La minería de litio provoca una rebelión popular en el norte argentino

Fecha de Publicación: 23/06/2023
Fuente: El Salto Diario
Provincia/Región: Jujuy


Una movilización popular que quería impedir la reforma de la constitución de Jujuy, que criminaliza la protesta social y abre las puertas a los grandes proyectos mineros, terminó en una feroz represión policial con cientos de heridos y detenidos.
El estallido jujeño, con epicentro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy y una de las provincias del norte argentino, fue el corolario de una serie de protestas que se vienen sucediendo en toda la provincia desde hace semanas, y que responden a los bajos salarios docentes, las malas condiciones de vida de la región y, sobre todo, a una reforma exprés de la carta magna provincial, que se terminó de sellar en menos de un mes y a puertas cerradas.
Bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”, el martes 20 de junio por la mañana, una fuerte movilización popular integrada por pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales y políticas enfrentó una feroz represión policial que incluyó detenciones arbitrarias en vehículos sin identificar, allanamientos en barrios de la periferia, 170 personas heridas —uno de gravedad—, al menos 69 detenidos y la presentación de 51 habeas corpus.
En la mañana del martes, cuando ya se habían concentrado algunos grupos para seguir con las protestas en rechazo a la nueva constitución, se conoció la noticia de la jura del nuevo texto y eso desató la ira popular. Se trata de un texto del que se desconocen los detalles de su articulado definitivo, dado que el domingo por la noche, y en respuesta a los continuos reclamos que desde hace días se vienen dando en toda la provincia, el gobernador Gerardo Morales anunció que retiraría dos de sus artículos. En concreto, se refería a los artículos 50 y 36, que tienen que ver con la propiedad privada de las tierras y le otorgan al Estado provincial la potestad para “reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Morales decidió dar marcha atrás con estos artículos siguiendo la misma mecánica que utilizó para llevar adelante toda la reforma: de manera inconsulta —ni siquiera lo puso en discusión en la Convención Constituyente—, de forma exprés, y entre gallos y medianoche.

Litio
Lo que está en el centro de la disputa es el derecho a la protesta y los bajos salarios, pero, sobre todo, la profundización de un modelo extractivista basado en el litio, algo que los pueblos originarios vienen denunciando desde hace mucho tiempo porque afecta sus modos de vida y sus territorios, y por lo que no han sido consultados. Lo que denuncian las comunidades es que, si bien el Estado argentino reconoce su preexistencia, el nuevo texto provincial pretende obligar a las comunidades a adoptar formas jurídicas que habiliten el reconocimiento de sus territorios y que, de no ser así, esto abriría el camino para que las empresas puedan explotar sus recursos. Aunque se anunció el retiro de los artículos vinculados a la posesión de la tierra, las comunidades insisten con que se tiene que caer la reforma completa ya que no fueron consultados, y tampoco se incluyó ningún artículo que hable del agua y del medio ambiente, dos elementos centrales de toda esta disputa. Sin ir más lejos, en abril las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Guayatayoc, marcharon a la capital provincial en rechazo al proyecto estatal de explotación de litio sobre 11.000 hectáreas de la Puna jujeña, y en defensa del agua y la vida.
La semana pasada, unas 500 personas pertenecientes a las comunidades de la Puna caminaron tres días desde Abra Pampa, el extremo norte de Jujuy, y Salinas Grandes, en el oeste, para llegar a la capital jujeña con la esperanza de cancelar la reforma. En el camino tuvieron que lidiar, no solo con la potencia del frío de la Puna en esta época del año, sino con la noticia, el jueves por la noche, de que la reforma había sido aprobada con el voto afirmativo de los bloques Frente Cambia Jujuy (oficialista) y el Frente Justicialista (peronismo). Luego de la brutal represión, los representantes de los pueblos originarios anunciaron que mantendrán los cortes de ruta —22 en toda la provincia—, y que llevarán su reclamo a Buenos Aires y a los organismos internacionales.
Si bien lo del martes responde a la reforma constitucional, los bajos salarios de los docentes —por debajo del costo de vida— determinaron que estos iniciaran huelgas y reclamos por mejoras salariales desde principios de junio y que, poco a poco, numerosas organizaciones se sumarán a esos reclamos. A lo largo de las protestas del último mes, Morales también debió dar marcha atrás —cinco días después de ponerlo en vigencia— con el decreto provincial 8464/23, mediante el cual se aumentaba a cifras millonarias las multas para quien realice una manifestación pública, y se abría la posibilidad de cesantear a trabajadoras y trabajadores estatales que realizarán una medida de fuerza. Sin embargo, mantuvo el artículo 67 de la nueva Constitución que se refiere al “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”. El artículo 67 sostiene que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”, y prohíbe los cortes de calles y rutas, y “toda posible perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”.
Asimismo, los sostenidos reclamos en la calle dieron lugar a la aparición de la Intergremial, de la que participan sindicatos del ámbito público y privado, que acompañan el reclamo educativo y el rechazo a una reforma constitucional que criminaliza la protesta social. Tanto los sindicatos, como las organizaciones sociales, denuncian que el nuevo texto contraría derechos laborales, y afecta la carrera administrativa y las funciones de organismos de control como el Tribunal de Cuentas, al que se le reduce su alcance y función.

Represión
La brutal represión del martes, que duró cuatro horas, dejó como saldo al menos 170 heridos, 69 detenidos (cinco menores), y la presentación de 51 habeas corpus. A última hora de ese día, un nutrido grupo de personas, entre familiares, activistas y abogados, se agolpaban a las puertas del penal del Alto Comedero donde habían sido alojados la mayoría de los detenidos, en búsqueda de información. En las imágenes que se vieron durante las masivas detenciones se pudo observar, no solo detenciones arbitrarias, sino que los vehículos en los que se trasladaba a las personas detenidas no tenían identificación, y que hubo allanamientos y redadas en barrios aledaños al centro de la capital.
Nelson Mamani, un manifestante al que se vio tendido en el suelo en medio de un charco de sangre, debió ser operado de urgencia y permanece internado. El fin de semana, Mijael Lian Lamas, de 17 años, perdió un ojo luego de que un policía le disparara a la cara con una bala de goma. Si bien a última hora de ayer se anunció la liberación de dos integrantes de la agrupación HIJOS Jujuy, que habían sido detenidas durante la manifestación, también se supo que algunos de los presos que aún permanecen detenidos podrían ser imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, daños a los bienes públicos y por impedimento a las tareas de los funcionarios públicos, en grado de tentativa. Las dos integrantes de HIJOS fueron liberadas por ser testigos protegidas en juicios de lesa humanidad.
Tras la violencia desatada en las calles de la capital jujeña, se anunciaron dos jornadas de huelga y persisten los cortes de ruta, pero con una amenaza concreta de desalojo. El martes, a última hora, el juez federal Diego Matteuci dictó una orden de desalojo de los piquetes que se mantienen en las localidades de Purmamarca, Libertador (Ledesma) y San Pedro. Por su parte, el gobernador Morales decretó asueto para el miércoles y cerró el aeropuerto gran parte del día. Lo del martes, además, determinó que algunos sindicatos docentes definieran adelantar la huelga, originalmente anunciada para el jueves, para el día miércoles, y que distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos, convocarán a una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires

Gobernador Morales
Gerardo Morales gobierna la provincia de Jujuy desde hace ocho años, preside la Unión Cívica Radical desde 2021 y, políticamente, se encuentra alineado a Juntos por el Cambio, el partido de centroderecha del expresidente Mauricio Macri. Morales, además, figura tercero en la carrera presidencial de Juntos por el Cambio, detrás de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires. El candidato a presidente se definirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. El martes por la tarde, tanto Bullrich como Larreta, dieron una conferencia de prensa en la que defendieron las decisiones tomadas por el actual gobernador de Jujuy. Por el lado del gobierno nacional, tanto el presidente Alberto Fernández, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro del Interior, Wado de Pedro —cuyo nombre también juega como uno de los posibles candidatos a presidente del kirchnerismo—, intercambiaron mensajes por Twitter con Morales, y criticaron las acciones de unos y otros.
Uno de los asuntos que le dieron más visibilidad pública a Morales, fue el arresto de la dirigente social Milagro Sala, en enero de 2016, pocas semanas después de asumir su primer mandato. El hostigamiento y la persecución a Sala, y de la organización que lidera, la Tupac Amaru, buscó ser un elemento disciplinador a lo largo de sus mandatos, y ha sido una de sus principales banderas.

La Constitución
La reforma del texto modifica 193 de los 212 artículos de la Constitución que regía hasta ahora la provincia, y que había sido promulgada en 1986. Los miembros de la Asamblea Constituyente fueron elegidos el pasado 7 de mayo en las mismas elecciones en las que el oficialismo ganó las elecciones provinciales. De los 48 votos posibles, la reforma contó con 40, ya que seis convencionales del Frente de Izquierda, y dos peronistas, se retiraron de la Constituyente, con lo cual, la votación del texto —en la madrugada del jueves al viernes—, fue por unanimidad. El Frente Cambia Jujuy, oficialista, contaba con 28 votos, y necesitó de un acuerdo con los convencionales del Frente Justicialista, es decir, del peronismo local, para poder votar la actual carta magna.
En la tarde de ayer, el presidente Fernández dio un discurso en el que anunció que ordenó al Ministerio de Justicia de la Nación “para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Y le solicitó al Gobierno de Jujuy que ”convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas”. En su discurso, Fernández también recordó que tanto la CIDH y la oficina regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, “se han pronunciado llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy”.
Al mediodía, miles de personas se movilizaron a la casa de la provincia de Jujuy en Buenos Aires, en apoyo a los reclamos y en contra de la represión. Durante la manifestación se le solicitó al gobierno nacional la intervención federal de la provincia y la libertad de todas las personas detenidas. Hasta la tarde de ayer, al menos 53 personas permanecían detenidas en el penal del barrio Alto Comedero, entre ellas, un niño con espectro autista y otra con problemas de salud mental. Para muchos, lo que sucede en Jujuy estos días, no es más que un laboratorio de prueba de algo que luego tendrá alcance nacional, y cuyo objetivo es fijar un nuevo orden. Entre las imágenes que se viralizaron ayer por la tarde estaba la de los trabajadores de la mina “El Aguilar”, que llegaron a la capital jujeña para poner el cuerpo a la protesta cantando: “Dicen que los mineros somos callados, pero cuando nos joden los reventamos”.
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James Cameron dice que se sintió "emboscado" en la Argentina

Fecha de Publicación: 13/06/2023
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Jujuy


El cineasta James Cameron dice que tuvo la sensación de “caer en una emboscada” esta semana durante una visita a la Argentina, en la cual cree que intentaron aprovechar su imagen de ambientalista para dar un aspecto positivo a las operaciones de extracción de litio a pesar de la oposición indígena.
El cineasta James Cameron dice que tuvo la sensación de “caer en una emboscada” esta semana durante una visita a la Argentina, en la cual cree que intentaron aprovechar su imagen de ambientalista para dar un aspecto positivo a las operaciones de extracción de litio a pesar de la oposición indígena.
El director de “Avatar” y “Titanic”, dijo el viernes que dedicará atención y dinero de su fundación Avatar Alliance para apoyar a las comunidades indígenas que se oponen a la extracción de litio en Sudamérica.
“Irónicamente, el resultado de todo esto es que ahora tengo conciencia del problema y a través de mi fundación ayudaremos a la cuestión de los derechos indígenas con respecto a la extracción de litio”, dijo Cameron a un grupo de periodistas reunidos en su cuarto de hotel en Buenos Aires el viernes por la noche.
Cameron viajó a la Argentina para participar en una conferencia sobre sustentabilidad en Buenos Aires el viernes.
“Creí que había venido aquí a pronunciar una especie de discurso motivador sobre causas ambientales”, dijo Cameron.
Como parte de su visita, el cineasta viajó a la provincia norteña de Jujuy el jueves para visitar una gran planta de energía solar con el gobernador Gerardo Morales. Según él, nadie le dijo que el litio formaría parte de la discusión.
Después de la visita de Cameron, Morales escribió en un mensaje de agradecimiento en redes sociales que la provincia aspiraba a “transformar la matriz de energía” mediante proyectos como la planta de energía solar y la “extracción de litio”.
El director recibió una carta que le envió un grupo de 33 comunidades indígenas de la zona unos días antes para pedirle que cancelara el viaje o se reuniera con ellos para explicarle su oposición a los proyectos de extracción de litio que, dijeron, afectan sus derechos sobre la tierra e impactan negativamente el ambiente.
“Siento que caí en una emboscada”, dijo Cameron a la prensa después de un encuentro con ambientalistas locales. Dijo que desconocía la controversia en torno a la extracción de litio. “Siento que me introdujeron en una óptica de cuyo significado yo no tenía conciencia”.
Aunque dice que “desconoce la arquitectura exacta” de cómo sucedió la “emboscada”, siente que se intentó usar su imagen, no solo debido a su apoyo a las causas ambientales, sino también al mensaje amplio de “Avatar”.
“‘Avatar’ es la película más taquillera de la historia. Trata del conflicto entre una industria extractiva y los derechos de los indígenas”, dijo Cameron. “Si se puede generar una óptica en la que aparezco aprobando la minería de litio, eso da una suerte de mandato u aprobación”.
En su carta a Cameron, los representantes indígenas se refieren directamente a “Avatar” al solicitar el apoyo del cineasta.
“Jujuy es Pandora, y está bajo la amenaza de la avaricia de la industria minera, y nosotros somos los Na’vi”, dice la carta, en alusión al mundo ficticio donde tiene lugar la película y a sus habitantes que luchan contra los colonos mineros.
Antes de partir de la Argentina, Cameron se reunió con Verónica Chávez, representante de una de las comunidades indígenas de Jujuy.
Argentina es el cuarto productor de litio y forma parte del llamado “triángulo del litio” con Chile y Bolivia, que comprende una gran parte de los yacimientos del metal. La demanda del litio está creciendo en la transición mundial hacia la energía renovable y el crecimiento del sector de vehículos eléctricos, que utilizan baterías de litio.
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Derivaciones del pedido de la Corte sobre la minería de Salta y Jujuy

Fecha de Publicación: 20/04/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - Salta - Jujuy


La respuesta a una reciente resolución de la Corte Suprema sobre la explotación minera en Salta y Jujuy ya se enfrenta a un primer obstáculo técnico. Tiene que ver con la ambigüedad en el pedido de la información que requiere el máximo tribunal de Justicia a estas dos provincias y a la Secretaría de Minería de Nación.
Se trata del fallo que la Corte emitió el 28 de marzo pasado, que tiene su origen en el amparo presentado por la comunidad jujeña Santuario de Tres Pozos y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales para "suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes".
Los ambientalistas y los representantes de los pueblos originarios del área consideraron en la presentación que la explotación del litio en salar que comparten ambas provincias producirá un "daño grave e irreversible" en la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc.
Ante la solicitud de amparo, la Corte instó a las tres jurisdicciones (Salta, Jujuy y Nación) a que en un plazo de 30 días remitan todas las actuaciones producidas respecto de la explotación del litio y borato y toda la documentación relacionada para poder decidir si se deben suspender las explotaciones. El inconveniente es que no se específica en la resolución si es que el pedido comprende sólo a Salinas Grandes o a todas las concesiones mineras que están a cargo de las dos provincias.
"El objeto de la acción planteada, según dice la Corte en su propia sentencia, refiere a la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc y a las concesiones de borato y litio y dado que la parte resolutiva sería más amplia, se pidió a Fiscalía de Estado que se especifique", explicó a El Tribuno la jueza María Victoria Mosmann, a cargo del Juzgado de Minas de Salta.
"El objeto del reclamo es lo que a los jueces nos da el ámbito en el cual nos podemos manejar dentro de un proceso, no podemos fallar fuera de lo que es lo reclamado", insistió.
El mismo inconveniente correría para el Gobierno provincial, ya que la respuesta al máximo tribunal, en lo que respecta a Salta, se tiene que dividir en dos partes: la que corresponde a la Justicia local y al área administrativa, en este caso la Secretaría de Minería de la Provincia.
Es que Salta es la única provincia en Argentina que tiene un sistema de concesión judicial de las áreas mineras, lo cual le ha valido una alta estima internacional respecto a su seguridad jurídica.
"El Juzgado es competente y autoridad de aplicación en materia de concesión minera. Y en el caso de las cuestiones ambientales mineras, en virtud del código de procedimiento minero y también por un decreto provincial, está en cabeza en un ciento por ciento de la Secretaría de Minería, con una vista a la Secretaría de Ambiente", señaló Mosmann.
Aclaró, además, que el trámite de concesión de las áreas mineras no se otorga si no es con la aptitud ambiental y las respectivas consultas a comunidades que la Secretaría de Minería certifica y que se encuentran cumplidas por las empresas interesadas en la explotación de los minerales salteños.
"Es un planteo de comunidades que genera un reclamo interjurisdiccional, por eso está interviniendo la Corte, donde están Salta y Jujuy demandadas. Habrá que ver si la Corte asume finalmente competencia con respecto a esto", señaló la jueza.
Apenas salió la resolución de la Corte, la secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, remarcó que la Provincia se va a poner a disposición y va a remitir los informes y toda la documentación respaldatoria a la Corte y también a los organismos e instituciones necesarios.
La funcionaria provincial indicó que "la cuenca a la cual se vincula el pedido de información es la de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc, es una cuenca endorreica, cerrada, que compartimos con Jujuy, donde actualmente no existe ningún tipo de actividad minera".
Destacó, también, que a través de la Secretaría de Minería se instrumentan controles ambientales periódicos, monitoreos ambientales participativos, audiencias públicas, mesas sociales y mesas técnicas entre las comunidades, el Estado y las empresas, entre otras acciones.
"Nosotros somos muy respetuosos de las comunidades originarias, tenemos vastos mecanismos de participación y de vinculación normados, internacionales y propios para trabajar con las comunidades desde etapas tempranas", concluyó Sassarini.

Fundamentos
La Corte Suprema fundamentó el pedido de información a Salta, Jujuy y la Secretaría de Minería de Nación en la "importancia de las cuencas hídricas" y apuntó que "la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años".
"La visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial que solo repara en la utilidad privada que una persona puede obtener de ella o bien en la utilidad pública que restringe a la actividad del Estado, ha mutado hacia un modelo ecocéntrico o sistémico", señalaron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes firmaron el fallo.
Aclararon que "el paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema".
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La Corte Suprema pide informes sobre los contratos de explotación del litio

Fecha de Publicación: 31/03/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Solicitó tanto al Estado Nacional como a las provincias de Salta y Jujuy copias de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato.
La Corte Suprema de Justicia le pidió informes, además de documentación, tanto al Estado Nacional como a las provincias de Salta y de Jujuy sobre las concesiones para la explotación de litio y borato. La medida se debe a un "amparo ambiental" formulado por comunidades de pueblos originarios.
El máximo tribunal, en un fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, requirió "copia de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en las provincias de Jujuy y Salta y las empresas y/o consorcios vinculadas a las mismas y las proyecciones económicas de tal actividad".
A los gobiernos provinciales les pidió, además, que precisen qué juzgado Administrativo de Minas o autoridad administrativa intervino en el marco de las concesiones y "las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin".
La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras comunidades indígenas, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), formularon el amparo procurando que "se ordene suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes".
En ese contexto, pidieron que los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy encaren "una gestión integral de la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc que garantice el cuidado del ambiente y que se efectúe la Evaluación de Impacto Ambiental adecuadas para el ecosistema".
La Corte reivindicó su facultad para "la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de otros poderes, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional".
"Le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados", sostuvieron los jueces.
"No debe verse en ello -advirtieron- una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados".
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Tensión por el oro blanco con comunidades originarias: "A través de la explotación del litio se van a ir desertificando las cuentas hídricas"

Fecha de Publicación: 27/03/2023
Fuente: Agencia TSS  - Info Blanco sobre Negro
Provincia/Región: Nacional


Denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio en la cuenca de Salinas Grandes y continúan rechazando el avance de la minería en ese lugar. Temen que la actividad afecte la biodiversidad de la cuenca, que les impida acceder al agua y que los termine convirtiendo en "desplazados ambientales".
A 40 años del regreso a la democracia, este 24 de marzo, mientras en todo el país se recuerda a los 30 mil desaparecidos y a todas las víctimas de la última dictadura cívico-militar, en el salar de Olaroz, en Jujuy, se realizará un Festival por el Litio, organizado por el gobierno provincial con el auspicio de algunas empresas mineras, como Exar y Allkem Sales de Jujuy. El evento se produce en medio de un clima de tensión y descontento, y es considerado como una “burla” por algunas comunidades de la cuenca de Salinas Grande y Laguna Guayatayoc, adonde denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio.
El acuerdo fue firmado el 10 de marzo, en una asamblea extraordinaria convocada por la comisionada municipal de El Moreno, Angélica Castillo, con 20 votos a favor y 4 en contra. “Pero la convocatoria fue casi en secreto y a último momento, por eso la invitación llegó a personas puntuales y participaron mayoritariamente familiares y allegados de la comisionada”, denuncia Rubén Galean, secretario de Cultura de la Organización Comunitaria Aborigen Sol de Mayo.
Además, la misma comisionada apeló a su rol como secretaria de la presidenta de la comunidad de Lipan y redactó el acta de acuerdo con el gobierno de Jujuy, la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y una de las subsidiarias locales de la transnacional argentina/inglesa Pan American Energy, para que esa minera comience la exploración de litio en la mina Agonic, en el sur de Salinas Grandes. “Ella no debería haber podido hacer eso, porque está ocupando un rol como funcionaria del Gobierno”, cuestionó Galean, y advirtió que Castillo conoce cómo trabajan las comunidades en la mesa de Salinas Grandes porque ella misma era una de las participantes y fue comunera de Lipan durante 15 años.
Desde 2012, las comunidades de esta cuenca habían elaborado sus propias pautas para el procedimiento de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual la Argentina adhiere. Se conoce como  Kachi Yupi (se terminó de redactar en 2015), y entre otras cosas estipula que las decisiones deben tomarse por consenso entre todas las comunidades y que ninguna puede decidir de manera individual o en secreto. Por eso, el acuerdo es considerado como una “traición” y es rechazado desde que se conoció.
“Cuando le pedimos explicaciones, nos dijo que le pidiéramos respuestas a la comunera de Lipan, que ella estaba en función de comisionada”, recuerda Galean, y agrega que en medio de esa presión la funcionaria se fue a San Salvador de Jujuy “como si estuviera escapando”, y que al día siguiente envió un despliegue de seguridad a toda la región. En medio de esta situación, los vecinos de El Moreno se enteraron que la comisionada viajó con la comitiva del gobernador de Jujuy y precandidato a presidente Gerardo Morales, a su presentación en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex.
“Estamos preocupados, el Gobierno está siendo muy represivo, silenciosamente está dividiendo a las comunidades y es una cuestión muy grave, no sabemos lo que puede pasar, si van a entrar por la fuerza, si van a poner policía, si nos van a reprender a los comuneros”, reconoce Erika Cañari, presidenta de la comunidad de Pozo Colorado.
La policía continuó en las inmediaciones de El Moreno hasta el sábado por la tarde. Ese día se había convocado a una reunión con el gobernador en la plaza del pueblo, adonde alrededor de 300 personas exhibieron pancartas en rechazo a la exploración y explotación del litio, y en apoyo al cuidado del agua. “En los carteles hemos expresado nuestro malestar y, sobre todo, afirmamos la lucha en este territorio y por la defensa del agua, porque a través de la explotación del litio se van a ir desertificando las cuentas hídricas. Sabemos que el sistema de explotación es muy agresivo y requiere de millones de litros de agua para garantizar la exploración del litio”, afirma Galean.
“La última vez que vino el gobernador, ni siquiera escuchó a las comunidades, solamente dijo que va a dar la consulta pero nosotros, ya en el año 2019, cuando tuvimos un problema con una minera que estaba haciendo exploración en Pozo Dulce, afirmamos que ya no queremos la consulta porque directamente decimos que no al litio”, dice Cañari, y coincide en que lo que más les preocupa es el tema del agua: “Me preocupa el futuro de nuestros hijos que están en estas comunidades, no sé qué futuro tendrán, si verán el lugar como lo vemos ahora o si tendrán que elegir entre irse y migrar, o vivir en condiciones donde no hay agua para cocinar, para tomar, para tener una vida tranquila”, sostiene.
Al respecto, el licenciado en Gestión Ambiental Gustavo Romeo, que es parte del Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, especifica que en el desierto de Atacama, en Chile, por ejemplo, los registros indican que un solo pozo de aguas subterráneas construido en los bordes del salar adonde puede haber reservorio de agua dulce otorga 240 litros por segundo para ser utilizados en el proceso de obtención de sales de litio (más de 20 millones de litros al día).
Además, advierte que hay estudios que dicen que el agua salada que se evapora para la obtención de las sales de litio alcanza valores cercanos a los dos millones de litros por día. “Desde una lógica utilitarista, se dice que el agua salada no es para consumo y por eso no hay impacto, pero es agua que forma parte de un ecosistema sumamente frágil, en un ambiente muy árido y que llegó a ocupar esos reservorios subterráneos en otras eras de nuestro planeta; es decir que, en la actualidad, la recarga de esos reservorios no se da porque no existen lluvias continuadas”, subraya Romeo.

Los salares también son humedales
El biólogo Román Baigún, coordinador del Programa Humedales Altoandinos, de la Fundación Humedales, aclara que si bien no están en contra de la mineria, está comprobado que la metodología de piletones no es compatible con la conservación de estos ambientes ni con las sociedades que los usan, especialmente en áreas protegidas o de interés especial para la conservación. “El impacto existe y hay un caso que lo acredita en Catamarca, adonde la empresa Livent secó la vega del río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto”, ejemplifica el especialista, y recuerda que las salinas son humedales por definición de Ramsar, por su conformación tanto en el suelo que depende del agua, como en la biota que está adaptada y porque se inunda en forma periódica.
Al respecto, Romeo recuerda que el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, y que resulta “fundamental” entender que los salares de la Puna son humedales y que “el lobby que se mueve en el territorio tratando de comprar voluntades, de avanzar con informes técnicos y de desregular los marcos que protegen a las personas y al ambiente, también se mueve por los pasillos adonde se cajonea permanentemente la Ley de Humedales”.
Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que los humedales altoandinos tienen roles de adaptación y mitigación en la agenda climática: “No solo cumplen roles en la regulación de ese recurso hídrico, sino que también alojan microorganismos que secuestran dióxido de carbono y liberan oxígeno”, ejemplifica la especialista, y advierte que sobre este tema es necesario contar con más información científica que sería importante poner en relieve a la hora de decidir.
Marchegiani destaca que no solo hay irregularidades y avallasamiento a las comunidades, sino también que se debe entender que el área implicada es una cuenca, y que, con esta actividad, posiblemente se vean afectadas más comunidades que las que aparecen vinculadas al permiso minero. “Romper con el equilibrio ecosistémico hídrico destruye toda la vida alrededor, que es mucha”, advierte la especialista, y agrega que hay una incompatibildad entre el derecho ambiental indígena y la forma en que está pensanda la regulación minera (que se refiere específicamente a las áreas de influencia a los proyectos, sin considerar la integralidad del sistema hídrico). Hay antecedentes judiciales, como el caso Matanza-Riachuelo, que establecen que la cuenca tiene que pensarse como un todo integral y así decidir los usos del agua, ya sean económicos, para la vida o ecosistémicos.
 
Territorios sacrificados
El 17 de febrero, el Gobierno de Jujuy aprobó un nuevo decreto ambiental minero, que establece el procedimiento por el cual se aprueban o no los proyectos. “La provincia de Jujuy arma sus propios procedimientos para un montón de cosas, y en gran medida, puede pero hay temas que no puede soslayar, hay una jerarquía constitucional de normas, con los derechos indígenas y al ambiente sano por encima. El Código de Mineria esta por debajo de la Constitución y por debajo de la norma 169 de la OIT”, sostiene Marchegiani.
Al respecto, Romeo agrega que, para poder avanzar en los territorios, las empresas, en connivencia con actores del Estado provincial y/o nacional, van avanzando y aprobando proyectos sin considerar tratados internacionales como el de la consulta libre previa e informada a las comunidades, y que tampoco están cumpliendo con el Acuerdo de Escazú, al que la Argentina adhiere desde hace unos años y que también tiene que ver con la participación de las comunidades en aquellos proyectos que puedan llegar a alterar o afectar el ambiente. Es algo que no solo está pasando en Jujuy, sino también en Chubut y en otras partes de América Latina.
Romeo recuerda que el 23 de marzo se cumplieron 20 años del “No a la mina” en Esquel: “Eso también hay que reafirmarlo, porque muchas veces se plantea que si no quieren la explotación, qué quieren. Pero si las comunidades no quieren que se avance en sus territorios, no tienen por qué generar una justificación superadora al proyecto que se presenta para la extracción del litio”, dice Romeo, que es de Comodoro Rivadavia y participa en la Unión de Asambleas de comunidades de Chubut. “No importa si dicen que la técnica no va a generar daños o pérdidas en el lugar, no importa si dicen que van a construir una salita de atención médica. Si las comunidades dicen que no, no hay que seguir avanzando tratando a las asambleas, a los pueblos y a las comunidades como si ignoraran o desconocieran, como tratando de decirles ‘en realidad ustedes no entienden, por eso dicen que no’”, agrega.
“A mayor extractivismo, menor democracia. Tiene que ver con quiénes determinan qué territorios van a ser sacrificados en nombre de una transición energética que ni siquiera vamos a ver en este Sur global que habitamos”, afirma Romeo, y concluye: “No hay posibilidad de llegar a algo semejante al desarrollo si no hay respeto por los derechos humanos. Este conflicto, que ahora le está tocando atravesar a la comunidad de El Moreno, nos exige hablar del extractivismo desde un lado en el que no prime exclusivamente lo técnico, lo tecnológico y los atributos físicos y biofísicos del ambiente, sino también lo social, la justicia ambiental, la autodeterminación de los pueblos y, al final de cuentas, un modelo de desarrollo y un modo de elegir vivir una vida, y que debe ser respetado lo que se defina en cada uno de los de los sitios que hoy están en resistencia”.
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Explotación de litio en Lipán: comunidades alertan por la contaminación del agua

Fecha de Publicación: 24/03/2023
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy


El gobernador Gerardo Morales se reunió con comunidades originarias, entre ellas la de Pozo Colorado, quien le expresó de manera directa su rechazo a la iniciativa.
Recientemente, integrantes de comunidades que pertenecen a la zona de El Moreno expresaron su preocupación por la iniciativa del gobierno jujeño de explotar litio en esa área de la provincia. Inicialmente, protestaron por no haber sido consultados y expresaron que su única intención era proteger los recursos naturales de la zona.
Horas más tarde se reunieron con referentes de instituciones de protección al consumidor, quienes sostuvieron que se debería haber realizado la consulta de la iniciativa.
Hoy, los habitantes de esas comunidades, especialmente de Pozo Colorado, representados por Érica Cañari, reafirman su oposición indicando que la explotación del mineral contaminará napas subterráneas de la zona.
Durante el fin de semana, se reunieron con el primer mandatario provincial pero indican que fue más un discurso que una charla: luego de que los comuneros le expresaran, esta vez de manera directa, su rechazo a la explotación de litio, Morales les habló de Cauchari, paneles solares, recursos hídricos, y lo que hará con el litio, cuya explotación podrá evitar la contaminación mundial.
Los integrantes de comunidades también piden la destitución de la Comisionada de la zona aduciendo que abandonó su puesto para acompañar a Morales en la presentación de su pre candidatura a Presidente en Buenos Aires.
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Mapuches alzan la voz por la minería y el hidrógeno verde

Fecha de Publicación: 09/03/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Reclaman al Gobierno la consulta previa, libre e informada. Ya hay un amparo judicial en trámite y preparan nuevas acciones para ser escuchados antes de que se concreten los proyectos.
Las comunidades mapuches están en alerta. El avance de los proyectos mineros de oro, plata y litio en Río Negro y la propuesta para la producción de hidrógeno verde motivaron una serie de reclamos que parten de la exigencia de una “consulta previa, libre e informada” que en algunos casos llegó a la Justicia, sin definición todavía.
A fines de 2021, siete comunidades mapuches fueron a la Justicia con un recurso de amparo para frenar las tareas de exploración minera en la Región Sur que afectaba sus territorios. En primera instancia, el Juzgado Multifueros de El Bolsón hizo lugar a una medida cautelar que puso un freno a las tareas, pero el STJ lo revocó en junio de 2022, aunque desde entonces no volvieron a ingresar a los campos las empresas con permisos de cateos mineros.
Mientras tanto, el caso sigue la maraña judicial con audiencias de partes (la última se realizó el 17 de febrero) que todavía no termina en una definición respecto de la consulta previa.
Ahora, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro prepara con sus abogados un nuevo amparo, esta vez por el proyecto que busca litio en la zona de Mamuel Choique donde está la comunidad Negpun Curra, que sumará también otras comunidades afectadas por el mega proyecto minero Calcatreu, que sigue con tareas de exploración en la región.
“El amparo es para frenar esto y discutirlo, queremos una consulta previa, libre e informada”, dijo a RÍO NEGRO Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche, quien remarcó que “según el convenio 169 de la OIT las comunidades tienen el derecho de dar el consentimiento o no a proyectos de esta característica, y la herramienta es la consulta previa”.
El referente mapuche recordó experiencias en las que se concretó la consulta previa que ahora reclaman ante varios proyectos. Así se hizo para trasladar a las comunidades de Pilquiniyeu del Limay, cuando se construyó la represa en la década del ‘90; en Colhan Conué por un parque fotovoltaico; en Cerro Alto por el parque eólico (que no se concretó finalmente) y recientemente para crear el parque nacional Islote Lobos (aunque cuestionan la falta de un estudio antropológico).
Según apuntó, el Gobierno provincial “desconoce a las comunidades y al derecho indígena” al cuestionar la consulta previa que se reclama por vía judicial.

Una nueva discusión
El hidrógeno verde es otro desarrollo al que prestan atención las comunidades. Carriqueo enfatizó que se necesita la consulta previa: “La desinformación es tan grande que nada bueno viene de la desinformación”, afirmó.
Las comunidades pidieron al Gobierno “generar encuentros zonales para trabajar el proceso de consulta previa”, afirmó el referente mapuche remitiéndose a la decisión del acta del Parlamento Mapuche reunido en junio del año pasado.
La gobernadora Arabela Carreras, en su discurso de apertura de sesiones, mencionó este tema y dijo que el Gobierno “espera la respuesta formal por parte de las organizaciones indígenas acerca del modelo de consulta previa”.
Daniel Sanguinetti, secretario de estado de Planificación, que lleva adelante el proyecto de hidrógeno verde, especificó a RÍO NEGRO que por los “canales oficiales” en el diálogo entre el Ministerio de Gobierno y el Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci) “se entregó un borrador de protocolo respecto de cómo realizar la consulta previa. La idea es que revisen, validen, corrijan, hagan una contrapropuesta y a partir de ahí tener el formato para la consulta”. Afirmó que no hubo respuesta.
Para Carriqueo la respuesta está con la premisa de hacer consultas zonales que debería garantizar el Estado. Recordó alguna reunión el año pasado con Mercedes Iberó, que depende del área de Planificación, donde se les entregó “folletería” informativa únicamente.
Las comunidades denuncian que, a pesar de no tener esa consulta previa, ya se realizaron bases de cemento para instalar las torres de medición de viento para el proyecto de hidrógeno verde en lugares de la Meseta de Somuncura donde hay comunidades. “Una consultora contratada por la empresa Fortescue hizo firmar autorizaciones legando incluso a exigir firmas de personas que no saben leer ni escribir”, afirmó Carriqueo.
En este sentido, Sanguinetti dijo que la autorización otorgada a la empresa abarca solo tierras fiscales y se había constatado con anterioridad esa condición a través de documentación de la Dirección de Tierras. Dijo desconocer si puntualmente en algún lugar que se construyeron bases, había comunidades y alentó a que, de ser así, deberían realizar la denuncia formal.
Con el proyecto de hidrógeno verde hay reparos previos que Carriqueo enumera como la objeción que la producción de la energía limpia no quedará para las comunidades de la zona, la generación de puestos de empleo anunciados que cree que no se ajusta a la realidad y los efectos ambientales y sociales que producirá la instalación de parques eólicos en la Meseta de Somuncura, un área protegida con especies únicas. Pero las comunidades no son taxativas en su rechazo, quieren conocer detalles y dar la discusión.

El “modelo” es el debate
Más allá de este dilema, Carriqueo insistió que lo que se discute es “el modelo de extractivismo, no solo del gobierno provincial sino también del nacional”.
Recordó que además del impulso a la minería que realiza la provincia, con decenas de permisos de exploración, el plan del hidrógeno verde tiene la misma línea porque los recursos que saldrán de Río Negro “irán a Europa”.
“Tenemos una concepción distinta del territorio, el Estado dice que los recursos que están debajo de la superficie son del Estado y para los mapuches todo forma parte del espacio territorial, lo que está en la superficie y lo de abajo”, explicó y concluyó: “Estamos pagando el costo del progreso, pero ¿en qué condiciones?”.

“El gobierno de Carreras es más violento”
En su discurso, Arabela Carreras habló de un “diálogo permanente” con las comunidades mapuches de la provincia. “El objetivo es incorporar sus visiones y propuestas a la toma de decisiones y así lograr el mayor consenso social posible, involucrando a todas y todos”, dijo en el discurso de apertura de sesiones al referirse al proyecto de hidrógeno verde. Del otro lado, no ven tan amena la relación.
“El gobierno de Carreras es más violento en sus acciones directas que las que tuvo Weretilneck, pero el proyecto del extractivismo es de los dos”, afirmó Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro.
Remarcó que la provincia incumplió con los puntos acordados a abordar ni bien asumió la gobernadora, en enero de 2020. Se trataba de avanzar en el relevamiento indígena (que no se concretó en esta gestión y se mantienen las diferencias por el manejo de los fondos y la gestión); profundizar la educación intercultural bilingüe; garantizar la consulta previa, libre e informada; fortalecer el Codeci e impulsar proyectos productivos con las comunidades.
“A pesar de todo mantenemos el diálogo y lo mantuvimos cuando tenían rodeada a Natividad Antual en Jacobacci, cuando se ordenaron desalojos impulsados por la provincia y cuando mataron a Elías Garay, donde el Estado también tiene responsabilidad”, dijo Carriqueo quien habló de “racismo” en el gobierno de Carreras.
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Argentina: La protección de los derechos humanos de algunos grupos está rezagada frente a las actividades empresariales

Fecha de Publicación: 03/03/2023
Fuente: ONU
Provincia/Región: Nacional


“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, dijo un grupo de expertos en derechos humanos al terminar una visita al país en la que llamó a las autoridades a garantizar esos derechos a toda la población en el marco de las actividades de las empresas.
Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales aún en medio de la crisis macroeconómica que atraviesa actualmente, cuando las inversiones y producción de las corporaciones se consideran una posible solución a los problemas económicos del país, señaló este miércoles un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
Al concluir una visita oficial a Argentina, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos* reconoció avances prometedores en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social; sin embargo, destacó que la protección de las garantías fundamentales de algunos grupos dentro del país está rezagada.
De acuerdo con los expertos del Grupo, las desigualdades se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, que ha tenido graves impactos sobre los derechos humanos.

Pueblos indígenas y reparaciones
“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, declaró Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo.
El equipo de especialistas pudo observar de primera mano las afectaciones de las actividades empresariales sobre los derechos a la salud; a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al agua y al saneamiento; a la participación; al acceso a la información; a la subsistencia y al desarrollo.
Los expertos argumentaron que las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas.
En este sentido, instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar los esfuerzos para prevenir estos impactos y garantizar el acceso a la reparación.
“Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo”, precisaron.

Las personas y el medio ambiente son primero
La presidenta del Grupo de Trabajo, Pichamon Yeophantong, subrayó que Argentina no debe olvidar que “las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero” y afirmó que fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable.
Los expertos recordaron que el país sudamericano cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados, por lo que lamentaron la brecha que existe entre los marcos legales y regulatorios y su implementación y cumplimiento.
Agregaron que no corregir esa falencia significaría que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
“Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos”, enfatizaron.
La visita del Grupo de Trabajo incluyó reuniones con representantes del gobierno, la sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, y empresas privadas y estatales con los que discutieron las oportunidades y retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Los expertos estuvieron en las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y conversaron con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.
El informe final de la visita, que incluirá hallazgos y recomendaciones, se presentará en junio de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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Desmontes en Salta | Comunidad Wichí de Misión Chaqueña sostiene el acampe en defensa de su territorio

Fecha de Publicación: 26/01/2023
Fuente: Salta a Diario
Provincia/Región: Salta


Más de 60 familias de la Comunidad Wichí de Misión Chaqueña se congregaron en la zona denominada «La Picada» en la vera de la Ruta Nº 53 para evitar el avance de los desmontes y verse perjudicadas por ellos.
Desde el 2 de diciembre de 2022, la comunidad está acampando para evitar el desmonte entre Misión Chaqueña y Carboncito, de Embarcación, en el norte de la provincia. Este territorio fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2018 y es utilizado como medio de subsistencia para las comunidades.
Según informó Radio Nacional, los manifestantes denunciaron que un terrateniente habría adquirido parte del territorio a fines de noviembre de 2022, sin embargo, los miembros de AFIP averiguaron que no habría nada registrado hasta el momento.
La comunidad Wichí considera que estas tierras les pertenecen desde sus ancestros y no van a permitir que les despojen de ellas.
Lucy Gutiérrez, integrante de la Comunidad Misión Chaqueña, declaró: «Nos quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental, por lo que no vamos a permitir que avancen».
Por su parte, el referente Balducho Villafuerte afirmó «Creemos nosotros que, por la historia, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una población que crece y será para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir”.
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Desmonte y falta de agua en comunidades indígenas de Salta

Fecha de Publicación: 21/01/2023
Fuente: Radio Nacional
Provincia/Región: Salta


La situación que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de agua apta para el consumo en el norte de la provincia de Salta, preocupa a dirigentes indígenas. El desmonte del territorio ancestral y la falta de agua son las causas principales de la desnutrición y la muerte de niños.
Cabe destacar que los principales reclamos que los integrantes de los pueblos hacen al gobierno de la provincia, fueron dictados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. En la resolución se encontró al Estado responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos indígenas.
De esta manera, se ordenaron medidas de reparación específica para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y la alimentación, la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena. Sin embargo, los pueblos originarios piden políticas públicas para que se respeten sus derechos más básicos, como el acceso a agua potable y asistencia sanitaria.
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Familias wichís de Misión Chaqueña se oponen al desmonte de un territorio ancestral

Fecha de Publicación: 10/01/2023
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Más de 60 familias de la Comunidad Wichí de Misión Chaqueña de Salta, se congregaron en la zona denominada “La Picada” en la vera de la Ruta Nº 53 en defensa del territorio ancestral. Desde el 2 de diciembre la comunidad sostiene un acampe para evitar el desmonte entre Misión Chaqueña y Carboncito de Embarcación.
La misma ha sido relevada por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en el año 2018, según indicó Lucy Gutiérrez, miembro de la Comunidad Misión Chaqueña en el diálogo con el portal Resumen Latinoamericano.
“Esos terrenos también están cerca de Carboncito, otra comunidad cercana a Misión Chaqueña que también la utilizan como medio de subsistencia, sacando de ellas animalitos para comer o pastar los animales como chivos y cerdos. Sacamos leña, varillas para hacer nuestros cercos, hacer sillas, mesas y artesanías. Esos territorios que lindan a ambas comunidades son territorios ancestrales, nuestros tatarabuelos y demás siempre anduvieron por esos montes, cazando, recolectando frutos, algarrobos, chañar, mistol y demás frutos. Nosotros continuamos con la misma forma de vida, sacamos provecho del monte sin dañarla”, sostuvo Gutiérrez.
Según denunciaron, el terrateniente Damián Ferrari habría comprado a fines de noviembre parte del territorio, sin embargo, según averiguaron los miembros en AFIP, no habría nada registrado hasta el momento.
“Nosotros nos enteramos hace poco, porque denunció a dos representantes nuestros y empezamos a movilizarnos por el tema de que había gente limpiando la zona. Haciendo la picada para luego postear y alumbrar”, señaló Gutiérrez
“Nos quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental que no vamos a permitir que avancen” sentenció.
En este marco, el referente Balducho Villafuerte subrayó que “nosotros no aceptamos porque ancestralmente, históricamente estas tierras siempre han sido de nuestros ancestros. Creemos nosotros que, por la historia, ancestralmente, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una población que crece y será para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir”.
En este contexto, Lucy señaló que “necesitamos que la justicia actúe en pos de nuestros derechos como pueblos originarios aplicando las leyes que nos amparan. Que se respete los relevamientos territoriales, zonas de uso diario de nuestros hermanos”, e indicó que ya se realizó una denuncia comunitaria contra Ferrari el día 22 de diciembre, pero no hubo intervención de la fiscalía.
“Necesitamos apoyo del gobierno, de las instituciones que correspondan. Espero que haya instituciones que nos puedan apoyar. (…) Que el gobierno nos escuche y tome cartas en asunto” remarcó Villafuerte. Además, agregó que necesitan agua y víveres para resistir en el acampe, ya que “no podemos salir a trabajar”.
Por su parte, Marta Herrera, miembro de la comunidad indicó que como madre están acampando pacíficamente. “Nosotros pedimos a las autoridades nacionales que nos brinden su apoyo y alguna solución porque no tenemos respuestas y no queremos que pase a mayores, eso es lo que no queremos las madres que llegue a violencia. Esa es nuestra preocupación como madres, por eso pedimos una solución urgente”, sentenció Herrera, mientras que Gutiérrez finalizó “nos están cercando, ayúdenos a lograr parar estos atropellos”.
Nos llegaron amenazas a través de audios. No queremos que vengan a tomar posesión en nuestros territorios ancestrales. Quieren desmontar sin importarles las altas temperaturas, la falta de agua, el cultivo, la ganadería, los incendios, ¡sin importarles nuestras vidas!, señalaron con preocupación.
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Las deudas ambientales de Argentina en 2022: incendios y sequía intensa, conflictos con los pueblos indígenas y creciente deforestación

Fecha de Publicación: 16/12/2022
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


“La agenda ambiental también debe ser productiva. En el país y la región en la que vivimos cinco de cada diez niños y niñas están bajo niveles de pobreza. La única solución para salir de ese nivel de oprobio es la producción, pero hay que entender la necesidad de modificar métodos productivos que ya no pueden ser los del siglo XX”, dice Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, quien apunta de manera directa al eje central sobre el que ha girado prácticamente todo lo ocurrido en materia ambiental en Argentina durante el 2022.
La meta productiva responde a una razón muy concreta: Argentina debe afrontar el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), obligándose a un duro ajuste del gasto fiscal y a una desesperada recaudación de divisas a través de la exportación.
El resultado puede verse detrás de varios de los sucesos que marcaron el calendario del año. Desde la proliferación de incendios a las discusiones en torno a la tan esperada actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en áreas tan sensibles y vulnerables como el Gran Chaco; y de la nueva prórroga en el tratamiento de la ley de humedales en el Congreso a la reanudación de obras de energía hidroeléctrica de elevado impacto ambiental. También están los cada vez más frecuentes conflictos con las comunidades de pueblos originarios que reclaman la devolución de sus territorios ancestrales y los constantes incentivos a los proyectos agroindustriales, ganaderos, mineros o de extracción de hidrocarburos a costa de los daños ambientales generados a diversos ecosistemas.
Además, y por tercer año consecutivo, el fenómeno climático de La Niña ha hecho sentir su influencia, extendiendo una situación de sequía que afecta tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas y la economía nacional. El último informe de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria eleva a 163 millones de hectáreas la superficie afectada por la escasez de lluvias, lo cual hace peligrar la cosecha en 3,45 millones de hectáreas de trigo. Un estudio del Movimiento CREA, organización de empresarios agropecuarios, estima en 2500 millones de dólares las pérdidas que provoca dicha situación. El déficit que produce esta falta de agua es, paradójicamente, la gota que colma el vaso de las urgencias y agita el debate entre producción (o desarrollo económico) y conservación de los espacios y recursos naturales.

Lo malo: tierra quemada y una ley que no termina de aprobarse
Entre 2021 y 2022, el fuego afectó a más 1,8 millones de hectáreas en 23 de los 24 distritos del país (solo la ciudad de Buenos Aires se mantuvo a salvo). Este año todo comenzó en enero en la provincia de Corrientes, donde los incendios arrasaron el 12 % de la superficie provincial según el informe de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y se extendieron hasta diciembre, cuando ardieron más de 8000 hectáreas en Tierra del Fuego para casi duplicar en 2022 las áreas quemadas un año antes.
Las causas de semejante proliferación de incendios son múltiples y el incremento en un 3000 % del presupuesto asignado al Sistema Nacional del Manejo del Fuego se ha demostrado inútil para reducir los focos de calor y actuar en cuanto saltan las primeras chispas. El cambio climático, la disminución de la capa hídrica, escasa prevención y medios limitados para actuar en cuanto se esparcen las primeras llamas son solo algunas de las razones, aunque una destaca por sobre las demás: la intencionalidad relacionada con la quema de pastos para la actividad agropecuaria o los emprendimientos inmobiliarios.
Entre agosto y octubre, Rosario —segunda ciudad argentina por número de habitantes— quedó envuelta en gruesas nubes de humo como resultado de los fuegos encendidos en las islas del Delta del río Paraná, ubicadas en la orilla oriental del cauce fluvial. Durante varios días y según la dirección del viento, las cenizas invadieron el aire complicando la respiración y causando innumerables problemas de salud, en una situación que se viene repitiendo año tras año al llegar la temporada de renovación de los brotes que alimentan el cada vez más abundante ganado vacuno.
El crecimiento del número de cabezas y la disminución de la humedad derivan en fuegos que escapan al control. “Antes no pasaba nada por encender un fósforo, pero ahora se incendia todo por el cambio climático”, subraya Graciela Camaño, diputada nacional por la coalición opositora Consenso Federal, en diálogo con Mongabay Latam.
“Hay un entramado de mucho poder y complicidad con los tenedores de esos campos, de quienes entregan los permisos para tener ganado en ellos, de la Justicia y del poder económico que es necesario desarmar”, denuncia el ministro Cabandié. En 2020, su ministerio presentó una demanda contra algunos de los dueños de tierras donde se detectaron incendios, pero la causa se mantiene detenida en los tribunales de Entre Ríos, provincia a la que pertenecen las islas.
“El problema más grave es que año tras año se produce un impacto acumulado de los incendios”, explica Raúl Montenegro, biólogo, profesor en la Universidad de Córdoba y Premio Nobel Alternativo en 2004. “Así, en mi provincia las más de 10 000 hectáreas quemadas este año deben sumarse a las 50 000 de 2020 y 2021”, continúa Montenegro, quien añade al deterioro “los desmontes [deforestación] realizados en ese mismo tiempo y la destrucción de la biodiversidad por aplicación masiva de plaguicidas”.
Muchas otras áreas del país padecieron fuegos, pero lo acontecido en Iberá y el Delta reavivó la presión para sancionar o aprobar la muy postergada Ley de Humedales. La idea de promulgar una norma que otorgue un marco general para la protección de dichos ecosistemas (cubren el 21 % de la superficie argentina) lleva diez años de intentos frustrados y 2022 no fue la excepción. Pese a la presentación de una decena de proyectos, el tema fue sufriendo dilaciones en su tratamiento en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.
“El agronegocio, la minería y los desarrollos inmobiliarios son los lobbies que actúan detrás de los legisladores e impiden avanzar. La explotación del litio en los salares es el tema que más preocupa a las provincias del norte; y el agronegocio, a las mesopotámicas y pampeanas”, explica Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands International.
El 10 de noviembre se logró un consenso para que el tema pueda ser debatido en las sesiones de la Cámara, pero finalmente no fue objeto de debate en sesión abierta.

Lo preocupante: proyectos económicos polémicos
“Todos celebran la aparición de los yaguaretés como algo virtuoso pero hay representantes de sectores que no vinculan su conservación con la preservación de los bosques nativos en pie. Hay que cambiar los paradigmas de producción y aprender a tener una mirada distinta”, afirma Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco.
Los discursos favorables a una transformación en la manera de producir se multiplican y existen funcionarios públicos y legisladores que apoyan con decisión ese camino, pero 2022 deja demasiados ejemplos en dirección contraria que abren un panorama de preocupación. Aquí se exponen solo tres.
Primero está el proyecto de ley de fomento agroindustrial, una norma pendiente de sanción en el Congreso cuya meta declarada por el gobierno nacional en su presentación es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. La ley contemplaría, entre otras medidas, beneficios fiscales para la compra de semillas transgénicas y fertilizantes y ampliar la frontera agropecuaria para alcanzar los 200 millones de toneladas de granos de exportación. “Es un plan que sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas monopólicas”, se queja Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que agrupa a productores de la agricultura familiar.
El proyecto choca con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos por el país. “El aumento previsto de la producción va en franca oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050”, asegura María Marta Di Paola, magister en Relaciones Económicas Internacionales. Los diferentes usos de la tierra representan en la actualidad el 37 % de las emisiones argentinas, de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 2019, último disponible, y la previsión de expandir todavía más la actividad pone en duda el cumplimiento del objetivo más allá de las promesas de la aplicación de alta tecnología para lograrlo.
Por otro lado están las polémicas prospecciones sísmicas de hidrocarburos en el Mar Argentino. Un año después de que una medida cautelar frenara el comienzo de las tareas autorizadas por el gobierno en busca de gas y petróleo a unos 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto esa sanción. “El fallo es una condena para el Mar Argentino porque ignora los fundamentos que demuestran la afectación directa de esa actividad sobre el clima, la biodiversidad marina y las comunidades”, sostiene Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. La decisión judicial habilita a la empresa noruega Equinor, encargada de las prospecciones, a iniciar las mismas más allá que la batalla judicial pueda proseguir en instancias superiores. El área prevista para las tareas es zona de paso durante las migraciones anuales de la ballena franca austral (Eubalaena australis), entre otras muchas especies habitantes de la plataforma.
La siguiente decisión controvertida del gobierno pasa por la reanudación de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz a partir de un reciente acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China, país al que pertenece la principal empresa constructora. “Nunca fue una obra que tuviera urgencia energética, no es prioridad a nivel nacional y está avanzando a medias porque una de ellas —la Kirchner— se encuentra parada ya que hubo un error de cálculo al elegir el sitio de emplazamiento y deben modificarlo”, resume Sofía Nemenmann, cofundadora de la plataforma Río Santa Cruz Sin Represa.
La construcción de las represas ha sido blanco de críticas desde el primer momento, y estas se agudizaron el año pasado cuando quedó en evidencia la escasa fiabilidad de los estudios de impacto ambiental. “La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica que elabore un informe y este fue lapidario. Indica que no hay estudios idóneos acerca de las fallas geológicas que atraviesan el río ni información suficiente para considerar los efectos que sobre esas fallas puede producir el peso del agua del nuevo lago que surgirá con la represa”, señala Nemenmann.

Lo peor: la eterna marginación de los pueblos indígenas
El 4 de octubre las fuerzas federales desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche. El procedimiento incluyó la detención y traslado a dependencias policiales de mujeres (una de ellas embarazada y a punto de parir) con sus hijos y terminó motivando la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.
Varios meses antes, en Andalgalá, Catamarca, al otro extremo de la cordillera andina, la policía local reprimía con balas de goma las protestas de los vecinos contra las tareas de factibilidad del proyecto Agua Rica-MARA, una mina de cobre, oro y plata a cielo abierto sobre las faldas del cerro Aconquija a la que se oponen desde hace una década vecinos y comunidades indígenas diaguitas que habitan la zona. A su vez, en el altiplano de Jujuy la comunidad indígena Collamboy denunció la “usurpación de tierras de pastoreo tradicional” por parte de la empresa Transnacional Minera de Litio Australes S.A. y el gobierno provincial.
Una vez más, 2022 se vio salpicado de conflictos socioambientales y malas noticias provenientes de distintos puntos del país donde viven comunidades de pueblos originarios. “De norte a sur padecemos un ‘terricidio’ que asesina todo tipo de vida”, enfatiza Evis Millán, activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Con diferentes características según se trate de las regiones cordilleranas, el Chaco o las provincias del centro del país, las comunidades comparten un punto en común en sus demandas: “El modelo megaextractivo que quieren imponernos a cualquier costo no es compatible con nuestras formas de vida, donde el agua y los cerros son centrales para la producción y la vida y no mercancías para explotar”, dicen desde Catamarca los integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. “Detrás de la militarización de nuestras tierras hay intereses inmobiliarios, mineros y de la industria forestal”, denuncia Millán, integrante de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, en la Patagonia central.
Las respuestas ante una situación que no es novedosa han sido escasas. La más llamativa fue el lanzamiento en noviembre del Frente Indígena Plurinacional, una mesa de diálogo que intenta acercar a representantes de los antiguos habitantes de la Argentina y los órganos de decisión política con el objetivo de legislar “con los pueblos originarios y no para ellos”.
La iniciativa, sin embargo, cuenta con resistencias desde su nacimiento. “Se nos hace difícil creer en un Estado que desde hace siglos sigue manejando la misma política de genocidio”, apunta Evis Millán. En 2022 la lucha de los mapuches generó escaramuzas cada vez más frecuentes y violentas. Nada hace suponer que el año próximo pueda ser diferente.

Lo reiterativo: la deforestación que no cesa
El último dato oficial conocido este año, aunque relativo a 2021, fue una vez más categórico: el 54 % de las superficies deforestadas pertenecían a zonas categorizadas como “rojas” o “amarillas” según los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de las respectivas provincias donde sucedieron. Es decir, áreas donde está prohibido realizar algún tipo de actividad productiva o las mismas deberían realizarse sin tocar un solo árbol. En ambos casos, lugares donde deforestar está fuera de la ley.
Tal como viene sucediendo desde comienzos de este siglo la región del Chaco argentino sufre las mayores consecuencias de una práctica que ni la Ley de Bosques de 2007 ni las autoridades nacionales o locales implicadas logran detener. Este año, las mayores discusiones tuvieron lugar en la provincia del Chaco, donde después de casi una década de demora continúa sin ser actualizado el citado OTBN.
“A pesar de la sentencia judicial que ordena frenar los desmontes [deforestaciones] y solucionar los graves problemas detectados, 2022 fue el año que más deforestación registró desde 2018 y en el que más desmontes ilegales se registraron”, denunció el pasado 7 de diciembre la organización Somos Monte, luego de la presentación de una nueva propuesta de mapa de ordenamiento de bosques por parte del Estado que, en opinión de dicho colectivo, incumple con varias pautas de legitimidad.
La anterior, firmada por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, ya había recibido una auténtica catarata de críticas. “Se reduce el valor de conservación de más de 300 000 hectáreas de bosques nativos; se permite el desmonte de hasta un 20 por ciento de las propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional; tampoco se sanciona a quienes deforestaron de manera ilegal ni se les obliga a restaurar el bosque; la mesa que elaboró la propuesta estaba compuesta solo por representantes industriales de los sectores agropecuario y forestal y casi no hubo consulta pública como establece la ley”, resume Matías Mastrángelo, uno de los mil científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que en noviembre elevaron una carta al mandatario provincial para solicitar que retirara su propuesta y abriera el debate a toda la sociedad.
“Hay que ser honestos. En los últimos dos años hemos tenido 26 000 hectáreas deforestadas de forma ilegal y es algo que nos preocupa”, dice Marta Soneira, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia, quien aboga por mejorar los mecanismos de control pero acepta que en el nuevo OTBN “todavía no se plantea una política de deforestación cero, aunque se aumentan las zonas rojas (de prohibición total) y amarillas (de producción ligada a conservación del ambiente nativo).
Lo que sucede en Chaco, en todo caso, no es una excepción. En Salta tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo para actualizar el mapa con un nuevo ordenamiento y a nivel nacional el presupuesto asignado a la Ley de Bosques para 2023 es apenas de un 10,35 % de lo que establece la propia norma legal. Una demostración cabal de que para las autoridades argentinas la conservación sigue estando muy lejos de ser una prioridad.

Lo bueno: más áreas protegidas y reintroducción de especies
Un nuevo parque nacional, la ampliación de otros dos, el dictamen favorable para la creación de una cuarta área protegida que seguramente se concretará en 2023 y la aparición simultánea de dos machos adultos de yaguareté (Panthera onca) en el Chaco se convirtieron en pequeñas perlas dentro de un año particularmente difícil para la conservación en Argentina.
“La realidad es que en los últimos 20 años se sostuvo una política de Estado respecto a la creación de nuevos parques nacionales con el apoyo de todos los bloques políticos y el respaldo en base a consensos de las provincias y sus legislaturas”, sostiene Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), y en ese sentido destaca lo ocurrido con Ansenuza, el humedal salobre más grande del continente: “Su creación como parque es un ejemplo de cómo proceder para el nacimiento de un área protegida. Trabajamos junto con los Intendentes locales, las ONG que canalizaron los aportes de los donantes y las comunidades vinculadas al territorio y al entramado que compone su diversidad natural y cultural”, señala Granato.
Más de 300 especies de aves se reúnen cada verano en Ansenuza, un lago endorreico situado en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Su acceso al grado máximo de protección ambiental está directamente ligado a la ampliación en 8000 hectáreas del Parque Nacional Aconquija, ubicado casi 800 kilómetros al norte, en Tucumán, ya que en sus cerros nacen varios de los cauces que forman la cuenca del río Salí-Dulce, principal afluente de Ansenuza.
También el Parque Nacional Pre-Delta, en la provincia de Entre Ríos, aumentó su tamaño al añadir una barranca que ayuda a conformar corredores biológicos que permiten comunicar especies de flora y fauna de diferentes regiones ecosistémicas como la chaqueña y la selva misionera. A corto plazo se espera la aprobación de la Laguna del Palmar, junto al río Paraguay en la provincia del Chaco, como nueva área protegida; y la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, sobre el río Paraná.
Los dos yaguaretés que distintas cámaras-trampa lograron captar en el norte del Chaco fueron a su vez la gran sorpresa del año. Con una estimación de apenas unos 15 ejemplares en toda la región, la aparición de estos individuos alienta la esperanza de aumentar la presencia del tigre americano en una zona donde su papel como depredador tope resulta indispensable para el equilibrio de la biomasa.
El hallazgo del primer nido de águila viuda (Spizaetus melanoleucus) en un área protegida de Misiones; y el registro en el Parque Nacional Iguazú de un ejemplar de ala rojiza (Myiozetetes cayanensis), ave cuyo límite sur de distribución estaba hasta la fecha situado en Brasil, se suman al apartado de buenas noticias en cuanto a conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, la presentación de la primera Estrategia Nacional sobre especies exóticas invasoras fue celebrada como un acontecimiento para quienes se dedican a combatirlas. “De norte a sur tenemos especies exóticas; empezando por el ligustro en Jujuy que empobrece la selva y le quita recursos a los pueblos indígenas hasta Tierra del Fuego, donde nos encontramos con la problemática ambiental y económica del castor y el visón americano”, señala Sergio Zalba, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la elaboración de la estrategia.
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