Sali-Dulce: el Defensor del Pueblo se expide
19:47 | 
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El defensor del Pueblo de la Nación planteó el daño de la cuenca Salí-Dulce a Mussi
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán - Salta y Córdoba
Sella dijo que habrá créditos a tasa cero para los ingenios tucumanos que arrojan vinaza.
“La contaminación de la cuenca Salí-Dulce están entre los temas que más nos preocupa”, remarcó el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en diálogo con EL LIBERAL, luego del encuentro que mantuviera con el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
Sella sostuvo que le manifestó todas las acciones que se llevaron adelante tanto desde la Defensoría de la Nación como desde el Consejo de Defensores que conforman los representantes de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Córdoba desde hace tres años.
Le detalló a Mussi las gestiones que se hicieron. “Le exigimos al Comité de Cuenca acciones concretas y consideramos que estas acciones son insuficientes y eso es lo que le transmitimos al secretario de Medio Ambiente y le pedimos que la Nación se involucre claramente en la cuestión para colaborar en la solución a los problemas”, indicó.
Sella dijo que tuvo una recepción “muy favorable” por parte del funcionario nacional que es “una persona que está muy empapada de la problemática e incluso nos comentó que estuvo considerando esta situación con el secretario de Ambiente deTucumán y con el ministro de Salud de la Nación (Juan Manzur), que es tucumano”.
“Nos manifestó que hay un problema inmediato e importante en la contaminación producida por la vinaza y que hay créditos disponibles para los ingenios que producen acohol de caña –explicó- y que generan una cantidad importante de vinaza que contamina, intentando que se tomen créditos a tasa cero para tratar de elaborar un sistema de reconversión y tratamientos de los desechos”.
“Esto es algo que si bien estaba disponible desde hace un año, la Secretaría está intentando motorizar el acceso al crédito por parte de las empresas. No sabemos hoy con qué resultados, pero dentro de las funciones de la Defensoría está intentar que eso se concrete”, señaló.
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán - Salta y Córdoba
Sella dijo que habrá créditos a tasa cero para los ingenios tucumanos que arrojan vinaza.
“La contaminación de la cuenca Salí-Dulce están entre los temas que más nos preocupa”, remarcó el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en diálogo con EL LIBERAL, luego del encuentro que mantuviera con el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
Sella sostuvo que le manifestó todas las acciones que se llevaron adelante tanto desde la Defensoría de la Nación como desde el Consejo de Defensores que conforman los representantes de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Córdoba desde hace tres años.
Le detalló a Mussi las gestiones que se hicieron. “Le exigimos al Comité de Cuenca acciones concretas y consideramos que estas acciones son insuficientes y eso es lo que le transmitimos al secretario de Medio Ambiente y le pedimos que la Nación se involucre claramente en la cuestión para colaborar en la solución a los problemas”, indicó.
Sella dijo que tuvo una recepción “muy favorable” por parte del funcionario nacional que es “una persona que está muy empapada de la problemática e incluso nos comentó que estuvo considerando esta situación con el secretario de Ambiente deTucumán y con el ministro de Salud de la Nación (Juan Manzur), que es tucumano”.
“Nos manifestó que hay un problema inmediato e importante en la contaminación producida por la vinaza y que hay créditos disponibles para los ingenios que producen acohol de caña –explicó- y que generan una cantidad importante de vinaza que contamina, intentando que se tomen créditos a tasa cero para tratar de elaborar un sistema de reconversión y tratamientos de los desechos”.
“Esto es algo que si bien estaba disponible desde hace un año, la Secretaría está intentando motorizar el acceso al crédito por parte de las empresas. No sabemos hoy con qué resultados, pero dentro de las funciones de la Defensoría está intentar que eso se concrete”, señaló.
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Reclaman por los fondos de la Ley de Bosques
Organizaciones ambientalistas reclaman la restitución de los fondos de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina manifestaron su profunda preocupación ante la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010.
Organizaciones ambientalistas expresan una profunda preocupación por la falta de claridad en el manejo de los fondos para la protección de los bosques.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010 , la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación “por razones operativas”. (1)
Frente a esta decisión, las organizaciones ambientalistas enviaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, manifestando su “profunda preocupación” por la falta de claridad en el manejo de los fondos. (2)
“Sin entender ni encontrar explicaciones oficiales a este cambio de rumbo en la conformación y utilización del Fondo para la protección de los bosques y, teniendo en cuenta que varias provincias con sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos realizados ya han presentado planes de manejo forestal, y asumiendo la necesidad de las diferentes jurisdicciones de contar con un presupuesto adecuado para el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley 26.331, es que pedimos una respuesta oficial a fin de entender cuál es el motivo de tal decisión”, afirman en la carta.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Las organizaciones advirtieron que “la partida presupuestaria asignada para el año 2010 es insuficiente y lo mismo ocurre con lo presupuestado para 2011, según lo establecido por la Ley N° 26.331. Llamando la atención sobre el riesgo al que se ponen los últimos bosques nativos del país por el incumplimiento de la Ley 26.331 por parte del Estado Nacional, en el Año Internacional de los Bosques, establecido bajo la Resolución 61/193 de la Organización de Naciones Unidas, es que pedimos se revea la medida adoptada bajo la Decisión Administrativa N° 1037 y asimismo, se proceda a conformar la totalidad del Fondo para la protección de los bosques nativos tal como la Ley 26.331 lo establece”.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas sustentables que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina manifestaron su profunda preocupación ante la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010.
Organizaciones ambientalistas expresan una profunda preocupación por la falta de claridad en el manejo de los fondos para la protección de los bosques.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010 , la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación “por razones operativas”. (1)
Frente a esta decisión, las organizaciones ambientalistas enviaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, manifestando su “profunda preocupación” por la falta de claridad en el manejo de los fondos. (2)
“Sin entender ni encontrar explicaciones oficiales a este cambio de rumbo en la conformación y utilización del Fondo para la protección de los bosques y, teniendo en cuenta que varias provincias con sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos realizados ya han presentado planes de manejo forestal, y asumiendo la necesidad de las diferentes jurisdicciones de contar con un presupuesto adecuado para el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley 26.331, es que pedimos una respuesta oficial a fin de entender cuál es el motivo de tal decisión”, afirman en la carta.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Las organizaciones advirtieron que “la partida presupuestaria asignada para el año 2010 es insuficiente y lo mismo ocurre con lo presupuestado para 2011, según lo establecido por la Ley N° 26.331. Llamando la atención sobre el riesgo al que se ponen los últimos bosques nativos del país por el incumplimiento de la Ley 26.331 por parte del Estado Nacional, en el Año Internacional de los Bosques, establecido bajo la Resolución 61/193 de la Organización de Naciones Unidas, es que pedimos se revea la medida adoptada bajo la Decisión Administrativa N° 1037 y asimismo, se proceda a conformar la totalidad del Fondo para la protección de los bosques nativos tal como la Ley 26.331 lo establece”.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas sustentables que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Vecinos se rebelan contra la minera San Jorge
Vecinos de Uspallata reaccionan tras el visto bueno a la minería
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los uspallatinos autoconvocados anunciaron que intentarán frenar con protestas “en la calle” a la minera San Jorge, autorizada por Celso Jaque. La ecologista Oikos acudirá otra vez a la Justicia.
Organizaciones ecologistas y los vecinos de Uspallata que se oponen a la instalación de la minera San Jorge reaccionaron duro el día después de conocida la autorización del gobernador Celso Jaque para que se pueda explotar cobre en la zona.
Eduardo Sosa, de la organización defensora del ambiente Oikos, anticipó que en los próximos días podría acudir a la Justicia “a través de un amparo o bien con una acción procesal ante la Suprema Corte de Justicia” para frenar el avance de la minera ya que, según entiende, “la declaración de impacto ambiental firmada por el Ejecutivo no habría subsanado todos los vicios administrativos que tiene el expediente”.
Por su parte los vecinos autoconvocados de Uspallata, el grupo de uspallatinos que militaron durante los últimos dos años en contra de San Jorge, emitió un comunicado en donde lanza la advertencia de “salir a la calle para detener a la minera” ya que “proyectos perjudiciales como éste no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos”.
Ayer el Gobierno finalmente firmó la autorización para la extracción de cobre en Uspallata tras un largo y controvertido proceso que ahora pasa a la Legislatura. “Será una autorización con condicionamientos”, expresó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, durante el anuncio de la firma de la declaración de impacto ambiental que será enviada a la Legislatura, en donde le espera un largo debate.
Las exigencias impuestas por las autoridades mineras y ambientalistas de la provincia están relacionadas con el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que se conoció a fines de diciembre pasado y que estableció, entre otros puntos, la obligatoriedad de que toda la superficie del proyecto donde se depositará el dique de colas (unas 800 hectáreas) sea protegida con al menos una doble barrera impermeable, con sensores de alerta temprana, para evitar contaminaciones. La empresa, para cumplir este objetivo, deberá hacer una inversión millonaria.
Además se impuso la realización de una etapa piloto y la formación de varios fondos. Uno de ellos de garantías para las operaciones de cierre de la mina (una vez concluida la extracción del mineral) y otro de “compensación socioambiental” en el que aportarán la Comuna de Las Heras, la propia empresa y el Gobierno.
“Hay que ver cómo se constituyen estos fondos, porque las empresas por lo general contratan un seguro de caución simple que luego no cubre los gastos en caso de grandes catástrofes”, advirtió Sosa, anticipando la presentación judicial que se terminaría realizando durante los próximos días, luego de que la DIA sea publicada en el Boletín Oficial y antes de los diez días corridos desde esa publicación.
Este es el segundo intento de Oikos por frenar el proceso en tribunales. En diciembre ya había denunciado penalmente a funcionarios y empresarios por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el primer caso, y de “ falsedad ideológica”, en el segundo.
“Yo creo que vamos a ir a juicio, si es que la DIA, como pensamos, no tiene lo que tiene que tener”, argumentó Sosa, quien dijo que se evaluará un aspecto clave: si quedó resuelta o no la “incertidumbre científica” acerca de si la cuenca del arroyo El Tigre es abierta o no. “Si lo es –explicó Sosa– deberían intervenir todos los municipios de la cuenca y no sólo Las Heras”, como se habría establecido.
Postura vecinal
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Uspallata calificaron de “vergonzosa” la aprobación de San Jorge y denunciaron que su ratificación “es parte del modelo extractivo minero agroexportador que imponen desde la Nación”.
Y concluye: “Sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de representación sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge”.
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los uspallatinos autoconvocados anunciaron que intentarán frenar con protestas “en la calle” a la minera San Jorge, autorizada por Celso Jaque. La ecologista Oikos acudirá otra vez a la Justicia.
Organizaciones ecologistas y los vecinos de Uspallata que se oponen a la instalación de la minera San Jorge reaccionaron duro el día después de conocida la autorización del gobernador Celso Jaque para que se pueda explotar cobre en la zona.
Eduardo Sosa, de la organización defensora del ambiente Oikos, anticipó que en los próximos días podría acudir a la Justicia “a través de un amparo o bien con una acción procesal ante la Suprema Corte de Justicia” para frenar el avance de la minera ya que, según entiende, “la declaración de impacto ambiental firmada por el Ejecutivo no habría subsanado todos los vicios administrativos que tiene el expediente”.
Por su parte los vecinos autoconvocados de Uspallata, el grupo de uspallatinos que militaron durante los últimos dos años en contra de San Jorge, emitió un comunicado en donde lanza la advertencia de “salir a la calle para detener a la minera” ya que “proyectos perjudiciales como éste no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos”.
Ayer el Gobierno finalmente firmó la autorización para la extracción de cobre en Uspallata tras un largo y controvertido proceso que ahora pasa a la Legislatura. “Será una autorización con condicionamientos”, expresó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, durante el anuncio de la firma de la declaración de impacto ambiental que será enviada a la Legislatura, en donde le espera un largo debate.
Las exigencias impuestas por las autoridades mineras y ambientalistas de la provincia están relacionadas con el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que se conoció a fines de diciembre pasado y que estableció, entre otros puntos, la obligatoriedad de que toda la superficie del proyecto donde se depositará el dique de colas (unas 800 hectáreas) sea protegida con al menos una doble barrera impermeable, con sensores de alerta temprana, para evitar contaminaciones. La empresa, para cumplir este objetivo, deberá hacer una inversión millonaria.
Además se impuso la realización de una etapa piloto y la formación de varios fondos. Uno de ellos de garantías para las operaciones de cierre de la mina (una vez concluida la extracción del mineral) y otro de “compensación socioambiental” en el que aportarán la Comuna de Las Heras, la propia empresa y el Gobierno.
“Hay que ver cómo se constituyen estos fondos, porque las empresas por lo general contratan un seguro de caución simple que luego no cubre los gastos en caso de grandes catástrofes”, advirtió Sosa, anticipando la presentación judicial que se terminaría realizando durante los próximos días, luego de que la DIA sea publicada en el Boletín Oficial y antes de los diez días corridos desde esa publicación.
Este es el segundo intento de Oikos por frenar el proceso en tribunales. En diciembre ya había denunciado penalmente a funcionarios y empresarios por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el primer caso, y de “ falsedad ideológica”, en el segundo.
“Yo creo que vamos a ir a juicio, si es que la DIA, como pensamos, no tiene lo que tiene que tener”, argumentó Sosa, quien dijo que se evaluará un aspecto clave: si quedó resuelta o no la “incertidumbre científica” acerca de si la cuenca del arroyo El Tigre es abierta o no. “Si lo es –explicó Sosa– deberían intervenir todos los municipios de la cuenca y no sólo Las Heras”, como se habría establecido.
Postura vecinal
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Uspallata calificaron de “vergonzosa” la aprobación de San Jorge y denunciaron que su ratificación “es parte del modelo extractivo minero agroexportador que imponen desde la Nación”.
Y concluye: “Sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de representación sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge”.
Bioetanol: la producción aumentará un 252%
La producción de bioetanol aumentará un 252% este año
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Se estima que se podrá alcanzar la meta de un corte de 5% con las naftas. El aporte de Tucumán continuará a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, La Corona y Santa Bárbara.
La Secretaría de Energía estableció los volúmenes anuales de bioetanol para incrementar la producción de biocombustibles, que este año se prevé que alcanzarán los 210.691 metros cúbicos en todo el país, lo que representará un crecimiento de 252% con relación a 2010. Lo hizo a través de la Resolución 1.673, que lleva la firma del secretario de Energía, Daniel Cameron, publicada ayer en el Boletín Oficial.
En Tucumán, la producción de bioetanol continuará exclusivamente a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Corona, La Trinidad, La Florida y Santa Bárbara, mientras que en el plano nacional se incorporarán dos nuevos jugadores. Se autorizó a la firma Promaíz la disponibilidad de 49.200 metros cúbicos anuales de bioetanol a partir de diciembre próximo, y de 135.000 para febrero de 2012. También le dio el visto bueno a la empresa Vicentín, para producir 48.000 metros cúbicos anuales, a partir de julio del año próximo.
Las firmas autorizadas son Compañía Bioenergía Santa Rosa, Bioenergía La Corona, Alconoa, Biotrinidad, Compañía Bioenergética La Florida, Río Grande Energía, Río Ledesma, Bío San Isidro, Energías Ecológicas de Tucumán, Biomadero y Promaíz. De esta manera, este año se producirán 11.353 metros cúbicos mensuales de bioetanol hasta mayo próximo, cuando aumentarán a 14.433, para pasar en junio a 19.983. En julio esa cifra subirá a 20.483; en noviembre, a 20.563; para trepar en diciembre a 28.668 metros cúbicos de bioetanol. Los mayores montos fueron asignados a las firmas Bioledesma, integrante del grupo agropecuario Ledesma, con un cupo de 48.996 metros cúbicos; Alconoa (Tabacal) con 39.500 metros cúbicos y Compañía Bioenergética La Florida con 39.000 metros cúbicos. De esta forma, Ledesma (compañía argentina perteneciente a la familia Blaquier); Tabacal (empresa controlada por la corporación estadounidense Seabord), y el ingenio La Florida (Los Balcanes SA) concentran el 60% del cupo de 210.691 metros cúbicos de etanol asignado.
El presidente de Compañía Bioenergética La Florida, Gabriel Sustaita, ponderó el hecho de que el porcentaje de corte de bioetanol con las naftas pasará este año del 2,5% a casi el 5% a partir del aporte de los ingenios, y del 5% con la incorporación de nuevas empresas productoras del biocombustible.
Promedio
La autoridad de aplicación informará mensualmente a las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con etanol el volumen de dicho biocombustible asignado a cada una de ellas para realizar la mezcla con nafta. Para esto se tomará como base el promedio de la participación de cada una de ellas en el mercado interno del último año.
Las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con bioetanol y de distribuir el combustible deberán concentrar el abastecimiento de las mezclas de nafta con bioetanol en la zona geográfica más acotada posible, acorde a las características logísticas de la empresa en particular.
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Se estima que se podrá alcanzar la meta de un corte de 5% con las naftas. El aporte de Tucumán continuará a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, La Corona y Santa Bárbara.
La Secretaría de Energía estableció los volúmenes anuales de bioetanol para incrementar la producción de biocombustibles, que este año se prevé que alcanzarán los 210.691 metros cúbicos en todo el país, lo que representará un crecimiento de 252% con relación a 2010. Lo hizo a través de la Resolución 1.673, que lleva la firma del secretario de Energía, Daniel Cameron, publicada ayer en el Boletín Oficial.
En Tucumán, la producción de bioetanol continuará exclusivamente a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Corona, La Trinidad, La Florida y Santa Bárbara, mientras que en el plano nacional se incorporarán dos nuevos jugadores. Se autorizó a la firma Promaíz la disponibilidad de 49.200 metros cúbicos anuales de bioetanol a partir de diciembre próximo, y de 135.000 para febrero de 2012. También le dio el visto bueno a la empresa Vicentín, para producir 48.000 metros cúbicos anuales, a partir de julio del año próximo.
Las firmas autorizadas son Compañía Bioenergía Santa Rosa, Bioenergía La Corona, Alconoa, Biotrinidad, Compañía Bioenergética La Florida, Río Grande Energía, Río Ledesma, Bío San Isidro, Energías Ecológicas de Tucumán, Biomadero y Promaíz. De esta manera, este año se producirán 11.353 metros cúbicos mensuales de bioetanol hasta mayo próximo, cuando aumentarán a 14.433, para pasar en junio a 19.983. En julio esa cifra subirá a 20.483; en noviembre, a 20.563; para trepar en diciembre a 28.668 metros cúbicos de bioetanol. Los mayores montos fueron asignados a las firmas Bioledesma, integrante del grupo agropecuario Ledesma, con un cupo de 48.996 metros cúbicos; Alconoa (Tabacal) con 39.500 metros cúbicos y Compañía Bioenergética La Florida con 39.000 metros cúbicos. De esta forma, Ledesma (compañía argentina perteneciente a la familia Blaquier); Tabacal (empresa controlada por la corporación estadounidense Seabord), y el ingenio La Florida (Los Balcanes SA) concentran el 60% del cupo de 210.691 metros cúbicos de etanol asignado.
El presidente de Compañía Bioenergética La Florida, Gabriel Sustaita, ponderó el hecho de que el porcentaje de corte de bioetanol con las naftas pasará este año del 2,5% a casi el 5% a partir del aporte de los ingenios, y del 5% con la incorporación de nuevas empresas productoras del biocombustible.
Promedio
La autoridad de aplicación informará mensualmente a las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con etanol el volumen de dicho biocombustible asignado a cada una de ellas para realizar la mezcla con nafta. Para esto se tomará como base el promedio de la participación de cada una de ellas en el mercado interno del último año.
Las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con bioetanol y de distribuir el combustible deberán concentrar el abastecimiento de las mezclas de nafta con bioetanol en la zona geográfica más acotada posible, acorde a las características logísticas de la empresa en particular.
Jaque dio luz verde a San Jorge
Jaque dio luz verde a San Jorge
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
Después de 2 años, el gobernador mendocino firmó finalmente ayer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina San Jorge y autorizó así, la explotación de cobre y oro en la localidad de Uspallata a la minera de capitales canadienses. Inmediatamente conocida la noticia comenzaron las protestas y amenazas desde algunas ONG ambientalistas en contra del proyecto, que prometieron movilizarse durante la semana por el centro mendocino y la Legislatura. El anuncio lo realizó ayer el subsecretario de Minería e Hidrocarburos, Walter Vázquez, quien explicó además, que el "documento" ya se encuentra en la Legislatura Provincial para su revisión y aprobación definitiva. Asimismo, el funcionario de Jaque, explicó que "la DIA ha sido emitida con algunos condicionamientos para la empresa en cuanto al inicio de obra, planta piloto y cierre de la mina, especialmente se ha tenido en cuenta todo lo que tiene que ver con la remediación de los pasivos ambientales y la creación -para ese cometido- de un fondo de garantía (fideicomiso) y seguro ambiental". "Esto no es solamente terminar de explotar, sino también remediar todos los pasivos y dejar la mina como corresponde. Asimismo, Vázquez insistió que estos anuncios deben generar "tranquilidad" en los mendocinos y los sectores ambientalistas: "todos han estado ampliamente representados en esta discusión, mediante el Consejo del Ambiente", indicó el funcionario. El proyecto minero San Jorge consiste en la explotación de cobre (en un 0,47%) y Oro (0,191 gr/Tn), minerales descubiertos en la década de 1960 en la Estancia Yalguaraz, en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras a unos 45 kilómetros del límite con San Juan.
El Ejecutivo local también envió a la Legislatura otro proyecto de Ley para crear la Agencia de Protección Ambiental en la órbita de la Secretaría de Ambiente.
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
Después de 2 años, el gobernador mendocino firmó finalmente ayer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina San Jorge y autorizó así, la explotación de cobre y oro en la localidad de Uspallata a la minera de capitales canadienses. Inmediatamente conocida la noticia comenzaron las protestas y amenazas desde algunas ONG ambientalistas en contra del proyecto, que prometieron movilizarse durante la semana por el centro mendocino y la Legislatura. El anuncio lo realizó ayer el subsecretario de Minería e Hidrocarburos, Walter Vázquez, quien explicó además, que el "documento" ya se encuentra en la Legislatura Provincial para su revisión y aprobación definitiva. Asimismo, el funcionario de Jaque, explicó que "la DIA ha sido emitida con algunos condicionamientos para la empresa en cuanto al inicio de obra, planta piloto y cierre de la mina, especialmente se ha tenido en cuenta todo lo que tiene que ver con la remediación de los pasivos ambientales y la creación -para ese cometido- de un fondo de garantía (fideicomiso) y seguro ambiental". "Esto no es solamente terminar de explotar, sino también remediar todos los pasivos y dejar la mina como corresponde. Asimismo, Vázquez insistió que estos anuncios deben generar "tranquilidad" en los mendocinos y los sectores ambientalistas: "todos han estado ampliamente representados en esta discusión, mediante el Consejo del Ambiente", indicó el funcionario. El proyecto minero San Jorge consiste en la explotación de cobre (en un 0,47%) y Oro (0,191 gr/Tn), minerales descubiertos en la década de 1960 en la Estancia Yalguaraz, en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras a unos 45 kilómetros del límite con San Juan.
El Ejecutivo local también envió a la Legislatura otro proyecto de Ley para crear la Agencia de Protección Ambiental en la órbita de la Secretaría de Ambiente.
Respaldo a la planta de residuos en Buenos Aires
Fuerte respaldo a la construcción de la planta de residuos
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Los intendentes de la Región coincidieron ayer en que el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos domiciliarios que recorrieron en España, se ajusta a las necesidades de un sistema que permita dejar de enterrar la basura en el predio que la Ceamse posee en Punta Lara y expresaron que, además de resolver la disposición final de los desechos, "permitirá solucionar el problema de las canteras abandonadas".
Los jefes comunales de La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco; Berisso, Enrique Slezack; Brandsen, Mirta Sargiotti y Punta Indio, Héctor Equiza, acordaron además entrevistarse con vecinos y representantes de instituciones de poblaciones cercanas a las plantas de tratamiento que fueron a inspeccionar y que pertenecen a la empresa Sanea, una de las firmas que ganó la licitación para la puesta en marcha del proyecto Basura Cero en nuestra región.
Como se ha informado, una delegación integrada, entre otros funcionarios, por los intendentes del Consorcio Regional; el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, José Manuel Molina y el presidente de la Agencia Ambiental La Plata, Sergio Federovisky, viajó a Constantí, en la provincia española de Tarragona, para conocer en detalle el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Sanea, que integra la UTE -junto con las firmas platenses Esur y MGM- ganadora de la licitación para construir una planta similar en nuestra zona.
La delegación fue recibida por el consejero delegado Joan Griñó, quien informó a los visitantes sobre los procesos de recuperación de residuos domiciliarios y las alternativas que ofrecen las tecnologías modernas.
Al finalizar la primera jornada de visita, el intendente Pablo Bruera sostuvo que la aplicación de esas tecnologías "será un gran avance para la Ciudad porque los procesos que le dan valor a los residuos es algo de lo que veníamos hablando pero que no hemos podido desarrollar hasta ahora".
Bruera expresó que "esto viene de la mano del plan de La Plata sobre reciclado que, en colaboración con la Universidad, durante estos dos últimos años ha demostrado ser de gran valor". Por su parte, Molina sostuvo que "ambientalmente el tratamiento de residuos en la planta de Sanea es el correcto" y que "estos trabajos con el compost vienen en la línea de lo que se ha planteado en la Provincia sobre la necesidad de solucionar el problema de las canteras". Como se ha informado, una parte de los residuos inorgánicos serán convertidos en bloques secos con los que se planea rellenar canteras abandonadas.
La delegación mantendrá encuentros institucionales con organismos de la Generalitat de Catalunya y otros municipios catalanes y entrevistará a vecinos de zonas aledañas a las plantas de tratamiento.
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Los intendentes de la Región coincidieron ayer en que el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos domiciliarios que recorrieron en España, se ajusta a las necesidades de un sistema que permita dejar de enterrar la basura en el predio que la Ceamse posee en Punta Lara y expresaron que, además de resolver la disposición final de los desechos, "permitirá solucionar el problema de las canteras abandonadas".
Los jefes comunales de La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco; Berisso, Enrique Slezack; Brandsen, Mirta Sargiotti y Punta Indio, Héctor Equiza, acordaron además entrevistarse con vecinos y representantes de instituciones de poblaciones cercanas a las plantas de tratamiento que fueron a inspeccionar y que pertenecen a la empresa Sanea, una de las firmas que ganó la licitación para la puesta en marcha del proyecto Basura Cero en nuestra región.
Como se ha informado, una delegación integrada, entre otros funcionarios, por los intendentes del Consorcio Regional; el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, José Manuel Molina y el presidente de la Agencia Ambiental La Plata, Sergio Federovisky, viajó a Constantí, en la provincia española de Tarragona, para conocer en detalle el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Sanea, que integra la UTE -junto con las firmas platenses Esur y MGM- ganadora de la licitación para construir una planta similar en nuestra zona.
La delegación fue recibida por el consejero delegado Joan Griñó, quien informó a los visitantes sobre los procesos de recuperación de residuos domiciliarios y las alternativas que ofrecen las tecnologías modernas.
Al finalizar la primera jornada de visita, el intendente Pablo Bruera sostuvo que la aplicación de esas tecnologías "será un gran avance para la Ciudad porque los procesos que le dan valor a los residuos es algo de lo que veníamos hablando pero que no hemos podido desarrollar hasta ahora".
Bruera expresó que "esto viene de la mano del plan de La Plata sobre reciclado que, en colaboración con la Universidad, durante estos dos últimos años ha demostrado ser de gran valor". Por su parte, Molina sostuvo que "ambientalmente el tratamiento de residuos en la planta de Sanea es el correcto" y que "estos trabajos con el compost vienen en la línea de lo que se ha planteado en la Provincia sobre la necesidad de solucionar el problema de las canteras". Como se ha informado, una parte de los residuos inorgánicos serán convertidos en bloques secos con los que se planea rellenar canteras abandonadas.
La delegación mantendrá encuentros institucionales con organismos de la Generalitat de Catalunya y otros municipios catalanes y entrevistará a vecinos de zonas aledañas a las plantas de tratamiento.
Se demora en aplicar la ley de glaciares
El Gobierno se demora en aplicar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 07/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ya se cumplió el plazo y sigue sin reglamentarla ni darle presupuesto
El Congreso la convirtió en ley, el Gobierno la vetó, el Congreso la volvió a convertir en ley, y ahora duerme en un cajón oficial esperando que la reglamenten. Si el azar tuviera algo que ver en esto, se podría pensar que la ley de glaciares nació sin suerte, aunque las leyes casi nunca dependen del azar.
Es que a fines de enero venció el plazo de 90 días para reglamentar la ley que busca proteger las áreas periglaciares y sus cursos de agua de la contaminación que provoca la minería. Por lo tanto, el futuro de la norma es incierto.
La demora es más grave porque, además, el Gobierno no asignó los fondos para inventariar los glaciares, una tarea previa ineludible que sólo se puede hacer en verano. "Si no se empieza ya mismo el relevamiento, se les regala un año más a las mineras", alertó el vocero de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, al recordar que inventariar los glaciares es el paso obligado antes de auditar los yacimientos ubicados en esas zonas.
En diciembre, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cumplió su parte y entregó a la Secretaría de Ambiente de la Nación un listado de áreas prioritarias donde debían inventariarse los glaciares, pero desde entonces el Poder Ejecutivo guarda silencio.
No es el primer inconveniente que enfrenta la ley de glaciares. Una primera versión fue vetada en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner. El Congreso insistió (con apoyo incluso de algunos kirchneristas) y sancionó una ley similar en septiembre de 2010. En noviembre, sin embargo, cámaras y sindicatos mineros de San Juan consiguieron, mediante un amparo, que la justicia provincial suspendiera los artículos decisivos de la norma en ese distrito. Poco después, el mismo juez aceptó una medida cautelar de dos mineras que pidieron la inconstitucionalidad de la ley.
Según el proceso habitual en estos casos, la Procuraduría del Tesoro (los abogados que representan al Gobierno) debía apelar en las dos causas, pero en el organismo no respondieron las llamadas de La Nacion solicitando esa información. Tampoco lo hizo la justicia sanjuanina.
Críticas de la oposición
Para los ecologistas, los procesos abiertos en San Juan no son excusa: toman como punto de comparación la ley de medios que el Poder Ejecutivo reglamentó y empezó a aplicar a pesar de los múltiples amparos que hay en su contra. También la oposición, que batalló el tema en el Congreso, hizo oír su reclamo.
"La Presidenta está violando la ley, que impone obligaciones presupuestarias y de reglamentación. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, no decide si las cumple o no", se quejó Federico Pinedo, jefe del bloque Pro de Diputados.
Desde el Senado, el titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, apuntó al rechazo que siempre mostró el Gobierno en el tema. "La presión de las mineras fue muy fuerte para que vetaran la ley en 2008, espero que ahora no hayan vuelto a ceder y por eso no la reglamenten", sugirió suspicaz.
"Esto muestra el poco interés y compromiso del Gobierno en el cuidado del medio ambiente", se sumó el diputado Adrián Pérez (CC).
El gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, Damián Altgelt, dijo que ellos también esperan la reglamentación, pero supuso que la demora podría obedecer a los cambios en la Secretaría de Ambiente con la asunción de Juan José Mussi en reemplazo de Homero Bibiloni, aunque tampoco descartaban que la demora respondiera a que "no es fácil de reglamentar una ley con conceptos que no están claros o son imprecisos". Sea cual fuere el motivo, la ley para proteger a los glaciares todavía no se puso en marcha.
Fecha de Publicación: 07/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ya se cumplió el plazo y sigue sin reglamentarla ni darle presupuesto
El Congreso la convirtió en ley, el Gobierno la vetó, el Congreso la volvió a convertir en ley, y ahora duerme en un cajón oficial esperando que la reglamenten. Si el azar tuviera algo que ver en esto, se podría pensar que la ley de glaciares nació sin suerte, aunque las leyes casi nunca dependen del azar.
Es que a fines de enero venció el plazo de 90 días para reglamentar la ley que busca proteger las áreas periglaciares y sus cursos de agua de la contaminación que provoca la minería. Por lo tanto, el futuro de la norma es incierto.
La demora es más grave porque, además, el Gobierno no asignó los fondos para inventariar los glaciares, una tarea previa ineludible que sólo se puede hacer en verano. "Si no se empieza ya mismo el relevamiento, se les regala un año más a las mineras", alertó el vocero de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, al recordar que inventariar los glaciares es el paso obligado antes de auditar los yacimientos ubicados en esas zonas.
En diciembre, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cumplió su parte y entregó a la Secretaría de Ambiente de la Nación un listado de áreas prioritarias donde debían inventariarse los glaciares, pero desde entonces el Poder Ejecutivo guarda silencio.
No es el primer inconveniente que enfrenta la ley de glaciares. Una primera versión fue vetada en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner. El Congreso insistió (con apoyo incluso de algunos kirchneristas) y sancionó una ley similar en septiembre de 2010. En noviembre, sin embargo, cámaras y sindicatos mineros de San Juan consiguieron, mediante un amparo, que la justicia provincial suspendiera los artículos decisivos de la norma en ese distrito. Poco después, el mismo juez aceptó una medida cautelar de dos mineras que pidieron la inconstitucionalidad de la ley.
Según el proceso habitual en estos casos, la Procuraduría del Tesoro (los abogados que representan al Gobierno) debía apelar en las dos causas, pero en el organismo no respondieron las llamadas de La Nacion solicitando esa información. Tampoco lo hizo la justicia sanjuanina.
Críticas de la oposición
Para los ecologistas, los procesos abiertos en San Juan no son excusa: toman como punto de comparación la ley de medios que el Poder Ejecutivo reglamentó y empezó a aplicar a pesar de los múltiples amparos que hay en su contra. También la oposición, que batalló el tema en el Congreso, hizo oír su reclamo.
"La Presidenta está violando la ley, que impone obligaciones presupuestarias y de reglamentación. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, no decide si las cumple o no", se quejó Federico Pinedo, jefe del bloque Pro de Diputados.
Desde el Senado, el titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, apuntó al rechazo que siempre mostró el Gobierno en el tema. "La presión de las mineras fue muy fuerte para que vetaran la ley en 2008, espero que ahora no hayan vuelto a ceder y por eso no la reglamenten", sugirió suspicaz.
"Esto muestra el poco interés y compromiso del Gobierno en el cuidado del medio ambiente", se sumó el diputado Adrián Pérez (CC).
El gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, Damián Altgelt, dijo que ellos también esperan la reglamentación, pero supuso que la demora podría obedecer a los cambios en la Secretaría de Ambiente con la asunción de Juan José Mussi en reemplazo de Homero Bibiloni, aunque tampoco descartaban que la demora respondiera a que "no es fácil de reglamentar una ley con conceptos que no están claros o son imprecisos". Sea cual fuere el motivo, la ley para proteger a los glaciares todavía no se puso en marcha.
Minería de Litio: polémica por el efecto ambiental
Polémica por el efecto ambiental
Fecha de Publicación: 06/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Jujuy
Como toda actividad minera, la extracción de litio reaviva la polémica en torno de su impacto ambiental: de un lado están aquellos que afirman que es nociva para el ecosistema, y del otro, los que afirman que es mínima la modificación ambiental que provoca. La extracción de este mineral se hace por evaporación y, por ende, a cielo abierto. Se trata de un proceso que lleva varias etapas: se extrae la salmuera con una bomba, se la conduce por tuberías hasta grandes piletas y allí sigue sus diferentes puntos de evaporación por efecto del sol. En cada estadio se precipitan materiales hasta llegar al punto en el que se logra la mayor concentración de litio. Entonces se separa este metal del agua que quedó sin evaporar y se pasa a su elaboración en planta, donde se lo termina en forma de polvo.
"Es uno de los procesos más limpios que hay dentro de la minería, ya que no se agrega ningún elemento contaminante para separar el litio, sino que éste se obtiene por evaporación", explica Verónica Geipel, responsable ambiental de Exar.
Jorge Mamani, representante del pueblo colla de Jujuy en el Consejo de Participación Indígena, se opone al litio. "Toda actividad que perfore la tierra y extraiga sus componentes produce un impacto en el ambiente. No está bien demostrado que no va a contaminar la poca agua dulce que hay en la Puna."
Geipel responde que el agua de las salinas no es apta para el consumo humano ni animal, y que tampoco permite que se desarrolle allí la agricultura. "El agua que evaporamos en el proceso luego vuelve en forma de lluvia", comenta. Y niega que se dañen las reservas de agua dulce de las cercanías.
Armando Alvarez, de un grupo de pequeños productores mineros, que extraen roca de aplicación (ónix), dice que no hay nada que pruebe que los acuíferos de agua dulce no serán contaminados. "La del litio de una actividad nueva y no existe control suficiente sobre ella."
Desde Exar afirman que las autoridades provinciales aprobaron su estudio de impacto ambiental. Roger Moreau es uno de los vecinos autoconvocados de Tilcara que se opone a que se extraiga el litio sin que antes haya un estudio certero de que no se dañará el ambiente. "Si bien no tengo la prueba para comprobarlo ante la Justicia, tengo una presunción de que se puede contaminar un recurso vital."
"Deberían usar otra tecnología que no afecte a las comunidades", dice Mamani. "Pero es costosísima", acota Alvarez, que califica de bajas las regalías que pagan las empresas. No obstante, algunas comunidades indígenas firmaron acuerdos que permiten la explotación de litio en Susques.
Fecha de Publicación: 06/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Jujuy
Como toda actividad minera, la extracción de litio reaviva la polémica en torno de su impacto ambiental: de un lado están aquellos que afirman que es nociva para el ecosistema, y del otro, los que afirman que es mínima la modificación ambiental que provoca. La extracción de este mineral se hace por evaporación y, por ende, a cielo abierto. Se trata de un proceso que lleva varias etapas: se extrae la salmuera con una bomba, se la conduce por tuberías hasta grandes piletas y allí sigue sus diferentes puntos de evaporación por efecto del sol. En cada estadio se precipitan materiales hasta llegar al punto en el que se logra la mayor concentración de litio. Entonces se separa este metal del agua que quedó sin evaporar y se pasa a su elaboración en planta, donde se lo termina en forma de polvo.
"Es uno de los procesos más limpios que hay dentro de la minería, ya que no se agrega ningún elemento contaminante para separar el litio, sino que éste se obtiene por evaporación", explica Verónica Geipel, responsable ambiental de Exar.
Jorge Mamani, representante del pueblo colla de Jujuy en el Consejo de Participación Indígena, se opone al litio. "Toda actividad que perfore la tierra y extraiga sus componentes produce un impacto en el ambiente. No está bien demostrado que no va a contaminar la poca agua dulce que hay en la Puna."
Geipel responde que el agua de las salinas no es apta para el consumo humano ni animal, y que tampoco permite que se desarrolle allí la agricultura. "El agua que evaporamos en el proceso luego vuelve en forma de lluvia", comenta. Y niega que se dañen las reservas de agua dulce de las cercanías.
Armando Alvarez, de un grupo de pequeños productores mineros, que extraen roca de aplicación (ónix), dice que no hay nada que pruebe que los acuíferos de agua dulce no serán contaminados. "La del litio de una actividad nueva y no existe control suficiente sobre ella."
Desde Exar afirman que las autoridades provinciales aprobaron su estudio de impacto ambiental. Roger Moreau es uno de los vecinos autoconvocados de Tilcara que se opone a que se extraiga el litio sin que antes haya un estudio certero de que no se dañará el ambiente. "Si bien no tengo la prueba para comprobarlo ante la Justicia, tengo una presunción de que se puede contaminar un recurso vital."
"Deberían usar otra tecnología que no afecte a las comunidades", dice Mamani. "Pero es costosísima", acota Alvarez, que califica de bajas las regalías que pagan las empresas. No obstante, algunas comunidades indígenas firmaron acuerdos que permiten la explotación de litio en Susques.
A dar explicaciones por el trabajo infrahumano
A dar explicaciones por el trabajo infrahumano
Fecha de Publicación: 05/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Son los responsables de dos empresas con campos en el norte bonaerense en los que trabajaban peones llevados desde Santiago del Estero en condiciones de semiesclavitud. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”. Por ahora, no irán presos.
La Justicia federal llamó a declaración indagatoria a doce directivos de las semilleras Satus Ager y Southern Seeds Production (SSP), bajo la sospecha de que sometieron a condiciones de esclavitud a peones rurales en campos del norte bonaerense. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”, tras conocerse la situación infrahumana en la que vivían y trabajaban los peones traídos desde Santiago del Estero para el desflore del maíz en Ramallo, San Pedro y Arrecifes. Además, ayer el Ministerio de Trabajo bonaerense multó por un millón de pesos a Satus tras inspeccionar esos campos, mientras desde la AFIP aseguraron que encontraron “el mismo modus operandi denunciado” en otro campo de esta empresa semillera en la provincia de Buenos Aires.
La citación la realizó el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien venía denegando esta medida a la fiscalía federal, según fuentes del juzgado, “porque se aguardaba el resultado de diversas medidas de prueba que llegaron en los últimos días”. Los acusados son el presidente y vicepresidente de cada empresa, cuatro directores titulares y cuatro ingenieros agrónomos, encargados de la organización de las tareas.
Aunque no se difundieron nombres, este diario pudo constatar por fuentes judiciales que entre los acusados de Status Ager están Félix Cirio, ex subsecretario de Agricultura de Felipe Solá; Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmermann, Ricardo Javier Cardinale y Martín Jarmoluk. La fiscalía federal de San Nicolás había pedido la detención y declaración indagatoria de todos ellos, pero los abogados de la empresa consiguieron que el juez otorgara la eximición de prisión.
Satus asegura tener 200 personas contratadas y cuatro mil “empleados temporales” dedicados a cosechar semillas de maíz y soja, principalmente. En el último mes fueron allanados Santa Celestina, La Amalia y Doña Clementina, campos que esta empresa explota. En Doña Clementina, en la ciudad de Arrecifes, se comprobó que 101 personas vivían hacinadas sin corriente eléctrica ni duchas ni lugares aptos para el almacenamiento de alimentos. Alertados por los anteriores allanamientos, la empresa tuvo el decoro de proveer siete baños químicos y bidones de agua potable.
En el caso de SSP fue objeto de un dictamen “rotundo”, según fuentes del caso, por parte de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional. Allí se señala que los trabajadores entendían que era humillante el trato y las condiciones de trabajo, pero dependían de un supuesto ingeniero para cobrar por la hectárea desflorada.
“La imposibilidad de disponer y administrar dinero propio son factores que restringen la movilidad de las personas y su autodeterminación. Dichos factores generarían un aumento de su exposición a la determinación de quienes detentan abuso de poder sobre ellas. Así se torna evidente que la promesa de pago resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar”, explica el informe.
Por las precarias condiciones “de habitabilidad”, se agrega, varios peones tuvieron problemas digestivos o diarreas. Al parecer el agua que les daban no era apta para consumo. “Algunos trabajadores mencionaron que el predio había sido fumigado por una avioneta mientras ellos trabajaban. Esta situación no les había sido informada previamente, por cuanto fueron ‘rociados’ con los agroquímicos esparcidos, padeciendo en consecuencia erupciones en la piel, vómitos, dolor de cabeza, dificultades respiratorias, etc.”, señala el informe.
Anoche, una fuente de la fiscalía federal de San Nicolás lamentó que todos los acusados lleguen libres a la indagatoria que se realizará, en el caso de los imputados de la empresa Satus, el 2, 3 y 4 de marzo, mientras que una semana después, el 8, 9 y 14 lo harán los de SSP. “Por lo establecido como pena para los delitos de trata, entre 4 y 15 años, y la gravedad del hecho, deberían estar presos. Si tenemos gente encerrada en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza por trata de personas para la prostitución, no veo por qué ellos están libres”, señaló la fuente.
El riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación también fueron parte de los argumentos que desde la fiscalía federal de San Nicolás se presentaron para apelar las eximiciones de prisión otorgadas a todos los acusados. Este tema deberá resolverlo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde todavía no se sorteó qué sala lo tomará. La fiscalía participará de todas las indagatorias.
La presencia de menores de edad en los establecimientos de SSP como La Esperanza, en San Pedro, en las mismas condiciones habitacionales que el resto de los trabajadores fue destacada en los informes de la Oficina de Rescate y también del Ministerio de Trabajo bonaerense. Este último organismo denunció que los jóvenes, de entre 16 y 18 años, “cumplían extensas jornadas de trabajo, sin francos ni descansos”.
Sin dar precisiones, ayer desde la AFIP advirtieron que en otro campo de Satus se comprobaron nuevamente las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidas personas traídas de Santiago del Estero. La difusión mediática de estos casos, según comentaron fuentes del Ministerio de Trabajo bonaerense, hizo que crezcan exponencialmente las denuncias al 0800-666-2187 sobre trata de personas y reducción a la servidumbre en el campo. “No damos abasto con los inspectores”, admitieron.
Fecha de Publicación: 05/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Son los responsables de dos empresas con campos en el norte bonaerense en los que trabajaban peones llevados desde Santiago del Estero en condiciones de semiesclavitud. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”. Por ahora, no irán presos.
La Justicia federal llamó a declaración indagatoria a doce directivos de las semilleras Satus Ager y Southern Seeds Production (SSP), bajo la sospecha de que sometieron a condiciones de esclavitud a peones rurales en campos del norte bonaerense. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”, tras conocerse la situación infrahumana en la que vivían y trabajaban los peones traídos desde Santiago del Estero para el desflore del maíz en Ramallo, San Pedro y Arrecifes. Además, ayer el Ministerio de Trabajo bonaerense multó por un millón de pesos a Satus tras inspeccionar esos campos, mientras desde la AFIP aseguraron que encontraron “el mismo modus operandi denunciado” en otro campo de esta empresa semillera en la provincia de Buenos Aires.
La citación la realizó el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien venía denegando esta medida a la fiscalía federal, según fuentes del juzgado, “porque se aguardaba el resultado de diversas medidas de prueba que llegaron en los últimos días”. Los acusados son el presidente y vicepresidente de cada empresa, cuatro directores titulares y cuatro ingenieros agrónomos, encargados de la organización de las tareas.
Aunque no se difundieron nombres, este diario pudo constatar por fuentes judiciales que entre los acusados de Status Ager están Félix Cirio, ex subsecretario de Agricultura de Felipe Solá; Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmermann, Ricardo Javier Cardinale y Martín Jarmoluk. La fiscalía federal de San Nicolás había pedido la detención y declaración indagatoria de todos ellos, pero los abogados de la empresa consiguieron que el juez otorgara la eximición de prisión.
Satus asegura tener 200 personas contratadas y cuatro mil “empleados temporales” dedicados a cosechar semillas de maíz y soja, principalmente. En el último mes fueron allanados Santa Celestina, La Amalia y Doña Clementina, campos que esta empresa explota. En Doña Clementina, en la ciudad de Arrecifes, se comprobó que 101 personas vivían hacinadas sin corriente eléctrica ni duchas ni lugares aptos para el almacenamiento de alimentos. Alertados por los anteriores allanamientos, la empresa tuvo el decoro de proveer siete baños químicos y bidones de agua potable.
En el caso de SSP fue objeto de un dictamen “rotundo”, según fuentes del caso, por parte de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional. Allí se señala que los trabajadores entendían que era humillante el trato y las condiciones de trabajo, pero dependían de un supuesto ingeniero para cobrar por la hectárea desflorada.
“La imposibilidad de disponer y administrar dinero propio son factores que restringen la movilidad de las personas y su autodeterminación. Dichos factores generarían un aumento de su exposición a la determinación de quienes detentan abuso de poder sobre ellas. Así se torna evidente que la promesa de pago resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar”, explica el informe.
Por las precarias condiciones “de habitabilidad”, se agrega, varios peones tuvieron problemas digestivos o diarreas. Al parecer el agua que les daban no era apta para consumo. “Algunos trabajadores mencionaron que el predio había sido fumigado por una avioneta mientras ellos trabajaban. Esta situación no les había sido informada previamente, por cuanto fueron ‘rociados’ con los agroquímicos esparcidos, padeciendo en consecuencia erupciones en la piel, vómitos, dolor de cabeza, dificultades respiratorias, etc.”, señala el informe.
Anoche, una fuente de la fiscalía federal de San Nicolás lamentó que todos los acusados lleguen libres a la indagatoria que se realizará, en el caso de los imputados de la empresa Satus, el 2, 3 y 4 de marzo, mientras que una semana después, el 8, 9 y 14 lo harán los de SSP. “Por lo establecido como pena para los delitos de trata, entre 4 y 15 años, y la gravedad del hecho, deberían estar presos. Si tenemos gente encerrada en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza por trata de personas para la prostitución, no veo por qué ellos están libres”, señaló la fuente.
El riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación también fueron parte de los argumentos que desde la fiscalía federal de San Nicolás se presentaron para apelar las eximiciones de prisión otorgadas a todos los acusados. Este tema deberá resolverlo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde todavía no se sorteó qué sala lo tomará. La fiscalía participará de todas las indagatorias.
La presencia de menores de edad en los establecimientos de SSP como La Esperanza, en San Pedro, en las mismas condiciones habitacionales que el resto de los trabajadores fue destacada en los informes de la Oficina de Rescate y también del Ministerio de Trabajo bonaerense. Este último organismo denunció que los jóvenes, de entre 16 y 18 años, “cumplían extensas jornadas de trabajo, sin francos ni descansos”.
Sin dar precisiones, ayer desde la AFIP advirtieron que en otro campo de Satus se comprobaron nuevamente las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidas personas traídas de Santiago del Estero. La difusión mediática de estos casos, según comentaron fuentes del Ministerio de Trabajo bonaerense, hizo que crezcan exponencialmente las denuncias al 0800-666-2187 sobre trata de personas y reducción a la servidumbre en el campo. “No damos abasto con los inspectores”, admitieron.
Reservas naturales al servicio del hombre
Las reservas naturales al servicio del hombre
Fecha de Publicación: 05/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Son enormes fuentes de agua potable, bancos genéticos de alimentos y componentes para el desarrollo medicinal; además, aumentan las poblaciones de peces
¿Qué relación tiene la vida cotidiana con las áreas naturales protegidas? Aunque muchas personas crean que poca, no es así. Sólo para empezar se puede decir que en la Argentina el 41% de la energía hidroeléctrica se origina en tres parques nacionales: Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces. Esto representa el 17% de la energía eléctrica del país.
Las áreas protegidas también son enormes bancos genéticos de alimentos: los recursos genéticos son imprescindibles para asegurar la producción de alimentos frente a las modificaciones que los ambientes sufren a causa de las alteraciones climáticas.
Estos lugares también sirven de protección de comunidades originarias y ni qué hablar de los servicios que proveen a la hora de evaluar la importancia para el turismo. Sin embargo, el presupuesto que se destina a proteger estos territorios es ínfimo.
Un área protegida es una porción de territorio o mar manejada con normas que garantizan la protección de sus recursos naturales y culturales. La categoría más conocida es la de parque nacional, pero existen otras como reservas naturales estrictas, parques provinciales, reservas privadas, monumentos naturales, reservas educativas y/o urbanas, reservas municipales, entre otras.
"Las áreas protegidas están tomando importancia a nivel internacional. El objetivo es mostrar que lejos de ser un gasto representan una inversión para los gobiernos", explica María José Pacha, de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).
Pacha se refiere al último acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, celebrada en octubre en Nagoya, en donde líderes mundiales aprobaron medidas claves para proteger la biodiversidad. Entre esos puntos establecieron aumentar para 2020 a 17% el territorio que debe ser protegido por los estados firmantes.
Actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegida. A la vez, sólo un 20% de estas áreas se encuentra con un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación, según la información proporcionada por FVSA. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos. "Por último, el nivel de protección no es parejo en todas las ecorregiones del país. Por ejemplo, los bosques andino patagónicos cuentan con un 35% de la superficie protegida, mientras que el pastizal pampeano apenas tiene un 1,02% protegido, el Chaco húmedo un 3,2% y el Mar Argentino un 0,85", indicaron en la ONG.
Bienes y servicios ambientales
La generación de ingresos no compensa la degradación del capital natural. Por ejemplo, según el Indec, en 2009 se generaron 330.000 millones de pesos gracias al agro, la explotación forestal, la pesca y el turismo. Estos, claramente, son bienes y servicios ambientales prestados por la naturaleza. En 2010 el presupuesto para la Administración de Parques Nacionales (APN) fue de unos 212 millones de pesos.
"Esa valoración de estos beneficios directos no están contemplados. En las provincias no existe y en el caso de APN es una asignatura pendiente destacando que el Estado nacional hace un esfuerzo impresionante para el mantenimiento del sistema. Por eso surge la pregunta de quién debería aportar para que esa recaudación aumente y cómo incorporar el manejo de los parques y reservas según a quién uno imagine que le cobrará. Tenemos que tener responsabilidad de funcionarios y ser precavidos en los montos que se establecen ya que se podrían resignar cuestiones sociales importantísimas. Tal vez se podrían incorporar a las empresas que tienen concesiones dentro de los parques incorporar cánones por los servicios ambientales que se deben proteger, como por ejemplo a las concesiones hidroeléctricas. Es un tema complejo, pero pendiente", detalló Raúl Chiesa vocal de la APN.
"En la Argentina estamos bien atrás. No hay ningún esquema de pago por servicios ambientales que esté implementado. Un claro ejemplo es la instrumentación de ley de presupuestos mínimos de protección de bosques: no encontramos ni un solo peso de aplicación concreta que haya llegado a manos de un particular", dijo Carina Quispe, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Respecto de la denominada ley de bosques, se establece que se pagará (sea el Estado o un particular) a quien conserve áreas con vegetación al tiempo que determina que cada provincia debe hacer un ordenamiento territorial para evitar el avance descontrolado del desmonte. Sin embargo, aunque la norma establece que se destinará al fondo de protección el 0,3% del presupuesto nacional" y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración, entre otros. Esto significa que deberían asignarse más de 1200 millones de pesos. La administración nacional dispuso que se destinaran $300 millones.
En otros países, como Perú, ya existen los esquemas de compensación. Sólo como para tener una idea, se determinó que el aporte de las áreas protegidas a la economía de ese país alcanzaba los 10.000 millones de dólares. En 2009 ese guarismo llevó a que la administración peruana aumentara el 200% el presupuesto destinado a las áreas protegidas.
Fecha de Publicación: 05/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Son enormes fuentes de agua potable, bancos genéticos de alimentos y componentes para el desarrollo medicinal; además, aumentan las poblaciones de peces
¿Qué relación tiene la vida cotidiana con las áreas naturales protegidas? Aunque muchas personas crean que poca, no es así. Sólo para empezar se puede decir que en la Argentina el 41% de la energía hidroeléctrica se origina en tres parques nacionales: Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces. Esto representa el 17% de la energía eléctrica del país.
Las áreas protegidas también son enormes bancos genéticos de alimentos: los recursos genéticos son imprescindibles para asegurar la producción de alimentos frente a las modificaciones que los ambientes sufren a causa de las alteraciones climáticas.
Estos lugares también sirven de protección de comunidades originarias y ni qué hablar de los servicios que proveen a la hora de evaluar la importancia para el turismo. Sin embargo, el presupuesto que se destina a proteger estos territorios es ínfimo.
Un área protegida es una porción de territorio o mar manejada con normas que garantizan la protección de sus recursos naturales y culturales. La categoría más conocida es la de parque nacional, pero existen otras como reservas naturales estrictas, parques provinciales, reservas privadas, monumentos naturales, reservas educativas y/o urbanas, reservas municipales, entre otras.
"Las áreas protegidas están tomando importancia a nivel internacional. El objetivo es mostrar que lejos de ser un gasto representan una inversión para los gobiernos", explica María José Pacha, de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).
Pacha se refiere al último acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, celebrada en octubre en Nagoya, en donde líderes mundiales aprobaron medidas claves para proteger la biodiversidad. Entre esos puntos establecieron aumentar para 2020 a 17% el territorio que debe ser protegido por los estados firmantes.
Actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegida. A la vez, sólo un 20% de estas áreas se encuentra con un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación, según la información proporcionada por FVSA. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos. "Por último, el nivel de protección no es parejo en todas las ecorregiones del país. Por ejemplo, los bosques andino patagónicos cuentan con un 35% de la superficie protegida, mientras que el pastizal pampeano apenas tiene un 1,02% protegido, el Chaco húmedo un 3,2% y el Mar Argentino un 0,85", indicaron en la ONG.
Bienes y servicios ambientales
La generación de ingresos no compensa la degradación del capital natural. Por ejemplo, según el Indec, en 2009 se generaron 330.000 millones de pesos gracias al agro, la explotación forestal, la pesca y el turismo. Estos, claramente, son bienes y servicios ambientales prestados por la naturaleza. En 2010 el presupuesto para la Administración de Parques Nacionales (APN) fue de unos 212 millones de pesos.
"Esa valoración de estos beneficios directos no están contemplados. En las provincias no existe y en el caso de APN es una asignatura pendiente destacando que el Estado nacional hace un esfuerzo impresionante para el mantenimiento del sistema. Por eso surge la pregunta de quién debería aportar para que esa recaudación aumente y cómo incorporar el manejo de los parques y reservas según a quién uno imagine que le cobrará. Tenemos que tener responsabilidad de funcionarios y ser precavidos en los montos que se establecen ya que se podrían resignar cuestiones sociales importantísimas. Tal vez se podrían incorporar a las empresas que tienen concesiones dentro de los parques incorporar cánones por los servicios ambientales que se deben proteger, como por ejemplo a las concesiones hidroeléctricas. Es un tema complejo, pero pendiente", detalló Raúl Chiesa vocal de la APN.
"En la Argentina estamos bien atrás. No hay ningún esquema de pago por servicios ambientales que esté implementado. Un claro ejemplo es la instrumentación de ley de presupuestos mínimos de protección de bosques: no encontramos ni un solo peso de aplicación concreta que haya llegado a manos de un particular", dijo Carina Quispe, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Respecto de la denominada ley de bosques, se establece que se pagará (sea el Estado o un particular) a quien conserve áreas con vegetación al tiempo que determina que cada provincia debe hacer un ordenamiento territorial para evitar el avance descontrolado del desmonte. Sin embargo, aunque la norma establece que se destinará al fondo de protección el 0,3% del presupuesto nacional" y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración, entre otros. Esto significa que deberían asignarse más de 1200 millones de pesos. La administración nacional dispuso que se destinaran $300 millones.
En otros países, como Perú, ya existen los esquemas de compensación. Sólo como para tener una idea, se determinó que el aporte de las áreas protegidas a la economía de ese país alcanzaba los 10.000 millones de dólares. En 2009 ese guarismo llevó a que la administración peruana aumentara el 200% el presupuesto destinado a las áreas protegidas.
Ley de Bosques: Preocupante manejo de fondos
Preocupante manejo de los fondos de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 04/02/2011
Fuente: Portal Contacto Político
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace manifestó su profunda preocupación ante la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010. La falta de distribución de fondos deja a las provincias sin presupuesto para el control de los desmontes ilegales. No hay explicaciones oficiales.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010, la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación.
“Esta decisión es poco transparente y es alarmante que aún no se hayan dado explicaciones oficiales. El manejo de los fondos de la Ley de Bosques resulta muy preocupante teniendo en cuenta que varias provincias que ya finalizaron sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos han acordado con los titulares de bosques nativos el financiamiento de planes de conservación y manejo forestal. Además necesitan contar con un presupuesto adecuados”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace advirtió que esta “sorprendente decisión” se tomó a pesar de que los fondos asignados durante 2010 fueron un tercio de lo que la propia Ley de Bosques establece, y que los de 2011 se repiten y vuelven a ser insuficientes ante la falta de Ley de Presupuesto.
“A fines del año pasado reclamamos que el Fondo previsto por la Ley de Bosques reciba la partida presupuestaria que corresponde. Hoy a este pedido debemos sumarle que el poco presupuesto destinado a los bosques en 2010 sea distribuido entre las provincias para el manejo sustentable de los bosques y el control de los desmontes”, agregó Giardini.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrán ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Fecha de Publicación: 04/02/2011
Fuente: Portal Contacto Político
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace manifestó su profunda preocupación ante la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010. La falta de distribución de fondos deja a las provincias sin presupuesto para el control de los desmontes ilegales. No hay explicaciones oficiales.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010, la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación.
“Esta decisión es poco transparente y es alarmante que aún no se hayan dado explicaciones oficiales. El manejo de los fondos de la Ley de Bosques resulta muy preocupante teniendo en cuenta que varias provincias que ya finalizaron sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos han acordado con los titulares de bosques nativos el financiamiento de planes de conservación y manejo forestal. Además necesitan contar con un presupuesto adecuados”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace advirtió que esta “sorprendente decisión” se tomó a pesar de que los fondos asignados durante 2010 fueron un tercio de lo que la propia Ley de Bosques establece, y que los de 2011 se repiten y vuelven a ser insuficientes ante la falta de Ley de Presupuesto.
“A fines del año pasado reclamamos que el Fondo previsto por la Ley de Bosques reciba la partida presupuestaria que corresponde. Hoy a este pedido debemos sumarle que el poco presupuesto destinado a los bosques en 2010 sea distribuido entre las provincias para el manejo sustentable de los bosques y el control de los desmontes”, agregó Giardini.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrán ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Riachuelo: Prefectura extrajo un barco hundido
Prefectura extrajo un barco hundido en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 04/02/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, supervisó ayer la extracción de la última sección del buque "Santa Elena" hundido en el Riachuelo, con lo cual ya son 30 las embarcaciones que la Prefectura removió de su lecho desde 2007, en el marco del programa de descontaminación del Gobierno.
El programa alentó al mismo tiempo a que los propietarios de otras 23 naves inactivas, las retiraran por sus propios medios, mientras que todavía restan 6 embarcaciones a la espera de autorización judicial para su extracción.
Con este nuevo paso en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, sólo restan recuperar dos buques sumergidos en este afluente del Río de la Plata, informó el ministerio a través de un comunicado de prensa.
La venta de la chatarra producto del desguace de estos navíos, a excepción de aquellos bajo proceso judicial, es destinada al financiamiento de la Fundación Garrahan y del Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata.
"La extracción de embarcaciones hundidas que lleva adelante la Prefectura Naval contribuye al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo porque libera el espacio para permitir los trabajos de limpieza que viene realizando la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación", explicó la Ministra Garré.
La funcionaria estuvo acompañada en la visita al Riachuelo por el Secretario de Ambiente, Juan José Mussi.
Para la extracción final del barco "Santa Elena" se utilizó la grúa Magnus VI que izó la popa con la ayuda de dos cables (lingas) desde la superficie del agua hasta su sitio de depósito final. Esta sección del buque pesa 250 toneladas y mide 20 metros de largo.
Las tareas de preparación desarrolladas durante tres semanas incluyeron inspecciones subacuáticas a cargo de buzos de la Prefectura al tacto, dado que la polución de las aguas hace nula la visión, con el objeto de detectar averías e ingresos de agua.
Se extrajeron también sedimentos del interior de los compartimentos sumergidos y se obturaron las averías, con el fin de alivianar su peso.
Posteriormente los prefectos quitaron el agua de su interior a través de bombas de achique, recuperando su flotabilidad, paso previo a su corte en secciones para facilitar su extracción.
Paralelamente, se encuentran en ejecución las tareas de salvamento para el redimensionamiento a través de corte del barco "Charrúa" y el alistamiento para el reflotamiento del buque "Triunfo".
Fecha de Publicación: 04/02/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, supervisó ayer la extracción de la última sección del buque "Santa Elena" hundido en el Riachuelo, con lo cual ya son 30 las embarcaciones que la Prefectura removió de su lecho desde 2007, en el marco del programa de descontaminación del Gobierno.
El programa alentó al mismo tiempo a que los propietarios de otras 23 naves inactivas, las retiraran por sus propios medios, mientras que todavía restan 6 embarcaciones a la espera de autorización judicial para su extracción.
Con este nuevo paso en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, sólo restan recuperar dos buques sumergidos en este afluente del Río de la Plata, informó el ministerio a través de un comunicado de prensa.
La venta de la chatarra producto del desguace de estos navíos, a excepción de aquellos bajo proceso judicial, es destinada al financiamiento de la Fundación Garrahan y del Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata.
"La extracción de embarcaciones hundidas que lleva adelante la Prefectura Naval contribuye al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo porque libera el espacio para permitir los trabajos de limpieza que viene realizando la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación", explicó la Ministra Garré.
La funcionaria estuvo acompañada en la visita al Riachuelo por el Secretario de Ambiente, Juan José Mussi.
Para la extracción final del barco "Santa Elena" se utilizó la grúa Magnus VI que izó la popa con la ayuda de dos cables (lingas) desde la superficie del agua hasta su sitio de depósito final. Esta sección del buque pesa 250 toneladas y mide 20 metros de largo.
Las tareas de preparación desarrolladas durante tres semanas incluyeron inspecciones subacuáticas a cargo de buzos de la Prefectura al tacto, dado que la polución de las aguas hace nula la visión, con el objeto de detectar averías e ingresos de agua.
Se extrajeron también sedimentos del interior de los compartimentos sumergidos y se obturaron las averías, con el fin de alivianar su peso.
Posteriormente los prefectos quitaron el agua de su interior a través de bombas de achique, recuperando su flotabilidad, paso previo a su corte en secciones para facilitar su extracción.
Paralelamente, se encuentran en ejecución las tareas de salvamento para el redimensionamiento a través de corte del barco "Charrúa" y el alistamiento para el reflotamiento del buque "Triunfo".
Potasio: la audiencia pública sigue sin fecha
Potasio: la audiencia pública sigue sin fecha
Fecha de Publicación: 03/02/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén - Río Negro
A más de un mes de la suspensión de la audiencia pública para la construcción de un nuevo tendido ferroviario para el proyecto de explotación minera de potasio, el Consejo de Medio Ambiente aún no definió la realización de la misma para evaluar el impacto ambiental de las obras.
El Codema había convocado para el 20 de diciembre a la audiencia pública en Chichinales, pero en los días previos notificó que la misma se suspendía sin tener nueva fecha.
En la audiencia se debe evaluar el impacto ambiental de la construcción de un nuevo tendido ferroviario desde Malargüe en Mendoza, donde se lleva a cabo la explotación minera denominada Potasio Río Colorado, hasta un empalme con el actual tendido del ferrocarril concesionado a Ferrosur a unos cuatro kilómetros al oeste de Chichinales.
El tendido ferroviario tendrá una extensión total de 378 kilómetros desde Malargüe hasta el empalme en proximidades del barrio Otto Krause al oeste de Chichinales, de los cuales 21 kilómetros atraviesan la provincia de Mendoza, otras 187 la provincia de Neuquén, y 170 la de Río Negro.
De ser avalado el proyecto, se estimó que la construcción demandará alrededor de tres años y la ocupación de unos 1.000 operarios, y una inversión de 828 millones de dólares que serán aportados por la empresa brasileña Vale de Río Doce.
Según las mismas proyecciones que presentó la empresa impulsora de la iniciativa, por dicho ramal circularán diariamente dos formaciones ferroviarias de unos mil metros de extensión, que luego del empalme en proximidades de Chichinales, utilizarán la vías concesionadas a Ferrosur para trasladar el mineral hasta el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca.
Por ser la única localidad rionegrina que se vería afectada de manera directa por la ejecución de las obras y por el paso de las formaciones ferroviarias, es que se había convocado la realización de la audiencia pública en esta localidad.
Fecha de Publicación: 03/02/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén - Río Negro
A más de un mes de la suspensión de la audiencia pública para la construcción de un nuevo tendido ferroviario para el proyecto de explotación minera de potasio, el Consejo de Medio Ambiente aún no definió la realización de la misma para evaluar el impacto ambiental de las obras.
El Codema había convocado para el 20 de diciembre a la audiencia pública en Chichinales, pero en los días previos notificó que la misma se suspendía sin tener nueva fecha.
En la audiencia se debe evaluar el impacto ambiental de la construcción de un nuevo tendido ferroviario desde Malargüe en Mendoza, donde se lleva a cabo la explotación minera denominada Potasio Río Colorado, hasta un empalme con el actual tendido del ferrocarril concesionado a Ferrosur a unos cuatro kilómetros al oeste de Chichinales.
El tendido ferroviario tendrá una extensión total de 378 kilómetros desde Malargüe hasta el empalme en proximidades del barrio Otto Krause al oeste de Chichinales, de los cuales 21 kilómetros atraviesan la provincia de Mendoza, otras 187 la provincia de Neuquén, y 170 la de Río Negro.
De ser avalado el proyecto, se estimó que la construcción demandará alrededor de tres años y la ocupación de unos 1.000 operarios, y una inversión de 828 millones de dólares que serán aportados por la empresa brasileña Vale de Río Doce.
Según las mismas proyecciones que presentó la empresa impulsora de la iniciativa, por dicho ramal circularán diariamente dos formaciones ferroviarias de unos mil metros de extensión, que luego del empalme en proximidades de Chichinales, utilizarán la vías concesionadas a Ferrosur para trasladar el mineral hasta el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca.
Por ser la única localidad rionegrina que se vería afectada de manera directa por la ejecución de las obras y por el paso de las formaciones ferroviarias, es que se había convocado la realización de la audiencia pública en esta localidad.
La Plata envía menos basura a la Ceamse
La Plata envía menos basura a la Ceamse
Fecha de Publicación: 02/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El último año bajó casi 10 mil toneladas respecto de 2009. Lo atribuyen al plan de separación. Números rojos en Berisso y Ensenada
Durante el año que pasó La Plata enterró menos residuos domiciliarios en el predio que Ceamse gestiona camino a Punta Lara, mientras Ensenada y Berisso incrementaron el volumen de sus envíos. Según los registros oficiales del ente estatal que se encarga de la disposición final de los desechos, la reducción en el caso local -atribuida por la Comuna a los programas de separación en origen- fue de casi diez mil toneladas, tomando como referencia las cifras de 2009.
En este contexto, Ensenada se consolidó en 2010 como el municipio de la región en que se genera más basura por habitante cada año: 436 kilogramos, que promedian 1,19 por día. En este rubro supera a La Plata, con 274 kilos anuales por persona -0,75 por día- y a Berisso, con 222 kilos y apenas 600 gramos, respectivamente.
El distrito que administra Mario Secco, con una población estimada en 55.629 habitantes según el censo realizado hace algunos meses, genera desde hace varios años mayor cantidad de basura que Berisso, que tiene decenas de miles de habitantes más -actualmente son 88.123-; en 2010, fueron 24.277 toneladas contra 19.544. En otra escala urbana, La Plata con sus 649.613 habitantes se deshizo de 178.144 toneladas.
Las cifrasEn la organización no gubernamental Nuevo Ambiente, que brega desde hace años por el cierre de los predios de Ceamse y la minimización de los residuos sólidos urbanos (RSU), se considera que "lo de La Plata es un dato alentador, porque sugiere que su programa de separación en origen está haciendo un aporte ambiental, aunque resta mejorar la operatividad en la recolección y el trabajo de las cuatro cooperativas de recicladores".
Ricardo Jesús Díaz, director de Gestión Integral e Higiene Urbana platense, subraya que "en la ciudad existen unas diez mil cuadras afectadas al programa de recolección diferenciada, y los resultados muestran una gran aceptación; en promedio se levantan unas 80 toneladas diarias de bolsas verdes, con lo que se redujo mucho la basura que llega al relleno sanitario de Ceamse".
La reconversión de productos de descarte en materia prima a partir de la diferenciación entre residuos "húmedos" u orgánicos y "secos" -papel, cartón, plásticos, vidrio, metal- comenzó durante 2008 en el casco urbano platense. En etapas sucesivas, la Comuna incorporó localidades de la periferia, y actualmente el sistema cubre la zona comprendida entre 520, 90, 122 y 155, además de parte de Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa. En los próximos días, se sumarían otros sectores de Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Castells.
Hasta el momento, no se realiza separación en origen de los materiales reciclables en Ensenada ni Berisso. Para Nuevo Ambiente, ambos municipios deberían impulsar esos mecanismos "habida cuenta de que se avanza en la instalación de una planta de tratamiento integral en La Plata, hay fallos judiciales que ordenan el cierre del relleno sanitario de Punta Lara, y en el caso puntual de Ensenada existe una ordenanza específica".
Los ambientalistas sospechan que "el municipio de Ensenada está recolectando los desechos industriales -en la categoría 'asimilable a los domiciliarios'- de algunas empresas" y por eso "se elevan inusualmente las estadísticas de residuos por habitante".
"Sería un gran negocio para las empresas, que según la ley deben contratar un servicio especial de recolección y pagar $60 cada tonelada" señaló Marcelo Martínez, titular de Nuevo Ambiente: "en cambio, el municipio de Ensenada lo haría 'gratis', porque desde hace cuatro años tiene un acuerdo con Ceamse -por el que se ahorra más de 500 mil pesos anuales- para no pagar lo que entierra".
Fecha de Publicación: 02/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El último año bajó casi 10 mil toneladas respecto de 2009. Lo atribuyen al plan de separación. Números rojos en Berisso y Ensenada
Durante el año que pasó La Plata enterró menos residuos domiciliarios en el predio que Ceamse gestiona camino a Punta Lara, mientras Ensenada y Berisso incrementaron el volumen de sus envíos. Según los registros oficiales del ente estatal que se encarga de la disposición final de los desechos, la reducción en el caso local -atribuida por la Comuna a los programas de separación en origen- fue de casi diez mil toneladas, tomando como referencia las cifras de 2009.
En este contexto, Ensenada se consolidó en 2010 como el municipio de la región en que se genera más basura por habitante cada año: 436 kilogramos, que promedian 1,19 por día. En este rubro supera a La Plata, con 274 kilos anuales por persona -0,75 por día- y a Berisso, con 222 kilos y apenas 600 gramos, respectivamente.
El distrito que administra Mario Secco, con una población estimada en 55.629 habitantes según el censo realizado hace algunos meses, genera desde hace varios años mayor cantidad de basura que Berisso, que tiene decenas de miles de habitantes más -actualmente son 88.123-; en 2010, fueron 24.277 toneladas contra 19.544. En otra escala urbana, La Plata con sus 649.613 habitantes se deshizo de 178.144 toneladas.
Las cifrasEn la organización no gubernamental Nuevo Ambiente, que brega desde hace años por el cierre de los predios de Ceamse y la minimización de los residuos sólidos urbanos (RSU), se considera que "lo de La Plata es un dato alentador, porque sugiere que su programa de separación en origen está haciendo un aporte ambiental, aunque resta mejorar la operatividad en la recolección y el trabajo de las cuatro cooperativas de recicladores".
Ricardo Jesús Díaz, director de Gestión Integral e Higiene Urbana platense, subraya que "en la ciudad existen unas diez mil cuadras afectadas al programa de recolección diferenciada, y los resultados muestran una gran aceptación; en promedio se levantan unas 80 toneladas diarias de bolsas verdes, con lo que se redujo mucho la basura que llega al relleno sanitario de Ceamse".
La reconversión de productos de descarte en materia prima a partir de la diferenciación entre residuos "húmedos" u orgánicos y "secos" -papel, cartón, plásticos, vidrio, metal- comenzó durante 2008 en el casco urbano platense. En etapas sucesivas, la Comuna incorporó localidades de la periferia, y actualmente el sistema cubre la zona comprendida entre 520, 90, 122 y 155, además de parte de Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa. En los próximos días, se sumarían otros sectores de Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Castells.
Hasta el momento, no se realiza separación en origen de los materiales reciclables en Ensenada ni Berisso. Para Nuevo Ambiente, ambos municipios deberían impulsar esos mecanismos "habida cuenta de que se avanza en la instalación de una planta de tratamiento integral en La Plata, hay fallos judiciales que ordenan el cierre del relleno sanitario de Punta Lara, y en el caso puntual de Ensenada existe una ordenanza específica".
Los ambientalistas sospechan que "el municipio de Ensenada está recolectando los desechos industriales -en la categoría 'asimilable a los domiciliarios'- de algunas empresas" y por eso "se elevan inusualmente las estadísticas de residuos por habitante".
"Sería un gran negocio para las empresas, que según la ley deben contratar un servicio especial de recolección y pagar $60 cada tonelada" señaló Marcelo Martínez, titular de Nuevo Ambiente: "en cambio, el municipio de Ensenada lo haría 'gratis', porque desde hace cuatro años tiene un acuerdo con Ceamse -por el que se ahorra más de 500 mil pesos anuales- para no pagar lo que entierra".
Preparan un estudio sobre el impacto del CC
Argentina prepara un estudio sobre el impacto del cambio climático
Fecha de Publicación: 02/02/2011
Fuente: Notio
Provincia/Región: Nacional
Argentina presentará en poco tiempo un estudio financiado por el Banco Mundial que permitirá tener información actualizada sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promover medidas de mitigación y adaptación para el país.
La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático es una iniciativa sostenida por una donación de 2,4 millones de dólares que realizó el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), y será puesta en práctica con la colaboración del Banco Mundial.
Marcelo Acerbi, gerente del proyecto en representación del Banco Mundial, comentó que el país es "particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático", por lo que la iniciativa proveerá "herramientas para facilitar la toma de decisiones" sobre temas ambientales.
Según un informe, la Tercera Comunicación Nacional prevé, entre sus principales motivaciones, una "actualización del inventario nacional de emisiones de GEI para cada sector emisor".
Además, impulsa "el diseño de herramientas y procedimientos para mejorar la recolección y el manejo de datos, y la evaluación y diseño de medidas y políticas en mitigación".
"El objetivo será evaluar los impactos del cambio climático y estudiar los sectores y áreas más vulnerables en Argentina", entre ellas "la zona costera, la pampa bonaerense y los recursos hídricos del Litoral", agregó el documento.
Fecha de Publicación: 02/02/2011
Fuente: Notio
Provincia/Región: Nacional
Argentina presentará en poco tiempo un estudio financiado por el Banco Mundial que permitirá tener información actualizada sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promover medidas de mitigación y adaptación para el país.
La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático es una iniciativa sostenida por una donación de 2,4 millones de dólares que realizó el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), y será puesta en práctica con la colaboración del Banco Mundial.
Marcelo Acerbi, gerente del proyecto en representación del Banco Mundial, comentó que el país es "particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático", por lo que la iniciativa proveerá "herramientas para facilitar la toma de decisiones" sobre temas ambientales.
Según un informe, la Tercera Comunicación Nacional prevé, entre sus principales motivaciones, una "actualización del inventario nacional de emisiones de GEI para cada sector emisor".
Además, impulsa "el diseño de herramientas y procedimientos para mejorar la recolección y el manejo de datos, y la evaluación y diseño de medidas y políticas en mitigación".
"El objetivo será evaluar los impactos del cambio climático y estudiar los sectores y áreas más vulnerables en Argentina", entre ellas "la zona costera, la pampa bonaerense y los recursos hídricos del Litoral", agregó el documento.
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