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San Luis: localidad contra un proyecto de litio
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Publicado por
Eco Sitio |
Una alianza de científicos y vecinos
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: San Luis
El proyecto de una minera australiana despertó la alarma de un pueblo, que recurre a expertos para informarse y decidir.
San Francisco del Monte de Oro se encuentra en el centro-norte de San Luis, a 100 kilómetros de la capital provincial. Tiene aproximadamente 3 mil habitantes que, tradicionalmente, desarrollaron actividades agropecuarias en un escenario casi virgen, rodeado de sierras, montes, una frondosa flora y una fauna bien diversa que incluye desde jabalíes hasta cóndores. El paisaje se completa con cinco ríos caudalosos que constituyen la reserva hídrica, que alimenta la naturaleza puntana y convirtió al sitio en un emergente destino turístico.
El equilibrio vecinal se vio trastocado cuando comenzaron a correr los rumores de que la empresa australiana Latin Resources tenía intenciones de explotar el litio de Géminis, una mina que se ubica a 8 kilómetros del municipio de la ciudad y de la plaza principal. De inmediato, la comunidad comenzó a moverse y a solicitar el auxilio de informes técnicos a especialistas y científicos de la zona. “En pleno 2018, todavía tomamos agua directamente de los ríos y eso es impagable. Por eso, apenas advertimos las intenciones de esta compañía nos preocupamos por su posible contaminación a partir de la explotación minera a cielo abierto. La sierra es muy rica, está llena de minerales y aunque la empresa señala que no contaminará, nosotros sabemos que no es así y buscamos el apoyo de personas que pudieran estudiar el caso y confirmar nuestros temores”, señala Diego Otero, referente del grupo de vecinos autoconvocados.
El desembarco de Latin Resources se enmarca en una situación nacional definida. Según el especialista del Conicet Bruno Fornillo, “Argentina se erigió como el país que ofrece las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales, ávidas de contar con el insumo, se instalen en el territorio”. El litio se rige por el código minero menemista, que ofrece amplias facilidades y garantías para el establecimiento de empresas extractivas internacionales porque las regalías que pagan son exiguas. No tienen restricciones para la exportación directa del carbonato de litio. Los actores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro. Se genera, de esta manera, una suerte de mercado financiero inmobiliario.
A mediados del siglo XX, la explotación de Géminis se realizaba de manera artesanal, con pico, pala y auxilio de burros para transportar apenas 2 mil kilos de material al mes. En la actualidad, los vecinos se organizan porque saben que cualquier proceso extractivo a gran escala implica una transformación en el medioambiente.
El litio es un metal que, principalmente, se halla en salmueras naturales: pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Su mercado es creciente, la demanda aumenta año tras año y se estima un crecimiento promedio de entre 10 por ciento y 12 por ciento anual en los próximos 5 años. Se utiliza para baterías, cerámica y vidrios, grasas y lubricantes, en la industria metalúrgica y como psicofármaco. Existen dos formas de extracción básica del mineral: una, la más conocida, a través de salinas (es lo que ocurre con los salares que componen el triángulo Argentina, Bolivia y Chile) y otra, a partir de rocas duras. Este último caso corresponde a lo que sucede en San Francisco, donde el “oro blanco” se extrae del espodumeno. “El litio solo representa el 7 por ciento del espodumeno, con lo cual se prevé un movimiento de rocas demasiado importante para la cantidad del recurso que se puede llegar a aprovechar. Para una empresa como Latin Resources es fundamental desarrollar un modelo de explotación capaz de mover un volumen de material que justifique su inversión”, dice Emilio Ahumada, Doctor en Ciencias Geológicas (Universidad Nacional de San Luis) y referente cuyo estudio técnico fue solicitado por los vecinos de la zona. Y completa: “En la explotación a cielo abierto se perforan las rocas, se insertan dinamitas y se explotan para transportar el material a un procesamiento de molienda y poder separar el litio del resto de los componentes residuales”.
Otro conflicto subyace con los recursos descartados: “Cuando se fractura la roca se produce la exposición de los minerales al medioambiente y se generan grandes pasivos ambientales: toneladas de material destruido que quedan en el lugar como esqueletos que nadie quiere trasladar”, apunta Juan Arbia, médico toxicólogo (UBA) que ejerce su profesión en el hospital de la ciudad. Latin Resources, en este sentido, notificó que realizará un socavón de 300x500 metros, lo que equivale a abrir en la sierra un agujero del tamaño de una cancha de fútbol, sin tener en cuenta transformaciones vinculadas a la generación de rutas de acceso y demás edificaciones necesarias para el proceso extractivo. Hace un tiempo, sin permiso gubernamental se generó un camino de acceso hacia la mina de 12 kilómetros, que generó desmonte y una destrucción paisajística considerable.
“El litio se emplea como psicofármaco para pacientes con trastornos bipolares. Liberar al aire este tipo mineral a partir de explosiones y posibilitar su interacción con el agua es bastante preocupante, en la medida en que podría generar un impacto tanto en los ecosistemas marinos –causando la mortandad de peces–, así como también producir trastornos emocionales en las personas”, destaca Emilio Ahumada.
En su página, la empresa declara tener el apoyo de las comunidades aledañas, algo falso, ya que en ningún momento se reunió con ningún vecino ni autoridad municipal. “Junto al Concejo Deliberante estamos denunciando esta situación, aquí no hay ningún acuerdo firmado con los vecinos. Están haciendo lobby y buscan limpiar su imagen para atraer grupos inversores que apoyen el proyecto”, concluye Otero.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: San Luis
El proyecto de una minera australiana despertó la alarma de un pueblo, que recurre a expertos para informarse y decidir.
San Francisco del Monte de Oro se encuentra en el centro-norte de San Luis, a 100 kilómetros de la capital provincial. Tiene aproximadamente 3 mil habitantes que, tradicionalmente, desarrollaron actividades agropecuarias en un escenario casi virgen, rodeado de sierras, montes, una frondosa flora y una fauna bien diversa que incluye desde jabalíes hasta cóndores. El paisaje se completa con cinco ríos caudalosos que constituyen la reserva hídrica, que alimenta la naturaleza puntana y convirtió al sitio en un emergente destino turístico.
El equilibrio vecinal se vio trastocado cuando comenzaron a correr los rumores de que la empresa australiana Latin Resources tenía intenciones de explotar el litio de Géminis, una mina que se ubica a 8 kilómetros del municipio de la ciudad y de la plaza principal. De inmediato, la comunidad comenzó a moverse y a solicitar el auxilio de informes técnicos a especialistas y científicos de la zona. “En pleno 2018, todavía tomamos agua directamente de los ríos y eso es impagable. Por eso, apenas advertimos las intenciones de esta compañía nos preocupamos por su posible contaminación a partir de la explotación minera a cielo abierto. La sierra es muy rica, está llena de minerales y aunque la empresa señala que no contaminará, nosotros sabemos que no es así y buscamos el apoyo de personas que pudieran estudiar el caso y confirmar nuestros temores”, señala Diego Otero, referente del grupo de vecinos autoconvocados.
El desembarco de Latin Resources se enmarca en una situación nacional definida. Según el especialista del Conicet Bruno Fornillo, “Argentina se erigió como el país que ofrece las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales, ávidas de contar con el insumo, se instalen en el territorio”. El litio se rige por el código minero menemista, que ofrece amplias facilidades y garantías para el establecimiento de empresas extractivas internacionales porque las regalías que pagan son exiguas. No tienen restricciones para la exportación directa del carbonato de litio. Los actores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro. Se genera, de esta manera, una suerte de mercado financiero inmobiliario.
A mediados del siglo XX, la explotación de Géminis se realizaba de manera artesanal, con pico, pala y auxilio de burros para transportar apenas 2 mil kilos de material al mes. En la actualidad, los vecinos se organizan porque saben que cualquier proceso extractivo a gran escala implica una transformación en el medioambiente.
El litio es un metal que, principalmente, se halla en salmueras naturales: pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Su mercado es creciente, la demanda aumenta año tras año y se estima un crecimiento promedio de entre 10 por ciento y 12 por ciento anual en los próximos 5 años. Se utiliza para baterías, cerámica y vidrios, grasas y lubricantes, en la industria metalúrgica y como psicofármaco. Existen dos formas de extracción básica del mineral: una, la más conocida, a través de salinas (es lo que ocurre con los salares que componen el triángulo Argentina, Bolivia y Chile) y otra, a partir de rocas duras. Este último caso corresponde a lo que sucede en San Francisco, donde el “oro blanco” se extrae del espodumeno. “El litio solo representa el 7 por ciento del espodumeno, con lo cual se prevé un movimiento de rocas demasiado importante para la cantidad del recurso que se puede llegar a aprovechar. Para una empresa como Latin Resources es fundamental desarrollar un modelo de explotación capaz de mover un volumen de material que justifique su inversión”, dice Emilio Ahumada, Doctor en Ciencias Geológicas (Universidad Nacional de San Luis) y referente cuyo estudio técnico fue solicitado por los vecinos de la zona. Y completa: “En la explotación a cielo abierto se perforan las rocas, se insertan dinamitas y se explotan para transportar el material a un procesamiento de molienda y poder separar el litio del resto de los componentes residuales”.
Otro conflicto subyace con los recursos descartados: “Cuando se fractura la roca se produce la exposición de los minerales al medioambiente y se generan grandes pasivos ambientales: toneladas de material destruido que quedan en el lugar como esqueletos que nadie quiere trasladar”, apunta Juan Arbia, médico toxicólogo (UBA) que ejerce su profesión en el hospital de la ciudad. Latin Resources, en este sentido, notificó que realizará un socavón de 300x500 metros, lo que equivale a abrir en la sierra un agujero del tamaño de una cancha de fútbol, sin tener en cuenta transformaciones vinculadas a la generación de rutas de acceso y demás edificaciones necesarias para el proceso extractivo. Hace un tiempo, sin permiso gubernamental se generó un camino de acceso hacia la mina de 12 kilómetros, que generó desmonte y una destrucción paisajística considerable.
“El litio se emplea como psicofármaco para pacientes con trastornos bipolares. Liberar al aire este tipo mineral a partir de explosiones y posibilitar su interacción con el agua es bastante preocupante, en la medida en que podría generar un impacto tanto en los ecosistemas marinos –causando la mortandad de peces–, así como también producir trastornos emocionales en las personas”, destaca Emilio Ahumada.
En su página, la empresa declara tener el apoyo de las comunidades aledañas, algo falso, ya que en ningún momento se reunió con ningún vecino ni autoridad municipal. “Junto al Concejo Deliberante estamos denunciando esta situación, aquí no hay ningún acuerdo firmado con los vecinos. Están haciendo lobby y buscan limpiar su imagen para atraer grupos inversores que apoyen el proyecto”, concluye Otero.
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7722, modificación con pocas posibilidades de concretarse
El oficialismo ve casi imposible los cambios a la Ley 7.722 en 2019
Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Los cambios en la Ley 7.722, conocida como antiminera, fue uno de los principales proyectos que trató la Legislatura en 2018. Presentado por el senador justicialista Alejandro Abraham, el oficialismo lo vio con buenos ojos y lo apoyó, pero no pudo salir adelante y para el radicalismo es casi imposible que se apruebe en 2019.
En el Senado, tanto los legisladores Juan Carlos Jaliff como Diego Costarelli echaron por tierra que las modificaciones de la Ley minera prosperen durante el 2019, año electoral.
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Explicó que si la iniciativa no salió este 2018, menos posibilidades tiene de hacerlo en el 2019 que será un año intenso y con un proyecto como el de la minería que tiene un costo político importante.
El Presidente de la Cámara Alta, Juan Carlos Jaliff, recordó que este año habían redactado el despacho pero la falta de consenso de la oposición llevó a que la situación se estancara.
"Nosotros le planteamos que si había un acuerdo mayoritario lo íbamos a acompañar, pero en el justicialismo nunca se definieron, no acordaron nada", señaló
"Ya no sé, no creo que cambie el panorama para el año que viene", afirmó el senador.
Nestor Parés, presidente de la cámara Diputados, resaltó que los proyectos de minería tienen poco quórum en el justicialismo y ese es su principal limitante, no el año electoral.
Señaló que fue el propio partido el que frenó todo debate o tratamiento.
Al ser consultado por el pedido del PJ de que si Cornejo estaba a favor presentase su propio proyecto, indicó que es ridículo lo que plantearon.
"Ellos presentan una iniciativa y después su bloque no lo quiere votar.", puntualizó.
"Después nos plantean a nosotros que hagamos un proyecto. Es ridículo, si ya hay un proyecto", agregó.
Que Cornejo se involucre
Desde el justicialismo, la legisladora Patricia Fadel, "le tiró la pelota" al oficialismo.
"Hemos dicho que no tenemos problema en discutirlo siempre y cuando el Ejecutivo sea parte de la discusión y mande un proyecto", aseveró.
Sobre la postura del oficialismo de que es una iniciativa de su frente político y que ellos deben hacerse cargo, respondió que el tema de la minería es una cuestión de Estado que cambia la matriz productiva de Mendoza, por lo que el Gobernador debe ser el impulsor.
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Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Los cambios en la Ley 7.722, conocida como antiminera, fue uno de los principales proyectos que trató la Legislatura en 2018. Presentado por el senador justicialista Alejandro Abraham, el oficialismo lo vio con buenos ojos y lo apoyó, pero no pudo salir adelante y para el radicalismo es casi imposible que se apruebe en 2019.
En el Senado, tanto los legisladores Juan Carlos Jaliff como Diego Costarelli echaron por tierra que las modificaciones de la Ley minera prosperen durante el 2019, año electoral.
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Explicó que si la iniciativa no salió este 2018, menos posibilidades tiene de hacerlo en el 2019 que será un año intenso y con un proyecto como el de la minería que tiene un costo político importante.
El Presidente de la Cámara Alta, Juan Carlos Jaliff, recordó que este año habían redactado el despacho pero la falta de consenso de la oposición llevó a que la situación se estancara.
"Nosotros le planteamos que si había un acuerdo mayoritario lo íbamos a acompañar, pero en el justicialismo nunca se definieron, no acordaron nada", señaló
"Ya no sé, no creo que cambie el panorama para el año que viene", afirmó el senador.
Nestor Parés, presidente de la cámara Diputados, resaltó que los proyectos de minería tienen poco quórum en el justicialismo y ese es su principal limitante, no el año electoral.
Señaló que fue el propio partido el que frenó todo debate o tratamiento.
Al ser consultado por el pedido del PJ de que si Cornejo estaba a favor presentase su propio proyecto, indicó que es ridículo lo que plantearon.
"Ellos presentan una iniciativa y después su bloque no lo quiere votar.", puntualizó.
"Después nos plantean a nosotros que hagamos un proyecto. Es ridículo, si ya hay un proyecto", agregó.
Que Cornejo se involucre
Desde el justicialismo, la legisladora Patricia Fadel, "le tiró la pelota" al oficialismo.
"Hemos dicho que no tenemos problema en discutirlo siempre y cuando el Ejecutivo sea parte de la discusión y mande un proyecto", aseveró.
Sobre la postura del oficialismo de que es una iniciativa de su frente político y que ellos deben hacerse cargo, respondió que el tema de la minería es una cuestión de Estado que cambia la matriz productiva de Mendoza, por lo que el Gobernador debe ser el impulsor.
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Potasio Río Colorado en la mira china
¿Se reactivará el proyecto minero Potasio Río Colorado?
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador Alfredo Cornejo, recibó a las autoridades de Shanghai Potash Engineering Research Center, en la Casa de Gobierno. Se trata de los representantes del instituto que administra la importación de potasio a China. La comitiva encabezada por Wei Chengguang, uno de los mejores especialistas en el mundo en materia de potasio, recorrerá el yacimiento Potasio Río Colorado.
El objetivo de la visita es mostrarles a los empresarios orientales el estudio de factibilidad económica del proyecto Potasio Río Colorado, una ambiciosa inversión de la brasileña Vale que quedó inconclusa a mediados de 2014, antes de comenzar a producir.
El Gobernador sostuvo “¿quién más que una cultura milenaria, como la China, que tiene esa mirada a largo plazo como para ver la potencialidad que está aquí y que no se vio en esa mina en particular?”.
Así, Cornejo aseguró que “estamos en conversaciones con Vale, muy avanzadas, para acotar el proyecto a uno más chico, para industrializarlo en Malargüe, de manera tal que el valor agregado quede allí”. En este sentido, indicó que se intentará que “no sólo se saque el potasio y se lleve a los puertos del Atlántico, sino industrializarlo en Argentina, en el Sur de la provincia, dejando el valor agregado y el trabajo en Malargüe, es nuestro mayor objetivo”.
El Gobernador detalló que “a Portezuelo del Viento siempre lo hemos mencionado como el motor del desarrollo de la provincia, del Sur de la provincia. Nuestra actividad minera es muy pobre y este proyecto tiene licencia social y política, fue aprobado por unanimidad por la Legislatura en su momento. En las audiencias públicas ha sido bien visto”.
La comitiva viajará mañana a San Rafael, y entre el viernes y el sábado recorrerán la mina para realizar los estudios correspondientes. La semana que viene se avanzará con el Gobierno nacional y con Vale.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador Alfredo Cornejo, recibó a las autoridades de Shanghai Potash Engineering Research Center, en la Casa de Gobierno. Se trata de los representantes del instituto que administra la importación de potasio a China. La comitiva encabezada por Wei Chengguang, uno de los mejores especialistas en el mundo en materia de potasio, recorrerá el yacimiento Potasio Río Colorado.
El objetivo de la visita es mostrarles a los empresarios orientales el estudio de factibilidad económica del proyecto Potasio Río Colorado, una ambiciosa inversión de la brasileña Vale que quedó inconclusa a mediados de 2014, antes de comenzar a producir.
El Gobernador sostuvo “¿quién más que una cultura milenaria, como la China, que tiene esa mirada a largo plazo como para ver la potencialidad que está aquí y que no se vio en esa mina en particular?”.
Así, Cornejo aseguró que “estamos en conversaciones con Vale, muy avanzadas, para acotar el proyecto a uno más chico, para industrializarlo en Malargüe, de manera tal que el valor agregado quede allí”. En este sentido, indicó que se intentará que “no sólo se saque el potasio y se lleve a los puertos del Atlántico, sino industrializarlo en Argentina, en el Sur de la provincia, dejando el valor agregado y el trabajo en Malargüe, es nuestro mayor objetivo”.
El Gobernador detalló que “a Portezuelo del Viento siempre lo hemos mencionado como el motor del desarrollo de la provincia, del Sur de la provincia. Nuestra actividad minera es muy pobre y este proyecto tiene licencia social y política, fue aprobado por unanimidad por la Legislatura en su momento. En las audiencias públicas ha sido bien visto”.
La comitiva viajará mañana a San Rafael, y entre el viernes y el sábado recorrerán la mina para realizar los estudios correspondientes. La semana que viene se avanzará con el Gobierno nacional y con Vale.
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Tres intendentes pro mineros en Mendoza
El futuro de Mendoza: tres intendentes oficialistas le abren la puerta a la Minería
Fecha de Publicación: 19/12/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
MDZ consultó a tres jefes municipales sobre algunos temas importantes que hoy ocupan la agenda política mendocina orientada hacia el futuro, abarcando tres ejes: minería, matriz productiva e institucionalidad. Qué opinan sobre la ley 7722, la reelección del gobernador y la autonomía de los municipios.
Mendoza transita un momento coyuntural clave en su desarrollo económico, político y social. En medio de una tormenta que se capea con mayor o menor éxito, los ciudadanos reclaman a sus representantes no solo la toma de soluciones sobre los problemas inmediatos, sino también configurar un nuevo escenario en cuanto a la sostenibilidad de políticas públicas orientadas al bienestar social, la matriz productiva y la fortaleza institucional.
En ese sentido, guste o no, los políticos cuentan con una gran responsabilidad y son quienes en definitiva deben transmutar esos reclamos ciudadanos en acciones concretas. Los intendentes, al menos en Mendoza, juegan un papel trascendental y su palabra suele tener mucho peso, por lo que su opinión es clave en el desarrollo provincial.
Ver la Nota Completa
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Fecha de Publicación: 19/12/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
MDZ consultó a tres jefes municipales sobre algunos temas importantes que hoy ocupan la agenda política mendocina orientada hacia el futuro, abarcando tres ejes: minería, matriz productiva e institucionalidad. Qué opinan sobre la ley 7722, la reelección del gobernador y la autonomía de los municipios.
Mendoza transita un momento coyuntural clave en su desarrollo económico, político y social. En medio de una tormenta que se capea con mayor o menor éxito, los ciudadanos reclaman a sus representantes no solo la toma de soluciones sobre los problemas inmediatos, sino también configurar un nuevo escenario en cuanto a la sostenibilidad de políticas públicas orientadas al bienestar social, la matriz productiva y la fortaleza institucional.
En ese sentido, guste o no, los políticos cuentan con una gran responsabilidad y son quienes en definitiva deben transmutar esos reclamos ciudadanos en acciones concretas. Los intendentes, al menos en Mendoza, juegan un papel trascendental y su palabra suele tener mucho peso, por lo que su opinión es clave en el desarrollo provincial.
Ver la Nota Completa
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Sierra Pintada podría ser remediada luego de décadas de olvido
Comienza el saneamiento de Sierra Pintada: puede durar 10 años
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno convocó a audiencia pública para comenzar el proceso de saneamiento del complejo Sierra Pintada, que tiene toneladas de residuos contaminantes. Usarán sustancias prohibidas por la 7722, pero no para producir sino para remediar. El proceso podría durar hasta una década.
Los pasivos dejados por el complejo fabril Sierra Pintada, de donde se producía uranio, es uno de los problemas ambientales más graves de Mendoza y el peor antecedente de la minería. Ahora se avanza en el proceso para sanear esos residuos contaminantes y para ello el Gobierno detonó el mecanismo para emitir la Declaración de Impacto Ambiental del proceso que debe llevar adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica. El dato trascendente es que para ejecutar el proceso es necesario emular el proceso industrial por el cual se producía uranio y usar algunas de las sustancias que están prohibidas por la ley 7722, como el ácido sulfúrico. El proceso estimado de saneamiento completo puede durar hasta una década.
Ese proceso es uno de los desafíos ambientales más importantes que tiene Mendoza. Y tras un larguísimo proceso, se convocó a audiencia pública para ejecutarlo. En realidad es el segundo intento, pues hace una década se inició un camino similar y fracasó. Ahora se buscó consenso legal con la justicia y se convocó a una nueva audiencia para el 9 de enero.
La clave para ejecutar el proceso usando ácido sulfúrico es que la ley 7722 prohíbe el uso de sustancias para los procesos de exploración y explotación minera, pero no para el saneamiento de pasivos ambientales. Antes, se determinó el orden de prioridades según el riesgo de la basura acumulada. “En base a lo requerido y atendiendo a los potenciales riesgos de los pasivos ambientales sin gestionar, productos de las actividades mineras y del proceso productivo de concentrado de uranio, acuerda y coincide con el orden de prioridad establecido para la gestión de los mismos y sugiere el tratamiento y gestión inmediata de los pasivos ambientales como agua de cantera y residuos sólidos de disposición transitoria”, cita la resolución de la Dirección de Protección Ambiental que convoca a la audiencia. En ese sentido, aseguran que los procedimientos propuestos son “técnicamente factibles”.
La basura
Tras el cese de la actividad en Sierra Pintada quedaron abandonados los pasivos ambientales del proceso que se realizaba, pero también otros provenientes de Córdoba. Los residuos sólidos provienen de la concentración de dióxido de Uranio y están ubicados en trincheras construidas con de material proveniente de las colas solidas resultantes del procesamiento del mineral de Uranio en la planta. Pero además existen 5223 tambores equivalentes a 1.067 tn de precipitados húmedos. Los tambores fueron trasladados entre 1995 y 2000 desde la planta de Dioxitex, en Córdoba.
Las colas del proceso de producción es otro de los residuos peligrosos. Es material finamente particulado proveniente del uranio tratado en la planta, proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico. El total hay 1.056.162 m2 de ese material. Esas colas de mineral no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que “existe posibilidad de afectación de cursos de agua”. El agua de cantera tiene alta conductividad contienen metales pesados, con contenido de uranio superior al admisible.
Las prioridades son tratar el agua de cantera y los residuos sólidos. Luego las colas de tratamiento, los minerales de tratamiento.
Cómo se hará
El agua de cantera contiene radio, uranio y arsénico. Con el tratamiento se busca eliminar esos compuestos bajando su concentración a valores inferiores a los establecidos por las normas. Para el tratamiento se transporta el agua a cisternas de depósito, se circula el líquido a través de Resina de Intercambio Iónico que fija el Uranio. Las columnas de resinas saturadas de Uranio se lavan con solución acida. El precipitado conteniendo uranio se centrifuga, se extrusa y se seca. El efluente se trata con Sulfato férrico y Sulfato de Aluminio para precipitar el Arsénico y Radon como Sulfatos Se tratan aproximadamente 100.000 litros por año.
El tratamiento de los residuos sólidos es más complejo. Primero se realiza la apertura de los tachos, se hace un triple lavado (con agua de cantera). El agua de lavado se trata y se envía a diques de evaporación. Luego se diluye el uranio contenido en los sólidos con ácido sulfúrico (se usa en la solución agua de cantera); se decanta y se extrae el líquido conteniendo Uranio. Se trata el líquido a través de Resina de Intercambio Ionico que fija el Uranio. Se prevé extraer por año 2140 kg de Uranio
Los intentos anteriores para sanear el problema se bloquearon por la desconfianza de la comunidad de San Rafael. Es que el plan original del Ejecutivo nacional (con Néstor Kirchner como presidente) era reabrir la planta para volver a producir uranio. Esa idea era parte del plan nuclear, por el cual buscaban potenciar la energía atómica, producir uranio en Argentina y dejar de importar. Pero la reapertura de la mina encontró fuerte resistencia. Por eso el Gobierno separó los procesos y determinó, con comunicación a la CNEA, que debían sanearse los pasivos sin que ello implique la reactivación de la producción.
Desde el Gobierno aseguran que el proceso previo se demoró más de lo esperado, pero que para ellos es prioritario sanear esos pasivos por el riesgo potencial que tienen para el ambiente.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno convocó a audiencia pública para comenzar el proceso de saneamiento del complejo Sierra Pintada, que tiene toneladas de residuos contaminantes. Usarán sustancias prohibidas por la 7722, pero no para producir sino para remediar. El proceso podría durar hasta una década.
Los pasivos dejados por el complejo fabril Sierra Pintada, de donde se producía uranio, es uno de los problemas ambientales más graves de Mendoza y el peor antecedente de la minería. Ahora se avanza en el proceso para sanear esos residuos contaminantes y para ello el Gobierno detonó el mecanismo para emitir la Declaración de Impacto Ambiental del proceso que debe llevar adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica. El dato trascendente es que para ejecutar el proceso es necesario emular el proceso industrial por el cual se producía uranio y usar algunas de las sustancias que están prohibidas por la ley 7722, como el ácido sulfúrico. El proceso estimado de saneamiento completo puede durar hasta una década.
Ese proceso es uno de los desafíos ambientales más importantes que tiene Mendoza. Y tras un larguísimo proceso, se convocó a audiencia pública para ejecutarlo. En realidad es el segundo intento, pues hace una década se inició un camino similar y fracasó. Ahora se buscó consenso legal con la justicia y se convocó a una nueva audiencia para el 9 de enero.
La clave para ejecutar el proceso usando ácido sulfúrico es que la ley 7722 prohíbe el uso de sustancias para los procesos de exploración y explotación minera, pero no para el saneamiento de pasivos ambientales. Antes, se determinó el orden de prioridades según el riesgo de la basura acumulada. “En base a lo requerido y atendiendo a los potenciales riesgos de los pasivos ambientales sin gestionar, productos de las actividades mineras y del proceso productivo de concentrado de uranio, acuerda y coincide con el orden de prioridad establecido para la gestión de los mismos y sugiere el tratamiento y gestión inmediata de los pasivos ambientales como agua de cantera y residuos sólidos de disposición transitoria”, cita la resolución de la Dirección de Protección Ambiental que convoca a la audiencia. En ese sentido, aseguran que los procedimientos propuestos son “técnicamente factibles”.
La basura
Tras el cese de la actividad en Sierra Pintada quedaron abandonados los pasivos ambientales del proceso que se realizaba, pero también otros provenientes de Córdoba. Los residuos sólidos provienen de la concentración de dióxido de Uranio y están ubicados en trincheras construidas con de material proveniente de las colas solidas resultantes del procesamiento del mineral de Uranio en la planta. Pero además existen 5223 tambores equivalentes a 1.067 tn de precipitados húmedos. Los tambores fueron trasladados entre 1995 y 2000 desde la planta de Dioxitex, en Córdoba.
Las colas del proceso de producción es otro de los residuos peligrosos. Es material finamente particulado proveniente del uranio tratado en la planta, proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico. El total hay 1.056.162 m2 de ese material. Esas colas de mineral no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que “existe posibilidad de afectación de cursos de agua”. El agua de cantera tiene alta conductividad contienen metales pesados, con contenido de uranio superior al admisible.
Las prioridades son tratar el agua de cantera y los residuos sólidos. Luego las colas de tratamiento, los minerales de tratamiento.
Cómo se hará
El agua de cantera contiene radio, uranio y arsénico. Con el tratamiento se busca eliminar esos compuestos bajando su concentración a valores inferiores a los establecidos por las normas. Para el tratamiento se transporta el agua a cisternas de depósito, se circula el líquido a través de Resina de Intercambio Iónico que fija el Uranio. Las columnas de resinas saturadas de Uranio se lavan con solución acida. El precipitado conteniendo uranio se centrifuga, se extrusa y se seca. El efluente se trata con Sulfato férrico y Sulfato de Aluminio para precipitar el Arsénico y Radon como Sulfatos Se tratan aproximadamente 100.000 litros por año.
El tratamiento de los residuos sólidos es más complejo. Primero se realiza la apertura de los tachos, se hace un triple lavado (con agua de cantera). El agua de lavado se trata y se envía a diques de evaporación. Luego se diluye el uranio contenido en los sólidos con ácido sulfúrico (se usa en la solución agua de cantera); se decanta y se extrae el líquido conteniendo Uranio. Se trata el líquido a través de Resina de Intercambio Ionico que fija el Uranio. Se prevé extraer por año 2140 kg de Uranio
Los intentos anteriores para sanear el problema se bloquearon por la desconfianza de la comunidad de San Rafael. Es que el plan original del Ejecutivo nacional (con Néstor Kirchner como presidente) era reabrir la planta para volver a producir uranio. Esa idea era parte del plan nuclear, por el cual buscaban potenciar la energía atómica, producir uranio en Argentina y dejar de importar. Pero la reapertura de la mina encontró fuerte resistencia. Por eso el Gobierno separó los procesos y determinó, con comunicación a la CNEA, que debían sanearse los pasivos sin que ello implique la reactivación de la producción.
Desde el Gobierno aseguran que el proceso previo se demoró más de lo esperado, pero que para ellos es prioritario sanear esos pasivos por el riesgo potencial que tienen para el ambiente.
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Etiquetas:
contaminación,
energía nuclear,
legislación y derecho ambiental,
Mendoza,
minería
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Modificación de la 7.722 en la incertidumbre
Los proyectos para modificar la Ley antiminera quedaron estancados
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Aseguran que están siendo estudiados pero esta semana los legisladores ni siquiera se reunieron
Parte del peronismo y del resto de la oposición frenaron los proyectos para modificar la Ley 7.722, conocida como antiminera, y estos podría no llegar a tratarse antes de fin de año.
Si bien no dan la discusión por terminada, los legisladores Alejandro Abraham (UC) y Juan Antonio Agulles (PJ), los autores de los proyectos con los que se pensaba reactivar el tema de minería, confirmaron que ayer no se pudieron firmar los despachos de ambas iniciativas, en las tres comisiones que las estudian: Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente e Hidrocarburos.
Los legisladores se venían juntando todos los jueves en la mañana, esta semana la reunión se suspendió.
"Los dictámenes están listos, pero los legisladores los están estudiando", manifestó Agulles.
El senador Marcelo Romano (PI) quien es un férreo contrincante de la minería, aseguró: "El proyecto está en manos del gobierno, Alfredo Cornejo es un cobarde que no quiere dar la cara y decir que apoya la actividad minera".
Ahora, el desafío para el oficialismo y para ambos legisladores es intentar sacarlo adelante antes de fin de año, ya que el 2019 es electoral y ambos proyectos se pueden mezclar con lo electoral.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Aseguran que están siendo estudiados pero esta semana los legisladores ni siquiera se reunieron
Parte del peronismo y del resto de la oposición frenaron los proyectos para modificar la Ley 7.722, conocida como antiminera, y estos podría no llegar a tratarse antes de fin de año.
Si bien no dan la discusión por terminada, los legisladores Alejandro Abraham (UC) y Juan Antonio Agulles (PJ), los autores de los proyectos con los que se pensaba reactivar el tema de minería, confirmaron que ayer no se pudieron firmar los despachos de ambas iniciativas, en las tres comisiones que las estudian: Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente e Hidrocarburos.
Los legisladores se venían juntando todos los jueves en la mañana, esta semana la reunión se suspendió.
"Los dictámenes están listos, pero los legisladores los están estudiando", manifestó Agulles.
El senador Marcelo Romano (PI) quien es un férreo contrincante de la minería, aseguró: "El proyecto está en manos del gobierno, Alfredo Cornejo es un cobarde que no quiere dar la cara y decir que apoya la actividad minera".
Ahora, el desafío para el oficialismo y para ambos legisladores es intentar sacarlo adelante antes de fin de año, ya que el 2019 es electoral y ambos proyectos se pueden mezclar con lo electoral.
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El proyecto de Vale de interés de China
El gobierno chino interesado en el potasio de Mendoza
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Reactivar el proyecto de Vale requiere una inversión de U$S 1.500 millones y el precio internacional del mineral desalienta a las empresas.
El Gobierno de Mendoza espera que antes de fin de año una delegación del ente chino que se encarga de la producción e importación de potasio (la Shanghai Potash) visite la provincia, particularmente el sur de Malargüe, para estudiar la reingeniería del proyecto minero Potasio Río Colorado a fin de evaluar una posible inversión. Para avanzar con la explotación se necesitan unos U$S 1.500 millones y un inversor que desarrolle un negocio a “mediano y largo plazo” para poner a producir la mina.
Desde el 2013, cuando la minera Vale adujo problemas económicos por la abrupta caída del precio del mineral a nivel mundial y suspendió el proyecto, hubo más de un interesado en retomar los trabajos en el sur mendocino. El Gobierno mantuvo conversaciones con empresarios ingleses, australianos y estadounidenses, pero todos evaluaron que en este contexto internacional no resulta atractivo sumar mayor oferta de potasio.
Según explicó el subsecretario de Energía de la provincia, Emilio Guiñazú, el mercado mundial mueve 60 millones de toneladas de potasio al año, pero tiene una capacidad de abastecimiento de 80 millones anuales. Ese excedente de 20 millones fue el que hizo caer el precio de más de 600 dólares por tonelada al precio actual, estimado en 200 dólares por tonelada.
“En ese contexto una inversión nueva le agregaría producción al mercado (y aumentaría el excedente). Por eso no resulta atractivo el proyecto para quienes ya tienen están en el negocio”, explicó el funcionario de Energía.
La particularidad china
La situación de los inversores chinos es diferente a la de las empresas de otras partes del mundo, porque son ellos quienes marcan el ritmo al mercado mundial del potasio.
Ese país consume el 20% del potasio mundial e importa el 50% de lo que consume.
“Ellos mostraron mucho interés en el proyecto y los invitamos a visitar la provincia. Recientemente confirmaron que vienen y comenzamos a preparar los papeles para sus visas. Antes de fin de año esperamos tener la delegación de China haciendo una inspección de Potasio Río Colorado”, agregó Guiñazú.
De acuerdo con el funcionario, el país asiático proyecta sus inversiones mirando hacia los próximos 50 años, entendiendo que evaluar el mercado a cinco años (cuando el precio del potasio podría subir y aumentar la rentabilidad) es mirar a corto plazo.
El objetivo de Mendoza
En 2009, cuando llegó Vale a la provincia, el precio del potasio alcanzaba su máximo valor por tonelada (más de 600 dólares). En ese momento la brasileña había comprometido una inversión de U$S 6.300 millones para extraer cuatro millones de toneladas por año.
En abril del año 2016 se comenzó a trabajar en la reingeniería del proyecto para reducir la inversión a alrededor de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas.
De acuerdo con Guiñazú, estos números habrían sido del agrado de los funcionarios chinos.
A principios de noviembre, el ministro de Economía de la provincia, Martín Kerchner, mantuvo una reunión con Wei Chengguang, presidente de la Shanghai Potash, durante su viaje por Asia y desde su cartera esperan que dentro de poco la misión comercial de sus primeros frutos.
“Cuando arrancamos la gestión nos juntamos con Vale para hacer una reingeniería de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas por año. Sigue siendo un número importante y quien entre al proyecto tiene que tener una mirada de largo plazo. China sabe que en cuatro o cinco años la demanda será mayor y producirá un aumento en el precio del potasio”, indicó Guiñazú y agregó que aunque el proyecto de reactivación será a mediano plazo y excederá a la actual gestión, “el objetivo es que el yacimiento se reactive y se requiere una visión estratégica del asunto”.
La provincia es protagonista de las inversiones asiáticas
En el marco de las reuniones que mantuvo el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping la semana pasada en el G20, se firmó un Memorándum de Entendimiento para el Área de Minería por el que las partes se comprometen a “llevar a cabo la cooperación para la investigación, exploración y explotación de productos minerales como el litio, el cobre y las sales de potasio”.
No se menciona a la provincia y, de acuerdo con fuentes del Gobierno Nacional, se trata de una “carta de intención sobre la que hay que negociar”. Sin embargo, en principio se habla de inversiones de entre 5.500 millones y 6.500 millones de dólares de inversión China en minería Argentina, y sólo el proyecto en Malargüe requiere 1.500 millones de dólares.
Extracción de oro y cobre en Uspallata
Los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Aguelles presentaron un proyecto que le permitiría a la minera San Jorge avanzar con la extracción de oro y cobre en Uspallata.
La iniciativa, que propone modificar la ley 7.722, obtuvo un discreto apoyo del gobierno provincial y esperanzaron al sector minero. Es que si bien el texto mantiene la prohibición al cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, se agregaría una frase al párrafo más controversial. En lugar de decir “y otras sustancias similares”, dirá “y otras sustancias que puedan afectar los recursos hídricos”.
Así, con una buena planificación ambiental, proyectos como Cerro Amarillo, Hierro Indio y la extracción de oro y cobre que planea hacer San Jorge en Uspallata, tendrían una posibilidad de realizarse.
La propuesta de los senadores se discutirán la próxima semana, pero en lo inmediato el Subsecretario de Energía de la Provincia, Emilio Guiñazú, aseguró que el plan de San Jorge no están en condiciones de ponerse en marcha.
No obstante aclaró que la minera deberá actualizar su informe de impacto ambiental y cumplir con los pasos que la ley exige.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Reactivar el proyecto de Vale requiere una inversión de U$S 1.500 millones y el precio internacional del mineral desalienta a las empresas.
El Gobierno de Mendoza espera que antes de fin de año una delegación del ente chino que se encarga de la producción e importación de potasio (la Shanghai Potash) visite la provincia, particularmente el sur de Malargüe, para estudiar la reingeniería del proyecto minero Potasio Río Colorado a fin de evaluar una posible inversión. Para avanzar con la explotación se necesitan unos U$S 1.500 millones y un inversor que desarrolle un negocio a “mediano y largo plazo” para poner a producir la mina.
Desde el 2013, cuando la minera Vale adujo problemas económicos por la abrupta caída del precio del mineral a nivel mundial y suspendió el proyecto, hubo más de un interesado en retomar los trabajos en el sur mendocino. El Gobierno mantuvo conversaciones con empresarios ingleses, australianos y estadounidenses, pero todos evaluaron que en este contexto internacional no resulta atractivo sumar mayor oferta de potasio.
Según explicó el subsecretario de Energía de la provincia, Emilio Guiñazú, el mercado mundial mueve 60 millones de toneladas de potasio al año, pero tiene una capacidad de abastecimiento de 80 millones anuales. Ese excedente de 20 millones fue el que hizo caer el precio de más de 600 dólares por tonelada al precio actual, estimado en 200 dólares por tonelada.
“En ese contexto una inversión nueva le agregaría producción al mercado (y aumentaría el excedente). Por eso no resulta atractivo el proyecto para quienes ya tienen están en el negocio”, explicó el funcionario de Energía.
La particularidad china
La situación de los inversores chinos es diferente a la de las empresas de otras partes del mundo, porque son ellos quienes marcan el ritmo al mercado mundial del potasio.
Ese país consume el 20% del potasio mundial e importa el 50% de lo que consume.
“Ellos mostraron mucho interés en el proyecto y los invitamos a visitar la provincia. Recientemente confirmaron que vienen y comenzamos a preparar los papeles para sus visas. Antes de fin de año esperamos tener la delegación de China haciendo una inspección de Potasio Río Colorado”, agregó Guiñazú.
De acuerdo con el funcionario, el país asiático proyecta sus inversiones mirando hacia los próximos 50 años, entendiendo que evaluar el mercado a cinco años (cuando el precio del potasio podría subir y aumentar la rentabilidad) es mirar a corto plazo.
El objetivo de Mendoza
En 2009, cuando llegó Vale a la provincia, el precio del potasio alcanzaba su máximo valor por tonelada (más de 600 dólares). En ese momento la brasileña había comprometido una inversión de U$S 6.300 millones para extraer cuatro millones de toneladas por año.
En abril del año 2016 se comenzó a trabajar en la reingeniería del proyecto para reducir la inversión a alrededor de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas.
De acuerdo con Guiñazú, estos números habrían sido del agrado de los funcionarios chinos.
A principios de noviembre, el ministro de Economía de la provincia, Martín Kerchner, mantuvo una reunión con Wei Chengguang, presidente de la Shanghai Potash, durante su viaje por Asia y desde su cartera esperan que dentro de poco la misión comercial de sus primeros frutos.
“Cuando arrancamos la gestión nos juntamos con Vale para hacer una reingeniería de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas por año. Sigue siendo un número importante y quien entre al proyecto tiene que tener una mirada de largo plazo. China sabe que en cuatro o cinco años la demanda será mayor y producirá un aumento en el precio del potasio”, indicó Guiñazú y agregó que aunque el proyecto de reactivación será a mediano plazo y excederá a la actual gestión, “el objetivo es que el yacimiento se reactive y se requiere una visión estratégica del asunto”.
La provincia es protagonista de las inversiones asiáticas
En el marco de las reuniones que mantuvo el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping la semana pasada en el G20, se firmó un Memorándum de Entendimiento para el Área de Minería por el que las partes se comprometen a “llevar a cabo la cooperación para la investigación, exploración y explotación de productos minerales como el litio, el cobre y las sales de potasio”.
No se menciona a la provincia y, de acuerdo con fuentes del Gobierno Nacional, se trata de una “carta de intención sobre la que hay que negociar”. Sin embargo, en principio se habla de inversiones de entre 5.500 millones y 6.500 millones de dólares de inversión China en minería Argentina, y sólo el proyecto en Malargüe requiere 1.500 millones de dólares.
Extracción de oro y cobre en Uspallata
Los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Aguelles presentaron un proyecto que le permitiría a la minera San Jorge avanzar con la extracción de oro y cobre en Uspallata.
La iniciativa, que propone modificar la ley 7.722, obtuvo un discreto apoyo del gobierno provincial y esperanzaron al sector minero. Es que si bien el texto mantiene la prohibición al cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, se agregaría una frase al párrafo más controversial. En lugar de decir “y otras sustancias similares”, dirá “y otras sustancias que puedan afectar los recursos hídricos”.
Así, con una buena planificación ambiental, proyectos como Cerro Amarillo, Hierro Indio y la extracción de oro y cobre que planea hacer San Jorge en Uspallata, tendrían una posibilidad de realizarse.
La propuesta de los senadores se discutirán la próxima semana, pero en lo inmediato el Subsecretario de Energía de la Provincia, Emilio Guiñazú, aseguró que el plan de San Jorge no están en condiciones de ponerse en marcha.
No obstante aclaró que la minera deberá actualizar su informe de impacto ambiental y cumplir con los pasos que la ley exige.
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Amarillo Grande y la resistencia a la minería de uranio
Resistencia a la minería de uranio en Río Negro
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El proyecto Amarillo Grande entrará próximamente en la etapa de extracción. El futuro de las localidades más afectadas por la minera, Regina, Lamarque, Valcheta, San Antonio, Sierra Grande, etc., estará muy comprometido Es inadmisible que el gobierno haya permitido el avance del proyecto sin que exista licencia social.
No tal cual la entienden las mineras y el gobierno, esto es, el ok de las autoridades locales y de unos pocos referentes, a cambio de migajas prometidas en la responsabilidad social empresaria, sino de la conformidad libre e informada de las mayorías populares, que incluye a los que no son referentes de nada y que nunca son escuchados.
Para ello el gobierno debería garantizar el acceso a la documentación vinculada al proyecto, dar tiempo suficiente para que las comunidades puedan evaluar los pro y los contra y hacer su propio balance, y respetar su decisión final, por sí o por no.
La mayoría de los rionegrinos no quiere este tipo de (mal) desarrollo y cree que la megaminería es perjudicial a los intereses de la provincia.
La mayoría sabe que la Blue Sky Uranium generará pocos puestos de trabajo durante poco tiempo, que no remediará nada cuando se vaya, que nadie los controlará, y que afectará irreversiblemente el medioambiente.
El gobierno debería consultarnos (no solamente informarnos para tranquilizarnos) y respetar nuestra decisión.
No queremos que la voracidad de la empresa con la complicidad del gobierno ponga en riesgo la salud y la calidad de vida de las próximas generaciones de rionegrinos.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El proyecto Amarillo Grande entrará próximamente en la etapa de extracción. El futuro de las localidades más afectadas por la minera, Regina, Lamarque, Valcheta, San Antonio, Sierra Grande, etc., estará muy comprometido Es inadmisible que el gobierno haya permitido el avance del proyecto sin que exista licencia social.
No tal cual la entienden las mineras y el gobierno, esto es, el ok de las autoridades locales y de unos pocos referentes, a cambio de migajas prometidas en la responsabilidad social empresaria, sino de la conformidad libre e informada de las mayorías populares, que incluye a los que no son referentes de nada y que nunca son escuchados.
Para ello el gobierno debería garantizar el acceso a la documentación vinculada al proyecto, dar tiempo suficiente para que las comunidades puedan evaluar los pro y los contra y hacer su propio balance, y respetar su decisión final, por sí o por no.
La mayoría de los rionegrinos no quiere este tipo de (mal) desarrollo y cree que la megaminería es perjudicial a los intereses de la provincia.
La mayoría sabe que la Blue Sky Uranium generará pocos puestos de trabajo durante poco tiempo, que no remediará nada cuando se vaya, que nadie los controlará, y que afectará irreversiblemente el medioambiente.
El gobierno debería consultarnos (no solamente informarnos para tranquilizarnos) y respetar nuestra decisión.
No queremos que la voracidad de la empresa con la complicidad del gobierno ponga en riesgo la salud y la calidad de vida de las próximas generaciones de rionegrinos.
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Reflexiones sobre post G20 y minería
Después del G20, ¿minería a cualquier costo?
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
¿Qué cambió? Nada. Al Gobierno nacional no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.
Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”
En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?
Oportunidad o ilusión óptica
Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).
Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.
“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra
¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
¿Qué cambió? Nada. Al Gobierno nacional no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.
Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”
En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?
Oportunidad o ilusión óptica
Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).
Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.
“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra
¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.
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Dietrich a favor de las mineras en Mendoza
Dietrich: “Mendoza tiene subdesarrollada la Cordillera y en Chile es fuente de desarrollo”
Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro aseguró que la actividad minera siempre que sea sustentable “es una gran oportunidad para la generación de empleo”.
Mendoza está en plena discusión por la modificación de la ley 7.722, que abriría el camino al desarrollo de la minería a gran escala si se aprueban los proyectos de los senadores peronistas Juan Agulles y Alejandro Abraham.
No obstante, aún la discusión está frenada por propias inseguridades del peronismo, que no tiene previsto por el momento asumir con el “costo político”, mientras que el radicalismo espera que se tome este tema como una política de estado.
Desde el Centro Internacional de Medios (IMC) del G20, el ministro Guillermo Dietrich, opinó a Los Andes que es necesario que Mendoza y el país desarrolle con fuerza la actividad minera, sobre todo por la “oportunidad de generar empleo y desarrollo”.
De todas maneras, hizo hincapié en que debe ser bajo estrictos controles y estándares de sustentabilidad. “Teniendo en cuenta eso, se puede, la minería es una actividad que genera muchos recursos con impuestos que se quedan en la provincia y la nación”.
En ese sentido, sostuvo que se debe mirar cómo el país trasandino ha hecho del desarrollo minero una actividad clave.
“Mendoza tiene a su lado Chile, tenemos la misma Cordillera, la nuestra está totalmente subdesarrollada, mientras que la chilena ha sido una de las fuentes para el desarrollo. Esta es una gran oportunidad para que lleguen inversiones”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro aseguró que la actividad minera siempre que sea sustentable “es una gran oportunidad para la generación de empleo”.
Mendoza está en plena discusión por la modificación de la ley 7.722, que abriría el camino al desarrollo de la minería a gran escala si se aprueban los proyectos de los senadores peronistas Juan Agulles y Alejandro Abraham.
No obstante, aún la discusión está frenada por propias inseguridades del peronismo, que no tiene previsto por el momento asumir con el “costo político”, mientras que el radicalismo espera que se tome este tema como una política de estado.
Desde el Centro Internacional de Medios (IMC) del G20, el ministro Guillermo Dietrich, opinó a Los Andes que es necesario que Mendoza y el país desarrolle con fuerza la actividad minera, sobre todo por la “oportunidad de generar empleo y desarrollo”.
De todas maneras, hizo hincapié en que debe ser bajo estrictos controles y estándares de sustentabilidad. “Teniendo en cuenta eso, se puede, la minería es una actividad que genera muchos recursos con impuestos que se quedan en la provincia y la nación”.
En ese sentido, sostuvo que se debe mirar cómo el país trasandino ha hecho del desarrollo minero una actividad clave.
“Mendoza tiene a su lado Chile, tenemos la misma Cordillera, la nuestra está totalmente subdesarrollada, mientras que la chilena ha sido una de las fuentes para el desarrollo. Esta es una gran oportunidad para que lleguen inversiones”, finalizó.
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Litio, extractivismo y vulneración de derechos
Litio y espejos de colores
Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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Mendoza: productores se oponen a cambios en la 7722
"Sí al agua pura, no a la minería”: productores de Mendoza defienden la ley 7722 con un camionetazo
Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Mendoza
Convocados por la Sociedad Rural de Valle de Uco, marchan hacia la Legislatura para protestar por la modificación de la norma. "La 7722 no se toca" es la consigna.
Convocados por la Sociedad Rural del Valle de Uco, productores mendocinos realizan desde esta mañana un “camionetazo” en defensa de la ley 7722 y en contra de la minería.
“Sí al agua pura, no a la minería”, expresan los productores de la zona, que partieron hacia la Legislatura a las 6.30 desde el cruce de San Carlos junto con sus pares de Alvear. En tanto, en Zapata se sumaron productores de Tunuyán y Tupungato, mientras que en el Cóndor adhirió el este provincial.
El reclamo se originó a partir de la intención de los legisladores de Mendoza de modificar la ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias en la actividad minera.
“Diversas opiniones científicas demuestran el alto riesgo que la industria de la minería genera, una industria que usando los componentes químicos que propone, coloca en riesgo la calidad de nuestras aguas”, señalaron desde la Rural de Valle de Uco, que aseguró que en las audiencias públicas para cambiar la norma se evidenciaron las “relaciones económicas de poder”.
En ese sentido, los productores dijeron que la ley “es acompañada por juristas, científicos, organizaciones sociales” además del sector primario, al que consideraron “el primero en recibir el agua que viene de nuestra cordillera”.
“Somos la segunda economía regional del país (en relación a la medida en inversión que hace el productor) pero tenemos innumerables problemas. Esta situación tiene responsables directos y, como si fuera poco, nos ponen en riesgo el agua, recurso estratégico, eje de nuestra actividad y desarrollo”, dispararon desde la entidad.
En tanto, se refirieron a la presión impositiva y la falta de asistencia financiera del sector, que “favoreció a la concentración económica” que “está en manos de las bodegas, galpones de empaque, que pagan precios viles, sin un Estado que aplique las leyes vigentes y que impida estas posiciones dominantes”.
“¿Creen que podemos confiar en los controles de un Estado que abandonó a sus productores y ahora va a permitir que le saquen el agua con un rango de escasez declarada por irrigación? Rescatando algunas excepciones, ¿qué ha hecho la política para recuperar a tantos productores expulsados? Lo único que se les ocurrió es hablar de ampliar la matriz productiva, pero eliminando la que ya tienen”, reflexionaron los productores mendocinos.
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Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Mendoza
Convocados por la Sociedad Rural de Valle de Uco, marchan hacia la Legislatura para protestar por la modificación de la norma. "La 7722 no se toca" es la consigna.
Convocados por la Sociedad Rural del Valle de Uco, productores mendocinos realizan desde esta mañana un “camionetazo” en defensa de la ley 7722 y en contra de la minería.
“Sí al agua pura, no a la minería”, expresan los productores de la zona, que partieron hacia la Legislatura a las 6.30 desde el cruce de San Carlos junto con sus pares de Alvear. En tanto, en Zapata se sumaron productores de Tunuyán y Tupungato, mientras que en el Cóndor adhirió el este provincial.
El reclamo se originó a partir de la intención de los legisladores de Mendoza de modificar la ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias en la actividad minera.
“Diversas opiniones científicas demuestran el alto riesgo que la industria de la minería genera, una industria que usando los componentes químicos que propone, coloca en riesgo la calidad de nuestras aguas”, señalaron desde la Rural de Valle de Uco, que aseguró que en las audiencias públicas para cambiar la norma se evidenciaron las “relaciones económicas de poder”.
En ese sentido, los productores dijeron que la ley “es acompañada por juristas, científicos, organizaciones sociales” además del sector primario, al que consideraron “el primero en recibir el agua que viene de nuestra cordillera”.
“Somos la segunda economía regional del país (en relación a la medida en inversión que hace el productor) pero tenemos innumerables problemas. Esta situación tiene responsables directos y, como si fuera poco, nos ponen en riesgo el agua, recurso estratégico, eje de nuestra actividad y desarrollo”, dispararon desde la entidad.
En tanto, se refirieron a la presión impositiva y la falta de asistencia financiera del sector, que “favoreció a la concentración económica” que “está en manos de las bodegas, galpones de empaque, que pagan precios viles, sin un Estado que aplique las leyes vigentes y que impida estas posiciones dominantes”.
“¿Creen que podemos confiar en los controles de un Estado que abandonó a sus productores y ahora va a permitir que le saquen el agua con un rango de escasez declarada por irrigación? Rescatando algunas excepciones, ¿qué ha hecho la política para recuperar a tantos productores expulsados? Lo único que se les ocurrió es hablar de ampliar la matriz productiva, pero eliminando la que ya tienen”, reflexionaron los productores mendocinos.
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Temas ambientales nacionales en el G20
Uno de los temas del G20 sería el uranio de Chubut
Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.
Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.
Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.
También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.
Nucleares y Represas
Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.
Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.
Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.
Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.
Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.
Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.
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Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.
Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.
Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.
También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.
Nucleares y Represas
Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.
Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.
Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.
Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.
Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.
Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.
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Agua Rica: avance en la causa judicial
En un mes se sabrá si hubo actividad en Agua Rica
Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Días atrás una importante comisión encabezada por el fiscal penal de Andalgalá, Alejandro Scidá visitó el predio de Agua Rica en Minas Capillitas para realizar una inspección ocular y así saber si la empresa estuvo cumpliendo la orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro que suspendía sus actividades.
Además del fiscal, la comitiva estuvo integrada por técnicos de los grupos ambientalistas que iniciaron la denuncia en contra de la actividad minera en 2010, representantes de la empresa Yamana Gold y especialistas de la Universidad Nacional de Catamarca que fueron convocados por el propio Scidá para que actúen como peritos de la Justicia.
Además, también participaron los concejales de la ciudad de Andalgalá José Luis Olás y Sebastián Almada, referentes de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Andalgalá y de la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Minería de la Provincia.
De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, la inspección se realizó en buenos términos entre todos los miembros de la comitiva.
El fiscal, permitió que todas las partes puedan recolectar el material fílmico y fotográfico que requerían sin ninguna restricción. En ese sentido, la visita al predio duró cerca de ocho horas y hasta que todos los técnicos no estuvieron conformes, no se terminó con las tareas.
Ahora, cada una de las partes deberá elaborar un informe que será elevado al fiscal para que emita un dictamen que a su vez será elevado al juez Cecenarro.
Como lo informó El Ancasti, ocho años después de la presentación del amparo ambiental en contra de la actividad minera la causa vuelve a reactivarse. En agosto de 2016, el juez Cecenarro, había dictaminado la suspensión de la actividad minera en los nevados del Aconquija, lo que implicaba la paralización del proyecto.
Cecenarro fue recusado por los grupos ambientalistas y la causa no tuvo juez. Dos años después, el amparo regresó a su juzgado. En ese sentido, el magistrado pidió al fiscal Scidá que informe si se cumplió la medida que había dictaminado acerca de la suspensión de la actividad y en ese marco es que se realizó la visita. La empresa solo podía realizar tareas de mantenimiento.
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Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Días atrás una importante comisión encabezada por el fiscal penal de Andalgalá, Alejandro Scidá visitó el predio de Agua Rica en Minas Capillitas para realizar una inspección ocular y así saber si la empresa estuvo cumpliendo la orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro que suspendía sus actividades.
Además del fiscal, la comitiva estuvo integrada por técnicos de los grupos ambientalistas que iniciaron la denuncia en contra de la actividad minera en 2010, representantes de la empresa Yamana Gold y especialistas de la Universidad Nacional de Catamarca que fueron convocados por el propio Scidá para que actúen como peritos de la Justicia.
Además, también participaron los concejales de la ciudad de Andalgalá José Luis Olás y Sebastián Almada, referentes de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Andalgalá y de la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Minería de la Provincia.
De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, la inspección se realizó en buenos términos entre todos los miembros de la comitiva.
El fiscal, permitió que todas las partes puedan recolectar el material fílmico y fotográfico que requerían sin ninguna restricción. En ese sentido, la visita al predio duró cerca de ocho horas y hasta que todos los técnicos no estuvieron conformes, no se terminó con las tareas.
Ahora, cada una de las partes deberá elaborar un informe que será elevado al fiscal para que emita un dictamen que a su vez será elevado al juez Cecenarro.
Como lo informó El Ancasti, ocho años después de la presentación del amparo ambiental en contra de la actividad minera la causa vuelve a reactivarse. En agosto de 2016, el juez Cecenarro, había dictaminado la suspensión de la actividad minera en los nevados del Aconquija, lo que implicaba la paralización del proyecto.
Cecenarro fue recusado por los grupos ambientalistas y la causa no tuvo juez. Dos años después, el amparo regresó a su juzgado. En ese sentido, el magistrado pidió al fiscal Scidá que informe si se cumplió la medida que había dictaminado acerca de la suspensión de la actividad y en ese marco es que se realizó la visita. La empresa solo podía realizar tareas de mantenimiento.
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Buenos Aires: media sanción a regulación minera
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que regula la actividad minera
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La iniciativa, que fue girada ahora al Senado bonaerense para su sanción definitiva, propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales".
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que busca darle un marco regulatorio a la actividad minera en territorio bonaerense, que fue girado ahora a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.
La iniciativa propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales", y pide que se contemple también "el avance de la tecnología y procurando brindar la protección adecuada al medio ambiente".
Según el diputado Hugo Oroño (Cambiemos), presidente de la comisión de Industria y Minería y autor del proyecto, este nuevo código "brinda a la Autoridad Minera más y mejores herramientas de contralor a la actividad, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y otorgándole instrumentos
para poder cumplir con su rol en el territorio de la provincia".
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La iniciativa, que fue girada ahora al Senado bonaerense para su sanción definitiva, propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales".
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que busca darle un marco regulatorio a la actividad minera en territorio bonaerense, que fue girado ahora a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.
La iniciativa propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales", y pide que se contemple también "el avance de la tecnología y procurando brindar la protección adecuada al medio ambiente".
Según el diputado Hugo Oroño (Cambiemos), presidente de la comisión de Industria y Minería y autor del proyecto, este nuevo código "brinda a la Autoridad Minera más y mejores herramientas de contralor a la actividad, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y otorgándole instrumentos
para poder cumplir con su rol en el territorio de la provincia".
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Exar comienza la producción de litio más grande del país
Comienza la producción de litio más importante del país en Jujuy
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Jujuy
Exar, que invertirá en la primera etapa u$s 430 millones, inició la operación de una de las 20 pozas previstas. En 2022, con la expansión, se llegaría a las 50.000 toneladas
Tras la puesta en marcha del proceso productivo del yacimiento de Litio Olaroz-Caucharí, el presidente y CEO de Minera Exar Franco Mignacco espera producir en la primera fase 25.000 toneladas de carbonato de litio. El proyecto, en el que se llevan invertidos más de u$s 100 millones de dólares tendrá la producción más importante del país.
El yacimiento Olaroz-Cauchari está ubicado en el departamento Susques, al sur de la puna jujeña y allí se van a construir en total 20 pozas a lo largo de 1200 hectáreas. El martes pasado se inició la operación del llenado de la primera fosa de evaporación, la cual tiene 2 kilómetros de largo por 300 metros de ancho y con capacidad de llenado de 1,9 metros de salmuera. "La poza, en sí, es como una planta porque el proceso se inicia aquí con la pre-concentración y decantado de la salmuera que se extiende durante 18 a 24 meses. Una vez que la salmuera está lista, ingresa a la planta química para finalizar el proceso de carbonato de litio", destacó Mignacco.
La inversión prevista para la primera fase es de u$s 430 millones, más impuestos. "Durante el primer semestre del 2020, Exar estará produciendo una tonelada de carbonato de litio y lo venderá al mercado de las baterías de litio. Ya comenzamos a construir la segunda y la tercera poza", contó Mignacco a El Cronista.
ýExar es una joint venture que pertenece a Lithium Americas (62,5%) y Ganfeng Lithium (37,5%). "El 31 de octubre se incorporó Ganfeng como nuevo accionista. La empresa es el mayor productor chino de litio y el tercero a nivel mundial. La compañía accedió al proyecto mediante la compra de la parte de SQM. De este modo, quedo conformado el nuevo paquete accionista", señaló Mignacco. El proyecto es operado por una sociedad público-privada, donde la empresa estatal Jujuy Energía Minería S.E. (JEMSE) participa con un 8,5%.
Según Mignacco, el 80% de la producción estará en manos de Ganfeng porque la firma adelantó prestamos a cambio de abastecerse de producto. El litio producido será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para hacer baterías; luego a los Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos. El proyecto posee una vida útil estimada de más de 40 años.
Exar tiene actualmente 190 trabajadores, de los cuales casi la mitad pertenece a las comunidades de Pastos Chicos, Huancar, Puesto Sey y Susques, entre otras, del departamento Susques. Indirectamente trabajan 350 personas más. Mignacco calcula que para el año que viene serán 800 empleados directos.
Para 2022 está prevista la segunda etapa del proyecto, que implica la expansión. En esta instancia, se podrá duplicar la producción, totalizando 50.000 toneladas de carbonato de litio. En esta fase, se requerirá una inversión adicional de u$s 266 millones.
En relación al contexto económico argentino, el CEO de Minera Exar dijo: "Al ser el litio un recurso demandado en el mundo, la inversión se mantuvo más allá del contexto del país. Es más, el proyecto se vio favorecido porque los dólares rendían más. De todos modos, estos desajustes de la economía se van a ir acomodando".
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Jujuy
Exar, que invertirá en la primera etapa u$s 430 millones, inició la operación de una de las 20 pozas previstas. En 2022, con la expansión, se llegaría a las 50.000 toneladas
Tras la puesta en marcha del proceso productivo del yacimiento de Litio Olaroz-Caucharí, el presidente y CEO de Minera Exar Franco Mignacco espera producir en la primera fase 25.000 toneladas de carbonato de litio. El proyecto, en el que se llevan invertidos más de u$s 100 millones de dólares tendrá la producción más importante del país.
El yacimiento Olaroz-Cauchari está ubicado en el departamento Susques, al sur de la puna jujeña y allí se van a construir en total 20 pozas a lo largo de 1200 hectáreas. El martes pasado se inició la operación del llenado de la primera fosa de evaporación, la cual tiene 2 kilómetros de largo por 300 metros de ancho y con capacidad de llenado de 1,9 metros de salmuera. "La poza, en sí, es como una planta porque el proceso se inicia aquí con la pre-concentración y decantado de la salmuera que se extiende durante 18 a 24 meses. Una vez que la salmuera está lista, ingresa a la planta química para finalizar el proceso de carbonato de litio", destacó Mignacco.
La inversión prevista para la primera fase es de u$s 430 millones, más impuestos. "Durante el primer semestre del 2020, Exar estará produciendo una tonelada de carbonato de litio y lo venderá al mercado de las baterías de litio. Ya comenzamos a construir la segunda y la tercera poza", contó Mignacco a El Cronista.
ýExar es una joint venture que pertenece a Lithium Americas (62,5%) y Ganfeng Lithium (37,5%). "El 31 de octubre se incorporó Ganfeng como nuevo accionista. La empresa es el mayor productor chino de litio y el tercero a nivel mundial. La compañía accedió al proyecto mediante la compra de la parte de SQM. De este modo, quedo conformado el nuevo paquete accionista", señaló Mignacco. El proyecto es operado por una sociedad público-privada, donde la empresa estatal Jujuy Energía Minería S.E. (JEMSE) participa con un 8,5%.
Según Mignacco, el 80% de la producción estará en manos de Ganfeng porque la firma adelantó prestamos a cambio de abastecerse de producto. El litio producido será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para hacer baterías; luego a los Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos. El proyecto posee una vida útil estimada de más de 40 años.
Exar tiene actualmente 190 trabajadores, de los cuales casi la mitad pertenece a las comunidades de Pastos Chicos, Huancar, Puesto Sey y Susques, entre otras, del departamento Susques. Indirectamente trabajan 350 personas más. Mignacco calcula que para el año que viene serán 800 empleados directos.
Para 2022 está prevista la segunda etapa del proyecto, que implica la expansión. En esta instancia, se podrá duplicar la producción, totalizando 50.000 toneladas de carbonato de litio. En esta fase, se requerirá una inversión adicional de u$s 266 millones.
En relación al contexto económico argentino, el CEO de Minera Exar dijo: "Al ser el litio un recurso demandado en el mundo, la inversión se mantuvo más allá del contexto del país. Es más, el proyecto se vio favorecido porque los dólares rendían más. De todos modos, estos desajustes de la economía se van a ir acomodando".
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La reforma de la ley 7.722 con final abierto
No se debatirán cambios a la ley minera si no hay consenso
Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En el PJ hay puja entre legisladores a favor y en contra y podría declararse la libertad de acción para los bloques.
El Senado provincial está en proceso de discusión de los proyectos de reforma de la ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza. Las dos iniciativas del peronismo, una del kirchnerista Alejandro Abraham, y la otra del peronista orgánico Juan Agulles, deberán contar primero con el aval de las comisiones internas de la Cámara Baja, aunque desde la Legislatura ya adelantaron que no se dará la discusión en el recinto si no están los votos necesarios para que se logre la aprobación.
Durante varias semanas participaron diferentes actores de la sociedad, quienes expresaron con opiniones, posturas y también investigaciones, la necesidad o no de reformar una de las leyes que ha generado polémica cada vez que se ha hablado del tema de ampliación de la matriz productiva, con el desarrollo minero a gran escala.
Los proyectos, que llevan días de debate, se encuentran en las comisiones de senadores de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hidrocarburos y Ambiente. Allí, durante cinco semanas pasaron funcionarios de Gobierno, asambleístas del cuidado del agua, especialistas en geología, gremios, cámaras empresariales y profesionales que han estudiado el tema, quienes dieron sus opiniones sobre la 7.722, que rige desde hace más de 10 años.
El jueves pasado concluyeron estas audiencias, por lo que ahora se verá lo estrictamente político, debido a que el proyecto de reforma de la llamada "ley antiminera", deberá conseguir primero despacho, es decir, la aprobación de la mitad más uno de los legisladores que integran las comisiones, para que se trate sobre tablas en la sesión del Senado.
El gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que no impulsará la derogación de la 7.722 sino hay alto consenso político y manifestó que cree que se necesita ser reformada, tal como propusieron Agulles y Abraham.
“La minería es una industria lícita, pese a que la mayoría de los mendocinos cree lo contrario. Nosotros hemos generado un nuevo clima para el debate de esa ley y que no se dé demagógicamente”, agregó el mandatario.
Además agregó que “están aquellos que dicen que la minería es peor que la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno quiere cambiar, meten miedo. La estrategia del miedo es la más cobarde a esta altura de la cultura mundial”, completó.
Panorama legislativo
Las posturas políticas no están todavía planteadas por un sí o por el no a la modificación del proyecto, salvo algunas expresiones de manera individual.
En el frente Cambia Mendoza, el jefe de bloque radical, Diego Costarelli, aseguró que, salvo Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), no hay grandes disidencias para rechazar las reformas, que han sido avaladas por el Gobernador y algunos funcionarios, como el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú; o el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
No obstante, en base a lo que pueda ocurrir en las comisiones, luego tendrán reuniones de bloque para sentar las posturas y opiniones de algunos legisladores representantes de departamentos con más resistencia a la reforma de la 7.722, como puede ser General Alvear o las comunas del Valle de Uco.
Sin embargo, el ánimo que reina en el bloque oficialista es no ser impulsores de las modificaciones. La palabra “consenso” dicha por Cornejo resuena en los rumores: el oficialismo se sentará a votar, siempre y cuando haya voluntades dispuestas a hacerlo en la oposición. Tiene que haber una mayoría para aprobar las enmiendas o no se llega al recinto.
En el Partido Justicialista, todo indica que las diferencias estarán más vivas que nunca, aun teniendo en cuenta que ha sido el partido propulsor de las reformas, y también que ha destacado la necesidad de unión en la Legislatura que promueve la nueva dirigencia, que tiene a Guillermo Carmona como presidente.
Patricia Fadel, jefa de bloque del PJ orgánico, adelantó que ella está en contra de la reforma de la 7.722 y señaló que en los próximos días se realizarán reuniones entre el PJ, Unidad Ciudadana y la nueva dirigencia, para resolver este tema.
“Como tenemos que intentar mantener la unidad, y este es un tema que nos puede desunir, quizás lograr libertad de acción sería la mejor medida a tomar”, señaló la legisladora.
No obstante, el autor de uno de los proyectos, Alejandro Abraham, indicó que para evitar las especulaciones políticas, quizás lo mejor sería que no haya individualismos y se determine una “política de estado” entre los diferentes partidos.
Para eso se buscará realizar los retoques necesarios al proyecto para “sacar la mejor ley posible. De las exposiciones recibimos muy buenas propuestas para mejorar el proyecto”, señaló el ex intendente de Guaymallén.
En este sentido, las ideas van desde agregar controles internacionales hasta destinar más recursos de las regalías mineras para mejorar la infraestructura del riego agropecuario, entre otros.
Finalmente, desde el Frente de Izquierda se han mostrado desde el comienzo en contra de la modificación de la 7.722; mientras que en el fragmentado Partido Intransigente, Marcelo Romano (Protectora) también se opone a los cambios, aunque los demás senadores (Daniel Galdeano y Héctor Bonarrico) aún no definieron su postura.
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Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En el PJ hay puja entre legisladores a favor y en contra y podría declararse la libertad de acción para los bloques.
El Senado provincial está en proceso de discusión de los proyectos de reforma de la ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza. Las dos iniciativas del peronismo, una del kirchnerista Alejandro Abraham, y la otra del peronista orgánico Juan Agulles, deberán contar primero con el aval de las comisiones internas de la Cámara Baja, aunque desde la Legislatura ya adelantaron que no se dará la discusión en el recinto si no están los votos necesarios para que se logre la aprobación.
Durante varias semanas participaron diferentes actores de la sociedad, quienes expresaron con opiniones, posturas y también investigaciones, la necesidad o no de reformar una de las leyes que ha generado polémica cada vez que se ha hablado del tema de ampliación de la matriz productiva, con el desarrollo minero a gran escala.
Los proyectos, que llevan días de debate, se encuentran en las comisiones de senadores de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hidrocarburos y Ambiente. Allí, durante cinco semanas pasaron funcionarios de Gobierno, asambleístas del cuidado del agua, especialistas en geología, gremios, cámaras empresariales y profesionales que han estudiado el tema, quienes dieron sus opiniones sobre la 7.722, que rige desde hace más de 10 años.
El jueves pasado concluyeron estas audiencias, por lo que ahora se verá lo estrictamente político, debido a que el proyecto de reforma de la llamada "ley antiminera", deberá conseguir primero despacho, es decir, la aprobación de la mitad más uno de los legisladores que integran las comisiones, para que se trate sobre tablas en la sesión del Senado.
El gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que no impulsará la derogación de la 7.722 sino hay alto consenso político y manifestó que cree que se necesita ser reformada, tal como propusieron Agulles y Abraham.
“La minería es una industria lícita, pese a que la mayoría de los mendocinos cree lo contrario. Nosotros hemos generado un nuevo clima para el debate de esa ley y que no se dé demagógicamente”, agregó el mandatario.
Además agregó que “están aquellos que dicen que la minería es peor que la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno quiere cambiar, meten miedo. La estrategia del miedo es la más cobarde a esta altura de la cultura mundial”, completó.
Panorama legislativo
Las posturas políticas no están todavía planteadas por un sí o por el no a la modificación del proyecto, salvo algunas expresiones de manera individual.
En el frente Cambia Mendoza, el jefe de bloque radical, Diego Costarelli, aseguró que, salvo Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), no hay grandes disidencias para rechazar las reformas, que han sido avaladas por el Gobernador y algunos funcionarios, como el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú; o el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
No obstante, en base a lo que pueda ocurrir en las comisiones, luego tendrán reuniones de bloque para sentar las posturas y opiniones de algunos legisladores representantes de departamentos con más resistencia a la reforma de la 7.722, como puede ser General Alvear o las comunas del Valle de Uco.
Sin embargo, el ánimo que reina en el bloque oficialista es no ser impulsores de las modificaciones. La palabra “consenso” dicha por Cornejo resuena en los rumores: el oficialismo se sentará a votar, siempre y cuando haya voluntades dispuestas a hacerlo en la oposición. Tiene que haber una mayoría para aprobar las enmiendas o no se llega al recinto.
En el Partido Justicialista, todo indica que las diferencias estarán más vivas que nunca, aun teniendo en cuenta que ha sido el partido propulsor de las reformas, y también que ha destacado la necesidad de unión en la Legislatura que promueve la nueva dirigencia, que tiene a Guillermo Carmona como presidente.
Patricia Fadel, jefa de bloque del PJ orgánico, adelantó que ella está en contra de la reforma de la 7.722 y señaló que en los próximos días se realizarán reuniones entre el PJ, Unidad Ciudadana y la nueva dirigencia, para resolver este tema.
“Como tenemos que intentar mantener la unidad, y este es un tema que nos puede desunir, quizás lograr libertad de acción sería la mejor medida a tomar”, señaló la legisladora.
No obstante, el autor de uno de los proyectos, Alejandro Abraham, indicó que para evitar las especulaciones políticas, quizás lo mejor sería que no haya individualismos y se determine una “política de estado” entre los diferentes partidos.
Para eso se buscará realizar los retoques necesarios al proyecto para “sacar la mejor ley posible. De las exposiciones recibimos muy buenas propuestas para mejorar el proyecto”, señaló el ex intendente de Guaymallén.
En este sentido, las ideas van desde agregar controles internacionales hasta destinar más recursos de las regalías mineras para mejorar la infraestructura del riego agropecuario, entre otros.
Finalmente, desde el Frente de Izquierda se han mostrado desde el comienzo en contra de la modificación de la 7.722; mientras que en el fragmentado Partido Intransigente, Marcelo Romano (Protectora) también se opone a los cambios, aunque los demás senadores (Daniel Galdeano y Héctor Bonarrico) aún no definieron su postura.
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Agua Rica, se reactiva la causa judicial
Se reactiva la causa por la que se suspendió la actividad minera
Fecha de Publicación: 23/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Ocho años después de la presentación del amparo ambiental en contra de la actividad minera la causa vuelve a reactivarse.
En agosto de 2016, el juez de Control de Garantías de la segunda circunscripción, Rodolfo Cecenarro había dictaminado la suspensión de la actividad minera en los nevados del Aconquija, lo que implicaba la paralización del proyecto. Cecenarro fue recusado por los grupos ambientalistas y la causa no tuvo juez. Dos años después, el amparo regresa a su juzgado. El magistrado pidió que el fiscal penal de la segunda circunscripción informe ahora si se cumplió la medida que había dictaminado acerca de la suspensión de la actividad .
En agosto de 2016, Cecenarro resolvió a favor del recurso de amparo presentado por ambientalistas y suspendió todo tipo de actividades en el proyecto minero Agua Rica, ubicado en los nevados de Aconquija, Andalgalá. En aquel momento, el juez actuó en sintonía con el fallo que había emitido en marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los ambientalistas que solicitaban el cese de las actividades.
Tras dictar la resolución, grupos ambientalistas recusaron a Cecenarro. El listado de los conjueces que seguían en el listado se inhibieron por distintas razones. La causa fue girada también a Belén, pero por distintas circunstancias nadie se abocó al tratamiento.
Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas de Segunda Nominación rechazó la recusación y, dos años despúes, el expediente regresó al Juzgado de Cecenarro.
Según pudo averiguar El Ancasti, el magistrado comenzó con el dictado de algunos decretos para realizar el ordenamiento administrativo de una causa muy voluminosa. Además, porque con el paso del tiempo cambiaron algunos actores, tanto de la demanda como de la defensa de los denunciados.
Además, se requirió informes al fiscal de Instrucción Penal, Alejandro Scidá para conocer si se cumplió con la suspensión de la actividad minera en Andalgalá. La resolución expresaba que la Policía debía dar cumplimiento a la medida de la suspensión de la actividad.
Tras recibir ese informe y notificar a todos los actores involucrados el magistrado deberá decidir si el amparo tiene materia o la causa debería continuar con el trámite de un juicio ordinario. El amparo había sido presentado en el año 2010 y se suponía que era un trámite sumarísimo, ya que ese recurso apunta a la tutela de un derecho.
En principio, se comenzó a notificar de la reactivación de la causa a los vecinos que presentaron el recurso y también a los demandados la empresa Agua Rica, subsidiaria de Yamana Gold, a la Municipalidad de Andalgalá y a Fiscalía de Estado porque la demanda involucra a varios organismos del Estado.
Un expediente de ocho años
- Julio de 2007. Agua Rica presenta su informe de Impacto Ambiental. La empresa pretendía iniciar la explotación del proyecto.
- Marzo de 2009. La Secretaría de Minería, a cargo de José Sinner, durante la gestión del FCS, aprobó de manera condicionada el informe, mediante la Resolución 035/09.
- Enero de 2010. Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentan un recurso de amparo ante la Corte, que se rechazó en todas las instancias provinciales. El juez Cecenarro también lo había rechazado al considerar que debía ser un trámite ordinario.
- Noviembre de 2012. Se presenta el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
- Marzo de 2016. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena que se revea la sentencia local y que se atienda el pedido del amparo.
- Septiembre de 2016. El juez Cecenarro, resuelve la suspensión de la actividad minera. Luego fue recusado y la causa se quedó sin juez por dos años. Ahora vuelve.
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Fecha de Publicación: 23/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Ocho años después de la presentación del amparo ambiental en contra de la actividad minera la causa vuelve a reactivarse.
En agosto de 2016, el juez de Control de Garantías de la segunda circunscripción, Rodolfo Cecenarro había dictaminado la suspensión de la actividad minera en los nevados del Aconquija, lo que implicaba la paralización del proyecto. Cecenarro fue recusado por los grupos ambientalistas y la causa no tuvo juez. Dos años después, el amparo regresa a su juzgado. El magistrado pidió que el fiscal penal de la segunda circunscripción informe ahora si se cumplió la medida que había dictaminado acerca de la suspensión de la actividad .
En agosto de 2016, Cecenarro resolvió a favor del recurso de amparo presentado por ambientalistas y suspendió todo tipo de actividades en el proyecto minero Agua Rica, ubicado en los nevados de Aconquija, Andalgalá. En aquel momento, el juez actuó en sintonía con el fallo que había emitido en marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los ambientalistas que solicitaban el cese de las actividades.
Tras dictar la resolución, grupos ambientalistas recusaron a Cecenarro. El listado de los conjueces que seguían en el listado se inhibieron por distintas razones. La causa fue girada también a Belén, pero por distintas circunstancias nadie se abocó al tratamiento.
Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas de Segunda Nominación rechazó la recusación y, dos años despúes, el expediente regresó al Juzgado de Cecenarro.
Según pudo averiguar El Ancasti, el magistrado comenzó con el dictado de algunos decretos para realizar el ordenamiento administrativo de una causa muy voluminosa. Además, porque con el paso del tiempo cambiaron algunos actores, tanto de la demanda como de la defensa de los denunciados.
Además, se requirió informes al fiscal de Instrucción Penal, Alejandro Scidá para conocer si se cumplió con la suspensión de la actividad minera en Andalgalá. La resolución expresaba que la Policía debía dar cumplimiento a la medida de la suspensión de la actividad.
Tras recibir ese informe y notificar a todos los actores involucrados el magistrado deberá decidir si el amparo tiene materia o la causa debería continuar con el trámite de un juicio ordinario. El amparo había sido presentado en el año 2010 y se suponía que era un trámite sumarísimo, ya que ese recurso apunta a la tutela de un derecho.
En principio, se comenzó a notificar de la reactivación de la causa a los vecinos que presentaron el recurso y también a los demandados la empresa Agua Rica, subsidiaria de Yamana Gold, a la Municipalidad de Andalgalá y a Fiscalía de Estado porque la demanda involucra a varios organismos del Estado.
Un expediente de ocho años
- Julio de 2007. Agua Rica presenta su informe de Impacto Ambiental. La empresa pretendía iniciar la explotación del proyecto.
- Marzo de 2009. La Secretaría de Minería, a cargo de José Sinner, durante la gestión del FCS, aprobó de manera condicionada el informe, mediante la Resolución 035/09.
- Enero de 2010. Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentan un recurso de amparo ante la Corte, que se rechazó en todas las instancias provinciales. El juez Cecenarro también lo había rechazado al considerar que debía ser un trámite ordinario.
- Noviembre de 2012. Se presenta el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
- Marzo de 2016. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena que se revea la sentencia local y que se atienda el pedido del amparo.
- Septiembre de 2016. El juez Cecenarro, resuelve la suspensión de la actividad minera. Luego fue recusado y la causa se quedó sin juez por dos años. Ahora vuelve.
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Avanza la inminente modificación de la 7722
Avanza proyecto del PJ para cambiar ley 7.722 y reactivar la minería
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Funcionarios del Gobierno avalan la iniciativa. La semana que viene se discutirá en comisiones si se debate o no sobre tablas.
Luego de numerosas audiencias en las que participaron varias organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios mineros, especialistas y funcionarios de gobierno, la Legislatura finalmente decidirá si debate o no en el recinto las modificaciones planteadas a la ley 7.722, reconocida como ley antiminera.
La semana que viene se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.
Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de Guaymallén, al que lo someterán a una serie de modificaciones, según se han propuesto en estas discusiones.
Desde el Gobierno no se opusieron al tratamiento del tema en la Legislatura, y si bien se mantienen al margen con las declaraciones, algunos funcionarios han propuesto modificar la 7.722 para que se puedan establecer otros proyectos mineros.
Es el caso del subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer, durante la audiencia en el salón Rojas del anexo del Senado, que "la postura del Gobierno está marcada en el trabajo que se hizo sobre desarrollo de política minera. Evaluamos que estos proyectos son coherentes con lo que proponemos", señaló el funcionario.
Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle el desarrollo minero y también el recurso hídrico.
"Estamos absolutamente capacitados para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace 100 años con el petróleo", dijo.
En este sentido, opinó que en la minería "se está viendo una foto con 10 años de atraso" y que en la actualidad las empresas se manejan con otro tipo de prácticas, estándares y se someten a controles que han evolucionado.
Cambios al proyecto
Guiñazú consideró en su presentación que el proyecto de Abraham debería mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas "que se hacen necesarias para la protección del agua", pero sí repensar en qué parte del territorio de la provincia, tal como está actualmente explicitado en la 7.722.
"¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibilidad respecto del recurso hídrico?", se preguntó el funcionario, y acotó que, siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar las fuentes de recursos hídricos.
"Hay que perfeccionar la ley pero que no se transforme en lo que se acusa, una ley antiminera. Que no se transforme en una ley que impida el crecimiento de Mendoza", finalizó.
En tanto, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hizo hincapié en el acceso a la información que debe tener tanto la sociedad como los diferentes organismos de control en el Estado, y también se mostró de acuerdo en realizar una "reingeniería" de la ley.
"En principio los recursos disponibles permiten hacer una reingeniería de la ley, aggiornarla para proteger el ambiente, pero que se pueda desarrollar la actividad en términos de viabilidad, desarrollo y equilibrio territorial", expresó.
Sobre los controles, destacó las mejoras y avances tecnológicos para ser más precisos y rápidos en la fiscalización del trabajo de las mineras, pero puso énfasis la "gran institucionalidad" de la provincia para realizar bien el trabajo desde cada lugar.
Finalmente, comentó que no serían "más de 40 a 50 los proyectos mineros que podrían darse en Mendoza de minería en estos próximos años" y que lo que hay que hacer es "generar las exigencias a las empresas".
Voces a favor y en contra de la modificación
El debate tuvo varias posturas, además de la de funcionarios de gobierno. Se acopló por ejemplo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien comentó sobre la posibilidad de "no quedarse quieto para ver quién le quita el agua a quién", respecto a las diferentes actividades industriales. "Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo", agregó.
En contra se manifestó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a las empresas mineras de dar un "terrorismo estadístico", con datos falsos. "Nos oponemos a la minera trasnacional, por su escala, modalidad de explotación y que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar", dijo.
Por su parte, Maristella Svampa, socióloga del Conicet, acusó al gobierno y a las megamineras de "esconder y falsear" números y confrontó a la minería con las actividades agrícolas. Además dijo que este tema se convirtió en un "problema público" y que la gente "fue tomando conciencia de los daños irreversibles a los ecosistemas", que puede generar esta actividad.
Daniel Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, habló sobre la posibilidad de que conviva la minería y la agroindustria. "Hay cientos de países en el mundo que son extraordinarios productores de fruta, de vino y también tienen minería. El ejemplo es Chile. El mundo no estaría comprando la fruta chilena y el vino chileno si estuviera contaminada", explicó.
Guillermo Pensado, licenciado en Geología, se mostró también a favor de la modificación de la 7.722 y destacó que en San Juan, por ejemplo "el agua que consume la minería metalífera equivale a una finca de 150 hectáreas, es decir, el 0,1% de la demanda neta que entró en la finca".
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Funcionarios del Gobierno avalan la iniciativa. La semana que viene se discutirá en comisiones si se debate o no sobre tablas.
Luego de numerosas audiencias en las que participaron varias organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios mineros, especialistas y funcionarios de gobierno, la Legislatura finalmente decidirá si debate o no en el recinto las modificaciones planteadas a la ley 7.722, reconocida como ley antiminera.
La semana que viene se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.
Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de Guaymallén, al que lo someterán a una serie de modificaciones, según se han propuesto en estas discusiones.
Desde el Gobierno no se opusieron al tratamiento del tema en la Legislatura, y si bien se mantienen al margen con las declaraciones, algunos funcionarios han propuesto modificar la 7.722 para que se puedan establecer otros proyectos mineros.
Es el caso del subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer, durante la audiencia en el salón Rojas del anexo del Senado, que "la postura del Gobierno está marcada en el trabajo que se hizo sobre desarrollo de política minera. Evaluamos que estos proyectos son coherentes con lo que proponemos", señaló el funcionario.
Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle el desarrollo minero y también el recurso hídrico.
"Estamos absolutamente capacitados para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace 100 años con el petróleo", dijo.
En este sentido, opinó que en la minería "se está viendo una foto con 10 años de atraso" y que en la actualidad las empresas se manejan con otro tipo de prácticas, estándares y se someten a controles que han evolucionado.
Cambios al proyecto
Guiñazú consideró en su presentación que el proyecto de Abraham debería mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas "que se hacen necesarias para la protección del agua", pero sí repensar en qué parte del territorio de la provincia, tal como está actualmente explicitado en la 7.722.
"¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibilidad respecto del recurso hídrico?", se preguntó el funcionario, y acotó que, siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar las fuentes de recursos hídricos.
"Hay que perfeccionar la ley pero que no se transforme en lo que se acusa, una ley antiminera. Que no se transforme en una ley que impida el crecimiento de Mendoza", finalizó.
En tanto, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hizo hincapié en el acceso a la información que debe tener tanto la sociedad como los diferentes organismos de control en el Estado, y también se mostró de acuerdo en realizar una "reingeniería" de la ley.
"En principio los recursos disponibles permiten hacer una reingeniería de la ley, aggiornarla para proteger el ambiente, pero que se pueda desarrollar la actividad en términos de viabilidad, desarrollo y equilibrio territorial", expresó.
Sobre los controles, destacó las mejoras y avances tecnológicos para ser más precisos y rápidos en la fiscalización del trabajo de las mineras, pero puso énfasis la "gran institucionalidad" de la provincia para realizar bien el trabajo desde cada lugar.
Finalmente, comentó que no serían "más de 40 a 50 los proyectos mineros que podrían darse en Mendoza de minería en estos próximos años" y que lo que hay que hacer es "generar las exigencias a las empresas".
Voces a favor y en contra de la modificación
El debate tuvo varias posturas, además de la de funcionarios de gobierno. Se acopló por ejemplo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien comentó sobre la posibilidad de "no quedarse quieto para ver quién le quita el agua a quién", respecto a las diferentes actividades industriales. "Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo", agregó.
En contra se manifestó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a las empresas mineras de dar un "terrorismo estadístico", con datos falsos. "Nos oponemos a la minera trasnacional, por su escala, modalidad de explotación y que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar", dijo.
Por su parte, Maristella Svampa, socióloga del Conicet, acusó al gobierno y a las megamineras de "esconder y falsear" números y confrontó a la minería con las actividades agrícolas. Además dijo que este tema se convirtió en un "problema público" y que la gente "fue tomando conciencia de los daños irreversibles a los ecosistemas", que puede generar esta actividad.
Daniel Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, habló sobre la posibilidad de que conviva la minería y la agroindustria. "Hay cientos de países en el mundo que son extraordinarios productores de fruta, de vino y también tienen minería. El ejemplo es Chile. El mundo no estaría comprando la fruta chilena y el vino chileno si estuviera contaminada", explicó.
Guillermo Pensado, licenciado en Geología, se mostró también a favor de la modificación de la 7.722 y destacó que en San Juan, por ejemplo "el agua que consume la minería metalífera equivale a una finca de 150 hectáreas, es decir, el 0,1% de la demanda neta que entró en la finca".
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Rumores de venta del resto de Veladero
Barrick desmiente que le venda el resto de Veladero a Shandong Gold
Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La información que circuló por los pasillos del Ministerio de Minería previo a la venta de Gualcamayo fue descartada por la compañía canadiense.
Antes que se conociera la noticia sobre la venta total de la mina Gualcamayo a un nuevo grupo inversor colombiano, fuentes del Ministerio de Minería (que prefirieron no revelar su identidad) manejaban información sobre una posible adquisición de la totalidad de Veladero por parte de la empresa China Shandong Gold. Por el presunto acuerdo se hablaba de un monto de 300 millones de dólares anuales hasta finalizar la explotación. Sin embargo, desde Barrick declararon que “la información sobre una eventual venta del 50% restante de la mina Veladero desde nuestra compañía a Shandong Gold no está contemplada en ninguno de los acuerdos que ambas firmas han suscripto como parte de una sociedad conjunta”.
La minera de capitales canadienses sí confirmó que el pasado 24 de septiembre se anunció una compra cruzada de acciones entre Barrick y Shandong de hasta 300 millones de dólares, lo que refleja la intención de profundizar la sociedad entre ambas compañías.
“Estos acuerdos fortalecen la alianza a largo plazo entre las empresas, sin embargo, no modifican la estructura de propiedad de la mina Veladero”, indicó en su momento John L. Thornton, actual Director de Barrick Corporaciones.
En este contexto de convenios societarios cabe destacar que el pasado 9 de julio, Barrick y Shandong dieron un paso más en esta cooperación estratégica al anunciar un acuerdo mejorado que contempla una evaluación de factibilidad de Lama, el continuo intercambio de experiencias y prácticas de los equipos técnicos de ambas compañías en temas de minería, tecnología, innovación, finanzas, construcción, gestión social y medioambiental.
A este convenio se le sumó un trabajo conjunto para la búsqueda de oportunidades de inversión en otros proyectos mineros.
Con el fin de tener mayor claridad sobre el vínculo entre ambas compañías, las leyes del mercado internacional indican que la “venta cruzada de acciones” tiene la intención directa de aumentar las ventas de las compañías, reducir los costos directos asociados a los trabajos que realizan y aumentar la fidelidad de sus clientes, entre otras finalidades.
En este contexto de fusiones y acuerdos empresariales cabe destacar que recientemente Barrick adquirió la compañía sudafricana Randgold por un valor de 18.300 millones de dólares, contribuyendo al surgimiento de un nuevo líder en la industria de producción aurífera a nivel mundial.
Tras el canje, los accionistas de Barrick controlarán un 66,6% de la nueva compañía y los de Randgold el 33,4% restante. El reparto en los puestos del consejo de administración del nuevo grupo mantendrá la misma proporción. “La combinación de Barrick y Randgold creará un nuevo campeón para la creación de valor en la industria de la minería de oro, con la mayor colección de activos de oro Tier 1”, explicó Thornton.
Según indicaron fuentes de la compañía Barrick San Juan: “la nueva empresa (seguirá funcionando con el mismo nombre) será liderada por un equipo con visión compartida y un gran compromiso, acompañado de una poderosa base financiera para su crecimiento”. A su vez, explicaron que esperan que la fusión concluya en el primer cuatrimestre de 2019, ya que la operación está sujeta a la aprobación de ambos conjuntos de accionistas.
A lo que se suman las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. “A medida que esto avance podremos conocer su alcance e impacto, tanto a nivel local como a nivel internacional”, concluyeron desde la minera que opera Veladero.
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Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La información que circuló por los pasillos del Ministerio de Minería previo a la venta de Gualcamayo fue descartada por la compañía canadiense.
Antes que se conociera la noticia sobre la venta total de la mina Gualcamayo a un nuevo grupo inversor colombiano, fuentes del Ministerio de Minería (que prefirieron no revelar su identidad) manejaban información sobre una posible adquisición de la totalidad de Veladero por parte de la empresa China Shandong Gold. Por el presunto acuerdo se hablaba de un monto de 300 millones de dólares anuales hasta finalizar la explotación. Sin embargo, desde Barrick declararon que “la información sobre una eventual venta del 50% restante de la mina Veladero desde nuestra compañía a Shandong Gold no está contemplada en ninguno de los acuerdos que ambas firmas han suscripto como parte de una sociedad conjunta”.
La minera de capitales canadienses sí confirmó que el pasado 24 de septiembre se anunció una compra cruzada de acciones entre Barrick y Shandong de hasta 300 millones de dólares, lo que refleja la intención de profundizar la sociedad entre ambas compañías.
“Estos acuerdos fortalecen la alianza a largo plazo entre las empresas, sin embargo, no modifican la estructura de propiedad de la mina Veladero”, indicó en su momento John L. Thornton, actual Director de Barrick Corporaciones.
En este contexto de convenios societarios cabe destacar que el pasado 9 de julio, Barrick y Shandong dieron un paso más en esta cooperación estratégica al anunciar un acuerdo mejorado que contempla una evaluación de factibilidad de Lama, el continuo intercambio de experiencias y prácticas de los equipos técnicos de ambas compañías en temas de minería, tecnología, innovación, finanzas, construcción, gestión social y medioambiental.
A este convenio se le sumó un trabajo conjunto para la búsqueda de oportunidades de inversión en otros proyectos mineros.
Con el fin de tener mayor claridad sobre el vínculo entre ambas compañías, las leyes del mercado internacional indican que la “venta cruzada de acciones” tiene la intención directa de aumentar las ventas de las compañías, reducir los costos directos asociados a los trabajos que realizan y aumentar la fidelidad de sus clientes, entre otras finalidades.
En este contexto de fusiones y acuerdos empresariales cabe destacar que recientemente Barrick adquirió la compañía sudafricana Randgold por un valor de 18.300 millones de dólares, contribuyendo al surgimiento de un nuevo líder en la industria de producción aurífera a nivel mundial.
Tras el canje, los accionistas de Barrick controlarán un 66,6% de la nueva compañía y los de Randgold el 33,4% restante. El reparto en los puestos del consejo de administración del nuevo grupo mantendrá la misma proporción. “La combinación de Barrick y Randgold creará un nuevo campeón para la creación de valor en la industria de la minería de oro, con la mayor colección de activos de oro Tier 1”, explicó Thornton.
Según indicaron fuentes de la compañía Barrick San Juan: “la nueva empresa (seguirá funcionando con el mismo nombre) será liderada por un equipo con visión compartida y un gran compromiso, acompañado de una poderosa base financiera para su crecimiento”. A su vez, explicaron que esperan que la fusión concluya en el primer cuatrimestre de 2019, ya que la operación está sujeta a la aprobación de ambos conjuntos de accionistas.
A lo que se suman las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. “A medida que esto avance podremos conocer su alcance e impacto, tanto a nivel local como a nivel internacional”, concluyeron desde la minera que opera Veladero.
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