley de presupuestos mínimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad. La ley fue frustrada dos veces en los últimos años por la acción de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservación de los ecosistemas humedos no dudan en señalar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate, son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.
Los incendios de los últimos meses en el Delta del Paraná volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por daños ambientales tienen vínculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga limites al ecocidio. En ese marco, las cámaras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder político provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.
En Argentina el área de humedales alcanza cerca de 21,5 por ciento del territorio nacional, según la organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracción de litio, la ganadería --que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja-- y también se construyen countries, motivo por el cuál también existe lobby, aunque en una proporción menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.
Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad, que son capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones, se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este año se presentaron seis proyectos, de los cuáles el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que más avanzó. Sin embargo, más rápido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.
Dentro del Congreso, el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la lógica territorial que impera en el debate. En ese marco, como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la desición política del Poder Ejecutivo resulta determinante. Ante ese escenario, Grosso se mostró optimista y afirmó ante Página/12 que "hay un compromiso de todo el arco político a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley", y agregó: "Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisión política de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo está destruyendo".
En las distintas provincias las presiones para que no avance proyecto, son variadas. Corrientes es uno de los ejemplos más significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia --de la que forman parte, entre otras, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA)-- lanzaron una declaración en contra del proyecto, ya que consideran “preocupantes los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia, y de una gran extensión de la Argentina”. En el mismo escrito, estas entidades señalaron que los proyectos que se debaten en el Congreso “poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe”.
Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechazó la normativa que pretende regular la actividad y sus representantes afirmaron que tendrá "implicancias negativas hacia el sistema productivo" del nordeste del país.
Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y ,en menor medida, a la ganadería.  Jetter afirmó: “en nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes”. A su vez, el gerente de Copra consideró que los proyectos de ley podrían “restringir actividades o poner exagerados controles” sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Martín Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hectáreas.
Por su parte, José Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores más grandes de arroz del país. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consistía en represar el arroyo Ayuí, destruyendo así las selvas ribereñas y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo público para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logró ser frenado, el empresario continuó expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acuíferas, y hoy Copra es una fuerte detractora de la ley.
Según explicó en diálogo con Página/12 Adriana Arzolin, licenciada en química con un posgrado en impactos ambientales y miembro de la Fundación Humedales, “el proceso de sojización y de la expansión de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ahí siempre hubo cría de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido". "Lo que hacen, entonces, es prender fuego los terrenos en los que ahora están los animales para renovar los pastos que son su alimento”, aseguró la especialista.
Otro empresario poderoso que está imputado por la justicia federal de Paraná por estar detrás de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hectáreas en el Delta y miles más en la provincia de Entre Ríos. Por otra parte, en la provincia mesopotámica también fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N°4 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imputó a seis personas acusadas de “provocación dolosa de incendios, con peligro para los bienes”.
Según Arzolin “es importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ningún tipo de regulación. El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producción. Ahora se está haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables”. “Lo que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qué actividad y con qué intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habrá algunos muy frágiles en los que no se podrá hacer nada y otros que podrán seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas”, explicó.
Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indicó que “hay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien común. Las reservas naturales son de todos, no de un puñado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos". Luego Arzolin agregó que "por supuesto que luego habrá que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dará una solución absoluta, pero será una herramienta más que es sumamente necesaria".
.

El puma, un felino “clave” pero incomprendido de la Patagonia argentina

Fecha de Publicación: 01/09/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Patagonia


La Cueva de las Manos, situada en la provincia sureña de Santa Cruz, es uno de los lugares de arte rupestre más espectaculares del mundo. Durante miles de años, sus pobladores plasmaron en las paredes no sólo el contorno de sus dedos, sino también las siluetas de los animales con los que convivían a diario, entre ellos el mayor carnívoro de la región: el puma.
Este felino solitario, con capacidad de cubrir miles de hectáreas de territorio, continúa a día de hoy campando por los rincones de la Patagonia, en donde juega un rol ecológico “clave” por el control que ejerce sobre las poblaciones de herbívoros locales, principalmente del guanaco, una especie de llama salvaje.
Sin embargo, la presencia del puma todavía despierta suspicacias en los ganaderos ovinos de la zona, una circunstancia que la fundación de Rewilding Argentina pretende revertir a través de un proyecto que busca transformar, en colaboración con las autoridades provinciales, la imagen negativa de estos animales en una oportunidad de crecimiento económico, gracias al “ecoturismo”.
“En esta región de Santa Cruz, nadie ve al puma como algo que pueda ser positivo, pero si vos empezás a desarrollar actividades de ecoturismo, basadas en la observación de fauna, empezará a haber un sector de la sociedad cuya economía dependa de que estas especies estén presentes”, cuenta Sebastián Di Martino, biólogo y director de conservación de Rewilding Argentina, en una entrevista concedida a Efe con motivo del Día Internacional del Puma, que se celebra este 30 de agosto.

El proyecto Patagonia
En su dimensión meramente paisajística, el noroeste de la provincia de Santa Cruz es una de las zonas más bellas de Argentina, compuesta por la cordillera de los Andes al oeste y por una extensa meseta de estepa patagónica, la del lago Buenos Aires, al este.
Esta enorme meseta está plagada de “cañadones gigantescos”, como el del río Pinturas, en donde antiguamente desaguaban dos grandes glaciares que terminaron por derretirse, dando forma al Parque Nacional Patagonia, uno de los hábitats preferidos por los pumas.
“Es una zona de mucho contraste, de sectores muy húmedos al oeste, con bosques, a estepas muy áridas más hacia el este; desde mesetas de altura, con un relieve prácticamente llano, hacia el este, con unos cañadones muy profundos, la verdad que muy espectaculares”, relata Di Martino.
Desde principios del 2019, Di Martino y el resto de miembros de Rewilding Argentina trabajan en esta región con el puma en el marco del “Proyecto Patagonia”, que consiste en la regeneración del Parque Nacional Patagonia con la reintroducción de las especies que le son propias.
Uno de los principales lugares de trabajo de la fundación está ubicado precisamente en el Cañadón Pinturas, caracterizado por imponentes paredes de roca de hasta 300 metros de altura y en donde, por desgracia, muchas especies han desaparecido o visto reducida su población de forma considerable.
De hecho, un ejemplo claro de esto es el puma, una especie “clave” por su rol ecológico dentro del ecosistema y cuyo número descendió en “cientos” durante los últimos años.

Una relación conflictiva con los ganaderos
Detrás de esta realidad está la conflictiva relación entre el animal y los habitantes de esta región de Santa Cruz, que ven al gran felino como “algo malo o, de última, como algo neutro”, especialmente los ganaderos ovinos.
Según Di Martino, la “forma de control” del puma se basa en “matanzas indiscriminadas” y en la distribución de “venenos prohibidos”, como el furadán, que no sólo matan al puma, sino que terminan por envenenar a muchas otras especies e incluso son un peligro para las propias personas.
Esto puede crear, además, un problema aún mayor: a veces, los ganaderos matan al “puma bueno”, que es aquel que se alimenta tan sólo de animales silvestres, y dejan un espacio libre para ser ocupado por un “puma malo”.
“Si vos matás un puma, por ejemplo, un macho adulto territorial, que no te está causando problemas, ese lugar capaz lo ocupan un montón de juveniles (…). Los que más causan problemas, en general, son los animales jóvenes, que son los más inexpertos para cazar y entonces buscan la presa fácil: la oveja”, argumenta Di Martino.
En ese sentido, el biólogo defiende que “hay muchas formas para convivir con el puma y que deje de ser un problema”, principalmente a través del entrenamiento de perros pastores, que son capaces de ahuyentar con sus ladridos no sólo a pumas, sino también a zorros o perros salvajes.
Porque, ¿qué ocurriría si este enorme carnívoro, el puma, desapareciera del ecosistema? Pues un desastre ecológico: la población de guanacos se descontrolaría, negando el alimento a otras especies que dependen de su depredación, como el cóndor, y se causaría un gran daño al suelo por el que pastan las ovejas.
“Si no estuviera el rol del depredador, el guanaco estaría en números abundantísimos pastoreando en todos los lugares. Eso dañaría el suelo, haría que hubiese menos vegetación y la captación de carbono, que contribuye al efecto invernadero, sería mucho menor”, explica el biólogo de Rewilding.

Crear historias con los pumas
Para evitar una situación semejante, desde la fundación llevan un año y medio trabajando con ahínco para cambiar la percepción social en torno al puma, valiéndose de historias de individuos particulares con las que “crear empatía” hacia la especie.
De este modo, la organización sigue los pasos y las vidas de nueve felinos actualmente, ataviados todos ellos con un collar GPS que permite monitorizar sus movimientos y saber cuándo y qué comen.
“El 90 % de las presas son guanacos, a veces comen algún caballo cimarrón o algún choique, y creo que fueron dos o tres oportunidades que registramos que comieron ovejas”, reconoce Di Martino, agregando que estas investigaciones tienen también el propósito de contar “historias lindas”.
De forma simultánea, Rewilding Argentina está comenzando a preparar a jóvenes locales para tareas de avistamiento de fauna como el puma, una evidente “oportunidad de empleo” en la región, además de trabajar con los ganaderos, a quienes hay que reconocerles “que existe un daño, pero que ese daño hay que tratarlo de forma razonable y no indiscriminada”.
A este respecto, Di Martino aprecia avances en la relación de los habitantes de Santa Cruz con los pumas desde que arrancó el proyecto, y no sólo de los ganaderos, sino también de cada vez más personas cuyo interés por el felino va en aumento.
“Cuando nosotros empezamos a trabajar acá, casi que no se podía poner una foto de un puma en las redes sociales nuestras. Hoy eso es algo normal y la gente empieza a conocer a los animales, los nombra… Se va generando una empatía y se puede empezar a contar que se puede convivir con la especie”, subraya el biólogo argentino.
En cualquier caso, todavía quedan varios años por delante, alrededor de diez, para que Rewilding Argentina dé por concluido su “Proyecto Patagonia”, algo que culminará con la generación de un parque capaz de garantizar su conservación a largo plazo.
El turismo ecológico será clave en este sentido, beneficiándose de un territorio que tenga a todas sus especies “clave” presentes y creando economías locales “que necesiten de una naturaleza bien conservada”.
“Lo que nosotros queremos es que los ganaderos aprendan nuevas formas de manejo del ganado o control de los depredadores, que sean racionales; queremos que haya un sector de la sociedad que vea al puma como una oportunidad y que entonces sean los que defiendan al puma, y queremos una sociedad informada y que reconozca el valor de esta especie en el medioambiente”, concluye Di Martino.
.

El agua vale más que el dólar

Fecha de Publicación: 01/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El fuego en los humedales del Paraná y en las sierras cordobesas, la sequía que no cesa, la misma pandemia; las alertas frente a los vertiginosos cambios climáticos ya no pasan desapercibidas y sin embargo, cuando se habla de cómo salir de la profunda crisis económica que deja el coronavirus no se cuestionan las formas de producción y consumo que producen el desastre ambiental. El hambre está primero, pero ¿cuándo vamos a cambiar las preguntas?
Es de madrugada y el ritmo de escritura de esta nota acompaña una lluvia intermitente. Las palabras de Inés se mezclan con las gotas que caen y paran e interrumpo para averiguar si en Córdoba también está lloviendo y qué pasa en Entre Ríos. Quiero saber si esta garúa alcanzará para apagar los incendios en los humedales y en las sierras. Le escribo a una amiga. A otra. Están durmiendo. Hago fuerza como si algo de mi cuerpo pudiese apurar la tormenta.
“Las lluvias aumentaron en las regiones húmedas del planeta, en zonas tropicales, mientras muestran una tendencia a disminuir en las regiones que ya son las zonas más secas y semiáridas. Por eso en la jerga del cambio climático se suele decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres en función de la disponibilidad de agua dulce”, dice Ines Camillioni, Doctora en Ciencias de la Atmósfera e investigadora del Conicet. Cuando la escucho pienso en la consigna de los lugares en los que falta: el agua vale más que el oro. La comparación refleja un sistema que aún define lo que vale con total independencia de las necesidades vitales. La abundancia será, como paradoja, el problema.
Las modificaciones en el nivel del mar por el derretimiento de hielos y también las lluvias más intensas provocarán inundaciones en todos los continentes. Lo mismo que pasa con las riquezas. Sobran a un lado, faltan del otro y esas dinámicas están conectadas y se reproducen a fondo. Hasta la muerte.
Ya nadie discute la veracidad del calentamiento global y sus consecuencias. A lo sumo los cálculos difieren sobre las fechas. En diez, veinte o treinta años regiones enteras sobre todo en las costas orientales donde hoy viven millones de personas podrían quedar cubiertas por agua provocando desplazamientos masivos y catástrofes humanitarias de magnitudes desconocidas.
A diferencia del cambio en las precipitaciones que varía según la región, la temperatura aumentó en todo el planeta. Como la desigualdad durante la pandemia. La jerga del cambio climático adoptó términos de la economía: la disponibilidad de agua como pobreza o riqueza.
A la economía también llegó el lenguaje de las ciencias de la atmósfera. Se habla cada vez más del calentamiento global y de la emisión de dióxido de carbono. Lo hacen los grandes fondos de inversión ávidos de ganancias, lxs militantes preocupadxs por el mundo que les quedará a las próximas generaciones y lo enuncian quienes sufren en sus propios cuerpos la transformación del ambiente.
Interiorizarse en estos debates es sumergirse en una sensación apocalíptica. Los escenarios futuros pueden verse en simulaciones que quitan el sueño. Se trata de un hecho que ya (casi) nadie niega. La diferencia está en los diagnósticos sobre las responsabilidades y por ende, en cómo debería abordarse.

Importación y exportación (de debates)
El IPCC, Instituto para el Cambio Climático, elabora cada año un informe en el que recopila la información que existe y brinda recomendaciones a los gobiernos con un objetivo claro: tomar medidas durante los próximos diez años para reducir en 0.5c la temperatura global.
Se requiere una transición urgente en el modo en que se produce, distribuye y consume para evitar (al menos parcialmente) el desastre. A eso se le llama “transición verde” ¿Quién la organiza?¿Bajo qué parámetros?¿Con qué resultados? La única respuesta fácil es la del cinismo individualista: que nada cambie porque al fin, todxs estaremos muertos.
Hasta hace poco tiempo era frecuente escuchar, sobre todo entre economistas preocupados por mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, que el calentamiento global era una agenda de ricos y que las soluciones provistas -bajo el paraguas de lo “sustentable” y los cambios en los hábitos individuales de consumo- eran apenas una fachada para crear nuevos mercados rentables. Y de verdad, en muchos casos, lo eran. Lo confirman las grandes cadenas de supermercados bio que cobraron popularidad, sobre todo en Europa, al mismo tiempo que lxs jóvenes se volcaban masivamente al activismo ambientalista. Góndolas llenas de envases de plástico y productos importados que recorren el cielo en aviones y dejan una huella ecológica enorme muestran algunos de los límites de las soluciones de mercado.
Hoy el debate tomó otro rumbo. Si bien todavía quedan vestigios de propuestas que piensan el tema como un asunto de voluntades de cambio individuales, lo que predomina es la discusión sobre las formas de producción. En primer lugar, la matriz energética y la producción de alimentos. En Argentina, el 53% de la emisión de gases de efecto invernadero provienen de la producción de energía, en particular, de la quema de combustibles fósiles, el 37% de la agricultura, la ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, el 6% de procesos industriales y el 4% del sector residuos.
Podríamos decir que lxs economistas que no confían en las lógicas mercantiles pasaron por tres fases, aunque algunos siguen estancados en la segunda. Fase negación: es un problema del Norte. Fase aceptación con resignación: nada que hacer en un lugar donde hay personas que no comen todos los días. Fase preocupación: las consecuencias las van a sufrir más los sectores populares y como siempre que se haga el cruce entre género, raza y clase, las más afectadas serán mujeres de menores recursos y más aún, las racializadas.
Sobre este último punto Margarita Olivera, profesora del Instituto de Economía de la Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) y coordinadora del projecto de extensión de economia e feminismos destacaba que “lo que sucede con el medio ambiente no está exento de las relaciones capitalistas. Por eso hablamos de racismo ambiental. Los eventos extremos ya están provocando una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados sobre todo para las mujeres más pobres. En las favelas hay deslizamientos, enfermedades asociadas a vectores que tienen que ver con inundaciones. Cuando alguien enferma, son ellas las que tienen que dejar su trabajo para cuidar, para acompañar”.
Margarita agrega que la mirada debe ser no sólo feminista sino también decolonial. “Los que más emiten son los países centrales. Y los que más sufrimos somos nosotrxs”, agrega. A nivel global, Estados Unidos y China lideran el ranking de emisiones. Argentina es responsable del 1% mundial, aunque es tercera en la región, detrás de México y Brasil.

Quién define el tono
Desde los organismos internacionales alineados con la agenda de la financiarización, proponen “bonos verdes”, activos financieros que otorgarían a sus tenedores permisos para emitir carbono. Es el peor de los fantasmas. En nuestro país implica una alianza perfecta entre finanzas y agronegocios: mayor primarización de la economía.
Lo que está en discusión es quién tendrá la capacidad de decidir qué se considera verde y qué reglas se imponen para la producción. Es clave contar con taxonomías propias para evitar importar intereses ajenos y dar lugar a la información que producen quienes ya aportan a la economía desde proyectos sustentables y de desarrollo local. Esto último cobra más importancia si de lo que se trata es de evitar la demanda de dólares asociada a las inversiones que requeriría la transición ecológica.
En el cruce entre economía y ambiente, debemos considerar que la información que circula tiene sesgos y muchas veces parte de preguntas erradas ¿Qué pasaría si nos preguntáramos por el impacto ambiental que genera la desigualdad de ingresos? ¿Por qué no se calcula la huella ecológica de los sectores más ricos de la población? ¿Y si aceleramos el cambio en la distribución, en cuánto evitaríamos el aumento de la temperatura de la tierra?
.