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Villa la Angostura: desmontan para una pista de motocross
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Greenpeace denunció la deforestación para la pista de motocross en Villa la Angostura
Fecha de Publicación: 20/03/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las comunidades mapuches del lugar se manifestarán mañana para que esta sea la última carrera.
Greenpeace denunció como “crimen ambiental” el desmonte de 15 hectáreas de bosque nativo en Villa la Angostura para la construcción de la pista de motocross, donde mañana se iniciará la tercera edición del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP).
“Como bien común, no puede valer más una pista de motocross que un bosque en pie, mucho menos si se encuentra protegido por tan claras leyes nacionales. Es un crimen seguir pisoteando esa zona y es inaceptable que no se hayan puesto límites a esta destrucción”, dijo Noemí Cruz, miembro de la campaña de Bosques.
Desde la ONG explicaron que el área está protegida por la ley de Bosques y la ley de la Administración de Parques Nacionales. A través de un comunicado, exigieron “a las autoridades provinciales y nacionales que se castigue a los responsables de desmontes ilegales”.
Luego de la última edición del evento, las comunidades mapuches del lugar reforestaron las hectáreas desmontadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Mañana, desde las 8 de la mañana, los originarios de la Zonal Lafkence "visibilizarán el incumplimiento de las leyes mediante una ceremonia y abrazo a la Laguna Los Choros, ubicada a 3 kilómetros de Villa la Angostura. El objetivo es que esta sea la última carrera", aseguraron.
Otra denuncia del FPN UNE
El Bloque FPN UNE presentó hace una semana un pedido de informes en la Legislatura neuquina y en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por el daño que sufrió el Bosque Nativo de Villa la Angostura a consecuencia del evento de motocross.
“Este es un territorio de Parques Nacionales y fue intervenido sin autorización en el 2014 para que se lleve a cabo la construcción de un circuito de motocross que albergó las competencias del deporte”, aseguraron.
"Las Comunidades Mapuches de la Zonal Sur de la Confederación Mapuche nos han llamado informándonos que para el campeonato se desmontaron más hectáreas de bosques de las autorizadas para ampliar la pista y se habilitaron lugares para que ingrese el público con vehículos a lugares prohibidos por ser bosques nativos”, dijo Mansilla.
Las diputadas Teresa Rioseco y Pamela Mucci, y el diputado Mariano Mansilla exigieron el gobernador Omar Gutiérrez que informe sobre los daños causados.
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Fecha de Publicación: 20/03/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las comunidades mapuches del lugar se manifestarán mañana para que esta sea la última carrera.
Greenpeace denunció como “crimen ambiental” el desmonte de 15 hectáreas de bosque nativo en Villa la Angostura para la construcción de la pista de motocross, donde mañana se iniciará la tercera edición del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP).
“Como bien común, no puede valer más una pista de motocross que un bosque en pie, mucho menos si se encuentra protegido por tan claras leyes nacionales. Es un crimen seguir pisoteando esa zona y es inaceptable que no se hayan puesto límites a esta destrucción”, dijo Noemí Cruz, miembro de la campaña de Bosques.
Desde la ONG explicaron que el área está protegida por la ley de Bosques y la ley de la Administración de Parques Nacionales. A través de un comunicado, exigieron “a las autoridades provinciales y nacionales que se castigue a los responsables de desmontes ilegales”.
Luego de la última edición del evento, las comunidades mapuches del lugar reforestaron las hectáreas desmontadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Mañana, desde las 8 de la mañana, los originarios de la Zonal Lafkence "visibilizarán el incumplimiento de las leyes mediante una ceremonia y abrazo a la Laguna Los Choros, ubicada a 3 kilómetros de Villa la Angostura. El objetivo es que esta sea la última carrera", aseguraron.
Otra denuncia del FPN UNE
El Bloque FPN UNE presentó hace una semana un pedido de informes en la Legislatura neuquina y en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por el daño que sufrió el Bosque Nativo de Villa la Angostura a consecuencia del evento de motocross.
“Este es un territorio de Parques Nacionales y fue intervenido sin autorización en el 2014 para que se lleve a cabo la construcción de un circuito de motocross que albergó las competencias del deporte”, aseguraron.
"Las Comunidades Mapuches de la Zonal Sur de la Confederación Mapuche nos han llamado informándonos que para el campeonato se desmontaron más hectáreas de bosques de las autorizadas para ampliar la pista y se habilitaron lugares para que ingrese el público con vehículos a lugares prohibidos por ser bosques nativos”, dijo Mansilla.
Las diputadas Teresa Rioseco y Pamela Mucci, y el diputado Mariano Mansilla exigieron el gobernador Omar Gutiérrez que informe sobre los daños causados.
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Mapuches denuncian desmontes en bosques nativos
Comunidades mapuches denuncian el desmonte de un bosque nativo en Neuquén
Fecha de Publicación: 18/03/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Neuquén
Comunidades mapuches de la zona sur de la provincia de Neuquén denunciaron hoy que varias hectáreas de bosques nativos fueron desmontadas para ampliar la pista donde se disputará entre el 17 y el 18 de marzo próximos una fecha del Mundial de Motocross, en Villa la Angostura.
Integrantes de las comunidades se reunieron con legisladores provinciales del bloque de Unión de los Neuquinos y el Frente y la Participación Neuquina (UNE-FPN) para advertir “el daño sufrido por el bosque nativo”, que tiene como antecedente la construcción de la pista en el año 2014.
El bloque de legisladores provinciales presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para explique “si existió estudio de impacto ambiental o informe de impacto ambiental; si se ha consultado previamente a las comunidades mapuches ubicadas en ese territorio y si existe un estudio del impacto ambiental ocasionado por la misma actividad desarrollada el año pasado en ese lugar”.
En los fundamentos, el proyecto precisa que “hemos tomado conocimiento, a través de las denuncias efectuadas por el Consejo Zonal Lafkence, conformado por los lof Paicil Antriao, Lof Kinxikew y lof Kintuputray de Villa la Angostura, de que a partir de que se vienen realizando una carreras de Motocross en el territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi se ha provocado un impacto sobre el laguna los Choros y sobre todo ese territorio”.
“Esta laguna cumple una función importante dentro de la cadena del equilibrio de la naturaleza provocando de esta manera un grave impacto ecológico y ambiental sobre su territorio y sobre el territorio provincial”, señala.
Denuncian que “los días 17 y 18 de Marzo se llevará a cabo una carrera de motocross dentro del territorio protegido del parque nacional Nahuel Huapi, en abierta violación a lo establecido en la ley nacional 22.351 del Parque Nacional, que prohíbe en dicha área la explotación económica, la enajenación, el arrendamiento, la concesión de uso, y/o toda otra acción u omisión que pudiera originar alguna modificación del paisaje o del equilibrio biológico”.
Sostiene que “dicha actividad deportiva produce un gravísimo e irreparable impacto ambiental, no solo en la preparación de la pista, lo que implicó, la tala y desmonte de un importante sector del territorio del Parque Nacional, con la posible tala de flora autóctona protegida, sino que, luego e ello, la actividad produce una gravísimo deterioro del lugar por la presencia de miles de personas, vehículos de todo tipo, ruidos, movida de suelo, campamentos improvisados, fuegos y fogones, abandono de basura, peligro de incendios”.
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Fecha de Publicación: 18/03/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Neuquén
Comunidades mapuches de la zona sur de la provincia de Neuquén denunciaron hoy que varias hectáreas de bosques nativos fueron desmontadas para ampliar la pista donde se disputará entre el 17 y el 18 de marzo próximos una fecha del Mundial de Motocross, en Villa la Angostura.
Integrantes de las comunidades se reunieron con legisladores provinciales del bloque de Unión de los Neuquinos y el Frente y la Participación Neuquina (UNE-FPN) para advertir “el daño sufrido por el bosque nativo”, que tiene como antecedente la construcción de la pista en el año 2014.
El bloque de legisladores provinciales presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para explique “si existió estudio de impacto ambiental o informe de impacto ambiental; si se ha consultado previamente a las comunidades mapuches ubicadas en ese territorio y si existe un estudio del impacto ambiental ocasionado por la misma actividad desarrollada el año pasado en ese lugar”.
En los fundamentos, el proyecto precisa que “hemos tomado conocimiento, a través de las denuncias efectuadas por el Consejo Zonal Lafkence, conformado por los lof Paicil Antriao, Lof Kinxikew y lof Kintuputray de Villa la Angostura, de que a partir de que se vienen realizando una carreras de Motocross en el territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi se ha provocado un impacto sobre el laguna los Choros y sobre todo ese territorio”.
“Esta laguna cumple una función importante dentro de la cadena del equilibrio de la naturaleza provocando de esta manera un grave impacto ecológico y ambiental sobre su territorio y sobre el territorio provincial”, señala.
Denuncian que “los días 17 y 18 de Marzo se llevará a cabo una carrera de motocross dentro del territorio protegido del parque nacional Nahuel Huapi, en abierta violación a lo establecido en la ley nacional 22.351 del Parque Nacional, que prohíbe en dicha área la explotación económica, la enajenación, el arrendamiento, la concesión de uso, y/o toda otra acción u omisión que pudiera originar alguna modificación del paisaje o del equilibrio biológico”.
Sostiene que “dicha actividad deportiva produce un gravísimo e irreparable impacto ambiental, no solo en la preparación de la pista, lo que implicó, la tala y desmonte de un importante sector del territorio del Parque Nacional, con la posible tala de flora autóctona protegida, sino que, luego e ello, la actividad produce una gravísimo deterioro del lugar por la presencia de miles de personas, vehículos de todo tipo, ruidos, movida de suelo, campamentos improvisados, fuegos y fogones, abandono de basura, peligro de incendios”.
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Chubut entregó aporte por conservar bosques
Bosques entregó aporte de casi 300 mil pesos
Fecha de Publicación: 01/03/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Ministerio de la Producción del Chubut que encabeza Pablo Mamet, a través de la Subsecretaría de Bosques e Incendios, entregó a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada un aporte económico de casi 300 mil pesos destinado a la implementación de proyectos vinculados con el enriquecimiento y uso sustentable del recurso forestal.
La gestión provincial conducida por el gobernador Mario Das Neves sigue trabajando de forma articulada con las comunidades originarias de la región cordillerana en programas para el aprovechamiento sostenible de los bosques, de forma tal que se puedan satisfacer las necesidades de generaciones presentes y futuras.
En ese marco, días atrás el subsecretario de Bosques, Leonardo Aquilanti, hizo efectiva la transferencia de 292 mil pesos a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada. Los fondos provienen de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y serán dirigidos a la ejecución del "Plan Operativo Anual" (POA).
La intención es avanzar con "Iniciativas de Manejo Sostenible del Bosques Nativo", esquema que persigue entre sus objetivos centrales recuperar el potencial productivo, restaurar el bosque en sectores desmontados, incrementar el manejo de ñirantales e impulsar la diversificación productiva, donde el turismo se vislumbra como un rubro complementario de ingresos y de ocupación que atenúe la emigración de los jóvenes.
Por otro lado, cabe recordar que la comunidad aborigen de Cerro Centinela, cuyo presidente es Manuel Quintramán, recibió poco tiempo atrás cerca de 800 mil pesos para realizar tares tales como: mejoramiento y mantención de caminos; manejo silvicultural de ciprés; mejoramiento de pasturas y mallines; manejo silvicultural en ñire; y construcción de alambrados.
La Subsecretaría de Bosques bajó los fondos para aplicar mejoras concretas en materia de conservación y uso sustentable del recurso forestal sobre una superficie estimada de 3.500 hectáreas. Mediante el POA se pretende, por ejemplo, dar un salto de calidad en el campo de la producción maderera.
Fecha de Publicación: 01/03/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Ministerio de la Producción del Chubut que encabeza Pablo Mamet, a través de la Subsecretaría de Bosques e Incendios, entregó a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada un aporte económico de casi 300 mil pesos destinado a la implementación de proyectos vinculados con el enriquecimiento y uso sustentable del recurso forestal.
La gestión provincial conducida por el gobernador Mario Das Neves sigue trabajando de forma articulada con las comunidades originarias de la región cordillerana en programas para el aprovechamiento sostenible de los bosques, de forma tal que se puedan satisfacer las necesidades de generaciones presentes y futuras.
En ese marco, días atrás el subsecretario de Bosques, Leonardo Aquilanti, hizo efectiva la transferencia de 292 mil pesos a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada. Los fondos provienen de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y serán dirigidos a la ejecución del "Plan Operativo Anual" (POA).
La intención es avanzar con "Iniciativas de Manejo Sostenible del Bosques Nativo", esquema que persigue entre sus objetivos centrales recuperar el potencial productivo, restaurar el bosque en sectores desmontados, incrementar el manejo de ñirantales e impulsar la diversificación productiva, donde el turismo se vislumbra como un rubro complementario de ingresos y de ocupación que atenúe la emigración de los jóvenes.
Por otro lado, cabe recordar que la comunidad aborigen de Cerro Centinela, cuyo presidente es Manuel Quintramán, recibió poco tiempo atrás cerca de 800 mil pesos para realizar tares tales como: mejoramiento y mantención de caminos; manejo silvicultural de ciprés; mejoramiento de pasturas y mallines; manejo silvicultural en ñire; y construcción de alambrados.
La Subsecretaría de Bosques bajó los fondos para aplicar mejoras concretas en materia de conservación y uso sustentable del recurso forestal sobre una superficie estimada de 3.500 hectáreas. Mediante el POA se pretende, por ejemplo, dar un salto de calidad en el campo de la producción maderera.
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Urtubey acciona contra derechos de pueblos originarios
Preso por reclamar derechos
Fecha de Publicación: 16/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.
Cesar Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario.
La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días.
Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde.
Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.
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Fecha de Publicación: 16/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.
Cesar Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario.
La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días.
Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde.
Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.
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Actividad hidrocarburifera contamina Rincón de los Sauces
Denuncian grave contaminación en Rincón de los Sauces
Fecha de Publicación: 13/02/2017
Fuente: Neuquén al Instante
Provincia/Región: Neuquén
La Confederación Mapuche convocó a un equipo de antropólogos de la Universidad de Buenos Aires.
El objetivo era que estudiaran la zona de Rincón de los Sauces por lo que, sus integrantes, consideran un desastre ecológico producido por la actividad hidrocarburifera.
“Hemos pedido al Ministro de Seguridad y Ambiente que realice una inspección a cada uno de los lugares denunciados. Llegaron dos inspectores ambientales de la Subsecretaria de Ambiente de la provincia y expresaron la necesidad urgente de clausurar locaciones que evidenciaban una total falta de seguridad y derrames que se dirigían directamente al Río Colorado”, aseguró Jorge Nahuel.
Sin embargo, hasta el momento no se tomó ninguna medida y se niega la copia del informe elaborado por esa visita ambiental.
La alarma surge por los casos de enfermedades de piel, de vista, de tumores cancerígenos que serían generados por el agua respecto, Alejandra Pérez, investigadora de la UBA manifestó que luego del análisis de muestra concluyen que la situación es alarmante.
En declaraciones a Radio Universidad Calf sostuvo que hay contaminación de todo tipo. En este sentido, precisó que las empresas YPF, Chevron, Gas Medanito, Oldelval largan gases tóxicos en el aire y también arrojan desechos después del agua de lava que es tratada con anticorrosivos o tóxicos de distintas categorías. Estos materiales contaminantes llegan al Río Colorado.
Ahora, la Confederación espera a un grupo de médicos que tomará análisis a pobladores de Puesto Hernández, Agua la Cerda, Lomita, Narambuena y Desfiladero Bayo.
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Fecha de Publicación: 13/02/2017
Fuente: Neuquén al Instante
Provincia/Región: Neuquén
La Confederación Mapuche convocó a un equipo de antropólogos de la Universidad de Buenos Aires.
El objetivo era que estudiaran la zona de Rincón de los Sauces por lo que, sus integrantes, consideran un desastre ecológico producido por la actividad hidrocarburifera.
“Hemos pedido al Ministro de Seguridad y Ambiente que realice una inspección a cada uno de los lugares denunciados. Llegaron dos inspectores ambientales de la Subsecretaria de Ambiente de la provincia y expresaron la necesidad urgente de clausurar locaciones que evidenciaban una total falta de seguridad y derrames que se dirigían directamente al Río Colorado”, aseguró Jorge Nahuel.
Sin embargo, hasta el momento no se tomó ninguna medida y se niega la copia del informe elaborado por esa visita ambiental.
La alarma surge por los casos de enfermedades de piel, de vista, de tumores cancerígenos que serían generados por el agua respecto, Alejandra Pérez, investigadora de la UBA manifestó que luego del análisis de muestra concluyen que la situación es alarmante.
En declaraciones a Radio Universidad Calf sostuvo que hay contaminación de todo tipo. En este sentido, precisó que las empresas YPF, Chevron, Gas Medanito, Oldelval largan gases tóxicos en el aire y también arrojan desechos después del agua de lava que es tratada con anticorrosivos o tóxicos de distintas categorías. Estos materiales contaminantes llegan al Río Colorado.
Ahora, la Confederación espera a un grupo de médicos que tomará análisis a pobladores de Puesto Hernández, Agua la Cerda, Lomita, Narambuena y Desfiladero Bayo.
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Los mapuches son pueblos preexistentes
Investigadores del CONICET: "Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes"
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: ANRed
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Patagonia
Nos sumamos, de este modo, a los múltiples comunicados de repudio realizados por comunidades y organizaciones indígenas, investigadores, docentes y estudiantes, trabajadores del Estado, agrupaciones religiosas y organismos de derechos humanos.
Al mismo tiempo, comunicamos nuestra preocupación, una vez más, por la recurrencia de discursos y relatos sesgados y erróneos sobre la realidad de los pueblos indígenas actuales y sus orígenes. Como investigadores que trabajamos con pueblos originarios de Argentina y de otros países de América del Sur, respaldamos una parte sustancial de nuestras investigaciones en etnografías llevadas a cabo en los territorios comunitarios y en los márgenes de las zonas urbanas, en las que se instalaron las familias indígenas que fueron forzadas a desplazarse desde mediados del siglo pasado.
Si bien en las últimas décadas la destrucción de sus territorios intensificó las migraciones, también se da un proceso inverso y algunos deciden volver a la tierra. Este proceso de retorno —al que suelen referir como “recuperaciones”— pone al descubierto el despojo territorial que vivieron sus mayores, así como los métodos fraudulentos y violentos empleados tanto por privados como por el propio Estado.
Numerosas investigaciones antropológicas e históricas contextualizan estos procesos de despojo y permiten explicar por qué Benetton es hoy el mayor propietario de la Patagonia, en tanto que la mayoría de las comunidades indígenas territoriales se encuentran en tierras consideradas fiscales, sin títulos de propiedad comunitaria, bajo la amenaza constante de desalojo. Por lo tanto, las “recuperaciones” no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista, y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente.
Por otro lado, tal como indica el nombre de nuestro lugar de trabajo, algunos de nuestros estudios examinan las clasificaciones etnológicas, sus contextos de producción y las relaciones de poder subyacentes. Coherentes con dichas investigaciones, nos vemos en la obligación de aclarar dos enunciados fundados en el desconocimiento que, si bien son antiguos, se actualizan en estos días.
Afirmamos, por lo tanto, que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos (nombres de los pueblos indígenas) variaron entre el siglo XVIII y el presente; algunos son nombres que se dan a sí mismos —como por ejemplo “mapuche”— y otros fueron impuestos —como es el caso de los términos “araucano” y “tehuelche”. Vale decir que “araucanos” no es el “verdadero nombre” de los mapuche ni tampoco es el nombre de los “antiguos mapuche”; es apenas el nombre que los españoles quisieron darles.
Los mapuches, por otra parte, no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los Estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut. Los tehuelches, por otra parte, no “se extinguieron”, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización.
Convencidos de la importancia de evitar lecturas sesgadas de la historia y del presente, en la vía para reparar injusticias y subordinaciones, invitamos a quienes deseen profundizar en el conocimiento de estos temas a considerar, en primer lugar, las voces de los propios pueblos originarios, que se expresan a través de sus organizaciones y líderes, en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Los invitamos también a consultar los numerosos estudios actualizados, disponibles en internet, mediante los cuales los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de diversas universidades nacionales contribuimos a resolver problemas que preocupan a nuestra sociedad.
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Nos sumamos, de este modo, a los múltiples comunicados de repudio realizados por comunidades y organizaciones indígenas, investigadores, docentes y estudiantes, trabajadores del Estado, agrupaciones religiosas y organismos de derechos humanos.
Al mismo tiempo, comunicamos nuestra preocupación, una vez más, por la recurrencia de discursos y relatos sesgados y erróneos sobre la realidad de los pueblos indígenas actuales y sus orígenes. Como investigadores que trabajamos con pueblos originarios de Argentina y de otros países de América del Sur, respaldamos una parte sustancial de nuestras investigaciones en etnografías llevadas a cabo en los territorios comunitarios y en los márgenes de las zonas urbanas, en las que se instalaron las familias indígenas que fueron forzadas a desplazarse desde mediados del siglo pasado.
Si bien en las últimas décadas la destrucción de sus territorios intensificó las migraciones, también se da un proceso inverso y algunos deciden volver a la tierra. Este proceso de retorno —al que suelen referir como “recuperaciones”— pone al descubierto el despojo territorial que vivieron sus mayores, así como los métodos fraudulentos y violentos empleados tanto por privados como por el propio Estado.
Numerosas investigaciones antropológicas e históricas contextualizan estos procesos de despojo y permiten explicar por qué Benetton es hoy el mayor propietario de la Patagonia, en tanto que la mayoría de las comunidades indígenas territoriales se encuentran en tierras consideradas fiscales, sin títulos de propiedad comunitaria, bajo la amenaza constante de desalojo. Por lo tanto, las “recuperaciones” no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista, y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente.
Por otro lado, tal como indica el nombre de nuestro lugar de trabajo, algunos de nuestros estudios examinan las clasificaciones etnológicas, sus contextos de producción y las relaciones de poder subyacentes. Coherentes con dichas investigaciones, nos vemos en la obligación de aclarar dos enunciados fundados en el desconocimiento que, si bien son antiguos, se actualizan en estos días.
Afirmamos, por lo tanto, que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos (nombres de los pueblos indígenas) variaron entre el siglo XVIII y el presente; algunos son nombres que se dan a sí mismos —como por ejemplo “mapuche”— y otros fueron impuestos —como es el caso de los términos “araucano” y “tehuelche”. Vale decir que “araucanos” no es el “verdadero nombre” de los mapuche ni tampoco es el nombre de los “antiguos mapuche”; es apenas el nombre que los españoles quisieron darles.
Los mapuches, por otra parte, no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los Estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut. Los tehuelches, por otra parte, no “se extinguieron”, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización.
Convencidos de la importancia de evitar lecturas sesgadas de la historia y del presente, en la vía para reparar injusticias y subordinaciones, invitamos a quienes deseen profundizar en el conocimiento de estos temas a considerar, en primer lugar, las voces de los propios pueblos originarios, que se expresan a través de sus organizaciones y líderes, en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Los invitamos también a consultar los numerosos estudios actualizados, disponibles en internet, mediante los cuales los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de diversas universidades nacionales contribuimos a resolver problemas que preocupan a nuestra sociedad.
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Chubut, otra violenta represión a Mapuches
Sigue la tensión en Chubut: la comunidad mapuche denunció ataque de Gendarmería
Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Chubut
Hay tres integrantes de la comunidad heridos. Aseguran que los efectivos entraron a la comunidad y efectuaron disparos.
Integrantes de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen de la zona cordillerana de Chubut denunciaron el miércoles que efectivos de la Policía provincial y la Gendarmería los atacaron en los terrenos que habitan en el marco de un operativo que dejó un saldo de tres personas resultaron heridas.
"Gendarmería y la Policía entraron cerca de las 20 a la comunidad y efectuaron disparos. No sabemos si fueron municiones de goma o de plomo, pero tres de nuestros hermanos están heridos", señaló a Télam Soraya Maicoño.
Según consignaron desde esta comunidad, Emilio Jones (35 años) es el herido que mayor gravedad revista al recibir un disparo en el cuello por el cual debió ser trasladado a un centro asistencial de la localidad de El Hoyo.
"Estamos ahora el la Fiscalía provincial de Esquel para presentar un hábeas corpus por los once detenidos de nuestra comunidad que se encuentran en la Unidad Penal 14 de Esquel. Y queremos que los uniformados dejen de entrar a nuestra comunidad a reprimir", subrayó Maicoño.
Tensión
Por su parte, el Juzgado Federal de Esquel informó hoy que cinco gendarmes y dos integrantes de la comunidad mapuche Lof Resistencia Cushamen, en conflicto con el terrateniente italiano Luciano Benetton en el oeste de Chubut, resultaron heridos el martes durante la intervención de la Gendarmería Nacional para liberar las vías en la zona de la estancia Leleque, en el oeste de Chubut.
Por orden del juez federal Guido Otranto, personal del Escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón, aisló con alrededor de 200 gendarmes la comunidad mapuche e ingresó para remover obstáculos que desde hace un mes y medio impedían el tránsito del tren turístico de trocha angosta, conocido como La Trochita, que va de El Maitén a Esquel.
Ese recorrido atraviesa el Lof Cushamen, en tierras ancestrales mapuches recuperadas por la comunidad dentro de la estancia Leleque, que forma parte de la empresa de Benetton Compañía de Tierras del Sud, de decenas de miles hectáreas en la zona andina de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Luego de la remoción de obstáculos el tren hizo el trayecto de ida y vuelta entre El Maitén y Esquel, en el marco de gran tensión por el operativo de la Gendarmería.
Otranto informó que entre los heridos las tres mujeres de Gendarmería fueron las que se llevaron la peor parte: una de ellas sufrió conmoción cerebral al recibir un piedrazo en la cabeza, otra tuvo una fractura en una pierna y la tercera una fuerte contusión en un brazo al recibir un palazo.
Las tres se recuperaban favorablemente, al igual que los gendarmes varones, que sufrieron lesiones leves en todo el cuerpo.
Además de "resistir violentamente" al procedimiento de Gendarmería, los detenidos son investigados por el delito de entorpecimiento del transporte público.
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Otra vez la policía reprimió a los mapuches que reclaman por sus tierras
Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Chubut
Miembros de la comunidad relataron que les dispararon con proyectiles de goma y también de plomo y que uno de ellos recibió un balazo en el cuello.
Por segundo día consecutivo, la comunidad mapuche Pu Lof denuncia represión por parte de Gendarmería y de la Policía de Chubut. El hecho ocurrió luego de que el Gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, haya dicho que la comunidad "es un grupo de violentos".
La denuncia en este caso indica que hay una persona herida de gravedad por una bala de plomo. El herido es Fausto Emilio Jones Huala. A su vez, indicaron que otra persona de la comunidad recibió un disparo y que se desconoce el estado.
En medio de la represión, representantes de la comunidad Mapuche responsabilizan "a los gobiernos nacional y provincial, a Gendarmería, y todos los brazos armados de la policía de Chubut que participan en este operativo de cualquier daño en la vida y la salud de nuestros pu peñi ka pu lamien".
Mientras tanto, en Esquel, familiares, vecinos y organizaciones se congregaban en la Unidad 14 para saber la situación de los detenidos. Según informaron desde la Comunidad, hubo detenidos, que fueron llevados con heridas, pero se desconoce aún su paradero.
"Para quienes no conocen, Cushamen es una comunidad Mapuche, mujeres, niños y hombres, jóvenes y ancianos habitan sus tierras ancestrales, ocupadas por Benetton (en referencia al empresario italiano Luciano Benetton", informaron a AIM fuentes que se encontraban en el lugar.
"Gendarmería reprimió y abrió fuego sobre unas tierras recuperadas por mapuches a Benetton. Las mujeres estaban cercadas con sus hijos, y amenazaban con prenderse fuego, porque se llevaron a los hombres de la comunidad por la fuerza. Van a resistir, no se van a entregar", eran los mensajes que circulaban por redes sociales y celulares, ya que no había presencia de periodistas ni transmisión de los medios de comunicación, afirmaron representantes de la comunidad.
Desde el lugar, la comunidad originaria remarcó: "Esto es un llamado desesperado del pueblo mapuche, gendarmería está con más de 150 efectivos, con carros, entrando para reprimir, para desalojo, solicitamos el apoyo de todos".
Cabe recordar que el territorio de la Comunidad Pu Lof está en disputa desde hace muchos años con el empresario Benetton, quien dice ser dueño de miles de hectáreas de esa zona.
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Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Chubut
Hay tres integrantes de la comunidad heridos. Aseguran que los efectivos entraron a la comunidad y efectuaron disparos.
Integrantes de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen de la zona cordillerana de Chubut denunciaron el miércoles que efectivos de la Policía provincial y la Gendarmería los atacaron en los terrenos que habitan en el marco de un operativo que dejó un saldo de tres personas resultaron heridas.
"Gendarmería y la Policía entraron cerca de las 20 a la comunidad y efectuaron disparos. No sabemos si fueron municiones de goma o de plomo, pero tres de nuestros hermanos están heridos", señaló a Télam Soraya Maicoño.
Según consignaron desde esta comunidad, Emilio Jones (35 años) es el herido que mayor gravedad revista al recibir un disparo en el cuello por el cual debió ser trasladado a un centro asistencial de la localidad de El Hoyo.
"Estamos ahora el la Fiscalía provincial de Esquel para presentar un hábeas corpus por los once detenidos de nuestra comunidad que se encuentran en la Unidad Penal 14 de Esquel. Y queremos que los uniformados dejen de entrar a nuestra comunidad a reprimir", subrayó Maicoño.
Tensión
Por su parte, el Juzgado Federal de Esquel informó hoy que cinco gendarmes y dos integrantes de la comunidad mapuche Lof Resistencia Cushamen, en conflicto con el terrateniente italiano Luciano Benetton en el oeste de Chubut, resultaron heridos el martes durante la intervención de la Gendarmería Nacional para liberar las vías en la zona de la estancia Leleque, en el oeste de Chubut.
Por orden del juez federal Guido Otranto, personal del Escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón, aisló con alrededor de 200 gendarmes la comunidad mapuche e ingresó para remover obstáculos que desde hace un mes y medio impedían el tránsito del tren turístico de trocha angosta, conocido como La Trochita, que va de El Maitén a Esquel.
Ese recorrido atraviesa el Lof Cushamen, en tierras ancestrales mapuches recuperadas por la comunidad dentro de la estancia Leleque, que forma parte de la empresa de Benetton Compañía de Tierras del Sud, de decenas de miles hectáreas en la zona andina de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Luego de la remoción de obstáculos el tren hizo el trayecto de ida y vuelta entre El Maitén y Esquel, en el marco de gran tensión por el operativo de la Gendarmería.
Otranto informó que entre los heridos las tres mujeres de Gendarmería fueron las que se llevaron la peor parte: una de ellas sufrió conmoción cerebral al recibir un piedrazo en la cabeza, otra tuvo una fractura en una pierna y la tercera una fuerte contusión en un brazo al recibir un palazo.
Las tres se recuperaban favorablemente, al igual que los gendarmes varones, que sufrieron lesiones leves en todo el cuerpo.
Además de "resistir violentamente" al procedimiento de Gendarmería, los detenidos son investigados por el delito de entorpecimiento del transporte público.
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Otra vez la policía reprimió a los mapuches que reclaman por sus tierras
Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Chubut
Miembros de la comunidad relataron que les dispararon con proyectiles de goma y también de plomo y que uno de ellos recibió un balazo en el cuello.
Por segundo día consecutivo, la comunidad mapuche Pu Lof denuncia represión por parte de Gendarmería y de la Policía de Chubut. El hecho ocurrió luego de que el Gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, haya dicho que la comunidad "es un grupo de violentos".
La denuncia en este caso indica que hay una persona herida de gravedad por una bala de plomo. El herido es Fausto Emilio Jones Huala. A su vez, indicaron que otra persona de la comunidad recibió un disparo y que se desconoce el estado.
En medio de la represión, representantes de la comunidad Mapuche responsabilizan "a los gobiernos nacional y provincial, a Gendarmería, y todos los brazos armados de la policía de Chubut que participan en este operativo de cualquier daño en la vida y la salud de nuestros pu peñi ka pu lamien".
Mientras tanto, en Esquel, familiares, vecinos y organizaciones se congregaban en la Unidad 14 para saber la situación de los detenidos. Según informaron desde la Comunidad, hubo detenidos, que fueron llevados con heridas, pero se desconoce aún su paradero.
"Para quienes no conocen, Cushamen es una comunidad Mapuche, mujeres, niños y hombres, jóvenes y ancianos habitan sus tierras ancestrales, ocupadas por Benetton (en referencia al empresario italiano Luciano Benetton", informaron a AIM fuentes que se encontraban en el lugar.
"Gendarmería reprimió y abrió fuego sobre unas tierras recuperadas por mapuches a Benetton. Las mujeres estaban cercadas con sus hijos, y amenazaban con prenderse fuego, porque se llevaron a los hombres de la comunidad por la fuerza. Van a resistir, no se van a entregar", eran los mensajes que circulaban por redes sociales y celulares, ya que no había presencia de periodistas ni transmisión de los medios de comunicación, afirmaron representantes de la comunidad.
Desde el lugar, la comunidad originaria remarcó: "Esto es un llamado desesperado del pueblo mapuche, gendarmería está con más de 150 efectivos, con carros, entrando para reprimir, para desalojo, solicitamos el apoyo de todos".
Cabe recordar que el territorio de la Comunidad Pu Lof está en disputa desde hace muchos años con el empresario Benetton, quien dice ser dueño de miles de hectáreas de esa zona.
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Originarios ahora son “amenazas para la seguridad social”
Acusaciones con aroma empresario
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Diaguitas piden explicación sobre la 'Coherencia Minera'
La comunidad del pueblo Diaguita exige explicación del proyecto 'Coherencia Minera'
Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: Catamarca
A través de un escrito, la comunidad del pueblo Diaguita, de Andalgalá, exige explicación científica y constitucional del proyecto “Coherencia Minera”, autoría del senador por el departamento, Jorge Solá Jais (FPV), que además cuenta con media sanción.
Cabe recordar que dicha iniciativa propone quitar el porcentaje de regalías mineras a aquellos municipios que rechazan la actividad minera.
En ese contexto, la comunidad del pueblo Diaguita, integrada por 18 caciques, en asamblea manifestaron sentir la obligación de manifestarse públicamente frente a los hechos conocidos de supuesto “avasallamiento”, según dicen, de autoridades provinciales, en relación con las políticas mineras, en especial sobre Minas Capillitas y Cerro Atajo. “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”, aseguran.
En esa línea, sostienen: “Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”.
En el documento señalan también: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años.
Finalmente, la comunidad manifiesta: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, señalaron.
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Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: Catamarca
A través de un escrito, la comunidad del pueblo Diaguita, de Andalgalá, exige explicación científica y constitucional del proyecto “Coherencia Minera”, autoría del senador por el departamento, Jorge Solá Jais (FPV), que además cuenta con media sanción.
Cabe recordar que dicha iniciativa propone quitar el porcentaje de regalías mineras a aquellos municipios que rechazan la actividad minera.
En ese contexto, la comunidad del pueblo Diaguita, integrada por 18 caciques, en asamblea manifestaron sentir la obligación de manifestarse públicamente frente a los hechos conocidos de supuesto “avasallamiento”, según dicen, de autoridades provinciales, en relación con las políticas mineras, en especial sobre Minas Capillitas y Cerro Atajo. “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”, aseguran.
En esa línea, sostienen: “Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”.
En el documento señalan también: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años.
Finalmente, la comunidad manifiesta: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, señalaron.
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Mapuches reforestan en el PN Nahuel Huapi
Mapuches reforestan área natural talada para un circuito de motocross
Fecha de Publicación: 20/08/2016
Fuente: Periódico Brújula
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año.mapuches
En abril se corrió la cuarta fecha del Mundial de Motocross en territorio del Parque Nacional Nahuel Huapí, para hacer la pista tuvieron que desmontar varias hectáreas de bosque nativo, violando todas las leyes vigentes, la fecha se corrió igual. La comunidad Mapuche Kintupuray y un grupo de ambientalistas reforestarán este domingo el área desmontada. Le costará 200 años a la naturaleza volver a tener un bosque allí.
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año. Una comunidad mapuche el próximo domingo reforestará las tierras arrasadas por el comercio y la banalidad humanas.
Lucas Kintupuray, el Lonko (Jefe) de la Comunidad Mapuche Kintupuray comentó que “el circuito de motocross afectó 15 hectáreas y de ese total 12 pertenecen al ejido del municipio y tres hectáreas son de Parques Nacionales que son las que nosotros vamos a comenzar a reforestar”.
Dueños de un respeto ancestral por las tierras que les han permitido vivir desde tiempo inmemoriales, el Lonko informó a la prensa que antes de comenzar con las labores de reforestación, la acción “comenzará con una ceremonia mapuche antes para después forestar unos 60 plantines de ñire, coihues y otras especies nativas”.
En abril de este año la cuarta fecha del Mundial de Motocross se corrió dentro de áreas protegidas por leyes nacionales. En aquel momento los mapuches ya habían denunciado la tala de árboles en lugares protegidos. Pero la corrupción, pudo más y la fecha se corrió a pesar de tener que talar cientos árboles y arbustos nativos.
“Queremos informar que en esa oportunidad se han infringido varias normas de la Administración de Parques Nacionales (APN), sobre todo porque este tipo de competencias está expresamente prohibido por la APN en su Reglamento para la realización de Eventos Especiales en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, comenta Lucas.
El referente mapuche explicó que “en la construcción de la pista, también se ha infringido la Ley de Bosques y el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo del Neuquén (OTBN). Es una manera de empezar esta reforestación que se hará en la línea divisoria de la pista de motocross en el límite entre el municipio de Villa la Angostura y Parques Nacionales”.
Asimismo Greenpeace en su informe anual que da cuenta del desmonte que se produce en nuestro país, incluye un apartado en el que se refiere al episodio de Villa la Angostura. “El 3 de febrero la Dirección de Bosques detectó un desmonte de bosque nativo por topado y movimiento de suelo de 12 hectáreas (clasificadas en la Categoría II – amarillo); el cual había invadido la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi llegando la máquina a topar la vegetación riparia de la Laguna de Los Choros. El desmonte advertido constituiría una violación de carácter grave a la ley”.
“Un mes después la Administración de Parques Nacionales informó al Municipio que el apeo de vegetación nativa y la remoción de suelo afectaron una superficie de 3 hectáreas dentro del área protegida (Categoría I – rojo); estimó en $ 203.730 el daño ecológico ocasionado y recomendó su urgente restauración ante la inminente realización del Mundial de Motocross. Sin embargo, el área no fue reforestada y se realizó la carrera. Posteriormente, Parques Nacionales estimó en 200 años el plazo en cual podrá producirse la recuperación del suelo y la instalación de un bosque de ñire maduro a partir de semillas”, explica el informe de Greenpeace.
Aún hoy muchos acusan a los mapuches de ser una etnia chilena, pero acaso este hecho refleje más que ninguno cómo una comunidad originaria pretende vivir la vida, los nativos argentinos fueron los que permitieron el desmonte en un comercio ilegal, y son los mapuches quienes van a curar las heridas de un bosque que fue vulnerado y escenario de la codicia de empresarios y dirigentes argentinos.
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Fecha de Publicación: 20/08/2016
Fuente: Periódico Brújula
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año.mapuches
En abril se corrió la cuarta fecha del Mundial de Motocross en territorio del Parque Nacional Nahuel Huapí, para hacer la pista tuvieron que desmontar varias hectáreas de bosque nativo, violando todas las leyes vigentes, la fecha se corrió igual. La comunidad Mapuche Kintupuray y un grupo de ambientalistas reforestarán este domingo el área desmontada. Le costará 200 años a la naturaleza volver a tener un bosque allí.
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año. Una comunidad mapuche el próximo domingo reforestará las tierras arrasadas por el comercio y la banalidad humanas.
Lucas Kintupuray, el Lonko (Jefe) de la Comunidad Mapuche Kintupuray comentó que “el circuito de motocross afectó 15 hectáreas y de ese total 12 pertenecen al ejido del municipio y tres hectáreas son de Parques Nacionales que son las que nosotros vamos a comenzar a reforestar”.
Dueños de un respeto ancestral por las tierras que les han permitido vivir desde tiempo inmemoriales, el Lonko informó a la prensa que antes de comenzar con las labores de reforestación, la acción “comenzará con una ceremonia mapuche antes para después forestar unos 60 plantines de ñire, coihues y otras especies nativas”.
En abril de este año la cuarta fecha del Mundial de Motocross se corrió dentro de áreas protegidas por leyes nacionales. En aquel momento los mapuches ya habían denunciado la tala de árboles en lugares protegidos. Pero la corrupción, pudo más y la fecha se corrió a pesar de tener que talar cientos árboles y arbustos nativos.
“Queremos informar que en esa oportunidad se han infringido varias normas de la Administración de Parques Nacionales (APN), sobre todo porque este tipo de competencias está expresamente prohibido por la APN en su Reglamento para la realización de Eventos Especiales en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, comenta Lucas.
El referente mapuche explicó que “en la construcción de la pista, también se ha infringido la Ley de Bosques y el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo del Neuquén (OTBN). Es una manera de empezar esta reforestación que se hará en la línea divisoria de la pista de motocross en el límite entre el municipio de Villa la Angostura y Parques Nacionales”.
Asimismo Greenpeace en su informe anual que da cuenta del desmonte que se produce en nuestro país, incluye un apartado en el que se refiere al episodio de Villa la Angostura. “El 3 de febrero la Dirección de Bosques detectó un desmonte de bosque nativo por topado y movimiento de suelo de 12 hectáreas (clasificadas en la Categoría II – amarillo); el cual había invadido la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi llegando la máquina a topar la vegetación riparia de la Laguna de Los Choros. El desmonte advertido constituiría una violación de carácter grave a la ley”.
“Un mes después la Administración de Parques Nacionales informó al Municipio que el apeo de vegetación nativa y la remoción de suelo afectaron una superficie de 3 hectáreas dentro del área protegida (Categoría I – rojo); estimó en $ 203.730 el daño ecológico ocasionado y recomendó su urgente restauración ante la inminente realización del Mundial de Motocross. Sin embargo, el área no fue reforestada y se realizó la carrera. Posteriormente, Parques Nacionales estimó en 200 años el plazo en cual podrá producirse la recuperación del suelo y la instalación de un bosque de ñire maduro a partir de semillas”, explica el informe de Greenpeace.
Aún hoy muchos acusan a los mapuches de ser una etnia chilena, pero acaso este hecho refleje más que ninguno cómo una comunidad originaria pretende vivir la vida, los nativos argentinos fueron los que permitieron el desmonte en un comercio ilegal, y son los mapuches quienes van a curar las heridas de un bosque que fue vulnerado y escenario de la codicia de empresarios y dirigentes argentinos.
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Originarios piden que se prohíba la caza de vicuñas
Laguna Blanca: comunidades originarias exigen que se prohíba la caza de vicuñas
Fecha de Publicación: 13/08/2016
Fuente: La Unión Digital
Provincia/Región: Catamarca
La secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de su dirección provincial de Bosques Nativos, realizó una intensa actividad comunitaria en el ámbito de la Reserva de Biósfera Laguna Blanca en esta última semana. Entre las actividades realizadas, se culminó con la asistencia a la principal celebración cultural de la localidad de Laguna Blanca, que es la Corpachada de la Pachamama, que se realiza todos los 1 de agosto de cada año. En esta oportunidad, esta celebración tuvo una gran emotividad, por tener un protagonismo central todas las comunidades originarias del ámbito de la Reserva Provincial de Biósfera Laguna Blanca, participando los integrantes de la dirección provincial de Bosques Nativos - Departamento de Areas Naturales Protegidas, que viajaron expresamente para acompañar a los pueblos de Laguna Blanca, junto también con los guardaparques destacados en la zona.
En esta oportunidad, asistieron numerosos turistas para presenciar este evento, convirtiéndose el turismo, poco a poco, en una actividad de potencial desarrollo, pero controlado, para que no se deteriore el ambiente.
Reuniones
Como segunda actividad que resultó muy importante, se realizaron reuniones en tres comunidades originarias del sector este de la Reserva de Laguna Blanca, tales como Las Angosturas, Carachi y Aguas Calientes, con el fin de dialogar sobre dos temas trascendentes, como el control de la caza furtiva de vicuñas y el Plan de Manejo de la Reserva de Laguna Blanca, con miras a la adecuación de la misma al marco de la ley provincial N° 5.070, de áreas naturales protegidas.
En estas reuniones se intercambiaron interesantes opiniones entre los técnicos y los pobladores, acordando la necesidad de eliminar la caza de vicuñas, con miras a lograr un repoblamiento natural de la especie, y así tener sitios aptos para desarrollar capturas y esquilas comunitarias de estos animales.
Por otro lado, en las tres reuniones se dio el aval al Plan de Manejo propuesto para la Reserva de Laguna Blanca, con aportes importantes de los pobladores, para mejorar el desarrollo sustentable de estas comunidades y la conservación de los recursos naturales, y la cultura de las comunidades puneñas.
Por último, se realizaron exhaustivos relevamientos de campo para evaluar poblaciones de vicuñas y posibles nuevos sitios de captura, con las comunidades de Las Angosturas, y de Laguna Blanca.
La secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable continuará desarrollando estas actividades de conservación, desarrollo sustentable, e intercambio de experiencias e información con las comunidades que viven en la Reserva de Laguna Blanca, con miras a mejorar sus condiciones de vida, pero manteniendo su cultura y tradiciones.
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Fecha de Publicación: 13/08/2016
Fuente: La Unión Digital
Provincia/Región: Catamarca
La secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de su dirección provincial de Bosques Nativos, realizó una intensa actividad comunitaria en el ámbito de la Reserva de Biósfera Laguna Blanca en esta última semana. Entre las actividades realizadas, se culminó con la asistencia a la principal celebración cultural de la localidad de Laguna Blanca, que es la Corpachada de la Pachamama, que se realiza todos los 1 de agosto de cada año. En esta oportunidad, esta celebración tuvo una gran emotividad, por tener un protagonismo central todas las comunidades originarias del ámbito de la Reserva Provincial de Biósfera Laguna Blanca, participando los integrantes de la dirección provincial de Bosques Nativos - Departamento de Areas Naturales Protegidas, que viajaron expresamente para acompañar a los pueblos de Laguna Blanca, junto también con los guardaparques destacados en la zona.
En esta oportunidad, asistieron numerosos turistas para presenciar este evento, convirtiéndose el turismo, poco a poco, en una actividad de potencial desarrollo, pero controlado, para que no se deteriore el ambiente.
Reuniones
Como segunda actividad que resultó muy importante, se realizaron reuniones en tres comunidades originarias del sector este de la Reserva de Laguna Blanca, tales como Las Angosturas, Carachi y Aguas Calientes, con el fin de dialogar sobre dos temas trascendentes, como el control de la caza furtiva de vicuñas y el Plan de Manejo de la Reserva de Laguna Blanca, con miras a la adecuación de la misma al marco de la ley provincial N° 5.070, de áreas naturales protegidas.
En estas reuniones se intercambiaron interesantes opiniones entre los técnicos y los pobladores, acordando la necesidad de eliminar la caza de vicuñas, con miras a lograr un repoblamiento natural de la especie, y así tener sitios aptos para desarrollar capturas y esquilas comunitarias de estos animales.
Por otro lado, en las tres reuniones se dio el aval al Plan de Manejo propuesto para la Reserva de Laguna Blanca, con aportes importantes de los pobladores, para mejorar el desarrollo sustentable de estas comunidades y la conservación de los recursos naturales, y la cultura de las comunidades puneñas.
Por último, se realizaron exhaustivos relevamientos de campo para evaluar poblaciones de vicuñas y posibles nuevos sitios de captura, con las comunidades de Las Angosturas, y de Laguna Blanca.
La secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable continuará desarrollando estas actividades de conservación, desarrollo sustentable, e intercambio de experiencias e información con las comunidades que viven en la Reserva de Laguna Blanca, con miras a mejorar sus condiciones de vida, pero manteniendo su cultura y tradiciones.
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Misiones: asamblea Aty Ñeychyrõ ante deforestación
Misiones: se realizó la primera Consulta por deforestación en territorio indígena
Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones
En el marco de la gran asamblea Aty Ñeychyrõ, reunido desde el 25-29 de Julio de 2016 en Tekoa Ka´a Kupe, Territorio Guaraní, se llevó a cabo el primer tramo de la Consulta Pueblo Mbya, con la presencia del Dr. Juan Manuel Díaz Subsecretario del Ministerio de Ecología y RNR , la Directora de Bosques María Elena Benítez y funcionarios del mismo; de acuerdo a lo establecido por la Ley de Bosques, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. Esta es la primera Consulta que se hace en la Provincia de Misiones referida a dos casos de deforestación en territorio indígena.
En el primer caso, se trata del Aprovechamiento Forestal de 659 has. por parte de la empresa de Juan Pablo Tschirsch – ex Vice Gobernador de la Provincia – del monte ubicado dentro del territorio ancestral de la Comunidad ¨Arroyo 9¨ en Municipio de San Vicente. Ante la falta de información clara y precisa por parte de la Empresa que permitiese un análisis serio, el Mburuvicha Casimiro Fernández expresó que no se cumplían los parámetros establecidos por legislación para una Consulta: Previa, Libre e Informada , por lo que se continuará en la próxima reunión del Aty Ñeychyrõ en el mes de agosto.
En el segundo caso, la Empresa CARBA SACIA que afecta a la Comunidad Ka´a Poty , la que reclamó que se estaba haciendo una explotación con la supuesta autorización del fallecido Mburuvicha Eustaquio Cáceres que estaba muy enfermo y que para la fecha de la firma de la autorización había perdido la visión, ésta se había concretado el 25 de marzo de 2014, falleciendo en el 2015. Ante este reclamo, la Empresa decidió suspender la explotación hasta que se aclare la situación. Acordaron mutuamente continuar dialogando sobre los intereses de la Comunidad y llegar a un posible reconocimiento por parte de la empresa de reconocer y respetar la demarcación realizada por la aplicación de la Ley 26160, donde quedó establecido la totalidad del territorio de Ka´a Poty.
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Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones
En el marco de la gran asamblea Aty Ñeychyrõ, reunido desde el 25-29 de Julio de 2016 en Tekoa Ka´a Kupe, Territorio Guaraní, se llevó a cabo el primer tramo de la Consulta Pueblo Mbya, con la presencia del Dr. Juan Manuel Díaz Subsecretario del Ministerio de Ecología y RNR , la Directora de Bosques María Elena Benítez y funcionarios del mismo; de acuerdo a lo establecido por la Ley de Bosques, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. Esta es la primera Consulta que se hace en la Provincia de Misiones referida a dos casos de deforestación en territorio indígena.
En el primer caso, se trata del Aprovechamiento Forestal de 659 has. por parte de la empresa de Juan Pablo Tschirsch – ex Vice Gobernador de la Provincia – del monte ubicado dentro del territorio ancestral de la Comunidad ¨Arroyo 9¨ en Municipio de San Vicente. Ante la falta de información clara y precisa por parte de la Empresa que permitiese un análisis serio, el Mburuvicha Casimiro Fernández expresó que no se cumplían los parámetros establecidos por legislación para una Consulta: Previa, Libre e Informada , por lo que se continuará en la próxima reunión del Aty Ñeychyrõ en el mes de agosto.
En el segundo caso, la Empresa CARBA SACIA que afecta a la Comunidad Ka´a Poty , la que reclamó que se estaba haciendo una explotación con la supuesta autorización del fallecido Mburuvicha Eustaquio Cáceres que estaba muy enfermo y que para la fecha de la firma de la autorización había perdido la visión, ésta se había concretado el 25 de marzo de 2014, falleciendo en el 2015. Ante este reclamo, la Empresa decidió suspender la explotación hasta que se aclare la situación. Acordaron mutuamente continuar dialogando sobre los intereses de la Comunidad y llegar a un posible reconocimiento por parte de la empresa de reconocer y respetar la demarcación realizada por la aplicación de la Ley 26160, donde quedó establecido la totalidad del territorio de Ka´a Poty.
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Denuncian a Gerardo Martino por desmontes en Salta
Greenpeace radicó una denuncia por desmontes contra Gerardo Martino
Fecha de Publicación: 17/07/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
En estos días, Gerardo Martino vive algo así como una pesadilla. Luego de haber perdido la final de la Copa América Centenario con Chile, el ex DT de la selección paraguaya decidió dar un paso al costado y no continuar como coach del combinado argentino.
Por si fuera poco, ahora sumó un nuevo "Frente de batalla”: Greenpeace hizo una denuncia en perjuicio de su persona, por desmontes que se venían llevando a cabo en Salta. La organización ambientalista pidió que desista de desmontar 2.500 hectáreas de campo. El preámbulo del conflicto fue en 2010.
De acuerdo al comunicado, el entrenador requirió una autorización para el desarrollo agropecuario en la finca Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia. Por ahora, el Gobierno no se expidió y el permiso está en veremos.
"Si bien ya hemos reclamado formalmente al Gobierno de Salta, hacemos un llamado público a Gerardo Martino y sus socios a que desistan de la solicitud de desmonte, ya que afectará a varias familias campesinas y la rica biodiversidad existente”, manifestó Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques de Greenpeace.
Jorge Walter Theiler, Favio Lucas Cicutti y Shirley Elizabeth Theiler son los asociados de Martino en una iniciativa que fue rechazada en una audiencia pública celebrada en mayo por parte de las familias que viven en la zona hace varias décadas. También se opuso la Fundación Refugio.
Por último advierte que "el desmonte vulneraría en forma flagrante las leyes vigentes y las demandas de la sociedad”. El artículo 19 de la Ley de Bosques Nacionales (26.331) indica que "todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de los bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
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Fecha de Publicación: 17/07/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
En estos días, Gerardo Martino vive algo así como una pesadilla. Luego de haber perdido la final de la Copa América Centenario con Chile, el ex DT de la selección paraguaya decidió dar un paso al costado y no continuar como coach del combinado argentino.
Por si fuera poco, ahora sumó un nuevo "Frente de batalla”: Greenpeace hizo una denuncia en perjuicio de su persona, por desmontes que se venían llevando a cabo en Salta. La organización ambientalista pidió que desista de desmontar 2.500 hectáreas de campo. El preámbulo del conflicto fue en 2010.
De acuerdo al comunicado, el entrenador requirió una autorización para el desarrollo agropecuario en la finca Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia. Por ahora, el Gobierno no se expidió y el permiso está en veremos.
"Si bien ya hemos reclamado formalmente al Gobierno de Salta, hacemos un llamado público a Gerardo Martino y sus socios a que desistan de la solicitud de desmonte, ya que afectará a varias familias campesinas y la rica biodiversidad existente”, manifestó Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques de Greenpeace.
Jorge Walter Theiler, Favio Lucas Cicutti y Shirley Elizabeth Theiler son los asociados de Martino en una iniciativa que fue rechazada en una audiencia pública celebrada en mayo por parte de las familias que viven en la zona hace varias décadas. También se opuso la Fundación Refugio.
Por último advierte que "el desmonte vulneraría en forma flagrante las leyes vigentes y las demandas de la sociedad”. El artículo 19 de la Ley de Bosques Nacionales (26.331) indica que "todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de los bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
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Salta: Urtubey avala el avance sobre los bosques
Greenpeace denuncia a Urtubey violencia a campesinos e indígenas en Salta
Fecha de Publicación: 30/06/2016
Fuente: iruya.com
Provincia/Región: Salta
La organización ambientalista Greenpeace Argentina se ha dirigido por escrito del Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para denunciar lo que esta entidad califica como «aumento de violencia hacia las familias campesinas e indígenas de Morillo, por parte de empresarios agropecuarios».
Según una comunicación de Greenpeace, la carta dirigida a Urtubey responsabiliza del aumento de la violencia a empresarios agropecuarios. Pero la comunicación de prensa posterior habla de la intervención de setenta agentes de infantería de la Policía de Salta en la destrucción de alambrados, potreros, corrales y viviendas, lo que extiende la responsabilidad de la violencia al gobierno provincial de Salta.
En la misma comunicación de prensa, posterior a la carta dirigida al Gobernador, la organización ambientalista dice haber alertado en mayo de 2014 «sobre la responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de la ley de bosques en Salta».
Entre las violaciones denunciadas recuerdan que los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el gobierno de Salta, para autorizar desmontes en zonas protegidas por la ley de bosques, alcanzan, como mínimo, 126.177, una superficie «equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires».
También argumentan que los bosques nativos que originalmente fueron clasificados en las categorías I – rojo y II – amarillo deben continuar en pie. Y aventuran que el desmonte de estos bosques tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas.
Privación ilegítima de la libertad
Señala Greenpeace que la carta fue enviada al gobierno provincial tras los hechos que se produjeron en el curso de la última semana, cuando -según los datos de que disponen- entre topadoras y 70 policías de Infantería, destruyeron alambrados, potreros, corrales y hasta una vivienda. Dicen también, citando como fuente a «diarios de la zona», que los damnificados perdieron animales de cría y fueron privados ilegítimamente de su libertad durante 12 horas.
La comunicación de Greenpeace no dice en ningún momento que los damnificados hayan formulado denuncia formal por estos hechos.
Masiva recalificación de suelos
Greenpeace recuerda también que el artículo 19 de la Ley Nacional de Bosques establece que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Por último, la carta destaca que en abril de 2016, un informe del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos informó que, hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144.984 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81.282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo.
Advierte Greenpeace que varios de esos permisos de desmonte otorgados por el gobierno provincial se están ejecutando y muchos de ellos están afectando seriamente a comunidades campesinas e indígenas.
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Fecha de Publicación: 30/06/2016
Fuente: iruya.com
Provincia/Región: Salta
La organización ambientalista Greenpeace Argentina se ha dirigido por escrito del Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para denunciar lo que esta entidad califica como «aumento de violencia hacia las familias campesinas e indígenas de Morillo, por parte de empresarios agropecuarios».
Según una comunicación de Greenpeace, la carta dirigida a Urtubey responsabiliza del aumento de la violencia a empresarios agropecuarios. Pero la comunicación de prensa posterior habla de la intervención de setenta agentes de infantería de la Policía de Salta en la destrucción de alambrados, potreros, corrales y viviendas, lo que extiende la responsabilidad de la violencia al gobierno provincial de Salta.
En la misma comunicación de prensa, posterior a la carta dirigida al Gobernador, la organización ambientalista dice haber alertado en mayo de 2014 «sobre la responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de la ley de bosques en Salta».
Entre las violaciones denunciadas recuerdan que los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el gobierno de Salta, para autorizar desmontes en zonas protegidas por la ley de bosques, alcanzan, como mínimo, 126.177, una superficie «equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires».
También argumentan que los bosques nativos que originalmente fueron clasificados en las categorías I – rojo y II – amarillo deben continuar en pie. Y aventuran que el desmonte de estos bosques tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas.
Privación ilegítima de la libertad
Señala Greenpeace que la carta fue enviada al gobierno provincial tras los hechos que se produjeron en el curso de la última semana, cuando -según los datos de que disponen- entre topadoras y 70 policías de Infantería, destruyeron alambrados, potreros, corrales y hasta una vivienda. Dicen también, citando como fuente a «diarios de la zona», que los damnificados perdieron animales de cría y fueron privados ilegítimamente de su libertad durante 12 horas.
La comunicación de Greenpeace no dice en ningún momento que los damnificados hayan formulado denuncia formal por estos hechos.
Masiva recalificación de suelos
Greenpeace recuerda también que el artículo 19 de la Ley Nacional de Bosques establece que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Por último, la carta destaca que en abril de 2016, un informe del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos informó que, hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144.984 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81.282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo.
Advierte Greenpeace que varios de esos permisos de desmonte otorgados por el gobierno provincial se están ejecutando y muchos de ellos están afectando seriamente a comunidades campesinas e indígenas.
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Neuquén: reclamo administrativo por proyecto minero
Mapuches contra obra minera
Fecha de Publicación: 15/06/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Neuquén
Las Comunidades mapuches Rams y Cayupán del Departamento Catan Líl, de Neuquén, presentaron ayer al Poder Ejecutivo neuquino un reclamo administrativo para que se cancele un proyecto minero para la explotación de cobre y otros minerales en esa región.
En conferencia de prensa, el jefe de la Comunidad Cayupán, Iván Salazar y Liliana Rams, junto al abogado Ramón Zuñiga, explicaron que se oponen al proyecto minero porque "pretenden hacer esta explotación en territorio indígena y nos vemos perjudicado por la contaminación del agua, del medio ambiente", dijo Salazar.
"Nunca fuimos consultados ni por la empresa Southern Cooper (de origen peruano y capitales mexicanos), para hacer este proyecto, ni por el gobierno y por eso han vulnerado nuestros derechos", agregó.
En tanto, Liliana Rams dijo que su comunidad está ubicada a 10 kilómetros de donde se quiere llevar adelante el proyecto.
El abogado Zuñiga precisó, a su vez, que "las comunidades nunca fueron consultadas en este proyecto y por eso hay una clara violación a la normativa indígena vigente", lo que está expresado en "la normativa internacional y nacional por el Convenio 169 de la OIT de la consulta previa a las comunidades", destacó.
"Lo único que están reclamando es la aplicación de sus derechos y solicitar de manera pacífica al gobierno de Neuquén que se los respete como Pueblos Indígenas", afirmó.
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Fecha de Publicación: 15/06/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Neuquén
Las Comunidades mapuches Rams y Cayupán del Departamento Catan Líl, de Neuquén, presentaron ayer al Poder Ejecutivo neuquino un reclamo administrativo para que se cancele un proyecto minero para la explotación de cobre y otros minerales en esa región.
En conferencia de prensa, el jefe de la Comunidad Cayupán, Iván Salazar y Liliana Rams, junto al abogado Ramón Zuñiga, explicaron que se oponen al proyecto minero porque "pretenden hacer esta explotación en territorio indígena y nos vemos perjudicado por la contaminación del agua, del medio ambiente", dijo Salazar.
"Nunca fuimos consultados ni por la empresa Southern Cooper (de origen peruano y capitales mexicanos), para hacer este proyecto, ni por el gobierno y por eso han vulnerado nuestros derechos", agregó.
En tanto, Liliana Rams dijo que su comunidad está ubicada a 10 kilómetros de donde se quiere llevar adelante el proyecto.
El abogado Zuñiga precisó, a su vez, que "las comunidades nunca fueron consultadas en este proyecto y por eso hay una clara violación a la normativa indígena vigente", lo que está expresado en "la normativa internacional y nacional por el Convenio 169 de la OIT de la consulta previa a las comunidades", destacó.
"Lo único que están reclamando es la aplicación de sus derechos y solicitar de manera pacífica al gobierno de Neuquén que se los respete como Pueblos Indígenas", afirmó.
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“Tata” Martino y el poder político desmonta en Salta
#TierrasDelTata: Los desmontes condenan a la extinción a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 05/06/2016
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Lucas Seghezzo, investigador Adjunto del CONICET, explicó que eliminar el hábitat que permite a estas comunidades subsistir prácticamente es condenarlas a la extinción. “Es una situación cercana al genocidio”, expresó.
Tras la polémica generada en torno al pedido de desmonte solicitado por el DT de la Selección Argentina, Gerardo “Tata” Martino, en la finca El Totoral, ubicada en Rivadavia, se puso en discusión el efecto que podría causar en los pueblos originarios.
Al respecto, Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente, aseguró que entre 2008 y 2014, se desmontaron más de 450 mil hectáreas en la provincia, situación que afectó a las comunidades que se nutren de frutos y fibras para hacer redes, bolsos, leña, carbón y demás. “El efecto va a ser probablemente la migración a zonas urbanas”, expresó.
Por su parte, Lucas Seghezzo, investigador del CONICET, subió la apuesta y aseguró que al eliminar el hábitat que permite a estas comunidades subsistir prácticamente se la está condenado a la extinción. “Llegamos a una situación que puede estar cercana al genocidio”, expresó.
Con respecto a la multa, Irene Soler, detalló que están evaluando endurecer las multas para que no convenga económicamente a los propietarios de tierras pagar la multa y hacer el desmonte ilegal sino someterse al proceso de control.
En tanto, Seghezzo, aseguró que el problema es que la multa siempre es después del delito y en el caso del desmonte, una vez que se perdió el monte, es muy difícil reconstruir el ecosistema con las condiciones originales en un tiempo razonable. “Yo creo que hay que atacar por varios frentes”, dijo.
Entra otras consecuencias, agregó que a nivel local se pierde biodiversidad, el efecto protector de los bosques contra las inundaciones, la regulación de las emisiones de gases de efectos invernaderos, el refugio para la fauna silvestre y se afecta la dinámica del agua.
Por último, detalló que a nivel global el principal inconveniente es la cuestión del cambio climático, ya que se pierde la capacidad que tienen los bosques de regular los gases atmosféricos. “Hay consecuencias muy diversas y muy negativas”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 05/06/2016
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Lucas Seghezzo, investigador Adjunto del CONICET, explicó que eliminar el hábitat que permite a estas comunidades subsistir prácticamente es condenarlas a la extinción. “Es una situación cercana al genocidio”, expresó.
Tras la polémica generada en torno al pedido de desmonte solicitado por el DT de la Selección Argentina, Gerardo “Tata” Martino, en la finca El Totoral, ubicada en Rivadavia, se puso en discusión el efecto que podría causar en los pueblos originarios.
Al respecto, Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente, aseguró que entre 2008 y 2014, se desmontaron más de 450 mil hectáreas en la provincia, situación que afectó a las comunidades que se nutren de frutos y fibras para hacer redes, bolsos, leña, carbón y demás. “El efecto va a ser probablemente la migración a zonas urbanas”, expresó.
Por su parte, Lucas Seghezzo, investigador del CONICET, subió la apuesta y aseguró que al eliminar el hábitat que permite a estas comunidades subsistir prácticamente se la está condenado a la extinción. “Llegamos a una situación que puede estar cercana al genocidio”, expresó.
Con respecto a la multa, Irene Soler, detalló que están evaluando endurecer las multas para que no convenga económicamente a los propietarios de tierras pagar la multa y hacer el desmonte ilegal sino someterse al proceso de control.
En tanto, Seghezzo, aseguró que el problema es que la multa siempre es después del delito y en el caso del desmonte, una vez que se perdió el monte, es muy difícil reconstruir el ecosistema con las condiciones originales en un tiempo razonable. “Yo creo que hay que atacar por varios frentes”, dijo.
Entra otras consecuencias, agregó que a nivel local se pierde biodiversidad, el efecto protector de los bosques contra las inundaciones, la regulación de las emisiones de gases de efectos invernaderos, el refugio para la fauna silvestre y se afecta la dinámica del agua.
Por último, detalló que a nivel global el principal inconveniente es la cuestión del cambio climático, ya que se pierde la capacidad que tienen los bosques de regular los gases atmosféricos. “Hay consecuencias muy diversas y muy negativas”, finalizó.
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Ley prohibía desmontar en territorio indígena, la vetaron
Vetaron la ley que prohibió la explotación forestal en tierras de reservas indígenas
Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Funcionarios del gobierno del Chaco se reunieron con diputados de la comisión de Pueblos Indígenas donde explicaron los motivos del veto total del gobernador Domingo Peppo a la ley que prohibió por cuatro años la explotación forestal en tierras de reservas indígenas
En la sala 2 “Claudio Ramiro Mendoza” del Anexo Legislativo sesionó la comisión de Pueblos Indígenas del Poder Legislativo, con quórum de las diputadas Claudia González (pta), Mirta Tichy y Ana María Canata oportunidad en que recibieron al Subsecretario de Recursos Naturales Dr. Luciano Olivares, y al Director de Bosques Cdor. Emanuel Carrocino, respectivamente, quienes concurrieron para manifestar su postura acerca de la sanción de la ley 7775 autoría del diputado Orlando Charole que prohíbe en tierras reservadas a los pueblos indígenas la explotación forestal por 4 años y que fuera vetada por el Poder Ejecutivo.
Los funcionarios concurrieron para ampliar las explicaciones que habían elevado oportunamente a través de una nota dirigida a la presidencia de la Comisión donde explicaban los fundamentos del porqué no estaban de acuerdo con la sanción de la norma en cuestión, y daban respuestas a las explicaciones oportunamente solicitadas acerca de su postura por la ley, y en ese entonces - su posible veto – hoy materializado a través del expediente N° 137/16.
Entre la información aportada se detallaba la cantidad de permisos autorizados por predio de propiedad de comunidades aborígenes, fecha de vigencia, hectáreas autorizadas, ubicación del predio y responsable técnico del plan, cupo de stock de bosques nativos autorizados por comunidad, cantidad de productos forestales extraídos por predios, clasificados por año, además de aportar imagen satelital de los predios.
Los funcionarios explicaron, además, el procedimiento para otorgar los permisos, en tanto que agregaron que se realizan controles antes, durante y después de realizada la tala, como también detallaron que al momento de otorgar un permiso se limita el lugar donde se va a realizar la actividad y se dibuja y delimita la zona, todo lo que es sometido al contralor del organismo.
En particular, desde la comisión, al tratar el expediente 137/16 de veto total a la mencionada ley 7775, las legisladoras presentes adelantaron su “aceptación”, no obstante, continuará en tratamiento esta problemática pero de una “manera más inclusiva” manifestaron, “dando participación tanto a las comunidades como al Ejecutivo provincial, tal y como se lo manifestaron a los funcionarios” precisaron.
Finalizado el encuentro con los funcionarios, la presidente de Pueblos Indígenas Claudia González, se refirió a las visitas y expresó que “vinieron a presentar el veto que presentó el señor gobernador, sobre la ley impulsada por el diputado Orlando Charole y se acercaron a explicar el por qué del veto y también poder continuar conversando sobre esta situación” precisó.
Manifestó además que “tuvimos consenso para continuar dialogando sobre los recursos naturales que benefician a las comunidades originarias, y que podamos hacer una mesa de diálogo, y que todos seamos participes en este proceso que está pasando en nuestras comunidades originarias” aseveró y de esta manera “entablar la conversación con el Poder Ejecutivo y la propias comunidades y todas las instituciones que competen” detalló la presidenta de la comisión.
Para finalizar consideró que sobre la cuestión “vamos a seguir conversando para buscar la manera de crear esta mesa de diálogo y acompañar para que esto sea factible a nuestras comunidades originarias” concluyó la diputada Claudia González.
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Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Funcionarios del gobierno del Chaco se reunieron con diputados de la comisión de Pueblos Indígenas donde explicaron los motivos del veto total del gobernador Domingo Peppo a la ley que prohibió por cuatro años la explotación forestal en tierras de reservas indígenas
En la sala 2 “Claudio Ramiro Mendoza” del Anexo Legislativo sesionó la comisión de Pueblos Indígenas del Poder Legislativo, con quórum de las diputadas Claudia González (pta), Mirta Tichy y Ana María Canata oportunidad en que recibieron al Subsecretario de Recursos Naturales Dr. Luciano Olivares, y al Director de Bosques Cdor. Emanuel Carrocino, respectivamente, quienes concurrieron para manifestar su postura acerca de la sanción de la ley 7775 autoría del diputado Orlando Charole que prohíbe en tierras reservadas a los pueblos indígenas la explotación forestal por 4 años y que fuera vetada por el Poder Ejecutivo.
Los funcionarios concurrieron para ampliar las explicaciones que habían elevado oportunamente a través de una nota dirigida a la presidencia de la Comisión donde explicaban los fundamentos del porqué no estaban de acuerdo con la sanción de la norma en cuestión, y daban respuestas a las explicaciones oportunamente solicitadas acerca de su postura por la ley, y en ese entonces - su posible veto – hoy materializado a través del expediente N° 137/16.
Entre la información aportada se detallaba la cantidad de permisos autorizados por predio de propiedad de comunidades aborígenes, fecha de vigencia, hectáreas autorizadas, ubicación del predio y responsable técnico del plan, cupo de stock de bosques nativos autorizados por comunidad, cantidad de productos forestales extraídos por predios, clasificados por año, además de aportar imagen satelital de los predios.
Los funcionarios explicaron, además, el procedimiento para otorgar los permisos, en tanto que agregaron que se realizan controles antes, durante y después de realizada la tala, como también detallaron que al momento de otorgar un permiso se limita el lugar donde se va a realizar la actividad y se dibuja y delimita la zona, todo lo que es sometido al contralor del organismo.
En particular, desde la comisión, al tratar el expediente 137/16 de veto total a la mencionada ley 7775, las legisladoras presentes adelantaron su “aceptación”, no obstante, continuará en tratamiento esta problemática pero de una “manera más inclusiva” manifestaron, “dando participación tanto a las comunidades como al Ejecutivo provincial, tal y como se lo manifestaron a los funcionarios” precisaron.
Finalizado el encuentro con los funcionarios, la presidente de Pueblos Indígenas Claudia González, se refirió a las visitas y expresó que “vinieron a presentar el veto que presentó el señor gobernador, sobre la ley impulsada por el diputado Orlando Charole y se acercaron a explicar el por qué del veto y también poder continuar conversando sobre esta situación” precisó.
Manifestó además que “tuvimos consenso para continuar dialogando sobre los recursos naturales que benefician a las comunidades originarias, y que podamos hacer una mesa de diálogo, y que todos seamos participes en este proceso que está pasando en nuestras comunidades originarias” aseveró y de esta manera “entablar la conversación con el Poder Ejecutivo y la propias comunidades y todas las instituciones que competen” detalló la presidenta de la comisión.
Para finalizar consideró que sobre la cuestión “vamos a seguir conversando para buscar la manera de crear esta mesa de diálogo y acompañar para que esto sea factible a nuestras comunidades originarias” concluyó la diputada Claudia González.
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Morales saca tierra a nativos para entregarlas a minera
Jujuy entregó tierras de pueblos originarios para una minera
Fecha de Publicación: 27/04/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Jujuy
Días pasados la minera canadiense Dajin Resource anunció la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. En uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.
Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
Al otorgarles las 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.
Los comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren minería en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, pactaron con la minera canadiense.
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Fecha de Publicación: 27/04/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Jujuy
Días pasados la minera canadiense Dajin Resource anunció la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. En uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.
Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
Al otorgarles las 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.
Los comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren minería en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, pactaron con la minera canadiense.
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Chaco prohíbe los desmontes en reservas indígenas
Sancionaron la Ley que prohíbe la tala de bosques nativos en reservas indígenas
Fecha de Publicación: 07/04/2016
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Chaco
La Ley prohíbe por 4 años la explotación forestal en las tierras reservadas a los pueblos qom, wichí y moqoit. “Detrás de la explotación hay intereses demasiado importantes de industriales madereros”, expresó Charole y bregó porque al gobernador “no le tiemble el pulso” a la hora de reglamentarla.
La Ley 7775 de autoría del diputado Orlando Charole y sancionada este miércoles por la Legislatura, propicia la protección, recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los pueblos indígenas qom, wichí y moqoit en la provincia del Chaco, prohibiendo en dichos lugares actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal en todas sus formas por el plazo perentorio de 4 años.
El diputado Charole reconoció que espera "que el gobernador (Domingo) Peppo tenga coraje, que no le tiemble el pulso y promulgue la ley, porque va a ser una muestra de la defensa que el expresó públicamente a favor de los pueblos originarios".
"Nosotros también fuimos bastante claros de que detrás de la explotación hay intereses demasiado importantes de algunos industriales madereros, sabemos que no son los indígenas los que promueven este tipo de explotación a gran escala que después destruye el ecosistema y la biodiversidad" enfatizó.
Los puntos salientes de la Ley
La Ley exceptúa de esta prohibición a los artesanos y productores indígenas que trabajen y procesen la madera dentro del territorio de la comunidad a la que pertenecen.
Asimismo, encomienda a la Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Producción conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un Inventario Forestal en estos territorios y reservas indígenas, dicho inventario deberá reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de esta ley, determinando así la efectividad de la disposición normativa y la evolución de la superficie de bosques en estos territorios. Una vez concluido dicho inventario deberá ser remitido a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.
Cabe aclarar, que en las causas por infracción al Régimen forestal, sanciones, valoración y pago de la multa, se aplicará el procedimiento especial que establece el Decreto provincial Nº 216/09 y de manera subsidiaria el procedimiento general previsto por, la Ley N° 1.140, Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia, todo ello sin perjuicio de las acciones penales o contravencionales que pudieran ser diligenciadas por las comunidades afectadas, para lo cual se dará intervención a otras instancias.
La comunidad indígena a través de sus organizaciones y entidades representativas prestará colaboración activa a los organismos oficiales tendientes a controlar y denunciar toda la extracción del recursos forestal ilegal en sus territorios.
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Fecha de Publicación: 07/04/2016
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Chaco
La Ley prohíbe por 4 años la explotación forestal en las tierras reservadas a los pueblos qom, wichí y moqoit. “Detrás de la explotación hay intereses demasiado importantes de industriales madereros”, expresó Charole y bregó porque al gobernador “no le tiemble el pulso” a la hora de reglamentarla.
La Ley 7775 de autoría del diputado Orlando Charole y sancionada este miércoles por la Legislatura, propicia la protección, recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los pueblos indígenas qom, wichí y moqoit en la provincia del Chaco, prohibiendo en dichos lugares actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal en todas sus formas por el plazo perentorio de 4 años.
El diputado Charole reconoció que espera "que el gobernador (Domingo) Peppo tenga coraje, que no le tiemble el pulso y promulgue la ley, porque va a ser una muestra de la defensa que el expresó públicamente a favor de los pueblos originarios".
"Nosotros también fuimos bastante claros de que detrás de la explotación hay intereses demasiado importantes de algunos industriales madereros, sabemos que no son los indígenas los que promueven este tipo de explotación a gran escala que después destruye el ecosistema y la biodiversidad" enfatizó.
Los puntos salientes de la Ley
La Ley exceptúa de esta prohibición a los artesanos y productores indígenas que trabajen y procesen la madera dentro del territorio de la comunidad a la que pertenecen.
Asimismo, encomienda a la Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Producción conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un Inventario Forestal en estos territorios y reservas indígenas, dicho inventario deberá reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de esta ley, determinando así la efectividad de la disposición normativa y la evolución de la superficie de bosques en estos territorios. Una vez concluido dicho inventario deberá ser remitido a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.
Cabe aclarar, que en las causas por infracción al Régimen forestal, sanciones, valoración y pago de la multa, se aplicará el procedimiento especial que establece el Decreto provincial Nº 216/09 y de manera subsidiaria el procedimiento general previsto por, la Ley N° 1.140, Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia, todo ello sin perjuicio de las acciones penales o contravencionales que pudieran ser diligenciadas por las comunidades afectadas, para lo cual se dará intervención a otras instancias.
La comunidad indígena a través de sus organizaciones y entidades representativas prestará colaboración activa a los organismos oficiales tendientes a controlar y denunciar toda la extracción del recursos forestal ilegal en sus territorios.
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Etiquetas:
Chaco,
Desmontes,
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legislación y derecho ambiental,
pueblos originarios
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Bloqueo a YPF en Neuquén por parte de Mapuches
Mapuches bloquearon yacimientos en Rincón de los Sauces
Fecha de Publicación: 19/02/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Al menos dos yacimientos cercanos a Rincón de los Sauces, fueron cortados por la comunidad "Newen Currá" denunciando que YPF y sus empresas contratistas entran y salen sin ningún tipo de respeto hacia ellos.
Se informó que durante el fin de semana los operarios de la empresa YPF, no lograron ingresar al área del macizo Auca Mahuida un otro bloqueo y ayer el yacimiento Chiguidos también fue cortado con un piquete en el ingreso a la zona.
Según los datos proporcionados por los petroleros que llegaron hasta el corte y dialogaron con los piqueteros, se trata de una comunidad mapuche de Rincón de los Sauces relativamente nueva, que quieren puestos de trabajo, capacitación y viviendas, entre otras exigencias.
El lonco del lof "Newen Currá", José Millahual, relató a Radio Universidad Calf que exigen "ser atendidos por YPF para tratar la problemática que tienen en su comunidad" el daño al medio ambiente, tanto a la flora y a la fauna como la misma gente que "no puede trabajar por las contaminaciones".
La empresa YPF recibió un comunicado de los manifestantes donde se detallan los pedidos y según se supo, la estatal estaba trabajando sobre el tema. Sin embargo, la demora en las respuestas disparó los cortes.
La comunidad quiere además que YPF los reconozca como comunidad de pueblos originarios y que ése reconocimiento esté acompañado con beneficios.
Si bien el piquete se mantuvo durante toda la jornada de ayer sin que el personal de la compañía ingrese, la actividad hidrocarburifera se mantuvo normal y sin mermas en la producción.
Ayer, personal de la empresa Astra, estaba en la unidad policial 35 radicando la denuncia correspondiente y esperaban una pronta determinación de la justicia para desalojar a los manifestantes e ingresar al yacimiento.
Por su parte Millahual manifestó que lo amenazaron con que "le iban a cortar la cabeza o a meterlo preso" por la protesta y aclaró que no pararon la actividad en ningún yacimiento.
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Fecha de Publicación: 19/02/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Al menos dos yacimientos cercanos a Rincón de los Sauces, fueron cortados por la comunidad "Newen Currá" denunciando que YPF y sus empresas contratistas entran y salen sin ningún tipo de respeto hacia ellos.
Se informó que durante el fin de semana los operarios de la empresa YPF, no lograron ingresar al área del macizo Auca Mahuida un otro bloqueo y ayer el yacimiento Chiguidos también fue cortado con un piquete en el ingreso a la zona.
Según los datos proporcionados por los petroleros que llegaron hasta el corte y dialogaron con los piqueteros, se trata de una comunidad mapuche de Rincón de los Sauces relativamente nueva, que quieren puestos de trabajo, capacitación y viviendas, entre otras exigencias.
El lonco del lof "Newen Currá", José Millahual, relató a Radio Universidad Calf que exigen "ser atendidos por YPF para tratar la problemática que tienen en su comunidad" el daño al medio ambiente, tanto a la flora y a la fauna como la misma gente que "no puede trabajar por las contaminaciones".
La empresa YPF recibió un comunicado de los manifestantes donde se detallan los pedidos y según se supo, la estatal estaba trabajando sobre el tema. Sin embargo, la demora en las respuestas disparó los cortes.
La comunidad quiere además que YPF los reconozca como comunidad de pueblos originarios y que ése reconocimiento esté acompañado con beneficios.
Si bien el piquete se mantuvo durante toda la jornada de ayer sin que el personal de la compañía ingrese, la actividad hidrocarburifera se mantuvo normal y sin mermas en la producción.
Ayer, personal de la empresa Astra, estaba en la unidad policial 35 radicando la denuncia correspondiente y esperaban una pronta determinación de la justicia para desalojar a los manifestantes e ingresar al yacimiento.
Por su parte Millahual manifestó que lo amenazaron con que "le iban a cortar la cabeza o a meterlo preso" por la protesta y aclaró que no pararon la actividad en ningún yacimiento.
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