Malargüe: el Gobierno nacional frenó el "regalo" de Mendoza a un empresario para construir un centro de esquí

Fecha de Publicación: 25/02/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza


El titular de la AABE, Martín Cosetino, presentó una nota al gobernador de Mendoza donde lo intimó a dejar sin efecto el decreto 2.138/21 que estipula una “asignación precaria” de tierras a la firma EL AZUFRE S.A., cuyo titular vive en los Estados Unidos y participó de las campañas presidenciales de candidatos demócratas como Al Gore.
Cuando parecía un hecho que la provincia de Mendoza le entregaba, de manera gratuita, un área de 12.351 hectáreas -que incluyen una importante zona cordillerana con nacientes de agua y humedales- a la firma Azufre SA para que desarrollen un centro de esquí, el Gobierno nacional decidió poner un freno al "regalo" que había firmado el gobernador Rodolfo Suárez.
El stop se materializó a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), cuyo titular Martín Cosetino, presentó una nota al gobernador de Mendoza donde lo intimó a dejar sin efecto el decreto 2.138/21 que estipula una  “asignación precaria” de esas tierras y favorece a la firma del empresarios de medios Alejandro Spinello, un productor audivisual que vive en los Estados Unidos y participó de las campañas presidenciales de candidatos demócratas como Al Gore.
"Solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia. El presente rechazo se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO", indica la carta de Cosetino.
A su vez, el funcionario nacional explica que Mendoza incumplió con los convenios de manejo de tierras acordados con Nación, con el objetivo de desarrollar -con fines productivos o turísticos- esa zona de frontera. “Se advierte que la asignación efectuada a El Azufre SA no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa Provincia su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes –que el Estado Nacional no reconoce ni convalida– y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras. En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”, indica el escrito.
Otras de las irregularidades que señaló la ABBE fue a la falta de dictamen de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, para que la provincia avance con el trámite de asignación a El Azufre SA.

Qué dice el gobierno de Mendoza
Desde el Ejecutivo mendocino aseguran que están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado. Sobre la entrega de tierras, el argumento del gobierno de Suárez es similar al de resto de los proyectos inmobilarios o extractivos que despiertan rechazo para la falta de estudios de impacto amabiental o controles transparantes: los inversores prometen crear unos 1.000 empleos directos, en un área de alto valor de conservación biológica e hidrológica en una provincia donde el recurso de agua es escaso.
Otro de los puntos de conflicto es que el área cedida incluye terrenos que están dentro del Registro Único de Puesteros (RUT), campos que los productores de la agricultura familiar utilizan para llevar a pastar a sus animales en la temporada de verano. El argumento oficial es que los empresarios compraron los derechos de tenencia de dos familias de puesteros.
"En el RUT de la provincia de Mendoza existen relevados mas de 14 puestos y reales de veranada en las 12 mil hectáreas que Suárez regaló por decreto ¿Porque entonces el Gobierno dice que no hay pobladores afectados?", apuntó el referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, Diego Montón. Y agregó: "El empresario beneficiado dice haber comprado los derechos dos puesteros. ¿Que pasa con el resto? ¿Que pasa con la ley provincial de Arraigo? ¿Cuál es el plan de ordenamiento Territorial vigente?", apuntó.
.

Rechazan el Distrito Joven porteño por su impacto ambiental y por privatizar tierras públicas

Fecha de Publicación: 19/02/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: CABA


Luego de cuatro jornadas de debate, finalizó la audiencia pública.
La audiencia pública sobre el proyecto del Gobierno porteño llamado «Distrito Joven» finalizó este miércoles luego de cuatro jornadas en las que organizaciones políticas y sociales lo rechazaron por su impacto ambiental y por considerarlo parte de una «política de entrega de tierras públicas», al tiempo que lo cuestionaron por implicar el traslado de la escuela Indira Gandhi.
Con más de 200 personas inscriptas, desde el viernes último se realizó la audiencia pública donde la ciudadanía porteña pudo opinar sobre el «Masterplan Distrito Joven-Costanera Norte», una iniciativa del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que busca instalar locales gastronómicos y bailables a lo largo de unos siete kilómetros de la ribera del Río de La Plata.
El polígono definido para el nuevo distrito comienza en los límites del Parque de la Memoria y finaliza en el predio Costa Salguero, pasando frente al Aeroparque metropolitano.
En total, abarca 73 hectáreas, de las cuales 14 serán concesionadas a privados para usos «gastronómicos, de esparcimiento, diversión, deportivos y culturales», según informaron voceros del Ejecutivo local.
Si bien la audiencia no es vinculante, el Gobierno porteño tiene la obligación de tomar en cuenta las opiniones que allí se presentaron y, en caso de desestimarlas, debe informar el motivo.
Durante la audiencia, una de las principales críticas fue que el Gobierno de la Ciudad no dio a conocer el «masterplan» en su totalidad, si no solo fragmentos, por lo que no se sabe con precisión cuál será el alcance y el impacto ambiental de las obras de infraestructura y viales planificadas por el Gobierno de la Ciudad para el nuevo distrito.
Una de las oradoras, Bárbara Rossen, quien expuso en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dijo que en el estudio de impacto ambiental «no se reproduce» el masterplan y «sólo se lo comenta por fragmentos; es decir no se lo analiza como un sistema sino como una sucesión de partes aisladas».
De acuerdo a lo informado por el Gobierno porteño, el proyecto Distrito Joven «prevé un conjunto de obras de infraestructuras civiles, viales, de instalación de mobiliario urbano y el desarrollo de parques y espacios públicos con sus servicios», así como «el desarrollo de circuitos de esparcimiento, actividades culturales y gastronómicas, espacios lúdicos, práctica de deportes y puntos turísticos».
Otra de las críticas fue que el estudio de impacto ambiental excluyó del análisis dos predios que, de acuerdo a lo informado por el propio Gobierno local, son parte del Distrito Joven: Costa Salguero y Punta Carrasco, donde se autorizó la construcción de viviendas, hoteles, comercios y oficinas.
Al excluir esos dos predios, que suman 32 hectáreas, el estudio de impacto ambiental solo toma en cuenta los usos de locales gastronómicos y bailables y espacios para actividades culturales y deportivas.
«La evaluación ambiental presentada es parcial, ya que se realiza sólo para cuatro sectores, dejando afuera el sector cinco, Costa Salguero, el más amplio e importante. Si se lo tuviese en consideración, el relevamiento daría cuenta de una capacidad constructiva considerablemente más elevada», advirtieron varias integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, que leyeron un documento elaborado en conjunto.
Otro cuestionamiento se refirió a lo establecido por la Constitución porteña, según la cual los espacios verdes y públicos de la ribera del Río de la Plata se deben «recuperar e incrementar», por lo tanto, cuando finaliza una concesión a un privado en esa zona, el predio en cuestión debe volver a ser de libre acceso.
«La Constitución de la Ciudad establece claramente en su artículo 8 que los terrenos que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación», dijo Nidia Bellene, al leer hoy el documento del Colectivo de Arquitectas.
A su turno, la exlegisladora porteña del Frente de Izquierda Mercedes de Mondieta, manifestó su rechazo a «este proyecto de entrega de tierras públicas», que se suma a las «más de 500 has rematadas primero con (Mauricio) Macri y luego con Larreta, al servicio de la especulación inmobiliaria».
Varios participantes también rechazaron el traslado de la escuela pública Indira Gandhi, que funcionaba en un predio cercano al Parque Norte y al Parque de la Memoria, pero que con la construcción del Distrito Joven se presume será llevada a un predio del Barrio 31, en Retiro, lo que es rechazado por la comunidad educativa de este colegio.
Al respecto, Laura Fiumara, quien se presentó como «docente hace 35 años», dijo estar «indignada por el cierre de una escuela modelo para dar lugar a un emprendimiento inmobiliario».
Y agregó que «las escuelas no se cierran ni se trasladan, se construyen, se cuidan y se mejoran», y acusó al Gobierno de la Ciudad de «agredir constantemente a la educación pública».
.

Polémica en Mendoza por la cesión por decreto de 12.000 hectáreas en una zona de glaciares para un centro de esquí

Fecha de Publicación: 14/02/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza


Tiembla la Cordillera de los Andes, pero sobre todo la política mendocina. La entrega de tierras dispuesta por el gobierno provincial para la construcción de un megacentro de esquí en una preciada zona montañosa de Malargüe provocó un remezón en la tierra cuyana. Así las cosas, los argumentos y cuestionamientos empiezan a aflorar de un lado y del otro, pero con una sola certeza a la fecha: se asignaron por decreto 12.000 hectáreas en una zona de glaciares a un privado para la explotación del lugar, pero resta todo un proceso de estudios, evaluaciones y aprobaciones ambientales para poder avanzar.
Es la nueva controversia del verano mendocino, por lo que comenzaron los pedidos de explicaciones de la oposición al oficialismo que comanda el gobernador radical Rodolfo Suarez, quien firmó a fines del 2021 el decreto 2138, que dispuso la “asignación precaria” del terreno a la firma Azufre SA, en manos visibles del empresario mendocino de medios Alejandro Spinello, quien supo ser parte de las campañas presidenciales de los demócratas en Estados Unidos, principalmente Al Gore y Hillary Clinton.
De hecho, el realizador y productor integral de TV, que cuenta con un creciente desarrollo en la Argentina a través de Media Hub, vinculado a medios locales y extranjeros, ya viene haciendo algunas inversiones en la zona y promocionando lo que será “El Azufre”, el primer centro de esquí sustentable del mundo, ubicado en la zona inhóspita de “Campo Potreros de Cordillera – Norte”, en la comuna del sur mendocino, en una zona hostil y con pocos caminos. Aunque no hay una ruta directa, el sitio se ubica a más de 60 kilómetros de Las Leñas, uno de los principales centros invernales del continente, con más de 200 hectáreas de extensas zonas para esquiar, con un marco de 17.500 hectáreas bajo su dominio.
La novedad, que se conoció tibia y silenciosamente de cara a la ciudadanía recién a comienzos de año, tras la publicación en el Boletín Oficial el 7 de enero, empezó a crecer como una bola de nieve. Por eso, desde la oposición consideran que hay un largo camino por recorrer para concretar un proyecto en el medio de la Cordillera, en una de las zonas con mayores recursos hídricos de la provincia, de acuerdo con los científicos consultados por este diario.
“Queremos todas las explicaciones y estudios correspondientes, sobre todo por qué el Gobierno entregó 12.000 hectáreas para un centro de esquí que podría funcionar con menos de 2000 hectáreas, y también por qué se aprobó sin una declaración de impacto ambiental”, disparó el camporista Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores justicialistas, que ayer logró sancionar un pedido de informes al gobierno de Suarez.
Según el Poder Ejecutivo local, con El Azufre están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado; para el arco contrario, principalmente el kirchnerismo, se trata de una jugada “entre gallos y medianoche”, a espaldas de los mendocinos, por lo que hay quienes consideran que detrás podría existir un negocio inmobiliario que quede en manos de inversores extranjeros, principalmente sobre las tierras que no son esquiables.
Fuentes del gobierno provincial y de los principales organismos de control, en medio del hermetismo inicial, indicaron a LA NACION que se trata de un “tema complejo, que se mediatizó, y donde muchos quieren voltear el desarrollo de Mendoza”, pero que se ha actuado bajo el marco de la legalidad técnica, bajo las disposiciones de leyes nacionales sobre el uso de las tierras en las fronteras, que deben ser ocupadas con fines turísticos, ganaderos y/o productivos. Las tierras pertenecen a la Nación, pero a fines de la década del 60 fueron cedidas a la provincia, que ahora las asigna a privados, quienes, tras sortear trámites de derechos de ocupación con los puesteros y pobladores originales, han manifestado que llevan realizada una “importante, larga y costosa inversión”.
En diálogo con LA NACION, Spinello defendió el proyecto y los pasos que se han dado, aunque reconoció que la asignación precaria de tierras podría haberse dado luego de la declaración de impacto ambiental. “Es una posibilidad que también era válida, pero todo se hizo de manera legal y transparente, basándonos en la normativa y los permisos, con una inversión que ya supera los 5 millones de dólares. Ahora presentamos el master plan, con las diferentes etapas, y esperamos cumplir todas las instancias de evaluación oficiales”, indicó el empresario, desde Colorado, Estados Unidos, recordando todo el trabajo “a pulmón” que vienen realizando en el lugar, donde al inicio, bajo temperaturas extremas, se montó un campamento y se lanzaban alimentos desde un avión.
En este sentido, en diciembre del año pasado, la Fiscalía de Estado emitió un dictamen que avaló este primer paso de entrega de terrenos. “No existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación”, indica el documento firmado por el fiscal Fernando Simón. De todas maneras, las fuentes consultadas aclararon que tras esa instancia se debe presentar un proyecto integral, sometido a diferentes estudios ambientales y que logre la aprobación de varios estamentos oficiales, como la Secretaría de Ambiente, para obtener finalmente la declaración de impacto ambiental. Es más, en las últimas horas, en medio de la controversia y el malestar que se generó en el seno del Ejecutivo, funcionarios del Gobierno que comanda Suarez indicaron que las hectáreas que finalmente se otorguen pueden ser menos.
En tanto, Spinello buscó dejar en claro cómo pretenden avanzar y responde a los cuestionamientos. “Nosotros apostamos a que haya seguridad jurídica y sustentabilidad. Confiamos en que habrá sentido común, estamos abiertos a mostrar que no hay nada raro. Confío en que se va a priorizar el bien común y el desarrollo de Mendoza”, agregó el empresario, quien pretende brindar, en una primera etapa, un servicio premium de heli-skiing o heliesquí, esto es práctica alpina, fuera de pista, a la que se accede a través de un helicóptero. De avanzar el proyecto este año, ofrecerán la experiencia a 25 huéspedes, con un costo aproximado de 15.000 dólares la semana, como ocurre, por ejemplo en las montañas de Tordrillo, en Alaska.
“Es un sueño para cumplir; es un lugar totalmente olvidado, improductivo; no es una actividad extractiva, es un proyecto sustentable. Nos apasiona, somos fanáticos esquiadores. El problema es que los emprendedores en la Argentina tenemos muchas trabas”, añadió el empresario, asegurando que ya hay interesados en el mundo del esquí en sumarse a las inversiones en hotelería, gastronomía y demás servicios. “Sacamos plata de nuestro bolsillo para este proyecto, pero es imposible que lo hagamos todo nosotros. Si no hay palos en la rueda, vamos a seguir”, indicó Spinello, aclarando que de las 12.000 hectáreas, sólo 200 pueden destinarse a los emprendimientos comerciales, ya que el resto son laderas, rocas y precipicios.
En principio, el proyecto integral contempla una inversión cercana a los 200 millones de dólares, más de 200 kilómetros de pistas, una temporada de esquí de cinco meses, la creación de aproximadamente 1000 empleos directos y 5000 indirectos y un funcionamiento total con energías renovables.
.

Lago Escondido y conflicto en tierras de Joe Lewis: datos, protagonistas y cruce de acusaciones

Fecha de Publicación: 10/02/2022
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Río Negro


La "6ta Marcha por la Soberanía", que reclama contra la "apropiación de tierras y de recursos naturales" por parte de terratenientes extranjeros, estuvo rodeada de polémicas.
Un nuevo incidente se produjo el fin de semana sobre la margen oeste del lago Escondido, contigua a las tierras del magnate Joe Lewis, cuando unas 40 personas de civil montadas a caballo interceptaron a un contingente de más de dos centenares de integrantes de la "6ta Marcha por la Soberanía", convocada por FIPCA (Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua), CTA, ATE y otras organizaciones gremiales y políticas.
La protesta, que se repite todos los años, obedece a la que señalan como apropiación de tierras y de recursos naturales como propiedad privada por parte de terratenientes extranjeros.
El incidente se inició el domingo por una denuncia de los manifestantes en la cual se reveló que, junto a más de 25 integrantes de la comitiva, el sanitarista Jorge Rachid había sido retenido por la guardia privada de Lewis, luego de que fueran "amenazados por unos 50 jinetes a punta de pistola".
La acusación fue realizada, a través de redes sociales, por la CTA Autónoma Río Negro y del presidente de FIPCA, Julio Cesar Urien.
Del mismo modo, el juez civil de Bariloche, Mariano Castro, rechazó un hábeas corpus preventivo presentado por el integrante de la APDH de El Bolsón, Raúl Pytrula, con el objeto de que se garantizara "la integridad de las personas intervinientes en una marcha a realizarse por el camino Tacuifí (Domingo Puchy) hasta la margen del lago Escondido".
A pesar de ello, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación insistió mediante un tuit que había recibido "denuncias de personas que se encuentran en este momento en el camino de montaña rumbo al Lago Escondido, en tierras de Joe Lewis".
Además trascendió que más de 40 personas de civil habían llegado al lugar "con armas de fuego para amenazar y que no continuaran la travesía", a la vez que recordó que estaban en "un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago".
Asimismo, señaló que había pedido a las autoridades de la provincia de Río Negro que "garanticen la seguridad y libre circulación de todos ellos".
El titular de la Cámara de Turismo de Lago Puelo, Chubut, Miguel Sosa, aclaró que el Parque Azul actualmente utilizado es un camino vecinal de montaña que desde 1996 suele aplicarse a la práctica de trekking con fines recreativos y turísticos para el uso de habitantes que vivan a menos de dos horas del lugar, y para que el que rigen prohibiciones de hacer asentamientos humanos, cazar y pescar, navegar en los espejos de agua, acampar y hacer fuego.
Los lagos de esta cuenca, Soberanía, Montes y Escondido, están libres de alga Didymo, un parásito que ingresó de Australia, arrasó flora y fauna y costó mucho erradicar.
La página regional InfoChucao justificó la tensión entre los integrantes de la "Marcha por la Soberanía" y los denominados "amigos de la montaña, de la Comarca y del Valle del Manso" en que "actualmente preocupa que puedan hacer fuego, recordando que debido a la Emergencia Ígnea que atraviesa nuestra región, no está permitido hacer fuego en ningún área protegida de la provincia de Río Negro".
La mutua aprehensión viene de larga data: los brigadistas aducen que FIPCA, el Vikingo Mayer, de CTA, y las organizaciones sindicales de Buenos Aires que se trasladan todos los años cometerían otra vez infracciones en el área natural protegida.
Todo esto sucede ante la proximidad de una audiencia citada por la Cámara de Apelaciones de San Carlos de Bariloche para el 9 de marzo, con el objetivo de resolver en forma definitiva la cuestión de fondo, mediante la construcción de un acceso público ambientalmente modelo y sostenible por el valle de El Manso.
La realidad que marcan los propietarios de tierras y comerciantes de la región es que abrir una ruta que una la 40 con los espejos de aguas libres implicaría una inversión de u$s 1500 millones, ante la necesidad de expropiar 15 campos en el recorrido.
.

Chaco y Salta: al desamparo del desarrollo

Fecha de Publicación: 14/01/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Chaco - Salta


Acaparamiento de tierras, contaminación de las aguas, desmontes, sequías y oleadas migratorias son algunas de las problemáticas que prevalecen en la región del Gran Chaco argentino, tras el avance de un modelo productivo que promete desarrollo local, pero genera beneficios para pocos. Así lo detalla un artículo recientemente publicado que analiza las dinámicas de producción y exclusión en esos territorios.
“Uno de nuestros objetivos era dar cuenta de cómo dos provincias con diferentes historias y productividades terminan teniendo una situación de acaparamiento territorial e hídrico, para abastecer o cumplimentar los objetivos de producción de un sector, sobre todo del empresariado agroganadero, en detrimento de las poblaciones locales de comunidades indígenas y poblaciones campesinas”, explica la doctora en Antropología, Malena Castilla, coautora, junto con su colega Mariana Schmidt, de un artículo recientemente publicado en la revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC), en el cual dan cuenta de las dinámicas territoriales, sociales y productivas que se desarrollaron en las provincias de Chaco y Salta, y sobre cómo se fueron modificando durante las últimas décadas y han ido afectando a las poblaciones locales de esa región.
“Las líneas de investigación presentadas en el artículo tienen que ver con proyectos de investigación tanto individuales como colectivos, que venimos llevando adelante cada una de nosotras y con otros compañeros y compañeras de los institutos de investigación en los que participamos”, agrega Schmidt, que es investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Uno de los ejes centrales de este trabajo da cuenta del acaparamiento de tierras y otros recursos como el agua (que en muchos lugares es escasa) y la deforestación, que avanzan de la mano de la expansión de la frontera agraria, bajo el argumento de alcanzar el desarrollo regional por medio del paquete tecnológico del agronegocio. Según detalla el documento, por ejemplo, entre 1998 y 2018, la pérdida de bosques nativos en la Argentina fue de alrededor de 6.500.000 hectáreas (ha). Lo más preocupante de ese dato es que el 43% de las deforestaciones ocurrieron dentro del período de vigencia de la Ley N° 26.331/2007, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Específicamente, el 87% de la deforestación practicada entre 2007 y 2018 se localizó en la región chaqueña, principalmente en Chaco (14%), Formosa (13%), Salta (21%) y Santiago del Estero (28%). De igual modo, en el período 2019-2020, aún en épocas de pandemia, los desmontes alcanzaron las 30.368 ha en el Chaco y las 35.606 ha en Salta.
“Tampoco se cumple la Ley de Biocidas, que regula y es la que tiene que establecer límites a las fumigaciones, por ejemplo. Esto es un problema, porque las leyes que existen podrían poner un freno al extractivismo que avanza. Sin embargo, muchas veces no lo hacen y las respuestas gubernamentales terminan siendo similares a las del empresariado o esconden su accionar indebido”, agrega Castilla, que trabaja con las comunidades rurales de Chaco desde hace alrededor de una década en cuestiones vinculadas con el ordenamiento territorial, la gestión de cuencas hídricas y la participación indígena en proyectos de desarrollo.
El otro eje central que observa esta publicación se refiere al acaparamiento hídrico en ambas provincias, no solo por el acceso al agua, que muchas veces es escaso e insuficiente para las poblaciones locales, sino por la mala distribución del recurso y el impacto de las fumigaciones que no solo contaminan las napas, sino también el agua de lluvia que recolectan en muchos lugares, en los que no hay otra fuente de agua potable, ya sea por alto contenido de arsénico o porque son salobres.
Al respecto, el artículo advierte que “entender el problema hídrico de la región como un problema de escasez sería errado”, ya que gran parte del agua es utilizada para producir materias primas, bienes o servicios. Es decir, el desigual acceso al agua refiere tanto a la falta de infraestructuras de distribución y a su acaparamiento por parte de los emprendimientos agroindustriales –que impiden el acceso a ríos y aguadas, por ejemplo– como a mecanismos más sutiles e invisibles, como la cantidad de agua que se incorpora y exporta en cada grano producido.
La publicación destaca el rol de los organismos de crédito internacionales que muchas veces acompañan estos procesos, con financiamientos multimillonarios para la construcción de infraestructuras regionales que finalmente terminan beneficiando a grandes empresarios, en detrimento de las comunidades rurales y campesinas locales. Al respecto, por ejemplo, menciona un préstamo otorgado por el Banco Mundial en el marco del Plan Belgrano, anunciado por el Gobierno nacional en el año 2015, con el objetivo de ampliar el abastecimiento de agua, saneamiento y obras de protección contra inundaciones, mediante el cual se construyeron desde plantas potabilizadoras y sistemas de acueductos hasta aljibes, techos colectores de lluvia y canillas comunitarias, pero las obras no han alcanzado a cubrir las necesidades de gran parte de la población regional.
“Todas estas conflictividades que emergen en el territorio son el resultado de políticas que se fueron implementando y se siguen implementando, muchas veces a partir de los intereses de los empresarios del agronegocio, que tienden a aumentar o a buscar el aumento de la productividad en detrimento de las poblaciones indígenas o campesinas”, comenta Castilla, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la (UBA).
Otro caso que menciona el trabajo es la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales que surgió en el año 2000 y que busca alcanzar la integración y el desarrollo en la región del Gran Chaco, que abarca a cinco países. Su contracara es una distribución absolutamente inequitativa para las poblaciones locales, principalmente indígenas y pequeños productores campesinos o rurales, que no solo se ven afectados a nivel sanitario, sino también imposibilitados de desarrollar sus actividades productivas tradicionales.
“Cuando se ven obras hídricas, un desarrollo vial o una pavimentación, realmente no están buscando beneficios para la población que habita en esos territorios, sino potenciar la productividad sin generar una redistribución, porque tampoco se hacen las consultas que se tienen que hacer ni los informes ambientales necesarios”, advierte Castilla y agrega que las oleadas de migraciones forzosas son otra de las consecuencias de este modelo. Al respecto, la publicación especifica que, entre 1991-2010, la población total de Chaco y Salta se vio incrementada en un 25,7% y 40,2% respectivamente, pero mientras que la población urbana aumentó 55% en Chaco y 54,6% en Salta (cifras que aumentan en los departamentos agrícolas: +97,3% en Anta, por ejemplo), en ámbitos rurales descendió a un -62,2% en Chaco y -16,3% en Salta.
Castilla dice que ahora están observando las lógicas que se dan en los diferentes mecanismos a través de los cuales avanza el extractivismo, de la mano de los incendios, por ejemplo, o con las fumigaciones. “Nos centramos en analizar las estrategias empresariales para avanzar sobre los territorios, observando cómo estos proyectos, que son millonarios y que se instalan en estas provincias, son producto de una falta de política de control y una capacidad de gestión, pero también en cómo estas políticas que se articulan y que están conectadas con proyectos internacionales y de desarrollo regional son procesos que no solo se dan en el Chaco o en Salta, sino que tienen que ver con un contexto más amplio”, concluye Castilla.
.

Empresario salteño quiere desmontar en una zona de uso campesino en Jujuy

Fecha de Publicación: 20/09/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


La Universidad Nacional de Jujuy, Parques Nacionales y Agricultura Familiar manifestarán sus argumentos en contra del avance de la deforestación en un área declarada como zona campesina por el municipio de Palma Sola.
“Desahucio forzoso” o “desalojo silencioso”. Estas expresiones, volcadas en una nota que Hernán Rachid, subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo, y María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) de la Nación, dirigieron a la ministra de Ambiente de Jujuy, Maria Inés Zigarán, resumen las posibles consecuencias de un desmonte que pretende realizar el empresario Néstor Cervera en la finca El Mistol, en el departamento jujeño de Santa Bárbara, que linda con la provincia de Salta.
Por el pedido de autorización del desmonte presentado a la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de Jujuy, el gobierno convocó a una audiencia pública que tendrá lugar hoy a las 10.30 en el Salón de Uso Múltiples ubicado al lado de la Comisión Municipal de Vinalito. Sin embargo, la mayor parte de la población campesina afectada es de la jurisdicción de Palma Sola, municipio que, mediante la ordenanza Nº 153/2016, declaró su zona rural como “Área Campesina”. Ambos municipios se encuentran dentro del departamento Santa Bárbara.
“La finca tiene dos accesos. Uno es por Vinalito y otro por Palma Sola”, explicó Castillo a Salta/12. La elección del sitio para la audiencia parece haber sido influenciada por un precedente de 2014. Aquel año, Cervera presentó un pedido para desmontar 12 mil hectáreas de la misma Finca El Mistol. La audiencia se hizo en Palma Sola y la resistencia del campesinado fue más fuerte. El desmonte le fue denegado.
En el expediente presentado por Cervera ante la Secretaría de Biodiversidad de Jujuy se indica que El Mistol (que se desmembró de una finca más grande de casi 50 mil hectáreas), cuenta con un poco más de 18.800 hectáreas. Pero “la cédula parcelaria habla de 13 mil hectáreas”, sostuvo la funcionaria nacional al detectar la primera incongruencia del expediente presentado.
El actual proyecto es para desmontar unas 2.400 hectáreas. Esto llevaría el desmonte total dentro de la finca El Mistol a más de 5.000 hectáreas efectivamente deforestadas, según surge del expediente.
Lo que no se pudo establecer es si los desmontes anteriores (de unas 3.100 hectáreas) fueron autorizados, y si los hizo Cervera desde 2011 en adelante (cuando compró la finca según la cédula parcelaria), o el anterior titular registral de la finca. No existe un monitoreo integral de todos los desmontes que se realizaron en la zona y, por lo tanto, no se pueden prever las implicancias que ello podría generar para las poblaciones de Santa Bárbara, el área de influencia del Parque Nacional Calilegua (que trabaja con proyectos productivos para el campesinado), en incluso para las zonas limítrofes de Salta, en donde también los desmontes ganaron terreno.

Un campesino que ganó el juicio
“Esos desmontes se hicieron después de 2011”, dijo Gloria Mamaní, campesina de la zona y actual coordinadora de la SAFCI en la zona. Contó que en 2014 cuando se quiso avanzar con el trámite por el desmonte de las 12 mil hectáreas, “nos enteramos un día antes de la audiencia y no nos pudimos anotar. Pero tampoco nos dejaron que participemos”. La alternativa del campesinado fue un corte de ruta para evitar el paso de quienes pretendían llegar a la audiencia.
Nunca se enteraron de otras audiencias públicas para realizar más desmontes. Sí fueron testigos, en cambio, de las recurrentes detenciones de Rolando Páez, a quien “lo metían varias veces preso para meter las topadoras con las que hacían picadas y desmontes”. Mamaní afirmó que se cansaron de realizar las denuncias ante el Ministerio de Ambiente jujeño “pero ellos (los propietarios de la finca) siguieron con los desmontes”.
Páez es uno de los campesinos que tiene su casa dentro de la finca El Mistol. Pese a los intentos de desalojarlo mediante la Justicia acusándolo de usurpación, el empresario perdió ante el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Jujuy el 20 de septiembre de 2018. De la nota presentada por Castillo y Rachid surge que en el fallo “se expresa claramente sobre la presencia de las familias campesinas y el uso de territorio que realizan en el lugar denominado Paraje Las Vertientes, donde se ubica la finca El Mistol, refiriendo que es una ‘zona de tipo Chaqueño, zona de chaco jujeño, zona de monte, con flora de tipo chaqueña con diversidad de árboles y animales y en ese ambiente natural se desarrollan actividades ganaderas a monte abierto, donde los animales se alimentan de forraje del monte, los frutos, las hojas naturales, y es una actividad bien diversa, en general también hacen mayormente ganado vacuno, cerdos, gallinas… El ganado se caracteriza por andar a monte abierto pastoreando por distintos sectores”.
Páez y otras 12 familias campesinas habitan, poseen y tienen zonas de pastoreo en la finca y serían quienes sufrirán la afectación directa de los desmontes que propone hacer El Mistol.
Pero no solo esta finca genera el problema de raíz para el campesinado. Pues en la zona hay otras superficies con sembradíos de soja que han afectado sus producciones. Se calcula que hay unas 100 familias que están quedando acorralados por los desmontes y sus consecuentes monocultivos.
La deforestación no es el único problema. “Sufrimos de las fumigaciones que nos pasan por arriba de la cabeza”, sostuvo Mamaní. “Para nosotros viene siendo un gran dolor e impotencia que autoridades no tomen cartas en el asunto porque nos sacan derechos como campesinos y afectan nuestra producción. Estamos tristes porque no hay justicia para el campesino ni nuestros derechos cuando somos quienes producimos el alimento”, agregó.

Comunidades guaraníes también
Castillo afirmó que en la zona que se quiere desmontar también hay comunidades guaraníes que podrían ver afectadas sus territorios por el desmonte. Pero del expediente no surge la existencia de encuestas ni a los campesinos (algunos de ellos con sus casas dentro de la finca), ni a las comunidades originarias que, por ley, deberían haber sido consultadas de manera previa, libre e informada sobre los desmontes.
La única referencia que se ve en parte del expediente indica que la finca “tiene su perímetro alambrado en su totalidad para evitar la destrucción de sus cultivos, pero constantemente son derribados por pastajeros vecinos que poseen muchas cabezas de ganado y poca tierra”.
La preocupación de quienes esperan detener el desmonte es que la audiencia sea un mínimo trámite a cumplir para aprobar la deforestación y así, contribuir al desarraigo forzado del campesinado de la zona.
.

La Justicia suspende la venta de Costa Salguero y los playones ferroviarios de Villa Crespo

Fecha de Publicación: 08/01/2021
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: CABA

Al borde del inicio de la feria judicial, el pasado 31 de diciembre, el juez de primera instancia Andrés Gallardo suspendió la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires.
El magistrado del fuero Contencioso Administrativo  y Tributario porteño dictó una medida que  afecta varios terrenos sobre los que hay debate. Son los de un sector de la Villa 31 de Retiro, el triángulo de Costa Salguero y Punta Carrasco, los playones ferroviarios en Villa Crespo, y los pertenecientes al ex Mercado de Hacienda.
Algunos de estos lotes fueron los que la Nación le transfirió a la Ciudad en 2018, cuando Mauricio Macri era presidente. En ese momento, la excusa para la transferencia fue que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se haría cargo del financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo.
En los considerandos del fallo, Gallardo expuso que no se cumplió con las audiencias públicas obligatorias ni con el procedimiento de doble lectura para sancionar la ley. Esto está ordenado por los artículos 89 inciso 4 y 90 de la Constitución de la Ciudad.
En el caso de Costa Salguero, la audiencia pública se viene realizando con una participación inédita. Y la mayoría de los inscriptos rechaza la privatización del predio.
El recurso de amparo había sido presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniera de la UBA, entre otras instituciones.
.

Córdoba: “Donde hubo incendios ahora hay countries”

Fecha de Publicación: 26/08/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba


El especialista propuso comparar los lugares donde hubo focos en años pasado con los últimos proyectos inmobiliarios. "Los incendios son intencionales", aseguró Guillermo Galliano.
El paisaje rojo y desolador de los fuegos y columnas de humo del atardecer y la noche de las sierras cordobesas se ve desde la capital provincial. Las cenizas de los incendios que ya llevan once días arrasando con el bosque autóctono, los animales y el sueño de los lugareños afectados, llegan con el viento del norte que parece un soplete que sólo se apaga por las noches. Ayer las llamas se mantenían activas pese a los trabajos de los bomberos.
Ya van más de 14 mil hectáreas quemadas y, según el brigadista y director de Defensa Civil Diego Concha, “no habrá final a menos que llueva y mucho. Ni siquiera la nieve del otro día en Altas Cumbres pudo apagar todos los fuegos. Necesitamos más humedad”.
A la tristeza por las sierras y los poblados amenazados por el fuego, se sumó la denuncia que realizó el fotógrafo y naturalista especializado en aves Guillermo Galliano, en un programa de Radio Nacional Córdoba. Galliano es presidente de la Fundación Mil Aves: “No es como nos quiere vender el gobierno de Córdoba, que es un señor endemoniado con una caja de fósforos prendiendo incendios porque es un piromaníaco desquiciado. No es así. Quiero desterrar esa idea que nos quiere vender el gobierno provincial. No es un señor que fue al rally y dejó el fuego prendido. No es la señora que barrió hojas y de repente se le fue el fuego. ¿Eso sucede? Sí, sucede. Pero no en la mayoría de los casos, eso es un muy bajo porcentaje. Los incendios son intencionales y lo digo con todas las letras. Son incendios intencionales, incendios provocados en su gran mayoría”.
Según Galliano, que en Córdoba es reconocido por su activismo y sus libros publicados y su columna de difusión científica en Radio Universidad, "si hacemos un análisis exhaustivo y una indagación seria, un trabajo periodístico a los jefes de los bomberos provinciales y se saca información de dónde fue cada incendio, en el 2004 acá, en el 2005... y se va haciendo un mapa de esos incendios --digo de un caso concreto: camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, ahí había bosque nativo, con toda la biodiversidad que ahí habita--, veamos qué hay ahora: todos countries, barrios cerrados. Y hagamos un análisis posterior: ¿cuántos incendios consecutivos hubo en ese lugar antes? Iban semana de por medio los bomberos ahí y me lo contaron los mismos bomberos. Y ahora son todos barrios cerrados”.
Enfático y conocedor de las sierras como pocos, ya que en su tarea se dedica al avistaje de aves y militancia por la preservación del bosque autóctono, Galliano afirmó que “(lo de los incendios) es una de las tantas artimañas alternativas que tiene el gobierno (provincial) y sus socios desarrollistas... Porque es al revés, no son los desarrollistas y sus socios del gobierno. Es al revés acá: es el gobierno y sus socios desarrollistas, para eliminar lo que tanto pregonamos que es nuestro bosque nativo”.
Siempre según Galliano, “(lo de los barrios cerrados en sitios donde hubo incendios reiterados) me lo han dicho los jefes de los bomberos a mí. Y ellos tienen todas las planillas con todos los datos técnicos. Es irrefutable lo que digo".
--Pero eso es susceptible de acciones penales, le replicaron en el programa. A lo que el naturalista respondió con otra pregunta: ¿Y de quiénes son los countries?
Desde hace dos décadas, las sierras cordobesas arden desde agosto hasta que llegan las lluvias. El viento zonda que llega desde el norte seco, más los pastizales, son la causa natural. Pero el “efecto lupa” que pueda darse en algunos casos, no justifica la inmensa cantidad de hectáreas calcinadas durante todos estos años. La pregunta del millón es cuándo y quiénes en la justicia se harán cargo de investigar de oficio este ecocidio que se retroalimenta año tras año.
Guillermo Galliano siguió: “Estamos haciendo un documental sobre el río Suquía con la Fundación Mil Aves. Ayer en vez de filmar el río, filmamos incendios. Estuve en La Calera. Se puede escapar un fuego... Pero eran un montón de focos distintos en distintos lugares de La Calera".
"Y se han visto desde el aire, en Traslasierra, eso está comprobado, un cuatriciclo con dos sujetos arriba con bidones de qué atrás y van prendiendo fuego --denunció--. Y hay un enorme impuesto al fuego, como un negociado enorme detrás de cada fuego, de cada acción. Y otra cosa, saquemos a los bomberos del medio ¿no?, como lo dice Germán Jaacks, que es guardaparque (de La Quebrada del Condorito): nuestros bomberos son como los soldados de Malvinas, los mandamos al fuego con muy poca cosa. Hacen un trabajo titánico. Ellos tienen equipamiento para salvar un edificio, una casa. Pero no para un fuego de montaña, eso son brigadistas. Lo que se necesita en montaña son brigadistas”.
Antes de terminar, Galliano dijo que lo que más le preocupa es “el banco de semillas”. Explicó que en “el vivero lo vende como mantillo, es una capa muy superficial, dos centímetros, diez centímetros. Ahí se alberga la semilla de todo ese bosque que se ve. Es un banco de semillas”. Si el fuego no se termina de apagar, si la llamada guardia de cenizas no es suficiente, lo que queda “es la desertificación”.
.

Denuncian que una inmobiliaria vende tierras fiscales en La Rioja

Fecha de Publicación: 10/08/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: La Rioja


Se trata de 760.000 hectáreas en las que están incluidos, además, dos pueblos y una laguna.
Un aviso de venta de 760.000 hectáreas de un paraíso semioculto en la cordillera de La Rioja desató un escándalo. Las tierras incluyen dos pueblos y Laguna Brava, una reserva natural creada en 1980 para preservar las comunidades de vicuñas y guanacos que estaban al borde de la desaparición. CER Servicios Inmobiliarios de Mar del Plata publicó el ofrecimiento con la aclaración de que ‘posee un corredor bioceánico del Mercosur con salida a Chile, la laguna más alta del mundo, el Monte Piscis y dos pueblos de 100 habitantes’. El precio: 91.277.640 dólares.
“Nos enteramos por las redes sociales”, admitió el asesor general del gobierno riojano, Miguel Zárate. En tanto, desde la inmobiliaria aseguran que cuentan con la documentación que demuestra que quienes dicen ser propietarios, efectivamente lo son. Las hectáreas que aparecen en el aviso comprenden Campo El Peñón, Monte Piscis y dos pueblos, Alto y Bajo Jagüel, donde viven unas 200 personas. Los pueblos son parte del departamento Vinchinas, de 3.000 habitantes.
“La zona es reserva natural por ley provincial y, además, está protegida por leyes nacionales y convenios internacionales -agrega Zárate-. Vamos a defender el patrimonio del Estado provincial y el derecho de los pobladores de esas zonas que tienen documentación de posesión de las tierras”. Una vez iniciada la polémica, el aviso aparece como ‘finalizado’ en la web, pero las fuentes oficiales ratifican su existencia y que, les confirmaron la decisión de venta.
La administración riojana acudirá a la Justicia para ‘proteger’ las tierras y, además, con una cautelar intentará evitar que ‘se avance en operaciones’ hasta que se presenten quienes dicen ser los dueños. “Queremos evitar instancias posteriores para que no haya estafadores ni estafados. Hay antecedentes en la provincia de otras ventas con documentos apócrifos’, apunta Zárate. Asegura que en el Registro de la Propiedad Inmueble no existe ninguno con esa superficie, a la vez que remarca que la Fiscalía de Estado tomó intervención y ya está investigando. El aviso de la inmobiliaria apareció en la página especializada ZonaProp, donde se describe que las compras de las tierras datan de 1967, que pasan líneas de tensión para energía eólica con estudios de intensidad de vientos y que los trámites limítrofes (las tierras lindan con San Juan) están hechos. Además, incluye un apartado sobre ‘posibilidades de explotación’ entre las que menciona hoteles de alta montaña, turismo de aventura, safaris en 4x4, caza y pesca, escalada y exploración de volcanes inactivos.
Desde la inmobiliaria indicaron que la hectárea está a 150 dólares y admitieron que para multinacionales ese valor “es un regalo”.
Esta operación pone en la mira también a la administración riojana, habida cuenta de la tardía reacción, y que se hayan enterado de este intento comercial, a través de las redes sociales, cuando ya estaba en oferta desde hace tiempo.
.