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Originarios ahora son “amenazas para la seguridad social”
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Acusaciones con aroma empresario
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Diaguitas piden explicación sobre la 'Coherencia Minera'
La comunidad del pueblo Diaguita exige explicación del proyecto 'Coherencia Minera'
Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: Catamarca
A través de un escrito, la comunidad del pueblo Diaguita, de Andalgalá, exige explicación científica y constitucional del proyecto “Coherencia Minera”, autoría del senador por el departamento, Jorge Solá Jais (FPV), que además cuenta con media sanción.
Cabe recordar que dicha iniciativa propone quitar el porcentaje de regalías mineras a aquellos municipios que rechazan la actividad minera.
En ese contexto, la comunidad del pueblo Diaguita, integrada por 18 caciques, en asamblea manifestaron sentir la obligación de manifestarse públicamente frente a los hechos conocidos de supuesto “avasallamiento”, según dicen, de autoridades provinciales, en relación con las políticas mineras, en especial sobre Minas Capillitas y Cerro Atajo. “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”, aseguran.
En esa línea, sostienen: “Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”.
En el documento señalan también: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años.
Finalmente, la comunidad manifiesta: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, señalaron.
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Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: Catamarca
A través de un escrito, la comunidad del pueblo Diaguita, de Andalgalá, exige explicación científica y constitucional del proyecto “Coherencia Minera”, autoría del senador por el departamento, Jorge Solá Jais (FPV), que además cuenta con media sanción.
Cabe recordar que dicha iniciativa propone quitar el porcentaje de regalías mineras a aquellos municipios que rechazan la actividad minera.
En ese contexto, la comunidad del pueblo Diaguita, integrada por 18 caciques, en asamblea manifestaron sentir la obligación de manifestarse públicamente frente a los hechos conocidos de supuesto “avasallamiento”, según dicen, de autoridades provinciales, en relación con las políticas mineras, en especial sobre Minas Capillitas y Cerro Atajo. “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”, aseguran.
En esa línea, sostienen: “Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”.
En el documento señalan también: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años.
Finalmente, la comunidad manifiesta: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, señalaron.
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Mapuches reforestan en el PN Nahuel Huapi
Mapuches reforestan área natural talada para un circuito de motocross
Fecha de Publicación: 20/08/2016
Fuente: Periódico Brújula
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año.mapuches
En abril se corrió la cuarta fecha del Mundial de Motocross en territorio del Parque Nacional Nahuel Huapí, para hacer la pista tuvieron que desmontar varias hectáreas de bosque nativo, violando todas las leyes vigentes, la fecha se corrió igual. La comunidad Mapuche Kintupuray y un grupo de ambientalistas reforestarán este domingo el área desmontada. Le costará 200 años a la naturaleza volver a tener un bosque allí.
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año. Una comunidad mapuche el próximo domingo reforestará las tierras arrasadas por el comercio y la banalidad humanas.
Lucas Kintupuray, el Lonko (Jefe) de la Comunidad Mapuche Kintupuray comentó que “el circuito de motocross afectó 15 hectáreas y de ese total 12 pertenecen al ejido del municipio y tres hectáreas son de Parques Nacionales que son las que nosotros vamos a comenzar a reforestar”.
Dueños de un respeto ancestral por las tierras que les han permitido vivir desde tiempo inmemoriales, el Lonko informó a la prensa que antes de comenzar con las labores de reforestación, la acción “comenzará con una ceremonia mapuche antes para después forestar unos 60 plantines de ñire, coihues y otras especies nativas”.
En abril de este año la cuarta fecha del Mundial de Motocross se corrió dentro de áreas protegidas por leyes nacionales. En aquel momento los mapuches ya habían denunciado la tala de árboles en lugares protegidos. Pero la corrupción, pudo más y la fecha se corrió a pesar de tener que talar cientos árboles y arbustos nativos.
“Queremos informar que en esa oportunidad se han infringido varias normas de la Administración de Parques Nacionales (APN), sobre todo porque este tipo de competencias está expresamente prohibido por la APN en su Reglamento para la realización de Eventos Especiales en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, comenta Lucas.
El referente mapuche explicó que “en la construcción de la pista, también se ha infringido la Ley de Bosques y el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo del Neuquén (OTBN). Es una manera de empezar esta reforestación que se hará en la línea divisoria de la pista de motocross en el límite entre el municipio de Villa la Angostura y Parques Nacionales”.
Asimismo Greenpeace en su informe anual que da cuenta del desmonte que se produce en nuestro país, incluye un apartado en el que se refiere al episodio de Villa la Angostura. “El 3 de febrero la Dirección de Bosques detectó un desmonte de bosque nativo por topado y movimiento de suelo de 12 hectáreas (clasificadas en la Categoría II – amarillo); el cual había invadido la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi llegando la máquina a topar la vegetación riparia de la Laguna de Los Choros. El desmonte advertido constituiría una violación de carácter grave a la ley”.
“Un mes después la Administración de Parques Nacionales informó al Municipio que el apeo de vegetación nativa y la remoción de suelo afectaron una superficie de 3 hectáreas dentro del área protegida (Categoría I – rojo); estimó en $ 203.730 el daño ecológico ocasionado y recomendó su urgente restauración ante la inminente realización del Mundial de Motocross. Sin embargo, el área no fue reforestada y se realizó la carrera. Posteriormente, Parques Nacionales estimó en 200 años el plazo en cual podrá producirse la recuperación del suelo y la instalación de un bosque de ñire maduro a partir de semillas”, explica el informe de Greenpeace.
Aún hoy muchos acusan a los mapuches de ser una etnia chilena, pero acaso este hecho refleje más que ninguno cómo una comunidad originaria pretende vivir la vida, los nativos argentinos fueron los que permitieron el desmonte en un comercio ilegal, y son los mapuches quienes van a curar las heridas de un bosque que fue vulnerado y escenario de la codicia de empresarios y dirigentes argentinos.
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Fecha de Publicación: 20/08/2016
Fuente: Periódico Brújula
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año.mapuches
En abril se corrió la cuarta fecha del Mundial de Motocross en territorio del Parque Nacional Nahuel Huapí, para hacer la pista tuvieron que desmontar varias hectáreas de bosque nativo, violando todas las leyes vigentes, la fecha se corrió igual. La comunidad Mapuche Kintupuray y un grupo de ambientalistas reforestarán este domingo el área desmontada. Le costará 200 años a la naturaleza volver a tener un bosque allí.
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año. Una comunidad mapuche el próximo domingo reforestará las tierras arrasadas por el comercio y la banalidad humanas.
Lucas Kintupuray, el Lonko (Jefe) de la Comunidad Mapuche Kintupuray comentó que “el circuito de motocross afectó 15 hectáreas y de ese total 12 pertenecen al ejido del municipio y tres hectáreas son de Parques Nacionales que son las que nosotros vamos a comenzar a reforestar”.
Dueños de un respeto ancestral por las tierras que les han permitido vivir desde tiempo inmemoriales, el Lonko informó a la prensa que antes de comenzar con las labores de reforestación, la acción “comenzará con una ceremonia mapuche antes para después forestar unos 60 plantines de ñire, coihues y otras especies nativas”.
En abril de este año la cuarta fecha del Mundial de Motocross se corrió dentro de áreas protegidas por leyes nacionales. En aquel momento los mapuches ya habían denunciado la tala de árboles en lugares protegidos. Pero la corrupción, pudo más y la fecha se corrió a pesar de tener que talar cientos árboles y arbustos nativos.
“Queremos informar que en esa oportunidad se han infringido varias normas de la Administración de Parques Nacionales (APN), sobre todo porque este tipo de competencias está expresamente prohibido por la APN en su Reglamento para la realización de Eventos Especiales en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, comenta Lucas.
El referente mapuche explicó que “en la construcción de la pista, también se ha infringido la Ley de Bosques y el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo del Neuquén (OTBN). Es una manera de empezar esta reforestación que se hará en la línea divisoria de la pista de motocross en el límite entre el municipio de Villa la Angostura y Parques Nacionales”.
Asimismo Greenpeace en su informe anual que da cuenta del desmonte que se produce en nuestro país, incluye un apartado en el que se refiere al episodio de Villa la Angostura. “El 3 de febrero la Dirección de Bosques detectó un desmonte de bosque nativo por topado y movimiento de suelo de 12 hectáreas (clasificadas en la Categoría II – amarillo); el cual había invadido la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi llegando la máquina a topar la vegetación riparia de la Laguna de Los Choros. El desmonte advertido constituiría una violación de carácter grave a la ley”.
“Un mes después la Administración de Parques Nacionales informó al Municipio que el apeo de vegetación nativa y la remoción de suelo afectaron una superficie de 3 hectáreas dentro del área protegida (Categoría I – rojo); estimó en $ 203.730 el daño ecológico ocasionado y recomendó su urgente restauración ante la inminente realización del Mundial de Motocross. Sin embargo, el área no fue reforestada y se realizó la carrera. Posteriormente, Parques Nacionales estimó en 200 años el plazo en cual podrá producirse la recuperación del suelo y la instalación de un bosque de ñire maduro a partir de semillas”, explica el informe de Greenpeace.
Aún hoy muchos acusan a los mapuches de ser una etnia chilena, pero acaso este hecho refleje más que ninguno cómo una comunidad originaria pretende vivir la vida, los nativos argentinos fueron los que permitieron el desmonte en un comercio ilegal, y son los mapuches quienes van a curar las heridas de un bosque que fue vulnerado y escenario de la codicia de empresarios y dirigentes argentinos.
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Reservas Naturales - Parques,
Río Negro
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Originarios piden que se prohíba la caza de vicuñas
Laguna Blanca: comunidades originarias exigen que se prohíba la caza de vicuñas
Fecha de Publicación: 13/08/2016
Fuente: La Unión Digital
Provincia/Región: Catamarca
La secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de su dirección provincial de Bosques Nativos, realizó una intensa actividad comunitaria en el ámbito de la Reserva de Biósfera Laguna Blanca en esta última semana. Entre las actividades realizadas, se culminó con la asistencia a la principal celebración cultural de la localidad de Laguna Blanca, que es la Corpachada de la Pachamama, que se realiza todos los 1 de agosto de cada año. En esta oportunidad, esta celebración tuvo una gran emotividad, por tener un protagonismo central todas las comunidades originarias del ámbito de la Reserva Provincial de Biósfera Laguna Blanca, participando los integrantes de la dirección provincial de Bosques Nativos - Departamento de Areas Naturales Protegidas, que viajaron expresamente para acompañar a los pueblos de Laguna Blanca, junto también con los guardaparques destacados en la zona.
En esta oportunidad, asistieron numerosos turistas para presenciar este evento, convirtiéndose el turismo, poco a poco, en una actividad de potencial desarrollo, pero controlado, para que no se deteriore el ambiente.
Reuniones
Como segunda actividad que resultó muy importante, se realizaron reuniones en tres comunidades originarias del sector este de la Reserva de Laguna Blanca, tales como Las Angosturas, Carachi y Aguas Calientes, con el fin de dialogar sobre dos temas trascendentes, como el control de la caza furtiva de vicuñas y el Plan de Manejo de la Reserva de Laguna Blanca, con miras a la adecuación de la misma al marco de la ley provincial N° 5.070, de áreas naturales protegidas.
En estas reuniones se intercambiaron interesantes opiniones entre los técnicos y los pobladores, acordando la necesidad de eliminar la caza de vicuñas, con miras a lograr un repoblamiento natural de la especie, y así tener sitios aptos para desarrollar capturas y esquilas comunitarias de estos animales.
Por otro lado, en las tres reuniones se dio el aval al Plan de Manejo propuesto para la Reserva de Laguna Blanca, con aportes importantes de los pobladores, para mejorar el desarrollo sustentable de estas comunidades y la conservación de los recursos naturales, y la cultura de las comunidades puneñas.
Por último, se realizaron exhaustivos relevamientos de campo para evaluar poblaciones de vicuñas y posibles nuevos sitios de captura, con las comunidades de Las Angosturas, y de Laguna Blanca.
La secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable continuará desarrollando estas actividades de conservación, desarrollo sustentable, e intercambio de experiencias e información con las comunidades que viven en la Reserva de Laguna Blanca, con miras a mejorar sus condiciones de vida, pero manteniendo su cultura y tradiciones.
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Fecha de Publicación: 13/08/2016
Fuente: La Unión Digital
Provincia/Región: Catamarca
La secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de su dirección provincial de Bosques Nativos, realizó una intensa actividad comunitaria en el ámbito de la Reserva de Biósfera Laguna Blanca en esta última semana. Entre las actividades realizadas, se culminó con la asistencia a la principal celebración cultural de la localidad de Laguna Blanca, que es la Corpachada de la Pachamama, que se realiza todos los 1 de agosto de cada año. En esta oportunidad, esta celebración tuvo una gran emotividad, por tener un protagonismo central todas las comunidades originarias del ámbito de la Reserva Provincial de Biósfera Laguna Blanca, participando los integrantes de la dirección provincial de Bosques Nativos - Departamento de Areas Naturales Protegidas, que viajaron expresamente para acompañar a los pueblos de Laguna Blanca, junto también con los guardaparques destacados en la zona.
En esta oportunidad, asistieron numerosos turistas para presenciar este evento, convirtiéndose el turismo, poco a poco, en una actividad de potencial desarrollo, pero controlado, para que no se deteriore el ambiente.
Reuniones
Como segunda actividad que resultó muy importante, se realizaron reuniones en tres comunidades originarias del sector este de la Reserva de Laguna Blanca, tales como Las Angosturas, Carachi y Aguas Calientes, con el fin de dialogar sobre dos temas trascendentes, como el control de la caza furtiva de vicuñas y el Plan de Manejo de la Reserva de Laguna Blanca, con miras a la adecuación de la misma al marco de la ley provincial N° 5.070, de áreas naturales protegidas.
En estas reuniones se intercambiaron interesantes opiniones entre los técnicos y los pobladores, acordando la necesidad de eliminar la caza de vicuñas, con miras a lograr un repoblamiento natural de la especie, y así tener sitios aptos para desarrollar capturas y esquilas comunitarias de estos animales.
Por otro lado, en las tres reuniones se dio el aval al Plan de Manejo propuesto para la Reserva de Laguna Blanca, con aportes importantes de los pobladores, para mejorar el desarrollo sustentable de estas comunidades y la conservación de los recursos naturales, y la cultura de las comunidades puneñas.
Por último, se realizaron exhaustivos relevamientos de campo para evaluar poblaciones de vicuñas y posibles nuevos sitios de captura, con las comunidades de Las Angosturas, y de Laguna Blanca.
La secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable continuará desarrollando estas actividades de conservación, desarrollo sustentable, e intercambio de experiencias e información con las comunidades que viven en la Reserva de Laguna Blanca, con miras a mejorar sus condiciones de vida, pero manteniendo su cultura y tradiciones.
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Misiones: asamblea Aty Ñeychyrõ ante deforestación
Misiones: se realizó la primera Consulta por deforestación en territorio indígena
Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones
En el marco de la gran asamblea Aty Ñeychyrõ, reunido desde el 25-29 de Julio de 2016 en Tekoa Ka´a Kupe, Territorio Guaraní, se llevó a cabo el primer tramo de la Consulta Pueblo Mbya, con la presencia del Dr. Juan Manuel Díaz Subsecretario del Ministerio de Ecología y RNR , la Directora de Bosques María Elena Benítez y funcionarios del mismo; de acuerdo a lo establecido por la Ley de Bosques, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. Esta es la primera Consulta que se hace en la Provincia de Misiones referida a dos casos de deforestación en territorio indígena.
En el primer caso, se trata del Aprovechamiento Forestal de 659 has. por parte de la empresa de Juan Pablo Tschirsch – ex Vice Gobernador de la Provincia – del monte ubicado dentro del territorio ancestral de la Comunidad ¨Arroyo 9¨ en Municipio de San Vicente. Ante la falta de información clara y precisa por parte de la Empresa que permitiese un análisis serio, el Mburuvicha Casimiro Fernández expresó que no se cumplían los parámetros establecidos por legislación para una Consulta: Previa, Libre e Informada , por lo que se continuará en la próxima reunión del Aty Ñeychyrõ en el mes de agosto.
En el segundo caso, la Empresa CARBA SACIA que afecta a la Comunidad Ka´a Poty , la que reclamó que se estaba haciendo una explotación con la supuesta autorización del fallecido Mburuvicha Eustaquio Cáceres que estaba muy enfermo y que para la fecha de la firma de la autorización había perdido la visión, ésta se había concretado el 25 de marzo de 2014, falleciendo en el 2015. Ante este reclamo, la Empresa decidió suspender la explotación hasta que se aclare la situación. Acordaron mutuamente continuar dialogando sobre los intereses de la Comunidad y llegar a un posible reconocimiento por parte de la empresa de reconocer y respetar la demarcación realizada por la aplicación de la Ley 26160, donde quedó establecido la totalidad del territorio de Ka´a Poty.
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Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones
En el marco de la gran asamblea Aty Ñeychyrõ, reunido desde el 25-29 de Julio de 2016 en Tekoa Ka´a Kupe, Territorio Guaraní, se llevó a cabo el primer tramo de la Consulta Pueblo Mbya, con la presencia del Dr. Juan Manuel Díaz Subsecretario del Ministerio de Ecología y RNR , la Directora de Bosques María Elena Benítez y funcionarios del mismo; de acuerdo a lo establecido por la Ley de Bosques, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. Esta es la primera Consulta que se hace en la Provincia de Misiones referida a dos casos de deforestación en territorio indígena.
En el primer caso, se trata del Aprovechamiento Forestal de 659 has. por parte de la empresa de Juan Pablo Tschirsch – ex Vice Gobernador de la Provincia – del monte ubicado dentro del territorio ancestral de la Comunidad ¨Arroyo 9¨ en Municipio de San Vicente. Ante la falta de información clara y precisa por parte de la Empresa que permitiese un análisis serio, el Mburuvicha Casimiro Fernández expresó que no se cumplían los parámetros establecidos por legislación para una Consulta: Previa, Libre e Informada , por lo que se continuará en la próxima reunión del Aty Ñeychyrõ en el mes de agosto.
En el segundo caso, la Empresa CARBA SACIA que afecta a la Comunidad Ka´a Poty , la que reclamó que se estaba haciendo una explotación con la supuesta autorización del fallecido Mburuvicha Eustaquio Cáceres que estaba muy enfermo y que para la fecha de la firma de la autorización había perdido la visión, ésta se había concretado el 25 de marzo de 2014, falleciendo en el 2015. Ante este reclamo, la Empresa decidió suspender la explotación hasta que se aclare la situación. Acordaron mutuamente continuar dialogando sobre los intereses de la Comunidad y llegar a un posible reconocimiento por parte de la empresa de reconocer y respetar la demarcación realizada por la aplicación de la Ley 26160, donde quedó establecido la totalidad del territorio de Ka´a Poty.
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Denuncian a Gerardo Martino por desmontes en Salta
Greenpeace radicó una denuncia por desmontes contra Gerardo Martino
Fecha de Publicación: 17/07/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
En estos días, Gerardo Martino vive algo así como una pesadilla. Luego de haber perdido la final de la Copa América Centenario con Chile, el ex DT de la selección paraguaya decidió dar un paso al costado y no continuar como coach del combinado argentino.
Por si fuera poco, ahora sumó un nuevo "Frente de batalla”: Greenpeace hizo una denuncia en perjuicio de su persona, por desmontes que se venían llevando a cabo en Salta. La organización ambientalista pidió que desista de desmontar 2.500 hectáreas de campo. El preámbulo del conflicto fue en 2010.
De acuerdo al comunicado, el entrenador requirió una autorización para el desarrollo agropecuario en la finca Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia. Por ahora, el Gobierno no se expidió y el permiso está en veremos.
"Si bien ya hemos reclamado formalmente al Gobierno de Salta, hacemos un llamado público a Gerardo Martino y sus socios a que desistan de la solicitud de desmonte, ya que afectará a varias familias campesinas y la rica biodiversidad existente”, manifestó Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques de Greenpeace.
Jorge Walter Theiler, Favio Lucas Cicutti y Shirley Elizabeth Theiler son los asociados de Martino en una iniciativa que fue rechazada en una audiencia pública celebrada en mayo por parte de las familias que viven en la zona hace varias décadas. También se opuso la Fundación Refugio.
Por último advierte que "el desmonte vulneraría en forma flagrante las leyes vigentes y las demandas de la sociedad”. El artículo 19 de la Ley de Bosques Nacionales (26.331) indica que "todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de los bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
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Fecha de Publicación: 17/07/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
En estos días, Gerardo Martino vive algo así como una pesadilla. Luego de haber perdido la final de la Copa América Centenario con Chile, el ex DT de la selección paraguaya decidió dar un paso al costado y no continuar como coach del combinado argentino.
Por si fuera poco, ahora sumó un nuevo "Frente de batalla”: Greenpeace hizo una denuncia en perjuicio de su persona, por desmontes que se venían llevando a cabo en Salta. La organización ambientalista pidió que desista de desmontar 2.500 hectáreas de campo. El preámbulo del conflicto fue en 2010.
De acuerdo al comunicado, el entrenador requirió una autorización para el desarrollo agropecuario en la finca Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia. Por ahora, el Gobierno no se expidió y el permiso está en veremos.
"Si bien ya hemos reclamado formalmente al Gobierno de Salta, hacemos un llamado público a Gerardo Martino y sus socios a que desistan de la solicitud de desmonte, ya que afectará a varias familias campesinas y la rica biodiversidad existente”, manifestó Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques de Greenpeace.
Jorge Walter Theiler, Favio Lucas Cicutti y Shirley Elizabeth Theiler son los asociados de Martino en una iniciativa que fue rechazada en una audiencia pública celebrada en mayo por parte de las familias que viven en la zona hace varias décadas. También se opuso la Fundación Refugio.
Por último advierte que "el desmonte vulneraría en forma flagrante las leyes vigentes y las demandas de la sociedad”. El artículo 19 de la Ley de Bosques Nacionales (26.331) indica que "todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de los bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
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Salta: Urtubey avala el avance sobre los bosques
Greenpeace denuncia a Urtubey violencia a campesinos e indígenas en Salta
Fecha de Publicación: 30/06/2016
Fuente: iruya.com
Provincia/Región: Salta
La organización ambientalista Greenpeace Argentina se ha dirigido por escrito del Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para denunciar lo que esta entidad califica como «aumento de violencia hacia las familias campesinas e indígenas de Morillo, por parte de empresarios agropecuarios».
Según una comunicación de Greenpeace, la carta dirigida a Urtubey responsabiliza del aumento de la violencia a empresarios agropecuarios. Pero la comunicación de prensa posterior habla de la intervención de setenta agentes de infantería de la Policía de Salta en la destrucción de alambrados, potreros, corrales y viviendas, lo que extiende la responsabilidad de la violencia al gobierno provincial de Salta.
En la misma comunicación de prensa, posterior a la carta dirigida al Gobernador, la organización ambientalista dice haber alertado en mayo de 2014 «sobre la responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de la ley de bosques en Salta».
Entre las violaciones denunciadas recuerdan que los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el gobierno de Salta, para autorizar desmontes en zonas protegidas por la ley de bosques, alcanzan, como mínimo, 126.177, una superficie «equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires».
También argumentan que los bosques nativos que originalmente fueron clasificados en las categorías I – rojo y II – amarillo deben continuar en pie. Y aventuran que el desmonte de estos bosques tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas.
Privación ilegítima de la libertad
Señala Greenpeace que la carta fue enviada al gobierno provincial tras los hechos que se produjeron en el curso de la última semana, cuando -según los datos de que disponen- entre topadoras y 70 policías de Infantería, destruyeron alambrados, potreros, corrales y hasta una vivienda. Dicen también, citando como fuente a «diarios de la zona», que los damnificados perdieron animales de cría y fueron privados ilegítimamente de su libertad durante 12 horas.
La comunicación de Greenpeace no dice en ningún momento que los damnificados hayan formulado denuncia formal por estos hechos.
Masiva recalificación de suelos
Greenpeace recuerda también que el artículo 19 de la Ley Nacional de Bosques establece que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Por último, la carta destaca que en abril de 2016, un informe del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos informó que, hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144.984 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81.282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo.
Advierte Greenpeace que varios de esos permisos de desmonte otorgados por el gobierno provincial se están ejecutando y muchos de ellos están afectando seriamente a comunidades campesinas e indígenas.
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Fecha de Publicación: 30/06/2016
Fuente: iruya.com
Provincia/Región: Salta
La organización ambientalista Greenpeace Argentina se ha dirigido por escrito del Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para denunciar lo que esta entidad califica como «aumento de violencia hacia las familias campesinas e indígenas de Morillo, por parte de empresarios agropecuarios».
Según una comunicación de Greenpeace, la carta dirigida a Urtubey responsabiliza del aumento de la violencia a empresarios agropecuarios. Pero la comunicación de prensa posterior habla de la intervención de setenta agentes de infantería de la Policía de Salta en la destrucción de alambrados, potreros, corrales y viviendas, lo que extiende la responsabilidad de la violencia al gobierno provincial de Salta.
En la misma comunicación de prensa, posterior a la carta dirigida al Gobernador, la organización ambientalista dice haber alertado en mayo de 2014 «sobre la responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de la ley de bosques en Salta».
Entre las violaciones denunciadas recuerdan que los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el gobierno de Salta, para autorizar desmontes en zonas protegidas por la ley de bosques, alcanzan, como mínimo, 126.177, una superficie «equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires».
También argumentan que los bosques nativos que originalmente fueron clasificados en las categorías I – rojo y II – amarillo deben continuar en pie. Y aventuran que el desmonte de estos bosques tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas.
Privación ilegítima de la libertad
Señala Greenpeace que la carta fue enviada al gobierno provincial tras los hechos que se produjeron en el curso de la última semana, cuando -según los datos de que disponen- entre topadoras y 70 policías de Infantería, destruyeron alambrados, potreros, corrales y hasta una vivienda. Dicen también, citando como fuente a «diarios de la zona», que los damnificados perdieron animales de cría y fueron privados ilegítimamente de su libertad durante 12 horas.
La comunicación de Greenpeace no dice en ningún momento que los damnificados hayan formulado denuncia formal por estos hechos.
Masiva recalificación de suelos
Greenpeace recuerda también que el artículo 19 de la Ley Nacional de Bosques establece que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Por último, la carta destaca que en abril de 2016, un informe del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos informó que, hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144.984 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81.282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo.
Advierte Greenpeace que varios de esos permisos de desmonte otorgados por el gobierno provincial se están ejecutando y muchos de ellos están afectando seriamente a comunidades campesinas e indígenas.
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Neuquén: reclamo administrativo por proyecto minero
Mapuches contra obra minera
Fecha de Publicación: 15/06/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Neuquén
Las Comunidades mapuches Rams y Cayupán del Departamento Catan Líl, de Neuquén, presentaron ayer al Poder Ejecutivo neuquino un reclamo administrativo para que se cancele un proyecto minero para la explotación de cobre y otros minerales en esa región.
En conferencia de prensa, el jefe de la Comunidad Cayupán, Iván Salazar y Liliana Rams, junto al abogado Ramón Zuñiga, explicaron que se oponen al proyecto minero porque "pretenden hacer esta explotación en territorio indígena y nos vemos perjudicado por la contaminación del agua, del medio ambiente", dijo Salazar.
"Nunca fuimos consultados ni por la empresa Southern Cooper (de origen peruano y capitales mexicanos), para hacer este proyecto, ni por el gobierno y por eso han vulnerado nuestros derechos", agregó.
En tanto, Liliana Rams dijo que su comunidad está ubicada a 10 kilómetros de donde se quiere llevar adelante el proyecto.
El abogado Zuñiga precisó, a su vez, que "las comunidades nunca fueron consultadas en este proyecto y por eso hay una clara violación a la normativa indígena vigente", lo que está expresado en "la normativa internacional y nacional por el Convenio 169 de la OIT de la consulta previa a las comunidades", destacó.
"Lo único que están reclamando es la aplicación de sus derechos y solicitar de manera pacífica al gobierno de Neuquén que se los respete como Pueblos Indígenas", afirmó.
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Fecha de Publicación: 15/06/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Neuquén
Las Comunidades mapuches Rams y Cayupán del Departamento Catan Líl, de Neuquén, presentaron ayer al Poder Ejecutivo neuquino un reclamo administrativo para que se cancele un proyecto minero para la explotación de cobre y otros minerales en esa región.
En conferencia de prensa, el jefe de la Comunidad Cayupán, Iván Salazar y Liliana Rams, junto al abogado Ramón Zuñiga, explicaron que se oponen al proyecto minero porque "pretenden hacer esta explotación en territorio indígena y nos vemos perjudicado por la contaminación del agua, del medio ambiente", dijo Salazar.
"Nunca fuimos consultados ni por la empresa Southern Cooper (de origen peruano y capitales mexicanos), para hacer este proyecto, ni por el gobierno y por eso han vulnerado nuestros derechos", agregó.
En tanto, Liliana Rams dijo que su comunidad está ubicada a 10 kilómetros de donde se quiere llevar adelante el proyecto.
El abogado Zuñiga precisó, a su vez, que "las comunidades nunca fueron consultadas en este proyecto y por eso hay una clara violación a la normativa indígena vigente", lo que está expresado en "la normativa internacional y nacional por el Convenio 169 de la OIT de la consulta previa a las comunidades", destacó.
"Lo único que están reclamando es la aplicación de sus derechos y solicitar de manera pacífica al gobierno de Neuquén que se los respete como Pueblos Indígenas", afirmó.
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“Tata” Martino y el poder político desmonta en Salta
#TierrasDelTata: Los desmontes condenan a la extinción a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 05/06/2016
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Lucas Seghezzo, investigador Adjunto del CONICET, explicó que eliminar el hábitat que permite a estas comunidades subsistir prácticamente es condenarlas a la extinción. “Es una situación cercana al genocidio”, expresó.
Tras la polémica generada en torno al pedido de desmonte solicitado por el DT de la Selección Argentina, Gerardo “Tata” Martino, en la finca El Totoral, ubicada en Rivadavia, se puso en discusión el efecto que podría causar en los pueblos originarios.
Al respecto, Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente, aseguró que entre 2008 y 2014, se desmontaron más de 450 mil hectáreas en la provincia, situación que afectó a las comunidades que se nutren de frutos y fibras para hacer redes, bolsos, leña, carbón y demás. “El efecto va a ser probablemente la migración a zonas urbanas”, expresó.
Por su parte, Lucas Seghezzo, investigador del CONICET, subió la apuesta y aseguró que al eliminar el hábitat que permite a estas comunidades subsistir prácticamente se la está condenado a la extinción. “Llegamos a una situación que puede estar cercana al genocidio”, expresó.
Con respecto a la multa, Irene Soler, detalló que están evaluando endurecer las multas para que no convenga económicamente a los propietarios de tierras pagar la multa y hacer el desmonte ilegal sino someterse al proceso de control.
En tanto, Seghezzo, aseguró que el problema es que la multa siempre es después del delito y en el caso del desmonte, una vez que se perdió el monte, es muy difícil reconstruir el ecosistema con las condiciones originales en un tiempo razonable. “Yo creo que hay que atacar por varios frentes”, dijo.
Entra otras consecuencias, agregó que a nivel local se pierde biodiversidad, el efecto protector de los bosques contra las inundaciones, la regulación de las emisiones de gases de efectos invernaderos, el refugio para la fauna silvestre y se afecta la dinámica del agua.
Por último, detalló que a nivel global el principal inconveniente es la cuestión del cambio climático, ya que se pierde la capacidad que tienen los bosques de regular los gases atmosféricos. “Hay consecuencias muy diversas y muy negativas”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 05/06/2016
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Lucas Seghezzo, investigador Adjunto del CONICET, explicó que eliminar el hábitat que permite a estas comunidades subsistir prácticamente es condenarlas a la extinción. “Es una situación cercana al genocidio”, expresó.
Tras la polémica generada en torno al pedido de desmonte solicitado por el DT de la Selección Argentina, Gerardo “Tata” Martino, en la finca El Totoral, ubicada en Rivadavia, se puso en discusión el efecto que podría causar en los pueblos originarios.
Al respecto, Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente, aseguró que entre 2008 y 2014, se desmontaron más de 450 mil hectáreas en la provincia, situación que afectó a las comunidades que se nutren de frutos y fibras para hacer redes, bolsos, leña, carbón y demás. “El efecto va a ser probablemente la migración a zonas urbanas”, expresó.
Por su parte, Lucas Seghezzo, investigador del CONICET, subió la apuesta y aseguró que al eliminar el hábitat que permite a estas comunidades subsistir prácticamente se la está condenado a la extinción. “Llegamos a una situación que puede estar cercana al genocidio”, expresó.
Con respecto a la multa, Irene Soler, detalló que están evaluando endurecer las multas para que no convenga económicamente a los propietarios de tierras pagar la multa y hacer el desmonte ilegal sino someterse al proceso de control.
En tanto, Seghezzo, aseguró que el problema es que la multa siempre es después del delito y en el caso del desmonte, una vez que se perdió el monte, es muy difícil reconstruir el ecosistema con las condiciones originales en un tiempo razonable. “Yo creo que hay que atacar por varios frentes”, dijo.
Entra otras consecuencias, agregó que a nivel local se pierde biodiversidad, el efecto protector de los bosques contra las inundaciones, la regulación de las emisiones de gases de efectos invernaderos, el refugio para la fauna silvestre y se afecta la dinámica del agua.
Por último, detalló que a nivel global el principal inconveniente es la cuestión del cambio climático, ya que se pierde la capacidad que tienen los bosques de regular los gases atmosféricos. “Hay consecuencias muy diversas y muy negativas”, finalizó.
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Ley prohibía desmontar en territorio indígena, la vetaron
Vetaron la ley que prohibió la explotación forestal en tierras de reservas indígenas
Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Funcionarios del gobierno del Chaco se reunieron con diputados de la comisión de Pueblos Indígenas donde explicaron los motivos del veto total del gobernador Domingo Peppo a la ley que prohibió por cuatro años la explotación forestal en tierras de reservas indígenas
En la sala 2 “Claudio Ramiro Mendoza” del Anexo Legislativo sesionó la comisión de Pueblos Indígenas del Poder Legislativo, con quórum de las diputadas Claudia González (pta), Mirta Tichy y Ana María Canata oportunidad en que recibieron al Subsecretario de Recursos Naturales Dr. Luciano Olivares, y al Director de Bosques Cdor. Emanuel Carrocino, respectivamente, quienes concurrieron para manifestar su postura acerca de la sanción de la ley 7775 autoría del diputado Orlando Charole que prohíbe en tierras reservadas a los pueblos indígenas la explotación forestal por 4 años y que fuera vetada por el Poder Ejecutivo.
Los funcionarios concurrieron para ampliar las explicaciones que habían elevado oportunamente a través de una nota dirigida a la presidencia de la Comisión donde explicaban los fundamentos del porqué no estaban de acuerdo con la sanción de la norma en cuestión, y daban respuestas a las explicaciones oportunamente solicitadas acerca de su postura por la ley, y en ese entonces - su posible veto – hoy materializado a través del expediente N° 137/16.
Entre la información aportada se detallaba la cantidad de permisos autorizados por predio de propiedad de comunidades aborígenes, fecha de vigencia, hectáreas autorizadas, ubicación del predio y responsable técnico del plan, cupo de stock de bosques nativos autorizados por comunidad, cantidad de productos forestales extraídos por predios, clasificados por año, además de aportar imagen satelital de los predios.
Los funcionarios explicaron, además, el procedimiento para otorgar los permisos, en tanto que agregaron que se realizan controles antes, durante y después de realizada la tala, como también detallaron que al momento de otorgar un permiso se limita el lugar donde se va a realizar la actividad y se dibuja y delimita la zona, todo lo que es sometido al contralor del organismo.
En particular, desde la comisión, al tratar el expediente 137/16 de veto total a la mencionada ley 7775, las legisladoras presentes adelantaron su “aceptación”, no obstante, continuará en tratamiento esta problemática pero de una “manera más inclusiva” manifestaron, “dando participación tanto a las comunidades como al Ejecutivo provincial, tal y como se lo manifestaron a los funcionarios” precisaron.
Finalizado el encuentro con los funcionarios, la presidente de Pueblos Indígenas Claudia González, se refirió a las visitas y expresó que “vinieron a presentar el veto que presentó el señor gobernador, sobre la ley impulsada por el diputado Orlando Charole y se acercaron a explicar el por qué del veto y también poder continuar conversando sobre esta situación” precisó.
Manifestó además que “tuvimos consenso para continuar dialogando sobre los recursos naturales que benefician a las comunidades originarias, y que podamos hacer una mesa de diálogo, y que todos seamos participes en este proceso que está pasando en nuestras comunidades originarias” aseveró y de esta manera “entablar la conversación con el Poder Ejecutivo y la propias comunidades y todas las instituciones que competen” detalló la presidenta de la comisión.
Para finalizar consideró que sobre la cuestión “vamos a seguir conversando para buscar la manera de crear esta mesa de diálogo y acompañar para que esto sea factible a nuestras comunidades originarias” concluyó la diputada Claudia González.
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Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Funcionarios del gobierno del Chaco se reunieron con diputados de la comisión de Pueblos Indígenas donde explicaron los motivos del veto total del gobernador Domingo Peppo a la ley que prohibió por cuatro años la explotación forestal en tierras de reservas indígenas
En la sala 2 “Claudio Ramiro Mendoza” del Anexo Legislativo sesionó la comisión de Pueblos Indígenas del Poder Legislativo, con quórum de las diputadas Claudia González (pta), Mirta Tichy y Ana María Canata oportunidad en que recibieron al Subsecretario de Recursos Naturales Dr. Luciano Olivares, y al Director de Bosques Cdor. Emanuel Carrocino, respectivamente, quienes concurrieron para manifestar su postura acerca de la sanción de la ley 7775 autoría del diputado Orlando Charole que prohíbe en tierras reservadas a los pueblos indígenas la explotación forestal por 4 años y que fuera vetada por el Poder Ejecutivo.
Los funcionarios concurrieron para ampliar las explicaciones que habían elevado oportunamente a través de una nota dirigida a la presidencia de la Comisión donde explicaban los fundamentos del porqué no estaban de acuerdo con la sanción de la norma en cuestión, y daban respuestas a las explicaciones oportunamente solicitadas acerca de su postura por la ley, y en ese entonces - su posible veto – hoy materializado a través del expediente N° 137/16.
Entre la información aportada se detallaba la cantidad de permisos autorizados por predio de propiedad de comunidades aborígenes, fecha de vigencia, hectáreas autorizadas, ubicación del predio y responsable técnico del plan, cupo de stock de bosques nativos autorizados por comunidad, cantidad de productos forestales extraídos por predios, clasificados por año, además de aportar imagen satelital de los predios.
Los funcionarios explicaron, además, el procedimiento para otorgar los permisos, en tanto que agregaron que se realizan controles antes, durante y después de realizada la tala, como también detallaron que al momento de otorgar un permiso se limita el lugar donde se va a realizar la actividad y se dibuja y delimita la zona, todo lo que es sometido al contralor del organismo.
En particular, desde la comisión, al tratar el expediente 137/16 de veto total a la mencionada ley 7775, las legisladoras presentes adelantaron su “aceptación”, no obstante, continuará en tratamiento esta problemática pero de una “manera más inclusiva” manifestaron, “dando participación tanto a las comunidades como al Ejecutivo provincial, tal y como se lo manifestaron a los funcionarios” precisaron.
Finalizado el encuentro con los funcionarios, la presidente de Pueblos Indígenas Claudia González, se refirió a las visitas y expresó que “vinieron a presentar el veto que presentó el señor gobernador, sobre la ley impulsada por el diputado Orlando Charole y se acercaron a explicar el por qué del veto y también poder continuar conversando sobre esta situación” precisó.
Manifestó además que “tuvimos consenso para continuar dialogando sobre los recursos naturales que benefician a las comunidades originarias, y que podamos hacer una mesa de diálogo, y que todos seamos participes en este proceso que está pasando en nuestras comunidades originarias” aseveró y de esta manera “entablar la conversación con el Poder Ejecutivo y la propias comunidades y todas las instituciones que competen” detalló la presidenta de la comisión.
Para finalizar consideró que sobre la cuestión “vamos a seguir conversando para buscar la manera de crear esta mesa de diálogo y acompañar para que esto sea factible a nuestras comunidades originarias” concluyó la diputada Claudia González.
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Morales saca tierra a nativos para entregarlas a minera
Jujuy entregó tierras de pueblos originarios para una minera
Fecha de Publicación: 27/04/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Jujuy
Días pasados la minera canadiense Dajin Resource anunció la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. En uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.
Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
Al otorgarles las 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.
Los comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren minería en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, pactaron con la minera canadiense.
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Fecha de Publicación: 27/04/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Jujuy
Días pasados la minera canadiense Dajin Resource anunció la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. En uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.
Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
Al otorgarles las 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.
Los comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren minería en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, pactaron con la minera canadiense.
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Chaco prohíbe los desmontes en reservas indígenas
Sancionaron la Ley que prohíbe la tala de bosques nativos en reservas indígenas
Fecha de Publicación: 07/04/2016
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Chaco
La Ley prohíbe por 4 años la explotación forestal en las tierras reservadas a los pueblos qom, wichí y moqoit. “Detrás de la explotación hay intereses demasiado importantes de industriales madereros”, expresó Charole y bregó porque al gobernador “no le tiemble el pulso” a la hora de reglamentarla.
La Ley 7775 de autoría del diputado Orlando Charole y sancionada este miércoles por la Legislatura, propicia la protección, recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los pueblos indígenas qom, wichí y moqoit en la provincia del Chaco, prohibiendo en dichos lugares actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal en todas sus formas por el plazo perentorio de 4 años.
El diputado Charole reconoció que espera "que el gobernador (Domingo) Peppo tenga coraje, que no le tiemble el pulso y promulgue la ley, porque va a ser una muestra de la defensa que el expresó públicamente a favor de los pueblos originarios".
"Nosotros también fuimos bastante claros de que detrás de la explotación hay intereses demasiado importantes de algunos industriales madereros, sabemos que no son los indígenas los que promueven este tipo de explotación a gran escala que después destruye el ecosistema y la biodiversidad" enfatizó.
Los puntos salientes de la Ley
La Ley exceptúa de esta prohibición a los artesanos y productores indígenas que trabajen y procesen la madera dentro del territorio de la comunidad a la que pertenecen.
Asimismo, encomienda a la Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Producción conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un Inventario Forestal en estos territorios y reservas indígenas, dicho inventario deberá reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de esta ley, determinando así la efectividad de la disposición normativa y la evolución de la superficie de bosques en estos territorios. Una vez concluido dicho inventario deberá ser remitido a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.
Cabe aclarar, que en las causas por infracción al Régimen forestal, sanciones, valoración y pago de la multa, se aplicará el procedimiento especial que establece el Decreto provincial Nº 216/09 y de manera subsidiaria el procedimiento general previsto por, la Ley N° 1.140, Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia, todo ello sin perjuicio de las acciones penales o contravencionales que pudieran ser diligenciadas por las comunidades afectadas, para lo cual se dará intervención a otras instancias.
La comunidad indígena a través de sus organizaciones y entidades representativas prestará colaboración activa a los organismos oficiales tendientes a controlar y denunciar toda la extracción del recursos forestal ilegal en sus territorios.
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Fecha de Publicación: 07/04/2016
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Chaco
La Ley prohíbe por 4 años la explotación forestal en las tierras reservadas a los pueblos qom, wichí y moqoit. “Detrás de la explotación hay intereses demasiado importantes de industriales madereros”, expresó Charole y bregó porque al gobernador “no le tiemble el pulso” a la hora de reglamentarla.
La Ley 7775 de autoría del diputado Orlando Charole y sancionada este miércoles por la Legislatura, propicia la protección, recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los pueblos indígenas qom, wichí y moqoit en la provincia del Chaco, prohibiendo en dichos lugares actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal en todas sus formas por el plazo perentorio de 4 años.
El diputado Charole reconoció que espera "que el gobernador (Domingo) Peppo tenga coraje, que no le tiemble el pulso y promulgue la ley, porque va a ser una muestra de la defensa que el expresó públicamente a favor de los pueblos originarios".
"Nosotros también fuimos bastante claros de que detrás de la explotación hay intereses demasiado importantes de algunos industriales madereros, sabemos que no son los indígenas los que promueven este tipo de explotación a gran escala que después destruye el ecosistema y la biodiversidad" enfatizó.
Los puntos salientes de la Ley
La Ley exceptúa de esta prohibición a los artesanos y productores indígenas que trabajen y procesen la madera dentro del territorio de la comunidad a la que pertenecen.
Asimismo, encomienda a la Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Producción conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un Inventario Forestal en estos territorios y reservas indígenas, dicho inventario deberá reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de esta ley, determinando así la efectividad de la disposición normativa y la evolución de la superficie de bosques en estos territorios. Una vez concluido dicho inventario deberá ser remitido a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.
Cabe aclarar, que en las causas por infracción al Régimen forestal, sanciones, valoración y pago de la multa, se aplicará el procedimiento especial que establece el Decreto provincial Nº 216/09 y de manera subsidiaria el procedimiento general previsto por, la Ley N° 1.140, Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia, todo ello sin perjuicio de las acciones penales o contravencionales que pudieran ser diligenciadas por las comunidades afectadas, para lo cual se dará intervención a otras instancias.
La comunidad indígena a través de sus organizaciones y entidades representativas prestará colaboración activa a los organismos oficiales tendientes a controlar y denunciar toda la extracción del recursos forestal ilegal en sus territorios.
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Chaco,
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Bloqueo a YPF en Neuquén por parte de Mapuches
Mapuches bloquearon yacimientos en Rincón de los Sauces
Fecha de Publicación: 19/02/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Al menos dos yacimientos cercanos a Rincón de los Sauces, fueron cortados por la comunidad "Newen Currá" denunciando que YPF y sus empresas contratistas entran y salen sin ningún tipo de respeto hacia ellos.
Se informó que durante el fin de semana los operarios de la empresa YPF, no lograron ingresar al área del macizo Auca Mahuida un otro bloqueo y ayer el yacimiento Chiguidos también fue cortado con un piquete en el ingreso a la zona.
Según los datos proporcionados por los petroleros que llegaron hasta el corte y dialogaron con los piqueteros, se trata de una comunidad mapuche de Rincón de los Sauces relativamente nueva, que quieren puestos de trabajo, capacitación y viviendas, entre otras exigencias.
El lonco del lof "Newen Currá", José Millahual, relató a Radio Universidad Calf que exigen "ser atendidos por YPF para tratar la problemática que tienen en su comunidad" el daño al medio ambiente, tanto a la flora y a la fauna como la misma gente que "no puede trabajar por las contaminaciones".
La empresa YPF recibió un comunicado de los manifestantes donde se detallan los pedidos y según se supo, la estatal estaba trabajando sobre el tema. Sin embargo, la demora en las respuestas disparó los cortes.
La comunidad quiere además que YPF los reconozca como comunidad de pueblos originarios y que ése reconocimiento esté acompañado con beneficios.
Si bien el piquete se mantuvo durante toda la jornada de ayer sin que el personal de la compañía ingrese, la actividad hidrocarburifera se mantuvo normal y sin mermas en la producción.
Ayer, personal de la empresa Astra, estaba en la unidad policial 35 radicando la denuncia correspondiente y esperaban una pronta determinación de la justicia para desalojar a los manifestantes e ingresar al yacimiento.
Por su parte Millahual manifestó que lo amenazaron con que "le iban a cortar la cabeza o a meterlo preso" por la protesta y aclaró que no pararon la actividad en ningún yacimiento.
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Fecha de Publicación: 19/02/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Al menos dos yacimientos cercanos a Rincón de los Sauces, fueron cortados por la comunidad "Newen Currá" denunciando que YPF y sus empresas contratistas entran y salen sin ningún tipo de respeto hacia ellos.
Se informó que durante el fin de semana los operarios de la empresa YPF, no lograron ingresar al área del macizo Auca Mahuida un otro bloqueo y ayer el yacimiento Chiguidos también fue cortado con un piquete en el ingreso a la zona.
Según los datos proporcionados por los petroleros que llegaron hasta el corte y dialogaron con los piqueteros, se trata de una comunidad mapuche de Rincón de los Sauces relativamente nueva, que quieren puestos de trabajo, capacitación y viviendas, entre otras exigencias.
El lonco del lof "Newen Currá", José Millahual, relató a Radio Universidad Calf que exigen "ser atendidos por YPF para tratar la problemática que tienen en su comunidad" el daño al medio ambiente, tanto a la flora y a la fauna como la misma gente que "no puede trabajar por las contaminaciones".
La empresa YPF recibió un comunicado de los manifestantes donde se detallan los pedidos y según se supo, la estatal estaba trabajando sobre el tema. Sin embargo, la demora en las respuestas disparó los cortes.
La comunidad quiere además que YPF los reconozca como comunidad de pueblos originarios y que ése reconocimiento esté acompañado con beneficios.
Si bien el piquete se mantuvo durante toda la jornada de ayer sin que el personal de la compañía ingrese, la actividad hidrocarburifera se mantuvo normal y sin mermas en la producción.
Ayer, personal de la empresa Astra, estaba en la unidad policial 35 radicando la denuncia correspondiente y esperaban una pronta determinación de la justicia para desalojar a los manifestantes e ingresar al yacimiento.
Por su parte Millahual manifestó que lo amenazaron con que "le iban a cortar la cabeza o a meterlo preso" por la protesta y aclaró que no pararon la actividad en ningún yacimiento.
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Pueblos jujeños atropellados por las mineras
Comunidad Aborigen denuncia que una minera avanza sobre su territorio por un aval otorgado por Fellner
Fecha de Publicación: 08/02/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Flores, integrante y vocera de la Comunidad Aborigen “Las Capillas”, se refirió a la lucha que llevan adelante ante el avance de una empresa minera en su territorio gracias a un permiso que les fue otorgado por el ex gobierno de Eduardo Fellner.
Además resaltó el rápido accionar en su defensa del propio Gobernador Gerardo Morales quien les otorgó la personería jurídica, trámite que esperaban terminar desde hace dos años y que, según comentaron, en esta nueva gestión de gobierno demoró tres días.
En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Flores explicó su presencia en el hall del Palacio de Tribunales, “el motivo por el que estamos acá es porque queremos reclamar los derechos que nos corresponden como comunidad, porque todos pertenecemos a la comunidad aborigen Las Capillas y llegamos a esta instancia porque la compañía minera Piuquén, que tiene como encargado a Juan José Correa, quiere despojarnos de nuestras tierras alambrando hectáreas que son zonas de pastoreo”.
“Ellos quieren poner plantines de eucaliptos y presentaron a Medioambiente un proyecto para forestar y la gestión anterior se lo aprobó. Por eso presentamos una medida cautelar contra esta compañía y a pesar de eso, más todas las denuncias que hacemos, ellos siguen y ahora empezaron a alambrar y desmontar los bosques nativos”.
Acerca de los perjuicios y riesgos que corren con el avance de esta empresa, Flores expresó “somos alrededor de 30 familias, en unas tierras a unos 37 kilómetros de Palpalá sobre ruta 20, y si corremos muchos riesgos ya que hubo un intento de desalojo y denuncias contra la gente de la comunidad porque dicen que somos usurpadores, intrusos, que hace poco que estamos ahí cuando no es así, se ha realizado una inspección ocular y pericias de los ranchos que tienen más de 100 años y además sufrimos una serie de atropellos y amenazas que ya vienen de hace años”.
Agregó “también nos perjudica porque los árboles que se cortaron son natitos y medicinales y que la gente utiliza como churqui, tusca, y ahí dentro de esos nuevos alambrados corren los arroyos de donde beben agua nuestros animales”.
“Además entre esos árboles que están cortando las vacas van a parir, porque ahí se protegen, los animales se esconden para parir y dejarnos sin arboles ni campos nos perjudica mucho en ese sentido porque las vacas ‘mal paren’ y pueden morir”.
JUJUY AL DIA® consultó a la integrante de la Comunidad de Las Capillas si esta situación fue denuncia ante el anterior gobierno y ante la nueva gestión a cargo de Gerardo Morales, a lo que afirmó “sí, lo denunciamos antes, pero nos tenían dando vuelta, nos decían que nos quedemos tranquilos pero siguieron avanzando”.
“Pero con el gobierno actual fue distinto, solo con decirle que el Gobernador nos recibió y en menos de tres días nos dieron la personería jurídica que hace más de dos años que la tramitamos, estamos muy agradecidos por esos, nos abrieron las puertas de Casa de Gobierno porque venimos luchando hace bastante y ahora nos respalda el señor Gobernador”.
“También la señora Natalia Sarapura nos ayudó y estamos agradecidos con el gobernador que está comprometido con nosotros y las comunidades. Nos dijo que no nos va a soltar la mano, ojala se cumpla”.
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Fecha de Publicación: 08/02/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Flores, integrante y vocera de la Comunidad Aborigen “Las Capillas”, se refirió a la lucha que llevan adelante ante el avance de una empresa minera en su territorio gracias a un permiso que les fue otorgado por el ex gobierno de Eduardo Fellner.
Además resaltó el rápido accionar en su defensa del propio Gobernador Gerardo Morales quien les otorgó la personería jurídica, trámite que esperaban terminar desde hace dos años y que, según comentaron, en esta nueva gestión de gobierno demoró tres días.
En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Flores explicó su presencia en el hall del Palacio de Tribunales, “el motivo por el que estamos acá es porque queremos reclamar los derechos que nos corresponden como comunidad, porque todos pertenecemos a la comunidad aborigen Las Capillas y llegamos a esta instancia porque la compañía minera Piuquén, que tiene como encargado a Juan José Correa, quiere despojarnos de nuestras tierras alambrando hectáreas que son zonas de pastoreo”.
“Ellos quieren poner plantines de eucaliptos y presentaron a Medioambiente un proyecto para forestar y la gestión anterior se lo aprobó. Por eso presentamos una medida cautelar contra esta compañía y a pesar de eso, más todas las denuncias que hacemos, ellos siguen y ahora empezaron a alambrar y desmontar los bosques nativos”.
Acerca de los perjuicios y riesgos que corren con el avance de esta empresa, Flores expresó “somos alrededor de 30 familias, en unas tierras a unos 37 kilómetros de Palpalá sobre ruta 20, y si corremos muchos riesgos ya que hubo un intento de desalojo y denuncias contra la gente de la comunidad porque dicen que somos usurpadores, intrusos, que hace poco que estamos ahí cuando no es así, se ha realizado una inspección ocular y pericias de los ranchos que tienen más de 100 años y además sufrimos una serie de atropellos y amenazas que ya vienen de hace años”.
Agregó “también nos perjudica porque los árboles que se cortaron son natitos y medicinales y que la gente utiliza como churqui, tusca, y ahí dentro de esos nuevos alambrados corren los arroyos de donde beben agua nuestros animales”.
“Además entre esos árboles que están cortando las vacas van a parir, porque ahí se protegen, los animales se esconden para parir y dejarnos sin arboles ni campos nos perjudica mucho en ese sentido porque las vacas ‘mal paren’ y pueden morir”.
JUJUY AL DIA® consultó a la integrante de la Comunidad de Las Capillas si esta situación fue denuncia ante el anterior gobierno y ante la nueva gestión a cargo de Gerardo Morales, a lo que afirmó “sí, lo denunciamos antes, pero nos tenían dando vuelta, nos decían que nos quedemos tranquilos pero siguieron avanzando”.
“Pero con el gobierno actual fue distinto, solo con decirle que el Gobernador nos recibió y en menos de tres días nos dieron la personería jurídica que hace más de dos años que la tramitamos, estamos muy agradecidos por esos, nos abrieron las puertas de Casa de Gobierno porque venimos luchando hace bastante y ahora nos respalda el señor Gobernador”.
“También la señora Natalia Sarapura nos ayudó y estamos agradecidos con el gobernador que está comprometido con nosotros y las comunidades. Nos dijo que no nos va a soltar la mano, ojala se cumpla”.
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Techint incumple con los pilagá
Una denuncia por los pilagá
Fecha de Publicación: 28/01/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Las comunidades Penqole y Qompi, del pueblo pilagá de Formosa, denunciaron a Techint por la construcción de un tramo del Gasoducto del Noreste, que atraviesa su pueblo. Los pilagá sostienen que la empresa realizó promesas que fueron incumplidas.
La empresa Techint, que opera en 45 países y factura 25.000 millones de dólares al año, fue denunciada por ingresar a territorio indígena en Formosa, no respetar los derechos de las comunidades y contaminar. La multinacional construye un tramo del Gasoducto del Noreste, con un presupuesto de 1300 millones de pesos, que no contempla la conexión de suministro a los pueblos originarios. Dos comunidades del pueblo pilagá denunciaron a Techint por la firma irregular de convenios y por no cumplir las promesas (de trabajo y pago de canon por servidumbre de paso). “Parece que los indígenas no tenemos derechos”, reclamó Juana Segundo, de la comunidad Penqole.
Los pueblos indígenas de Argentina cuentan con leyes nacionales y tratados internacionales que obligan a obtener su consentimiento por cualquier actividad que pudiera afectar sus territorios. El termino legal es “consulta libre, previa e informada”. Requiere respetar las formas y los tiempos de decisión de las comunidades originarias.
No fue lo que sucedió en Formosa. “Llegaron un día con un papel, nos avisaron que por acá pasaba un gasoducto y que debíamos firmar”, recordó Juana Segundo, autoridad de la comunidad pilagá Penqole, sobre la ruta provincial 28, a cinco kilómetros de la localidad de Las Lomitas.
Fue a inicios de 2015, cuando empleados de Techint visitaron la comunidad e instaron a firmar un “convenio”. El mismo 2015 comenzaron las obras que atraviesan la comunidad. Cortaron alambrados, ingresaron retroexcavadoras, camiones y obreros. Cavaron profundos pozos y comenzaron la instalación de enormes cañerías.
Juana Segundo recordó que les prometieron un pago de canon mensual por utilizar el territorio indígena, pero advirtió que nunca les pagaron. La comunidad solicitó materiales para la construcción de un salón comunitario, de seis metros de largo por cinco de ancho. Obtuvieron cemento, arena y ladrillos, pero faltó el hierro (para columnas y vigas). El salón quedó a medio construir. “Parece que Techint no tiene plata para hierros”, cuestionó la mujer pilagá.
La comunidad indígena preguntó si contarán con suministro de gas (hoy utilizan garrafas y leña). “La empresa dijo que no sabía, pero los trabajadores nos avisaron que sólo es para las ciudades”, reclamó la vocera pilagá. Y definió la situación actual: “Hay mucho silencio de la empresa y del gobierno, y mucha preocupación nuestra porque no se cumplen nuestros derechos”.
Según la publicidad oficial, el Gasoducto del Noreste se propone abastecer de gas a 3,4 millones de personas de Formosa, Santa Fe, Salta, Chaco, Corrientes y Misiones. Contará con 4000 kilómetros de cañerías, una inversión total de 28 mil millones de pesos y fue adjudicado a una decena de empresas según los tramos (la obra de Formosa, de 300 kilómetros, fue licitada a Techint por 1373 millones de pesos).
El conflicto se agravó en junio, cuando Techint cortó alambres de los pilagá, amplió un pozo y lo transformó en un piletón. En octubre volvieron a cortar alambrados, realizaron otra excavación y canales. Los pilagá denunciaron que Techint utilizó el territorio indígena como basurero, donde arrojó líquidos “de las máquinas y baños”. Con el agravante de que a pocos metros se encuentra un pozo de agua de los pilagá.
A fines de agosto los indígenas cerraron el paso hacia el gasoducto. Denunciaron los incumplimientos de Techint y también de la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina). A inicios de noviembre presentaron una denuncia judicial contra el responsable de Techint en la región, Jorge Pellegrini, por delito de “envenenamiento”. Solicitaron peritajes judiciales que examinen los residuos arrojados y recordaron que tres miembros de la comunidad enfermaron en esas semanas. También denunciaron en los tribunales de Lomitas al criollo Jorge Luna (que usurpó una parcela de la comunidad y actúa en consonancia con la empresa), por daños y amenazas con arma de fuego.
El accionar de Techint también afectó a la comunidad pilagá Qompi. “Nos dijeron que nos correspondía un pago mensual por canon. Y prometieron trabajo para los hombres”, recordó Cipriana Palomo, vocera de la comunidad (ubicada en la localidad de Pozo del Tigre).
La mujer, que también es autoridad de la Federación Pilagá de Formosa, señaló que la comunidad está integrada por 300 familias y sólo siete integrantes trabajaron en el gasoducto. En agosto pasado le cerraron el paso a Techint y exigieron que contrate más personas, alambre para los corrales, caños para conexiones de agua y cuatro motosierras. “Sólo entregó algo de alambre y caños”, afirmó Palomo y adelantó que siguen reclamando el pago del canon.
La comunidad Qompi responsabiliza a Techint, Enarsa y al gobierno nacional. También denuncia que la obra no contemple gas para los indígenas. “Nos mintieron”, lamentó Cipriana Palomo.
Techint, que no respondió las consultas de este diario, tiene 59.000 empleados en todo el mundo y factura 25.000 millones de dólares anuales. Es una empresa fundada en 1945 por Agostino Rocca y siempre estuvo ligada a la obra pública. Es el mayor productor de acero de América latina y líder global en la producción de tubos sin costura (principalmente para la actividad petrolera). Su presidente actual es Paolo Rocca y opera en más de 45 países. La publicidad corporativa de Techint afirma que entre sus objetivos principales está el “compromiso con el desarrollo local” y el “respeto al ambiente y a las comunidades” donde opera.
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Fecha de Publicación: 28/01/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Las comunidades Penqole y Qompi, del pueblo pilagá de Formosa, denunciaron a Techint por la construcción de un tramo del Gasoducto del Noreste, que atraviesa su pueblo. Los pilagá sostienen que la empresa realizó promesas que fueron incumplidas.
La empresa Techint, que opera en 45 países y factura 25.000 millones de dólares al año, fue denunciada por ingresar a territorio indígena en Formosa, no respetar los derechos de las comunidades y contaminar. La multinacional construye un tramo del Gasoducto del Noreste, con un presupuesto de 1300 millones de pesos, que no contempla la conexión de suministro a los pueblos originarios. Dos comunidades del pueblo pilagá denunciaron a Techint por la firma irregular de convenios y por no cumplir las promesas (de trabajo y pago de canon por servidumbre de paso). “Parece que los indígenas no tenemos derechos”, reclamó Juana Segundo, de la comunidad Penqole.
Los pueblos indígenas de Argentina cuentan con leyes nacionales y tratados internacionales que obligan a obtener su consentimiento por cualquier actividad que pudiera afectar sus territorios. El termino legal es “consulta libre, previa e informada”. Requiere respetar las formas y los tiempos de decisión de las comunidades originarias.
No fue lo que sucedió en Formosa. “Llegaron un día con un papel, nos avisaron que por acá pasaba un gasoducto y que debíamos firmar”, recordó Juana Segundo, autoridad de la comunidad pilagá Penqole, sobre la ruta provincial 28, a cinco kilómetros de la localidad de Las Lomitas.
Fue a inicios de 2015, cuando empleados de Techint visitaron la comunidad e instaron a firmar un “convenio”. El mismo 2015 comenzaron las obras que atraviesan la comunidad. Cortaron alambrados, ingresaron retroexcavadoras, camiones y obreros. Cavaron profundos pozos y comenzaron la instalación de enormes cañerías.
Juana Segundo recordó que les prometieron un pago de canon mensual por utilizar el territorio indígena, pero advirtió que nunca les pagaron. La comunidad solicitó materiales para la construcción de un salón comunitario, de seis metros de largo por cinco de ancho. Obtuvieron cemento, arena y ladrillos, pero faltó el hierro (para columnas y vigas). El salón quedó a medio construir. “Parece que Techint no tiene plata para hierros”, cuestionó la mujer pilagá.
La comunidad indígena preguntó si contarán con suministro de gas (hoy utilizan garrafas y leña). “La empresa dijo que no sabía, pero los trabajadores nos avisaron que sólo es para las ciudades”, reclamó la vocera pilagá. Y definió la situación actual: “Hay mucho silencio de la empresa y del gobierno, y mucha preocupación nuestra porque no se cumplen nuestros derechos”.
Según la publicidad oficial, el Gasoducto del Noreste se propone abastecer de gas a 3,4 millones de personas de Formosa, Santa Fe, Salta, Chaco, Corrientes y Misiones. Contará con 4000 kilómetros de cañerías, una inversión total de 28 mil millones de pesos y fue adjudicado a una decena de empresas según los tramos (la obra de Formosa, de 300 kilómetros, fue licitada a Techint por 1373 millones de pesos).
El conflicto se agravó en junio, cuando Techint cortó alambres de los pilagá, amplió un pozo y lo transformó en un piletón. En octubre volvieron a cortar alambrados, realizaron otra excavación y canales. Los pilagá denunciaron que Techint utilizó el territorio indígena como basurero, donde arrojó líquidos “de las máquinas y baños”. Con el agravante de que a pocos metros se encuentra un pozo de agua de los pilagá.
A fines de agosto los indígenas cerraron el paso hacia el gasoducto. Denunciaron los incumplimientos de Techint y también de la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina). A inicios de noviembre presentaron una denuncia judicial contra el responsable de Techint en la región, Jorge Pellegrini, por delito de “envenenamiento”. Solicitaron peritajes judiciales que examinen los residuos arrojados y recordaron que tres miembros de la comunidad enfermaron en esas semanas. También denunciaron en los tribunales de Lomitas al criollo Jorge Luna (que usurpó una parcela de la comunidad y actúa en consonancia con la empresa), por daños y amenazas con arma de fuego.
El accionar de Techint también afectó a la comunidad pilagá Qompi. “Nos dijeron que nos correspondía un pago mensual por canon. Y prometieron trabajo para los hombres”, recordó Cipriana Palomo, vocera de la comunidad (ubicada en la localidad de Pozo del Tigre).
La mujer, que también es autoridad de la Federación Pilagá de Formosa, señaló que la comunidad está integrada por 300 familias y sólo siete integrantes trabajaron en el gasoducto. En agosto pasado le cerraron el paso a Techint y exigieron que contrate más personas, alambre para los corrales, caños para conexiones de agua y cuatro motosierras. “Sólo entregó algo de alambre y caños”, afirmó Palomo y adelantó que siguen reclamando el pago del canon.
La comunidad Qompi responsabiliza a Techint, Enarsa y al gobierno nacional. También denuncia que la obra no contemple gas para los indígenas. “Nos mintieron”, lamentó Cipriana Palomo.
Techint, que no respondió las consultas de este diario, tiene 59.000 empleados en todo el mundo y factura 25.000 millones de dólares anuales. Es una empresa fundada en 1945 por Agostino Rocca y siempre estuvo ligada a la obra pública. Es el mayor productor de acero de América latina y líder global en la producción de tubos sin costura (principalmente para la actividad petrolera). Su presidente actual es Paolo Rocca y opera en más de 45 países. La publicidad corporativa de Techint afirma que entre sus objetivos principales está el “compromiso con el desarrollo local” y el “respeto al ambiente y a las comunidades” donde opera.
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Relmu Ñamku absuelta
Un jurado intercultural absolvió a la dirigente mapuche Relmu Ñamku
Fecha de Publicación: 05/11/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Neuquén
En un juicio histórico, un jurado intercultural absolvió a la mujer mapuche Relmu Ñamku, que estaba acusada de intento de homicidio. Se trata del primer juicio en la Argentina con un jurado intercultural, donde la mitad son mapuches.
Relmu estaba acusada de arrojar una piedra que hirió a la auxiliar del Poder Judicial Verónica Pelayes durante un conflicto territorial en Neuquén.
El juicio tuvo siete audiencias y, según informaron desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), tras la deliberación, el jurado encontró a la acusada "no culpable" de los delitos de lesiones graves y daño agravado. "Las acusaciones ya habían desistido de la acusación por tentativa de homicidio", sostuvieron desde AAJJ. En los alegatos, la fiscal Sandra González Taboada había cambiado la calificación a "lesiones graves en concurso real con daño".
"Estoy muy feliz, festejando. Esto marca un precedente, pudimos sacar a la luz la voz de los pueblos originarios", señaló Relmu en diálogo con LA NACION. "Hoy no estamos en la agenda de ningún partido político, y este juicio ridículo, más allá de lo personal, nos dio la posibilidad de hacer pública la situación que vive nuestra comunidad", sostuvo la mujer.
El caso
El hecho por el que se acusó a Relmu ocurrió el 28 de diciembre de 2012, cuando la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad mapuche Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, en Nequén, con una orden judicial para desalojar a los miembros de la comunidad, que bloqueaban el acceso a su territorio. La medida judicial era para facilitar el ingreso de la petrolera Apache y policías al territorio de la comunidad.
La comunidad se defendió con piedras y Pelayes sufrió la fractura del tabique nasal. Por el hecho fueron acusados Relmu, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Rain.
A Relmu se la acusó en primer lugar por lesiones, pero luego la carátula cambió a "intento de homicidio".
Al final del juicio, tanto Relmu como los otros dos acusados fueron declarados "no culpables" de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones, aunque a ella se la halló culpable de daño simple de un vehículo.
Un juicio histórico
"La fiscalía forzó la calificación, que nosotros consideramos desproporcionada, y dijo que la pena que iba a pedir era de más de 15 años de prisión. Eso, según las normativas de Neuquén, habilitaba el juicio por jurados", explicó a LA NACION Dario Kosovsky, abogado de Relmu.
Ante esta situación, la defensa pidió que, tal como lo establece el el Código Procesal Penal de Neuquén, la mitad de los jurados pertenecieran al mismo entorno social y cultural que la acusada. Esto dio lugar a un proceso histórico y sin precedentes en la Argentina: la conformación de un jurado intercultural, en el que la mitad de los miembros eran mapuches.
"Fue una experiencia buenísima. Creemos que el jurado tiene más sabiduría muchas veces que un juez técnico. Juzga con criterios más amplios de justicia", sostuvo Kosovsky.
"Creemos que el jurado comprendió el caso de una manera amplia, que no era sólo lo desproporcionado de la acusación, y la falta de pruebas contra Relmu, sino la debilidad de una comunidad frente al avance inconsulto de las petroleras", detalló el letrado.
"El juicio era desmesurado y tenía un tinte racista. Yo creo que eso conmovió a la sociedad, y a los jurados", dijo Relmu. "Ahora nos sentimos con la enorme responsabilidad de llevar un mensaje de resistencia a los pueblos originarios, que somos perseguidos y criminalizados", concluyó la mujer.
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Fecha de Publicación: 05/11/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Neuquén
En un juicio histórico, un jurado intercultural absolvió a la mujer mapuche Relmu Ñamku, que estaba acusada de intento de homicidio. Se trata del primer juicio en la Argentina con un jurado intercultural, donde la mitad son mapuches.
Relmu estaba acusada de arrojar una piedra que hirió a la auxiliar del Poder Judicial Verónica Pelayes durante un conflicto territorial en Neuquén.
El juicio tuvo siete audiencias y, según informaron desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), tras la deliberación, el jurado encontró a la acusada "no culpable" de los delitos de lesiones graves y daño agravado. "Las acusaciones ya habían desistido de la acusación por tentativa de homicidio", sostuvieron desde AAJJ. En los alegatos, la fiscal Sandra González Taboada había cambiado la calificación a "lesiones graves en concurso real con daño".
"Estoy muy feliz, festejando. Esto marca un precedente, pudimos sacar a la luz la voz de los pueblos originarios", señaló Relmu en diálogo con LA NACION. "Hoy no estamos en la agenda de ningún partido político, y este juicio ridículo, más allá de lo personal, nos dio la posibilidad de hacer pública la situación que vive nuestra comunidad", sostuvo la mujer.
El caso
El hecho por el que se acusó a Relmu ocurrió el 28 de diciembre de 2012, cuando la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad mapuche Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, en Nequén, con una orden judicial para desalojar a los miembros de la comunidad, que bloqueaban el acceso a su territorio. La medida judicial era para facilitar el ingreso de la petrolera Apache y policías al territorio de la comunidad.
La comunidad se defendió con piedras y Pelayes sufrió la fractura del tabique nasal. Por el hecho fueron acusados Relmu, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Rain.
A Relmu se la acusó en primer lugar por lesiones, pero luego la carátula cambió a "intento de homicidio".
Al final del juicio, tanto Relmu como los otros dos acusados fueron declarados "no culpables" de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones, aunque a ella se la halló culpable de daño simple de un vehículo.
Un juicio histórico
"La fiscalía forzó la calificación, que nosotros consideramos desproporcionada, y dijo que la pena que iba a pedir era de más de 15 años de prisión. Eso, según las normativas de Neuquén, habilitaba el juicio por jurados", explicó a LA NACION Dario Kosovsky, abogado de Relmu.
Ante esta situación, la defensa pidió que, tal como lo establece el el Código Procesal Penal de Neuquén, la mitad de los jurados pertenecieran al mismo entorno social y cultural que la acusada. Esto dio lugar a un proceso histórico y sin precedentes en la Argentina: la conformación de un jurado intercultural, en el que la mitad de los miembros eran mapuches.
"Fue una experiencia buenísima. Creemos que el jurado tiene más sabiduría muchas veces que un juez técnico. Juzga con criterios más amplios de justicia", sostuvo Kosovsky.
"Creemos que el jurado comprendió el caso de una manera amplia, que no era sólo lo desproporcionado de la acusación, y la falta de pruebas contra Relmu, sino la debilidad de una comunidad frente al avance inconsulto de las petroleras", detalló el letrado.
"El juicio era desmesurado y tenía un tinte racista. Yo creo que eso conmovió a la sociedad, y a los jurados", dijo Relmu. "Ahora nos sentimos con la enorme responsabilidad de llevar un mensaje de resistencia a los pueblos originarios, que somos perseguidos y criminalizados", concluyó la mujer.
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Neuquén: Juicio a mapuches por defenderse
Juicio a mapuches acusados de agresiones en defensa de tierras originarias
Fecha de Publicación: 29/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se inició el juicio contra Relmu Ñamku, mujer referente de la comunidad mapuche Winkul Newen, acusada de “tentativa de homicidio”. Además, también imputan a Martin Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la misma comunidad. Verónica Pelayes, la víctima, es oficial de justicia, y no concurre a las audiencias hasta que llegue su turno de declarar como testigo. En el jurado también hay miembros de pueblos originarios.
La comunidad mapuche argumenta que el hecho se produjo en una movilización en el año 2012 para defender tierras originarias, ante el avance de las topadoras de la empresa Apache, que explota hidrocarburos en la zona.
De acuerdo a estos relatos, la oficial de justicia, Verónica Pelayes, acudió ante la toma mapuche a presentar una cédula judicial cuando se originaron algunas pedradas donde resultó lastimada la funcionaria pública.
La fiscal Sandra González Taboada, es quien acusa a Relmu Ñamku por el delito de “tentativa de homicidio”, y relató ante el jurado que “Pelayes recibió todo tipo de insultos y, cuando intentaba retirarse, Relmu se acercó a la ventanilla del auto y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo graves lesiones en el rostro”.
Desde la comunidad señalaron que “la fiscal Taboada está pidiendo 15 años de prisión en un juicio que tuvo todo tipo de manipulaciones e irregularidades que la fiscalía hizo para que la carátula que en un principio era por “lesiones” pase a “tentativa de homicidio”. Nuestra comunidad viene resistiendo hace décadas a las empresas petroleras, que han producido derrames, fugas de gas e incontables delitos al medio ambiente que afectan directamente a los habitantes”.
Relmu Ñamku, expresó que “nunca quisimos lastimar a nadie, no supimos que había alguien herido hasta que llegó un oficial con la denuncia. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nuestra familia”.
Los defensores de los tres integrantes de la comunidad Winkul Newen, Darío Kosovsky y Emanuel Alfredo Roa Moreno, replicaron diciendo que “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraran piedras, pero no con la intención de lastimar gravemente. Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron los hechos, esta comunidad sufre a diario por los derrames y el accionar de las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”.
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Fecha de Publicación: 29/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se inició el juicio contra Relmu Ñamku, mujer referente de la comunidad mapuche Winkul Newen, acusada de “tentativa de homicidio”. Además, también imputan a Martin Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la misma comunidad. Verónica Pelayes, la víctima, es oficial de justicia, y no concurre a las audiencias hasta que llegue su turno de declarar como testigo. En el jurado también hay miembros de pueblos originarios.
La comunidad mapuche argumenta que el hecho se produjo en una movilización en el año 2012 para defender tierras originarias, ante el avance de las topadoras de la empresa Apache, que explota hidrocarburos en la zona.
De acuerdo a estos relatos, la oficial de justicia, Verónica Pelayes, acudió ante la toma mapuche a presentar una cédula judicial cuando se originaron algunas pedradas donde resultó lastimada la funcionaria pública.
La fiscal Sandra González Taboada, es quien acusa a Relmu Ñamku por el delito de “tentativa de homicidio”, y relató ante el jurado que “Pelayes recibió todo tipo de insultos y, cuando intentaba retirarse, Relmu se acercó a la ventanilla del auto y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo graves lesiones en el rostro”.
Desde la comunidad señalaron que “la fiscal Taboada está pidiendo 15 años de prisión en un juicio que tuvo todo tipo de manipulaciones e irregularidades que la fiscalía hizo para que la carátula que en un principio era por “lesiones” pase a “tentativa de homicidio”. Nuestra comunidad viene resistiendo hace décadas a las empresas petroleras, que han producido derrames, fugas de gas e incontables delitos al medio ambiente que afectan directamente a los habitantes”.
Relmu Ñamku, expresó que “nunca quisimos lastimar a nadie, no supimos que había alguien herido hasta que llegó un oficial con la denuncia. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nuestra familia”.
Los defensores de los tres integrantes de la comunidad Winkul Newen, Darío Kosovsky y Emanuel Alfredo Roa Moreno, replicaron diciendo que “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraran piedras, pero no con la intención de lastimar gravemente. Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron los hechos, esta comunidad sufre a diario por los derrames y el accionar de las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”.
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Campesinos denuncian desmontes en Córdoba
Denuncian nuevos desmontes en Traslasierra y Villa Quilino
Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Córdoba
El Movimiento Campesino denunció que empresarios ganaderos comenzaron los trabajos, uno de ellos ya tiene antecedentes.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denunció la aprobación por parte del gobierno provincial de desmontes realizados en las zonas de Traslasierra Villa Quilino, de 4.500 y 2.000 hectáreas respectivamente.
En diálogo con Cba24n, Maria Eugenia Sosa referente de la organización, explicó que la modalidad de intervención es la denominada "rolado o desmonte selectivo". Es decir, la extracción de la vegetación pequeña y mediana, incluyendo arbustos, pero dejando los árboles de mayor tamaño. De esta manera, se libera el suelo para el crecimiento de pasto. Esto se realiza con fines económicos, para desarrollar la actividad ganadera.
Sin embargo, Sosa denuncia que estos procedimientos, que cuentan con la aprobación de la Secretaría de Ambiente, son prohibidos por las leyes de Protección de Bosques Nativos tanto nacional como provincial por realizarse sobre sectores calificados dentro de las categorías Roja y Amarilla. Es decir, en zonas de máxima restricción de actividades.
Al mismo tiempo, la referente de la organización sostuvo que en este momento ya se encuentra trabajando una "topadora chica" en los terrenos de Traslasierra.
En el Registro de Infractores
Uno de los casos denunciados se encuentra ubicado en el departamento de Pocho. Se trata de la estancia San Tirbucio, en Chancaní. La propiedad privada fue adquirida en una zona de bosque nativo, y actualmente una sociedad anónima se encuentra explotando el lugar para la cría de ganado bovino. Esta empresa, con domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya presenta antecedentes en el Registro de Infractores de la Dirección de Policía Ambiental. En mayo del 2014 se le impuso una multa de más de $140 mil.
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Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Córdoba
El Movimiento Campesino denunció que empresarios ganaderos comenzaron los trabajos, uno de ellos ya tiene antecedentes.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denunció la aprobación por parte del gobierno provincial de desmontes realizados en las zonas de Traslasierra Villa Quilino, de 4.500 y 2.000 hectáreas respectivamente.
En diálogo con Cba24n, Maria Eugenia Sosa referente de la organización, explicó que la modalidad de intervención es la denominada "rolado o desmonte selectivo". Es decir, la extracción de la vegetación pequeña y mediana, incluyendo arbustos, pero dejando los árboles de mayor tamaño. De esta manera, se libera el suelo para el crecimiento de pasto. Esto se realiza con fines económicos, para desarrollar la actividad ganadera.
Sin embargo, Sosa denuncia que estos procedimientos, que cuentan con la aprobación de la Secretaría de Ambiente, son prohibidos por las leyes de Protección de Bosques Nativos tanto nacional como provincial por realizarse sobre sectores calificados dentro de las categorías Roja y Amarilla. Es decir, en zonas de máxima restricción de actividades.
Al mismo tiempo, la referente de la organización sostuvo que en este momento ya se encuentra trabajando una "topadora chica" en los terrenos de Traslasierra.
En el Registro de Infractores
Uno de los casos denunciados se encuentra ubicado en el departamento de Pocho. Se trata de la estancia San Tirbucio, en Chancaní. La propiedad privada fue adquirida en una zona de bosque nativo, y actualmente una sociedad anónima se encuentra explotando el lugar para la cría de ganado bovino. Esta empresa, con domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya presenta antecedentes en el Registro de Infractores de la Dirección de Policía Ambiental. En mayo del 2014 se le impuso una multa de más de $140 mil.
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183 conflictos que afectan a poblaciones originarias
Mapa registra 183 conflictos que afectan a poblaciones originarias
Fecha de Publicación: 12/09/2015
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Al igual que en varios países de la región, Argentina presenta un alto número de conflictos que afectan directamente a poblaciones originarias. Así lo demuestra un mapa digital difundido por la organización Amnistía Internacional Argentina.
De acuerdo al mapa (ver aquí), se han registrado 183 casos en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos. Se tiene así que las provincias de Jujuy, Salta y Neuquén presentan la mayor cantidad de denuncias.
La organización dividió en seis los tipos de demandas: territorial, ambiental, violencia, desalojo, personería jurídica y criminalización.
De este modo se tiene que los conflictos están relacionados con el proceder de los gobiernos, tanto municipales como provinciales y el nacional. Asimismo, con la actuación de empresas agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras.
De igual modo, también son causa de conflictos los jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen normativas vigentes.
Citando cuestiones concretas, el mapa recoge casos como los siguientes: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión y la larga lucha de los indígenas Qom.
El caso más sonado últimamente es el que mantiene la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, hoy conocida como “La Primavera”, en la zona de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa (frontera con Paraguay), que sigue reclamando por la devolución y titulación del territorio.
Cabe destacar, como reconoce Amnistía, que el levantamiento de la información que se aprecia en el mapa “no pretende ser exhaustivo”.
La organización señala así que se trata del comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.
Respecto al mapa, cabe destacar su diseño digital amigable que permite ubicar con facilidad cada caso por provincia. De igual modo facilita el acceso a otro tipo de información valiosa.
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Fecha de Publicación: 12/09/2015
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Al igual que en varios países de la región, Argentina presenta un alto número de conflictos que afectan directamente a poblaciones originarias. Así lo demuestra un mapa digital difundido por la organización Amnistía Internacional Argentina.
De acuerdo al mapa (ver aquí), se han registrado 183 casos en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos. Se tiene así que las provincias de Jujuy, Salta y Neuquén presentan la mayor cantidad de denuncias.
La organización dividió en seis los tipos de demandas: territorial, ambiental, violencia, desalojo, personería jurídica y criminalización.
De este modo se tiene que los conflictos están relacionados con el proceder de los gobiernos, tanto municipales como provinciales y el nacional. Asimismo, con la actuación de empresas agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras.
De igual modo, también son causa de conflictos los jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen normativas vigentes.
Citando cuestiones concretas, el mapa recoge casos como los siguientes: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión y la larga lucha de los indígenas Qom.
El caso más sonado últimamente es el que mantiene la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, hoy conocida como “La Primavera”, en la zona de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa (frontera con Paraguay), que sigue reclamando por la devolución y titulación del territorio.
Cabe destacar, como reconoce Amnistía, que el levantamiento de la información que se aprecia en el mapa “no pretende ser exhaustivo”.
La organización señala así que se trata del comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.
Respecto al mapa, cabe destacar su diseño digital amigable que permite ubicar con facilidad cada caso por provincia. De igual modo facilita el acceso a otro tipo de información valiosa.
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Conflicto con mapuches en Yacimiento de YPF en Catriel
Mapuches cortan el acceso al Yacimiento Medanito de YPF en Catriel
Fecha de Publicación: 04/09/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Dirigentes del pueblo mapuche, convocados por la Organización Nación Mapuche, que llevan adelante un reclamo por incumplimiento de contrato contra la empresa YPF, cortaron desde ayer el acceso al yacimiento Medanito donde se encuentra la planta de la empresa petrolera estatal.
Según explicaron, el corte es por tiempo indeterminado. El plan de lucha se inició la semana pasada y se fue incrementando con el correr de los días, donde “responsabilizan a YPF por los daños y pérdidas que pudieran darse”, dice un comunicado de prensa.
“El conflicto se destraba con una simple decisión: cumplir el contrato, cosa que le reclamamos desde principios de año, pero han estado haciendo cosas raras, y ahora no sólo queremos que se cumpla el contrato, sino que rueden las cabezas de aquellos que nos han estado mintiendo acá en Catriel, de los cuales tenemos nombres y apellidos” expresaron los de dirigentes que realizan la medida de fuerza.
Señalaron que “YPF estaría pretendiendo que la pyme mapuche despida personal, y para lograrlo, optan por no cumplir determinadas parte del contrato como elemento de presión. Ante esto, los responsables de la pequeña empresa de servicios “Puelche Katriel” optó por exigir el cumplimiento del contrato, del que no están dispuestos a ceder absolutamente nada”.
“Con muchos sacrificio, después de años de lucha, logramos que nos den trabajo, y que seamos nosotros los que controlemos el cuidado del medio ambiente, pero seguramente debe haber aparecido algún oportunista que quiere quedarse con esta tarea, y empiezan a enrarecer el clima para que nos caigamos y desaparezcamos. Los mapuche hemos resistido la invasión española, hemos sobrevivido al genocidio del Gral. Roca y tengan por seguro que seguiremos resistiendo” y agregan “el pueblo mapuche siempre ha sido objeto de marginación, estar al margen de todo es normal para nosotros, y esa es nuestra fortaleza, por eso, tengan por seguro que a partir de ahora no entran más al yacimiento hasta que cumplan con lo que tienen que cumplir, y si buscan la complicidad política, judicial y policial, que lo hagan; también estamos preparados para ello, pero tengan por seguro que cada acción equivocada, la van a pagar a precios muy altos” advirtió el Inán Lonko Fernando Arce.
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Fecha de Publicación: 04/09/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Dirigentes del pueblo mapuche, convocados por la Organización Nación Mapuche, que llevan adelante un reclamo por incumplimiento de contrato contra la empresa YPF, cortaron desde ayer el acceso al yacimiento Medanito donde se encuentra la planta de la empresa petrolera estatal.
Según explicaron, el corte es por tiempo indeterminado. El plan de lucha se inició la semana pasada y se fue incrementando con el correr de los días, donde “responsabilizan a YPF por los daños y pérdidas que pudieran darse”, dice un comunicado de prensa.
“El conflicto se destraba con una simple decisión: cumplir el contrato, cosa que le reclamamos desde principios de año, pero han estado haciendo cosas raras, y ahora no sólo queremos que se cumpla el contrato, sino que rueden las cabezas de aquellos que nos han estado mintiendo acá en Catriel, de los cuales tenemos nombres y apellidos” expresaron los de dirigentes que realizan la medida de fuerza.
Señalaron que “YPF estaría pretendiendo que la pyme mapuche despida personal, y para lograrlo, optan por no cumplir determinadas parte del contrato como elemento de presión. Ante esto, los responsables de la pequeña empresa de servicios “Puelche Katriel” optó por exigir el cumplimiento del contrato, del que no están dispuestos a ceder absolutamente nada”.
“Con muchos sacrificio, después de años de lucha, logramos que nos den trabajo, y que seamos nosotros los que controlemos el cuidado del medio ambiente, pero seguramente debe haber aparecido algún oportunista que quiere quedarse con esta tarea, y empiezan a enrarecer el clima para que nos caigamos y desaparezcamos. Los mapuche hemos resistido la invasión española, hemos sobrevivido al genocidio del Gral. Roca y tengan por seguro que seguiremos resistiendo” y agregan “el pueblo mapuche siempre ha sido objeto de marginación, estar al margen de todo es normal para nosotros, y esa es nuestra fortaleza, por eso, tengan por seguro que a partir de ahora no entran más al yacimiento hasta que cumplan con lo que tienen que cumplir, y si buscan la complicidad política, judicial y policial, que lo hagan; también estamos preparados para ello, pero tengan por seguro que cada acción equivocada, la van a pagar a precios muy altos” advirtió el Inán Lonko Fernando Arce.
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