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Pueblos jujeños atropellados por las mineras
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Comunidad Aborigen denuncia que una minera avanza sobre su territorio por un aval otorgado por Fellner
Fecha de Publicación: 08/02/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Flores, integrante y vocera de la Comunidad Aborigen “Las Capillas”, se refirió a la lucha que llevan adelante ante el avance de una empresa minera en su territorio gracias a un permiso que les fue otorgado por el ex gobierno de Eduardo Fellner.
Además resaltó el rápido accionar en su defensa del propio Gobernador Gerardo Morales quien les otorgó la personería jurídica, trámite que esperaban terminar desde hace dos años y que, según comentaron, en esta nueva gestión de gobierno demoró tres días.
En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Flores explicó su presencia en el hall del Palacio de Tribunales, “el motivo por el que estamos acá es porque queremos reclamar los derechos que nos corresponden como comunidad, porque todos pertenecemos a la comunidad aborigen Las Capillas y llegamos a esta instancia porque la compañía minera Piuquén, que tiene como encargado a Juan José Correa, quiere despojarnos de nuestras tierras alambrando hectáreas que son zonas de pastoreo”.
“Ellos quieren poner plantines de eucaliptos y presentaron a Medioambiente un proyecto para forestar y la gestión anterior se lo aprobó. Por eso presentamos una medida cautelar contra esta compañía y a pesar de eso, más todas las denuncias que hacemos, ellos siguen y ahora empezaron a alambrar y desmontar los bosques nativos”.
Acerca de los perjuicios y riesgos que corren con el avance de esta empresa, Flores expresó “somos alrededor de 30 familias, en unas tierras a unos 37 kilómetros de Palpalá sobre ruta 20, y si corremos muchos riesgos ya que hubo un intento de desalojo y denuncias contra la gente de la comunidad porque dicen que somos usurpadores, intrusos, que hace poco que estamos ahí cuando no es así, se ha realizado una inspección ocular y pericias de los ranchos que tienen más de 100 años y además sufrimos una serie de atropellos y amenazas que ya vienen de hace años”.
Agregó “también nos perjudica porque los árboles que se cortaron son natitos y medicinales y que la gente utiliza como churqui, tusca, y ahí dentro de esos nuevos alambrados corren los arroyos de donde beben agua nuestros animales”.
“Además entre esos árboles que están cortando las vacas van a parir, porque ahí se protegen, los animales se esconden para parir y dejarnos sin arboles ni campos nos perjudica mucho en ese sentido porque las vacas ‘mal paren’ y pueden morir”.
JUJUY AL DIA® consultó a la integrante de la Comunidad de Las Capillas si esta situación fue denuncia ante el anterior gobierno y ante la nueva gestión a cargo de Gerardo Morales, a lo que afirmó “sí, lo denunciamos antes, pero nos tenían dando vuelta, nos decían que nos quedemos tranquilos pero siguieron avanzando”.
“Pero con el gobierno actual fue distinto, solo con decirle que el Gobernador nos recibió y en menos de tres días nos dieron la personería jurídica que hace más de dos años que la tramitamos, estamos muy agradecidos por esos, nos abrieron las puertas de Casa de Gobierno porque venimos luchando hace bastante y ahora nos respalda el señor Gobernador”.
“También la señora Natalia Sarapura nos ayudó y estamos agradecidos con el gobernador que está comprometido con nosotros y las comunidades. Nos dijo que no nos va a soltar la mano, ojala se cumpla”.
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Fecha de Publicación: 08/02/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Flores, integrante y vocera de la Comunidad Aborigen “Las Capillas”, se refirió a la lucha que llevan adelante ante el avance de una empresa minera en su territorio gracias a un permiso que les fue otorgado por el ex gobierno de Eduardo Fellner.
Además resaltó el rápido accionar en su defensa del propio Gobernador Gerardo Morales quien les otorgó la personería jurídica, trámite que esperaban terminar desde hace dos años y que, según comentaron, en esta nueva gestión de gobierno demoró tres días.
En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Flores explicó su presencia en el hall del Palacio de Tribunales, “el motivo por el que estamos acá es porque queremos reclamar los derechos que nos corresponden como comunidad, porque todos pertenecemos a la comunidad aborigen Las Capillas y llegamos a esta instancia porque la compañía minera Piuquén, que tiene como encargado a Juan José Correa, quiere despojarnos de nuestras tierras alambrando hectáreas que son zonas de pastoreo”.
“Ellos quieren poner plantines de eucaliptos y presentaron a Medioambiente un proyecto para forestar y la gestión anterior se lo aprobó. Por eso presentamos una medida cautelar contra esta compañía y a pesar de eso, más todas las denuncias que hacemos, ellos siguen y ahora empezaron a alambrar y desmontar los bosques nativos”.
Acerca de los perjuicios y riesgos que corren con el avance de esta empresa, Flores expresó “somos alrededor de 30 familias, en unas tierras a unos 37 kilómetros de Palpalá sobre ruta 20, y si corremos muchos riesgos ya que hubo un intento de desalojo y denuncias contra la gente de la comunidad porque dicen que somos usurpadores, intrusos, que hace poco que estamos ahí cuando no es así, se ha realizado una inspección ocular y pericias de los ranchos que tienen más de 100 años y además sufrimos una serie de atropellos y amenazas que ya vienen de hace años”.
Agregó “también nos perjudica porque los árboles que se cortaron son natitos y medicinales y que la gente utiliza como churqui, tusca, y ahí dentro de esos nuevos alambrados corren los arroyos de donde beben agua nuestros animales”.
“Además entre esos árboles que están cortando las vacas van a parir, porque ahí se protegen, los animales se esconden para parir y dejarnos sin arboles ni campos nos perjudica mucho en ese sentido porque las vacas ‘mal paren’ y pueden morir”.
JUJUY AL DIA® consultó a la integrante de la Comunidad de Las Capillas si esta situación fue denuncia ante el anterior gobierno y ante la nueva gestión a cargo de Gerardo Morales, a lo que afirmó “sí, lo denunciamos antes, pero nos tenían dando vuelta, nos decían que nos quedemos tranquilos pero siguieron avanzando”.
“Pero con el gobierno actual fue distinto, solo con decirle que el Gobernador nos recibió y en menos de tres días nos dieron la personería jurídica que hace más de dos años que la tramitamos, estamos muy agradecidos por esos, nos abrieron las puertas de Casa de Gobierno porque venimos luchando hace bastante y ahora nos respalda el señor Gobernador”.
“También la señora Natalia Sarapura nos ayudó y estamos agradecidos con el gobernador que está comprometido con nosotros y las comunidades. Nos dijo que no nos va a soltar la mano, ojala se cumpla”.
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Techint incumple con los pilagá
Una denuncia por los pilagá
Fecha de Publicación: 28/01/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Las comunidades Penqole y Qompi, del pueblo pilagá de Formosa, denunciaron a Techint por la construcción de un tramo del Gasoducto del Noreste, que atraviesa su pueblo. Los pilagá sostienen que la empresa realizó promesas que fueron incumplidas.
La empresa Techint, que opera en 45 países y factura 25.000 millones de dólares al año, fue denunciada por ingresar a territorio indígena en Formosa, no respetar los derechos de las comunidades y contaminar. La multinacional construye un tramo del Gasoducto del Noreste, con un presupuesto de 1300 millones de pesos, que no contempla la conexión de suministro a los pueblos originarios. Dos comunidades del pueblo pilagá denunciaron a Techint por la firma irregular de convenios y por no cumplir las promesas (de trabajo y pago de canon por servidumbre de paso). “Parece que los indígenas no tenemos derechos”, reclamó Juana Segundo, de la comunidad Penqole.
Los pueblos indígenas de Argentina cuentan con leyes nacionales y tratados internacionales que obligan a obtener su consentimiento por cualquier actividad que pudiera afectar sus territorios. El termino legal es “consulta libre, previa e informada”. Requiere respetar las formas y los tiempos de decisión de las comunidades originarias.
No fue lo que sucedió en Formosa. “Llegaron un día con un papel, nos avisaron que por acá pasaba un gasoducto y que debíamos firmar”, recordó Juana Segundo, autoridad de la comunidad pilagá Penqole, sobre la ruta provincial 28, a cinco kilómetros de la localidad de Las Lomitas.
Fue a inicios de 2015, cuando empleados de Techint visitaron la comunidad e instaron a firmar un “convenio”. El mismo 2015 comenzaron las obras que atraviesan la comunidad. Cortaron alambrados, ingresaron retroexcavadoras, camiones y obreros. Cavaron profundos pozos y comenzaron la instalación de enormes cañerías.
Juana Segundo recordó que les prometieron un pago de canon mensual por utilizar el territorio indígena, pero advirtió que nunca les pagaron. La comunidad solicitó materiales para la construcción de un salón comunitario, de seis metros de largo por cinco de ancho. Obtuvieron cemento, arena y ladrillos, pero faltó el hierro (para columnas y vigas). El salón quedó a medio construir. “Parece que Techint no tiene plata para hierros”, cuestionó la mujer pilagá.
La comunidad indígena preguntó si contarán con suministro de gas (hoy utilizan garrafas y leña). “La empresa dijo que no sabía, pero los trabajadores nos avisaron que sólo es para las ciudades”, reclamó la vocera pilagá. Y definió la situación actual: “Hay mucho silencio de la empresa y del gobierno, y mucha preocupación nuestra porque no se cumplen nuestros derechos”.
Según la publicidad oficial, el Gasoducto del Noreste se propone abastecer de gas a 3,4 millones de personas de Formosa, Santa Fe, Salta, Chaco, Corrientes y Misiones. Contará con 4000 kilómetros de cañerías, una inversión total de 28 mil millones de pesos y fue adjudicado a una decena de empresas según los tramos (la obra de Formosa, de 300 kilómetros, fue licitada a Techint por 1373 millones de pesos).
El conflicto se agravó en junio, cuando Techint cortó alambres de los pilagá, amplió un pozo y lo transformó en un piletón. En octubre volvieron a cortar alambrados, realizaron otra excavación y canales. Los pilagá denunciaron que Techint utilizó el territorio indígena como basurero, donde arrojó líquidos “de las máquinas y baños”. Con el agravante de que a pocos metros se encuentra un pozo de agua de los pilagá.
A fines de agosto los indígenas cerraron el paso hacia el gasoducto. Denunciaron los incumplimientos de Techint y también de la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina). A inicios de noviembre presentaron una denuncia judicial contra el responsable de Techint en la región, Jorge Pellegrini, por delito de “envenenamiento”. Solicitaron peritajes judiciales que examinen los residuos arrojados y recordaron que tres miembros de la comunidad enfermaron en esas semanas. También denunciaron en los tribunales de Lomitas al criollo Jorge Luna (que usurpó una parcela de la comunidad y actúa en consonancia con la empresa), por daños y amenazas con arma de fuego.
El accionar de Techint también afectó a la comunidad pilagá Qompi. “Nos dijeron que nos correspondía un pago mensual por canon. Y prometieron trabajo para los hombres”, recordó Cipriana Palomo, vocera de la comunidad (ubicada en la localidad de Pozo del Tigre).
La mujer, que también es autoridad de la Federación Pilagá de Formosa, señaló que la comunidad está integrada por 300 familias y sólo siete integrantes trabajaron en el gasoducto. En agosto pasado le cerraron el paso a Techint y exigieron que contrate más personas, alambre para los corrales, caños para conexiones de agua y cuatro motosierras. “Sólo entregó algo de alambre y caños”, afirmó Palomo y adelantó que siguen reclamando el pago del canon.
La comunidad Qompi responsabiliza a Techint, Enarsa y al gobierno nacional. También denuncia que la obra no contemple gas para los indígenas. “Nos mintieron”, lamentó Cipriana Palomo.
Techint, que no respondió las consultas de este diario, tiene 59.000 empleados en todo el mundo y factura 25.000 millones de dólares anuales. Es una empresa fundada en 1945 por Agostino Rocca y siempre estuvo ligada a la obra pública. Es el mayor productor de acero de América latina y líder global en la producción de tubos sin costura (principalmente para la actividad petrolera). Su presidente actual es Paolo Rocca y opera en más de 45 países. La publicidad corporativa de Techint afirma que entre sus objetivos principales está el “compromiso con el desarrollo local” y el “respeto al ambiente y a las comunidades” donde opera.
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Fecha de Publicación: 28/01/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Las comunidades Penqole y Qompi, del pueblo pilagá de Formosa, denunciaron a Techint por la construcción de un tramo del Gasoducto del Noreste, que atraviesa su pueblo. Los pilagá sostienen que la empresa realizó promesas que fueron incumplidas.
La empresa Techint, que opera en 45 países y factura 25.000 millones de dólares al año, fue denunciada por ingresar a territorio indígena en Formosa, no respetar los derechos de las comunidades y contaminar. La multinacional construye un tramo del Gasoducto del Noreste, con un presupuesto de 1300 millones de pesos, que no contempla la conexión de suministro a los pueblos originarios. Dos comunidades del pueblo pilagá denunciaron a Techint por la firma irregular de convenios y por no cumplir las promesas (de trabajo y pago de canon por servidumbre de paso). “Parece que los indígenas no tenemos derechos”, reclamó Juana Segundo, de la comunidad Penqole.
Los pueblos indígenas de Argentina cuentan con leyes nacionales y tratados internacionales que obligan a obtener su consentimiento por cualquier actividad que pudiera afectar sus territorios. El termino legal es “consulta libre, previa e informada”. Requiere respetar las formas y los tiempos de decisión de las comunidades originarias.
No fue lo que sucedió en Formosa. “Llegaron un día con un papel, nos avisaron que por acá pasaba un gasoducto y que debíamos firmar”, recordó Juana Segundo, autoridad de la comunidad pilagá Penqole, sobre la ruta provincial 28, a cinco kilómetros de la localidad de Las Lomitas.
Fue a inicios de 2015, cuando empleados de Techint visitaron la comunidad e instaron a firmar un “convenio”. El mismo 2015 comenzaron las obras que atraviesan la comunidad. Cortaron alambrados, ingresaron retroexcavadoras, camiones y obreros. Cavaron profundos pozos y comenzaron la instalación de enormes cañerías.
Juana Segundo recordó que les prometieron un pago de canon mensual por utilizar el territorio indígena, pero advirtió que nunca les pagaron. La comunidad solicitó materiales para la construcción de un salón comunitario, de seis metros de largo por cinco de ancho. Obtuvieron cemento, arena y ladrillos, pero faltó el hierro (para columnas y vigas). El salón quedó a medio construir. “Parece que Techint no tiene plata para hierros”, cuestionó la mujer pilagá.
La comunidad indígena preguntó si contarán con suministro de gas (hoy utilizan garrafas y leña). “La empresa dijo que no sabía, pero los trabajadores nos avisaron que sólo es para las ciudades”, reclamó la vocera pilagá. Y definió la situación actual: “Hay mucho silencio de la empresa y del gobierno, y mucha preocupación nuestra porque no se cumplen nuestros derechos”.
Según la publicidad oficial, el Gasoducto del Noreste se propone abastecer de gas a 3,4 millones de personas de Formosa, Santa Fe, Salta, Chaco, Corrientes y Misiones. Contará con 4000 kilómetros de cañerías, una inversión total de 28 mil millones de pesos y fue adjudicado a una decena de empresas según los tramos (la obra de Formosa, de 300 kilómetros, fue licitada a Techint por 1373 millones de pesos).
El conflicto se agravó en junio, cuando Techint cortó alambres de los pilagá, amplió un pozo y lo transformó en un piletón. En octubre volvieron a cortar alambrados, realizaron otra excavación y canales. Los pilagá denunciaron que Techint utilizó el territorio indígena como basurero, donde arrojó líquidos “de las máquinas y baños”. Con el agravante de que a pocos metros se encuentra un pozo de agua de los pilagá.
A fines de agosto los indígenas cerraron el paso hacia el gasoducto. Denunciaron los incumplimientos de Techint y también de la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina). A inicios de noviembre presentaron una denuncia judicial contra el responsable de Techint en la región, Jorge Pellegrini, por delito de “envenenamiento”. Solicitaron peritajes judiciales que examinen los residuos arrojados y recordaron que tres miembros de la comunidad enfermaron en esas semanas. También denunciaron en los tribunales de Lomitas al criollo Jorge Luna (que usurpó una parcela de la comunidad y actúa en consonancia con la empresa), por daños y amenazas con arma de fuego.
El accionar de Techint también afectó a la comunidad pilagá Qompi. “Nos dijeron que nos correspondía un pago mensual por canon. Y prometieron trabajo para los hombres”, recordó Cipriana Palomo, vocera de la comunidad (ubicada en la localidad de Pozo del Tigre).
La mujer, que también es autoridad de la Federación Pilagá de Formosa, señaló que la comunidad está integrada por 300 familias y sólo siete integrantes trabajaron en el gasoducto. En agosto pasado le cerraron el paso a Techint y exigieron que contrate más personas, alambre para los corrales, caños para conexiones de agua y cuatro motosierras. “Sólo entregó algo de alambre y caños”, afirmó Palomo y adelantó que siguen reclamando el pago del canon.
La comunidad Qompi responsabiliza a Techint, Enarsa y al gobierno nacional. También denuncia que la obra no contemple gas para los indígenas. “Nos mintieron”, lamentó Cipriana Palomo.
Techint, que no respondió las consultas de este diario, tiene 59.000 empleados en todo el mundo y factura 25.000 millones de dólares anuales. Es una empresa fundada en 1945 por Agostino Rocca y siempre estuvo ligada a la obra pública. Es el mayor productor de acero de América latina y líder global en la producción de tubos sin costura (principalmente para la actividad petrolera). Su presidente actual es Paolo Rocca y opera en más de 45 países. La publicidad corporativa de Techint afirma que entre sus objetivos principales está el “compromiso con el desarrollo local” y el “respeto al ambiente y a las comunidades” donde opera.
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Relmu Ñamku absuelta
Un jurado intercultural absolvió a la dirigente mapuche Relmu Ñamku
Fecha de Publicación: 05/11/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Neuquén
En un juicio histórico, un jurado intercultural absolvió a la mujer mapuche Relmu Ñamku, que estaba acusada de intento de homicidio. Se trata del primer juicio en la Argentina con un jurado intercultural, donde la mitad son mapuches.
Relmu estaba acusada de arrojar una piedra que hirió a la auxiliar del Poder Judicial Verónica Pelayes durante un conflicto territorial en Neuquén.
El juicio tuvo siete audiencias y, según informaron desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), tras la deliberación, el jurado encontró a la acusada "no culpable" de los delitos de lesiones graves y daño agravado. "Las acusaciones ya habían desistido de la acusación por tentativa de homicidio", sostuvieron desde AAJJ. En los alegatos, la fiscal Sandra González Taboada había cambiado la calificación a "lesiones graves en concurso real con daño".
"Estoy muy feliz, festejando. Esto marca un precedente, pudimos sacar a la luz la voz de los pueblos originarios", señaló Relmu en diálogo con LA NACION. "Hoy no estamos en la agenda de ningún partido político, y este juicio ridículo, más allá de lo personal, nos dio la posibilidad de hacer pública la situación que vive nuestra comunidad", sostuvo la mujer.
El caso
El hecho por el que se acusó a Relmu ocurrió el 28 de diciembre de 2012, cuando la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad mapuche Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, en Nequén, con una orden judicial para desalojar a los miembros de la comunidad, que bloqueaban el acceso a su territorio. La medida judicial era para facilitar el ingreso de la petrolera Apache y policías al territorio de la comunidad.
La comunidad se defendió con piedras y Pelayes sufrió la fractura del tabique nasal. Por el hecho fueron acusados Relmu, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Rain.
A Relmu se la acusó en primer lugar por lesiones, pero luego la carátula cambió a "intento de homicidio".
Al final del juicio, tanto Relmu como los otros dos acusados fueron declarados "no culpables" de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones, aunque a ella se la halló culpable de daño simple de un vehículo.
Un juicio histórico
"La fiscalía forzó la calificación, que nosotros consideramos desproporcionada, y dijo que la pena que iba a pedir era de más de 15 años de prisión. Eso, según las normativas de Neuquén, habilitaba el juicio por jurados", explicó a LA NACION Dario Kosovsky, abogado de Relmu.
Ante esta situación, la defensa pidió que, tal como lo establece el el Código Procesal Penal de Neuquén, la mitad de los jurados pertenecieran al mismo entorno social y cultural que la acusada. Esto dio lugar a un proceso histórico y sin precedentes en la Argentina: la conformación de un jurado intercultural, en el que la mitad de los miembros eran mapuches.
"Fue una experiencia buenísima. Creemos que el jurado tiene más sabiduría muchas veces que un juez técnico. Juzga con criterios más amplios de justicia", sostuvo Kosovsky.
"Creemos que el jurado comprendió el caso de una manera amplia, que no era sólo lo desproporcionado de la acusación, y la falta de pruebas contra Relmu, sino la debilidad de una comunidad frente al avance inconsulto de las petroleras", detalló el letrado.
"El juicio era desmesurado y tenía un tinte racista. Yo creo que eso conmovió a la sociedad, y a los jurados", dijo Relmu. "Ahora nos sentimos con la enorme responsabilidad de llevar un mensaje de resistencia a los pueblos originarios, que somos perseguidos y criminalizados", concluyó la mujer.
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Fecha de Publicación: 05/11/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Neuquén
En un juicio histórico, un jurado intercultural absolvió a la mujer mapuche Relmu Ñamku, que estaba acusada de intento de homicidio. Se trata del primer juicio en la Argentina con un jurado intercultural, donde la mitad son mapuches.
Relmu estaba acusada de arrojar una piedra que hirió a la auxiliar del Poder Judicial Verónica Pelayes durante un conflicto territorial en Neuquén.
El juicio tuvo siete audiencias y, según informaron desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), tras la deliberación, el jurado encontró a la acusada "no culpable" de los delitos de lesiones graves y daño agravado. "Las acusaciones ya habían desistido de la acusación por tentativa de homicidio", sostuvieron desde AAJJ. En los alegatos, la fiscal Sandra González Taboada había cambiado la calificación a "lesiones graves en concurso real con daño".
"Estoy muy feliz, festejando. Esto marca un precedente, pudimos sacar a la luz la voz de los pueblos originarios", señaló Relmu en diálogo con LA NACION. "Hoy no estamos en la agenda de ningún partido político, y este juicio ridículo, más allá de lo personal, nos dio la posibilidad de hacer pública la situación que vive nuestra comunidad", sostuvo la mujer.
El caso
El hecho por el que se acusó a Relmu ocurrió el 28 de diciembre de 2012, cuando la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad mapuche Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, en Nequén, con una orden judicial para desalojar a los miembros de la comunidad, que bloqueaban el acceso a su territorio. La medida judicial era para facilitar el ingreso de la petrolera Apache y policías al territorio de la comunidad.
La comunidad se defendió con piedras y Pelayes sufrió la fractura del tabique nasal. Por el hecho fueron acusados Relmu, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Rain.
A Relmu se la acusó en primer lugar por lesiones, pero luego la carátula cambió a "intento de homicidio".
Al final del juicio, tanto Relmu como los otros dos acusados fueron declarados "no culpables" de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones, aunque a ella se la halló culpable de daño simple de un vehículo.
Un juicio histórico
"La fiscalía forzó la calificación, que nosotros consideramos desproporcionada, y dijo que la pena que iba a pedir era de más de 15 años de prisión. Eso, según las normativas de Neuquén, habilitaba el juicio por jurados", explicó a LA NACION Dario Kosovsky, abogado de Relmu.
Ante esta situación, la defensa pidió que, tal como lo establece el el Código Procesal Penal de Neuquén, la mitad de los jurados pertenecieran al mismo entorno social y cultural que la acusada. Esto dio lugar a un proceso histórico y sin precedentes en la Argentina: la conformación de un jurado intercultural, en el que la mitad de los miembros eran mapuches.
"Fue una experiencia buenísima. Creemos que el jurado tiene más sabiduría muchas veces que un juez técnico. Juzga con criterios más amplios de justicia", sostuvo Kosovsky.
"Creemos que el jurado comprendió el caso de una manera amplia, que no era sólo lo desproporcionado de la acusación, y la falta de pruebas contra Relmu, sino la debilidad de una comunidad frente al avance inconsulto de las petroleras", detalló el letrado.
"El juicio era desmesurado y tenía un tinte racista. Yo creo que eso conmovió a la sociedad, y a los jurados", dijo Relmu. "Ahora nos sentimos con la enorme responsabilidad de llevar un mensaje de resistencia a los pueblos originarios, que somos perseguidos y criminalizados", concluyó la mujer.
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Neuquén: Juicio a mapuches por defenderse
Juicio a mapuches acusados de agresiones en defensa de tierras originarias
Fecha de Publicación: 29/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se inició el juicio contra Relmu Ñamku, mujer referente de la comunidad mapuche Winkul Newen, acusada de “tentativa de homicidio”. Además, también imputan a Martin Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la misma comunidad. Verónica Pelayes, la víctima, es oficial de justicia, y no concurre a las audiencias hasta que llegue su turno de declarar como testigo. En el jurado también hay miembros de pueblos originarios.
La comunidad mapuche argumenta que el hecho se produjo en una movilización en el año 2012 para defender tierras originarias, ante el avance de las topadoras de la empresa Apache, que explota hidrocarburos en la zona.
De acuerdo a estos relatos, la oficial de justicia, Verónica Pelayes, acudió ante la toma mapuche a presentar una cédula judicial cuando se originaron algunas pedradas donde resultó lastimada la funcionaria pública.
La fiscal Sandra González Taboada, es quien acusa a Relmu Ñamku por el delito de “tentativa de homicidio”, y relató ante el jurado que “Pelayes recibió todo tipo de insultos y, cuando intentaba retirarse, Relmu se acercó a la ventanilla del auto y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo graves lesiones en el rostro”.
Desde la comunidad señalaron que “la fiscal Taboada está pidiendo 15 años de prisión en un juicio que tuvo todo tipo de manipulaciones e irregularidades que la fiscalía hizo para que la carátula que en un principio era por “lesiones” pase a “tentativa de homicidio”. Nuestra comunidad viene resistiendo hace décadas a las empresas petroleras, que han producido derrames, fugas de gas e incontables delitos al medio ambiente que afectan directamente a los habitantes”.
Relmu Ñamku, expresó que “nunca quisimos lastimar a nadie, no supimos que había alguien herido hasta que llegó un oficial con la denuncia. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nuestra familia”.
Los defensores de los tres integrantes de la comunidad Winkul Newen, Darío Kosovsky y Emanuel Alfredo Roa Moreno, replicaron diciendo que “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraran piedras, pero no con la intención de lastimar gravemente. Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron los hechos, esta comunidad sufre a diario por los derrames y el accionar de las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”.
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Fecha de Publicación: 29/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se inició el juicio contra Relmu Ñamku, mujer referente de la comunidad mapuche Winkul Newen, acusada de “tentativa de homicidio”. Además, también imputan a Martin Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la misma comunidad. Verónica Pelayes, la víctima, es oficial de justicia, y no concurre a las audiencias hasta que llegue su turno de declarar como testigo. En el jurado también hay miembros de pueblos originarios.
La comunidad mapuche argumenta que el hecho se produjo en una movilización en el año 2012 para defender tierras originarias, ante el avance de las topadoras de la empresa Apache, que explota hidrocarburos en la zona.
De acuerdo a estos relatos, la oficial de justicia, Verónica Pelayes, acudió ante la toma mapuche a presentar una cédula judicial cuando se originaron algunas pedradas donde resultó lastimada la funcionaria pública.
La fiscal Sandra González Taboada, es quien acusa a Relmu Ñamku por el delito de “tentativa de homicidio”, y relató ante el jurado que “Pelayes recibió todo tipo de insultos y, cuando intentaba retirarse, Relmu se acercó a la ventanilla del auto y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo graves lesiones en el rostro”.
Desde la comunidad señalaron que “la fiscal Taboada está pidiendo 15 años de prisión en un juicio que tuvo todo tipo de manipulaciones e irregularidades que la fiscalía hizo para que la carátula que en un principio era por “lesiones” pase a “tentativa de homicidio”. Nuestra comunidad viene resistiendo hace décadas a las empresas petroleras, que han producido derrames, fugas de gas e incontables delitos al medio ambiente que afectan directamente a los habitantes”.
Relmu Ñamku, expresó que “nunca quisimos lastimar a nadie, no supimos que había alguien herido hasta que llegó un oficial con la denuncia. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nuestra familia”.
Los defensores de los tres integrantes de la comunidad Winkul Newen, Darío Kosovsky y Emanuel Alfredo Roa Moreno, replicaron diciendo que “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraran piedras, pero no con la intención de lastimar gravemente. Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron los hechos, esta comunidad sufre a diario por los derrames y el accionar de las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”.
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Campesinos denuncian desmontes en Córdoba
Denuncian nuevos desmontes en Traslasierra y Villa Quilino
Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Córdoba
El Movimiento Campesino denunció que empresarios ganaderos comenzaron los trabajos, uno de ellos ya tiene antecedentes.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denunció la aprobación por parte del gobierno provincial de desmontes realizados en las zonas de Traslasierra Villa Quilino, de 4.500 y 2.000 hectáreas respectivamente.
En diálogo con Cba24n, Maria Eugenia Sosa referente de la organización, explicó que la modalidad de intervención es la denominada "rolado o desmonte selectivo". Es decir, la extracción de la vegetación pequeña y mediana, incluyendo arbustos, pero dejando los árboles de mayor tamaño. De esta manera, se libera el suelo para el crecimiento de pasto. Esto se realiza con fines económicos, para desarrollar la actividad ganadera.
Sin embargo, Sosa denuncia que estos procedimientos, que cuentan con la aprobación de la Secretaría de Ambiente, son prohibidos por las leyes de Protección de Bosques Nativos tanto nacional como provincial por realizarse sobre sectores calificados dentro de las categorías Roja y Amarilla. Es decir, en zonas de máxima restricción de actividades.
Al mismo tiempo, la referente de la organización sostuvo que en este momento ya se encuentra trabajando una "topadora chica" en los terrenos de Traslasierra.
En el Registro de Infractores
Uno de los casos denunciados se encuentra ubicado en el departamento de Pocho. Se trata de la estancia San Tirbucio, en Chancaní. La propiedad privada fue adquirida en una zona de bosque nativo, y actualmente una sociedad anónima se encuentra explotando el lugar para la cría de ganado bovino. Esta empresa, con domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya presenta antecedentes en el Registro de Infractores de la Dirección de Policía Ambiental. En mayo del 2014 se le impuso una multa de más de $140 mil.
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Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Córdoba
El Movimiento Campesino denunció que empresarios ganaderos comenzaron los trabajos, uno de ellos ya tiene antecedentes.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denunció la aprobación por parte del gobierno provincial de desmontes realizados en las zonas de Traslasierra Villa Quilino, de 4.500 y 2.000 hectáreas respectivamente.
En diálogo con Cba24n, Maria Eugenia Sosa referente de la organización, explicó que la modalidad de intervención es la denominada "rolado o desmonte selectivo". Es decir, la extracción de la vegetación pequeña y mediana, incluyendo arbustos, pero dejando los árboles de mayor tamaño. De esta manera, se libera el suelo para el crecimiento de pasto. Esto se realiza con fines económicos, para desarrollar la actividad ganadera.
Sin embargo, Sosa denuncia que estos procedimientos, que cuentan con la aprobación de la Secretaría de Ambiente, son prohibidos por las leyes de Protección de Bosques Nativos tanto nacional como provincial por realizarse sobre sectores calificados dentro de las categorías Roja y Amarilla. Es decir, en zonas de máxima restricción de actividades.
Al mismo tiempo, la referente de la organización sostuvo que en este momento ya se encuentra trabajando una "topadora chica" en los terrenos de Traslasierra.
En el Registro de Infractores
Uno de los casos denunciados se encuentra ubicado en el departamento de Pocho. Se trata de la estancia San Tirbucio, en Chancaní. La propiedad privada fue adquirida en una zona de bosque nativo, y actualmente una sociedad anónima se encuentra explotando el lugar para la cría de ganado bovino. Esta empresa, con domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya presenta antecedentes en el Registro de Infractores de la Dirección de Policía Ambiental. En mayo del 2014 se le impuso una multa de más de $140 mil.
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183 conflictos que afectan a poblaciones originarias
Mapa registra 183 conflictos que afectan a poblaciones originarias
Fecha de Publicación: 12/09/2015
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Al igual que en varios países de la región, Argentina presenta un alto número de conflictos que afectan directamente a poblaciones originarias. Así lo demuestra un mapa digital difundido por la organización Amnistía Internacional Argentina.
De acuerdo al mapa (ver aquí), se han registrado 183 casos en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos. Se tiene así que las provincias de Jujuy, Salta y Neuquén presentan la mayor cantidad de denuncias.
La organización dividió en seis los tipos de demandas: territorial, ambiental, violencia, desalojo, personería jurídica y criminalización.
De este modo se tiene que los conflictos están relacionados con el proceder de los gobiernos, tanto municipales como provinciales y el nacional. Asimismo, con la actuación de empresas agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras.
De igual modo, también son causa de conflictos los jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen normativas vigentes.
Citando cuestiones concretas, el mapa recoge casos como los siguientes: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión y la larga lucha de los indígenas Qom.
El caso más sonado últimamente es el que mantiene la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, hoy conocida como “La Primavera”, en la zona de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa (frontera con Paraguay), que sigue reclamando por la devolución y titulación del territorio.
Cabe destacar, como reconoce Amnistía, que el levantamiento de la información que se aprecia en el mapa “no pretende ser exhaustivo”.
La organización señala así que se trata del comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.
Respecto al mapa, cabe destacar su diseño digital amigable que permite ubicar con facilidad cada caso por provincia. De igual modo facilita el acceso a otro tipo de información valiosa.
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Fecha de Publicación: 12/09/2015
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Al igual que en varios países de la región, Argentina presenta un alto número de conflictos que afectan directamente a poblaciones originarias. Así lo demuestra un mapa digital difundido por la organización Amnistía Internacional Argentina.
De acuerdo al mapa (ver aquí), se han registrado 183 casos en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos. Se tiene así que las provincias de Jujuy, Salta y Neuquén presentan la mayor cantidad de denuncias.
La organización dividió en seis los tipos de demandas: territorial, ambiental, violencia, desalojo, personería jurídica y criminalización.
De este modo se tiene que los conflictos están relacionados con el proceder de los gobiernos, tanto municipales como provinciales y el nacional. Asimismo, con la actuación de empresas agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras.
De igual modo, también son causa de conflictos los jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen normativas vigentes.
Citando cuestiones concretas, el mapa recoge casos como los siguientes: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión y la larga lucha de los indígenas Qom.
El caso más sonado últimamente es el que mantiene la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, hoy conocida como “La Primavera”, en la zona de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa (frontera con Paraguay), que sigue reclamando por la devolución y titulación del territorio.
Cabe destacar, como reconoce Amnistía, que el levantamiento de la información que se aprecia en el mapa “no pretende ser exhaustivo”.
La organización señala así que se trata del comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.
Respecto al mapa, cabe destacar su diseño digital amigable que permite ubicar con facilidad cada caso por provincia. De igual modo facilita el acceso a otro tipo de información valiosa.
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Conflicto con mapuches en Yacimiento de YPF en Catriel
Mapuches cortan el acceso al Yacimiento Medanito de YPF en Catriel
Fecha de Publicación: 04/09/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Dirigentes del pueblo mapuche, convocados por la Organización Nación Mapuche, que llevan adelante un reclamo por incumplimiento de contrato contra la empresa YPF, cortaron desde ayer el acceso al yacimiento Medanito donde se encuentra la planta de la empresa petrolera estatal.
Según explicaron, el corte es por tiempo indeterminado. El plan de lucha se inició la semana pasada y se fue incrementando con el correr de los días, donde “responsabilizan a YPF por los daños y pérdidas que pudieran darse”, dice un comunicado de prensa.
“El conflicto se destraba con una simple decisión: cumplir el contrato, cosa que le reclamamos desde principios de año, pero han estado haciendo cosas raras, y ahora no sólo queremos que se cumpla el contrato, sino que rueden las cabezas de aquellos que nos han estado mintiendo acá en Catriel, de los cuales tenemos nombres y apellidos” expresaron los de dirigentes que realizan la medida de fuerza.
Señalaron que “YPF estaría pretendiendo que la pyme mapuche despida personal, y para lograrlo, optan por no cumplir determinadas parte del contrato como elemento de presión. Ante esto, los responsables de la pequeña empresa de servicios “Puelche Katriel” optó por exigir el cumplimiento del contrato, del que no están dispuestos a ceder absolutamente nada”.
“Con muchos sacrificio, después de años de lucha, logramos que nos den trabajo, y que seamos nosotros los que controlemos el cuidado del medio ambiente, pero seguramente debe haber aparecido algún oportunista que quiere quedarse con esta tarea, y empiezan a enrarecer el clima para que nos caigamos y desaparezcamos. Los mapuche hemos resistido la invasión española, hemos sobrevivido al genocidio del Gral. Roca y tengan por seguro que seguiremos resistiendo” y agregan “el pueblo mapuche siempre ha sido objeto de marginación, estar al margen de todo es normal para nosotros, y esa es nuestra fortaleza, por eso, tengan por seguro que a partir de ahora no entran más al yacimiento hasta que cumplan con lo que tienen que cumplir, y si buscan la complicidad política, judicial y policial, que lo hagan; también estamos preparados para ello, pero tengan por seguro que cada acción equivocada, la van a pagar a precios muy altos” advirtió el Inán Lonko Fernando Arce.
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Fecha de Publicación: 04/09/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Dirigentes del pueblo mapuche, convocados por la Organización Nación Mapuche, que llevan adelante un reclamo por incumplimiento de contrato contra la empresa YPF, cortaron desde ayer el acceso al yacimiento Medanito donde se encuentra la planta de la empresa petrolera estatal.
Según explicaron, el corte es por tiempo indeterminado. El plan de lucha se inició la semana pasada y se fue incrementando con el correr de los días, donde “responsabilizan a YPF por los daños y pérdidas que pudieran darse”, dice un comunicado de prensa.
“El conflicto se destraba con una simple decisión: cumplir el contrato, cosa que le reclamamos desde principios de año, pero han estado haciendo cosas raras, y ahora no sólo queremos que se cumpla el contrato, sino que rueden las cabezas de aquellos que nos han estado mintiendo acá en Catriel, de los cuales tenemos nombres y apellidos” expresaron los de dirigentes que realizan la medida de fuerza.
Señalaron que “YPF estaría pretendiendo que la pyme mapuche despida personal, y para lograrlo, optan por no cumplir determinadas parte del contrato como elemento de presión. Ante esto, los responsables de la pequeña empresa de servicios “Puelche Katriel” optó por exigir el cumplimiento del contrato, del que no están dispuestos a ceder absolutamente nada”.
“Con muchos sacrificio, después de años de lucha, logramos que nos den trabajo, y que seamos nosotros los que controlemos el cuidado del medio ambiente, pero seguramente debe haber aparecido algún oportunista que quiere quedarse con esta tarea, y empiezan a enrarecer el clima para que nos caigamos y desaparezcamos. Los mapuche hemos resistido la invasión española, hemos sobrevivido al genocidio del Gral. Roca y tengan por seguro que seguiremos resistiendo” y agregan “el pueblo mapuche siempre ha sido objeto de marginación, estar al margen de todo es normal para nosotros, y esa es nuestra fortaleza, por eso, tengan por seguro que a partir de ahora no entran más al yacimiento hasta que cumplan con lo que tienen que cumplir, y si buscan la complicidad política, judicial y policial, que lo hagan; también estamos preparados para ello, pero tengan por seguro que cada acción equivocada, la van a pagar a precios muy altos” advirtió el Inán Lonko Fernando Arce.
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Proponen prohibir desmontes en terrenos indígenas
Proponen prohibir desmontes en territorios y reservas indígenas del Chaco
Fecha de Publicación: 11/06/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El legislador justicialista Orlando Charole presentó un proyecto de ley para prohibir por tiempo indeterminado actividades de desmonte y explotación forestal en territorios y tierras reservadas para las comunidades Qom, Wichí y Moqoit.
El diputado Orlando Charole es autor del proyecto de Ley 1769/15 que propicia “la protección, recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los pueblos indígenas Qom, Wichí y Moqoit en la provincia del Chaco, para que en un marco de desarrollo sostenible, el bosque cumpla con sus funciones ambientales, sociales y económicas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades Indígenas”.
De sancionarse y promulgarse la ley, y por tiempo indeterminado, se prohibiría en los territorios y tierras reservadas, realizar actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal en todas sus formas. En ese sentido, se pretende encomendar a La Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Producción conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un Inventario Forestal en estos territorios y reservas indígenas.
Dicho inventario deberá reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de esta ley, determinando así la efectividad de la presente disposición normativa y la evolución de la superficie de bosques en estos territorios.
La iniciativa pretende prohibir la emisión de permisos; licencias, autorizaciones o cualquier otra modalidad de documento jurídicamente valido, que ampare la transformación, alteración o conversión de los bosques nativos que se encuentren dentro del territorio reservado a los pueblos indígenas, sin la participación previa de las comunidades afectadas.
En los fundamentos, el autor explica que “el deterioro constante del hábitat en que viven las comunidades indígenas producto de la extracción abusiva de su recurso forestal constituye uno de los fenómenos de su histórica explotación, condenándolos al trabajo forzado y desvinculándolo de todos los derechos y garantías laborales como originario de América” y que “el daño ecológico ocasionado a la madre tierra desde la conquista hasta la actualidad de manera sistemática y abusiva en todas sus formas, no fue llevado a cabo por los pueblos originarios sino por grupos imperialistas, terratenientes y saqueadores disfrazados de empresarios que a toda costa emprenden sus objetivos en complicidad con los organismos del estado, que terminan con la destrucción de los bosques y toda otra especie maderable irremplazable por muchos años como el algarrobo, quebracho blanco y colorado, lapacho, jacarandá y otras especies”.
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Fecha de Publicación: 11/06/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El legislador justicialista Orlando Charole presentó un proyecto de ley para prohibir por tiempo indeterminado actividades de desmonte y explotación forestal en territorios y tierras reservadas para las comunidades Qom, Wichí y Moqoit.
El diputado Orlando Charole es autor del proyecto de Ley 1769/15 que propicia “la protección, recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los pueblos indígenas Qom, Wichí y Moqoit en la provincia del Chaco, para que en un marco de desarrollo sostenible, el bosque cumpla con sus funciones ambientales, sociales y económicas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades Indígenas”.
De sancionarse y promulgarse la ley, y por tiempo indeterminado, se prohibiría en los territorios y tierras reservadas, realizar actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal en todas sus formas. En ese sentido, se pretende encomendar a La Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Producción conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un Inventario Forestal en estos territorios y reservas indígenas.
Dicho inventario deberá reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de esta ley, determinando así la efectividad de la presente disposición normativa y la evolución de la superficie de bosques en estos territorios.
La iniciativa pretende prohibir la emisión de permisos; licencias, autorizaciones o cualquier otra modalidad de documento jurídicamente valido, que ampare la transformación, alteración o conversión de los bosques nativos que se encuentren dentro del territorio reservado a los pueblos indígenas, sin la participación previa de las comunidades afectadas.
En los fundamentos, el autor explica que “el deterioro constante del hábitat en que viven las comunidades indígenas producto de la extracción abusiva de su recurso forestal constituye uno de los fenómenos de su histórica explotación, condenándolos al trabajo forzado y desvinculándolo de todos los derechos y garantías laborales como originario de América” y que “el daño ecológico ocasionado a la madre tierra desde la conquista hasta la actualidad de manera sistemática y abusiva en todas sus formas, no fue llevado a cabo por los pueblos originarios sino por grupos imperialistas, terratenientes y saqueadores disfrazados de empresarios que a toda costa emprenden sus objetivos en complicidad con los organismos del estado, que terminan con la destrucción de los bosques y toda otra especie maderable irremplazable por muchos años como el algarrobo, quebracho blanco y colorado, lapacho, jacarandá y otras especies”.
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Proyectan protección a ecosistema puntano
La Tranca: avanza el proyecto de protección de bosque en la comunidad huarpe
Fecha de Publicación: 03/06/2015
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
El Ministerio de Medio Ambiente realizó el segundo taller de conservación de flora autóctona, del que participaron alumnos del nivel secundario e integrantes de la Fundación para el Estudio e Intervención Socio Ambiental (EISA), de esa localidad.
El Ministerio de Medio Ambiente realizó el segundo taller de protección y conservación del bosque nativo de la comunidad huarpe de La Tranca, del que participaron estudiantes del nivel secundario y los técnicos de la Fundación para el Estudio e Intervención Socio Ambiental (EISA), de esa localidad. El tema principal del encuentro fue la flora autóctona.
“Realizamos actividades de reconocimiento de especies, recolección y luego un herbario lo que permitirá una identificación futura más rápida. Los adolescentes expresaron su motivación ante las actividades y sus conocimientos en la identificación de las especies vegetales. Asumieron el compromiso de completar el herbario”, explicó el jefe de Programa Biodiversidad, Jorge Heider.
Luego de las actividades a campo, el equipo de Biodiversidad y la Fundación asistieron a la radio de la comunidad para explicar las acciones y los avances en el proyecto, invitando a sumarse a todo el pueblo Huarpe.
Proyecto Comunidad Huarpe
El “Plan de Conservación del Bosque Nativo de la Comunidad Huarpe de la Tranca: Restauración, lucha contra la desertificación y actividades productivas sustentables” tiene como objetivo principal realizar una restauración ecológica de los bosques nativos de esa Comunidad con instancias participativas para garantizar su identidad cultural.
El Ministerio de Medio Ambiente implementará un sistema de control y monitoreo con la comunidad, revalorizando las funciones de sus bosques, fomentando las actividades productivas sustentables que lleven a un diseño de un manejo ganadero para la conservación del bosque nativo. “En este primer año se trabajará sobre la erosión en la remediación de cárcavas que afectan directamente al bosque y el desarrollo de un vivero para la reforestación de estas superficies degradadas”, detalló el jefe de Programa Biodiversidad.
El proyecto se desarrolla con fondos de bosque nativo por un monto de 463.560 pesos.
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Fecha de Publicación: 03/06/2015
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
El Ministerio de Medio Ambiente realizó el segundo taller de conservación de flora autóctona, del que participaron alumnos del nivel secundario e integrantes de la Fundación para el Estudio e Intervención Socio Ambiental (EISA), de esa localidad.
El Ministerio de Medio Ambiente realizó el segundo taller de protección y conservación del bosque nativo de la comunidad huarpe de La Tranca, del que participaron estudiantes del nivel secundario y los técnicos de la Fundación para el Estudio e Intervención Socio Ambiental (EISA), de esa localidad. El tema principal del encuentro fue la flora autóctona.
“Realizamos actividades de reconocimiento de especies, recolección y luego un herbario lo que permitirá una identificación futura más rápida. Los adolescentes expresaron su motivación ante las actividades y sus conocimientos en la identificación de las especies vegetales. Asumieron el compromiso de completar el herbario”, explicó el jefe de Programa Biodiversidad, Jorge Heider.
Luego de las actividades a campo, el equipo de Biodiversidad y la Fundación asistieron a la radio de la comunidad para explicar las acciones y los avances en el proyecto, invitando a sumarse a todo el pueblo Huarpe.
Proyecto Comunidad Huarpe
El “Plan de Conservación del Bosque Nativo de la Comunidad Huarpe de la Tranca: Restauración, lucha contra la desertificación y actividades productivas sustentables” tiene como objetivo principal realizar una restauración ecológica de los bosques nativos de esa Comunidad con instancias participativas para garantizar su identidad cultural.
El Ministerio de Medio Ambiente implementará un sistema de control y monitoreo con la comunidad, revalorizando las funciones de sus bosques, fomentando las actividades productivas sustentables que lleven a un diseño de un manejo ganadero para la conservación del bosque nativo. “En este primer año se trabajará sobre la erosión en la remediación de cárcavas que afectan directamente al bosque y el desarrollo de un vivero para la reforestación de estas superficies degradadas”, detalló el jefe de Programa Biodiversidad.
El proyecto se desarrolla con fondos de bosque nativo por un monto de 463.560 pesos.
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Suspenden actividades en el primer pozo de shale oil
La Justicia suspende las actividades en el pozo de petróleo no convencional El Trébol
Fecha de Publicación: 16/04/2015
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La titular del Juzgado Laboral N° 2 de Comodoro Rivadavia, Iris Pacheco, hizo lugar al amparo presentado por la explotación del pozo de petróleo no convencional denominado El Trébol de YPF. La empresa deberá suspender las operaciones en ese sector.
El Juzgado Laboral N° 2 suspendió las actividades del primer pozo de fracking del Chubut, que se encuentra ubicado en El Trébol, a 18 Km del centro de Comodoro. Aunque se advirtió que el Gobierno de Chubut puede apelar la medida.
El recurso de amparo lo presentó Marcelino Pintihueque, del pueblo mapuche, patrocinado por la abogada comodorense Silvia de los Santos. En esta determinación jugó un rol determinante el informe del perito de oficio Roberto Ochandio -designado por el Juzgado- que plantea que la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso.
La argumentación de Ochandio fue coincidente con el aporte del perito de “parte”, judicialmente un consultor técnico de la parte demandante, el ingeniero en Petróleo y master en Evaluación de impacto ambiental y energías alternativas -entre otras cosas- Eduardo D’Lía. Cabe recordar que Ochandio había sido cuestionado por el Gobierno de Chubut al indicar que no tenía como especialidad la explotación petrolera, sin embargo es geógrafo y cuenta con más de 30 años de experiencia como trabajador petrolero.
Sobre el fallo, De los Santos indicó que la Justicia consideró que “el pozo no tenía garantías necesarias para no vulnerar el ambiente y que está acreditada la afectación directa del agua hasta que se demuestre lo contrario, pero no existe tecnología en el mundo que evite la contaminación del agua y el aire”.
La medida cautelar en una primera instancia suspendió algunas de las actividades en el pozo, luego, en el mes de febrero, esa decisión fue apelada y la justicia falló a favor del Gobierno, y ahora “se llegó a una sentencia de primera instancia de la acción de amparo es decir del proceso principal, efectivamente ordena suspender todas las actividades de fractura hidráulica en la zona de El Trébol”, dijo De los Santos.
La jueza y los actores parte de la causa realizaron el año pasado una inspección ocular en la zona de instalación del pozo. “Nos vamos dando cuenta de que la actividad produce serios daños, como muchas otras actividades que nos damos cuenta con el tiempo del daño que producen. Hay miles de ejemplos, el plomo, el mercurio, el pcv, glifosato en este caso más de 15 años de lucha y ahora la OMS (Organización Mundial de la Salud) acaba de confirmar que es potencialmente cancerígeno, vamos en esa línea”, agregó la abogada.
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Fecha de Publicación: 16/04/2015
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La titular del Juzgado Laboral N° 2 de Comodoro Rivadavia, Iris Pacheco, hizo lugar al amparo presentado por la explotación del pozo de petróleo no convencional denominado El Trébol de YPF. La empresa deberá suspender las operaciones en ese sector.
El Juzgado Laboral N° 2 suspendió las actividades del primer pozo de fracking del Chubut, que se encuentra ubicado en El Trébol, a 18 Km del centro de Comodoro. Aunque se advirtió que el Gobierno de Chubut puede apelar la medida.
El recurso de amparo lo presentó Marcelino Pintihueque, del pueblo mapuche, patrocinado por la abogada comodorense Silvia de los Santos. En esta determinación jugó un rol determinante el informe del perito de oficio Roberto Ochandio -designado por el Juzgado- que plantea que la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso.
La argumentación de Ochandio fue coincidente con el aporte del perito de “parte”, judicialmente un consultor técnico de la parte demandante, el ingeniero en Petróleo y master en Evaluación de impacto ambiental y energías alternativas -entre otras cosas- Eduardo D’Lía. Cabe recordar que Ochandio había sido cuestionado por el Gobierno de Chubut al indicar que no tenía como especialidad la explotación petrolera, sin embargo es geógrafo y cuenta con más de 30 años de experiencia como trabajador petrolero.
Sobre el fallo, De los Santos indicó que la Justicia consideró que “el pozo no tenía garantías necesarias para no vulnerar el ambiente y que está acreditada la afectación directa del agua hasta que se demuestre lo contrario, pero no existe tecnología en el mundo que evite la contaminación del agua y el aire”.
La medida cautelar en una primera instancia suspendió algunas de las actividades en el pozo, luego, en el mes de febrero, esa decisión fue apelada y la justicia falló a favor del Gobierno, y ahora “se llegó a una sentencia de primera instancia de la acción de amparo es decir del proceso principal, efectivamente ordena suspender todas las actividades de fractura hidráulica en la zona de El Trébol”, dijo De los Santos.
La jueza y los actores parte de la causa realizaron el año pasado una inspección ocular en la zona de instalación del pozo. “Nos vamos dando cuenta de que la actividad produce serios daños, como muchas otras actividades que nos damos cuenta con el tiempo del daño que producen. Hay miles de ejemplos, el plomo, el mercurio, el pcv, glifosato en este caso más de 15 años de lucha y ahora la OMS (Organización Mundial de la Salud) acaba de confirmar que es potencialmente cancerígeno, vamos en esa línea”, agregó la abogada.
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El impenetrable chaqueño con más desmonte
Campesinos denuncian más desmontes y amenazas en el impenetrable chaqueño
Fecha de Publicación: 22/12/2014
Fuente: BTI
Provincia/Región: Chaco
Oscar Roldán, presidente de la Asociación Río Teuco, denunció nuevas talas ilegales e indiscriminadas del bosque nativo de algarrobos en la zona del Interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito, en pleno Impenetrable chaqueño.
En diálogo con Radio Ciudad, el campesino relató que la semana pasada un grupo de obrajeros se presentó en el paraje Bolsa de Tigre –donde se encuentra el domicilio de su familia- y comenzó con tareas de desmonte.
Si bien Roldán realizó la denuncia en la comisaría de la localidad de El Espinillo, los desmontes no solo continuaron, sino que ahora los obrajeros intentaron sacar equipos cargados con madera de forma ilegal del lugar, amenazando con armas de fuego.
Roldán develó que, cuando tomó conocimiento de que habían ingresado al predio donde se encuentra con su familia, fue recibido “con más de treinta disparos” y que informó sobre el hecho al secretario de Seguridad del Chaco, Marcelo Churín.
“Tenía miedo de morirme, radiqué la denuncia. Tardaron dos días y me tumbaron más de 200 árboles. Sacaron un permiso de madera dentro de mi posesión, cuando hay alambres y todo”, describió.
El hombre fue duro al referirse sobre la falta de medidas de control de las autoridades provinciales, así como también apuntó a una presunta connivencia entre el gobierno del Chaco y la Asociación de la etnia qom.
“Acá lo que falta es voluntad política, que la justicia tome las riendas en el asunto, que la Corte o quién sea se tome las cosas como corresponde. Si hay errores, los errores se pueden solucionar. Ahora cuando hay una vida de por medio, eso ya no se puede solucionar. Aparte, el rencor que viene produciendo esto hace mucho tiempo: esto va a terminar siendo como Palestina e Israel”, aseguró Roldán.
Roldan, que pertenece a un grupo de vecinos criollos que tienen posesión histórica y piden al gobierno la regularización dominial de sus tierras, consideró que “hay una mafia de la madera que accedió en el gobierno de Angel Rozas que, por acuerdos políticos y plata de por medio, entregaron nuestra posesión a una asociación Meguesoxochi, que teóricamente iba a hacer una reserva del monte nativo, de la flora y la fauna”.
En este sentido, describió: “aquí se taló mucha madera. Únicamente queda algarrobo, que es la planta principal de la alimentación de toda la fauna silvestre, y ha sido depredada por lo que los animales están sucumbiendo totalmente”.
Denuncias
Roldan realizó esta denuncia ante la Secretaría Privada de la gobernación; al ministro de la Producción, al Director de Bosques, y al delegado de Bosques de Castelli.
“Las asociaciones nos juntamos entre todas e hicimos la denuncia. Vino una mediadora, ellos querían entregar la madera y nosotros les dijimos que no, que es algo ilógico, cómo la justicia va a estar amparando algo que es ilegal”, advirtió. “Nos dijo que la fiscal tenía resuelto entregar la madera porque había un permiso”, agregó.
Asimismo, “imploró” al presidente del Instituto de Colonización del Chaco, Raúl John París, que impulse las acciones de lesividad para que regularizar la tenencia de tierra de las comunidades criollas asentadas históricamente del Interfluvio.
“Hay una lesividad muy grande que avasalla nuestros derechos como trabajadores porque somos gente que vive muy lejos, tenemos luz de candil, no tenemos agua, pero nunca molestamos, al Estado siempre le salimos gratis”, sostuvo.
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Fecha de Publicación: 22/12/2014
Fuente: BTI
Provincia/Región: Chaco
Oscar Roldán, presidente de la Asociación Río Teuco, denunció nuevas talas ilegales e indiscriminadas del bosque nativo de algarrobos en la zona del Interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito, en pleno Impenetrable chaqueño.
En diálogo con Radio Ciudad, el campesino relató que la semana pasada un grupo de obrajeros se presentó en el paraje Bolsa de Tigre –donde se encuentra el domicilio de su familia- y comenzó con tareas de desmonte.
Si bien Roldán realizó la denuncia en la comisaría de la localidad de El Espinillo, los desmontes no solo continuaron, sino que ahora los obrajeros intentaron sacar equipos cargados con madera de forma ilegal del lugar, amenazando con armas de fuego.
Roldán develó que, cuando tomó conocimiento de que habían ingresado al predio donde se encuentra con su familia, fue recibido “con más de treinta disparos” y que informó sobre el hecho al secretario de Seguridad del Chaco, Marcelo Churín.
“Tenía miedo de morirme, radiqué la denuncia. Tardaron dos días y me tumbaron más de 200 árboles. Sacaron un permiso de madera dentro de mi posesión, cuando hay alambres y todo”, describió.
El hombre fue duro al referirse sobre la falta de medidas de control de las autoridades provinciales, así como también apuntó a una presunta connivencia entre el gobierno del Chaco y la Asociación de la etnia qom.
“Acá lo que falta es voluntad política, que la justicia tome las riendas en el asunto, que la Corte o quién sea se tome las cosas como corresponde. Si hay errores, los errores se pueden solucionar. Ahora cuando hay una vida de por medio, eso ya no se puede solucionar. Aparte, el rencor que viene produciendo esto hace mucho tiempo: esto va a terminar siendo como Palestina e Israel”, aseguró Roldán.
Roldan, que pertenece a un grupo de vecinos criollos que tienen posesión histórica y piden al gobierno la regularización dominial de sus tierras, consideró que “hay una mafia de la madera que accedió en el gobierno de Angel Rozas que, por acuerdos políticos y plata de por medio, entregaron nuestra posesión a una asociación Meguesoxochi, que teóricamente iba a hacer una reserva del monte nativo, de la flora y la fauna”.
En este sentido, describió: “aquí se taló mucha madera. Únicamente queda algarrobo, que es la planta principal de la alimentación de toda la fauna silvestre, y ha sido depredada por lo que los animales están sucumbiendo totalmente”.
Denuncias
Roldan realizó esta denuncia ante la Secretaría Privada de la gobernación; al ministro de la Producción, al Director de Bosques, y al delegado de Bosques de Castelli.
“Las asociaciones nos juntamos entre todas e hicimos la denuncia. Vino una mediadora, ellos querían entregar la madera y nosotros les dijimos que no, que es algo ilógico, cómo la justicia va a estar amparando algo que es ilegal”, advirtió. “Nos dijo que la fiscal tenía resuelto entregar la madera porque había un permiso”, agregó.
Asimismo, “imploró” al presidente del Instituto de Colonización del Chaco, Raúl John París, que impulse las acciones de lesividad para que regularizar la tenencia de tierra de las comunidades criollas asentadas históricamente del Interfluvio.
“Hay una lesividad muy grande que avasalla nuestros derechos como trabajadores porque somos gente que vive muy lejos, tenemos luz de candil, no tenemos agua, pero nunca molestamos, al Estado siempre le salimos gratis”, sostuvo.
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Rincón de los Sauces sigue sufriendo a YPF
Denuncian contaminación por un derrame en un pozo de YPF
Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Rincón de los Sauces.- Los integrantes de la comunidad mapuche Auca Huenú denunciaron la contaminación ocasionada por un derrame de material proveniente de una instalación en el yacimiento Cerro Hamaca, operado por YPF, en Rincón de los Sauces.
Según manifestaron, cerca de las 5:20 registraron que algunos animales estaban manchados con una especie de aceite. Al recorrer el lugar, notaron que desde las instalaciones de la petrolera se expandía una mancha que ocupaba un área de aproximadamente unos 700 metros cuadrados.
Desde YPF confirmaron que se derramaron unos 500 litros de petróleo en el pozo CHO 39, del yacimiento Cerro Hamaca, tras una falla en una válvula que ocasionó que el líquido saliera en forma de "spray", y aseguraron que el lugar ya fue remediado. Por otro lado, replicaron que ayer a las 13, miembros de la comunidad realizaron un bloqueo sobre la ruta que impidió el acceso rápido para sanear el inconveniente.
Fuentes de la empresa, manifestaron que la actividad está parada en 10 pozos debido a una protesta de la comunidad Auca Huenú, desde el derrame.
Desde la comunidad, hoy realizaron una denuncia en la Fiscalía donde solicitaron a YPF que remedie el lugar y por incumplimiento del convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo y por no respetar los protocolos ambientales.
"Esto provoca un daño socioambiental y perjudica a los integrantes de la comunidad. La remediación va a demorar años", expresó Liliana Sánchez, werken de la comunidad.
En junio, YPF debió cementar un pozo donde operaba la empresa Petreven y donde se perdió una pastilla radioactiva, en cercanías al lugar donde la comunidad Auca Huenú denuncia el derrame de ayer.
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Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Rincón de los Sauces.- Los integrantes de la comunidad mapuche Auca Huenú denunciaron la contaminación ocasionada por un derrame de material proveniente de una instalación en el yacimiento Cerro Hamaca, operado por YPF, en Rincón de los Sauces.
Según manifestaron, cerca de las 5:20 registraron que algunos animales estaban manchados con una especie de aceite. Al recorrer el lugar, notaron que desde las instalaciones de la petrolera se expandía una mancha que ocupaba un área de aproximadamente unos 700 metros cuadrados.
Desde YPF confirmaron que se derramaron unos 500 litros de petróleo en el pozo CHO 39, del yacimiento Cerro Hamaca, tras una falla en una válvula que ocasionó que el líquido saliera en forma de "spray", y aseguraron que el lugar ya fue remediado. Por otro lado, replicaron que ayer a las 13, miembros de la comunidad realizaron un bloqueo sobre la ruta que impidió el acceso rápido para sanear el inconveniente.
Fuentes de la empresa, manifestaron que la actividad está parada en 10 pozos debido a una protesta de la comunidad Auca Huenú, desde el derrame.
Desde la comunidad, hoy realizaron una denuncia en la Fiscalía donde solicitaron a YPF que remedie el lugar y por incumplimiento del convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo y por no respetar los protocolos ambientales.
"Esto provoca un daño socioambiental y perjudica a los integrantes de la comunidad. La remediación va a demorar años", expresó Liliana Sánchez, werken de la comunidad.
En junio, YPF debió cementar un pozo donde operaba la empresa Petreven y donde se perdió una pastilla radioactiva, en cercanías al lugar donde la comunidad Auca Huenú denuncia el derrame de ayer.
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Nativos de Salta contra política territorial
El Consejo de Participación Indígena rechaza creación de Unidad Provincial de Relevamiento Territorial
Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Salta
En un documento El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA de la Provincia de Salta, expresa su rechazo ante la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI), por la cual el Gobierno provincial, de forma unilateral, según los representantes indígenas decidió centralizar las gestiones cuando se trata de cumplir con una acción que el CPI ya lleva realiza. Mientras las especulaciones y negocios inmobiliarios en tierras originarias se acrecientan en esta provincia.
El actual gobierno de Salta, y las anteriores administraciones han demostrado no ser confiable para los más desprotegidos. La apropiación sobre tierras originarias y del fisco se mantiene desde la época de Robustiano Patrón Costas, en esta provincia de raigambre feudal. El avance de 400 mil hectáreas de desmonte en tierras donde habitaban pueblos originarios y pequeños campesinos es el caso testigo de la continuidad de este modelo de apropiación del estado por grupos económicos concentrados.
La desconfianza de las comunidades originarias sobre el gobierno de Urtubey se enmarca en el 2009, cuando este inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada en un mapa, que no fue respetado, y que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.
El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.
La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el Documento de rechazo la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI) enviado a nuestra redacción por El Consejo de Participación Indígena.
CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA DE SALTA
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO ANTE EL DECRETO PROVINCIAL Nº 3.505/14
Salta, 10 de diciembre de 2014
El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA en la Provincia de Salta, consiente de los Derechos Indigenas de base colectiva, contemplados en la CONSTITUCION NACIONAL, y LA LEY 26.160 Venimos por este medio a rechazar categóricamente el Decreto Provincial Nº 3.505/14 tanto en la parte enunciativa, en los considerandos y su parte resolutiva. Teniendo en cuenta que los mismos son interpretaciones parciales, y violatorias a los derechos consagrados en nuestro marco legal vigente.
Ya que dicho decreto desconoce la Ley Fundamental de la República Argentina, como lo es Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 17, como fuente y marco legal de los Derechos Colectivos Indigenas en Argentina.
Que desconoce la Ley 26.160 y sus prorrogas, 26.554 y 26.894 de ORDEN PUBLICO Y de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y EFECTIVO en todo el territorio nacional. Dicha Ley establece la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios y sus Comunidades en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas a través del Consejo de Participación Indígena CPI.
Que desconoce el Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL Art. 2º designar al INAI organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como Autoridad de aplicación de la Ley 26.160 Que habiéndose cumplido el mandato del Art. 3º del Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007, “El INAI aprobara los programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas del país”.
En este sentido el decreto provincial Nº3505/14 no tiene en cuenta el artículo 3º del
DECRETO PEN 1122/2007
“Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de participación Indígena CPI en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden de asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten”.
Que desconoce y viola la Ley Nacional Nº 24.071 ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que establece el DERECHO A LA CONSULTA Y PREVIA E INFORMADA; “Art. 6 los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones participativas, cada vez que estos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Art. 13 los gobiernos deben respetar las culturas y los valores de los Pueblos interesados y su relación con las tierras o territorios que ocupan”…” el concepto tierra debe incluir el concepto de territorios, que incluye la totalidad del habitad de las regiones que los Pueblos Interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Que no observa las orientaciones de la DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES.
Es un instrumento Jurídico del Derecho Internacional, que incluyen nuevos enfoques en el marco de los Derechos Indigenas, que reflejan las voluntades de los Estados en cuanto a una Política Indígena de reivindicación y reparación histórica de los Pueblos Originarios. Que las misma una herramienta orientativa de los principios y criterios que los Estados deben tener al aplicar los derechos de Pueblos Originarios.
“Que la Declaración de la ONU, se refiere textualmente a la Participación de los Pueblos Indigenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva, en un sistema de gobierno democrático”
Que la Declaración de la ONU recomienda a los Estados obtener el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO de los Pueblos Indigenas.
Por todo lo expresado, el Cuerpo de CPI;
I. Los representantes del CPI presentes en el marco de la reunión de la Unidad Provincial, decide realizar como medida de protesta un “silencio simbólico” de dos horas en la jornada del día de la fecha, en total repudio de los contenidos del decreto provincial Nº 3.505/14 y hasta tanto se haga presente la Sra. Ministro de
Derechos Humanos
II. El Cuerpo de CPI solicita por intermedio de la Sra. Ministra de Derechos Humanos audiencia sumarísima con el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
III. Repudiar enérgicamente la finalidad política del decreto provincial Nº 3.505/14 ya que existe una superposición de objetivos y de tareas como así también de equipos y técnicos. El cual ya fue conformado legalmente a través de los Convenios Marco y específicos para la aplicación de la Ley 26.160, con la participación de la Nación a través del INAI, y de la Provincia a través del Ministerio de Derechos Humanos, y del Cuerpo del CPI en representación de los Pueblos Originarios, que es el Equipo Técnico Operativo (ETO) que viene realizando los relevamientos según la planificación de la Unidad Provincial (UP).
IV. El cuerpo de CPI deja categóricamente aclarado que la presente medida no significa la interrupción parcial o completa del proceso de relevamiento territorial. Por el contrario exigirá la continuidad del Programa de Relevamiento en curso. Como así también ratificamos la legitimidad y el trabajo del actual convenio en vigencia, y las acciones del ETO concretadas hasta el presente.
V. Que dicha medida será comunicada a todos los medios tanto escritos como audiovisuales de la provincia de Salta.
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Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Salta
En un documento El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA de la Provincia de Salta, expresa su rechazo ante la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI), por la cual el Gobierno provincial, de forma unilateral, según los representantes indígenas decidió centralizar las gestiones cuando se trata de cumplir con una acción que el CPI ya lleva realiza. Mientras las especulaciones y negocios inmobiliarios en tierras originarias se acrecientan en esta provincia.
El actual gobierno de Salta, y las anteriores administraciones han demostrado no ser confiable para los más desprotegidos. La apropiación sobre tierras originarias y del fisco se mantiene desde la época de Robustiano Patrón Costas, en esta provincia de raigambre feudal. El avance de 400 mil hectáreas de desmonte en tierras donde habitaban pueblos originarios y pequeños campesinos es el caso testigo de la continuidad de este modelo de apropiación del estado por grupos económicos concentrados.
La desconfianza de las comunidades originarias sobre el gobierno de Urtubey se enmarca en el 2009, cuando este inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada en un mapa, que no fue respetado, y que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.
El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.
La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el Documento de rechazo la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI) enviado a nuestra redacción por El Consejo de Participación Indígena.
CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA DE SALTA
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO ANTE EL DECRETO PROVINCIAL Nº 3.505/14
Salta, 10 de diciembre de 2014
El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA en la Provincia de Salta, consiente de los Derechos Indigenas de base colectiva, contemplados en la CONSTITUCION NACIONAL, y LA LEY 26.160 Venimos por este medio a rechazar categóricamente el Decreto Provincial Nº 3.505/14 tanto en la parte enunciativa, en los considerandos y su parte resolutiva. Teniendo en cuenta que los mismos son interpretaciones parciales, y violatorias a los derechos consagrados en nuestro marco legal vigente.
Ya que dicho decreto desconoce la Ley Fundamental de la República Argentina, como lo es Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 17, como fuente y marco legal de los Derechos Colectivos Indigenas en Argentina.
Que desconoce la Ley 26.160 y sus prorrogas, 26.554 y 26.894 de ORDEN PUBLICO Y de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y EFECTIVO en todo el territorio nacional. Dicha Ley establece la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios y sus Comunidades en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas a través del Consejo de Participación Indígena CPI.
Que desconoce el Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL Art. 2º designar al INAI organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como Autoridad de aplicación de la Ley 26.160 Que habiéndose cumplido el mandato del Art. 3º del Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007, “El INAI aprobara los programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas del país”.
En este sentido el decreto provincial Nº3505/14 no tiene en cuenta el artículo 3º del
DECRETO PEN 1122/2007
“Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de participación Indígena CPI en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden de asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten”.
Que desconoce y viola la Ley Nacional Nº 24.071 ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que establece el DERECHO A LA CONSULTA Y PREVIA E INFORMADA; “Art. 6 los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones participativas, cada vez que estos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Art. 13 los gobiernos deben respetar las culturas y los valores de los Pueblos interesados y su relación con las tierras o territorios que ocupan”…” el concepto tierra debe incluir el concepto de territorios, que incluye la totalidad del habitad de las regiones que los Pueblos Interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Que no observa las orientaciones de la DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES.
Es un instrumento Jurídico del Derecho Internacional, que incluyen nuevos enfoques en el marco de los Derechos Indigenas, que reflejan las voluntades de los Estados en cuanto a una Política Indígena de reivindicación y reparación histórica de los Pueblos Originarios. Que las misma una herramienta orientativa de los principios y criterios que los Estados deben tener al aplicar los derechos de Pueblos Originarios.
“Que la Declaración de la ONU, se refiere textualmente a la Participación de los Pueblos Indigenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva, en un sistema de gobierno democrático”
Que la Declaración de la ONU recomienda a los Estados obtener el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO de los Pueblos Indigenas.
Por todo lo expresado, el Cuerpo de CPI;
I. Los representantes del CPI presentes en el marco de la reunión de la Unidad Provincial, decide realizar como medida de protesta un “silencio simbólico” de dos horas en la jornada del día de la fecha, en total repudio de los contenidos del decreto provincial Nº 3.505/14 y hasta tanto se haga presente la Sra. Ministro de
Derechos Humanos
II. El Cuerpo de CPI solicita por intermedio de la Sra. Ministra de Derechos Humanos audiencia sumarísima con el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
III. Repudiar enérgicamente la finalidad política del decreto provincial Nº 3.505/14 ya que existe una superposición de objetivos y de tareas como así también de equipos y técnicos. El cual ya fue conformado legalmente a través de los Convenios Marco y específicos para la aplicación de la Ley 26.160, con la participación de la Nación a través del INAI, y de la Provincia a través del Ministerio de Derechos Humanos, y del Cuerpo del CPI en representación de los Pueblos Originarios, que es el Equipo Técnico Operativo (ETO) que viene realizando los relevamientos según la planificación de la Unidad Provincial (UP).
IV. El cuerpo de CPI deja categóricamente aclarado que la presente medida no significa la interrupción parcial o completa del proceso de relevamiento territorial. Por el contrario exigirá la continuidad del Programa de Relevamiento en curso. Como así también ratificamos la legitimidad y el trabajo del actual convenio en vigencia, y las acciones del ETO concretadas hasta el presente.
V. Que dicha medida será comunicada a todos los medios tanto escritos como audiovisuales de la provincia de Salta.
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Mocase denuncia ataque de paramilitares
Los violentos son ellos: la empresa Manaos contrató paramilitares
Fecha de Publicación: 17/10/2014
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
El día de ayer, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 contratados por la empresa Manaos a través de Orlando Canido y disparó a campesinos del MOCASE-VC en presencia de la policía de Quimilí, Santiago del Estero. La banda armada se presentó a las 6 de la mañana, desalojando a punta de pistola la carpa de resistencia que tenía la comunidad e intentó apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú, integrante del mocase vía campesina.
Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR de policía provincial se llegara al lugar.
Antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del mocase-vc que se encontraban defendiendo la posición. Cuando llegaronlos efectivos de la Getoar, se detuvo a Lachi Letonai, líder de la banda, y se secuestraron armas mientras el resto de los miembros del gupo paramilitar, entre los cuales había varios ex policías, se escaparon hacia el campo vecino de Mario Lacorte.
Hoy a la mañana, unos 60 efectivos policiales de Sgo Capital, de la brigada montada y la Getoar, han llegado para detener a los miembros de la banda armada liderada por Lachi y Pablo Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou.
Una vez más, se muestra que mientras el campesinado y los pueblos indígenas defienden el territorio por las vías legítimas y legales, son los empresarios del Agronegocio quien quieren imponer de forma violenta su modelo de producción acaparando las tierras campesinas indígenas. Mientras se tratan de construir formas institucionales de resolver la problemática de la tierra, algunos empresarios siguen contratando bandas paramilitares.
A pocos días del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, decimos una vez más que seguiremos defendiendo nuestros territorios con nuestros derechos.
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Fecha de Publicación: 17/10/2014
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
El día de ayer, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 contratados por la empresa Manaos a través de Orlando Canido y disparó a campesinos del MOCASE-VC en presencia de la policía de Quimilí, Santiago del Estero. La banda armada se presentó a las 6 de la mañana, desalojando a punta de pistola la carpa de resistencia que tenía la comunidad e intentó apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú, integrante del mocase vía campesina.
Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR de policía provincial se llegara al lugar.
Antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del mocase-vc que se encontraban defendiendo la posición. Cuando llegaronlos efectivos de la Getoar, se detuvo a Lachi Letonai, líder de la banda, y se secuestraron armas mientras el resto de los miembros del gupo paramilitar, entre los cuales había varios ex policías, se escaparon hacia el campo vecino de Mario Lacorte.
Hoy a la mañana, unos 60 efectivos policiales de Sgo Capital, de la brigada montada y la Getoar, han llegado para detener a los miembros de la banda armada liderada por Lachi y Pablo Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou.
Una vez más, se muestra que mientras el campesinado y los pueblos indígenas defienden el territorio por las vías legítimas y legales, son los empresarios del Agronegocio quien quieren imponer de forma violenta su modelo de producción acaparando las tierras campesinas indígenas. Mientras se tratan de construir formas institucionales de resolver la problemática de la tierra, algunos empresarios siguen contratando bandas paramilitares.
A pocos días del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, decimos una vez más que seguiremos defendiendo nuestros territorios con nuestros derechos.
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Wichis solicitan a Urtubey que pare los desmontes
Comunidades Wichis piden a Urtubey que cancele los permisos de desmonte
Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Las comunidades Wichis de Cuchuy, Corralito y San José, junto a 23 comunidades de la zona de General Mosconi y General Ballivian, reclamaron al gobernador Juan Manuel Urtubey que retire las autorizaciones de desmonte en la zona, ya que el afecta su forma de vida y su supervivencia. Al mismo tiempo, manifestaron su apoyo a la actividad de Greenpeace en sus territorios.
“El bosque es nuestra vida, sin él no somos nadie. Nos da comida, de allí sacamos nuestros remedios naturales. También es nuestra fuente de trabajo, nos provee de chaguar con el que elaboramos artesanías para vender”, señala el documento enviado al mandatario.
El reclamo exige un freno inmediato a la deforestación ilegal: “Nos oponemos a los desmontes que se realizan en nuestro territorio. Como máximo representante del gobierno de Salta, le exigimos que haga efectivo el cumplimiento de las leyes nacionales de Bosques Nativos (26.331) y de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena (26.160).”
Los firmantes advirtieron que el reclamo continuará hasta que las topadoras se retiren definitivamente.
“A su vez, hacemos público nuestro apoyo a los integrantes de Greenpeace, quienes trabajan para frenar la destrucción de nuestra fuente de vida: los Bosques. La labor que están realizando en nuestro territorio es bienvenida”. Concluye el texto.
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Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Las comunidades Wichis de Cuchuy, Corralito y San José, junto a 23 comunidades de la zona de General Mosconi y General Ballivian, reclamaron al gobernador Juan Manuel Urtubey que retire las autorizaciones de desmonte en la zona, ya que el afecta su forma de vida y su supervivencia. Al mismo tiempo, manifestaron su apoyo a la actividad de Greenpeace en sus territorios.
“El bosque es nuestra vida, sin él no somos nadie. Nos da comida, de allí sacamos nuestros remedios naturales. También es nuestra fuente de trabajo, nos provee de chaguar con el que elaboramos artesanías para vender”, señala el documento enviado al mandatario.
El reclamo exige un freno inmediato a la deforestación ilegal: “Nos oponemos a los desmontes que se realizan en nuestro territorio. Como máximo representante del gobierno de Salta, le exigimos que haga efectivo el cumplimiento de las leyes nacionales de Bosques Nativos (26.331) y de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena (26.160).”
Los firmantes advirtieron que el reclamo continuará hasta que las topadoras se retiren definitivamente.
“A su vez, hacemos público nuestro apoyo a los integrantes de Greenpeace, quienes trabajan para frenar la destrucción de nuestra fuente de vida: los Bosques. La labor que están realizando en nuestro territorio es bienvenida”. Concluye el texto.
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Aborígenes salteños se instalan en zona de un desmonte
Aborígenes se instalan en las zonas donde se hará un desmonte de más de 6 mil has
Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
La decisión de los referentes indígenas de esa zona se había establecido luego de que las topadoras cuadricularon el terreno para poder hacer picadas y cadenear el monte. Esto es: extender una cadena de gran grosor que se tensa entre dos topadoras y termina tirando el monte.
“Estamos en El Arenal Oveja, finca Cuchuy en protesta ante topadoras por desmonte porque el único monte que nos queda”, indicó uno de los referentes de las comunidades, Hugo Díaz, de la comunidad del Chaguaral, al sostener que había unas 60 personas en la zona de la finca del paraje Chorrito y de Corralito. Todas las comunidades están ubicadas en el departamento San Martín.
Una lucha desigual
Las comunidades fueron ante la Corte Suprema de la Nación y el amparo volvió a la Corte de Salta sin tener hasta el momento resolución para manifestarse respecto de los desmontes. Sus objeciones no fueron escuchadas. Y es que este es el único monte que queda en General Ballivián, localidad del departamento San Martín en donde las comunidades han quedado encerradas entre desmontes. Esto implica una vulnerabilidad visible de las comunidades que quedan sin monte que brinde sus recursos (alimento o incluso leña, o productos para artesanías), en una realidad donde las necesidades básicas nunca fueron satisfechas.
Del otro lado surge, según un informe de Greenpeace, que los que aparecen como titulares registrales de estas tierras, Alejandro Braun Peña y Pablo Cusellas.
Los empresarios nombrados son integrantes del directorio de Salta Cotton SA, Latin Bio SA, Cremer y Asociados SA, Hierros SA y Sideco Americana SA, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri.
Su logro fue la recategorización de las tierras que estaban en la categoría roja y amarilla, donde según establece la Ley de Bosques, se prohíbe desmontar. Pero la Provincia modificó algunas normas para poder avasallar la norma madre.
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Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
La decisión de los referentes indígenas de esa zona se había establecido luego de que las topadoras cuadricularon el terreno para poder hacer picadas y cadenear el monte. Esto es: extender una cadena de gran grosor que se tensa entre dos topadoras y termina tirando el monte.
“Estamos en El Arenal Oveja, finca Cuchuy en protesta ante topadoras por desmonte porque el único monte que nos queda”, indicó uno de los referentes de las comunidades, Hugo Díaz, de la comunidad del Chaguaral, al sostener que había unas 60 personas en la zona de la finca del paraje Chorrito y de Corralito. Todas las comunidades están ubicadas en el departamento San Martín.
Una lucha desigual
Las comunidades fueron ante la Corte Suprema de la Nación y el amparo volvió a la Corte de Salta sin tener hasta el momento resolución para manifestarse respecto de los desmontes. Sus objeciones no fueron escuchadas. Y es que este es el único monte que queda en General Ballivián, localidad del departamento San Martín en donde las comunidades han quedado encerradas entre desmontes. Esto implica una vulnerabilidad visible de las comunidades que quedan sin monte que brinde sus recursos (alimento o incluso leña, o productos para artesanías), en una realidad donde las necesidades básicas nunca fueron satisfechas.
Del otro lado surge, según un informe de Greenpeace, que los que aparecen como titulares registrales de estas tierras, Alejandro Braun Peña y Pablo Cusellas.
Los empresarios nombrados son integrantes del directorio de Salta Cotton SA, Latin Bio SA, Cremer y Asociados SA, Hierros SA y Sideco Americana SA, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri.
Su logro fue la recategorización de las tierras que estaban en la categoría roja y amarilla, donde según establece la Ley de Bosques, se prohíbe desmontar. Pero la Provincia modificó algunas normas para poder avasallar la norma madre.
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Salta sigue haciendo lo que quiere con los bosques
Ambiente solicita a Salta que mantenga la categoría de conservación de Bosque Nativo
Fecha de Publicación: 09/07/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación (SAyDS) participó en la audiencia pública realizada el 19 de junio en el Salón de la Delegación Municipal de Dragones del departamento salteño de San Martín. Esta Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) de la Ley de Bosques 26.331 le solicitó a la Autoridad Local de Aplicación (ALA) del gobierno provincial explicaciones por un cambio de categoría de conservación de uso del suelo previsto en su mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El objetivo de la audiencia pública es el de estudiar el impacto ecológico y social que provocaría la implementación de una solicitud que pretende la provincia para modificar el plan de ordenamiento predial y el cambio de uso de suelo con fines agroganaderos en un sitio del Departamento de Rivadavia que es una zona con presencia de familias campesinas y Wichí.
Según la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), Rivadavia es uno de los cuatro departamentos que registra mayores pérdidas de bosque nativo de esta provincia en el período 2006-2013. Además, es una zona de bosque nativo con palo santo –especie incluida en el Apéndice II de la Convención CITES-, lo que determina la relevancia de la permanencia de la Finca Establecimiento Pluma de Pato en la categoría II para manejo sustentable (amarillo). Se trata de una superficie de 5.234 ha. para habilitar para desmonte y 5.741 ha. de protección y reserva.
Por ello, y por antecedentes de la misma índole, la SAyDS/ANA le solicitó a la ALA en diversas oportunidades la documentación que dé cuenta de los mecanismos para cambiar la categoría de conservación en todos los cambios de categoría aprobados, sin recibir hasta el momento respuesta a esta solicitud, lo que motivó la concurrencia de la cartera nacional a la audiencia pública.
Para el departamento en cuestión se desarrollaron ocho convocatorias a Audiencias Públicas, cuyo objeto ha sido la recategorización y el cambio de uso del suelo, lo cual en principio abarcaría la posibilidad de transformación de 78.564,76 ha categorizadas inicialmente como categoría I de conservación (roja) y II de manejo sustentable (amarilla). Al respecto, esta Autoridad Nacional desconoce el alcance de las autorizaciones otorgadas, así como los procedimientos y criterios que sustentaron tales decisiones.
Además, debe considerarse el Impacto Ambiental Acumulativo producto de las diferentes recategorizaciones a nivel predial, debido a que se desvirtúa el OTBN acreditado.
Resulta relevante considerar la ubicación relativa del predio, dado que se encuentra contiguo a una extensa zona bajo categoría I (roja) que funciona como corredor biológico y respecto de la cual el predio en cuestión actúa como amortiguador de los impactos por las transformaciones de predios vecinos (zona buffer).
El Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aprobado en el marco de la Ley 26.331 por la Ley provincial N° 7543 y el Decreto N° 2785/09, fue acreditado ante la ANA, por la cual esta provincia recibe parte del Fondo Nacional para Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos.
La participación en los beneficios económicos que la Ley prevé estar condicionada a la constatación periódica por parte de la SAyDS del mantenimiento de las superficies de bosque nativo declaradas por cada jurisdicción; consecuentemente, la provincia está obligada a mantener la superficie declarada de bosques nativos (art. 34, Ley N° 26.331).
De acuerdo a la Resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) Nº 236/2012, los cambios prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática. En esos casos excepcionales deberá mantenerse la coherencia a escala de paisaje con el fin de evitar la fragmentación de los bosques nativos. Esto se refiere al manteniendo de bosques de categoría II (amarilla) como áreas de amortiguamiento entre bosques de categoría I (rojo) y III (verde).
Las familias locales serían reubicadas dentro del límite del predio, en la zona de Cortinas, que es la que indica el plan de cambio de uso de suelo como zona de protección y reserva.
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Fecha de Publicación: 09/07/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación (SAyDS) participó en la audiencia pública realizada el 19 de junio en el Salón de la Delegación Municipal de Dragones del departamento salteño de San Martín. Esta Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) de la Ley de Bosques 26.331 le solicitó a la Autoridad Local de Aplicación (ALA) del gobierno provincial explicaciones por un cambio de categoría de conservación de uso del suelo previsto en su mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El objetivo de la audiencia pública es el de estudiar el impacto ecológico y social que provocaría la implementación de una solicitud que pretende la provincia para modificar el plan de ordenamiento predial y el cambio de uso de suelo con fines agroganaderos en un sitio del Departamento de Rivadavia que es una zona con presencia de familias campesinas y Wichí.
Según la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), Rivadavia es uno de los cuatro departamentos que registra mayores pérdidas de bosque nativo de esta provincia en el período 2006-2013. Además, es una zona de bosque nativo con palo santo –especie incluida en el Apéndice II de la Convención CITES-, lo que determina la relevancia de la permanencia de la Finca Establecimiento Pluma de Pato en la categoría II para manejo sustentable (amarillo). Se trata de una superficie de 5.234 ha. para habilitar para desmonte y 5.741 ha. de protección y reserva.
Por ello, y por antecedentes de la misma índole, la SAyDS/ANA le solicitó a la ALA en diversas oportunidades la documentación que dé cuenta de los mecanismos para cambiar la categoría de conservación en todos los cambios de categoría aprobados, sin recibir hasta el momento respuesta a esta solicitud, lo que motivó la concurrencia de la cartera nacional a la audiencia pública.
Para el departamento en cuestión se desarrollaron ocho convocatorias a Audiencias Públicas, cuyo objeto ha sido la recategorización y el cambio de uso del suelo, lo cual en principio abarcaría la posibilidad de transformación de 78.564,76 ha categorizadas inicialmente como categoría I de conservación (roja) y II de manejo sustentable (amarilla). Al respecto, esta Autoridad Nacional desconoce el alcance de las autorizaciones otorgadas, así como los procedimientos y criterios que sustentaron tales decisiones.
Además, debe considerarse el Impacto Ambiental Acumulativo producto de las diferentes recategorizaciones a nivel predial, debido a que se desvirtúa el OTBN acreditado.
Resulta relevante considerar la ubicación relativa del predio, dado que se encuentra contiguo a una extensa zona bajo categoría I (roja) que funciona como corredor biológico y respecto de la cual el predio en cuestión actúa como amortiguador de los impactos por las transformaciones de predios vecinos (zona buffer).
El Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aprobado en el marco de la Ley 26.331 por la Ley provincial N° 7543 y el Decreto N° 2785/09, fue acreditado ante la ANA, por la cual esta provincia recibe parte del Fondo Nacional para Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos.
La participación en los beneficios económicos que la Ley prevé estar condicionada a la constatación periódica por parte de la SAyDS del mantenimiento de las superficies de bosque nativo declaradas por cada jurisdicción; consecuentemente, la provincia está obligada a mantener la superficie declarada de bosques nativos (art. 34, Ley N° 26.331).
De acuerdo a la Resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) Nº 236/2012, los cambios prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática. En esos casos excepcionales deberá mantenerse la coherencia a escala de paisaje con el fin de evitar la fragmentación de los bosques nativos. Esto se refiere al manteniendo de bosques de categoría II (amarilla) como áreas de amortiguamiento entre bosques de categoría I (rojo) y III (verde).
Las familias locales serían reubicadas dentro del límite del predio, en la zona de Cortinas, que es la que indica el plan de cambio de uso de suelo como zona de protección y reserva.
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Reserva de biósfera Yabotí en la agenda de Misiones
La Legislatura trata manejo sostenible del lote 8 en la reserva de biósfera Yabotí
Fecha de Publicación: 01/06/2014
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Será hoy durante una reunión informativa sobre Alianza Multicultural público privada. La reserva está ubicada en el departamento San Pedro. Allí viven tres comunidades de la Nación Mbya Guaraní.
Será a las 10.00 hs en el Salón de las Dos Constituciones. Tratará sobre la alianza multicultural pública y privada para el manejo sostenible del lote 8 en la reserva de biósfera Yabotí, departamento San Pedro.
El lote 8 está ubicado dentro de la reserva de Biósfera Yaboty reconocida por la UNESCO, representa el 22 por ciento de la superficie del Bosque Atlántico actual. El objetivo de la Biosfera es la integración de las actividades productivas con la conservación del ambiente.
Allí, viven tres comunidades de la Nación Mbya Guaraní: Tekoa Yma, Kapi´i Yvaté e Ita O Miri, que intentan preservar su identidad cultural y tradicional modo de vida: su Reko. La presencia de ellas resulta de un valor cultural extraordinario para la Provincia de Misiones.
El plan de conservación para el Lote 8 busca que la utilización de los saberes guaraní se complemente con las capacidades del Estado para que ese territorio sea un polo dinamizador de un mayor desarrollo humano.
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Fecha de Publicación: 01/06/2014
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Será hoy durante una reunión informativa sobre Alianza Multicultural público privada. La reserva está ubicada en el departamento San Pedro. Allí viven tres comunidades de la Nación Mbya Guaraní.
Será a las 10.00 hs en el Salón de las Dos Constituciones. Tratará sobre la alianza multicultural pública y privada para el manejo sostenible del lote 8 en la reserva de biósfera Yabotí, departamento San Pedro.
El lote 8 está ubicado dentro de la reserva de Biósfera Yaboty reconocida por la UNESCO, representa el 22 por ciento de la superficie del Bosque Atlántico actual. El objetivo de la Biosfera es la integración de las actividades productivas con la conservación del ambiente.
Allí, viven tres comunidades de la Nación Mbya Guaraní: Tekoa Yma, Kapi´i Yvaté e Ita O Miri, que intentan preservar su identidad cultural y tradicional modo de vida: su Reko. La presencia de ellas resulta de un valor cultural extraordinario para la Provincia de Misiones.
El plan de conservación para el Lote 8 busca que la utilización de los saberes guaraní se complemente con las capacidades del Estado para que ese territorio sea un polo dinamizador de un mayor desarrollo humano.
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Zonas protegidas que caen al ritmo de la soja
La soja no les deja ver el bosque
Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Los wichí a punto de ser historia por los desmontes
Desmontes ponen al borde de la extinción a la comunidad wichí en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 12/05/2014
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo señala un informe de la antropóloga social Graciela Elizabeth Bergallo presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, en el marco del cumplimiento de la sentencia en la causa por bosques nativos que monitoreaba la jueza Iride Isabel Grillo.
“La degradación y desaparición del bosque nativo por su utilización con fines productivos por parte de terceros pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, la comunidad wichi y personas que la integran”. Así lo señala un fragmento del informe preliminar elaborado por un equipo encabezado por la antropóloga social Graciela Elizabeth Bergallo para la justicia provincial. Fue presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 en el marco del cumplimiento de una sentencia en una acción de amparo colectivo impulsada hace diez años por tres asociaciones comunitarias indígenas de El Impenetrable relacionada a la defensa del bosque nativo.
Bergallo sugirió, además, que “se tomen medidas urgentes para paliar la situación actual por el impacto social y cultural del desmonte en el territorio wichi de Nueva Pompeya”. Y recalca que “la población pide que se suspenda con urgencia la extracción de árboles en el territorio, para analizar y decidir de modo comunitario su destino”.
“Problema ambiental grave”
La idónea designada por Iride Grillo -por entonces titular del Juzgado Civil 6, hoy jueza del Superior Tribunal de Justicia- recalcó que “si bien este informe es preliminar, se advierten actualmente indicadores de un problema ambiental grave que está impactando social y culturalmente de diversas maneras a la comunidad wichi de Nueva Pompeya, que por diversos factores se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
En ese sentido, el informe enumera:
- Conflicto entre miembros de la propia comunidad que antes no existía en las dimensiones actuales, con desconocimiento sobre el origen de lo que está aconteciendo, ausencia de consulta que debiera respetar los modos culturales y sistemas internos de representación, desinformación, sensación de avasallamiento con total impunidad del territorio propio, y violación de sus derechos fundamentales. El diputado Orlando Charole reconoce que está en proceso un proyecto de reglamentación referido a los sistemas de participación y de representación, para evitar que actividades o proyectos elaborados externamente y sin consultas a comunidades indígenas impacten sobre ellas y sus territorios.
- Desconocimiento de quienes son los responsables de la destrucción del monte, en territorio wichi. Se apunta a agentes externos a la comunidad. El objetivo es la extracción del algarrobo (una de las fuentes más importantes de alimento y árbol sagrado para los wichi) en la zona más significativa histórica, cultural y vitalmente para la población wichi. Advierten que el territorio y la comunidad están siendo lesionados.
- Ampliación y destrucción de sendas tradicionales de comunicación que usa la gente especialmente hacia las zonas próximas a las fuentes de agua (totuinek) donde se efectúa la caza y recolección de alimentos, y de elementos para la producción de artesanías, y otros cuidados para la salud y la vida cotidiana. Se observó un desmonte en actividad (ver fotografías en Anexos) en un sitio considerablemente próximo a un paraje wichi (Las Maravillas) donde funciona una escuela.
- Lo que los wichi llaman playones, son espacios que se desmontan para ubicar los troncos, que luego serán transportados. Tienen un radio de aproximadamente doscientos metros. El impacto es mucho mayor ya que la tala del algarrobo se efectúa por fuera de ese radio, donde se destruyen otras especies usadas por la población con la caída de los árboles, el arrastre de los troncos, residuos dejados en los sitios usados como campamento y luego abandonados. En una extensión de seis a ocho kilómetros se observaron más de doce playones abiertos sobre las antiguas sendas de la gente.
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Fecha de Publicación: 12/05/2014
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo señala un informe de la antropóloga social Graciela Elizabeth Bergallo presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, en el marco del cumplimiento de la sentencia en la causa por bosques nativos que monitoreaba la jueza Iride Isabel Grillo.
“La degradación y desaparición del bosque nativo por su utilización con fines productivos por parte de terceros pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, la comunidad wichi y personas que la integran”. Así lo señala un fragmento del informe preliminar elaborado por un equipo encabezado por la antropóloga social Graciela Elizabeth Bergallo para la justicia provincial. Fue presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 en el marco del cumplimiento de una sentencia en una acción de amparo colectivo impulsada hace diez años por tres asociaciones comunitarias indígenas de El Impenetrable relacionada a la defensa del bosque nativo.
Bergallo sugirió, además, que “se tomen medidas urgentes para paliar la situación actual por el impacto social y cultural del desmonte en el territorio wichi de Nueva Pompeya”. Y recalca que “la población pide que se suspenda con urgencia la extracción de árboles en el territorio, para analizar y decidir de modo comunitario su destino”.
“Problema ambiental grave”
La idónea designada por Iride Grillo -por entonces titular del Juzgado Civil 6, hoy jueza del Superior Tribunal de Justicia- recalcó que “si bien este informe es preliminar, se advierten actualmente indicadores de un problema ambiental grave que está impactando social y culturalmente de diversas maneras a la comunidad wichi de Nueva Pompeya, que por diversos factores se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
En ese sentido, el informe enumera:
- Conflicto entre miembros de la propia comunidad que antes no existía en las dimensiones actuales, con desconocimiento sobre el origen de lo que está aconteciendo, ausencia de consulta que debiera respetar los modos culturales y sistemas internos de representación, desinformación, sensación de avasallamiento con total impunidad del territorio propio, y violación de sus derechos fundamentales. El diputado Orlando Charole reconoce que está en proceso un proyecto de reglamentación referido a los sistemas de participación y de representación, para evitar que actividades o proyectos elaborados externamente y sin consultas a comunidades indígenas impacten sobre ellas y sus territorios.
- Desconocimiento de quienes son los responsables de la destrucción del monte, en territorio wichi. Se apunta a agentes externos a la comunidad. El objetivo es la extracción del algarrobo (una de las fuentes más importantes de alimento y árbol sagrado para los wichi) en la zona más significativa histórica, cultural y vitalmente para la población wichi. Advierten que el territorio y la comunidad están siendo lesionados.
- Ampliación y destrucción de sendas tradicionales de comunicación que usa la gente especialmente hacia las zonas próximas a las fuentes de agua (totuinek) donde se efectúa la caza y recolección de alimentos, y de elementos para la producción de artesanías, y otros cuidados para la salud y la vida cotidiana. Se observó un desmonte en actividad (ver fotografías en Anexos) en un sitio considerablemente próximo a un paraje wichi (Las Maravillas) donde funciona una escuela.
- Lo que los wichi llaman playones, son espacios que se desmontan para ubicar los troncos, que luego serán transportados. Tienen un radio de aproximadamente doscientos metros. El impacto es mucho mayor ya que la tala del algarrobo se efectúa por fuera de ese radio, donde se destruyen otras especies usadas por la población con la caída de los árboles, el arrastre de los troncos, residuos dejados en los sitios usados como campamento y luego abandonados. En una extensión de seis a ocho kilómetros se observaron más de doce playones abiertos sobre las antiguas sendas de la gente.
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