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Indignante porcentaje ejecutado para prevenir inundaciones
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Solo se ejecutó un 2,56% de un programa para prevenir inundaciones
Fecha de Publicación: 01/05/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Las aguas bajan turbias. No las detienen los bosques nativos ni la barrera natural de los humedales, arrasados unos y otros por la expansión de la frontera agrícola, eje del único modelo productivo que impulsa como un credo el gobierno nacional. Pero tampoco encuentran dique en la gestión de prevención y/o mitigación que este debería desplegar ante catástrofes que ya son recurrentes. Al mismo tiempo que un informe del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable le apunta al descontrol del avance agroindustrial como causa principal de las inundaciones, el área que debe remediar el efecto devastador de estos fenómenos está virtualmente paralizada.
El programa "Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres" del Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto de 1463 millones de pesos. Es el más importante de la cartera que comanda Patricia Bullrich: reúne poco menos de un tercio de los 4857 millones que tiene asignados en 2017. Entre las tareas de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes está la de implementar acciones "tendientes a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o aquellos causados por el hombre", coordinando "el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y reconstrucción", en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Sin embargo, y a pesar de las recurrentes inundaciones que en lo que va del año ya afectaron a once provincias, el programa que debe paliar estas calamidades solo llevaba ejecutados al día 20 de abril unos 37.410.000 pesos, apenas el 2,56% de su presupuesto.
El coronel (R) Emilio Renda, licenciado en Estrategia y Organización y veterano de decenas de catástrofes –desde la inundación de Santa Fe en 2003, durante la gobernación de Reutemann, hasta la erupción del Puyehue en 2011–, lidera la Secretaría que coordina la asistencia a damnificados por los anegamientos en todo el país, y días atrás acompañó al presidente Mauricio Macri a Tucumán. Recorrieron las zonas inundadas y analizaron las obras necesarias para prevenirlas. El grupo de trabajo del SINAGIR, que incluye a funcionarios de Recursos Hídricos, Vialidad Nacional y Agroindustria y cuyo objetivo primordial es reducir el impacto de las inundaciones en poblaciones de la llamada "zona núcleo" (sudeste cordobés, centro y sur de Santa Fe, norte bonaerense y La Pampa), se reunió dos veces este año. En septiembre prevé presentar un Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres.
De momento, las actividades del área, amén de la fuerte subejecución presupuestaria, se centran en la asistencia a evacuados, que suman varios miles en lo que va del año. Y las eventuales políticas de prevención naufragan frente a la apuesta a un modelo agrícola, abiertamente patrocinado por el gobierno pero también objetado por documentos oficiales. El extenso Informe del Estado del Ambiente presentado el jueves por la cartera que conduce Sergio Bergman da cuenta del progresivo deterioro de los humedales, que sirven como amortiguadores para las inundaciones, y concluye que la principal causa es "la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura". Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, celebró la presentación del informe pero señaló como principal déficit de la gestión Cambiemos “la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental", en referencia a las tensiones insolubles entre los ministerios de Ambiente, Agroindustria y Energía y Minería.
Con motivo del Día de la Tierra, celebrado ayer, la organización ecologista Greenpeace renovó su reclamo al gobierno de una política ambiental que proteja los bosques nativos, señalando la responsabilidad del modelo agropecuario en el proceso de deforestación (2 millones de hectáreas menos desde 2014), principal causa de los anegamientos. "Desde el comienzo de 2017 somos testigos, mes a mes, de las inundaciones en nuestro país –sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace–. Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones”.
La Nación ya se comprometió con los gobernadores a invertir $ 1000 millones para obras de prevención de inundaciones en la zona núcleo, y anunció otros $ 1500 millones para reconstruir la castigada Comodoro Rivadavia. Pero el germen de la catástrofe está en su propio dogma agroexportador. Aún no respondió al pedido de $ 600 millones que le hizo el gobierno tucumano. En paralelo, asignó $ 1000 millones al programa de "Estímulo Agrícola del Plan Belgrano", subsidios para productores de soja de esa provincia y otras nueve del norte argentino, casi todas afectadas por crecidas, pero a cuyos rindes se apuesta este año para apuntalar un modelo que no tiene plan B. «
Menos catástrofes y más armas
La subejecución del programa destinado a prevenir desastres contrasta fuertemente con las erogaciones que viene realizando el Ministerio de Seguridad en otras áreas, como la de "Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad", que en tres meses y medio ya comprometió 592,5 millones de pesos para equipar a las distintas fuerzas de seguridad, el 75% de un total de 793,3 millones asignados. Parte de esos fondos se destinaron a comprar equipamiento antidisturbios, con la mira puesta en la represión de protestas y piquetes. El martes pasado, el relanzamiento de la Policía Federal le permitió a la ministra Bullrich mostrar los flamantes pertrechos. Los miembros del GEOF lucieron sus nuevas ametralladoras Minimi Saw M249 belgas y cámaras GoPro en los cascos. También hubo drones para filmaciones y seguimientos, un blindado antidisturbios con tronera lanzagases y hasta trajes anti-radiación para la brigada de Riesgos Especiales.
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Fecha de Publicación: 01/05/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Las aguas bajan turbias. No las detienen los bosques nativos ni la barrera natural de los humedales, arrasados unos y otros por la expansión de la frontera agrícola, eje del único modelo productivo que impulsa como un credo el gobierno nacional. Pero tampoco encuentran dique en la gestión de prevención y/o mitigación que este debería desplegar ante catástrofes que ya son recurrentes. Al mismo tiempo que un informe del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable le apunta al descontrol del avance agroindustrial como causa principal de las inundaciones, el área que debe remediar el efecto devastador de estos fenómenos está virtualmente paralizada.
El programa "Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres" del Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto de 1463 millones de pesos. Es el más importante de la cartera que comanda Patricia Bullrich: reúne poco menos de un tercio de los 4857 millones que tiene asignados en 2017. Entre las tareas de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes está la de implementar acciones "tendientes a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o aquellos causados por el hombre", coordinando "el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y reconstrucción", en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Sin embargo, y a pesar de las recurrentes inundaciones que en lo que va del año ya afectaron a once provincias, el programa que debe paliar estas calamidades solo llevaba ejecutados al día 20 de abril unos 37.410.000 pesos, apenas el 2,56% de su presupuesto.
El coronel (R) Emilio Renda, licenciado en Estrategia y Organización y veterano de decenas de catástrofes –desde la inundación de Santa Fe en 2003, durante la gobernación de Reutemann, hasta la erupción del Puyehue en 2011–, lidera la Secretaría que coordina la asistencia a damnificados por los anegamientos en todo el país, y días atrás acompañó al presidente Mauricio Macri a Tucumán. Recorrieron las zonas inundadas y analizaron las obras necesarias para prevenirlas. El grupo de trabajo del SINAGIR, que incluye a funcionarios de Recursos Hídricos, Vialidad Nacional y Agroindustria y cuyo objetivo primordial es reducir el impacto de las inundaciones en poblaciones de la llamada "zona núcleo" (sudeste cordobés, centro y sur de Santa Fe, norte bonaerense y La Pampa), se reunió dos veces este año. En septiembre prevé presentar un Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres.
De momento, las actividades del área, amén de la fuerte subejecución presupuestaria, se centran en la asistencia a evacuados, que suman varios miles en lo que va del año. Y las eventuales políticas de prevención naufragan frente a la apuesta a un modelo agrícola, abiertamente patrocinado por el gobierno pero también objetado por documentos oficiales. El extenso Informe del Estado del Ambiente presentado el jueves por la cartera que conduce Sergio Bergman da cuenta del progresivo deterioro de los humedales, que sirven como amortiguadores para las inundaciones, y concluye que la principal causa es "la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura". Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, celebró la presentación del informe pero señaló como principal déficit de la gestión Cambiemos “la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental", en referencia a las tensiones insolubles entre los ministerios de Ambiente, Agroindustria y Energía y Minería.
Con motivo del Día de la Tierra, celebrado ayer, la organización ecologista Greenpeace renovó su reclamo al gobierno de una política ambiental que proteja los bosques nativos, señalando la responsabilidad del modelo agropecuario en el proceso de deforestación (2 millones de hectáreas menos desde 2014), principal causa de los anegamientos. "Desde el comienzo de 2017 somos testigos, mes a mes, de las inundaciones en nuestro país –sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace–. Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones”.
La Nación ya se comprometió con los gobernadores a invertir $ 1000 millones para obras de prevención de inundaciones en la zona núcleo, y anunció otros $ 1500 millones para reconstruir la castigada Comodoro Rivadavia. Pero el germen de la catástrofe está en su propio dogma agroexportador. Aún no respondió al pedido de $ 600 millones que le hizo el gobierno tucumano. En paralelo, asignó $ 1000 millones al programa de "Estímulo Agrícola del Plan Belgrano", subsidios para productores de soja de esa provincia y otras nueve del norte argentino, casi todas afectadas por crecidas, pero a cuyos rindes se apuesta este año para apuntalar un modelo que no tiene plan B. «
Menos catástrofes y más armas
La subejecución del programa destinado a prevenir desastres contrasta fuertemente con las erogaciones que viene realizando el Ministerio de Seguridad en otras áreas, como la de "Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad", que en tres meses y medio ya comprometió 592,5 millones de pesos para equipar a las distintas fuerzas de seguridad, el 75% de un total de 793,3 millones asignados. Parte de esos fondos se destinaron a comprar equipamiento antidisturbios, con la mira puesta en la represión de protestas y piquetes. El martes pasado, el relanzamiento de la Policía Federal le permitió a la ministra Bullrich mostrar los flamantes pertrechos. Los miembros del GEOF lucieron sus nuevas ametralladoras Minimi Saw M249 belgas y cámaras GoPro en los cascos. También hubo drones para filmaciones y seguimientos, un blindado antidisturbios con tronera lanzagases y hasta trajes anti-radiación para la brigada de Riesgos Especiales.
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desastres naturales,
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política ambiental,
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Acumar autoriza volvamiento de contaminantes
Acumar autorizó a verter al Riachuelo siete sustancias contaminantes prohibidas desde hace años
Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Son elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín
"Vergonzosa". El adjetivo elegido es contundente. Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza una reciente resolución de Acumar que, entre otras cosas, autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.
Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron ayer con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Primera cuestión: el Cuerpo Colegiado reprobó la forma en que se miden los elementos, ya que se fijaron los límites de concentración de contaminantes "sin considerar la masa total descargada ni el efecto tóxico de los contaminantes". Esto que parece técnico y difícil de entender lo explicó a Infobae María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una de las cinco ONG que intervinieron. "Lo que la Corte insiste desde el principio es que no sólo se hagan muestreos puntuales en el lugar de las descargas, sino que se evalúe el impacto sobre el total de la masa de agua, porque la contaminación se acumula", precisó. "A mayor saturación de tóxicos, más dificultades de oxigenación del total de la masa", añadió.
Desde FARN, otra ONG del grupo, Andrés Nápoli aclaró: "Lo importante es ver cuántos contaminantes puede absorber el río para distribuir esas cuotas entre los agentes contaminantes. Acá se hace al revés, se les dice a las empresas cuánto pueden contaminar sin calcular la carga total de contaminantes del río".
Sin embargo, lo que más llamó la atención es que las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.
No objetante, hay una contradicción. Porque la misma resolución menciona entre sus antecedentes a la ley 26.011, que es la que aprobó el Convenio de Estocolmo y cuyos objetivos no son compatibles con lo que aprobó ACUMAR. "No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro", subrayó el documento de las ONG, al que Infobae tuvo acceso.
En la reunión, Gladys González alegó que se incluyeron esos parámetros para que los inspectores lo verifiquen, pero las ONG le contestaron que, de ser cierto el argumento, en todo caso deberían incluir esa función en el reglamento de inspecciones y no en la norma que regula la calidad del agua. Al parecer, la presidente de Acumar prometió reformar la resolución.
Hay otra cuestión que alarmó a las ONG. La resolución divide la cuenca en tres tramos y establece cuatro categorías de calidad de agua. Cada tramo tiene distintas metas en cuanto a la calidad de agua a la que aspira a llegar con el tiempo. Más allá de que los plazos son excesivamente amplios (entre 7 y 15 años), el Cuerpo Colegiado criticó que el anexo III establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos contaminantes como arsénico total, cadmio total o mercurio total. Y para algunos usos también considera que no es importante analizar la presencia de coliformes fecales y escherichia coli.
A su vez, las ONG remarcaron, además, que para el uso II y III, que implican contacto con el agua, se admite la presencia de nitrógeno amoniacal, nitrato, escherichia coli, fósforo total, cromo y plomo.
El documento también hace hincapié en la forma de medir la presencia de aceites y grasas. Dice la resolución que "no deben estar presentes en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el olor". Por ende, el parámetro queda supeditado a un análisis subjetivo y no científico.
Una novedad: esta mañana, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a cargo la ejecución de una parte del fallo "Mendoza" de la Corte Suprema, le pidió al Cuerpo Colegiado que emita una opinión formal de la resolución. Será, como anticipa el documento repasado en este artículo, lapidable. Todo, mientras Gladys González se empieza a pegar a la gobernadora María Eugenia Vidal para recorrer la provincia de Buenos Aires y ponerse el traje de candidato. La pregunta, entonces, es si lo que ocurrió en Acumar desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional, provincial y porteño, será parte de la campaña o volverá a ser invisibilizado.
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Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Son elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín
"Vergonzosa". El adjetivo elegido es contundente. Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza una reciente resolución de Acumar que, entre otras cosas, autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.
Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron ayer con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Primera cuestión: el Cuerpo Colegiado reprobó la forma en que se miden los elementos, ya que se fijaron los límites de concentración de contaminantes "sin considerar la masa total descargada ni el efecto tóxico de los contaminantes". Esto que parece técnico y difícil de entender lo explicó a Infobae María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una de las cinco ONG que intervinieron. "Lo que la Corte insiste desde el principio es que no sólo se hagan muestreos puntuales en el lugar de las descargas, sino que se evalúe el impacto sobre el total de la masa de agua, porque la contaminación se acumula", precisó. "A mayor saturación de tóxicos, más dificultades de oxigenación del total de la masa", añadió.
Desde FARN, otra ONG del grupo, Andrés Nápoli aclaró: "Lo importante es ver cuántos contaminantes puede absorber el río para distribuir esas cuotas entre los agentes contaminantes. Acá se hace al revés, se les dice a las empresas cuánto pueden contaminar sin calcular la carga total de contaminantes del río".
Sin embargo, lo que más llamó la atención es que las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.
No objetante, hay una contradicción. Porque la misma resolución menciona entre sus antecedentes a la ley 26.011, que es la que aprobó el Convenio de Estocolmo y cuyos objetivos no son compatibles con lo que aprobó ACUMAR. "No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro", subrayó el documento de las ONG, al que Infobae tuvo acceso.
En la reunión, Gladys González alegó que se incluyeron esos parámetros para que los inspectores lo verifiquen, pero las ONG le contestaron que, de ser cierto el argumento, en todo caso deberían incluir esa función en el reglamento de inspecciones y no en la norma que regula la calidad del agua. Al parecer, la presidente de Acumar prometió reformar la resolución.
Hay otra cuestión que alarmó a las ONG. La resolución divide la cuenca en tres tramos y establece cuatro categorías de calidad de agua. Cada tramo tiene distintas metas en cuanto a la calidad de agua a la que aspira a llegar con el tiempo. Más allá de que los plazos son excesivamente amplios (entre 7 y 15 años), el Cuerpo Colegiado criticó que el anexo III establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos contaminantes como arsénico total, cadmio total o mercurio total. Y para algunos usos también considera que no es importante analizar la presencia de coliformes fecales y escherichia coli.
A su vez, las ONG remarcaron, además, que para el uso II y III, que implican contacto con el agua, se admite la presencia de nitrógeno amoniacal, nitrato, escherichia coli, fósforo total, cromo y plomo.
El documento también hace hincapié en la forma de medir la presencia de aceites y grasas. Dice la resolución que "no deben estar presentes en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el olor". Por ende, el parámetro queda supeditado a un análisis subjetivo y no científico.
Una novedad: esta mañana, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a cargo la ejecución de una parte del fallo "Mendoza" de la Corte Suprema, le pidió al Cuerpo Colegiado que emita una opinión formal de la resolución. Será, como anticipa el documento repasado en este artículo, lapidable. Todo, mientras Gladys González se empieza a pegar a la gobernadora María Eugenia Vidal para recorrer la provincia de Buenos Aires y ponerse el traje de candidato. La pregunta, entonces, es si lo que ocurrió en Acumar desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional, provincial y porteño, será parte de la campaña o volverá a ser invisibilizado.
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El "gran logro" de Uñac: "autocontrol minero", sin palabras
Efecto Uñac: Las mineras harán autocontrol de calidad
Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Ugente 24
Provincia/Región: San Juan
Sergio Uñac, gobernador de San Juan, consiguió finalmente un mayor compromiso de las empresas mineras con el cuidado de las personas y el medio ambiente: los incidentes en la mina Veladero -hoy suspendida-, y el mix de reclamos y sanciones de Uñac aceleraron un plan que la cámara empresaria preparaba para 2018. Se trata de una iniciativa llamada TSM o Towards Sustainable Mining, que ya se utiliza en Canadá y Finlandia: herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar con los estándares globales. En las evaluaciones participarán ONGs y las comunidades de influencia.
Florencia Lendoiro explicó, en el diario El Cronista Comercial, que las mineras ejecutarán en 2017 un programa que evaluaban para 2018: nadie quiere repetir la experiencia que ocurrió en la mina sanjuanina Veladero de Barrick, hoy suspendida.
La iniciativa de minería sustentable llamada TSM (Towards Sustainable Mining), ya se utiliza en Canadá y Finlandia.
Increíble que pensaran en implementarlo en 2018 en la Argentina, cuando desde febrero ya la tenían en vigencia, por ejemplo, en Botswana.
Pero desde diciembre 2016 el modelo estaba aplicándose en la Minera Candelaria, en la Región de Atacama (Chile).
Según explicó el gerente general de Administración del distrito minero Candelaria, Sergio Armstrong, la estrategia sustentable para el manejo del recurso hídrico que se diseñó aplicó el concepto Cero Descarga, que permite reutilizar en promedio más del 85% del agua usada en el proceso minero. Posteriormente fue implementado un proyecto para utilizar aguas tratadas y el tercer gran paso fue la puesta en marcha de la planta desalinizadora.
¿Cómo será en San Juan? Bueno, dependerá de lo que le presenten a Uñac, y éste acepte.
El TMS consiste en herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar la forma en que trabajan las multinacionales en la Argentina con respecto a los estándares que cumplen en otros países.
Uñac sancionó a minera Barrick marcando el rumbo para que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros tomará la decisión de cambiar el rumbo de trabajo, recordó El Cronista, y agregó: "(...) el primer mandatario de la provincia, en la reunión que mantuvo con la cúpula de las empresas que tienen la explotación de emprendimiento minero, les exigió que recuperen la credibilidad y la confianza que perdieron de la comunidad, debido a la cantidad de errores cometidos y además impuso como prioridad el cuidado de cada uno de los habitantes de la provincia, en particular de las zonas afectadas por el incidente y del cuidado medioambiental."
Para Marcelo Alvarez, presidente de Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), es importante tener herramientas para desterrar la idea de "doble estándar" que tiene la sociedad sobre las empresas mineras. "Aunque no sea real, hoy no tenemos datos para refutar lo que dicen muchos, eso de que seguramente acá las mineras no cumplen con planes para evitar incidentes como sí lo hacen en países como Canadá", dijo. Y explicó que por eso se implementará el TSM, para que se puedan hacer comparaciones sobre la metodología de trabajo en el mundo. "Es una herramienta de control y autodisciplina", resumió Alvarez.
Como se trata de un plan diseñado por la Asociación de Mineras de Canadá, el presidente de CAEM explicó que las primeras firmas que realizarán informes serán originarias de ese país. Son justamente las más grandes que operan en Argentina como Gold Corp y la propia Barrick. Los primeros informes estarían listos a fin de año y el resto -los de firmas de otro origen-, un año después.
Alvarez adelantó estos detalles durante la presentación de la nueva ArMinera, la exposición del sector que se realizará entre el 9 y el 11 de mayo en el Centro Costa Salguero, donde se oficializará el lanzamiento del TSM.
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Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Ugente 24
Provincia/Región: San Juan
Sergio Uñac, gobernador de San Juan, consiguió finalmente un mayor compromiso de las empresas mineras con el cuidado de las personas y el medio ambiente: los incidentes en la mina Veladero -hoy suspendida-, y el mix de reclamos y sanciones de Uñac aceleraron un plan que la cámara empresaria preparaba para 2018. Se trata de una iniciativa llamada TSM o Towards Sustainable Mining, que ya se utiliza en Canadá y Finlandia: herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar con los estándares globales. En las evaluaciones participarán ONGs y las comunidades de influencia.
Florencia Lendoiro explicó, en el diario El Cronista Comercial, que las mineras ejecutarán en 2017 un programa que evaluaban para 2018: nadie quiere repetir la experiencia que ocurrió en la mina sanjuanina Veladero de Barrick, hoy suspendida.
La iniciativa de minería sustentable llamada TSM (Towards Sustainable Mining), ya se utiliza en Canadá y Finlandia.
Increíble que pensaran en implementarlo en 2018 en la Argentina, cuando desde febrero ya la tenían en vigencia, por ejemplo, en Botswana.
Pero desde diciembre 2016 el modelo estaba aplicándose en la Minera Candelaria, en la Región de Atacama (Chile).
Según explicó el gerente general de Administración del distrito minero Candelaria, Sergio Armstrong, la estrategia sustentable para el manejo del recurso hídrico que se diseñó aplicó el concepto Cero Descarga, que permite reutilizar en promedio más del 85% del agua usada en el proceso minero. Posteriormente fue implementado un proyecto para utilizar aguas tratadas y el tercer gran paso fue la puesta en marcha de la planta desalinizadora.
¿Cómo será en San Juan? Bueno, dependerá de lo que le presenten a Uñac, y éste acepte.
El TMS consiste en herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar la forma en que trabajan las multinacionales en la Argentina con respecto a los estándares que cumplen en otros países.
Uñac sancionó a minera Barrick marcando el rumbo para que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros tomará la decisión de cambiar el rumbo de trabajo, recordó El Cronista, y agregó: "(...) el primer mandatario de la provincia, en la reunión que mantuvo con la cúpula de las empresas que tienen la explotación de emprendimiento minero, les exigió que recuperen la credibilidad y la confianza que perdieron de la comunidad, debido a la cantidad de errores cometidos y además impuso como prioridad el cuidado de cada uno de los habitantes de la provincia, en particular de las zonas afectadas por el incidente y del cuidado medioambiental."
Para Marcelo Alvarez, presidente de Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), es importante tener herramientas para desterrar la idea de "doble estándar" que tiene la sociedad sobre las empresas mineras. "Aunque no sea real, hoy no tenemos datos para refutar lo que dicen muchos, eso de que seguramente acá las mineras no cumplen con planes para evitar incidentes como sí lo hacen en países como Canadá", dijo. Y explicó que por eso se implementará el TSM, para que se puedan hacer comparaciones sobre la metodología de trabajo en el mundo. "Es una herramienta de control y autodisciplina", resumió Alvarez.
Como se trata de un plan diseñado por la Asociación de Mineras de Canadá, el presidente de CAEM explicó que las primeras firmas que realizarán informes serán originarias de ese país. Son justamente las más grandes que operan en Argentina como Gold Corp y la propia Barrick. Los primeros informes estarían listos a fin de año y el resto -los de firmas de otro origen-, un año después.
Alvarez adelantó estos detalles durante la presentación de la nueva ArMinera, la exposición del sector que se realizará entre el 9 y el 11 de mayo en el Centro Costa Salguero, donde se oficializará el lanzamiento del TSM.
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Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor
Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Informe del Estado del Ambiente 2016
Argentina vuelve a tener el Informe del Estado del Ambiente
Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; y el secretario de Coordinación Interministerial de Jefatura de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, presentaron el “Informe del Estado del Ambiente” edición 2016, una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental con la que el Poder Ejecutivo da cumplimiento a un compromiso asumido a través de la Ley General del Ambiente. Luego de sancionada la norma en 2002, el informe se publicó en una única oportunidad, en el año 2012, por lo que su actual realización inició un camino para la construcción de un sistema de información ambiental integrada y federal que permita cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la normativa. También participaron del acto la jefa de Gabinete de Asesores de la cartera de Ambiente, Patricia Holzman; el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, junto a diputados, senadores y otra autoridades.
“Hay que dar el cambio cultural en la Argentina que es cumplir con la ley. Sin líneas de base, sin mediciones, sin la verdad, no se puede avanzar”, aseguró Bergman durante la presentación. “Todos somos protagonistas de este cambio cultural. Queremos enfatizar que el equipo de trabajo del presidente Mauricio Macri planteó desafíos fundantes que están en nuestra Constitución”, explicó. “No tenemos miedo ni en decir la verdad ni en evaluar, y lo hacemos porque tenemos máxima responsabilidad. Porque no queremos ir migrando de accidentes y de eventos coyunturales sin ir a la raíz estructural de lo que tiene que cambiar. No se puede hacer lo que hay que hacer si no conocemos la verdad, si no sabemos dónde estamos y si no lo hacemos juntos”, expresó el ministro de Ambiente. También aseguró sobre el informe: “Lo más importante es que es un espacio al que se tienen que sentir invitadas todas las organizaciones y agentes, todos los que producen información vinculada al ambiente. Queremos que sean parte, queremos sumarlos a este gran equipo. Nuestros principios son la participación, la verdad y la República”.
Por su parte, Quintana se refirió a la presentación del informe asegurando que “combina dos de los pilares de la presidencia del Ing. Macri. El primer pilar es reconstruir la confianza en base a la verdad”. “Así como empezamos a decirnos la verdad en hechos muy dolorosos, como la pobreza en Argentina, que venía siendo negada sistemáticamente, hoy, en este hito, empezamos a decirnos la verdad sobre cómo estamos tratando a la Madre Tierra”, explicó el funcionario. “No podemos ponernos a construir, no podemos ponernos a caminar, si tenemos los ojos cerrados”, agregó. También indicó que el segundo pilar marcado por el Presidente “es poner la prioridad en el cuidado de la Tierra. Desde el primer día, nuestro Presidente decidió subir a nivel de Ministerio el tema del ambiente y conformó un equipo que está liderado por nuestro amigo Sergio Bergman, un equipo con un compromiso como nunca ha habido en la Argentina”. “Llamarnos a poner en el tope de nuestras prioridades de gobierno el cuidado del ambiente hoy confluye en este hito que nos deja un montón de trabajo por delante pero que nos marca un punto de partida cierto”, finalizó Quintana.
Es importante señalar que la Ley General del Ambiente N.° 25675 establece que las autoridades son las responsables de informar sobre el estado del ambiente y los efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, debe elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país y debe presentarlo al Congreso de la Nación. Hoy, el Ministerio de Ambiente presenta de manera pública la información que da cumplimiento a lo establecido por la norma.
El Informe del Estado del Ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino, que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas. El mismo contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, mar Argentino y Antártida) y un marco jurídico ambiental.
Además, explica la implementación de algunas de las principales leyes de presupuestos mínimos, como las de protección de los bosques nativos y de los glaciares. El trabajo muestra el fortalecimiento de la política forestal y el avance en la puesta en marcha de la Ley N.° 26639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, promulgada en octubre de 2010.
Finalmente, se destaca que el trabajo es producto de la colaboración de diversos organismos públicos, liderados por la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a través de la Coordinación de Información Ambiental.
“Buscamos que no solo sea un raconto de información, sino una herramienta de gestión que permita diagnosticar y contrastar la efectividad y la eficiencia de nuestras políticas. Es la línea de base de este sistema de estadísticas ambientales, que vamos a trabajarlo con todos los organismos del Estado nacional”, aseguró el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. “Lo que nos queda por delante es institucionalizar este trabajo, que el informe ambiental no sea como en el 2012, cuando salió por única vez, sino que sea la piedra fundamental para transitar un camino en la construcción de una agenda ambiental para Argentina”, concluyó Moreno.
Datos destacados del informe
Agua. Se estima que sólo el 12 % de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a cuerpos de agua. En este sentido, se relevaron 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a 9 provincias.
Aire. La mayoría de las ciudades argentinas no cuenta con monitoreos continuos de calidad de aire. Con el objetivo de facilitar el acceso a la información disponible, se inició la conformación de la Red Federal de Monitoreo Ambiental, para integrar estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo.
Suelo. Argentina tiene 106 millones de hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. A través del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación se busca alcanzar la neutralidad de la degradación de las tierras.
Bosques. Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de bosques nativos. Entre 1998 y 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas por deforestación. Por su parte, en 2016 la deforestación se redujo un 16 % en relación a 2015. Se trata de la superficie de pérdida de bosque anual más baja en los últimos 10 años.
Humedales. Alrededor del 23 % del territorio de nuestro país está cubierto por humedales. Se trata de uno de los ecosistemas más degradados y amenazados. Asimismo, 5,6 millones de hectáreas de humedales están catalogadas como de importancia internacional (sitios RAMSAR). Por este motivo, se inició la elaboración del Inventario Nacional de Humedales.
Ambientes costero marinos. La plataforma continental argentina es una de las regiones marinas más productivas a nivel mundial. Argentina cuenta con 63 áreas protegidas costero marinas.
Antártida. La Antártida es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático. Allí el aumento de temperatura fue más pronunciado en los últimos 50 años. Durante la campaña antártica del verano de 2015-2016 se realizaron 47 proyectos científicos, con la participación de 196 investigadores nacionales y del exterior.
Áreas naturales protegidas. Argentina cuenta con 437 áreas protegidas que cubren el 11,9 % de la superficie terrestre y el 4,9 % de la superficie marina. Durante 2016 y 2017 se crearon las reservas naturales silvestres Rincón e Islas de los Estados, se avanzó en la creación de los parques nacionales Iberá y Aconquija y se consolidó el Parque Nacional El Impenetrable.
Biodiversidad. Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo. Es por esto que se lanzaron el Programa Extinción Cero, que busca conservar 6 especies nativas en estado crítico; y la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, una política de Estado para conservar y hacer un uso racional de nuestros recursos naturales.
Agricultura, ganadería y pesca. Argentina cuenta con una superficie terrestre de 280 millones de hectáreas de las que 35 millones se encuentran cultivadas. En 2016, se otorgó financiamiento para la implementación de planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas.
Energía. En 1970 el petróleo representaba el 70 % de la matriz energética; actualmente representa la mitad. Se observa un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que representa un incremento del 25 % en dos décadas. La hidroeléctrica representa la tercera fuente de energía luego del gas y el petróleo. En relación a esto, el Ministerio de Energía y Minería lanzó el Plan RenovAr, que apunta a que las energías renovables representen el 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para 2018 y el 20 % para 2025.
Residuos. El promedio de generación de residuos per cápita es de 1,02 kg. Ello representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. El Programa Basural Cero, de la cartera de Ambiente, propone pasar del 61 % de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 % en 2019.
Cambio climático. La participación de la Argentina en las emisiones globales es de 0,7 %. Las emisiones de gases de efecto invernadero en 1990-2014 tuvieron un aumento promedio anual de 0,9 %. Los principales sectores que contribuyen a las emisiones son: el agro y deforestación (44 %), la energía (27 %), el transporte (13 %), la industria (12 %), los residuos (4 %). Para avanzar en la temática, se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y el Observatorio Nacional de Cambio Climático para fortalecer la lucha contra el calentamiento global como política de Estado. También se revisó el compromiso de Argentina en la reducción de emisiones.
Glaciares. La Argentina es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de glaciares. En 2016 el Inventario Nacional de Glaciares avanzó del 10 % al 42 % de cuencas publicadas.
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Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; y el secretario de Coordinación Interministerial de Jefatura de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, presentaron el “Informe del Estado del Ambiente” edición 2016, una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental con la que el Poder Ejecutivo da cumplimiento a un compromiso asumido a través de la Ley General del Ambiente. Luego de sancionada la norma en 2002, el informe se publicó en una única oportunidad, en el año 2012, por lo que su actual realización inició un camino para la construcción de un sistema de información ambiental integrada y federal que permita cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la normativa. También participaron del acto la jefa de Gabinete de Asesores de la cartera de Ambiente, Patricia Holzman; el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, junto a diputados, senadores y otra autoridades.
“Hay que dar el cambio cultural en la Argentina que es cumplir con la ley. Sin líneas de base, sin mediciones, sin la verdad, no se puede avanzar”, aseguró Bergman durante la presentación. “Todos somos protagonistas de este cambio cultural. Queremos enfatizar que el equipo de trabajo del presidente Mauricio Macri planteó desafíos fundantes que están en nuestra Constitución”, explicó. “No tenemos miedo ni en decir la verdad ni en evaluar, y lo hacemos porque tenemos máxima responsabilidad. Porque no queremos ir migrando de accidentes y de eventos coyunturales sin ir a la raíz estructural de lo que tiene que cambiar. No se puede hacer lo que hay que hacer si no conocemos la verdad, si no sabemos dónde estamos y si no lo hacemos juntos”, expresó el ministro de Ambiente. También aseguró sobre el informe: “Lo más importante es que es un espacio al que se tienen que sentir invitadas todas las organizaciones y agentes, todos los que producen información vinculada al ambiente. Queremos que sean parte, queremos sumarlos a este gran equipo. Nuestros principios son la participación, la verdad y la República”.
Por su parte, Quintana se refirió a la presentación del informe asegurando que “combina dos de los pilares de la presidencia del Ing. Macri. El primer pilar es reconstruir la confianza en base a la verdad”. “Así como empezamos a decirnos la verdad en hechos muy dolorosos, como la pobreza en Argentina, que venía siendo negada sistemáticamente, hoy, en este hito, empezamos a decirnos la verdad sobre cómo estamos tratando a la Madre Tierra”, explicó el funcionario. “No podemos ponernos a construir, no podemos ponernos a caminar, si tenemos los ojos cerrados”, agregó. También indicó que el segundo pilar marcado por el Presidente “es poner la prioridad en el cuidado de la Tierra. Desde el primer día, nuestro Presidente decidió subir a nivel de Ministerio el tema del ambiente y conformó un equipo que está liderado por nuestro amigo Sergio Bergman, un equipo con un compromiso como nunca ha habido en la Argentina”. “Llamarnos a poner en el tope de nuestras prioridades de gobierno el cuidado del ambiente hoy confluye en este hito que nos deja un montón de trabajo por delante pero que nos marca un punto de partida cierto”, finalizó Quintana.
Es importante señalar que la Ley General del Ambiente N.° 25675 establece que las autoridades son las responsables de informar sobre el estado del ambiente y los efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, debe elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país y debe presentarlo al Congreso de la Nación. Hoy, el Ministerio de Ambiente presenta de manera pública la información que da cumplimiento a lo establecido por la norma.
El Informe del Estado del Ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino, que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas. El mismo contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, mar Argentino y Antártida) y un marco jurídico ambiental.
Además, explica la implementación de algunas de las principales leyes de presupuestos mínimos, como las de protección de los bosques nativos y de los glaciares. El trabajo muestra el fortalecimiento de la política forestal y el avance en la puesta en marcha de la Ley N.° 26639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, promulgada en octubre de 2010.
Finalmente, se destaca que el trabajo es producto de la colaboración de diversos organismos públicos, liderados por la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a través de la Coordinación de Información Ambiental.
“Buscamos que no solo sea un raconto de información, sino una herramienta de gestión que permita diagnosticar y contrastar la efectividad y la eficiencia de nuestras políticas. Es la línea de base de este sistema de estadísticas ambientales, que vamos a trabajarlo con todos los organismos del Estado nacional”, aseguró el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. “Lo que nos queda por delante es institucionalizar este trabajo, que el informe ambiental no sea como en el 2012, cuando salió por única vez, sino que sea la piedra fundamental para transitar un camino en la construcción de una agenda ambiental para Argentina”, concluyó Moreno.
Datos destacados del informe
Agua. Se estima que sólo el 12 % de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a cuerpos de agua. En este sentido, se relevaron 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a 9 provincias.
Aire. La mayoría de las ciudades argentinas no cuenta con monitoreos continuos de calidad de aire. Con el objetivo de facilitar el acceso a la información disponible, se inició la conformación de la Red Federal de Monitoreo Ambiental, para integrar estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo.
Suelo. Argentina tiene 106 millones de hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. A través del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación se busca alcanzar la neutralidad de la degradación de las tierras.
Bosques. Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de bosques nativos. Entre 1998 y 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas por deforestación. Por su parte, en 2016 la deforestación se redujo un 16 % en relación a 2015. Se trata de la superficie de pérdida de bosque anual más baja en los últimos 10 años.
Humedales. Alrededor del 23 % del territorio de nuestro país está cubierto por humedales. Se trata de uno de los ecosistemas más degradados y amenazados. Asimismo, 5,6 millones de hectáreas de humedales están catalogadas como de importancia internacional (sitios RAMSAR). Por este motivo, se inició la elaboración del Inventario Nacional de Humedales.
Ambientes costero marinos. La plataforma continental argentina es una de las regiones marinas más productivas a nivel mundial. Argentina cuenta con 63 áreas protegidas costero marinas.
Antártida. La Antártida es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático. Allí el aumento de temperatura fue más pronunciado en los últimos 50 años. Durante la campaña antártica del verano de 2015-2016 se realizaron 47 proyectos científicos, con la participación de 196 investigadores nacionales y del exterior.
Áreas naturales protegidas. Argentina cuenta con 437 áreas protegidas que cubren el 11,9 % de la superficie terrestre y el 4,9 % de la superficie marina. Durante 2016 y 2017 se crearon las reservas naturales silvestres Rincón e Islas de los Estados, se avanzó en la creación de los parques nacionales Iberá y Aconquija y se consolidó el Parque Nacional El Impenetrable.
Biodiversidad. Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo. Es por esto que se lanzaron el Programa Extinción Cero, que busca conservar 6 especies nativas en estado crítico; y la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, una política de Estado para conservar y hacer un uso racional de nuestros recursos naturales.
Agricultura, ganadería y pesca. Argentina cuenta con una superficie terrestre de 280 millones de hectáreas de las que 35 millones se encuentran cultivadas. En 2016, se otorgó financiamiento para la implementación de planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas.
Energía. En 1970 el petróleo representaba el 70 % de la matriz energética; actualmente representa la mitad. Se observa un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que representa un incremento del 25 % en dos décadas. La hidroeléctrica representa la tercera fuente de energía luego del gas y el petróleo. En relación a esto, el Ministerio de Energía y Minería lanzó el Plan RenovAr, que apunta a que las energías renovables representen el 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para 2018 y el 20 % para 2025.
Residuos. El promedio de generación de residuos per cápita es de 1,02 kg. Ello representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. El Programa Basural Cero, de la cartera de Ambiente, propone pasar del 61 % de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 % en 2019.
Cambio climático. La participación de la Argentina en las emisiones globales es de 0,7 %. Las emisiones de gases de efecto invernadero en 1990-2014 tuvieron un aumento promedio anual de 0,9 %. Los principales sectores que contribuyen a las emisiones son: el agro y deforestación (44 %), la energía (27 %), el transporte (13 %), la industria (12 %), los residuos (4 %). Para avanzar en la temática, se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y el Observatorio Nacional de Cambio Climático para fortalecer la lucha contra el calentamiento global como política de Estado. También se revisó el compromiso de Argentina en la reducción de emisiones.
Glaciares. La Argentina es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de glaciares. En 2016 el Inventario Nacional de Glaciares avanzó del 10 % al 42 % de cuencas publicadas.
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Una vez más la Barrick promete tomar medidas
Primera reunión entre Barrick y el Gobierno para retomar operaciones en Veladero
Fecha de Publicación: 23/04/2017
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Fue una reunión informal para una primera presentación del proyecto de reingeniería para mejorar las condiciones de seguridad de la mina. No se habló de plazos específicos ni de la inversión total. El plan de obras se presentará oficialmente en los próximos días.
Ejecutivos de las mineras Barrick y Shandong Gold mantuvieron hoy una reunión con autoridades del Gobierno nacional y el de San Juan en la que realizaron una presentación informal del proyecto de reingeniería para retomar las operaciones en la mina Veladero, luego de que la provincia suspendiera en marzo las actividades tras un nuevo derrame.
El encuentro se llevó a cabo en la Casa de San Juan en Buenos Aires y estuvieron el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren; el de Minería de San Juan, Alberto Hensel; y el secretario de Minería de la Nación, Daniel Melián. De Barrick participaron el CEO Richard Williams; el vicepresidente Manuel Rocha y el director ejecutivo para Argentina, Fernando Giannoni.
Según pudo saber Cronista.com, fue una reunión informal en la que se habló sobre los lineamientos del plan. Si bien los puntos específicos recién se conocerán cuando se haga la presentación formal ante el Gobierno de San Juan, probablemente la semana próxima, Williams adelantó a los periodistas que “el valle de lixiviación (el proceso de extracción mediante la acción de un disolvente líquido) va a ser extendido, desarrollado y mejorado y va a pasar por un proceso de reingeniería”.
El proyecto de reingeniería debe contemplar las obras que permitan la reanudación de las operaciones en las condiciones que reclama el Gobierno de San Juan. Entre otros puntos, incluiría trabajos en cañerías, sistema de bombeo y cuestiones vinculadas con la percepción de los incidentes y el cumplimiento de estándares de seguridad; pero, según informó la agencia Télam, también iniciativas de desarrollo económico, social y de las comunidades.
En el encuentro no se habló de plazos específicos. Cuando se presente el plan, la provincia deberá aún evaluarlo –hoy Aranguren pronosticó que eso demoraría “un par de semanas”- y eventualmente aprobarlo; recién entonces comenzarían las obras de ingeniería –con la dificultad que puede agregar el invierno a los trabajos en altura- y recién una vez que estén concluidas podrían reanudarse las operaciones en Veladero.
Desde el Gobierno de San Juan celebraron la llegada de Shandong, que hace dos semanas adquirió el 50% de Veladero. Ya anoche, Hensel dijo que la participación de la empresa china puede ayudar a mejorar el funcionamiento del yacimiento por su “amplios reconocimiento en el cumplimiento de los más altos estándares ambientales”.
La gigante minera dijo el viernes que invertirá 500 millones de dólares en los próximos dos años. Sería la primera parte de un plan de inversiones que, según trascendió, alcanzaría en total los u$s 2500 millones.
Los accidentes recientes en Veladero están siendo investigados por un juez provincial que esta semana ordenó nuevas pruebas para comprobar si los derrames de cianuro afectaron la salud de poblaciones cercanas a la mina. Hensel, por su parte, dijo que la multa que aplicará San Juan por el último incidente podría superar a la que le impuso por un derrame de cianuro en esa misma mina en 2015, que fue de 9,8 millones de dólares.
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Fecha de Publicación: 23/04/2017
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Fue una reunión informal para una primera presentación del proyecto de reingeniería para mejorar las condiciones de seguridad de la mina. No se habló de plazos específicos ni de la inversión total. El plan de obras se presentará oficialmente en los próximos días.
Ejecutivos de las mineras Barrick y Shandong Gold mantuvieron hoy una reunión con autoridades del Gobierno nacional y el de San Juan en la que realizaron una presentación informal del proyecto de reingeniería para retomar las operaciones en la mina Veladero, luego de que la provincia suspendiera en marzo las actividades tras un nuevo derrame.
El encuentro se llevó a cabo en la Casa de San Juan en Buenos Aires y estuvieron el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren; el de Minería de San Juan, Alberto Hensel; y el secretario de Minería de la Nación, Daniel Melián. De Barrick participaron el CEO Richard Williams; el vicepresidente Manuel Rocha y el director ejecutivo para Argentina, Fernando Giannoni.
Según pudo saber Cronista.com, fue una reunión informal en la que se habló sobre los lineamientos del plan. Si bien los puntos específicos recién se conocerán cuando se haga la presentación formal ante el Gobierno de San Juan, probablemente la semana próxima, Williams adelantó a los periodistas que “el valle de lixiviación (el proceso de extracción mediante la acción de un disolvente líquido) va a ser extendido, desarrollado y mejorado y va a pasar por un proceso de reingeniería”.
El proyecto de reingeniería debe contemplar las obras que permitan la reanudación de las operaciones en las condiciones que reclama el Gobierno de San Juan. Entre otros puntos, incluiría trabajos en cañerías, sistema de bombeo y cuestiones vinculadas con la percepción de los incidentes y el cumplimiento de estándares de seguridad; pero, según informó la agencia Télam, también iniciativas de desarrollo económico, social y de las comunidades.
En el encuentro no se habló de plazos específicos. Cuando se presente el plan, la provincia deberá aún evaluarlo –hoy Aranguren pronosticó que eso demoraría “un par de semanas”- y eventualmente aprobarlo; recién entonces comenzarían las obras de ingeniería –con la dificultad que puede agregar el invierno a los trabajos en altura- y recién una vez que estén concluidas podrían reanudarse las operaciones en Veladero.
Desde el Gobierno de San Juan celebraron la llegada de Shandong, que hace dos semanas adquirió el 50% de Veladero. Ya anoche, Hensel dijo que la participación de la empresa china puede ayudar a mejorar el funcionamiento del yacimiento por su “amplios reconocimiento en el cumplimiento de los más altos estándares ambientales”.
La gigante minera dijo el viernes que invertirá 500 millones de dólares en los próximos dos años. Sería la primera parte de un plan de inversiones que, según trascendió, alcanzaría en total los u$s 2500 millones.
Los accidentes recientes en Veladero están siendo investigados por un juez provincial que esta semana ordenó nuevas pruebas para comprobar si los derrames de cianuro afectaron la salud de poblaciones cercanas a la mina. Hensel, por su parte, dijo que la multa que aplicará San Juan por el último incidente podría superar a la que le impuso por un derrame de cianuro en esa misma mina en 2015, que fue de 9,8 millones de dólares.
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Críticas desde Gualeguaychú al gobierno nacional
Veronesi: “a nivel nacional no hay medidas para parar la contaminación de UPM Botnia”
Fecha de Publicación: 22/04/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea hará la 13ª Marcha al Puente Internacional el domingo 30 y organiza el Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas de todo el país, Uruguay y Paraguay.
El asambleísta Juan Veronesi dijo en RADIO MÁXIMA que, además de la tradicional Marcha Anual que tendrá lugar el domingo 30 de este mes, un día antes comenzará en la ciudad el Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con la participación de unas 30 organizaciones de nuestro país, Uruguay y Paraguay, el cual se prolongará hasta el 1º de mayo. Veronesi llamó a la participación en defensa del medio ambiente, y remarcó que “es poco lo que se ha avanzado en la lucha contra la contaminación”.
En este sentido, el asambleísta puntualizó que “en Gualeguaychú son bien vistos los funcionarios locales porque colaboran en la lucha de su pueblo, y esto que se da aquí en nuestra ciudad no es muy común. Nuestro Intendente nos apoya con mayor o menor presencia de sus funcionarios, algo que también ocurre en Famatina, pero en otros lugares del país no ocurre así, es todo lo contrario. Por ejemplo, el Intendente de Jáchal, en San Juan, permitió que los asambleístas que protestaban por los derrames de la mina a cielo abierto de la Barrick Gold fueran salvajemente garroteados”.
Veronesi precisó que “nosotros no hacemos la Marcha al Puente para que vengan funcionarios. Es más muchos de ellos mas bien se tienen que esconder porque no han cumplido con el pueblo. En nuestro país hemos progresado mucho en acciones concretas de concientización ambiental pero hay un retroceso en el accionar contra la contaminación que provocan los agrotóxicos, las explotaciones mineras, los graves problemas de las plantas de efluentes cloacales de muchas ciudades, son alguna de las cuestiones en las que no se advierten medidas contundentes. Es inconcebible que en Entre Ríos en pleno siglo XXI haya grandes ciudades como Concordia o Concepción del Uruguay que ni siquiera cuenten con tratamiento de sus efluentes cloacales”.
Respecto al tema fundamental de la protesta de la Asamblea, es decir la presencia de la pastera UPM Botnia, Veronesi manifestó que “el amperímetro de la contaminación que produce día a día la planta está a cero. No se avanzó ni se avanza para que deje de contaminar y digo esto por más que algunos se ofendan. Nosotros desde la Asamblea protestamos, hacemos la Marcha, el Grito Blanco, nos movilizamos a Paraná, nos reunimos con senadores, con diputados, vamos al ministerio de Ambiente, reuniones para arriba, reuniones para abajo, pero Botnia sigue ahí, contaminándonos todos los días del año, sin parar, igual que siempre. Y dentro de poco contaminará más, porque instalarán una nueva pastera en Uruguay”.
Veronesi reveló que “en las últimas semanas fui objeto de críticas en la prensa por decir estas cosas, especialmente de parte de Osvaldo Fernández, un hombre que siempre lucha con la Asamblea y ahora está en el Ministerio de ambiente de la Nación, pero la verdad es que, como dije antes y reitero, no vamos bien porque a nivel nacional la toma de decisiones fundamentales para parar la contaminación de UPM Botnia, es cero. Digamos la verdad, es duro esto pero yo prefiero ser sincero”.
El asambleista reconoció que “las autoridades nacionales están trabajando en la reforma del Digesto del río Uruguay, eso es lo que nos han dicho, pero me pregunto si las autoridades del vecino país aceptarán los cambios que son necesarios, porque hasta ahora Uruguay nunca jamás aceptó nada que permitiera controlar en serio lo que UPM Botnia provoca. Nuestro gobierno a través del ministro Bergman, están convencidos de que mediante el diálogo van a llegar a un acuerdo con los gobernantes uruguayos, pero yo tengo presentes las palabras del ministro cuando estuvo en Gualeguaychú el año pasado, cuando dijo que si los uruguayos no reconocen que Botnia contamina, habrá que pelearse. Bergman nos dijo que al presidente Macri hay que demostrarle que Botnia contamina. Hace 15 años que venimos sosteniendo científicamente esto y ahora nos piden que debemos demostrarlo. Es increíble”.
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Fecha de Publicación: 22/04/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea hará la 13ª Marcha al Puente Internacional el domingo 30 y organiza el Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas de todo el país, Uruguay y Paraguay.
El asambleísta Juan Veronesi dijo en RADIO MÁXIMA que, además de la tradicional Marcha Anual que tendrá lugar el domingo 30 de este mes, un día antes comenzará en la ciudad el Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con la participación de unas 30 organizaciones de nuestro país, Uruguay y Paraguay, el cual se prolongará hasta el 1º de mayo. Veronesi llamó a la participación en defensa del medio ambiente, y remarcó que “es poco lo que se ha avanzado en la lucha contra la contaminación”.
En este sentido, el asambleísta puntualizó que “en Gualeguaychú son bien vistos los funcionarios locales porque colaboran en la lucha de su pueblo, y esto que se da aquí en nuestra ciudad no es muy común. Nuestro Intendente nos apoya con mayor o menor presencia de sus funcionarios, algo que también ocurre en Famatina, pero en otros lugares del país no ocurre así, es todo lo contrario. Por ejemplo, el Intendente de Jáchal, en San Juan, permitió que los asambleístas que protestaban por los derrames de la mina a cielo abierto de la Barrick Gold fueran salvajemente garroteados”.
Veronesi precisó que “nosotros no hacemos la Marcha al Puente para que vengan funcionarios. Es más muchos de ellos mas bien se tienen que esconder porque no han cumplido con el pueblo. En nuestro país hemos progresado mucho en acciones concretas de concientización ambiental pero hay un retroceso en el accionar contra la contaminación que provocan los agrotóxicos, las explotaciones mineras, los graves problemas de las plantas de efluentes cloacales de muchas ciudades, son alguna de las cuestiones en las que no se advierten medidas contundentes. Es inconcebible que en Entre Ríos en pleno siglo XXI haya grandes ciudades como Concordia o Concepción del Uruguay que ni siquiera cuenten con tratamiento de sus efluentes cloacales”.
Respecto al tema fundamental de la protesta de la Asamblea, es decir la presencia de la pastera UPM Botnia, Veronesi manifestó que “el amperímetro de la contaminación que produce día a día la planta está a cero. No se avanzó ni se avanza para que deje de contaminar y digo esto por más que algunos se ofendan. Nosotros desde la Asamblea protestamos, hacemos la Marcha, el Grito Blanco, nos movilizamos a Paraná, nos reunimos con senadores, con diputados, vamos al ministerio de Ambiente, reuniones para arriba, reuniones para abajo, pero Botnia sigue ahí, contaminándonos todos los días del año, sin parar, igual que siempre. Y dentro de poco contaminará más, porque instalarán una nueva pastera en Uruguay”.
Veronesi reveló que “en las últimas semanas fui objeto de críticas en la prensa por decir estas cosas, especialmente de parte de Osvaldo Fernández, un hombre que siempre lucha con la Asamblea y ahora está en el Ministerio de ambiente de la Nación, pero la verdad es que, como dije antes y reitero, no vamos bien porque a nivel nacional la toma de decisiones fundamentales para parar la contaminación de UPM Botnia, es cero. Digamos la verdad, es duro esto pero yo prefiero ser sincero”.
El asambleista reconoció que “las autoridades nacionales están trabajando en la reforma del Digesto del río Uruguay, eso es lo que nos han dicho, pero me pregunto si las autoridades del vecino país aceptarán los cambios que son necesarios, porque hasta ahora Uruguay nunca jamás aceptó nada que permitiera controlar en serio lo que UPM Botnia provoca. Nuestro gobierno a través del ministro Bergman, están convencidos de que mediante el diálogo van a llegar a un acuerdo con los gobernantes uruguayos, pero yo tengo presentes las palabras del ministro cuando estuvo en Gualeguaychú el año pasado, cuando dijo que si los uruguayos no reconocen que Botnia contamina, habrá que pelearse. Bergman nos dijo que al presidente Macri hay que demostrarle que Botnia contamina. Hace 15 años que venimos sosteniendo científicamente esto y ahora nos piden que debemos demostrarlo. Es increíble”.
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Entre Ríos: ocho años debatiendo una ley de agroquímicos
Debate por la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 19/04/2017
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El lunes 24 de abril, en Villaguay, a las 16, en el Centro de convenciones Juan Pablo II, se realizará una Jornada de Participación Ciudadana para recibir opiniones de los interesados sobre el anteproyecto de ley de fitosanitarios que ha sido ingresado en la Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores de la provincia.
El encuentro fue organizado por el presidente de la Comisión de Producción del Senado, Mario Torres (FpV-Villaguay), y la presidenta de la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí).
La ley de agroquímicos se está debatiendo en la Legislatura desde hace más de ocho años, pasaron dos mandatos del gobernador Sergio Urribarri y 16 meses del gobierno de Gustavo Bordet y la Legislatura no se pudo poner de acuerdo cuál de los cinco proyectos de ley existentes es el más conveniente para ser convertido en una nueva reglamentación que evite el daño ambiental y los efectos sobre la salud que los agroquímicos están causando en las poblaciones rurales. La soja trajo mucho progreso a nuestra zona y sobre todo a los pueblos del interior del departamento, pero como todo progreso trae bienestar y también dolor.
Los oncólogos y ONG de Gualeguaychú advierten sobre una gran incidencia de los agroquímicos en las malformaciones genéticas y en la proliferación del cáncer en nuestra ciudad y a esta altura los legisladores no pueden hacerse los distraídos o tener temor de afrontar intereses económicos, que a la larga afectan nuestro ecosistema y nuestra salud.
Fecha de Publicación: 19/04/2017
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El lunes 24 de abril, en Villaguay, a las 16, en el Centro de convenciones Juan Pablo II, se realizará una Jornada de Participación Ciudadana para recibir opiniones de los interesados sobre el anteproyecto de ley de fitosanitarios que ha sido ingresado en la Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores de la provincia.
El encuentro fue organizado por el presidente de la Comisión de Producción del Senado, Mario Torres (FpV-Villaguay), y la presidenta de la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí).
La ley de agroquímicos se está debatiendo en la Legislatura desde hace más de ocho años, pasaron dos mandatos del gobernador Sergio Urribarri y 16 meses del gobierno de Gustavo Bordet y la Legislatura no se pudo poner de acuerdo cuál de los cinco proyectos de ley existentes es el más conveniente para ser convertido en una nueva reglamentación que evite el daño ambiental y los efectos sobre la salud que los agroquímicos están causando en las poblaciones rurales. La soja trajo mucho progreso a nuestra zona y sobre todo a los pueblos del interior del departamento, pero como todo progreso trae bienestar y también dolor.
Los oncólogos y ONG de Gualeguaychú advierten sobre una gran incidencia de los agroquímicos en las malformaciones genéticas y en la proliferación del cáncer en nuestra ciudad y a esta altura los legisladores no pueden hacerse los distraídos o tener temor de afrontar intereses económicos, que a la larga afectan nuestro ecosistema y nuestra salud.
Los controles ambientales en Córdoba son poco claros
Relaciones cruzadas en los controles ambientales
Fecha de Publicación: 17/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Funcionarios actuales de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba fueron antes directivos en empresas o dueños de consultoras en el tema. También hay vínculos entre autoridades y un instituto encargado de hacer análisis a pedido del Estado.
Parece que el mundo de los residuos peligrosos es muy pequeño en Córdoba. Tanto que actuales funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia alguna vez fueron directivos de la empresa Taym, una de las principales operadoras de estos desechos en Córdoba, que ahora está en el ojo de la tormenta.
El nombre que hace ruido es el de Gustavo Savanco, quien trabajó para el área de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente hasta septiembre de 2016, según confirmaron desde este organismo. Esta misma persona fue jefe de planta de Taym SA por lo menos hasta 2011. En octubre de ese año, participó de unas jornadas sobre ambiente en representación de esta empresa.
En un documento de marzo de 2008 al que pudo acceder La Voz, Savanco aparece firmando como representante técnico de Taym SA para solicitar más información sobre un trámite que esta empresa estaba realizando ante la Secretaría de Ambiente.
El expediente (0517-003622/2004) tiene fecha de inicio en 2004. Ese año, una auditoría determinó una situación irregular en la planta de tratamientos que Taym tiene cerca de Bouwer y que hace unos días se inundó por las fuertes lluvias en la zona. Savanco nunca fue designado oficialmente en su puesto. Desde la Provincia, reconocieron que ocupó ese lugar, pero que, desde septiembre de 2016, el encargado de Residuos ?Peligrosos es Eduardo Garro.
Desde abril de 2016 hasta marzo de este año, Savanco recibió una “ayuda económica” mensual de 4.800 pesos en el marco del programa Guardianes Ambientales, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. La Voz pudo acceder al listado de voluntarios de 2016-2017 de este programa que está activo desde 2014.
Savanco es ingeniero civil y especialista en Ingeniería Ambiental, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Relaciones con la UTN
En tanto, Javier Britch, el actual secretario de Ambiente de la Provincia, fue durante mucho tiempo codirector del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (Ciqa) de la UTN Córdoba. Todavía figura en su sitio web.
Ciqa es la institución a la que el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep) recurrió para realizar los análisis de agua potable y cruda del canal Los Molinos luego del anegamiento que sufrió la planta de Taym.
Lo mismo sucede con Natalia Nachef, directora general de Instrumentos y Políticas de Gestión Ambiental de la Provincia desde enero de 2016. Entre 2009 y 2013 fue responsable del área de Gestión e Impacto Ambiental de esta institución de la UTN.
Héctor Macaño, director del Ciqa, aseguró que Britch está con licencia desde que es funcionario provincial, hace cinco años. “La página web no está actualizada”, reconoció. Y agregó: “La gente debe estar tranquila de que no hay nada raro. Los que firmamos los informes de los análisis nos hacemos legalmente responsables. Está mi matrícula profesional en juego”.
En la ley de bosques
Otro caso es el de Sergio Nirich. En diciembre de 2015, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció que Nirich, asesor de Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, también figuraba como dueño de una consultora ambiental, llamada Moebius. Su socia era Flavia Franchi Lamberti, su esposa (al menos hasta 2014).
“La denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque en la maquinaria judicial de Córdoba todos estos temas se archivan”, aseguró Raúl Montenegro, de Funam. El organismo nacional también desestimó el pedido de la ONG.
Según el escrito de Funam, al que se adjuntaron varios documentos, Franchi Lamberti figuraba como asesora ambiental en varios proyectos. El más reciente es el 0517-020304/2014, por un loteo sobre la ruta E-53.
El cortocircuito se genera porque, en diciembre de 2014, Nirich asumió como coordinador de la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, que tenía por objetivo reactualizar el mapa de la ley de bosques.
“¿Con qué imparcialidad Sergio Nirich puede contribuir a redefinir las zonas rojas, amarillas y verdes de la ley de bosques, habida cuenta de que sus clientes pretenden implantar sus loteos en zona de bosque nativo?”, se preguntaba Funam en la denuncia ante la Defensoría.
En este texto, Funam decía que era conveniente “tomar alguna medida precautoria para tener copias certificadas de los contenidos de páginas web correspondientes a la empresa Moebius y a sus propietarios”. Efectivamente, ya no existe la página web mencionada y Nirich asegura que la consultora Moebius se desarmó.
De todas formas, Franchi Lamberti figura en el último listado oficial de consultores ambientales, fechado en agosto de 2016.
La imparcialidad de Nirich como asesor de la Provincia también fue cuestionada durante la polémica instalación de Monsanto en Córdoba. El 11 de marzo de 2014, La Voz publicó que Nirich sostuvo vínculos profesionales con Jorge Dutto, ingeniero responsable del estudio de impacto ambiental de Monsanto.
Dutto trabajó con la empresa Innviron, la misma que en 2010 ofreció instalarse en Córdoba con un proyecto realizado por Nirich.
Nirich admitió estos vínculos. “No soy funcionario (de la Provincia), no firmo expedientes ni tengo incidencia en los trámites; sólo asesoro al ministro en cuestiones hídricas y ambientales”, argumentó.
En el caso Innviron, Nirich protagonizó otro hecho cuestionable. En 2010, fue representante de esta empresa, que estuvo a punto de quedarse con el tratamiento de residuos urbanos en Córdoba, en Villa María y en Río Cuarto, pero que al final resultó ser un fiasco. Meses antes había trabajado como funcionario en Obras Públicas del municipio capitalino.
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Fecha de Publicación: 17/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Funcionarios actuales de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba fueron antes directivos en empresas o dueños de consultoras en el tema. También hay vínculos entre autoridades y un instituto encargado de hacer análisis a pedido del Estado.
Parece que el mundo de los residuos peligrosos es muy pequeño en Córdoba. Tanto que actuales funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia alguna vez fueron directivos de la empresa Taym, una de las principales operadoras de estos desechos en Córdoba, que ahora está en el ojo de la tormenta.
El nombre que hace ruido es el de Gustavo Savanco, quien trabajó para el área de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente hasta septiembre de 2016, según confirmaron desde este organismo. Esta misma persona fue jefe de planta de Taym SA por lo menos hasta 2011. En octubre de ese año, participó de unas jornadas sobre ambiente en representación de esta empresa.
En un documento de marzo de 2008 al que pudo acceder La Voz, Savanco aparece firmando como representante técnico de Taym SA para solicitar más información sobre un trámite que esta empresa estaba realizando ante la Secretaría de Ambiente.
El expediente (0517-003622/2004) tiene fecha de inicio en 2004. Ese año, una auditoría determinó una situación irregular en la planta de tratamientos que Taym tiene cerca de Bouwer y que hace unos días se inundó por las fuertes lluvias en la zona. Savanco nunca fue designado oficialmente en su puesto. Desde la Provincia, reconocieron que ocupó ese lugar, pero que, desde septiembre de 2016, el encargado de Residuos ?Peligrosos es Eduardo Garro.
Desde abril de 2016 hasta marzo de este año, Savanco recibió una “ayuda económica” mensual de 4.800 pesos en el marco del programa Guardianes Ambientales, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. La Voz pudo acceder al listado de voluntarios de 2016-2017 de este programa que está activo desde 2014.
Savanco es ingeniero civil y especialista en Ingeniería Ambiental, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Relaciones con la UTN
En tanto, Javier Britch, el actual secretario de Ambiente de la Provincia, fue durante mucho tiempo codirector del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (Ciqa) de la UTN Córdoba. Todavía figura en su sitio web.
Ciqa es la institución a la que el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep) recurrió para realizar los análisis de agua potable y cruda del canal Los Molinos luego del anegamiento que sufrió la planta de Taym.
Lo mismo sucede con Natalia Nachef, directora general de Instrumentos y Políticas de Gestión Ambiental de la Provincia desde enero de 2016. Entre 2009 y 2013 fue responsable del área de Gestión e Impacto Ambiental de esta institución de la UTN.
Héctor Macaño, director del Ciqa, aseguró que Britch está con licencia desde que es funcionario provincial, hace cinco años. “La página web no está actualizada”, reconoció. Y agregó: “La gente debe estar tranquila de que no hay nada raro. Los que firmamos los informes de los análisis nos hacemos legalmente responsables. Está mi matrícula profesional en juego”.
En la ley de bosques
Otro caso es el de Sergio Nirich. En diciembre de 2015, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció que Nirich, asesor de Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, también figuraba como dueño de una consultora ambiental, llamada Moebius. Su socia era Flavia Franchi Lamberti, su esposa (al menos hasta 2014).
“La denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque en la maquinaria judicial de Córdoba todos estos temas se archivan”, aseguró Raúl Montenegro, de Funam. El organismo nacional también desestimó el pedido de la ONG.
Según el escrito de Funam, al que se adjuntaron varios documentos, Franchi Lamberti figuraba como asesora ambiental en varios proyectos. El más reciente es el 0517-020304/2014, por un loteo sobre la ruta E-53.
El cortocircuito se genera porque, en diciembre de 2014, Nirich asumió como coordinador de la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, que tenía por objetivo reactualizar el mapa de la ley de bosques.
“¿Con qué imparcialidad Sergio Nirich puede contribuir a redefinir las zonas rojas, amarillas y verdes de la ley de bosques, habida cuenta de que sus clientes pretenden implantar sus loteos en zona de bosque nativo?”, se preguntaba Funam en la denuncia ante la Defensoría.
En este texto, Funam decía que era conveniente “tomar alguna medida precautoria para tener copias certificadas de los contenidos de páginas web correspondientes a la empresa Moebius y a sus propietarios”. Efectivamente, ya no existe la página web mencionada y Nirich asegura que la consultora Moebius se desarmó.
De todas formas, Franchi Lamberti figura en el último listado oficial de consultores ambientales, fechado en agosto de 2016.
La imparcialidad de Nirich como asesor de la Provincia también fue cuestionada durante la polémica instalación de Monsanto en Córdoba. El 11 de marzo de 2014, La Voz publicó que Nirich sostuvo vínculos profesionales con Jorge Dutto, ingeniero responsable del estudio de impacto ambiental de Monsanto.
Dutto trabajó con la empresa Innviron, la misma que en 2010 ofreció instalarse en Córdoba con un proyecto realizado por Nirich.
Nirich admitió estos vínculos. “No soy funcionario (de la Provincia), no firmo expedientes ni tengo incidencia en los trámites; sólo asesoro al ministro en cuestiones hídricas y ambientales”, argumentó.
En el caso Innviron, Nirich protagonizó otro hecho cuestionable. En 2010, fue representante de esta empresa, que estuvo a punto de quedarse con el tratamiento de residuos urbanos en Córdoba, en Villa María y en Río Cuarto, pero que al final resultó ser un fiasco. Meses antes había trabajado como funcionario en Obras Públicas del municipio capitalino.
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Las inundaciones son manenaza, el desmonte el acelerador
Inundaciones, la mayor amenaza para la Argentina
Fecha de Publicación: 16/04/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El agua empezó a bajar en algunas de las zonas afectadas por las inundaciones. Quedaron los destrozos y la terrible sensación de comenzar desde cero. Pero las malas noticias no terminaron: es alto el peligro de que lluvias extremas y desbordes de ríos se repitan. "Las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país y representan el 60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos", explica Catalina Ramírez, la especialista de Agua y Saneamiento del Banco Mundial que el año pasado hizo un estudio sobre el tema.
Y continúa: "Sólo en la provincia de Buenos Aires en 2015 las precipitaciones afectaron 800.000 hectáreas y se perdieron casi 6000 cabezas de ganado, lo que implicó una pérdida de 652 millones de dólares".
La experta indica que el 80% de la población del país vive en la planicie del Paraná y del Paraguay, y el resto se ubica generalmente cerca de los cursos de agua. "El crecimiento urbano desorganizado, luego el cambio del uso del suelo, zonas que antes eran bosques y cambian áreas agrícolas o el recambio por el monocultivo, sumado a los efectos del cambio climático hacen que los efectos de las precipitaciones más intensas se sientan cada vez más", agrega Ramírez.
Las inundaciones ribereñas suceden mayormente en el norte y centro de la Argentina, en especial a lo largo de la cuenca del río Paraná. "La deforestación en las cuencas altas, una infraestructura deficiente de drenaje en el área rural y mayores precipitaciones contribuyen a un riesgo acrecentado de sufrir inundaciones ribereñas. La superposición de mapas de deforestación y de inundaciones ribereñas pueden sugerir una correlación entre la distribución espacial de ambos fenómenos", se explica en el trabajo hecho por especialistas del organismo multilateral de crédito.
Según se consigna en el reporte, el costo de las inundaciones ribereñas representa el 49% del anual total por desastres naturales, mientras que el de las inundaciones urbanas significa otro 46%. El informe fue hecho el año pasado por un equipo de expertos en desarrollo sostenible, medio ambiente y recursos naturales. En total calcularon que los daños causados por el agua equivalen cada año al 0,7% del producto bruto interno (PBI).
El volumen de lluvias creció 20% entre 1961 y 2010, según las estimaciones, pero ese es sólo uno de los factores que afectan a la situación de las inundaciones.
Vicente Barros, investigador del Conicet y miembro del Panel Intergubernamental de Lucha contra el Cambio Climático, acaba de editar un libro junto a Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera, dirigido a aquellas personas que deben tomar decisiones en el área. "El cambio climático es un factor dentro de otros factores que incluso son más dinámicos, más fuertes y más rápidos. La expansión de la frontera agropecuaria que obedece a los precios internacionales y a la demanda al mismo tiempo estuvo acompañada de un cambio de clima que favoreció esa expansión, pero eso trae consecuencias sobre los ecosistemas. No es que simplemente el cambio climático produce un daño, sino que es una interrelación", indica el científico.
En el trabajo del Banco Mundial se hace hincapié en el uso del suelo y la actividad agrícola: "Entre 2001 y 2014, la Argentina perdió más del 12% de sus zonas forestales, lo que equivale a perder un bosque del tamaño de un campo de fútbol cada minuto, y se compara con una pérdida de cubierta forestal del 7,4% en Brasil y de 6,3% en el mundo. Durante ese mismo período, la Argentina se posicionó novena en la pérdida de cubierta forestal a escala global, y en la provincia de Santiago del Estero se dieron los mayores niveles de desmonte en el mundo. Casi toda la deforestación (93%) ocurrió en el norte del país", indica.
En el informe hecho por la compañía proveedora de reaseguros y seguro Swiss Re, "El riesgo de inundación en Argentina", se sostiene que uno de cada tres argentinos vive en áreas altamente expuestas a inundaciones, llegando a un total de 14,2 millones de personas en todo el país. En el informe se advierte que, cada año, la economía podría perder alrededor del 0,15% del PBI por situaciones asociadas a inundaciones, y ubica a la Argentina en el top 10 de los países emergentes con mayores riesgos, entre Rusia, la India, Brasil y China.
En el libro La Argentina y el cambio climático. De la física a la política (Eudeba, 2016), Barros y Camilloni también se refieren a las acciones. "Las respuestas a las más frecuentes inundaciones se fueron concretando desde años, aunque aún faltan obras y principalmente, sistemas de respuestas que incluyan un amplio abanico de manejo previo, durante y después del episodio de la inundación."
En ese sentido, Carole Megevand, líder del Programa de Desarrollo Sustentable para la Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, agrega: "El factor del cambio climático va a amplificar lo que hemos visto en años pasados. Tenemos que estar preparados y tener sistemas que permitan monitorear y otros de prevención. Es fundamental fortalecer el de información para tener una reacción mucho más rápida", dice para referirse, por ejemplo, a la inversión en sistemas en líneas de monitoreo de ríos y a la mayor inversión en los servicios meteorológicos y de alerta.
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Fecha de Publicación: 16/04/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El agua empezó a bajar en algunas de las zonas afectadas por las inundaciones. Quedaron los destrozos y la terrible sensación de comenzar desde cero. Pero las malas noticias no terminaron: es alto el peligro de que lluvias extremas y desbordes de ríos se repitan. "Las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país y representan el 60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos", explica Catalina Ramírez, la especialista de Agua y Saneamiento del Banco Mundial que el año pasado hizo un estudio sobre el tema.
Y continúa: "Sólo en la provincia de Buenos Aires en 2015 las precipitaciones afectaron 800.000 hectáreas y se perdieron casi 6000 cabezas de ganado, lo que implicó una pérdida de 652 millones de dólares".
La experta indica que el 80% de la población del país vive en la planicie del Paraná y del Paraguay, y el resto se ubica generalmente cerca de los cursos de agua. "El crecimiento urbano desorganizado, luego el cambio del uso del suelo, zonas que antes eran bosques y cambian áreas agrícolas o el recambio por el monocultivo, sumado a los efectos del cambio climático hacen que los efectos de las precipitaciones más intensas se sientan cada vez más", agrega Ramírez.
Las inundaciones ribereñas suceden mayormente en el norte y centro de la Argentina, en especial a lo largo de la cuenca del río Paraná. "La deforestación en las cuencas altas, una infraestructura deficiente de drenaje en el área rural y mayores precipitaciones contribuyen a un riesgo acrecentado de sufrir inundaciones ribereñas. La superposición de mapas de deforestación y de inundaciones ribereñas pueden sugerir una correlación entre la distribución espacial de ambos fenómenos", se explica en el trabajo hecho por especialistas del organismo multilateral de crédito.
Según se consigna en el reporte, el costo de las inundaciones ribereñas representa el 49% del anual total por desastres naturales, mientras que el de las inundaciones urbanas significa otro 46%. El informe fue hecho el año pasado por un equipo de expertos en desarrollo sostenible, medio ambiente y recursos naturales. En total calcularon que los daños causados por el agua equivalen cada año al 0,7% del producto bruto interno (PBI).
El volumen de lluvias creció 20% entre 1961 y 2010, según las estimaciones, pero ese es sólo uno de los factores que afectan a la situación de las inundaciones.
Vicente Barros, investigador del Conicet y miembro del Panel Intergubernamental de Lucha contra el Cambio Climático, acaba de editar un libro junto a Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera, dirigido a aquellas personas que deben tomar decisiones en el área. "El cambio climático es un factor dentro de otros factores que incluso son más dinámicos, más fuertes y más rápidos. La expansión de la frontera agropecuaria que obedece a los precios internacionales y a la demanda al mismo tiempo estuvo acompañada de un cambio de clima que favoreció esa expansión, pero eso trae consecuencias sobre los ecosistemas. No es que simplemente el cambio climático produce un daño, sino que es una interrelación", indica el científico.
En el trabajo del Banco Mundial se hace hincapié en el uso del suelo y la actividad agrícola: "Entre 2001 y 2014, la Argentina perdió más del 12% de sus zonas forestales, lo que equivale a perder un bosque del tamaño de un campo de fútbol cada minuto, y se compara con una pérdida de cubierta forestal del 7,4% en Brasil y de 6,3% en el mundo. Durante ese mismo período, la Argentina se posicionó novena en la pérdida de cubierta forestal a escala global, y en la provincia de Santiago del Estero se dieron los mayores niveles de desmonte en el mundo. Casi toda la deforestación (93%) ocurrió en el norte del país", indica.
En el informe hecho por la compañía proveedora de reaseguros y seguro Swiss Re, "El riesgo de inundación en Argentina", se sostiene que uno de cada tres argentinos vive en áreas altamente expuestas a inundaciones, llegando a un total de 14,2 millones de personas en todo el país. En el informe se advierte que, cada año, la economía podría perder alrededor del 0,15% del PBI por situaciones asociadas a inundaciones, y ubica a la Argentina en el top 10 de los países emergentes con mayores riesgos, entre Rusia, la India, Brasil y China.
En el libro La Argentina y el cambio climático. De la física a la política (Eudeba, 2016), Barros y Camilloni también se refieren a las acciones. "Las respuestas a las más frecuentes inundaciones se fueron concretando desde años, aunque aún faltan obras y principalmente, sistemas de respuestas que incluyan un amplio abanico de manejo previo, durante y después del episodio de la inundación."
En ese sentido, Carole Megevand, líder del Programa de Desarrollo Sustentable para la Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, agrega: "El factor del cambio climático va a amplificar lo que hemos visto en años pasados. Tenemos que estar preparados y tener sistemas que permitan monitorear y otros de prevención. Es fundamental fortalecer el de información para tener una reacción mucho más rápida", dice para referirse, por ejemplo, a la inversión en sistemas en líneas de monitoreo de ríos y a la mayor inversión en los servicios meteorológicos y de alerta.
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Poder político y minero pone en peligro la “Cueva de las Manos”
Intendente de Perito Moreno vendió tierras fiscales a una minera para pagar sueldos y promete cuidar “Cueva de las Manos”
Fecha de Publicación: 16/04/2017
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
La información suministrada desde la municipalidad de Perito Moreno y desde el Concejo Deliberante, indica que el intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, decidió la venta de un terreno fiscal a la minera GodCorp, como forma de hacerse de fondos para el pago de sueldos. El HCD aprobó la venta, excepto por un concejal, quien se manejó con la lógica: “este mes resolvemos el problema y el mes que viene ¿Vendemos otro terreno?”, se preguntó. Lo grave es que este municipio se propone como el “custodio” de Cueva de las Manos para dejarlo a resguardo de la explotación minera. Paradoja, mentira o realidad. Es lo que se debe vigilar.
Sintéticamente y por información suministrada desde el propio municipio de Perito Moreno, se ha dado a conocer que el intendente Mauro Casarini, decidió vender un terrenos fiscal que oportunamente estaba destinado a construir el edificio del Concejo Deliberante, a la firma minera GoldCorp SA por la suma de $ 4.100.000,00. Para tal fin ingresó el proyecto a la última sesión y en un voto de 3 a 1, los concejales mayoritariamente decidieron que ante la necesidad de fondos frescos para el pago de los salarios, era una medida lógica que la comuna vendiera el predio, dado que el edificio del HCD por diversas razones (especialmente económicas) no se había podido construir ni constaba decisión alguna al respecto.
De los cuatro ediles, tres votaron a favor de la venta y uno en contra. Damián Pezolano, una de las principales fuentes de OPI Santa Cruz cuando en el año 2010 hicimos una zaga de videos sobre el tema minero en Perito Moreno y descubrimos por primera vez la intención de Patagonia Gold de hacer cateos en zona de Cueva de las Manos, fue el único concejal que hizo un planteo racional y atendible: dijo que si bien con esta venta el problema salarial de este mes estaba resuelto, preguntó si el mes que viene el Intendente volvería a vender otro terreno más para pagar los sueldos por venir y así sucesivamente.
Los tres concejales restantes del oficialismo, Donoso, Burgos y Gayet en apoyo irrestricto al intendente justificaron la venta a GoldCorp en casi un 500% del valor de la tierra, indicando en este caso que no es la mejor medida, pero ante la ausencia de ayuda desde provincia y nación, se ven obligados a buscar una salida financiera a Perito Moreno.
¿Custodio confiable?
Este mismo intendente es quien se ha propuesto como custodio de los intereses culturales de Cueva de las Manos, un sitio arqueológico expresamente amenazado por el impacto de la megaminería y los próximos cateos de Patagonia Gold en proximidad del recurso. Actualmente, los cateos están detenidos por un fallo judicial tras un Amparo interpuesto por una ONG y existe una puja entre nación y provincial, ya que todos (incluyendo el municipio) se quejan y proclaman la preservación de Cueva de las Manos, pero ha sido el propio gobierno de Santa Cruz, a través de su Secretaría de Minería, que autorizó las exploraciones, hecho que OPI señaló en el año 2010 a través de un video que da detalles al respecto.
Como conocemos el comportamiento de los funcionarios y políticos en Santa Cruz, su doble estandard y especialmente del oficialismo, nos estamos tan seguros que Cueva de las Manos esté debidamente protegida si no se afianza como Parque Nacional y se dictan leyes expresas en contra de la explotación megaminera a su alrededor, como ya ha sido autorizada por la provincia.
En el estado actual de necesidad de los municipios y teniendo en cuenta que Perito Moreno, no escapa a las generales de esta situación y las pruebas son más que elocuentes, ya que hoy el Intendente vende tierras fiscales para pagar salarios y la provincia está en un salsipuedes financiero del que no puede salir sin fondos millonarios, no sería extraño que en algún momento, de tener decisión exclusiva sobre los destinos del sitio arqueológico, a alguien se le ocurra enajenar tierras o patrimonio, solventado y avalado por “leyes hechas a medida”, por legisladores que han demostrado, cada vez que pudieron, lo lejos que están del interés del pueblo y lo cerca del personal y político del gobernante de turno.
Como se ve, son siempre las empresas mineras, los capitales “que más a mano tienen” intendentes y gobernadores, cuando necesitan “efectivo”. Ya sucedió a lo largo de la corta historia financiera de Santa Cruz en los últimos 15 años. Finalmente, las multinacionales saben que deben esperar la ocasión. Cuando la soga aprieta el cuello de intendentes y gobernadores, negocian cualquier cosa a mano, venden las joyas de la abuela, pactan cualquier negocio, especialmente si las consecuencias no son inmediatas y las van a pagar otros, cuando ellos ya no estén en sus cargos.
Por todo esto es tan necesario que Cueva de las Manos esté protegida de las decisiones de políticos de Santa Cruz. Tampoco sería deseable que sea una competencia exclusiva en el orden nacional, porque sabemos que allí tampoco existe idoneidad e interés por preservar la historia en Santa Cruz, todo se mueve al ritmo de la necesidad económica y los negocios multimillonarios.
Lo ideal, para preservar Cueva de las Manos, sería que la competencia sea compartida (Nación, provincia, municipio) y existan organismos no estatales (como ONGs preservacionistas) que tengan ejecutividad de control; con leyes claras que no admitan la megaminería en adyacencias del sitio arqueológico. Hoy, se está a la espera de destrabar el Amparo ante la justicia y a partir de allí, Patagonia Gold hará lo que sabe y quiere y la provincia de Santa Cruz ha autorizado. Mientras todo esto pasa, los mismos actores se hacen los distraídos hablando de un conservacionismo que pocos sienten.
En las actuales condiciones de necesidad financiera y a la vista de lo que ocurre con las tierras fiscales de Perito Moreno y la decisión del Intendente Casarini de enajenar tierras y patrimonio público para llegar a fin de mes, dudamos que sea una buena idea dejar unilateralmente en manos de él y cualquiera en la misma situación, la decisión de negociar o no la conservación de Cueva de las Manos con las mineras que esperan los momentos de mayor debilidad económica para comprar campos y hacer negocios con las riquezas naturales de Santa Cruz.
“Basándonos en lo que nos dicen los especialistas, el cateo podría no tener consecuencias directas sobre el sitio pero sí en el entorno paisajístico y también en la flora y la fauna de los alrededores del mismo, es por ello que para nosotros no es un tema menor sino que es un tema que debemos tener claro todas las partes involucradas. ¿Cuáles son los alcances del cateo? y ¿Quién podría verse perjudicado ante un eventual avance posterior de una futura explotación?”, dijo Casarín hace poco en un análisis del discurso que hizo OPI. Estamos ante un nuevo interrogante de lo que algunos podrán hacer en nombre de la necesidad.
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Fecha de Publicación: 16/04/2017
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
La información suministrada desde la municipalidad de Perito Moreno y desde el Concejo Deliberante, indica que el intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, decidió la venta de un terreno fiscal a la minera GodCorp, como forma de hacerse de fondos para el pago de sueldos. El HCD aprobó la venta, excepto por un concejal, quien se manejó con la lógica: “este mes resolvemos el problema y el mes que viene ¿Vendemos otro terreno?”, se preguntó. Lo grave es que este municipio se propone como el “custodio” de Cueva de las Manos para dejarlo a resguardo de la explotación minera. Paradoja, mentira o realidad. Es lo que se debe vigilar.
Sintéticamente y por información suministrada desde el propio municipio de Perito Moreno, se ha dado a conocer que el intendente Mauro Casarini, decidió vender un terrenos fiscal que oportunamente estaba destinado a construir el edificio del Concejo Deliberante, a la firma minera GoldCorp SA por la suma de $ 4.100.000,00. Para tal fin ingresó el proyecto a la última sesión y en un voto de 3 a 1, los concejales mayoritariamente decidieron que ante la necesidad de fondos frescos para el pago de los salarios, era una medida lógica que la comuna vendiera el predio, dado que el edificio del HCD por diversas razones (especialmente económicas) no se había podido construir ni constaba decisión alguna al respecto.
De los cuatro ediles, tres votaron a favor de la venta y uno en contra. Damián Pezolano, una de las principales fuentes de OPI Santa Cruz cuando en el año 2010 hicimos una zaga de videos sobre el tema minero en Perito Moreno y descubrimos por primera vez la intención de Patagonia Gold de hacer cateos en zona de Cueva de las Manos, fue el único concejal que hizo un planteo racional y atendible: dijo que si bien con esta venta el problema salarial de este mes estaba resuelto, preguntó si el mes que viene el Intendente volvería a vender otro terreno más para pagar los sueldos por venir y así sucesivamente.
Los tres concejales restantes del oficialismo, Donoso, Burgos y Gayet en apoyo irrestricto al intendente justificaron la venta a GoldCorp en casi un 500% del valor de la tierra, indicando en este caso que no es la mejor medida, pero ante la ausencia de ayuda desde provincia y nación, se ven obligados a buscar una salida financiera a Perito Moreno.
¿Custodio confiable?
Este mismo intendente es quien se ha propuesto como custodio de los intereses culturales de Cueva de las Manos, un sitio arqueológico expresamente amenazado por el impacto de la megaminería y los próximos cateos de Patagonia Gold en proximidad del recurso. Actualmente, los cateos están detenidos por un fallo judicial tras un Amparo interpuesto por una ONG y existe una puja entre nación y provincial, ya que todos (incluyendo el municipio) se quejan y proclaman la preservación de Cueva de las Manos, pero ha sido el propio gobierno de Santa Cruz, a través de su Secretaría de Minería, que autorizó las exploraciones, hecho que OPI señaló en el año 2010 a través de un video que da detalles al respecto.
Como conocemos el comportamiento de los funcionarios y políticos en Santa Cruz, su doble estandard y especialmente del oficialismo, nos estamos tan seguros que Cueva de las Manos esté debidamente protegida si no se afianza como Parque Nacional y se dictan leyes expresas en contra de la explotación megaminera a su alrededor, como ya ha sido autorizada por la provincia.
En el estado actual de necesidad de los municipios y teniendo en cuenta que Perito Moreno, no escapa a las generales de esta situación y las pruebas son más que elocuentes, ya que hoy el Intendente vende tierras fiscales para pagar salarios y la provincia está en un salsipuedes financiero del que no puede salir sin fondos millonarios, no sería extraño que en algún momento, de tener decisión exclusiva sobre los destinos del sitio arqueológico, a alguien se le ocurra enajenar tierras o patrimonio, solventado y avalado por “leyes hechas a medida”, por legisladores que han demostrado, cada vez que pudieron, lo lejos que están del interés del pueblo y lo cerca del personal y político del gobernante de turno.
Como se ve, son siempre las empresas mineras, los capitales “que más a mano tienen” intendentes y gobernadores, cuando necesitan “efectivo”. Ya sucedió a lo largo de la corta historia financiera de Santa Cruz en los últimos 15 años. Finalmente, las multinacionales saben que deben esperar la ocasión. Cuando la soga aprieta el cuello de intendentes y gobernadores, negocian cualquier cosa a mano, venden las joyas de la abuela, pactan cualquier negocio, especialmente si las consecuencias no son inmediatas y las van a pagar otros, cuando ellos ya no estén en sus cargos.
Por todo esto es tan necesario que Cueva de las Manos esté protegida de las decisiones de políticos de Santa Cruz. Tampoco sería deseable que sea una competencia exclusiva en el orden nacional, porque sabemos que allí tampoco existe idoneidad e interés por preservar la historia en Santa Cruz, todo se mueve al ritmo de la necesidad económica y los negocios multimillonarios.
Lo ideal, para preservar Cueva de las Manos, sería que la competencia sea compartida (Nación, provincia, municipio) y existan organismos no estatales (como ONGs preservacionistas) que tengan ejecutividad de control; con leyes claras que no admitan la megaminería en adyacencias del sitio arqueológico. Hoy, se está a la espera de destrabar el Amparo ante la justicia y a partir de allí, Patagonia Gold hará lo que sabe y quiere y la provincia de Santa Cruz ha autorizado. Mientras todo esto pasa, los mismos actores se hacen los distraídos hablando de un conservacionismo que pocos sienten.
En las actuales condiciones de necesidad financiera y a la vista de lo que ocurre con las tierras fiscales de Perito Moreno y la decisión del Intendente Casarini de enajenar tierras y patrimonio público para llegar a fin de mes, dudamos que sea una buena idea dejar unilateralmente en manos de él y cualquiera en la misma situación, la decisión de negociar o no la conservación de Cueva de las Manos con las mineras que esperan los momentos de mayor debilidad económica para comprar campos y hacer negocios con las riquezas naturales de Santa Cruz.
“Basándonos en lo que nos dicen los especialistas, el cateo podría no tener consecuencias directas sobre el sitio pero sí en el entorno paisajístico y también en la flora y la fauna de los alrededores del mismo, es por ello que para nosotros no es un tema menor sino que es un tema que debemos tener claro todas las partes involucradas. ¿Cuáles son los alcances del cateo? y ¿Quién podría verse perjudicado ante un eventual avance posterior de una futura explotación?”, dijo Casarín hace poco en un análisis del discurso que hizo OPI. Estamos ante un nuevo interrogante de lo que algunos podrán hacer en nombre de la necesidad.
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Créditos para adecuarse ambientalmente en el Riachuelo
Las empresas de la Cuenca Matanza Riachuelo tendrán acceso a créditos para adecuarse ambientalmente
Fecha de Publicación: 15/04/2017
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Presidente de ACUMAR, Gladys González, firmó un convenio con Aleandra Scafati, presidente de BA Desarrollo, para facilitar el acceso al financiamiento a los establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo que deban adecuar ambientalmente sus procesos productivos.
“Logrando simplificar el acceso al crédito estamos sumando una nueva herramienta para todas aquellas industrias que quieren seguir desarrollándose en la Cuenca” afirmó la presidente de ACUMAR, Gladys González. “A través de este acuerdo que se suma a otra serie de medidas que tiene el Organismo para que las empresas se reconviertan, se da un paso más para alcanzar el objetivo de dejar de contaminar y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Cuenca, promoviendo que cada vez más empresas trabajen de manera armónica con el ambiente”, finalizó Gladys González.
ACUMAR tiene facultades de regulación y control respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la Cuenca. El convenio firmado contempla que los establecimientos radicados en la región identificados como agentes contaminantes y que deben encarar un plan de adecuación para minimizar los impactos ambientales que provocan puedan acceder a los créditos ofrecidos por BA Desarrollo.
Esta herramienta también estará disponible para aquellos interesados en implementar programas de optimización de la gestión ambiental y/o considerar la relocalización de empresas a parques industriales y la modernización de las instalaciones.
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Fecha de Publicación: 15/04/2017
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Presidente de ACUMAR, Gladys González, firmó un convenio con Aleandra Scafati, presidente de BA Desarrollo, para facilitar el acceso al financiamiento a los establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo que deban adecuar ambientalmente sus procesos productivos.
“Logrando simplificar el acceso al crédito estamos sumando una nueva herramienta para todas aquellas industrias que quieren seguir desarrollándose en la Cuenca” afirmó la presidente de ACUMAR, Gladys González. “A través de este acuerdo que se suma a otra serie de medidas que tiene el Organismo para que las empresas se reconviertan, se da un paso más para alcanzar el objetivo de dejar de contaminar y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Cuenca, promoviendo que cada vez más empresas trabajen de manera armónica con el ambiente”, finalizó Gladys González.
ACUMAR tiene facultades de regulación y control respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la Cuenca. El convenio firmado contempla que los establecimientos radicados en la región identificados como agentes contaminantes y que deben encarar un plan de adecuación para minimizar los impactos ambientales que provocan puedan acceder a los créditos ofrecidos por BA Desarrollo.
Esta herramienta también estará disponible para aquellos interesados en implementar programas de optimización de la gestión ambiental y/o considerar la relocalización de empresas a parques industriales y la modernización de las instalaciones.
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Ante críticas, afirman que 'está presente' en las inundaciones
El Gobierno asegura que 'está presente' ante la emergencia por las inundaciones
Fecha de Publicación: 09/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El ministro Bergman adjudicó las graves consecuencias a la falta de "obras elementales" desde hace "tantos años".
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, aseguró hoy que el Gobierno "está presente" ante la emergencia por las inundaciones que afectan a distintas zonas del país y adjudicó las graves consecuencias a la falta de "obras elementales" desde hace "tantos años".
"Es muy importante que los vecinos entiendan que estamos presentes, que el Estado está. Por eso el presidente (Mauricio) Macri nos instruyó a que demos una clara señal de que estamos presentes como equipo, no importa de qué ministerio, aquí estamos trabajando todos por el mismo equipo, no importa quién lo hace", aseguró.
En declaraciones a radio Continental, el funcionario resaltó además que la ayuda inmediata "viene de la mano de un plan de infraestructura de los más ambiciosos de las últimas décadas", pero admitió que los problemas no se pueden resolver "de un día para el otro".
En ese sentido, adjudicó las consecuencias de las lluvias a los trabajos "que están demorados en el tiempo desde hace tantos años, donde la gente no vio las obras elementales para prever y contener".
Bergman informó que ya enviaron 13 camiones con elementos básicos rumbo a Comodoro Rivadavia, donde adelantó que construirán más de mil viviendas para los afectados por el temporal, "en un plan que ya se pone en funcionamiento".
"Esto no se puede resolver de un día para el otro. Hay que estar presentes en las emergencias, pero hay que tener planes serios, concretos, que den soluciones estructurales", añadió.
Hasta ayer, unas 15 mil personas permanecían evacuadas en localidades del norte y el sudeste del país a raíz del temporal de lluvias que duró varios días y provocó inundaciones y la muerte de dos mujeres en Salta.
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Fecha de Publicación: 09/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El ministro Bergman adjudicó las graves consecuencias a la falta de "obras elementales" desde hace "tantos años".
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, aseguró hoy que el Gobierno "está presente" ante la emergencia por las inundaciones que afectan a distintas zonas del país y adjudicó las graves consecuencias a la falta de "obras elementales" desde hace "tantos años".
"Es muy importante que los vecinos entiendan que estamos presentes, que el Estado está. Por eso el presidente (Mauricio) Macri nos instruyó a que demos una clara señal de que estamos presentes como equipo, no importa de qué ministerio, aquí estamos trabajando todos por el mismo equipo, no importa quién lo hace", aseguró.
En declaraciones a radio Continental, el funcionario resaltó además que la ayuda inmediata "viene de la mano de un plan de infraestructura de los más ambiciosos de las últimas décadas", pero admitió que los problemas no se pueden resolver "de un día para el otro".
En ese sentido, adjudicó las consecuencias de las lluvias a los trabajos "que están demorados en el tiempo desde hace tantos años, donde la gente no vio las obras elementales para prever y contener".
Bergman informó que ya enviaron 13 camiones con elementos básicos rumbo a Comodoro Rivadavia, donde adelantó que construirán más de mil viviendas para los afectados por el temporal, "en un plan que ya se pone en funcionamiento".
"Esto no se puede resolver de un día para el otro. Hay que estar presentes en las emergencias, pero hay que tener planes serios, concretos, que den soluciones estructurales", añadió.
Hasta ayer, unas 15 mil personas permanecían evacuadas en localidades del norte y el sudeste del país a raíz del temporal de lluvias que duró varios días y provocó inundaciones y la muerte de dos mujeres en Salta.
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Barrick: Uñac quiere "reunirse" con las autoridades
El gobernador espera reunirse con las autoridades de Barrick tras el incidente en Veladero
Fecha de Publicación: 05/04/2017
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
Sergio Uñac, antes de partir hacia la Legislatura este lunes, comunicó que el proyecto deberá garantizar un mejor desarrollo de la minería
A punto de partir hacia la Legislatura provincial este lunes para dar su discurso anual, el gobernador, Sergio Uñac, se refirió a la posibilidad de reunirse este martes con las autoridades de Barrick Gold para tratar el tema de los sucesivos incidentes en Veladero.
Luego de lo sucedido el martes 28 de marzo, el primer mandatario condicionó la permanencia de la empresa que tiene a cargo el proyecto minero. Exigió que la cúpula máxima de la firma llegue a la Argentina para garantizar seguridad y cuidado medioambiental.
En ese marco, Uñac dijo que "no podemos tener incidentes cada semana, queremos resguardar que en San Juan se hace minería con responsabilidad ambiental y social, y este proyecto nos ha dado dolores de cabeza en este último tiempo".
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Fecha de Publicación: 05/04/2017
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
Sergio Uñac, antes de partir hacia la Legislatura este lunes, comunicó que el proyecto deberá garantizar un mejor desarrollo de la minería
A punto de partir hacia la Legislatura provincial este lunes para dar su discurso anual, el gobernador, Sergio Uñac, se refirió a la posibilidad de reunirse este martes con las autoridades de Barrick Gold para tratar el tema de los sucesivos incidentes en Veladero.
Luego de lo sucedido el martes 28 de marzo, el primer mandatario condicionó la permanencia de la empresa que tiene a cargo el proyecto minero. Exigió que la cúpula máxima de la firma llegue a la Argentina para garantizar seguridad y cuidado medioambiental.
En ese marco, Uñac dijo que "no podemos tener incidentes cada semana, queremos resguardar que en San Juan se hace minería con responsabilidad ambiental y social, y este proyecto nos ha dado dolores de cabeza en este último tiempo".
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Bergman defiende a Salta en cuanto a deforestación
“Salta, que venía bastante mal, no es la peor en deforestación", aseguró Sergio Bergman
Fecha de Publicación: 01/04/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta - Nacional
El ministro de Ambiente de la Nación se encuentra en la ciudad y dijo que “hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa” de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Ante los informes que advierten la alta tasa de deforestación en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, dijo: “en la última auditoría que hicimos, Salta, que venía bastante mal, no es la peor”.
Así lo aseguró el funcionario durante su visita en la capital salteña. "Es más estamos preocupados porque a la hora de hacer un ranking hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa (de ordenamiento territorial de bosques nativos) ni con la rendición de fondos”, manifestó a la prensa.
El ministro también se refirió a las expectativas que hay en ciertos sectores económicos de ampliar las áreas productivas. Dijo que tiene claro que Salta recibe una gran presión sobre la extensión de la barrera agropecuaria, pero aseveró que desde el Ministerio están dispuestos a ayudar a Salta a que tenga un manejo sustentable de los bosques “porque no podemos permitir seguir deforestando”.
El funcionario aseguró que desde el gobierno nacional se busca la conservación de los bosques nativos. “Vamos a enseñar a nuestros hijos que lo que hicimos antes no estaba bien pero que tenemos una modalidad de hacerlo mejor”, apuntó.
Asimismo, luego de una reunión con algunos intendentes de la provincia, detalló sobre la extensión de la red de cloacas a las localidades que aún no tienen. “Hay una transferencia de fondos del Ministerio de Interior desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de lo que es la coparticipación, son más de 3.000 millones de pesos que van a llegar en obras”, dijo.
Aunque inmediatamente después aclaró: “yo sé que la gente está a la expectativa porque hay una demora en el inicio de las obras, pero también es importante poder explicarlo; lo que se ha recibido de la gestión anterior no solo es el saqueo del Estado sino la imposibilidad de retomar de manera transparente las licitaciones de la obra pública, fue una acción de corrupción, tenemos gente procesada y esperamos que la justicia termine de mostrar quién tiene responsabilidad y culpabilidad”.
Por último, explicó que se reunió con algunos intendentes salteños y la dirigente del Pro en Salta, Bettina Romero, en la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina (Fundara), a fin de brindar “recursos técnicos” para que los municipios conformen consorcios y logren aplicar en el plan que busca erradicar los basurales a cielo abierto
“Para poder hacerlo hace falta fondos y estamos poniendo una agencia federal de gestión de residuos y un fondo de garantía para que los municipios, que no tienen capacidad propia de poder contratar empresas para hacer los cierres de los basurales, tengan apoyo financiero para hacerlo”, comentó el ministro, que además informo que este programa se financiará con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Fecha de Publicación: 01/04/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta - Nacional
El ministro de Ambiente de la Nación se encuentra en la ciudad y dijo que “hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa” de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Ante los informes que advierten la alta tasa de deforestación en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, dijo: “en la última auditoría que hicimos, Salta, que venía bastante mal, no es la peor”.
Así lo aseguró el funcionario durante su visita en la capital salteña. "Es más estamos preocupados porque a la hora de hacer un ranking hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa (de ordenamiento territorial de bosques nativos) ni con la rendición de fondos”, manifestó a la prensa.
El ministro también se refirió a las expectativas que hay en ciertos sectores económicos de ampliar las áreas productivas. Dijo que tiene claro que Salta recibe una gran presión sobre la extensión de la barrera agropecuaria, pero aseveró que desde el Ministerio están dispuestos a ayudar a Salta a que tenga un manejo sustentable de los bosques “porque no podemos permitir seguir deforestando”.
El funcionario aseguró que desde el gobierno nacional se busca la conservación de los bosques nativos. “Vamos a enseñar a nuestros hijos que lo que hicimos antes no estaba bien pero que tenemos una modalidad de hacerlo mejor”, apuntó.
Asimismo, luego de una reunión con algunos intendentes de la provincia, detalló sobre la extensión de la red de cloacas a las localidades que aún no tienen. “Hay una transferencia de fondos del Ministerio de Interior desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de lo que es la coparticipación, son más de 3.000 millones de pesos que van a llegar en obras”, dijo.
Aunque inmediatamente después aclaró: “yo sé que la gente está a la expectativa porque hay una demora en el inicio de las obras, pero también es importante poder explicarlo; lo que se ha recibido de la gestión anterior no solo es el saqueo del Estado sino la imposibilidad de retomar de manera transparente las licitaciones de la obra pública, fue una acción de corrupción, tenemos gente procesada y esperamos que la justicia termine de mostrar quién tiene responsabilidad y culpabilidad”.
Por último, explicó que se reunió con algunos intendentes salteños y la dirigente del Pro en Salta, Bettina Romero, en la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina (Fundara), a fin de brindar “recursos técnicos” para que los municipios conformen consorcios y logren aplicar en el plan que busca erradicar los basurales a cielo abierto
“Para poder hacerlo hace falta fondos y estamos poniendo una agencia federal de gestión de residuos y un fondo de garantía para que los municipios, que no tienen capacidad propia de poder contratar empresas para hacer los cierres de los basurales, tengan apoyo financiero para hacerlo”, comentó el ministro, que además informo que este programa se financiará con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Desmontes,
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Lobbista minero a cargo de un Parque Nacional
Avanzada minera: nombran al lobbista de una empresa a cargo de un Parque Nacional
Fecha de Publicación: 29/03/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
José Roco trabajaba para Xstrata Copper, la firma que opera el yacimiento de El Pachón, San Juan.
Si a lo largo de las últimas décadas las mineras vivieron tiempos de extractivismo con pocos o nulos controles, lo que sucede desde diciembre de 2015 es un proceso más profundo, potenciado en los últimos meses: mientras el gobierno ofrece en el extranjero sitios de la Argentina donde está prohibida la minería (por ejemplo, Famatina), se da un avance cultural de las mineras en diferentes facetas estatales, naturalizando su discurso. Desde Radio Nacional y la UBA hasta cargos jerárquicos del gobierno, e incluso en la dirección de un parque nacional en San Juan, cuyo flamante intendente viene de trabajar en la empresa que explota el cerro ubicado en esa misma zona.
Los dos lados del mostrador
"En el día de ayer asumió sus funciones como intendente del Parque Nacional El Leoncito, José Roco, profesional sanjuanino interiorizado con la dinámica del área protegida", señaló la Administración de Parques Nacionales el 15 de marzo pasado, en referencia al parque de 89.900 hectáreas ubicado al sudoeste de la provincia de San Juan. En esa región cordillerana del departamento de Calingasta está el yacimiento de El Pachón, donde la minera suiza Glencore planea realizar extracciones, aunque todavía debe presentar un estudio de impacto ambiental. Mientras, continúa en litigio con la chilena Pelambres, que usó 52 hectáreas de El Pachón como escombrera, sin permisos, traspasando la frontera y afectando lagunas y cauces de agua.
Pero José Adolfo Roco no es un intendente cualquiera. Viene de ocupar diferentes cargos en la filial sanjuanina de la empresa Xstrata Cooper SA, entre otros el de superintendente de Relaciones Comunitarias. Xstrata, con sede en Suiza, tiene como principal accionista a la gigante Glencore. Es decir, Roco será el encargado de administrar un área protegida en la misma región donde su exempleadora busca extraer minerales.
Este conflicto de intereses no es potestad solo de Roco. Sucede en el seno de la Secretaría de Minería, donde semanas atrás Santiago Dondo renunció a la Subsecretaría de Política Minera, clave para el plan de Cambiemos de inversiones y desregulación del sector, por cortocircuitos con Daniel Meilán. En su lugar nombraron al abogado Juan Bisset, exjefe de Legales de la minera Vale, una de las más grandes del mundo. Así lo denunció Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y apuntó otro funcionario, Mario Capello, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, acérrimo defensor de la quita de retenciones al sector, al punto de preguntarse públicamente: "¿Tan difícil resulta comprender que con esta decisión miles de familias se alejarían para siempre de una pobreza que las destruye?".
De la ley
Roco también representó a Xstrata Copper en el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), como titular de la Comisión Revisora durante el tratamiento y aprobación de la Ley de Glaciares, a la cual se opuso. Para GEMERA, es posible "proteger los verdaderos glaciares sin restringir el desarrollo minero y petrolero".
En la misma sintonía, para "agilizar" las inversiones extranjeras, hoy el objetivo del Poder Ejecutivo es avanzar con una reglamentación de la Ley de Glaciares mucho más flexible. Unos 10 mil millones de dólares en inversiones extranjeras ofrecidas en el último tiempo abordan siete proyectos ubicados en áreas que forman parte del Inventario Nacional de Glaciares: Agua Rica (Catamarca), Altar, Pascua Lama, Los Azules, Del Carmen, Constelación y El Pachón (San Juan). La idea del macrismo es que no en todos los glaciares debe prohibirse la minería, sino en aquellos de "significancia hídrica", argumento inexistente en la ley.
"Nuestra Cordillera está destinada al sacrificio con tantos proyectos mineros –dice Nora Torres, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, donde Barrick Gold generó tres derrames en un año y medio–. No entienden que el agua es vida, piensan que nunca les va a tocar a ellos".
De lo público
Este mes comienza en la UBA el posdoctorado Especialización en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente. Según denunció Viale, lo dirige Beatriz Silvia Krom, "que fue abogada de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) integrada por las grandes trasnacionales mineras". La materia "Licencias sociales–Participación de los comunidades locales" es dictada por Ricardo Furfaro, director de legales de Goldcorp Cerro Negro. A miles de kilómetros, vecinos de la Asamblea No a la Mina en Esquel se autoconvocaron frente a las instalaciones de Radio Nacional Esquel, en Chubut, para reclamar por la nueva programación de la emisora pública. Como sucedió con Monsanto en la TV Pública, amparadas en "la pluralidad de voces", las autoridades de LRA 9 Radio Nacional Esquel incorporaron un programa conducido por Ricardo Alejandro Bustos, gerente de Comunicaciones de Minas Argentinas, subsidiaria de Yamana Gold. La filial local de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa le envió una carta de repudio al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, por una decisión que está "lejos de lo que la comunidad de Esquel democráticamente decidió en 2003 en un histórico plebiscito". Para Viale, "no es casual que suceda en Esquel. Es la cuna y fuente de inspiración de la lucha ambiental contra la minería en Argentina".«
Daniel Meilán, el secretario del área, de Menem a Macri
Para el actual secretario de Minería Daniel Meilán, el combo de política y minería no es nuevo. Ya se desempeñó como subsecretario del área en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se firmó un acuerdo para la prospección y explotación entre Chile y la Argentina, por el que se consensuaban 16 puntos en la frontera para encarar proyectos "binacionales", lo que en la práctica permitió a las multinacionales mineras trabajar de manera desregulada, como una "unidad" operativa, sin necesidad de someterse a la interferencia de las legislaciones locales, y sin importar en qué parte de la frontera estuviera establecido el yacimiento.
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Fecha de Publicación: 29/03/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
José Roco trabajaba para Xstrata Copper, la firma que opera el yacimiento de El Pachón, San Juan.
Si a lo largo de las últimas décadas las mineras vivieron tiempos de extractivismo con pocos o nulos controles, lo que sucede desde diciembre de 2015 es un proceso más profundo, potenciado en los últimos meses: mientras el gobierno ofrece en el extranjero sitios de la Argentina donde está prohibida la minería (por ejemplo, Famatina), se da un avance cultural de las mineras en diferentes facetas estatales, naturalizando su discurso. Desde Radio Nacional y la UBA hasta cargos jerárquicos del gobierno, e incluso en la dirección de un parque nacional en San Juan, cuyo flamante intendente viene de trabajar en la empresa que explota el cerro ubicado en esa misma zona.
Los dos lados del mostrador
"En el día de ayer asumió sus funciones como intendente del Parque Nacional El Leoncito, José Roco, profesional sanjuanino interiorizado con la dinámica del área protegida", señaló la Administración de Parques Nacionales el 15 de marzo pasado, en referencia al parque de 89.900 hectáreas ubicado al sudoeste de la provincia de San Juan. En esa región cordillerana del departamento de Calingasta está el yacimiento de El Pachón, donde la minera suiza Glencore planea realizar extracciones, aunque todavía debe presentar un estudio de impacto ambiental. Mientras, continúa en litigio con la chilena Pelambres, que usó 52 hectáreas de El Pachón como escombrera, sin permisos, traspasando la frontera y afectando lagunas y cauces de agua.
Pero José Adolfo Roco no es un intendente cualquiera. Viene de ocupar diferentes cargos en la filial sanjuanina de la empresa Xstrata Cooper SA, entre otros el de superintendente de Relaciones Comunitarias. Xstrata, con sede en Suiza, tiene como principal accionista a la gigante Glencore. Es decir, Roco será el encargado de administrar un área protegida en la misma región donde su exempleadora busca extraer minerales.
Este conflicto de intereses no es potestad solo de Roco. Sucede en el seno de la Secretaría de Minería, donde semanas atrás Santiago Dondo renunció a la Subsecretaría de Política Minera, clave para el plan de Cambiemos de inversiones y desregulación del sector, por cortocircuitos con Daniel Meilán. En su lugar nombraron al abogado Juan Bisset, exjefe de Legales de la minera Vale, una de las más grandes del mundo. Así lo denunció Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y apuntó otro funcionario, Mario Capello, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, acérrimo defensor de la quita de retenciones al sector, al punto de preguntarse públicamente: "¿Tan difícil resulta comprender que con esta decisión miles de familias se alejarían para siempre de una pobreza que las destruye?".
De la ley
Roco también representó a Xstrata Copper en el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), como titular de la Comisión Revisora durante el tratamiento y aprobación de la Ley de Glaciares, a la cual se opuso. Para GEMERA, es posible "proteger los verdaderos glaciares sin restringir el desarrollo minero y petrolero".
En la misma sintonía, para "agilizar" las inversiones extranjeras, hoy el objetivo del Poder Ejecutivo es avanzar con una reglamentación de la Ley de Glaciares mucho más flexible. Unos 10 mil millones de dólares en inversiones extranjeras ofrecidas en el último tiempo abordan siete proyectos ubicados en áreas que forman parte del Inventario Nacional de Glaciares: Agua Rica (Catamarca), Altar, Pascua Lama, Los Azules, Del Carmen, Constelación y El Pachón (San Juan). La idea del macrismo es que no en todos los glaciares debe prohibirse la minería, sino en aquellos de "significancia hídrica", argumento inexistente en la ley.
"Nuestra Cordillera está destinada al sacrificio con tantos proyectos mineros –dice Nora Torres, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, donde Barrick Gold generó tres derrames en un año y medio–. No entienden que el agua es vida, piensan que nunca les va a tocar a ellos".
De lo público
Este mes comienza en la UBA el posdoctorado Especialización en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente. Según denunció Viale, lo dirige Beatriz Silvia Krom, "que fue abogada de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) integrada por las grandes trasnacionales mineras". La materia "Licencias sociales–Participación de los comunidades locales" es dictada por Ricardo Furfaro, director de legales de Goldcorp Cerro Negro. A miles de kilómetros, vecinos de la Asamblea No a la Mina en Esquel se autoconvocaron frente a las instalaciones de Radio Nacional Esquel, en Chubut, para reclamar por la nueva programación de la emisora pública. Como sucedió con Monsanto en la TV Pública, amparadas en "la pluralidad de voces", las autoridades de LRA 9 Radio Nacional Esquel incorporaron un programa conducido por Ricardo Alejandro Bustos, gerente de Comunicaciones de Minas Argentinas, subsidiaria de Yamana Gold. La filial local de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa le envió una carta de repudio al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, por una decisión que está "lejos de lo que la comunidad de Esquel democráticamente decidió en 2003 en un histórico plebiscito". Para Viale, "no es casual que suceda en Esquel. Es la cuna y fuente de inspiración de la lucha ambiental contra la minería en Argentina".«
Daniel Meilán, el secretario del área, de Menem a Macri
Para el actual secretario de Minería Daniel Meilán, el combo de política y minería no es nuevo. Ya se desempeñó como subsecretario del área en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se firmó un acuerdo para la prospección y explotación entre Chile y la Argentina, por el que se consensuaban 16 puntos en la frontera para encarar proyectos "binacionales", lo que en la práctica permitió a las multinacionales mineras trabajar de manera desregulada, como una "unidad" operativa, sin necesidad de someterse a la interferencia de las legislaciones locales, y sin importar en qué parte de la frontera estuviera establecido el yacimiento.
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