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No se sabe cuántas tierras son de extranjeros
08:10 | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Gobierno no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros
Fecha de Publicación: 31/01/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Pero la Casa Rosada no lo puede precisar, porque no armó la Base de Datos que prometió hace un año.
La Cordillera, los bosques nativos, el Acuífero Guaraní y los ríos más caudalosos del país siguen acechados por el proceso de extranjerización de tierras y están afectados por una legislación que mantiene el espíritu de los años 90 y es considerada una de las más débiles del mundo en materia de protección de los recursos naturales cercanos a las fronteras.
Lo advierten expertos en geopolítica, organismos de control y legisladores de la oposición, en momentos en que los problemas del cambio climático vuelven a sacudir a miles de pobladores.
El Gobierno admitió la "dispersión normativa" en el tema, pero no amplió los requisitos para que los extranjeros extiendan sus propiedades en áreas estratégicas.
Mediante la resolución 166 del Ministerio del Interior, dio de baja a otras 10 resoluciones del menemismo, pero fijó un mapa de las zonas de seguridad en las fronteras, actualizado, con demasiados agujeros. Las zonas de seguridad, establecidas en 1944, están ubicadas en el espacio adyacente al límite internacional: es una franja de 150 kilómetros desde la frontera terrestre y otra de 50 kilómetros a partir de la costa.
Según la resolución 166, de marzo pasado, 89 centros urbanos y localidades, de 14 provincias, quedaron "desafectados en su totalidad del régimen de previa conformidad" que se exige a extranjeros que quieren comprar tierras en los bordes geográficos argentinos. Fue una reafirmación de lo dispuesto por el menemismo en la década del 90.
La Quebrada de Humahuaca, las islas del Ibicuy, el área efervescente de Gualeguaychú, las zonas vitivinícolas de Tupungato y Tunuyán, Calingasta al norte y Gaiman al sur son algunas de las localidades donde los extranjeros se encuentran con facilidades únicas para expandir sus latifundios.
"Es pérdida de soberanía. No hay país en el mundo con una legislación tan flexible como la nuestra. En Japón, Estados Unidos o Canadá, los extranjeros no pueden comprar tierras y menos si cuentan con recursos naturales", señala Elsa Bruzzone, profesora de historia y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional.
La mujer, autora del libro "Las guerras del agua. América del Sur, en la mira de las grandes potencias", (editado por Capital Intelectual) afirma que "el 20 por ciento de la Argentina tiene dueños extranjeros, especialmente en la Patagonia y la Cordillera". Estimaciones cercanas hacen la Federación Agraria y legisladores de la oposición, aunque nadie ha podido validar sus cálculos, porque el Gobierno no da información sobre el tema.
"Cuando Luis D'Elía era subsecretario de Tierras, intentó hacer un catastro de las propiedades en manos extranjeras, pero tampoco pudo acceder a la información. Quienes lo intentaron, se encontraron con títulos falsos y registros provinciales poco fiables No hay un registro real", dice Bruzzone.
La secretaría de Interior tiene pendiente armar una Base de Datos para registrar la titularidad de los dominios de los inmuebles ubicados en las zonas de seguridad, las operaciones inmobiliarias y las transferencias de acciones o modificaciones de la estructura societaria de las firmas que sean titulares de esos bienes, para detectar engaños en los traspasos. "La Base de Datos se halla en proceso de confección", respondió a Clarín del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tras un pedido de Acceso a la Información. La secretaría de Interior tampoco sabe cuántas solicitudes para comprar tierras presentaron los extranjeros entre 2003 y 2007, durante la administración de Néstor Kirchner.
Para José Luis Dutto, Defensor del Pueblo de Neuquén, la resolución 166 "parece una macana", porque "da la impresión de que flexibiliza el trámite para los extranjeros, que quedarían liberados de muchos requisitos". En su provincia, fueron desafectadas las localidades de Aluminé, Chos Malal, Huiliches, Minas, Ñorquin, Loncopué, Pehuenches, Picunches, Zapala y Collon Cura. "Es zona virgen -subraya-, muy poca población, agua pura, bosques, con comunidades de crianceros, algunas estancias, mapuches. Desde el punto de vista ambiental, el lugar es impecable".
Cuando Dutto recorre el interior neuquino, "se me acercan pobladores para comentarme de nuevas ventas de tierras a extranjeros, que están interesados en zonas de Bariloche, villa La Angostura, Junín de los Andes", mientras que movimientos sociales y del foro 'El Agua como Derecho Humano' "me expresan su preocupación y piden que no se cierren los accesos a los ríos y a los campos".
El ombudsman de Neuquén pide que el Congreso investigue el tema y que el próximo plenario de defensores del pueblo, que se hará en marzo, también lo examine.
Proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados piden más restricciones para la compra de tierras. Uno, auspiciado por la diputada de la Coalición Cívica Susana García, plantea directamente la prohibición a los extranjeros y sus empresas para "la adquisición del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles rurales en zonas de seguridad" y lo fundamenta con citas de leyes protectoras de la mayoría de los países latinoamericanos.
Otro proyecto, de la diputada de Solidaridad e Igualdad Verónica Benas, señala que "la mayoría de los expedientes de venta de tierras sobre la Cordillera fueron aprobados por vía de la 'excepción' y Santa Cruz y Chubut son las provincias de mayor incumplimiento".
A esas conclusiones habían llegado especialistas en medio ambiente de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. En dos informes, el organismo detectó un sinfín de irregularidades en la presentación de documentación por parte de los compradores extranjeros en la Patagonia y la Mesopotamia.
El Gobierno reconoció el problema en la última "Memoria detallada del Estado de la Nación" presentada en el Parlamento. Dijo allí que la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras puso como prioridad "el análisis de expedientes iniciados en los años 2005/2006 sobre Previa Conformidad, advirtiéndose que gran parte de ellos se encontraban con documentación faltante y/o vencida". Intervino un escribano, que pidió por escrito un refuerzo de la documentación en 234 expedientes, aunque sólo obtuvo respuesta en el 20 por ciento de los casos. "El mismo criterio de envío de notas (para pedir más documentación) se sigue para los expedientes 2007/2008", se indicó.
Hoy, la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras dice que hay 216 expedientes "a la espera de documentación" y que "se han instrumentado mecanismos encaminados a fortalecer el control".
En tanto, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera en legislar ante la amenaza directa de que empresas y barcos extranjeros vengan al país a llevarse el agua de los ríos. En noviembre, la Legislatura dispuso la prohibición de la comercialización de agua dulce a granel (potabilizada o no), cuyo fin sea la exportación.
Fecha de Publicación: 31/01/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Pero la Casa Rosada no lo puede precisar, porque no armó la Base de Datos que prometió hace un año.
La Cordillera, los bosques nativos, el Acuífero Guaraní y los ríos más caudalosos del país siguen acechados por el proceso de extranjerización de tierras y están afectados por una legislación que mantiene el espíritu de los años 90 y es considerada una de las más débiles del mundo en materia de protección de los recursos naturales cercanos a las fronteras.
Lo advierten expertos en geopolítica, organismos de control y legisladores de la oposición, en momentos en que los problemas del cambio climático vuelven a sacudir a miles de pobladores.
El Gobierno admitió la "dispersión normativa" en el tema, pero no amplió los requisitos para que los extranjeros extiendan sus propiedades en áreas estratégicas.
Mediante la resolución 166 del Ministerio del Interior, dio de baja a otras 10 resoluciones del menemismo, pero fijó un mapa de las zonas de seguridad en las fronteras, actualizado, con demasiados agujeros. Las zonas de seguridad, establecidas en 1944, están ubicadas en el espacio adyacente al límite internacional: es una franja de 150 kilómetros desde la frontera terrestre y otra de 50 kilómetros a partir de la costa.
Según la resolución 166, de marzo pasado, 89 centros urbanos y localidades, de 14 provincias, quedaron "desafectados en su totalidad del régimen de previa conformidad" que se exige a extranjeros que quieren comprar tierras en los bordes geográficos argentinos. Fue una reafirmación de lo dispuesto por el menemismo en la década del 90.
La Quebrada de Humahuaca, las islas del Ibicuy, el área efervescente de Gualeguaychú, las zonas vitivinícolas de Tupungato y Tunuyán, Calingasta al norte y Gaiman al sur son algunas de las localidades donde los extranjeros se encuentran con facilidades únicas para expandir sus latifundios.
"Es pérdida de soberanía. No hay país en el mundo con una legislación tan flexible como la nuestra. En Japón, Estados Unidos o Canadá, los extranjeros no pueden comprar tierras y menos si cuentan con recursos naturales", señala Elsa Bruzzone, profesora de historia y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional.
La mujer, autora del libro "Las guerras del agua. América del Sur, en la mira de las grandes potencias", (editado por Capital Intelectual) afirma que "el 20 por ciento de la Argentina tiene dueños extranjeros, especialmente en la Patagonia y la Cordillera". Estimaciones cercanas hacen la Federación Agraria y legisladores de la oposición, aunque nadie ha podido validar sus cálculos, porque el Gobierno no da información sobre el tema.
"Cuando Luis D'Elía era subsecretario de Tierras, intentó hacer un catastro de las propiedades en manos extranjeras, pero tampoco pudo acceder a la información. Quienes lo intentaron, se encontraron con títulos falsos y registros provinciales poco fiables No hay un registro real", dice Bruzzone.
La secretaría de Interior tiene pendiente armar una Base de Datos para registrar la titularidad de los dominios de los inmuebles ubicados en las zonas de seguridad, las operaciones inmobiliarias y las transferencias de acciones o modificaciones de la estructura societaria de las firmas que sean titulares de esos bienes, para detectar engaños en los traspasos. "La Base de Datos se halla en proceso de confección", respondió a Clarín del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tras un pedido de Acceso a la Información. La secretaría de Interior tampoco sabe cuántas solicitudes para comprar tierras presentaron los extranjeros entre 2003 y 2007, durante la administración de Néstor Kirchner.
Para José Luis Dutto, Defensor del Pueblo de Neuquén, la resolución 166 "parece una macana", porque "da la impresión de que flexibiliza el trámite para los extranjeros, que quedarían liberados de muchos requisitos". En su provincia, fueron desafectadas las localidades de Aluminé, Chos Malal, Huiliches, Minas, Ñorquin, Loncopué, Pehuenches, Picunches, Zapala y Collon Cura. "Es zona virgen -subraya-, muy poca población, agua pura, bosques, con comunidades de crianceros, algunas estancias, mapuches. Desde el punto de vista ambiental, el lugar es impecable".
Cuando Dutto recorre el interior neuquino, "se me acercan pobladores para comentarme de nuevas ventas de tierras a extranjeros, que están interesados en zonas de Bariloche, villa La Angostura, Junín de los Andes", mientras que movimientos sociales y del foro 'El Agua como Derecho Humano' "me expresan su preocupación y piden que no se cierren los accesos a los ríos y a los campos".
El ombudsman de Neuquén pide que el Congreso investigue el tema y que el próximo plenario de defensores del pueblo, que se hará en marzo, también lo examine.
Proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados piden más restricciones para la compra de tierras. Uno, auspiciado por la diputada de la Coalición Cívica Susana García, plantea directamente la prohibición a los extranjeros y sus empresas para "la adquisición del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles rurales en zonas de seguridad" y lo fundamenta con citas de leyes protectoras de la mayoría de los países latinoamericanos.
Otro proyecto, de la diputada de Solidaridad e Igualdad Verónica Benas, señala que "la mayoría de los expedientes de venta de tierras sobre la Cordillera fueron aprobados por vía de la 'excepción' y Santa Cruz y Chubut son las provincias de mayor incumplimiento".
A esas conclusiones habían llegado especialistas en medio ambiente de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. En dos informes, el organismo detectó un sinfín de irregularidades en la presentación de documentación por parte de los compradores extranjeros en la Patagonia y la Mesopotamia.
El Gobierno reconoció el problema en la última "Memoria detallada del Estado de la Nación" presentada en el Parlamento. Dijo allí que la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras puso como prioridad "el análisis de expedientes iniciados en los años 2005/2006 sobre Previa Conformidad, advirtiéndose que gran parte de ellos se encontraban con documentación faltante y/o vencida". Intervino un escribano, que pidió por escrito un refuerzo de la documentación en 234 expedientes, aunque sólo obtuvo respuesta en el 20 por ciento de los casos. "El mismo criterio de envío de notas (para pedir más documentación) se sigue para los expedientes 2007/2008", se indicó.
Hoy, la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras dice que hay 216 expedientes "a la espera de documentación" y que "se han instrumentado mecanismos encaminados a fortalecer el control".
En tanto, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera en legislar ante la amenaza directa de que empresas y barcos extranjeros vengan al país a llevarse el agua de los ríos. En noviembre, la Legislatura dispuso la prohibición de la comercialización de agua dulce a granel (potabilizada o no), cuyo fin sea la exportación.
Ataque de terratenientes a Comunidad Indígena
Un muerto y 4 heridos de bala, saldo del ataque de terratenientes contra Comunidad Indígena
Fecha de Publicación: 14/10/2009
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Tucumán
Desde hace casi un mes, la comunidad Chuschagasta permanece en la ruta exigiendo el reconocimiento de sus tierras. En la tarde de ayer, un reconocido terrateniente de la zona, de apellido Amín, llegó al lugar junto a otros dos hombres. Sacaron fotos del lugar y se declararon los auténticos dueños. Ante el rechazo de las más de 20 personas que se encontraban allí -entre mujeres, niños y gente mayor-, el terrateniente y sus secuaces sacaron sus armas de fuego y dispararon. Javier Chocobar murió como consecuencia de un disparo en el abdomen; otros cuatro comuneros fueron heridos de bala. Aunque todos están fuera de peligro, dos se encuentran en el Centro de Salud y esperan para ser operados.
La Comunidad Chuschagasta no logra entender aún lo sucedido. Desde hace 26 días se encuentran a la vera de la ruta, reclamando el reconocimiento de la propiedad sobre sus tierras. En este sentido, vienen exigiendo que se aplique la Ley 26.160, por la cual se prohíben los desalojos de las comunidades indígenas de los territorios que ocupan tradicionalmente.
Sin embargo, en la tarde de ayer, los terratenientes de la zona decidieron hacer justicia por mano propia. Tres personas, una de ellas identificada como Amín, junto a otros dos hombres –uno de ellos sería un ex policía salteño, separado de la fuerza por malos antecedentes- llegaron al lugar donde estaban los comuneros y comenzaron a sacar fotos. Mientras fotografiaban la gente y las tierras, indicaban que el lugar era de ellos, que lo habían comprado.
En ese momento, sólo había unas 20 personas de la comunidad de Chuschagasta –entre mujeres, niños y gente mayor-. Por eso, algunos de los comuneros se acercaron a los hombres para pedirles que se retiren, que no podían estar allí.
Así fue que Amín y sus dos compinches sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar. Como consecuencia, cuatro personas fueron heridas y una murió. La víctima fatal fue Javier Chocobar, de 68 años e integrante de la comunidad. Dos de los heridos permanecían internados en el Centro de Salud. Según la Doctora Frías, médica de guardia de ese hospital, “se encuentran estables y fuera de peligro”.
Uno de los comuneros que se encontraba en el lugar cuando Amín y sus compinches indicó que “todo fue muy rápido. Todo se desarrolló en menos de 5 minutos. Chocobar murió en el lugar; a uno de los heridos logramos trasladarlos a Trancas, porque sino también hubiese muerto”.
El hombre no lograba todavía asimilar lo sucedido. En el Centro de Salud, acompañaba a la familia de Andrés Mamaní, uno de los heridos de bala. Todos conmocionados, atinaban solo a decir que la Comunidad está muy golpeada y que esperan que todo termine de una vez. O sea, que el Estado Provincial reconozca la propiedad de la Comunidad Chuschagasta sobre sus tierras.
Desde ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y Fogón Andino repudiaron el accionar impune de los terratenientes y solicitaron al Estado Provincial la aplicación de la ley 26160. “Es urgente que el Estado tome cartas en el asunto, para evitar que se repitan situaciones extremas de este tipo. Es necesario que se reconozcan los derechos indígenas sobre sus territorios y se frenen los desalojos, que se vienen multiplicando en las últimas semanas”, agregaron desde andhes.
Por otra parte, desde Contrapunto nos solidarizamos con la Comunidad Chuschagasta. Repudiamos el accionar impune de los terratenientes, que vienen contando con el apoyo del gobierno provincial, la justicia tucumana y el brazo represivo de la policía. Consideramos importante que todas las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos de la provincia se pronuncien a favor de los pueblos originarios que vienen siendo atacados, para rodear de solidaridad su lucha y lograr que se garanticen sus derechos.
PARA COMUNICARSE:
Andrés Mamaní Comunidad Chuschagasta (0381 155669620)
Fabián Fernández Comunidad Chuschagasta (0381 155863495)
Margarita Mamaní Comunidad El Mollar (381 5393286)
Daniel Carlorosi ANDHES (381 156425622)
Prensa Alternativa - redaccioncontrapunto@gmail.com
Fecha de Publicación: 14/10/2009
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Tucumán
Desde hace casi un mes, la comunidad Chuschagasta permanece en la ruta exigiendo el reconocimiento de sus tierras. En la tarde de ayer, un reconocido terrateniente de la zona, de apellido Amín, llegó al lugar junto a otros dos hombres. Sacaron fotos del lugar y se declararon los auténticos dueños. Ante el rechazo de las más de 20 personas que se encontraban allí -entre mujeres, niños y gente mayor-, el terrateniente y sus secuaces sacaron sus armas de fuego y dispararon. Javier Chocobar murió como consecuencia de un disparo en el abdomen; otros cuatro comuneros fueron heridos de bala. Aunque todos están fuera de peligro, dos se encuentran en el Centro de Salud y esperan para ser operados.
La Comunidad Chuschagasta no logra entender aún lo sucedido. Desde hace 26 días se encuentran a la vera de la ruta, reclamando el reconocimiento de la propiedad sobre sus tierras. En este sentido, vienen exigiendo que se aplique la Ley 26.160, por la cual se prohíben los desalojos de las comunidades indígenas de los territorios que ocupan tradicionalmente.
Sin embargo, en la tarde de ayer, los terratenientes de la zona decidieron hacer justicia por mano propia. Tres personas, una de ellas identificada como Amín, junto a otros dos hombres –uno de ellos sería un ex policía salteño, separado de la fuerza por malos antecedentes- llegaron al lugar donde estaban los comuneros y comenzaron a sacar fotos. Mientras fotografiaban la gente y las tierras, indicaban que el lugar era de ellos, que lo habían comprado.
En ese momento, sólo había unas 20 personas de la comunidad de Chuschagasta –entre mujeres, niños y gente mayor-. Por eso, algunos de los comuneros se acercaron a los hombres para pedirles que se retiren, que no podían estar allí.
Así fue que Amín y sus dos compinches sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar. Como consecuencia, cuatro personas fueron heridas y una murió. La víctima fatal fue Javier Chocobar, de 68 años e integrante de la comunidad. Dos de los heridos permanecían internados en el Centro de Salud. Según la Doctora Frías, médica de guardia de ese hospital, “se encuentran estables y fuera de peligro”.
Uno de los comuneros que se encontraba en el lugar cuando Amín y sus compinches indicó que “todo fue muy rápido. Todo se desarrolló en menos de 5 minutos. Chocobar murió en el lugar; a uno de los heridos logramos trasladarlos a Trancas, porque sino también hubiese muerto”.
El hombre no lograba todavía asimilar lo sucedido. En el Centro de Salud, acompañaba a la familia de Andrés Mamaní, uno de los heridos de bala. Todos conmocionados, atinaban solo a decir que la Comunidad está muy golpeada y que esperan que todo termine de una vez. O sea, que el Estado Provincial reconozca la propiedad de la Comunidad Chuschagasta sobre sus tierras.
Desde ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y Fogón Andino repudiaron el accionar impune de los terratenientes y solicitaron al Estado Provincial la aplicación de la ley 26160. “Es urgente que el Estado tome cartas en el asunto, para evitar que se repitan situaciones extremas de este tipo. Es necesario que se reconozcan los derechos indígenas sobre sus territorios y se frenen los desalojos, que se vienen multiplicando en las últimas semanas”, agregaron desde andhes.
Por otra parte, desde Contrapunto nos solidarizamos con la Comunidad Chuschagasta. Repudiamos el accionar impune de los terratenientes, que vienen contando con el apoyo del gobierno provincial, la justicia tucumana y el brazo represivo de la policía. Consideramos importante que todas las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos de la provincia se pronuncien a favor de los pueblos originarios que vienen siendo atacados, para rodear de solidaridad su lucha y lograr que se garanticen sus derechos.
PARA COMUNICARSE:
Andrés Mamaní Comunidad Chuschagasta (0381 155669620)
Fabián Fernández Comunidad Chuschagasta (0381 155863495)
Margarita Mamaní Comunidad El Mollar (381 5393286)
Daniel Carlorosi ANDHES (381 156425622)
Prensa Alternativa - redaccioncontrapunto@gmail.com
Un lago patagónico deja de ser privado
Un lago patagónico deja de ser privado y vuelve a ser público: Organizaciones sociales reconocen importante avance y advierten
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Río Negro
El caso de la inversión inmobiliaria Hidden Lake S.A. y el acceso al lago Escondido en la cordillera rionegrina es un caso testigo que deja en evidencia las catastróficas políticas territoriales que no son "nacionales" ni espacio vital para sus habitantes o visitantes de buena fe, sino que dejan librado el uso y acceso a la tierra a las fuerzas del mercado.
No hay que ser matemático ni muy astuto para darse cuenta que, de esa manera, todo lo que tiene valor con precio (tierra fértil, bosques, pasos fronterizos, agua, biodiversidad) pasa inexorablemente a manos de pocos propietarios o intereses particulares, que terminan manejando a su antojo bienes comunes y estratégicos.
A eso lo llamamos usurpación y saqueo o, cuando corresponde, contaminación. La nuestra es una definición política que deja al desnudo a otra posición política totalmente contrapuesta. Estamos hablando de una forma de apropiación territorial, aplicada en nuestra región desde hace un siglo por medio de la fuerza o el silencio burocrático, que es inaceptable por la dimensión de los espacios ocupados, la desruralización y las consecuencias humanas a corto y largo plazo.
Es un genocidio lento, pues a este ritmo poco falta para que la mayoría de los argentinos, exceptuando un puñado de empleados y peones ocasionales, quedemos como visitantes de nuestra propia tierra, impedidos de manejar nuestra base económica. Lo peor de todo es que hay una política de estado que crea, por error, complicidad, ignorancia, indiferencia u omisión, las condiciones “físicas, económicas y culturales” -en la definición de las Naciones Unidas- para que esto ocurra.
El caso puntual del acceso público al Lago Escondido, acompañado por un fallo del Superior Tribunal de Justicia, es tan básico que está fuera de discusión porque es un derecho constitucional (Art. 73 de la Constitución Provincial) y porque hay un camino de acceso simple de ser puesto en condiciones, que nace en la Ruta Nacional Nº 40 "Juan Herman" en las cercanías de Tacuifí y cumple con los requisitos ambientales previstos en las leyes nacionales 22.351 y 22.675 y provinciales.
Una parte del gobierno provincial, esta vez a cargo del Fiscal de Estado Carosio, intenta sin embargo cumplir con aquel mandato ideológico de proteger intereses privados por encima de toda consideración o legitimidad. Para llegar a la servidumbre de paso preferida por los propietarios de Hidden Lake hay que haber caminado, por fuera, por un sector mucho más vulnerable de la alta cordillera, una picada que requiere capacidades físicas excepcionales, haciendo de esa manera imposible el acceso a la mayoría de la población. Poner ese corto sendero en condiciones DENTRO de la propiedad es relativamente sencillo, visualmente efectivo, barato...y alejado del casco de la estancia. El problema ambiental, financiero, técnico, en infraestructura y en distancia queda, en ese caso, del lado del bosque, las profundas cañadas o mallines. Presentar esta servidumbre de paso como una opción viable es un acto propagandístistico que tiene la finalidad de limitar al máximo el acceso. Es una estrategia inmobiliaria, no social.
Los vecinos y organizaciones de la región que promovemos el libre acceso a costas de ríos, lagos y mar, no luchamos por un capricho circunstancial sino por la clara conciencia de los legítimos derechos que nos asisten y las tradiciones jurídicas, políticas y culturales que los sostienen. El fallo del Superior Tribunal de Justicia ordena poner en condiciones ambos accesos y por ello gana el reconocimiento de la población y sus organizaciones, que a partir de ahora se mantendrán alertas para verificar el cumplimiento, en los plazos previstos, del acondicionamiento de la servidumbre de paso por Tacuifí, a cargo de la empresa vial rionegrina (VIARSE) con intervención del Consejo de Medio Ambiente.
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Río Negro
El caso de la inversión inmobiliaria Hidden Lake S.A. y el acceso al lago Escondido en la cordillera rionegrina es un caso testigo que deja en evidencia las catastróficas políticas territoriales que no son "nacionales" ni espacio vital para sus habitantes o visitantes de buena fe, sino que dejan librado el uso y acceso a la tierra a las fuerzas del mercado.
No hay que ser matemático ni muy astuto para darse cuenta que, de esa manera, todo lo que tiene valor con precio (tierra fértil, bosques, pasos fronterizos, agua, biodiversidad) pasa inexorablemente a manos de pocos propietarios o intereses particulares, que terminan manejando a su antojo bienes comunes y estratégicos.
A eso lo llamamos usurpación y saqueo o, cuando corresponde, contaminación. La nuestra es una definición política que deja al desnudo a otra posición política totalmente contrapuesta. Estamos hablando de una forma de apropiación territorial, aplicada en nuestra región desde hace un siglo por medio de la fuerza o el silencio burocrático, que es inaceptable por la dimensión de los espacios ocupados, la desruralización y las consecuencias humanas a corto y largo plazo.
Es un genocidio lento, pues a este ritmo poco falta para que la mayoría de los argentinos, exceptuando un puñado de empleados y peones ocasionales, quedemos como visitantes de nuestra propia tierra, impedidos de manejar nuestra base económica. Lo peor de todo es que hay una política de estado que crea, por error, complicidad, ignorancia, indiferencia u omisión, las condiciones “físicas, económicas y culturales” -en la definición de las Naciones Unidas- para que esto ocurra.
El caso puntual del acceso público al Lago Escondido, acompañado por un fallo del Superior Tribunal de Justicia, es tan básico que está fuera de discusión porque es un derecho constitucional (Art. 73 de la Constitución Provincial) y porque hay un camino de acceso simple de ser puesto en condiciones, que nace en la Ruta Nacional Nº 40 "Juan Herman" en las cercanías de Tacuifí y cumple con los requisitos ambientales previstos en las leyes nacionales 22.351 y 22.675 y provinciales.
Una parte del gobierno provincial, esta vez a cargo del Fiscal de Estado Carosio, intenta sin embargo cumplir con aquel mandato ideológico de proteger intereses privados por encima de toda consideración o legitimidad. Para llegar a la servidumbre de paso preferida por los propietarios de Hidden Lake hay que haber caminado, por fuera, por un sector mucho más vulnerable de la alta cordillera, una picada que requiere capacidades físicas excepcionales, haciendo de esa manera imposible el acceso a la mayoría de la población. Poner ese corto sendero en condiciones DENTRO de la propiedad es relativamente sencillo, visualmente efectivo, barato...y alejado del casco de la estancia. El problema ambiental, financiero, técnico, en infraestructura y en distancia queda, en ese caso, del lado del bosque, las profundas cañadas o mallines. Presentar esta servidumbre de paso como una opción viable es un acto propagandístistico que tiene la finalidad de limitar al máximo el acceso. Es una estrategia inmobiliaria, no social.
Los vecinos y organizaciones de la región que promovemos el libre acceso a costas de ríos, lagos y mar, no luchamos por un capricho circunstancial sino por la clara conciencia de los legítimos derechos que nos asisten y las tradiciones jurídicas, políticas y culturales que los sostienen. El fallo del Superior Tribunal de Justicia ordena poner en condiciones ambos accesos y por ello gana el reconocimiento de la población y sus organizaciones, que a partir de ahora se mantendrán alertas para verificar el cumplimiento, en los plazos previstos, del acondicionamiento de la servidumbre de paso por Tacuifí, a cargo de la empresa vial rionegrina (VIARSE) con intervención del Consejo de Medio Ambiente.
Córdoba: desalambrar los ríos serranos
Córdoba todavía da batalla para desalambrar los ríos serranos
Fecha de Publicación: 17/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la infracción que comenten particulares, cuando los cursos de los ríos pasan por sus propiedades.
Villa Giardino. Conocida como "el Jardín de Punilla", por la generosidad de matices que ofrece la flora y el cuidado que le propinan, a Villa Giardino –ubicada a 86 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba– también podría denominársela "la Capital Provincial del Otoño", por la explosión natural de colores oxidados, amarillos intensos y ocres minerales, en esta época del año.
Para experimentar las sensaciones gratas que produce en los sentidos ese entorno encantador, lo recomendable es una caminata a paso lento. De hecho, en el sitio oficial en Internet de la localidad serrana ( www.villagiardino.gov.ar ) se sugiere esa actividad para disfrutar con intensidad las bondades del paisaje. Aunque no aclara que la marcha a pie no tiene que hacerse por las riberas de los ríos y arroyos que la surcan de este a oeste y de norte a sur. Y no porque el terreno sea escabroso o las crecidas repentinas los tornen potencialmente peligrosos, sino debido a la presencia de alambrados u obstáculos artificiales colocados adrede por particulares sobre los cursos de agua.
En rigor de verdad, Villa Giardino es sólo un botón de muestra de lo que ocurre en muchos sitios de la provincia, tal como este diario lo viene reflejando desde hace tiempo y de manera periódica. En numerosos ríos cordobeses, los alambrados que interponen privados invaden espacios públicos, impidiendo el acceso o tránsito por sectores que no son, ni pueden ser, de propiedad privada.
Alambres. En Villa Giardino, los amantes del trekking ven frustradas sus expectativas cada vez que quieren trepar hasta el faldeo de las sierras, siguiendo el curso de los arroyos que nacen en el cordón oriental.
Por caso, si el punto de partida fuera el vado en el paraje La Pampilla, por "el camino de los artesanos", sólo se podría progresar un par de pasos. Las intenciones se toparían con un alambrado de seis hilos que cruza sobre la corriente de agua y un cartel que prohíbe avanzar porque se trata de una "propiedad privada".
Lo mismo ocurre en el siguiente vado hacia el norte y se repite varias veces arroyo arriba. También está alambrado el río debajo del puente sobre la ruta nacional 38 que se encuentra 100 metros después del peaje que está pasando la lomada natural, conocida en Villa Giardino como "el bordo".
Y los hilos metálicos y los cercos verdes ya son parte del paisaje a lo largo del río San Francisco (que se embalsa en el diminuto dique Portecello y tributa luego al río Grande, de Punilla).
Asimismo, los obstáculos se manifiestan en forma ostensible en las proximidades del viejo molino de Thea y en las ruinas del desmantelado puente ferroviario camino a esa referencia histórica y turísticas de la zona.
En un recorrido de a pie que realizamos el miércoles último, detectamos por lo menos 20 cruces de alambrados por los ríos y arroyos del "Jardín de Punilla".
Se multiplican. Por cierto, estas infracciones al Código de Aguas de la Provincia, al Código Civil argentino y a distintas normas que regulan el uso de los recursos naturales no se registran solamente en Villa Giardino.
Cuando el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia puso en marcha, hace un par de años, el Plan de Ordenamiento Territorial, con el propósito de delimitar las tierras de dominio público a través de la determinación de la líneas de ribera en arroyo, ríos y lagos, sólo en Punilla se removieron alambrados en más de 50 puntos de los cursos de agua. Las infracciones detectadas fueron muchas más en Sierras Chicas, Calamuchita y Traslasierra. Es decir, en los principales corredores turísticos cordobeses donde los embalses y ríos serranos se ofrecen a los visitantes como una de las principales atracciones.
Lo que dice la ley
Según el Código Civil argentino, "los ríos y sus cauces son bienes públicos". Sólo se consideran aguas privadas aquellas que caen en una propiedad durante las lluvias, las de las corrientes hídricas que nacen y mueren en una misma propiedad y las que corren por canales privados y no por cauce natural.
Mientras, conforme el conjunto normativo y las disposiciones del Código de Agua de la Provincia, "está prohibido instalar alambrados sobre el curso de un río, pues de esa manera, quien lo hace se estaría atribuyendo como propios terrenos que son públicos".
Por lo tanto, siendo de dominio público, todas las personas tienen derecho a circular por las riberas internas de los ríos. Se entiende por ribera "la línea de crecida media ordinaria y que nadie puede atribuir como su propiedad".
También los instrumentos legales citados prohíben, de manera expresa, impedir que la gente circule por ese terreno público.
Finalmente, el Código Civil establece que los propietarios limítrofes con los ríos o con canales están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río o arroyo, "sin ninguna indemnización", según recuerda la Dipas en la resolución provisoria que dictó para regular en este sentido.
El derecho invadido
La conciencia sobre el derecho del uso comunitario de los espacios que son públicos va en lento crecimiento. En décadas, le fue sacando marcada ventaja el abuso mediante apropiaciones indebidas de quienes fueron "extendiendo" sus propiedades, invadiendo espacios que nos les pertenecen. Esa usurpación se da, sobre todo, sobre las costas de ríos y lagos, en sitios atractivos que, salvo excepciones, son estatales y por lo tanto abiertos al disfrute colectivo. No hay mayores diferencias entre hacer propia una costa de un río y ocupar parte de la plaza de un pueblo o ciudad, aunque ésta parezca una situación imposible y la primera algo casi normal.
No estaría mal revisar si los criterios fijados para delimitar espacios públicos y privados en su momento son los más adecuados para estos tiempos. Pero, al menos, se daría un enorme paso si se hiciera cumplir lo que la ley y las normas vigentes establecen hoy. Sólo con eso, el acceso de la gente a espacios que le pertenecen estaría mucho más garantizado que hoy.
El Estado provincial, que tiene a su cargo esta cuestión, después de largas décadas de "dejar hacer", sin controlar ni sancionar ningún abuso, hace tres años puso en marcha por primera vez un plan de ordenamiento territorial de costas de ríos y lagos.
Pero ese programa, que mostró varios avances y acciones (sobre todo en algunos lagos) no se completó aún. Quedan infracciones por detectar y corregir en numerosos puntos de la geografía cordobesa. Y queda la impresión de que tras un fuerte avance inicial, ese plan hoy luce bastante paralizado.
Distancias a respetar
En 2006, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas) fijó, por resolución, el criterio para delimitar en Córdoba las líneas de ribera en ríos y arroyos de dominio público.
La disposición determina "un retiro mínimo de 15 metros a cada lado del río o arroyo medidos desde el borde del cauce permanente", para los ríos: Suquía (Primero), Xanaes (Segundo), Ctalamochita (Tercero), Chocancharaua (Cuarto), Los Sauces, Mina Clavero, Panaholma, La Cruz, Los Reartes, San Guillermo, San Antonio, El Cajón, Yuspe, Chico de Nono, Grande de Punilla, Dulce, San José, San Pedro, del Medio, Los Espinillos y Quilpo.
Y un retiro de "12 metros, medidos desde el eje, para el resto de los cursos de agua de la provincia". Cabe destacar que en los fundamentos de la resolución, Dipas destaca que "los retiros son provisorios y precarios, hasta tanto se proceda a la efectiva determinación de la línea de ribera, según la normativa vigente".
Ese carácter se mantiene debido a que aún no han finalizado los trabajos previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene por objeto: "Delimitar las tierras de dominio público a través de la determinación de líneas de ribera en ríos, arroyos y lagos" cordobeses.
Fecha de Publicación: 17/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la infracción que comenten particulares, cuando los cursos de los ríos pasan por sus propiedades.
Villa Giardino. Conocida como "el Jardín de Punilla", por la generosidad de matices que ofrece la flora y el cuidado que le propinan, a Villa Giardino –ubicada a 86 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba– también podría denominársela "la Capital Provincial del Otoño", por la explosión natural de colores oxidados, amarillos intensos y ocres minerales, en esta época del año.
Para experimentar las sensaciones gratas que produce en los sentidos ese entorno encantador, lo recomendable es una caminata a paso lento. De hecho, en el sitio oficial en Internet de la localidad serrana ( www.villagiardino.gov.ar ) se sugiere esa actividad para disfrutar con intensidad las bondades del paisaje. Aunque no aclara que la marcha a pie no tiene que hacerse por las riberas de los ríos y arroyos que la surcan de este a oeste y de norte a sur. Y no porque el terreno sea escabroso o las crecidas repentinas los tornen potencialmente peligrosos, sino debido a la presencia de alambrados u obstáculos artificiales colocados adrede por particulares sobre los cursos de agua.
En rigor de verdad, Villa Giardino es sólo un botón de muestra de lo que ocurre en muchos sitios de la provincia, tal como este diario lo viene reflejando desde hace tiempo y de manera periódica. En numerosos ríos cordobeses, los alambrados que interponen privados invaden espacios públicos, impidiendo el acceso o tránsito por sectores que no son, ni pueden ser, de propiedad privada.
Alambres. En Villa Giardino, los amantes del trekking ven frustradas sus expectativas cada vez que quieren trepar hasta el faldeo de las sierras, siguiendo el curso de los arroyos que nacen en el cordón oriental.
Por caso, si el punto de partida fuera el vado en el paraje La Pampilla, por "el camino de los artesanos", sólo se podría progresar un par de pasos. Las intenciones se toparían con un alambrado de seis hilos que cruza sobre la corriente de agua y un cartel que prohíbe avanzar porque se trata de una "propiedad privada".
Lo mismo ocurre en el siguiente vado hacia el norte y se repite varias veces arroyo arriba. También está alambrado el río debajo del puente sobre la ruta nacional 38 que se encuentra 100 metros después del peaje que está pasando la lomada natural, conocida en Villa Giardino como "el bordo".
Y los hilos metálicos y los cercos verdes ya son parte del paisaje a lo largo del río San Francisco (que se embalsa en el diminuto dique Portecello y tributa luego al río Grande, de Punilla).
Asimismo, los obstáculos se manifiestan en forma ostensible en las proximidades del viejo molino de Thea y en las ruinas del desmantelado puente ferroviario camino a esa referencia histórica y turísticas de la zona.
En un recorrido de a pie que realizamos el miércoles último, detectamos por lo menos 20 cruces de alambrados por los ríos y arroyos del "Jardín de Punilla".
Se multiplican. Por cierto, estas infracciones al Código de Aguas de la Provincia, al Código Civil argentino y a distintas normas que regulan el uso de los recursos naturales no se registran solamente en Villa Giardino.
Cuando el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia puso en marcha, hace un par de años, el Plan de Ordenamiento Territorial, con el propósito de delimitar las tierras de dominio público a través de la determinación de la líneas de ribera en arroyo, ríos y lagos, sólo en Punilla se removieron alambrados en más de 50 puntos de los cursos de agua. Las infracciones detectadas fueron muchas más en Sierras Chicas, Calamuchita y Traslasierra. Es decir, en los principales corredores turísticos cordobeses donde los embalses y ríos serranos se ofrecen a los visitantes como una de las principales atracciones.
Lo que dice la ley
Según el Código Civil argentino, "los ríos y sus cauces son bienes públicos". Sólo se consideran aguas privadas aquellas que caen en una propiedad durante las lluvias, las de las corrientes hídricas que nacen y mueren en una misma propiedad y las que corren por canales privados y no por cauce natural.
Mientras, conforme el conjunto normativo y las disposiciones del Código de Agua de la Provincia, "está prohibido instalar alambrados sobre el curso de un río, pues de esa manera, quien lo hace se estaría atribuyendo como propios terrenos que son públicos".
Por lo tanto, siendo de dominio público, todas las personas tienen derecho a circular por las riberas internas de los ríos. Se entiende por ribera "la línea de crecida media ordinaria y que nadie puede atribuir como su propiedad".
También los instrumentos legales citados prohíben, de manera expresa, impedir que la gente circule por ese terreno público.
Finalmente, el Código Civil establece que los propietarios limítrofes con los ríos o con canales están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río o arroyo, "sin ninguna indemnización", según recuerda la Dipas en la resolución provisoria que dictó para regular en este sentido.
El derecho invadido
La conciencia sobre el derecho del uso comunitario de los espacios que son públicos va en lento crecimiento. En décadas, le fue sacando marcada ventaja el abuso mediante apropiaciones indebidas de quienes fueron "extendiendo" sus propiedades, invadiendo espacios que nos les pertenecen. Esa usurpación se da, sobre todo, sobre las costas de ríos y lagos, en sitios atractivos que, salvo excepciones, son estatales y por lo tanto abiertos al disfrute colectivo. No hay mayores diferencias entre hacer propia una costa de un río y ocupar parte de la plaza de un pueblo o ciudad, aunque ésta parezca una situación imposible y la primera algo casi normal.
No estaría mal revisar si los criterios fijados para delimitar espacios públicos y privados en su momento son los más adecuados para estos tiempos. Pero, al menos, se daría un enorme paso si se hiciera cumplir lo que la ley y las normas vigentes establecen hoy. Sólo con eso, el acceso de la gente a espacios que le pertenecen estaría mucho más garantizado que hoy.
El Estado provincial, que tiene a su cargo esta cuestión, después de largas décadas de "dejar hacer", sin controlar ni sancionar ningún abuso, hace tres años puso en marcha por primera vez un plan de ordenamiento territorial de costas de ríos y lagos.
Pero ese programa, que mostró varios avances y acciones (sobre todo en algunos lagos) no se completó aún. Quedan infracciones por detectar y corregir en numerosos puntos de la geografía cordobesa. Y queda la impresión de que tras un fuerte avance inicial, ese plan hoy luce bastante paralizado.
Distancias a respetar
En 2006, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas) fijó, por resolución, el criterio para delimitar en Córdoba las líneas de ribera en ríos y arroyos de dominio público.
La disposición determina "un retiro mínimo de 15 metros a cada lado del río o arroyo medidos desde el borde del cauce permanente", para los ríos: Suquía (Primero), Xanaes (Segundo), Ctalamochita (Tercero), Chocancharaua (Cuarto), Los Sauces, Mina Clavero, Panaholma, La Cruz, Los Reartes, San Guillermo, San Antonio, El Cajón, Yuspe, Chico de Nono, Grande de Punilla, Dulce, San José, San Pedro, del Medio, Los Espinillos y Quilpo.
Y un retiro de "12 metros, medidos desde el eje, para el resto de los cursos de agua de la provincia". Cabe destacar que en los fundamentos de la resolución, Dipas destaca que "los retiros son provisorios y precarios, hasta tanto se proceda a la efectiva determinación de la línea de ribera, según la normativa vigente".
Ese carácter se mantiene debido a que aún no han finalizado los trabajos previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene por objeto: "Delimitar las tierras de dominio público a través de la determinación de líneas de ribera en ríos, arroyos y lagos" cordobeses.
Neuquén: Buscan liberar el acceso a los ríos
Buscan liberar el acceso a los ríos
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
Ordenamiento Territorial de Salta
Greenpeace reclamó la reducción de las zonas a desmontar previstas en el Ordenamiento Territorial de Salta
Fecha de Publicación: 12/12/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
La propuesta de zonificación realizada por el Poder Ejecutivo provincial establece cerca de 2 millones de hectáreas para la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento), aproximadamente 6.200.000 hectáreas para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento sustentable, no permite desmonte), y alrededor de 1.300.000 hectáreas para la Categoría III - Verde (permite desmontes).
En un documento enviado a los legisladores provinciales, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacaron que “en líneas generales, el proceso llevado adelante ha sido bueno, ya que permitió que una gran cantidad de voces interesadas en el futuro de la provincia y de sus bosques nativos manifestaran su postura, visión e intereses”, pero solicitaron “que la legislatura realice los ajustes necesarios en la zonificación final con el fin de llegar a un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que contemple los reclamos (de las comunidades indígenas y campesinas) y proteja los territorios históricamente utilizados por éstas”.
El Poder Ejecutivo provincial, mediante la Unidad Ejecutora del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (UE-OTBN), ha llevado a cabo durante este año talleres y reuniones consultivas con actores locales de las diferentes regiones fitogeográficas de la provincia: Chaco Semiárido, Selva de Transición, Selva de Yungas, Chaco Serrano y región del Monte.
Este proceso participativo derivó en una propuesta de zonificación por parte de la UE-OTBN que establece cerca de 2 millones de hectáreas para la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento), aproximadamente 6.200.000 hectáreas para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento sustentable, no permite desmonte), y alrededor de 1.300.000 hectáreas para la Categoría III - Verde (permite desmontes).
En ese sentido, las organizaciones ambientalistas consideran muy auspicioso que la propuesta “contemple la protección de dos millones de hectáreas de bosques nativos”, pero al mismo tiempo advirtieron que “1.300.000 hectáreas es el umbral máximo de conversión (desmonte) que toleran las cuencas de la provincia, por lo que solicitamos a los legisladores provinciales que modifiquen el mapa propuesto por la UE-OTBN, reduciendo considerablemente la superficie que permite desmontes”.
“Esta modificación de la zonificación propuesta por la UE-OTBN debe realizarse sobre todo en la región sudeste del departamento de Anta, ya que la propuesta actual determinaría la completa desaparición de la región conocida como “El Impenetrable”, alertan las organizaciones en el documento presentado, “además, esta zona presenta continuidad ecosistémica hacia la provincia del Chaco, que en su Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos contempla la protección de la conectividad biológica de este corredor clave para la región”.
Salta es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la provincia ya perdió más de dos millones de hectáreas de bosques nativos.
Por ese motivo, las organizaciones ambientalistas advirtieron a los legisladores que “continuar con este ritmo de destrucción de los recursos forestales producirá un desastre ambiental y social que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia, y a los habitantes de la provincia en general”.
Por otra parte, Greenpeace criticó nuevamente el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial presentado por el senador Alfredo Olmedo, que establece cerca de cinco millones de hectáreas para seguir desmontando.
“El proyecto del senador Olmedo es un disparate, no tiene ningún sustento técnico y no fue realizado en forma participativa. Además, no se puede ser juez y parte: la familia Olmedo es una de las que realizó más desmontes en la provincia.” señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La legislatura provincial deberá discutir la futura Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sobre la base del mapa de zonificación elaborado por el Poder Ejecutivo, que es el resultado del proceso participativo obligatorio que establece la Ley de Bosques”, agregó Giardini.
Fecha de Publicación: 12/12/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
La propuesta de zonificación realizada por el Poder Ejecutivo provincial establece cerca de 2 millones de hectáreas para la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento), aproximadamente 6.200.000 hectáreas para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento sustentable, no permite desmonte), y alrededor de 1.300.000 hectáreas para la Categoría III - Verde (permite desmontes).
En un documento enviado a los legisladores provinciales, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacaron que “en líneas generales, el proceso llevado adelante ha sido bueno, ya que permitió que una gran cantidad de voces interesadas en el futuro de la provincia y de sus bosques nativos manifestaran su postura, visión e intereses”, pero solicitaron “que la legislatura realice los ajustes necesarios en la zonificación final con el fin de llegar a un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que contemple los reclamos (de las comunidades indígenas y campesinas) y proteja los territorios históricamente utilizados por éstas”.
El Poder Ejecutivo provincial, mediante la Unidad Ejecutora del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (UE-OTBN), ha llevado a cabo durante este año talleres y reuniones consultivas con actores locales de las diferentes regiones fitogeográficas de la provincia: Chaco Semiárido, Selva de Transición, Selva de Yungas, Chaco Serrano y región del Monte.
Este proceso participativo derivó en una propuesta de zonificación por parte de la UE-OTBN que establece cerca de 2 millones de hectáreas para la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento), aproximadamente 6.200.000 hectáreas para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento sustentable, no permite desmonte), y alrededor de 1.300.000 hectáreas para la Categoría III - Verde (permite desmontes).
En ese sentido, las organizaciones ambientalistas consideran muy auspicioso que la propuesta “contemple la protección de dos millones de hectáreas de bosques nativos”, pero al mismo tiempo advirtieron que “1.300.000 hectáreas es el umbral máximo de conversión (desmonte) que toleran las cuencas de la provincia, por lo que solicitamos a los legisladores provinciales que modifiquen el mapa propuesto por la UE-OTBN, reduciendo considerablemente la superficie que permite desmontes”.
“Esta modificación de la zonificación propuesta por la UE-OTBN debe realizarse sobre todo en la región sudeste del departamento de Anta, ya que la propuesta actual determinaría la completa desaparición de la región conocida como “El Impenetrable”, alertan las organizaciones en el documento presentado, “además, esta zona presenta continuidad ecosistémica hacia la provincia del Chaco, que en su Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos contempla la protección de la conectividad biológica de este corredor clave para la región”.
Salta es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la provincia ya perdió más de dos millones de hectáreas de bosques nativos.
Por ese motivo, las organizaciones ambientalistas advirtieron a los legisladores que “continuar con este ritmo de destrucción de los recursos forestales producirá un desastre ambiental y social que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia, y a los habitantes de la provincia en general”.
Por otra parte, Greenpeace criticó nuevamente el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial presentado por el senador Alfredo Olmedo, que establece cerca de cinco millones de hectáreas para seguir desmontando.
“El proyecto del senador Olmedo es un disparate, no tiene ningún sustento técnico y no fue realizado en forma participativa. Además, no se puede ser juez y parte: la familia Olmedo es una de las que realizó más desmontes en la provincia.” señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La legislatura provincial deberá discutir la futura Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sobre la base del mapa de zonificación elaborado por el Poder Ejecutivo, que es el resultado del proceso participativo obligatorio que establece la Ley de Bosques”, agregó Giardini.
Mas terraplenes sin control
Mas terraplenes sin control, esta vez en Baradero?
Fecha de Publicación: 10/12/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Buenos Aires
Alzan terraplenes ilegales para secar los humedales en islas del municipio de Baradero, provincia de Buenos Aires. La empresa Pazzaglia Hnos. también construyó canales, y colocó bombas y compuertas para ampliar sus emprendimientos agropecuarios. El promotor del proyecto estuvo prófugo de la Justicia en abril sospechado por la quema de pastizales.
Los terraplenes cortan los flujos naturales y fragmentan el ecosistema. Las obras se multiplican sin control del Estado en islas fiscales y privadas.
Vecinos de la localidad bonaerense de Baradero denunciaron la construcción de terraplenes y otras obras destinadas a secar humedales del Delta del Paraná para que las tierras pasen a ser parte de un emprendimiento comercial agropecuario, según informó la prensa local.
Las islas afectadas por los extensos terraplenes están comprendidas entre los ríos Baradero, Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, a la altura del kilómetro 140 de la ruta 9 que une Rosario con la capital del país.
La noticia, que tuvo inmediata repercusión en medios nacionales, puso al Delta nuevamente como centro de atención, luego de los incendios que devastaron a este ecosistema único desde abril pasado hasta hace pocos días.
“La empresa Pazzaglia Hnos. construyó terraplenes, armó canales, colocó compuertas y bombas, para ampliar el área de sus emprendimientos agropecuarios”, se indicó.
El arquitecto José María Serpi, un reconocido profesional de la zona, explicó a Prensa PROTEGER lo que sucede en pleno Delta del Paraná. “Un empresario adquirió tierras en las islas de Baradero; al día de hoy unas 12.000 hectáreas. Con una inversión muy importante está construyendo diques, terraplenes, canales, colocando compuertas y bombas de achique para secar una inmensa área de humedales y armar un emprendimiento agropecuario. En algunos sectores ya sembró y cosechó granos”.
"El uso al sólo efecto comercial, de aquellos que realizan arbitrariamente actividades en estas islas, está alterando de manera manifiesta este ecosistema imprescindible para la vida. Las consecuencias son y serán nefastas”, agregó.
Serpi también se refirió a la falta de control por parte del Estado: “las autoridades locales se limitan sólo a burocráticas denuncias a las secretarías correspondientes y éstas hacen lo mismo con respecto a este tema”.
“Hace pocos días ingresé un proyecto de ordenanza para que el Municipio de Baradero declare de interés la protección de las islas, la no habilitación de emprendimientos que afecten a las mismas, la exigencia de presentar estudios de factibilidad y de impacto ambiental previo a cualquier obra, y la declaración de áreas protegidas”, indicó Serpi.
Un intento de frenar el desastre
En el texto que acompaña a la norma propuesta Serpi destaca que “alarman los trabajos que se están realizando en cuanto a canales y terraplenes. Un terraplén es un macizo de tierra elevado para hacer una defensa, un represamiento, un “polder” para desecar un humedal, un camino sobreelevado en un área inundada u otra obra semejante”.
“Al perder tierras altas y heterogeneidad en el paisaje, disminuirá la capacidad de una gran extensión del humedal de sustentar animales terrestres y acuáticos, ya que desaparecerían los sitios de refugio, descanso y lugares de reproducción en general. Habría una disminución de la biodiversidad en una de las zonas más exuberantes del Delta del Paraná”, señala.
“En términos sociales, las familias de campesinos que habitan las islas sufrirían la anegación de las escasas tierras altas en donde tienen sus hogares y alimentan a su ganado quedando aisladas y desprotegidas”, se sostiene.
Además, Serpi hizo hincapié en la voluntad popular: “La mayoría de los ciudadanos considera que los trabajos realizados en las islas son actividades destructivas de nuestro patrimonio natural, lesionan los intereses de la comunidad presentes y futuros, y atentan contra las posibilidades de lograr un desarrollo sostenible”.
El texto recuerda que “el artículo 124 de la Constitución Nacional establece el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales” y que se ha propuesto “un Plan Integral Estratégico para la Conservación y el aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná”.
De esa manera Serpi apuntó a “que en orden al bien común el Delta del Paraná debe constituir un claro ejemplo de intervención proactiva y orientadora del Estado, ajustada a logros de conservación y desarrollo sostenible, basada en una trama político institucional que reconozca la construcción de consensos desde la diversidad de perspectivas, ámbitos de intervención e intereses”.
El proyecto de ordenanza también indica que “se convocará a universidades nacionales, ONG y organismos específicos a colaborar con la autoridad de aplicación en la elaboración de un plan de manejo de las áreas protegidas municipales. No obstante, hasta tanto el mismo sea elaborado y queden definidas las distintas zonas se considerará a todas las islas del Partido con criterios similares a los utilizados para las reservas naturales integrales”.
Además en su artículo Nº 9 solicita “a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la sanción de una ley a los efectos de reconocer las áreas protegidas por el Municipio como Reserva de Usos Múltiples o Parque Provincial”.
Cuando el “dueño de la isla” se hizo humo
El diario La Nación indicó en una nota del 27 de abril de 2008 que el campo de Pazzaglia Hnos. SA es de 30 mil hectáreas, casi toda la isla. Precisamente Juan Antonio Pazzaglia fue uno de los hombres más buscados por el gobierno nacional sospechado de ser uno de los responsables de la quema de pastizales en la zona del Delta.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo en ese momento que Pazzaglia es “propietario de un campo de más de dos mil hectáreas en la isla” y varios testigos lo señalan como “responsable del incendio en Baradero”, afirmó.
Pazzaglia es un productor cerealero y ganadero, dueño de Pazzaglia Hnos, una compañía radicada en San Antonio de Areco. Sin embargo, su actividad se desarrolla cerca de Baradero. Además de ser el dueño de 3.000 hectáreas en una zona conocida como “la isla”, ubicada en Baradero a diez kilómetros de la ruta 9, controlaría otras 6.000 hectáreas de tierras fiscales y municipales, que lo convierten en el “dueño de la isla” –según informó el diario Perfil.
En julio pasado “Crítica” reveló la construcción de una serie de terraplenes en las islas de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de Rosario. En esa zona, la ocupación del Delta para uso agropecuario se ve favorecida por la conexión vial Rosario-Victoria y los accesos que facilitan las “bajadas” a las islas de la planicie aluvial del Paraná.
Fecha de Publicación: 10/12/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Buenos Aires
Alzan terraplenes ilegales para secar los humedales en islas del municipio de Baradero, provincia de Buenos Aires. La empresa Pazzaglia Hnos. también construyó canales, y colocó bombas y compuertas para ampliar sus emprendimientos agropecuarios. El promotor del proyecto estuvo prófugo de la Justicia en abril sospechado por la quema de pastizales.
Los terraplenes cortan los flujos naturales y fragmentan el ecosistema. Las obras se multiplican sin control del Estado en islas fiscales y privadas.
Vecinos de la localidad bonaerense de Baradero denunciaron la construcción de terraplenes y otras obras destinadas a secar humedales del Delta del Paraná para que las tierras pasen a ser parte de un emprendimiento comercial agropecuario, según informó la prensa local.
Las islas afectadas por los extensos terraplenes están comprendidas entre los ríos Baradero, Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, a la altura del kilómetro 140 de la ruta 9 que une Rosario con la capital del país.
La noticia, que tuvo inmediata repercusión en medios nacionales, puso al Delta nuevamente como centro de atención, luego de los incendios que devastaron a este ecosistema único desde abril pasado hasta hace pocos días.
“La empresa Pazzaglia Hnos. construyó terraplenes, armó canales, colocó compuertas y bombas, para ampliar el área de sus emprendimientos agropecuarios”, se indicó.
El arquitecto José María Serpi, un reconocido profesional de la zona, explicó a Prensa PROTEGER lo que sucede en pleno Delta del Paraná. “Un empresario adquirió tierras en las islas de Baradero; al día de hoy unas 12.000 hectáreas. Con una inversión muy importante está construyendo diques, terraplenes, canales, colocando compuertas y bombas de achique para secar una inmensa área de humedales y armar un emprendimiento agropecuario. En algunos sectores ya sembró y cosechó granos”.
"El uso al sólo efecto comercial, de aquellos que realizan arbitrariamente actividades en estas islas, está alterando de manera manifiesta este ecosistema imprescindible para la vida. Las consecuencias son y serán nefastas”, agregó.
Serpi también se refirió a la falta de control por parte del Estado: “las autoridades locales se limitan sólo a burocráticas denuncias a las secretarías correspondientes y éstas hacen lo mismo con respecto a este tema”.
“Hace pocos días ingresé un proyecto de ordenanza para que el Municipio de Baradero declare de interés la protección de las islas, la no habilitación de emprendimientos que afecten a las mismas, la exigencia de presentar estudios de factibilidad y de impacto ambiental previo a cualquier obra, y la declaración de áreas protegidas”, indicó Serpi.
Un intento de frenar el desastre
En el texto que acompaña a la norma propuesta Serpi destaca que “alarman los trabajos que se están realizando en cuanto a canales y terraplenes. Un terraplén es un macizo de tierra elevado para hacer una defensa, un represamiento, un “polder” para desecar un humedal, un camino sobreelevado en un área inundada u otra obra semejante”.
“Al perder tierras altas y heterogeneidad en el paisaje, disminuirá la capacidad de una gran extensión del humedal de sustentar animales terrestres y acuáticos, ya que desaparecerían los sitios de refugio, descanso y lugares de reproducción en general. Habría una disminución de la biodiversidad en una de las zonas más exuberantes del Delta del Paraná”, señala.
“En términos sociales, las familias de campesinos que habitan las islas sufrirían la anegación de las escasas tierras altas en donde tienen sus hogares y alimentan a su ganado quedando aisladas y desprotegidas”, se sostiene.
Además, Serpi hizo hincapié en la voluntad popular: “La mayoría de los ciudadanos considera que los trabajos realizados en las islas son actividades destructivas de nuestro patrimonio natural, lesionan los intereses de la comunidad presentes y futuros, y atentan contra las posibilidades de lograr un desarrollo sostenible”.
El texto recuerda que “el artículo 124 de la Constitución Nacional establece el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales” y que se ha propuesto “un Plan Integral Estratégico para la Conservación y el aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná”.
De esa manera Serpi apuntó a “que en orden al bien común el Delta del Paraná debe constituir un claro ejemplo de intervención proactiva y orientadora del Estado, ajustada a logros de conservación y desarrollo sostenible, basada en una trama político institucional que reconozca la construcción de consensos desde la diversidad de perspectivas, ámbitos de intervención e intereses”.
El proyecto de ordenanza también indica que “se convocará a universidades nacionales, ONG y organismos específicos a colaborar con la autoridad de aplicación en la elaboración de un plan de manejo de las áreas protegidas municipales. No obstante, hasta tanto el mismo sea elaborado y queden definidas las distintas zonas se considerará a todas las islas del Partido con criterios similares a los utilizados para las reservas naturales integrales”.
Además en su artículo Nº 9 solicita “a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la sanción de una ley a los efectos de reconocer las áreas protegidas por el Municipio como Reserva de Usos Múltiples o Parque Provincial”.
Cuando el “dueño de la isla” se hizo humo
El diario La Nación indicó en una nota del 27 de abril de 2008 que el campo de Pazzaglia Hnos. SA es de 30 mil hectáreas, casi toda la isla. Precisamente Juan Antonio Pazzaglia fue uno de los hombres más buscados por el gobierno nacional sospechado de ser uno de los responsables de la quema de pastizales en la zona del Delta.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo en ese momento que Pazzaglia es “propietario de un campo de más de dos mil hectáreas en la isla” y varios testigos lo señalan como “responsable del incendio en Baradero”, afirmó.
Pazzaglia es un productor cerealero y ganadero, dueño de Pazzaglia Hnos, una compañía radicada en San Antonio de Areco. Sin embargo, su actividad se desarrolla cerca de Baradero. Además de ser el dueño de 3.000 hectáreas en una zona conocida como “la isla”, ubicada en Baradero a diez kilómetros de la ruta 9, controlaría otras 6.000 hectáreas de tierras fiscales y municipales, que lo convierten en el “dueño de la isla” –según informó el diario Perfil.
En julio pasado “Crítica” reveló la construcción de una serie de terraplenes en las islas de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de Rosario. En esa zona, la ocupación del Delta para uso agropecuario se ve favorecida por la conexión vial Rosario-Victoria y los accesos que facilitan las “bajadas” a las islas de la planicie aluvial del Paraná.
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Prisión, torturas y desalojos para campesinos
Argentina: prisión, torturas y desalojos para campesinos de tres provincias
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
Tompkins se defiende
Tompkins se defiende de las denuncias por incendios
Fecha de Publicación: 18/02/2008
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Corrientes
Miles de hectáreas de campos pertenecientes al norteamericano se quemaron y esto generó acusaciones públicas en su contra. Contestó con una dura carta. Dijo que quienes lo atacaron son “ignorantes”.
Una serie de incendios en sus campos en la Reserva Iberá le costó varias denuncias públicas en su contra. Douglas Tompkins salió a contestarles a quienes lo acusaron, entre otras cosas, de ser un falso ambientalista.
El terrateniente norteamericano escribió una carta donde expone una serie de argumentos descalificativos contra los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”, la organización social que habitualmente realiza denuncias en su contra.
Tompkins calificó de “cómica” y “trágica” a la proclama en defensa de la tierra que realizó “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”, donde entre otras cosas se deslizaba que los incendios podrían haber sido intencionales y para utilizar esos campos para producir.
El norteamericano fue contundente y dijo que los integrantes de la organización social son “completos ignorantes de la ecología ambiental y muchas otras disciplinas relacionadas”.
Señaló como contradicción que los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos” impulsan la reducción de la Reserva del Iberá y a su vez predican sobre conservación medioambiental. Aseguró que “facciones de este tipo” son las responsables de la crisis ambiental mundial.
“En el Iberá es hora de salir de la edad de la Colonia y comenzar a echar mano de la biología y ecología para entender la capacidad de carga de cada propiedad privada, que es lo que determina el sentido ecológico y económico del manejo de la tierra (en contraposición con una retórica sin sentido proveniente de grupos como “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”)”, dice un párrafo de la carta que Tompkins envió a los medios de comunicación.
En otro pasaje señala que “no habrá una economía rural, una sociedad, un patrimonio, ni nada, con un ecosistema muerto”. En esa dirección disparó que “este grupo o facción evidentemente necesita lecciones básicas de ecología”. Dijo que son “histéricos”.
Relacionó el accionar de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos” con otros a los que consideró culpables de problemas como el cambio climático, la crisis masiva de extinción de especies, la perversa degradación del suelo, la pérdida de la cobertura boscosa y, en el caso de los sistemas acuáticos, el empobrecimiento de lagos y océanos.
Testimonio
Más adelante, en la carta, Tompkins realizó una pequeña reseña de su presencia en el Iberá. “En diez años de sobrevolar intensamente la provincia y andar por caminos alrededor de los esteros, en muchos de los sitios donde observé flameando la bandera verde de ‘Iberá, Patrimonio de los Correntinos’, vi estancias degradadas”, aseguró.
“Es difícil tomar en serio sus proclamas como guardianes del ‘Patrimonio’ de los correntinos, cuando la realidad muestra, y cualquiera puede comprobarlo, que sólo han generado tierras pobres, con pastizales sobrepastoreados, suelos arados con malezas por doquier en medio de poblados tacuruzales, alambrados caídos y puestos mal mantenidos”, insistió.
Sobre el final de la carta, Tompkins realiza una serie de interrogantes descalificantes y ofrece una comparación a modo de respaldo de sus declaraciones. Ofrece “a cualquiera” a ver cómo se manejan las estancias ganaderas y las reservas naturales en sus campos y a comparar ese trabajo con el realizado en otras campos de los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”.
Fecha de Publicación: 18/02/2008
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Corrientes
Miles de hectáreas de campos pertenecientes al norteamericano se quemaron y esto generó acusaciones públicas en su contra. Contestó con una dura carta. Dijo que quienes lo atacaron son “ignorantes”.
Una serie de incendios en sus campos en la Reserva Iberá le costó varias denuncias públicas en su contra. Douglas Tompkins salió a contestarles a quienes lo acusaron, entre otras cosas, de ser un falso ambientalista.
El terrateniente norteamericano escribió una carta donde expone una serie de argumentos descalificativos contra los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”, la organización social que habitualmente realiza denuncias en su contra.
Tompkins calificó de “cómica” y “trágica” a la proclama en defensa de la tierra que realizó “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”, donde entre otras cosas se deslizaba que los incendios podrían haber sido intencionales y para utilizar esos campos para producir.
El norteamericano fue contundente y dijo que los integrantes de la organización social son “completos ignorantes de la ecología ambiental y muchas otras disciplinas relacionadas”.
Señaló como contradicción que los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos” impulsan la reducción de la Reserva del Iberá y a su vez predican sobre conservación medioambiental. Aseguró que “facciones de este tipo” son las responsables de la crisis ambiental mundial.
“En el Iberá es hora de salir de la edad de la Colonia y comenzar a echar mano de la biología y ecología para entender la capacidad de carga de cada propiedad privada, que es lo que determina el sentido ecológico y económico del manejo de la tierra (en contraposición con una retórica sin sentido proveniente de grupos como “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”)”, dice un párrafo de la carta que Tompkins envió a los medios de comunicación.
En otro pasaje señala que “no habrá una economía rural, una sociedad, un patrimonio, ni nada, con un ecosistema muerto”. En esa dirección disparó que “este grupo o facción evidentemente necesita lecciones básicas de ecología”. Dijo que son “histéricos”.
Relacionó el accionar de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos” con otros a los que consideró culpables de problemas como el cambio climático, la crisis masiva de extinción de especies, la perversa degradación del suelo, la pérdida de la cobertura boscosa y, en el caso de los sistemas acuáticos, el empobrecimiento de lagos y océanos.
Testimonio
Más adelante, en la carta, Tompkins realizó una pequeña reseña de su presencia en el Iberá. “En diez años de sobrevolar intensamente la provincia y andar por caminos alrededor de los esteros, en muchos de los sitios donde observé flameando la bandera verde de ‘Iberá, Patrimonio de los Correntinos’, vi estancias degradadas”, aseguró.
“Es difícil tomar en serio sus proclamas como guardianes del ‘Patrimonio’ de los correntinos, cuando la realidad muestra, y cualquiera puede comprobarlo, que sólo han generado tierras pobres, con pastizales sobrepastoreados, suelos arados con malezas por doquier en medio de poblados tacuruzales, alambrados caídos y puestos mal mantenidos”, insistió.
Sobre el final de la carta, Tompkins realiza una serie de interrogantes descalificantes y ofrece una comparación a modo de respaldo de sus declaraciones. Ofrece “a cualquiera” a ver cómo se manejan las estancias ganaderas y las reservas naturales en sus campos y a comparar ese trabajo con el realizado en otras campos de los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”.
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