Menos fondos para ambiente en el gobierno de Javier Milei: el presupuesto 2024 destinado a la subsecretaría se redujo un 65%

Fecha de Publicación: 01/06/2024
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


- El Presupuesto 2024 prevé una caída en las partidas ambientales, tanto en lo asignado para la Subsecretaría de Ambiente como para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
- De todos modos, la Ley de Bosques está desfinanciada desde hace años y, al menos, desde 2008, ningún gobierno (del kirchnerismo y de Cambiemos) cumplió con la meta presupuestaria establecida en la norma.
- Los fondos para el Servicio Nacional del Manejo del Fuego aumentaron durante el mandato del Frente de Todos y fueron subejecutados en los primeros meses del gobierno de La Libertad Avanza.

Entre diciembre de 2023 y lo que va de 2024, las provincias de Córdoba, Salta, Jujuy, Buenos Aires y Corrientes, entre otras, sufrieron fuertes temporales e inundaciones que dejaron miles de familias evacuadas y daños materiales. El 25 de enero último, comenzó un incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, que afectó a 8 mil hectáreas. Tan solo durante 2023, el fuego afectó a 500 mil hectáreas y causó al menos 2.212 incendios en toda la Argentina, según datos del Ministerio del Interior obtenidos por este medio a través de un pedido de acceso a la información pública.
A pesar de la crisis ambiental y climática que atraviesa la Argentina, y que se materializa en un mayor número y frecuencia de inundaciones, incendios y sequías, la administración de Javier Milei (La Libertad Avanza -LLA-) dispuso menos fondos destinados al cuidado del ambiente, la protección de los bosques y el manejo del fuego, según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado en abril último.
Además, al inicio de la gestión de LLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se desjerarquizó y fue absorbido por el Ministerio del Interior. La cartera pasó a formar parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que conduce Daniel Scioli.
¿Qué pasó con los presupuestos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y los fondos para la conservación de los bosques en los primeros meses de 2024? ¿Qué ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos)? Te lo contamos en esta nota.

Menos presupuesto ambiental para 2024
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2024 no fue aprobado por el Congreso nacional, por lo que el Poder Ejecutivo prorrogó el presupuesto 2023 para el año vigente.
De acuerdo con un análisis de la FARN publicado en abril último, el presupuesto 2024 de la Subsecretaría de Ambiente presenta una leve caída en términos nominales, lo que implica una reducción en términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación) del 65,4%. “En otras palabras, se dispone de una tercera parte del presupuesto en comparación con el año pasado”, indica el informe.
En términos generales, lo destinado a Ambiente (es decir, considerando lo que se destina a este área en otras dependencias estatales, además de la subsecretaría específica) en el presupuesto nacional tuvo una caída del 28,9% en su participación en el presupuesto total en relación a 2023.
Por otra parte, el presupuesto destinado a la Administración de Parques Nacionales tuvo un incremento nominal del 5,7%, lo que implicó una reducción en términos reales del 63,4%. Estas 2 partidas representan un 0,16% del presupuesto nacional total.
Es importante aclarar que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reasignar los fondos que fueron presupuestados originalmente, es decir, que puede pasar que los números destinados a estas partidas crezcan, se mantengan o se reduzcan para este año.
Este medio consultó a la Subsecretaría de Ambiente para saber si se aumentarán algunas de estas partidas, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no tuvo respuesta.
Durante un encuentro con la Red Argentina de Periodismo Científico, la subsecretaria Ana Lamas dijo que todavía no tenía una agenda de 4 años porque “hay muchas cosas para decidir aún”, como los créditos y la cooperación internacional, como los que el ex Ministerio tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Se está reestructurando todo eso; hoy no podemos disponer de esos fondos como antes, porque el Ministerio de Economía los reestructura (sic), así que no podemos tener un plan de 4 años”, informó Lamas.
Si se mira para atrás, durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) las partidas para el ex Ministerio de Ambiente descendieron un 18% en términos reales entre 2022 y 2023, pero crecieron entre 2020 -primer año de su gestión- y 2023. Estas conclusiones surgen de los datos de ejecución presupuestaria analizados por Chequeado.

Una Ley de Bosques que sigue desfinanciada
Al mirar el detalle, uno de los puntos clave en relación al presupuesto ambiental suele girar en torno a la llamada Ley de Bosques. La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -sancionada en 2007, durante el kirchnerismo- regula la restauración, la protección, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos.
La norma establece que las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fobosques) “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”. Esos fondos sirven para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos y es repartido anualmente entre aquellas que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de Bosques Nativos para financiar el cumplimiento de la ley.
De todas formas, esa meta no se cumpliría con los números vigentes del presupuesto. La FARN analizó que este fondo debería recibir por ley, para 2024, $ 164.200 millones. “Sin embargo, se observa que, a marzo de 2024, tiene programado solamente recibir $ 9.000 millones, 18 veces menos de los que corresponde por ley”, indica el análisis de la organización ambiental.
Esta partida también quedó congelada en términos nominales, lo cual implica una caída real del 65,4% para 2024, según los cálculos de FARN.
Según otro análisis de la ONG Fundación Vida Silvestre, lo asignado -hasta el momento- para el fondo representa, en 2024, un 10% de ese 0,3% del presupuesto nacional indicado en la ley.
De todos modos, la Ley de Bosques está desfinanciada desde hace años y, desde su sanción en 2007, ningún gobierno cumplió con la meta indicada. De acuerdo con la Fundación Vida Silvestre, en 2022 y 2023, durante el gobierno del Frente de Todos, también se asignó un 10% de ese 0,3% de todo el presupuesto nacional indicado por ley. Entre 2019 y 2021 ese monto había sido incluso menor: un 4% de la meta indicada.
Durante la administración del Frente de Todos los fondos del Fobosques descendieron durante todos los años de esa gestión, con excepción de 2021.
Según explica la Fundación Vida Silvestre, esto afecta negativamente “tanto al control, monitoreo y vigilancia, como al fomento del uso sustentable y la restauración de los bosques”.
“La falta de financiamiento en la Ley de Bosques es un problema recurrente, una mala costumbre en la que han incurrido todos los gobiernos preexistentes. Lo que nosotros necesitamos es que se mejore no solo la disponibilidad de los fondos sino la implementación y el rendimiento por parte de las jurisdicciones, y que esto se articule con un buen set de indicadores de monitoreo del uso y la eficiencia en el uso de estos recursos”, explicó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, en diálogo con Chequeado.

Para el manejo del fuego, fondos subejecutados
En relación a los incendios, el programa más importante es el del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
En 2020, mediante la Ley 26.815, se creó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, un fideicomiso que se nutre de aportes de la Tesorería General de la Nación y de la recaudación del 3 por mil de las alícuotas de los seguros (excluyendo los seguros de vida).
En relación a los recursos del Tesoro, el Presupuesto nacional incluye para este año una partida de $ 10.973 millones para gastos corrientes y otra de $ 14,4 millones para maquinarias y equipo para dotar al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, según indicó la FARN.
Además, el SNMF dispone de $ 12.101 millones, los cuales, según FARN, aún no fueron ejecutados.
En 2023, el presupuesto ejecutado del SNMF descendió en términos reales en relación a 2022 -según datos analizados por Chequeado-, pero el presupuesto ejecutado para esta partida aumentó más de un 300% (2020-2023) durante todo el gobierno de Fernández.
En relación a otras partidas vinculadas con el manejo del fuego, a marzo de 2024 únicamente se ejecutaron, de acuerdo con el informe, $ 275 millones de la actividad Manejo del Fuego -dentro del Programa de Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas de la Administración de Parques Nacionales-, que tiene asignados $ 1.626 millones.
“En líneas generales, hay una clara vocación por la eliminación de los fondos específicos, retrocediéndose décadas en materia normativa. La verdad es que cuando el Estado decide tener una política focalizada, esa política focalizada necesita también tener recursos asignados. Me parece que esto es una cuestión de enorme importancia ideológica que está en el trasfondo, que va más allá de una restricción presupuestaria”, señaló a Chequeado Juan Carlos Villalonga, ex diputado nacional por Cambiemos (2015-2019) y especialista en sustentabilidad y transición energética.
Los fondos son necesarios para afrontar los devastadores incendios que se producen en el país. Tan solo durante 2023, el fuego afectó a 500 mil hectáreas y causó al menos 2.212 incendios en toda la Argentina, según datos del Ministerio del Interior obtenidos por este medio a través de un pedido de acceso a la información pública.
Según datos del SNMF, en el 95% de los casos los incendios son provocados por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.

La alarma de las organizaciones ambientales por la Ley Bases
El 30 de abril, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al nuevo Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Todavía resta la aprobación por parte del Senado para que se convierta en ley, pero organizaciones ambientales advirtieron por los riesgos que podría implicar esta iniciativa para el ambiente.
En una carta a la Cámara alta, diversas organizaciones ambientalistas señalaron que el proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Además, advirtieron que la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de varios artículos (del 30 al 39) de la Ley de Bosques: “Dejaría de existir el fondo destinado a compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los beneficios ambientales que estos brindan y a los titulares de tierras en cuya superficie se conservan los bosques nativos, perjudicando el desarrollo y mantenimiento de una red de monitoreo y sistemas de información de las diferentes jurisdicciones”.
.

La gestión en Ambiente: una agenda inexistente, el mercado para regular la deforestación y la revisión del cambio climático

Fecha de Publicación: 23/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El secretario Daniel Scioli y la subsecretaria Ana Lamas recibieron a la Red Argentina de Periodismo Científico
Para el gobierno argentino, el cambio climático no es de origen humano; es más, no se debería hablar siquiera de “cambio climático”. “La posición del Presidente respecto del cambio climático es que no es cambio climático, sino que es impacto climático, alteraciones climáticas, variaciones climáticas”, definió la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, acompañada por el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, durante una charla con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico ayer por la tarde.
En su momento, el presidente Javier Milei había dicho que el cambio climático era un invento del socialismo, pero eso no constituye “una negación al tema”, abundó Lamas, “sino que (Milei) está enrolado con los científicos que creen que no está todo derivado de la acción antrópica [humana]. Por eso hablamos de variaciones o impactos, no del cambio climático. Pero de todos modos vamos a seguir con los compromisos internacionales que la Argentina firmó en su momento. Seguimos adelante e incluso vamos a tener una reunión del gabinete nacional de cambio climático, aunque no hay fecha aún”, dijo Lamas.
La afirmación oficial contradice la evidencia científica disponible y ratificada en numerosos informes de expertos y consensos como los del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que la Argentina integra, así como diversos tratados firmados por el Estado nacional; por ejemplo, el Acuerdo de París, en el que –sin embargo y al contrario de lo que decidiera en su momento Donal Trump como presidente de los Estados Unidos– la Argentina piensa quedarse, según se afirmó también ayer. La explicación es que “si nosotros no nos ponemos a tiro con (la reducción de emisiones de) los gases de efecto invernadero, se nos cierran muchísimos mercados”, afirmó Lamas. Antes, Scioli había recordado la visita del exvicepresidente norteamericano Al Gore a Buenos Aires en 2009, cuando vino a presentar Una verdad incómoda, la película documental en la que se muestran precisamente detalles de la ciencia del cambio climático. Gore y los científicos del IPCC ganaron el premio Nobel de la Paz en 2007 por su trabajo contra el negacionismo.
Durante el encuentro de ayer, Lamas –quien vuelve al lugar donde trabajó como directora hace más de tres décadas con la entonces secretaria María Julia Alsogaray– dijo que no tenía una agenda de cuatro años todavía al mando de la subsecretaría porque “hay muchas cosas para decidir aún”. Por ejemplo, respecto de los créditos y la cooperación internacional, como los que el exministerio tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Se está reestructurando todo eso, hoy no podemos disponer de esos fondos como antes, porque el Ministerio de Economía los reestructura (sic), así que no podemos tener un plan de cuatro años”, informó Lamas.
Los funcionarios nacionales también dijeron que no se van a privatizar los parques nacionales ni otros organismos relacionados con el estudio y cuidado del ambiente. “Son suposiciones, elucubraciones, como cuando dicen que se va a vender [el complejo presidencial de] Chapadmalal”, dijo Scioli. “Cuando se termine de aprobar la Ley Bases, de una u otra manera se avanzará sobre los temas pendientes, se busca una optimización de fondos”, detalló al responder en particular por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). “No tenemos presupuesto para el Ianigla, que valoramos mucho, pero trabajamos con el presupuesto del año pasado, como todos”, admitió Lamas. Asimismo, deslizó: “Dudo mucho que desaparezca o lo privaticen”.

Explotación del mar
Por otro lado, Lamas y Scioli dijeron que la secretaría aprobará todos los pedidos de explotación del mar argentino a través de plataformas offshore, como la que planea y ejecuta la empresa estatal noruega Equinor. “Vamos a habilitar todos los proyectos offshore”, afirmó Lamas. “Queremos ser una máquina de facilitar procesos productivos”, afirmó Scioli en un momento. Respecto de la resistencia de algunas autoridades locales, como el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, quien en 2022 presentó un recurso de amparo para detener la exploración, Scioli indicó que es un error creer que la explotación petrolera choca con la idea turística de la ciudad: “A veces la información que va llegando no es buena, pero no hay interferencia [con el turismo], la plataforma de Río de Janeiro se ve a simple vista y no contamina, está probado, y las playas están llenas”, dijo el exgobernador bonaerense y exvicepresidente por el kirchnerismo.
Lamas, por su parte, agregó que cuando Montenegro se dio cuenta de la implicancia económica del proyecto cambió de opinión y “hasta el intendente de Necochea [Arturo Rojas, de Nueva Necochea, un partido vecinal] está preguntando por el offshore porque lo quiere por el rendimiento económico; es que, cuando se informan, cambian la posición”, remarcó la funcionaria, que es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. La licencia social no es eso, sino la audiencia pública, agregó respecto de las quejas y movilizaciones que se suceden en Mar del Plata en resistencia por los daños que provoca al ambiente la exploración.
Por último, se tocó el tema de la deforestación, en el que Argentina muestra una de las tasas más altas del mundo pese a la sanción de la Ley de Bosques en 2007, que nunca tuvo el presupuesto que la misma ley marcaba. Lamas sostuvo que “cada provincia hace su ordenamiento territorial como mejor le parezca, como Nación solo podemos hacer un ordenamiento estratégico y estamos pensando en hacerlo. Ahora cada una se mueve suelta, sin saber lo que hacen al lado”, dijo respecto del polémico reordenamiento territorial que hizo Chaco y que, según diversas organizaciones ambientales, viola la Ley de Bosques, cuya tutela corresponde a la subsecretaría de Lamas. Sin embargo, ella confía en que se solucionará sin mayor intervención. “El mismo mercado va a llevar a no deforestar: el reglamento de la Unión Europea es que, si deforestás, no te compran cuero ni soja. Por ahora Chaco puede hacer lo que quiere”, concluyó.
.

Mondino borró el compromiso ambiental 2030 de la web de Cancillería porque Vox la acusó de comunista

Fecha de Publicación: 23/05/2024
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional


Bajó el documento de la agenda ambiental de la página oficial. "La Agenda 2030 tiene objetivos muy buenos, el problema son las propuestas", se defendió Mondino.
 La gira de Milei por España para coronarse como líder mundial del conservadurismo internacional no solo generó una crisis diplomática sin precedentes con el gobierno de Pedro Sánchez sino también se ganó un tirón de orejas de Vox.
Según pudo saber LPO, el partido de ultraderecha española le cuestionó a Diana Mondino la inclusión de la Agenda 2030 en la plataforma de gobierno. Ante el reto, los libertarios dieron de baja de la página Argentina.gob el documento que llevaba la firma de Milei y su ministro de Justicia, Cúneo Libarona.
Quien se comunicó con legisladores argentinos fue la ex diputada de Vox, Malena Nevado, la portavoz en el Congreso español contra la Agenda 2030, quien le remarcó al gobierno de Milei la contradicción de defender la vida y a los agricultores y al mismo tiempo, estar a favor de esa agenda a la que consideran que forma parte del mundo globalista que dicen combatir.
Además, Nevado le dijo a la comitiva argentina que ya había medios europeos que comenzaron a preguntarse sobre este tema. En este marco, por miedo a quedar mal con Vox, el gobierno decidió bajar el documento de la página oficial:  "Esta página o el sitio no está disponible. Por favor revisá la dirección o volvé a ingresar más tarde", indica el link.
Frente a este nuevo escándalo, que repercutió en el grupo de WhatsApp libertario, la canciller Diana Mondino trató de dar una explicación: "En realidad los objetivos de terminar con la pobreza o lograr desarrollos sostenibles son muy buenos. El problema son las métodos o propuestas para lograrlo", dijo sobre la Agenda 2030.
Es que precisamente, lo que Vox cuestiona son los objetivos de desarrollo sostenible que se planteó la Asamblea de Naciones Unidas en 2015. Entre esas metas, se buscaba asegurar el desarrollo sostenible de todas las personas y todos los países, eliminar la pobreza y el hambre y asegurar la paz en el mundo.
Lo cierto es que la reprimenda de Vox generó malestar en algunos legisladores oficialistas: "cuando se armó el escándalo de aborto, dijeron que no estaba en agenda, cuando quisimos discutir la tenencia de armas, tampoco estaba en agenda. La dolarización, el cepo y dinamitar el Banco Central, tampoco está en agenda. ¿Cuál es nuestra agenda?", se preguntaron desde las filas libertarias.
.

¿Quiénes serán los “dueños” el agua? Los alcances del RIGI y una polémica que crece por el impacto ambiental

Fecha de Publicación: 22/05/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El Régimen para grandes inversores que se discute en la ley bases omite cualquier referencia a la variable ambiental. Casi no hay castigos para los inversores en casos de contaminación o afectación de los ecosistema. Y anula la posibilidad de que las justicias locales objeten los emprendimientos, entre otras cosas.
¿De quién será el agua? ¿De las mineras o de los pueblos? ¿Para quién estará garantizado el recurso cuando vengan tiempos escasos? ¿Para los grandes inversores perforadores de la tierra o para las historias mínimas de las comunidades que habitan y defienden la naturaleza? Los alcances del llamado Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, ya popularizado como RIGI, son por ahora insondables. Pero están generando tanto debate como temores diversos. Si fuera aprobado, en el marco de la ley Bases que discute el Senado, ¿cuál sería el verdadero impacto sobre el Medio Ambiente y la gestión de los recursos naturales?
La gran mayoría de los activistas ambientales, científicos, ONGs y comunidades del interior han cerrado filas alrededor de la idea de que el RIGI tendrá un impacto ambiental severo, anulando competencias de control, posibilidades de participación ciudadana y creando un predominio de las corporaciones extractivas sobre el manejo de los insumos locales, entre otras cosas. Leen la posibilidad de una tierra desprotegida y no creen en una lluvia de esperanza promovida y materializada en inversiones.
“El RIGI echa por tierra cualquier oportunidad de apalancarse en nuestros recursos naturales para capturar renta de forma razonable y de articular con los sectores productivos ya existentes y aquellos potenciales que surgirán por efecto de la inversión. También descarta de plano las bondades de una gobernanza socioambiental virtuosa, una de las cuales es precisamente darle mayor sustentabilidad a las inversiones", advirtió días atrás el director ejecutivo de Fundar, Martín Reydo. Pero la lista de cuestionadores de la ley es amplia. No solo abunda en opositores al Gobierno.
“El RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un no país, sin soberanía sobre su territorio. Las provincias pierden control sobre los recursos naturales existentes en sus territorios como establece la Constitución. Por eso creemos que es inconstitucional”, dice Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADAA). Pero qué dice la letra chica.

Puntos críticos
Según el artículo 162 de la ley Bases, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) será de aplicación en todo el territorio nacional. Pretende brindar incentivos, certidumbre y un sistema de protección jurídica a los mega inversores nacionales y extranjeros. El gran terreno de aplicación del RIGI serán las provincias. El impacto absoluto y total será sobre los recursos naturales.
El monto mínimo de inversión para obtener los beneficios de este régimen es de 200 millones de dólares. Cuando se dice que este régimen tiene nombre y apellido es, entre otras cosas, porque detrás de su sanción lo que viene son los grandes proyectos mineros impulsados por provincias como San Juan y Catamarca.
La semana pasada, mientras en el Congreso la discusión por la ley bases se trababa y se alejaba de la posibilidad de que hubiera dictamen, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer un análisis pormenorizado sobre los alcances ambientales del proyecto. Uno de los apartados clave lleva como título “El peligro latente de confundir insumos con derechos y de renunciar a la regulación”.
El artículo 191 del proyecto de ley Bases dice que los proyectos adheridos al RIGI “no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los proyectos sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda (…)”.
La pregunta que surge, frente a esto, es: ¿A los inversores no puede faltarles nada? ¿Se les debe garantizar todo por encima de las demandas prioritarias de los grupos poblacionales? “Si estuviéramos en presencia de un proyecto de mega minería, el agua podría ser considerada un insumo por los inversores. El agua podría escasear en ese territorio, pero el abastecimiento de la población local se vería relegado como consecuencia de la aplicación del art. 191. Este escenario es inadmisible dado que vulnera derechos humanos”, dice Andrés Nápoli, desde FARN.
El RIGI favorecerá a mega proyectos de infraestructura, forestales, de hidrocarburos y mineros vinculados al cobre y litio, entre otros. Se trata de proyectos con altos impactos ambientales, ecosistémicos y sociales. Son emprendimientos que incrementan las chance de contaminación o incidente ambiental. Abundan los ejemplos en los que mineras fueran judicialmente cuestionadas y condenadas por derrames y en los que debieron frenar el proyecto hasta iniciar y demostrar procesos de remediación. El RIGI, dicen los expertos ambientales, relaja absolutamente todo.
“Omite cualquier referencia a la variable ambiental. No existe mención alguna a su sustentabilidad socioambiental. Los incentivos cesarán sólo por las siguientes causas: fin de la vida útil del proyecto, quiebra del agente inversor, baja voluntaria o sanción por infracción. Ninguna sanción se encuentra prevista por violar las normas ambientales. Los proyectos podrán mantener los beneficios del RIGI aunque contaminen ríos, suelos y acuíferos, destruyan glaciares o provoquen la extinción de una especie. Tampoco existe mención alguna a los pasivos ambientales que provocarán estos mega proyectos. Pareciera que, por debajo de los incentivos económicos, se consagra el derecho a destruir los recursos naturales de modo discrecional y anárquico cuando, en verdad, tenemos la necesidad imperiosa de preservarlos”, expresa Nápoli en concordancia con el comunicado de FARN.
Tal como publicó Clarín días atrás, son cinco los sectores que, principalmente, el Gobierno quiere que despeguen con el impulso de grandes capitales y ventajas impositivas, más libre disponibilidad de divisas y facilidades a 30 años. El régimen pone la lupa en energía, infraestructura, agro, minería y economía del conocimiento. En la industria el RIGI divide aguas o provoca una grieta. Fuentes de los sectores beneficiados coinciden en que parece "más generoso de lo que hubieran esperado". Eso es justamente lo que critican quienes reclaman modificiaciones por el "escenario extramadamente concesivo" que genera.

¿Y dónde está el juez local?
El artículo 219 del proyecto establece que todas las controversias que deriven del presente régimen, entre los estados nacional o locales y un inversor adherido al RIGI se resolverán, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas. Si la disputa no pudiera ser solucionada en forma amigable en sesenta días corridos, el inversor podrá someter el pleito a arbitrajes diversos en el plano internacional", diulyendo o anulando la gravitación natural e histórica de la justicia local.
"¿Qué sucedería si un municipio, una provincia o el Estado Nacional presentaran contra el inversor una demanda por daño ambiental y éste sometiera el conflicto a un arbitraje por considerar que afecta sus inversiones?", se preguntan desde FARN.
El artículo 30 de la Ley General del Ambiente, citado en numeros casos por la Corte Suprema, establece que, producido el daño ambiental, el Estado nacional, provincial y municipal se encuentran legitimados para reclamar la recomposición del ambiente dañado. "Evidentemente, un conflicto de esta especie debe ser dirimido por los tribunales argentinos y no por árbitros extranjeros", remarcan. Para los ambientalistas y expertos consultados, el RIGI opera como un mecanismo de defensa frente a la chance de daño ambiental. Está pensado como una cobertura prepaga para los grandes inversores. "El RIGI no contempla la variable ambiental en ninguno de sus capítulos a pesar de que los mega proyectos que busca promover provocan impactos ambientales directos e indirectos en ecosistemas y regiones enteras", cierra Nápoli. .
Finalmente, una preocupación extra es lo que pueda ocurrir además con muchas dependencias públicas de control existentes. La ley Bases también crea la posibilidad de que sean modificados o disueltos organismos como el Instituto Nacional de Glaciares (que hace inventario para certificar la minería) o el Servicio de Hidrografía naval o el Instituto Antártico Argentino o el Instituto del Agua. Sin estas oficinas de control, sin audiencias ciudadanas y finalmente sin la chance de que existen informes de impacto ambiental que pueden ser auditados por , el camino para un medio ambiente desprotegido y en retroceso parece estar allanado... si finalmente se sanciona la ley.
.

Scioli abrió la primera asamblea del año del Consejo Federal de Medioambiente

Fecha de Publicación: 18/05/2024
Fuente: Subsecretaria de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


En el encuentro los representantes provinciales definieron los principales ejes de trabajo y eligieron nuevas autoridades.
Con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se inició la Asamblea Ordinaria n.° 109 del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, quien estuvo acompañada por Santiago Azulay, presidente saliente del organismo.
En ese marco, Scioli señaló: “Este no es un encuentro por el hecho en sí mismo sino que es una reunión de trabajo para identificar fundamentalmente las prioridades y también para honrar la responsabilidad que les ha dado cada gobernador en esta área, que en estos momentos sabemos que tiene un lugar central en la agenda internacional”. “Los desafíos que tenemos, por el impacto climático en este mundo tan cambiante, exigen que en un país como Argentina podamos tener políticas ambientales innovadoras, de vanguardia”, agregó.
Además, el funcionario expresó: “Espero que podamos coordinar esta agenda federal de visitas en cada una de las provincias con respuestas a todos los temas que en estos momentos sé que son preocupaciones muy grandes, porque tienen que ver con la salud, con la calidad de vida y con los sectores más vulnerables”.
Por su parte, Ana Lamas agradeció la participación de todas las provincias presentes ya que “nos encontramos en un periodo de transformación. Estamos reestructurando programas y cooperaciones para lograr mayores sinergias y eficiencias”. “Mantenemos nuestro compromiso con los programas internacionales para el beneficio de todos los argentinos, especialmente en áreas como desarrollo sostenible y bosques”, sumó la funcionaria.
Además, subrayó que “el desafío futuro radica en alinear nuestra legislación ambiental con estándares internacionales, para garantizar la competitividad de nuestros productos en los mercados globales, crear políticas públicas en entornos propicios y contribuir a los temas ambientales del G20”.
Entre los temas tratados, los representantes dialogaron sobre el estado de situación del Fondo Fiduciario de Bosques y sobre políticas vinculadas al impacto climático. Además, se eligieron nuevas autoridades consensuadas por unanimidad. El nuevo presidente es Martín Recaman, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones; y Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero, como vicepresidente. Asimismo fueron renovados los cargos de las diferentes comisiones.
Estuvieron presentes en esta primera asamblea las siguientes autoridades provinciales: por la provincia de Buenos Aires: Daniela Vilar, ministra de Ambiente y Tamara Basteiro, subsecretaria de Política Ambiental; por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Natalia Persini, subsecretaría de Ambiente, Renzo Morosi Nicolotti, presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y Yanina Fasano, subgerenta operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales de APRA; por Catamarca:: Gustavo Báez, secretario de Energía; por Córdoba, Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular; por Corrientes: Mario Salvia, administrador general del instituto Correntino del Agua y el Ambiente; por Chaco: Hernán Halavacs, ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible y Mariano Moro, subsecretario de Ambiente; por Chubut: Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; por Entre Ríos: Rosa Hojman, secretaria de Ambiente; por Formosa: Hugo Bay, representante alterno, Natalia Lupia, subsecretaria de Recursos Naturales y Calidad Ambiental; por Jujuy: María Inés Zigarán, ministra de Ambiente; por La Pampa: Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático; por La Rioja: Santiago Azulay, secretario de Ambiente; por Mendoza: Sebastían Melchor, subsecretario de Ambiente; por Misiones: Martín Recaman, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables; por Neuquén: Gladys Marchese, directora provincial de Gestión Legal; por Río Negro: María Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático; por Salta: Alejandro Aldazabal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable; por Santiago del Estero:Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente; por San Juan: Juan Federico Ríos, secretario de Ambiente; por Santa Fe: Enrique Estevez, ministro de Ambiente; por San Luis: Federico Cacace, secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable; por Santa Cruz: Sebastián Georgión, secretario de Estado de Ambiente; por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Andrea Bianchi, secretaria de Ambiente; por Tucumán: Alfredo Montalván, subsecretario de Medio Ambiente.
Participaron, además, Carlos González D'Alessandro, diputado nacional y presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación; Lucas Figueras, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Por la Subsecretaría de Ambiente estuvieron Augusto Paz, director nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana; Viviana Zara, directora de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información; Federico Caeiro, director nacional de Recursos Naturales; Cristina Goyenechea, directora nacional de Cambio Climático; y Octavio Pérez Pardo, director de Bosques, entre otras autoridades.
.

Ley Bases: “El RIGI es un régimen de ocupación, atenta contra la protección ambiental”

Fecha de Publicación: 15/05/2024
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Nacional


Andrés Nápoli, de FARN, desgrana los principales peligros de un mamotreto legal que de ser aprobado amenaza al ambiente y los propios cimientos del federalismo. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sostiene que es absolutamente anticonstitucional.
La denominada Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, da por tierra con gran parte de la legislación existente referida a la protección del ambiente. Contra su posible consolidación como norma en el Senado advierte un amplio colectivo de organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales. “Atenta contra la protección ambiental y contradice principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes”, sostienen en una carta enviada al cuerpo legislativo, “socava las bases necesarias para avanzar hacia un horizonte de justicia ambiental y social”.
“El R.I.G.I. es un régimen de ocupación. Atenta contra el artículo 1 de la Constitución que dice que Argentina establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal. Esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”, sostiene Andrés Nápoli, abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Un estado adentro de un estado
“El RIGI establece una plataforma distinta para aquellos que promuevan inversiones por encima de los 200 millones de dólares hasta los 1.000 millones destinada claramente al sector minero, al sector petrolero y al agropecuario, eventualmente al portuario. Estos grandes inversores no van a tener que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, el más grave de todos diría yo, es que no se les va a poder oponer ni legislación nacional, ni legislación provincial, ni legislación municipal que pueda afectar el desarrollo de esas inversiones. Ahí vienen de la mano, los regímenes de protección ambiental”, explica Nápoli.
“Es crear una legislación y un régimen especial, es como un régimen de ocupación. Lo que pasa es que atenta contra el artículo 1 de la Constitución. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución dice que en Argentina se establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal; esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”.
“Además, hay un elemento que es bastante más gravoso: es que toda ley que se le oponga es de nulidad absoluta. Es una cosa que no se ha visto nunca porque las leyes que sanciona el Congreso de la Nación, por el régimen federal, deben ser adheridas por las provincias, si la provincia no las adhiere no las toma. En este caso se pasa por encima, se salta por encima de la Constitución, por eso muchos constitucionalistas plantean que esta ley es una reforma constitucional encubierta dentro de una ley”, concluye.
.

Casi medio centenar de despidos en Acumar frenan el proceso de transformación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 09/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.
Con el modus operandi que caracteriza al mileísmo, el viernes a última hora llegaron casi medio centenar de despidos a trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). En su mayoría, con contratos o pases a planta desde 2020 o con intimaciones a jubilarse por su edad. Este lunes hubo protesta y retención de tareas, con un paro convocado para mañana martes. El ajuste repercute sobre el proceso de saneamiento y políticas ambientales ordenado por la Justicia que en el último tiempo había tenido la grata noticia de la aparición de especies que no se veían hacía años.
Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal de Acumar ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.

Modus operandi
“El viernes a la noche, con el modus operandi que tienen, empezaron a llegar alrededor de 40 despidos y algunas sanciones como suspensiones por determinado tiempo. Pero ya antes de Pascuas empezaron a mandar intimaciones por incumplimientos laborales bastante truchos. Hubo 120 intimaciones en un comienzo, después otras 20 a compañeros ‘jubilables’, luego otras 90 y la semana pasada otro puñado. Las intimaciones eran por supuestas ausencias o cuestiones de horarios, se valieron del registro biométrico y cuando hay home office por ejemplo eso no está. O en áreas territoriales hay planillas remitidas a Recursos Humanos que luego no se cargaban, hay compañeras –sobre todo, mujeres- que estaban dos veces por semana en los barrios relevando población, haciendo tareas de contención, de acompañamiento en huertas, de apoyo escolar. Todo lo que es abordaje social previo y posterior a la relocalización de las familias”, describió un trabajador que fue intimado pero aún no recibió notificación de despido.
Los despidos, alertó, tienen que ver con la reestructuración orquestada por la nueva gestión, a cargo del abogado chaqueño Lucas Figueras, quien ya había pasado por la función pública de la mano de Cambiemos. “Hubo despidos en las áreas de salud –que se encarga del relevamiento sanitario de la población-, de adecuación ambiental, de laboratorio, que desaparece del organigrama con la reestructuración del nuevo presidente”, enumeró el empleado, poco después de la asamblea y el ruidazo realizados para visbilizar el conflicto desde el edificio de Esmeralda 255.

“Ahora peligra todo”
Acumar es el organismo público creado luego del fallo de la Corte Suprema de 2008 en la Causa Mendoza, que obligó al Estado (nacional, provincial y porteño) a avanzar en el saneamiento del río y sus afluentes. Se encarga de coordinar la política ambiental del curso de agua golpeado por largas décadas de contaminación industrial, cloacal y domiciliaria.
El proceso –largo e inconcluso- mostró avances en los últimos años. Lo saben quienes se acercaron al Riachuelo en el último tiempo. “Hemos tenido la posibilidad de navegarlo y no hay olor, se ve fauna y flora, el camino de sirga está avanzado. Antes de 2020 ya no había olor. Falta mucho por hacer, pero es una situación en la que se puede estar en el río. El año pasado hubo audiencia pública por un proyecto de navegabilidad y ahora va a quedar en stand by. Acumar trabaja mucho con cooperativas y se sabe que no les dan plata, eso también va a quedar a la buena de Dios”, describió otro trabajador que prefirió no dar su nombre, por razones obvias.
“La mitad de los trabajadores despedidos están todo el día en territorio. El 9 de abril el presidente tenía que ir al juzgado de Morón a dar un parte del estado de avance de la causa y planteó la restructuración. Quiere trasladar responsabilidades los municipios, algo que va en contra del fallo Mendoza”, advirtió.
Una de las mujeres despedidas llevaba más de una década en Acumar. “En lo que hace a lo que yo me ocupo, relocalización, las familias en situaciones malas de vida la han mejorado sobre todo a partir de 2021, cuando el Ministerio de Vivienda empezó a dar impulso y financiamiento a los municipios para que terminen las obras que estaban iniciadas y paradas. A partir de eso tuvimos mucha actividad y las obras se reactivaron, fue un período de mucho trabajo, cuando antes habían estado detenidas bastante, con el macrismo totalmente detenidas”, recordó.
Y lamentó: “En lo personal, me cortaron el deseo y el estímulo de laburo. Ahora peligra totalmente todo. Se pararon todas las obras. A las familias de la cuenca las va a afectar, porque siempre hay cosas para reparar en las viviendas entregadas y las cooperativas de trabajo no están cobrando. Nadie va a reparar nada”.
En marzo, el portal Letra P publicó que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, tenían en la mira a Figueras por sus demoras para recortar el 45% del personal de Acumar. Finalmente, parece que puso la motosierra en marcha como le pedían.

“Maniobras fraudulentas”
“Este vaciamiento responde a la decisión política de retirar al Estado de tareas que son fundamentales. Es lamentable que acudan a maniobras fraudulentas para despedir personal”, escribió en redes sociales el ex titular de Acumar, Martín Sabbatella. “Nuestra experiencia de gestión en el organismo nos deja en claro que cada trabajador y cada trabajadora cumple con absoluta dignidad sus tareas para lograr cumplimentar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, ordenado por la Corte Suprema de Justicia –agregó- Son trabajadorxs que con sus tareas contribuyen a mejorar la calidad de vida de toda la población de la Cuenca Matanza Riachuelo, con compromiso y dedicación cumplen las misiones del organismo para lograr el saneamiento del río, prevenir futuros daños, y hacer de este territorio un lugar más habitable y con mejor calidad ambiental”.
“Desguazar ACUMAR también implica violar la Ley 26.168 que protege la Cuenca y reconoce a lxs vecinxs el derecho a vivir en un ambiente sano, como indica el artículo 41 de la Constitución Nacional. La motosierra de Milei nos demuestra una vez más que la variable de ajuste son los trabajadores. En ACUMAR no sobra ningún trabajador, ninguna trabajadora”, sostuvo.
Una de las respuestas que recibió Sabbatella fue de una de esas trabajadoras: “La mitad de mis compañeros está intimado por inasistencias injustificadas de forma fraudulenta. Son trabajadores que cumplieron día a día sus tareas. Sin embargo y haciendo una necesaria autocrítica, durante tu gestión hubo funcionarios que ni cargaron nuestros presentismos y nos dejaron a merced de esta nueva gestión que nos acusa y criminaliza tratándonos de ñoquis”.

.

Polémica en Chaco | Profesionales de Ingeniería Forestal del país piden al gobernador el veto de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 08/05/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), desde la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
La Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) –que nuclea a cinco colegios de profesionales del país- se puso a disposición del ejecutivo provincial para el asesoramiento técnico necesario que permita entender la gestión forestal sostenible y mejorar la gobernanza ambiental de la provincia.
Desde la Federación se apoyó el trabajo técnico-político que ha realizado oportunamente el Consejo Profesional de Ciencias Forestales de la Provincia de Chaco (CPCFCH), con respecto al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chaco y, también las advertencias planteadas en distintos ámbitos institucionales sobre las inconsistencias técnico-normativas con respecto a la actualización del OTBN que se analizó y aprobó en la Legislatura provincial el pasado lunes.
“La aprobada, la Ley 4005R no cumple con el principio de no regresividad ambiental al modificar, en un nivel menor de categoría de conservación, a cientos de miles de hectáreas de bosques nativos que pasan de la categoría II (Amarilla) a categoría III (Verde), quedando así habilitadas al cambio de uso de suelos (CUS) para actividades agropecuarias con sus consecuentes impactos en el territorio”, remarcaron desde la FAIF, en un comunicado en el que marcan su posición de rechazo a la norma aprobada.

Fortalecer el diálogo y fomentar la gestión sostenible
La ampliación de las áreas boscosas a la categoría de conservación III (verde) generan la reducción de las áreas boscosas susceptibles de manejo sostenible (industria forestal) y a perpetuidad, con la disminución consecuente de la provisión de servicios ecosistémicos, para su goce, no solo para los chaqueños, sino también para toda la sociedad, entienden los profesionales nucleados en la FAIF.
“Los bosques recategorizados a un nivel inferior de conservación (verde), se asientan sobre un sistema de corredores biológicos regionales que dan conectividad a las distintas áreas protegidas para la conservación de flora y fauna, dónde la conectividad forestal es imprescindible. También, junto con la actividad forestal (industria forestal), estos bosques sostienen producciones asociadas como la ganadería y apicultura que son muy importantes en la economía de la región”, explican en el comunicado.
De esta manera, remarcaron la necesidad de mejorar la gestión forestal sostenible, garantizando la gobernanza ambiental en esos territorios. “En este sentido, reivindicamos la necesidad de fortalecer el diálogo institucional, destacando la buena predisposición colaborativa de nuestros colegas chaqueños, para abordar de manera mancomunada los diferentes aspectos que merecen resolución asertiva en la actualidad, que se ha evidenciado en la Mesa Técnica de la Unidad Ejecutora provincial durante el año 2021”, agregaron.
Por otra parte, ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
Es necesario frenar la deforestación y poner en valor a los bosques nativos de Argentina, pues en ellos está la garantía de salvaguarda a futuro de nuestras comunidades. Para esto, es necesario tomar medidas técnico-políticas eficaces, donde los ingenieros forestales tienen un rol muy importante por su formación para la gestión forestal sostenible”, remarcaron.
Por otro lado, consideraron que “es necesario debatir y consensuar una visión forestal con los distintos actores institucionales y territoriales, que posibiliten avanzar y mejorar la formulación e implementación de una política forestal de Estado para los próximos años en provincia de Chaco y las provincias que comparten territorialmente el ecosistema forestal nativo del Parque Chaqueño. La FAIF y CPCFCH están comprometidos con la gobernanza forestal sostenible para garantizar el desarrollo del Parque Chaqueño”, concluyeron.
La federación está conformada por el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero; la Asociación de Ingenieros Forestales de Chubut,; el Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco; y el Colegio de Ingenieros Forestales de Formosa.
.

Parques Nacionales: Monsanto al gobierno, los privados al poder

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El gobierno nombró al frente de Conservación de Áreas Protegidas a Leonardo Sarquis, ex CEO de la empresa de agroquímicos. Recortes y ataques a un sector clave para el patrimonio del país.
Los antecedentes de Leonardo Sarquis –primero como gerente del gigante Monsanto y luego como ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal– no parecen ser los mejores argumentos para justificar su desembarco como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN). O sí. “Su designación guarda lógica con el pensamiento nefasto del actual gobierno nacional, pero no deja de sorprender tanta irracionalidad institucional”, se queja el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro. Enseguida aporta la explicación: “Sarquis fue el ideólogo de la Resolución del Veneno, que autorizó las fumigaciones con agrotóxicos a cero metros de las viviendas, las escuelas rurales, los ríos y lagunas. Y también, aunque parezca increíble, de las reservas naturales. Por eso decimos que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas”.
Publicada en el Boletín Oficial del 17 de diciembre de 2018, la Resolución N° 246-MAGP-18 firmada por el entonces ministro Sarquis habilitaba a partir del 1° de enero de 2019 la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”.
En febrero de 2019, luego del repudio unánime de las asambleas de vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas, el gobierno de Vidal decidió suspender la resolución por un año. Desde entonces (y ya con Axel Kicillof en funciones) las prórrogas de la suspensión se sucedieron, evidenciando la nula voluntad política de derogarla.
“Sarquis es un lobbysta activo del agronegocio, que opera alternando las consultorías privadas y los cargos públicos, promoviendo y consolidando el modelo agroindustrial ecocida. Un genuino caso de puertas giratorias”, lo describe Cabaleiro en Naturaleza.ar, y agrega que “exhibe con auto-exaltaciones su paso como CEO de Monsanto, una empresa atravesada por el daño ambiental ocasionado a través de su paquete tecnológico para su uso en la agricultura, que comprende la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) asociados con agrotóxicos, principalmente el herbicida cancerígeno glifosato”.
Si bien se espera por un anuncio oficial, desde hace unos días Sarquis se pasea por las oficinas de Parques Nacionales. “Con la asunción del nuevo gobierno –explica una fuente– hay un caos total en el sistema de cargos de los organismos públicos. En el caso de Parques Nacionales se sabe que lo quieren desmantelar y por eso hay direcciones que todavía no tienen nombramientos. Pero mientras tanto se necesita que sigan funcionando operativamente, que alguien firme y por eso lo trajeron a Sarquis”.

Sin protección
En junio de 2022, la por entonces candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue la única diputada que votó en contra de la creación de nuevos Parques Nacionales. “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, justificó luego en sus redes sociales. Sin darse cuenta sembró las primeras pistas de lo que sería una política de Estado en su gobierno: el desinterés por la preservación de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a los cálculos de los propios trabajadores de Parques Nacionales, la intención de las nuevas autoridades es llegar a diciembre de 2024 con un recorte del 50% del personal. La motosierra ya se había prendido a fines de marzo, cuando no se le renovaron contratos a unos 80 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, fue el que sufrió las mayores bajas, lo que motivó una serie de protestas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de San Martín de Los Andes.
Argentina tiene 55 áreas protegidas que resguardan el patrimonio natural y cultural del país. La conservación hoy está en peligro. También son una fuente turística, aunque el gobierno no se muestra preocupado por promover las visitas: el lunes 13 de mayo las entradas a los Parques Nacionales aumentarán un 400 por ciento.
«Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias», prometió Cristian Larsen al asumir como presidente de la APN hace un mes atrás. Al igual que con las universidades, la excusa de las «auditorías» para tapar el ajuste. Para cumplir con el propósito encomendado por Javier Milei, Larsen debió pedir licencia como miembro del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) en representación del PRO.
Pero la designación de Larsen causó rechazo entre los trabajadores de la Televisión Pública por considerarlo “el brazo ejecutor de las políticas de Hernán Lombardi de rebaja salarial, violación de convenios y censura en TVP y Radio Nacional durante el macrismo”. Además, señalaron que “cuando ostentó el cargo de auditor interno entre 2017 y 2019 se denunciaron numerosas irregularidades que deben ser investigadas”. Sobre su rol de auditor interno de RTA, la Oficina Anticorrupción “dio cuenta de irregularidades», como fue «una activa intervención en diferentes asuntos de la gestión de dicha empresa estatal, sobre los cuales no poseía atribuciones de gestión sino de control interno, por lo que hipotéticamente habría quedado en posición de tener que controlar su propia actuación”. La “mancha” en el legajo de Larsen (un apellido que curiosamente portan decenas de trabajadores de Parques Nacionales) no alcanzó a convencerlo de bajar el perfil. En sus redes sociales se lo ve posando con el presidente y su hermana Karina, celebrando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner o militando el cierre de la agencia Télam.  «
.

Exclusivo: Neuquén se planta y no aprobará extensiones del convencional sin plan de remediación

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, anunció que un equipo especial ya audita las áreas cercanas a su vencimiento. “No vamos a avalar el ingreso de empresas que después no puedan hacerse cargo”, advirtió ante el proceso de venta de bloques que lleva adelante YPF. Reveló que son muchas las consultas de pymes extranjeras.
 Exclusivo: Neuquén se planta y no aprobará extensiones del convencional sin plan de remediación Las nuevas oficinas del ministerio de Energía y Recursos Natural de Neuquén comparten el edificio con el Instituto de Juegos de Azar (IJAN) pero si hay algo claro es que el ministro Gustavo Medele no se quiere “timbear” el futuro ambiental de la provincia. Con un pronóstico que en el caso más conservador marca que por el impulso de Vaca Muerta Neuquén duplicará la producción de petróleo en 2028, el gobierno se plantó y fijó como condición uno a las empresas que quieran extender las concesiones del convencional que presenten, y puedan financiar, un plan de remediación ambiental integral.
La postura es trascendente, ya que son 25 las concesiones hidrocarburíferas de Neuquén que vencen entre el año que viene y 2028. Pero además, en ese listado de potenciales pedidos de extensión se encuentran las 9 áreas que YPF puso a la venta a través del Proyecto Andes, una iniciativa que con un total de 30 bloques en todo el país, ya despertó el interés de más de 60 empresas y uniones empresarias.
Además de esas áreas en venta, YPF también cuenta con otros 4 bloques que la petrolera de bandera no abrió a ofertas porque buscaría renegociar o reconvertir, ya que se trata de bloques clave como Loma La Lata y Puesto Hernández.
Una situación, de cara a un vencimiento cercano, en el que también se encuentran empresas como Oilstone, Tecpetrol, Pluspetrol, TotalEnergies, Aconcagua Energía, Petróleos Sudamericanos y Petrolsur.
“Yo nací acá y voy a morir acá. Y mi mirada es más sobre el pasivo que sobre el flujo. No podemos darnos el lujo de desentendernos de ese tema número uno en todo este proceso que es el pasivo ambiental”, aseguró Medele en una entrevista en exclusiva con Energía On.
El ministro explicó ante el proceso de venta de áreas que abrió YPF que “no podemos permitir que se quede (un área) una empresa que no pueda responder a ese pasivo. Ese es el gran problema de la venta de YPF”. Y remarcó que “para nosotros la primera mirada es la del pasivo, o sea que quede bien todo eso, y después el proyecto que traiga, qué va a hacer en el campo”.
Un punto que es común a todos los pedidos de renegociación o extensión de las concesiones, sobre el que enfatizó que “cuando veamos el plan de trabajo, por ahí le vamos a decir a alguna empresa te quiero mucho, pero no te conviene, vas a volcar. Y también nuestra responsabilidad es asegurarnos que esta gente no nos deje un problema dentro de 10 años”.
Medele, quien tras una extensa carrera en la industria viene de ser vicepresidente de Excelencia y Seguridad Ocupacional de YPF, detalló que el procedimiento correcto ante la reversión de un área, la devolución ya sea en vigencia o por vencimiento de la concesión es que “el que se va tiene que limpiar ese campo, tienen que limpiar abandonando los pozos, levantando tuberías o dejándolas inertes, desarmando plantas y viendo también los derrames, los pasivos que tengan”.

Comenzaron las auditorías
Con 25 concesiones llegando a su fin antes de 2028, Medele anunció que la provincia ya tomó cartas en el asunto y creó un equipo especial interdisciplinario que ya comenzó a realizar una auditoría de las áreas, un relevamiento propio de los pasivos ambientales y los trabajos de abandono seguro que deben hacerse.
“Ya empezamos a hacer auditorías con nuestros equipos internos. Tenemos a la subsecretaría de Ambiente dentro del ministerio de Energía y estamos con Ambiente y la subsecretaría de Hidrocarburos armando equipos de trabajo de auditorías”, contó Medele.
Y sumó que “ya estamos yendo al campo, empezamos a ir hace un mes voluntariamente a ver los campos grandes. Los equipos están trabajando con nosotros para hacer un mapeo”.
La postura de Neuquén es clara: “el objetivo es tener nuestro propio diagnóstico y no esperar a que la empresa diga cuál es su plan de remediación, sino tener nuestra mirada de qué es lo que hay que hacer en los cuatro elementos que son pozos, ductos, plantas, y los derrames que haya habido”.
Lupa en lo ambiental, el punto clave para el ministro Medele.
Medele reiteró que “de esos cuatro elementos nosotros tenemos que tener nuestra mirada, nuestro inventario. Cosa que si llegan juntas cinco concesiones no colapsemos al equipo”.
“El que venga que quiera comprar por este farm out, va a tener que decir porqué está interesado en entrar acá, qué va a hacer. Porque un plan de inversión es argumentativo aunque digan 100 millones, queremos que digan qué van a hacer en barriles, y en segundo lugar cómo van a asegurar el pasivo, porque si se va YPF le deja todo el pasivo esta empresa que venga”, planteó.
El ministro de Energía remarcó que “nuestra mirada es más sobre el pasivo, porque hoy podés tener pozos con baja producción pero en algún momento van a ser un pasivo que hay que asegurar”.
Y advirtió que “en Neuquén tenemos una posición diferente tal vez a otras provincias como Santa Cruz o Chubut, nosotros con Vaca Muerta prevemos duplicar la producción a 2028, entonces es lógico que estemos más preocupados por el pasivo que por la producción, porque puede ser que el pasivo termine siendo más caro que el potencial activo en la mayoría de las concesiones viejas”.
En los últimos meses fueron varias las empresas que se acercaron al mostrador de Medele interesadas en especial por campos convencionales, ya que el funcionario marcó que “hoy no hay casi lugar en Vaca Muerta”.
“Han venido algunas empresas de México, de Brasil, de Estados Unidos a ver cómo es el convencional. Son otro tipo de empresas, especializadas en el convencional, pero hay que ver muy bien el tema del pasivo, cómo plantean resolverlo, si pueden solventarlo o si en unos años se funden y nos dejan una camioneta y un trailer como pago”, señaló.
Medele remarcó que “somos la generación que tiene que hacer esto para que quede bien, porque tenemos un modelo de crecimiento de producción con Vaca Muerta, y por eso podemos dedicarnos a dejar las cosas bien hechas”.
.

La Argentina pagará caro la inacción en materia ambiental

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Pese a que nuestra economía depende del ambiente, no hay conciencia del valor que supone cuidar los ecosistemas
La Argentina es peculiar. Es el octavo territorio más extenso del mundo, del Trópico de Capricornio a regiones polares. Goza de una diversidad única de climas y ecoregiones: selvas, bosques, desiertos, estepas, cadenas montañosas y extensas llanuras. Integra la quinta cuenca hídrica del planeta. El agua abunda en el 30% del territorio, pero el 70% es árido o semiárido. La Cordillera de los Andes, con sus nieves y glaciares, provee el agua para la población y actividad económica de estas regiones. Posee además un extenso territorio oceánico.
La población es acotada, mal distribuida: el 92% es urbana, concentrada en pocas ciudades, entre ellas la megaurbe del AMBA, donde reside más de la tercera parte de la población del país.
La economía argentina se basa en la producción agropecuaria y derivados. La mayoría de las exportaciones tienen valor agregado bajo a medio. Hoy el valor de las materias primas es una parte cada vez menor del flujo del comercio internacional. Esta situación presiona sobre los ecosistemas del país. Incluyendo al turismo, gran parte de nuestra economía es ambiente dependiente: vendemos clima, agua y suelo. Exportamos riqueza ambiental.
Las sequías que han impactado nuestro país en los últimos 16 años –peor aún la gran sequía 2022-2023– exponen el grado de dependencia y vulnerabilidad socio-económica del modelo basado en una baja diversidad de productos primarios ante perturbaciones ambientales naturales y antropogénicas.
Dado que ambiente y clima son la esencia de nuestra economía, sería razonable pensar que el cuidado del ambiente es prioritario para los ciudadanos y toda la dirigencia. También lo sería la optimización de su uso económico, su puesta en valor para conquistar mercados.
Sin embargo, no es así. El cuidado del ambiente no es relevante para amplios sectores de la ciudadanía, aun sufriendo vulnerabilidades derivadas de la crisis ambiental.
Leyes no faltan. La Constitución de 1994 contempla el derecho al ambiente sano. De ella se desprenden un conjunto de leyes para preservar sistemas naturales. La mayoría fueron fruto de intensos debates, con aportes del sector de I+D. Leyes como la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos y la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares proveen a la preservación de ecosistemas, garantizan la continuidad de sus servicios esenciales para la vida y el desarrollo económico. Son leyes distinguidas en Estados Unidos y Europa.
Pero lo cierto es que estas leyes no reciben los medios para su aplicación o no se las aplica correctamente o se las ignora.
Existen movimientos ambientalistas, pero varios promueven slogans desvinculados de las realidades de los ecosistemas locales y del conocimiento científico. Algunos son cooptados por ideologías partidarias. En la dirigencia se observa escaso interés en la problemática ambiental. No perciben la relación entre la crisis ambiental y la crisis socioeconómica. Algunos sectores políticos la hacen propia solo para hablar mucho, hacer poco, o encubrir destrucción ambiental.
En suma, la crisis ambiental queda inmersa en múltiples grietas, en el desconocimiento y la indiferencia de nuestra sociedad y la dirigencia público-privada.
Las soluciones para nuestro país exigen conocer la dinámica de los sistemas ambientales, la identificación de los desequilibrios y sus causas. Se necesitan sistemas de monitoreo ambiental y análisis científico propios, cuestiones caprichosamente desfinanciadas o abandonadas.
No siempre fue así. En 1872 Sarmiento aprobó por ley la creación del hoy Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tercera institución de su tipo en el mundo, y las primeras academias nacionales de ciencias. Avellaneda crea el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) en 1879. En 1903, el gobierno de Roca apoya la Campaña Antártica Nacional Escocesa y en 1904 establece la primera base antártica permanente del mundo, la Base Orcadas. Roca asienta las bases de lo que luego será el valioso sistema de parques nacionales. Son solo algunos ejemplos.

La crisis ambiental
Los problemas ambientales del país son múltiples. Veamos algunos desde la ciencia. El 30% del territorio sufre degradación de suelos de importante a severa. Tal degradación incluye diversos procesos: pérdida importante de nutrientes, erosión, desertificación. La pérdida de biodiversidad microbiana del suelo, fundamental en el ciclo de nutrientes y la fijación de dióxido de carbono atmosférico (CO2), es importante.
La crisis de los suelos se asocia con cambios en el uso de suelos: falta de gestión, destrucción de bosques y pastizales nativos. La rica biodiversidad de nuestros ecosistemas cae por la expansión sin control de la frontera agropecuaria que destruye ecosistemas sin importar las consecuencias ni siquiera para la misma producción que busca expandirse. Los mecanismos de degradación interactúan y se potencian.
La pérdida de cobertura vegetal y trama de raíces que frenan el impacto de lluvias fuertes y retienen el agua promueve la erosión. Además, acelera el escurrimiento del agua hacia las cuencas hídricas, causando inundaciones más rápidas y frecuentes o procesos de sequía más intensos, según el estado del clima. El lavado de suelos facilita la contaminación de los ríos con los múltiples productos químicos tóxicos de la actividad agraria, industrial o minera.
Ríos y napas sufren la contaminación de aguas por falta de tratamiento adecuado de efluentes urbanos e industriales. Se detectaron psicofármacos en aguas del Paraná. Los stocks de agua se están desregulando por extracción excesiva de agua de napas, derretimiento de glaciares y nieve permanentes por el calentamiento global y eventos meteorológicos y climáticos extremos cada vez más frecuentes.
La generación eléctrica con combustibles fósiles y el cambio en el uso de suelos son las principales causas del cambio climático. Tenemos emisiones de gases de efecto invernadero moderadas, similares a las de Suecia. Aquí son ineficientes y costosas por fallas sistémicas, por destrucción ambiental. Reducir estas emisiones es necesario. Pero ante cambios climáticos que ya están ocurriendo debe adaptarse la infraestructura, la vivienda, la salud, la producción. Se requiere capacidad propia para evaluar cómo serán los cambios, para diseñar políticas de adaptación eficientes. Sin estas acciones los costos sociales, las pérdidas económicas, productivas y ambientales crecen.

Revertir la tendencia
Podríamos describir otros procesos de la crisis ambiental nacional (contaminación del aire, pesca, humedales, especies foráneas, entre otros) y sus múltiples sinergias negativas. Pero es relevante considerar que también existen procesos para revertir la situación: soluciones productivas de raíz ecosistémica.
Existen técnicas que no solo cuidan el ambiente mediante actividades productivas, sino que las potencian. Productores ya aplican la ganadería regenerativa y silvoganadería en distintos puntos del país. El uso de la fauna autóctona en la industria textil, láctea y cárnica es otro ejemplo. El uso responsable con valor agregado de la biodiversidad en el sector alimenticio, farmacéutico y cosmética debería desarrollarse. El desarrollo de tecnologías de energía renovables solar, eólica y marina es esencial para el país y genera productos exportables de alto valor agregado. El rol del Estado en cuidado del entorno, certificación de calidad ambiental y desarrollo de conocimientos en favor de toda la sociedad es indeclinable.
Nos debemos un serio debate para revertir esta crisis. El cuidado ambiental es fundamental para proteger y diversificar nuestras producciones, generar empleo, valor agregado y abrir mercados. El desarrollo del conocimiento científico y técnico local es ineludible: universidades, Conicet, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, la Conae. La transferencia a la sociedad, y en particular a las pymes que no pueden costearlo, es un deber. Las pymes son pilares de la economía. El conocimiento es el otro pilar.
El costo social, económico y ambiental de la inacción es mucho mayor.

Por Pablo O. Canziani
Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, investigador de la UTN/Conicet y miembro fundador del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión de la Unesco
.

Organizaciones denuncian los impactos ambientales que tendrá la aprobación de la Ley Bases

Fecha de Publicación: 03/05/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un comunicado de la Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN) subraya que el nuevo proyecto de ley considera la regulación ambiental como una molestia. Advierte sobre la reducción de la participación ciudadana y los privilegios otorgados a industrias extractivas.
Este martes la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Bases. La iniciativa del oficialismo consta de más de 200 artículos y establece la emergencia energética, económica y financiera por un período de un año. Sin embargo, En la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron que pese a que este nuevo proyecto no incluye un capítulo específico de desregulación ambiental, sí hay capítulos que plantean un riesgo en la materia. Puntualmente referidos al acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego.
Entre los derechos socioambientales que se perderían de convertirse en ley la iniciativa, figuran: la posible sustitución de las audiencias públicas para definir proyectos, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera, modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales.
En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica: “Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales delas generaciones presentes y futuras”, detalla el comunicado.
Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente

1. Audiencias públicas optativas:
El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, que son instancias de participación ciudadana sobre proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas, este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.
“Esta modificación brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN.

2. Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos:
El nuevo proyecto de Ley Bases contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.
Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por la Argentina al ratificar el Acuerdo de París.

3. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
En el último documento publicado por FARN explican: “Ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley Ómnibus impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.
”La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo delos últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

4. La posible cancelación de fondos fiduciarios:
El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país.
“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.
.

Chaco aprueba una nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas

Fecha de Publicación: 02/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Así lo alertan oganizaciones sociales, y anticiparon que lo denunciarán judicialmente. En plena madrugada, la legislatura chaqueña aprobó la norma que agravará la situación del desmonte en la provincia, a partir de un mapa elaborado sin participación comunitaria y “a la medida de las tanineras y el agronegocio”.
Mientras en el Congreso Nacional se debatía y preparaba la aprobación de la Ley de Bases del presidente Javier Milei, en la Legislatura Chaqueña también tenía lugar una votación que es rechazada por una parte importante de la sociedad y puede traducirse en una fuerte violación de derechos. En plena madrugada se votó la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): organizaciones sociales advierten que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas y adelantaron que llevarán el tema a la Justicia.
«Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
Sin embargo, las críticas sobre este nuevo ordenamiento ya habían sido advertidas antes de la votación por organizaciones ambientalistas locales como Somos Monte Chaco y por ONG como Vida Silvestre y Greenpeace, que denunciará “en la Corte Suprema la ilegalidad del nuevo OTBN”.

De madrugada
“Lo hicieron a escondidas de la ciudadanía. Muy pocas veces se ha sesionado a la noche y justamente terminaron de votar a las 2:40 de la madrugada, cuando la mayoría de los chaqueños ya dormían”, cuestionó Débora Páez, de Somos Monte. “Lo irónico y hasta vergonzoso es que parecía una pelea de niños tirándose chicanas unos a otros mientras discutían el futuro de muchos de nosotros”, lamentó en diálogo con Tiempo.
“Con lo que se votó anoche se viola el principio de no regresividad ambiental presente desde la ley general de ambiente. También es violatorio en cuanto a los procedimientos, ya que no se realizaron los procesos participativos y técnicos que establecen la ley y el Consejo Federal de Ambiente. Es violatorio en el contenido de la norma, ya que no cumple con el requisito de no regresividad ambiental. Es violatorio de leyes internacionales”, enumeró la ambientalista.
En el mismo sentido, Greenpeace anunció que denunciará ante el máximo tribunal la “ilegalidad” de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. “A las 2.40 de la madrugada, y de espaldas al pueblo, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Llevaremos la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“A medida de las tanineras y el agronegocio. Vamos a acompañar las acciones judiciales”, anticipó el abogado ambientalista Enrique Viale.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. “Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.
La organización advirtió que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco “se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte legal de más de un millón de hectáreas”.

Regresividad
Vida Silvestre también se pronunció contra el nuevo OTBN, porque implica “graves retrocesos e incumplimiento de la normativa nacional e internacional”.
“La norma dispone un mapa regresivo y no progresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú, de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y de la normativa específica del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). Por ejemplo, es alarmante que se proponga pasar a Categoría III-Verde polígonos lindantes al Parque Nacional Copo y a la Reserva Provincial la Pirámide, y cercanos al Parque Natural Provincial Loro Hablador, zonas que en el OTBN anterior están en Categoría II-Amarillo, una categoría más restrictiva. Esto implica una regresividad y no progresividad porque estas áreas, con esta nueva ley, pasan a tener menor protección, situación que se agrava teniendo en cuenta que estos polígonos rodean áreas protegidas y constituyen parte de la zona de amortiguamiento de estas áreas, impactando negativamente su integridad, conectividad y permanencia”.
También cuestionaron que se cree una Mesa de Revisión y Actualización del OTBN para revisar ese ordenamiento de forma anual, “violando la Ley 26.331 y su decreto reglamentario 91/2009 donde se establece que la actualización debe ser realizada cada 5 años. Si se da continuidad a la política ratificada con la sanción de esta ley, esto sería someter a los bosques a una revisión anual de su nivel de protección, quitando además la posibilidad de planificación a mediano plazo que la gestión forestal necesita”.
“Es de altísima gravedad aprobar un mapa que no fue validado en el marco de un proceso participativo como corresponde, mientras que se desconocen los insumos técnicos que generaron el mapa aprobado. Asimismo, nos preocupa el tratamiento irregular y exprés que se le dio al tema por parte de la legislatura chaqueña”, dijo Fernando Miñarro, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
“El mapa propuesto en el proyecto 423/2024 y que fuera sancionado el 30 de abril, cambia de categoría de protección sectores de la provincia, habilitando deforestación donde antes no estaba permitido, rompiendo con el criterio de no regresión. Por ejemplo, el sector oeste de la provincia ahora incrementa el verde, dando lugar a futuros desmontes», planteó Miñarro.
Y acotó: «En definitiva, esta presentación lo único que está haciendo es poner en riesgo los escasos bosques nativos que quedan en Argentina, en una de las provincias que registra las mayores tasas de deforestación legal e ilegal. Esta actitud de los legisladores compromete fuertemente la potencialidad del país de posicionarse ante mercados internacionales que hoy exigen la tipificación del país, según su riesgo de deforestación”.
Vida Silvestre anticipó que pedirá a la Autoridad Nacional de Aplicación que la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos no reciba la acreditación correspondiente, “por no cumplir con los Presupuestos Mínimos, establecidos por la Ley de Bosques (26.331). Por otro lado, se suma la solicitud al gobernador de la provincia de Chaco Leandro Zdero el veto de dicha ley, que en caso de ser promulgada, será pasible se afrontar reclamos ante las justicia en la jurisdicción correspondiente”.
.