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Un ex directivo de mineras como jefe de la Policía Minera
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Nuevo jefe de la Policía Minera, con un plan para tener datos rápidos y certeros de las minas
Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Federico Vera Frassinelli, quien lleva una década trabajando en el ámbito de la minería, asumió este lunes.
En la mañana de este lunes, entró en funciones el nuevo jefe de la Policía Minera de la provincia, Federico Vera Franssinelli, quien aseguró que apuntará al trabajo coordinado de las secretarías y que se realizará “controles instantáneos” de la tarea de los emprendimientos de la provincia.
“Algo que es tendencia es que los distintos ámbitos del Gobierno funcionen como organismos estancos, hay poca interrelación entre las distintas áreas. Como vengo de la parte privada tengo muy fuertemente arraigado el trabajo en equipo y pretendo que todas las secretarías a mi cargo funcionen de ese modo”, comentó Franssinelli en cuanto al modo en que desarrollará su tarea.
Por otro lado, detalló que habrá cambios en los modos de control de las mineras con la utilización de un software que permitirá acceder a los datos de los emprendimientos de modo instantáneo.
“Este software de monitoreo fue propuesto por el ingeniero Machuca -ex jefe del área- con muy buen tino. A través de él se va a poder constatar casi online la información de las mineras en torno a su funcionamiento”, sostuvo el nuevo Jefe.
Y agregó que “hoy en día, cada 6 meses los proyectos grandes presentan una declaración con referencias del impacto y hay que analizar los datos, que hasta no hace mucho tiempo lo presentaban en papel. Era una tarea compleja. Ahora, con este software, el control será casi instantáneo, vamos a solicitar la información en la misma base de datos del programa y se va a poder chequear que no se hayan salido de los límites de la línea base que debe ser respetada. De este modo, toda variación deberá ser explicada y penalizada”.
Franssinelli se ha desempeñado como como gerente de Operaciones y actualmente en Ingeniería por aproximadamente 10 años en el campo de la minería. He trabajado en empresas como SCR Sibelco, CEFAS SA, Caleras San Juan SA en el área de Minería.
En los últimos años trabajó como gerente de Procesos y Automatización en un Proyecto de Minería en Indonesia.
Es Ingeniero Electrónico recibido en la UNSJ y posee un MBA de la UCCuyo, una Especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo en la UTN, es Green Belt Lean Six Sigma y está terminando un Master en Administración de Empresas de Minería.
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Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Federico Vera Frassinelli, quien lleva una década trabajando en el ámbito de la minería, asumió este lunes.
En la mañana de este lunes, entró en funciones el nuevo jefe de la Policía Minera de la provincia, Federico Vera Franssinelli, quien aseguró que apuntará al trabajo coordinado de las secretarías y que se realizará “controles instantáneos” de la tarea de los emprendimientos de la provincia.
“Algo que es tendencia es que los distintos ámbitos del Gobierno funcionen como organismos estancos, hay poca interrelación entre las distintas áreas. Como vengo de la parte privada tengo muy fuertemente arraigado el trabajo en equipo y pretendo que todas las secretarías a mi cargo funcionen de ese modo”, comentó Franssinelli en cuanto al modo en que desarrollará su tarea.
Por otro lado, detalló que habrá cambios en los modos de control de las mineras con la utilización de un software que permitirá acceder a los datos de los emprendimientos de modo instantáneo.
“Este software de monitoreo fue propuesto por el ingeniero Machuca -ex jefe del área- con muy buen tino. A través de él se va a poder constatar casi online la información de las mineras en torno a su funcionamiento”, sostuvo el nuevo Jefe.
Y agregó que “hoy en día, cada 6 meses los proyectos grandes presentan una declaración con referencias del impacto y hay que analizar los datos, que hasta no hace mucho tiempo lo presentaban en papel. Era una tarea compleja. Ahora, con este software, el control será casi instantáneo, vamos a solicitar la información en la misma base de datos del programa y se va a poder chequear que no se hayan salido de los límites de la línea base que debe ser respetada. De este modo, toda variación deberá ser explicada y penalizada”.
Franssinelli se ha desempeñado como como gerente de Operaciones y actualmente en Ingeniería por aproximadamente 10 años en el campo de la minería. He trabajado en empresas como SCR Sibelco, CEFAS SA, Caleras San Juan SA en el área de Minería.
En los últimos años trabajó como gerente de Procesos y Automatización en un Proyecto de Minería en Indonesia.
Es Ingeniero Electrónico recibido en la UNSJ y posee un MBA de la UCCuyo, una Especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo en la UTN, es Green Belt Lean Six Sigma y está terminando un Master en Administración de Empresas de Minería.
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7.722: intervienen las universidades
Dos universidades se meten en la discusión sobre la minería
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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Conicet se pronuncia en contra de la mineríaen Chubut
El CONICET rechaza el proyecto de minería en Chubut y pide un debate serio para impulsar la economía regional
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas emitió un comunicado donde rechaza el proyecto de zonificación minera en la Meseta chubutense. Considera que la iniciativa es inviable por la escasa intervención del Estado y reclama un debate serio para trabajar sobre el desarrollo territorial de la región.
El presidente Mauricio Macri convocó a una reunión con funcionarios provinciales y nacionales de Chubut para avanzar con la minería en la meseta de la provincia. La iniciativa instó a que legisladores de la Alianza Cambiemos impulsen el debate en la Legislatura donde se apelará a audiencias públicas no vinculantes para escuchar diferentes opiniones y definir si se aprobará el proyecto de zonificación antes de fin de año.
En este marco, el Centro Científico Tecnológico (CENPAT) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), emitió un comunicado para manifestar su rechazo a la minería en Chubut por considerar la baja intervención del Estado.
“Consideramos que el aporte del sector científico y tecnológico a un debate serio e inclusivo permitiría ahondar temáticas claves para la discusión sobre el Desarrollo Territorial de la Meseta Central y otras regiones afectadas. Pensamos en un plan de articulación con el CONICET, las Universidades y otros organismos de ciencia y técnica de manera de garantizar opinión diversa a partir de profesionales de todas las áreas del conocimiento. Entendemos además que dicho conocimiento debe complementarse con aquellos saberes provenientes de las comunidades involucradas, las que deberían ser parte del diálogo en cuestión”, sostiene el comunicado.
El documento también establece: ?creemos importante la creación de una Agencia Estatal de regulación de carácter autónomo y autárquico y con manejo de recursos económicos y profesionales para enfrentar las demandas que surgen del monitoreo y control socio-ambiental de la minería”.
El CENPAT también solicitó abrir un debate consistente en la exploración de modelos de desarrollo socio-económicos alternativos, como la agricultura familiar y comunitaria, una ganadería basada en las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la implementación de una economía social para los productores de la región, o cualquier otro modelo que apueste a diversificar la matriz de producción de la Meseta Central y otras áreas de Chubut sin caer en el modelo extractivo minero como única alternativa.
Así, los directores de la unidades ejecutoras del CONICET-CENPAT rechazaron el modelo de desarrollo minero que no establezca un rol claro para el Estado, las organizaciones civiles, el sector científico y tecnológico, y que arriesgue los recursos naturales de Chubut y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas emitió un comunicado donde rechaza el proyecto de zonificación minera en la Meseta chubutense. Considera que la iniciativa es inviable por la escasa intervención del Estado y reclama un debate serio para trabajar sobre el desarrollo territorial de la región.
El presidente Mauricio Macri convocó a una reunión con funcionarios provinciales y nacionales de Chubut para avanzar con la minería en la meseta de la provincia. La iniciativa instó a que legisladores de la Alianza Cambiemos impulsen el debate en la Legislatura donde se apelará a audiencias públicas no vinculantes para escuchar diferentes opiniones y definir si se aprobará el proyecto de zonificación antes de fin de año.
En este marco, el Centro Científico Tecnológico (CENPAT) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), emitió un comunicado para manifestar su rechazo a la minería en Chubut por considerar la baja intervención del Estado.
“Consideramos que el aporte del sector científico y tecnológico a un debate serio e inclusivo permitiría ahondar temáticas claves para la discusión sobre el Desarrollo Territorial de la Meseta Central y otras regiones afectadas. Pensamos en un plan de articulación con el CONICET, las Universidades y otros organismos de ciencia y técnica de manera de garantizar opinión diversa a partir de profesionales de todas las áreas del conocimiento. Entendemos además que dicho conocimiento debe complementarse con aquellos saberes provenientes de las comunidades involucradas, las que deberían ser parte del diálogo en cuestión”, sostiene el comunicado.
El documento también establece: ?creemos importante la creación de una Agencia Estatal de regulación de carácter autónomo y autárquico y con manejo de recursos económicos y profesionales para enfrentar las demandas que surgen del monitoreo y control socio-ambiental de la minería”.
El CENPAT también solicitó abrir un debate consistente en la exploración de modelos de desarrollo socio-económicos alternativos, como la agricultura familiar y comunitaria, una ganadería basada en las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la implementación de una economía social para los productores de la región, o cualquier otro modelo que apueste a diversificar la matriz de producción de la Meseta Central y otras áreas de Chubut sin caer en el modelo extractivo minero como única alternativa.
Así, los directores de la unidades ejecutoras del CONICET-CENPAT rechazaron el modelo de desarrollo minero que no establezca un rol claro para el Estado, las organizaciones civiles, el sector científico y tecnológico, y que arriesgue los recursos naturales de Chubut y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios.
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Intendentes quiern en su mayoría cambiar la 7.722
La mayoría de los intendentes, a favor de modificar la 7.722
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Chubut implementaría audiencias públicas para minería
Chubut avanzará en aprobar audiencias públicas para discutir si permite la minería
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Agencia ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
La Cámara de Diputados de Chubut apunta a debatir en próximas sesiones el proyecto de “audiencias públicas” sobre proyectos de explotación minera en la provincia, dijo este lunes el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Manuel Pagliaroni.
Se trata del Reglamento para la celebración de Audiencias Públicas Legislativas que está en estudio en esa comisión y en la de Medio Ambiente, explicó a Télam.
“Están los números suficientes en la Legislatura para tratar el proyecto en las próximas sesiones porque hace rato está en comisión”, apuntó el diputado de Cambiemos.
“Ni bien se logre eso, se avanzará con el debate sobre la minería en general, para lo cual se invitará -con un protocolo establecido- a especialistas en todas las temáticas a fin de que opinen a favor y en contra y tener una posición tomada antes de fin de año”, agregó.
Pagliaroni señaló que la semana pasada legisladores provinciales, dirigentes del sindicato de petroleros y funcionarios nacionales trataron el asunto en Buenos Aires en una reunieron con el presidente Mauricio Macri.
Este lunes a la mañana, el diputado Jerónimo García (Chubut Somos Todos) informó en ADNSUR que hubo un apriete de Macri para que se retome la posibilidad de avanzar en proyectos mineros en Chubut. García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión” y sostuvo que “entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”. Además, remarcó que “hay que garantizar el tema ambiental”.
García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión. Explicamos la situación de la provincia, la falta de licencia social, la falta de que tiene que ser una cuestión que tenga un consenso determinado y provechoso para la provincia, que estamos dispuestos al debate que es positivo, pero hay que respetar los tiempos sociales sin descuidar el tema económico porque la ley que fija los márgenes de regalías es muy exigua y se pretende otra cosa”.
“El tema minero es de especial atención del gobierno nacional y entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”, remarcó.
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Potasio Río Colorado, minería que sigue reflotándose
Cornejo busca inversores chinos para reactivar la mina de potasio de Malargüe
Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Ley antiminera cordobesa es declarada constitucional
Dictaminaron que la ley cordobesa que prohíbe la minería a cielo abierto es constitucional
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
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Más reuniones para habilitar la minería en Chubut
Dirigentes chubutenses se reunieron con Macri para habilitar la minería
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El diputado nacional Gustavo Menna, los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Lludgar se reunieron con el presidente Mauricio Macri para hablar de minería.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, el diputado nacional Gustvao Menna, el intendente de Telsen Leonardo Bowman y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Llugdar para analizar los alcances de la minería.
Macri solicitó a los legisladores provinciales abrir el debate en la Legislatura y aseguró que la actividad “generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni” informó El Chubut. Desde el sector petrolero, Ávila, Llugdar y el diputado Gómez respaldaron el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut.
Los representantes chubutenses se comprometieron con el mandatario nacional para tratar en las próximas semanas en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El diputado nacional Gustavo Menna, los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Lludgar se reunieron con el presidente Mauricio Macri para hablar de minería.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, el diputado nacional Gustvao Menna, el intendente de Telsen Leonardo Bowman y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Llugdar para analizar los alcances de la minería.
Macri solicitó a los legisladores provinciales abrir el debate en la Legislatura y aseguró que la actividad “generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni” informó El Chubut. Desde el sector petrolero, Ávila, Llugdar y el diputado Gómez respaldaron el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut.
Los representantes chubutenses se comprometieron con el mandatario nacional para tratar en las próximas semanas en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.
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Ley 7.722 siguen debatiendo como dar luz verde a la minería
Minería: buscan darle más poder a los municipios
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Como resultado de las distintas opiniones de los sindicatos que se escucharon este jueves en el Senado, surgieron propuestas para darle una mayor potestad a las comunas en los controles de la actividad y a los trabajadores del sector.
En medio de la discusión por los cambios en la Ley 7.722 que pone límites a la minería metalífera en la provincia, este jueves en el Senado se escucharon las opiniones de los sindicatos vinculados al sector, quienes pusieron de manifiesto otorgarle mayor competencia a los municipios para la realización de los controles, pero también de darle un rol de protagonismo a los empleados de la minería, como auditores de ese proceso.
Otros gremios, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) y aquellos vinculados a la producción agropecuaria rechazaron de plano hacer modificaciones al texto de la normativa.
Esta legislación que regula la actividad desde el 2007, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos mineros.
Uno de los sectores que se manifestó en contra estuvo representado por la gremialista Raquel Blas, actual secretaria general de la CTA en Mendoza.
Las exposiciones se realizaron en el marco de una reunión conjunta entre las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales en el Senado, como también la de Minería e Hidrocarburos y contó con la presencia de los legisladores justicialistas Juan Agulles y Alejandro Abraham, ambos autores de dos textos que buscan habilitar la minería metalífera en la provincia.
"Fue muy positivo escuchar los distintos análisis, sobre todo aquellos que plantean darle una mayor competencia a los municipios para los controles. Ahora, lamento que desde los gremios que están en contra se opongan por oponerse sin haber leído el proyecto", sostuvo Abraham al término de las exposiciones.
Por otro lado, destacó que "al darle un reconocimiento a las comunas donde se realizará la minería, estamos enriqueciendo su autonomía, el planteo fue interesante y lo podemos llegar a incorporar".
"Estamos abiertos a tomar nota de todo lo que están planteando. Hemos permitido que todos los sectores involucrados puedan hacer sus aportes. Ahora, quienes rechazan el proyecto no han hecho ninguna consideración que enriquezca el debate", afirmó, por su parte Agulles.
Entre los modelos que se buscan replicar en la provincia, se citaron las experiencias de Chile y de Canadá, donde según aseguraron los controles son efectivos.
Sin embargo, a nivel regional también se mencionaron las situaciones de contaminación, como las que se produjeron en San Juan, en donde se detectaron sustancias cianuradas en el río Jáchal.
Posturas a favor
Desde la Asociación Sindical del Personal Jerárquico y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz afirmó que "si se pudiera avanzar con un método de gran escala, estamos hablando de que se podrían generar unos 20.000 puestos de trabajo".
Mena recalcó que "Mendoza tiene una riqueza minera muy importante, pero se deberían incorporar controles estrictos que tienen que ser ejercidos por el mismo trabajador y el gobierno".
Por su parte, el productor e integrante de la Sociedad Rural en el Valle de Uco, Martín Garboide expuso su visión en contra de la modificación de la norma.
"Pertenezco a un movimiento que defiende a los trabajdores, ustedes no los están protegiendo, los ponen como mascarón de proa para disminuir los costos que requiere la minería seria y de la remediación para que el ambiente quede tal cual como estaba", disparó.
Las claves
- Ambos proyectos buscan flexibilizar la letra de la ley y permitir la minería metalífera.
- La iniciativa del senador Abraham elimina la obligatoriedad de que la Legislatura avale la declaración de impacto ambiental.
- Mientras que el de Agulles habla de fijar controles a la actividad, a través del concepto "parques mineros controlados".
- La próxima semana se espera la intervención de uno de los sectores más reactivos, las asambleas por el agua pura.
- Los proyectos podrían llegar a tratarse a mediados de noviembre, cuando se haya escuchado a todos los actores, como también, a los funcionarios del gobierno provincial.
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Insisten con que que acá se hace minería de bajo impacto
Argentina asegura que promueve una minería de bajo impacto en el ambiente
Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno promociona entre grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
La secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, planteó el potencial de desarrollo en el país de una “minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales inclusivas”, tras su regreso de China.
La funcionaria expuso acerca de las oportunidades de negocios para los inversores mundiales durante el road show "Mining Investment in Argentina".
El Gobierno argentino viene promocionando entre los grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
Como parte de esa difusión del potencial minero, Sánchez desarrollará la semana próxima una visita a Australia, donde participará de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos - Imarc 2018 y firmará un memorándum de entendimiento con el gobierno del estado de Victoria, uno de los de mayor desarrollo minero de ese país.
La funcionaria del Ministerio de Producción llegó hoy al país tras participar de la China Mining Congress and Expo que se celebró por 19 años consecutivos, en la ciudad de Tianjin, considerado uno de los eventos mineros más importantes junto a PDAC en Canadá, ambos referencia para inversores y países mineros a nivel global.
“Nos interesa que los países que miran a la Argentina evalúen inversiones en nuestro país trayendo las mejores tecnologías disponibles para hacer minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales de la minería inclusiva con la población, que genere empleo y desarrollo de pequeñas y medianas empresas asociadas”, expresó la funcionaria.
En ese sentido, Sánchez reafirmó que la cartera impulsa “la actividad minera como sector estratégico en la cadena productiva nacional para el desarrollo de las economías regionales y sus comunidades”.
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Mariano Lamothe, destacó que “la Argentina, un país joven en minería, tiene un vasto territorio para invertir en proyectos ya sea en estado inicial o avanzado para el desarrollo sustentable de las distintas regiones del país, sus economías regionales y sus comunidades”.
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Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno promociona entre grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
La secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, planteó el potencial de desarrollo en el país de una “minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales inclusivas”, tras su regreso de China.
La funcionaria expuso acerca de las oportunidades de negocios para los inversores mundiales durante el road show "Mining Investment in Argentina".
El Gobierno argentino viene promocionando entre los grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
Como parte de esa difusión del potencial minero, Sánchez desarrollará la semana próxima una visita a Australia, donde participará de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos - Imarc 2018 y firmará un memorándum de entendimiento con el gobierno del estado de Victoria, uno de los de mayor desarrollo minero de ese país.
La funcionaria del Ministerio de Producción llegó hoy al país tras participar de la China Mining Congress and Expo que se celebró por 19 años consecutivos, en la ciudad de Tianjin, considerado uno de los eventos mineros más importantes junto a PDAC en Canadá, ambos referencia para inversores y países mineros a nivel global.
“Nos interesa que los países que miran a la Argentina evalúen inversiones en nuestro país trayendo las mejores tecnologías disponibles para hacer minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales de la minería inclusiva con la población, que genere empleo y desarrollo de pequeñas y medianas empresas asociadas”, expresó la funcionaria.
En ese sentido, Sánchez reafirmó que la cartera impulsa “la actividad minera como sector estratégico en la cadena productiva nacional para el desarrollo de las economías regionales y sus comunidades”.
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Mariano Lamothe, destacó que “la Argentina, un país joven en minería, tiene un vasto territorio para invertir en proyectos ya sea en estado inicial o avanzado para el desarrollo sustentable de las distintas regiones del país, sus economías regionales y sus comunidades”.
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El debate por la minería en Mendoza no arrancó muy bien
Cruces e insultos en el comienzo del debate para reactivar la minería en Mendoza
Fecha de Publicación: 24/10/2018
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Mendoza
Mendoza comenzó a discutir la reactivación de la minería, en medio de la resistencia de ambientalistas y de nuevos escándalos entre los protagonistas del debate.
El Gobierno provincial dio su aval a la reapertura, a pesar del fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes, como el cianuro. El avance del debate en la Legislatura se da luego de que un legislador kirchnerista presentara un proyecto para realizarle modificaciones a esa norma y permitir el desarrollo de la actividad. Asimismo, otro senador justicialista también propuso cambiar las reglas vigentes.
Sin embargo, en medio del primer día de diálogo en la Casa de las Leyes entre empresarios del sector minero y senadores, comenzaron los contrapuntos y los incidentes. Marcelo Romano, legislador del Partido Intransigente y referente de la asociación de consumidores Protectora, aseguró haber sido amenazado por el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, con quien cruzó varios insultos que pueden observarse en un video. En principio, el motivo de la discusión fue la clara postura del senador mendocino en contra de los cambios y en defensa del agua, lo que llevó a un cruce con el empresario.
"Hago responsable de cualquier cosa que me suceda en mi integridad al Dr Carlos Ferrer, abogado de la Cámara Minera de Mendoza. En Comisión del Senado donde pretenden modificar la 7722 (Ley que defiende el Agua) me amenazó públicamente. Está denunciado", indicó Romano. Sin embargo, Ferrer asegura que su malestar creció cuando Romano le recordó que se bajó de su candidatura a gobernador por el partido de Rodríguez Saá tras una denuncia pública que hizo su hija, Sofía Ferrer, quien aseguró que su padre es homofóbico y golpeador.
Los proyectos de modificación de la 7.722 con autoría del senador K, Alejandro Abraham y su par peronista, Juan Agulles, ex intendente de Malargüe, seguirán analizándose en las próximas semanas en la Legislatura provincial, por lo que se espera la visita de universidades, sindicatos, municipalidades, asambleas y especialistas. En definitiva, lo que buscan estas iniciativas, que se transformarían en una a ser tratada en el recinto en noviembre, es eliminar la obligatoriedad de que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Además, se establece quitar de la ley la palabra "otras sustancias
similares" en la especificación de las prohibiciones de los contaminantes cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, en los procesos mineros metalíferos de cateo o exploración, prospección, explotación y/o industrialización a través de cualquier método extractivo.
Hace unos años, la norma, sancionada en 2007, fue puesta en tela de juicio por el sector minero, por lo que llegó a estar bajo análisis del máximo tribunal provincial, que finalmente en diciembre del 2015 determinó la constitucionalidad de la ley. Con este nuevo intento de reactivación, en el sector se muestran expectante, ya que aseguran que el desempleo en la actividad está por encima del 90%.
Entre las posturas expuestas en el primer día de debate, se destacó el reclamo de Raúl Rodríguez, presidente de CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), quien aseguró que desde el 2007 no se logró aprobar ningún nuevo proyecto minero, sobre todo por el uso de ciertas sustancias. "Los que son más creativos y logran pasar este punto, son rechazados en la Legislatura. La minería está sobreregulada. Ningún lugar del mundo dispone de recursos y voluntariamente no los utiliza en beneficio de la población. Nadie dice 'no vamos a hacer minería', no pasa", cuestionó el abogado.
Entre los fundamentos de los proyectos, se hace hincapié en la necesidad de ampliar el espectro de desarrollo local y de generar riquezas. "Las inversiones mineras son de capital intensivo que generan infraestructura diversa y desarrollo, son fuertes demandantes de servicios y de mano de obra de todo tipo de calificación y pagan impuestos nacionales, provinciales y regalías. Es un sector que genera divisas por exportación o por sustitución de importaciones, ayudando a equilibrar la balanza comercial del país e incrementando las magnitudes de intercambio de la provincia. Por eso se propone una actualización de la norma de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo", indica la iniciativa.
Desde el oficialismo, el senador Diego Costarelli, titular del bloque Cambia Mendoza, aseguró que se discutirán las iniciativas en comisiones y que se les buscará dar un tratamiento de calidad, porque consideran que se trata de proyectos serios.
Frente a este escenario complejo, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la ley antiminera 7.722 y uno de los más críticos a estos intentos de realizarle modificaciones, cargó contra el supuesto plan político y contras las empresas multinaciones por insistir con el "lobby", a través de los hombres de la Casa de las Leyes.
La misma postura han tomado reconocidos especialistas ambientales y defensores del agua. En diálogo con LA NACION el jefe comunal mostró su preocupación por lo que está ocurriendo en la Legislatura, avalado por el Ejecutivo provincial. "Es un nuevo intento por eliminar controles a la minería. Gracias a la 7.722 Mendoza no fue Jachal, con dos derrames consecutivos de cianuro al río, afectando el agua para consumo humano y el riego agrícola para la producción de alimentos. "Usan diversos argumentos para poder habilitar una discusión. Las multinacionales tienen lobistas en los poderes de turno", expresó Difonso, y agregó: "Es una ley que nos ha puesto a la vanguardia en el oeste argentino en cuanto a la protección ambiental. Varias legislaturas del país nos llamaron para sacar leyes similares. Es una legislación de la cual los mendocinos debemos estar orgullosos y cuidarla".
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Fecha de Publicación: 24/10/2018
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Mendoza
Mendoza comenzó a discutir la reactivación de la minería, en medio de la resistencia de ambientalistas y de nuevos escándalos entre los protagonistas del debate.
El Gobierno provincial dio su aval a la reapertura, a pesar del fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes, como el cianuro. El avance del debate en la Legislatura se da luego de que un legislador kirchnerista presentara un proyecto para realizarle modificaciones a esa norma y permitir el desarrollo de la actividad. Asimismo, otro senador justicialista también propuso cambiar las reglas vigentes.
Sin embargo, en medio del primer día de diálogo en la Casa de las Leyes entre empresarios del sector minero y senadores, comenzaron los contrapuntos y los incidentes. Marcelo Romano, legislador del Partido Intransigente y referente de la asociación de consumidores Protectora, aseguró haber sido amenazado por el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, con quien cruzó varios insultos que pueden observarse en un video. En principio, el motivo de la discusión fue la clara postura del senador mendocino en contra de los cambios y en defensa del agua, lo que llevó a un cruce con el empresario.
"Hago responsable de cualquier cosa que me suceda en mi integridad al Dr Carlos Ferrer, abogado de la Cámara Minera de Mendoza. En Comisión del Senado donde pretenden modificar la 7722 (Ley que defiende el Agua) me amenazó públicamente. Está denunciado", indicó Romano. Sin embargo, Ferrer asegura que su malestar creció cuando Romano le recordó que se bajó de su candidatura a gobernador por el partido de Rodríguez Saá tras una denuncia pública que hizo su hija, Sofía Ferrer, quien aseguró que su padre es homofóbico y golpeador.
Los proyectos de modificación de la 7.722 con autoría del senador K, Alejandro Abraham y su par peronista, Juan Agulles, ex intendente de Malargüe, seguirán analizándose en las próximas semanas en la Legislatura provincial, por lo que se espera la visita de universidades, sindicatos, municipalidades, asambleas y especialistas. En definitiva, lo que buscan estas iniciativas, que se transformarían en una a ser tratada en el recinto en noviembre, es eliminar la obligatoriedad de que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Además, se establece quitar de la ley la palabra "otras sustancias
similares" en la especificación de las prohibiciones de los contaminantes cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, en los procesos mineros metalíferos de cateo o exploración, prospección, explotación y/o industrialización a través de cualquier método extractivo.
Hace unos años, la norma, sancionada en 2007, fue puesta en tela de juicio por el sector minero, por lo que llegó a estar bajo análisis del máximo tribunal provincial, que finalmente en diciembre del 2015 determinó la constitucionalidad de la ley. Con este nuevo intento de reactivación, en el sector se muestran expectante, ya que aseguran que el desempleo en la actividad está por encima del 90%.
Entre las posturas expuestas en el primer día de debate, se destacó el reclamo de Raúl Rodríguez, presidente de CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), quien aseguró que desde el 2007 no se logró aprobar ningún nuevo proyecto minero, sobre todo por el uso de ciertas sustancias. "Los que son más creativos y logran pasar este punto, son rechazados en la Legislatura. La minería está sobreregulada. Ningún lugar del mundo dispone de recursos y voluntariamente no los utiliza en beneficio de la población. Nadie dice 'no vamos a hacer minería', no pasa", cuestionó el abogado.
Entre los fundamentos de los proyectos, se hace hincapié en la necesidad de ampliar el espectro de desarrollo local y de generar riquezas. "Las inversiones mineras son de capital intensivo que generan infraestructura diversa y desarrollo, son fuertes demandantes de servicios y de mano de obra de todo tipo de calificación y pagan impuestos nacionales, provinciales y regalías. Es un sector que genera divisas por exportación o por sustitución de importaciones, ayudando a equilibrar la balanza comercial del país e incrementando las magnitudes de intercambio de la provincia. Por eso se propone una actualización de la norma de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo", indica la iniciativa.
Desde el oficialismo, el senador Diego Costarelli, titular del bloque Cambia Mendoza, aseguró que se discutirán las iniciativas en comisiones y que se les buscará dar un tratamiento de calidad, porque consideran que se trata de proyectos serios.
Frente a este escenario complejo, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la ley antiminera 7.722 y uno de los más críticos a estos intentos de realizarle modificaciones, cargó contra el supuesto plan político y contras las empresas multinaciones por insistir con el "lobby", a través de los hombres de la Casa de las Leyes.
La misma postura han tomado reconocidos especialistas ambientales y defensores del agua. En diálogo con LA NACION el jefe comunal mostró su preocupación por lo que está ocurriendo en la Legislatura, avalado por el Ejecutivo provincial. "Es un nuevo intento por eliminar controles a la minería. Gracias a la 7.722 Mendoza no fue Jachal, con dos derrames consecutivos de cianuro al río, afectando el agua para consumo humano y el riego agrícola para la producción de alimentos. "Usan diversos argumentos para poder habilitar una discusión. Las multinacionales tienen lobistas en los poderes de turno", expresó Difonso, y agregó: "Es una ley que nos ha puesto a la vanguardia en el oeste argentino en cuanto a la protección ambiental. Varias legislaturas del país nos llamaron para sacar leyes similares. Es una legislación de la cual los mendocinos debemos estar orgullosos y cuidarla".
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San Juan piensa que hacer con mina de oro Lama
El Gobierno provincial analizará la continuidad de la mina de oro Lama
Fecha de Publicación: 21/10/2018
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan
Así lo indicó el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, al señalar que del lado argentino "hay obras superficiales de gran envergadura que se han realizado y que tienen que resolverse”.
El gobierno de San Juan analizará, en un plazo de dos meses, la posibilidad de continuar con la explotación de la mina de oro Lama luego de que la justicia chilena confirmara recientemente el cierre definitivo del proyecto binacional Pascua Lama por no haber efectuado mediciones de glaciares en ese país.
Alberto Hessel remarcó que ante "la proximidad del yacimiento con la mina Veladero, pensamos que hay posibilidades de seguir el proyecto de nuestro lado”.
La posibilidad de continuar las tareas del lado argentino se deben a que la justicia ambiental chilena cerró definitivamente el proyecto binacional Pascua-Lama.
“Como tenemos propuestas de las mineras Shandong Gol y Barrick, vamos a esperar unos dos meses antes de decidir si podemos continuar con el proyecto de explotar los recursos de Lama”, reveló el ministro.
En ese marco, apuntó que “en el caso de disponer el cierre del proyecto, deberán ponerse en marcha los mecanismos correspondientes”.
Hensel explicó este mediodía que “por el fallo de la justicia chilena lo que queda sin futuro es el proyecto binacional de Pascua-Lama, pero nosotros entendemos que aún podemos desarrollar el lado argentino”.
El Tribunal Ambiental de Antofagasta dispuso en las últimas horas la cancelación definitiva del emprendimiento binacional Pascua-Lama que estaba construyendo la minera canadiense Barrick.
La justicia chilena tenía paralizado preventivamente el emprendimiento minero de oro y cobre a cielo abierto Pascua Lama, la primera iniciativa de este tipo de carácter binacional, que nunca alcanzó a operar.
A 3 años de iniciada la construcción de la mina, en septiembre de 2013, la Corte Suprema de Chile ratificó un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que había acogido un recurso interpuesto por opositores a la iniciativa, los productores del Río Huasco, por conflictos ambientales.
Posteriormente, Barrick anunció la suspensión de la construcción como parte de un plan de ahorro de costos, cuando Pascua Lama llevaba un avance del 40 por ciento. Ahora, con el nuevo fallo de la justicia ambiental chilena, el proyecto binacional quedó definitivamente terminado.
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Fecha de Publicación: 21/10/2018
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan
Así lo indicó el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, al señalar que del lado argentino "hay obras superficiales de gran envergadura que se han realizado y que tienen que resolverse”.
El gobierno de San Juan analizará, en un plazo de dos meses, la posibilidad de continuar con la explotación de la mina de oro Lama luego de que la justicia chilena confirmara recientemente el cierre definitivo del proyecto binacional Pascua Lama por no haber efectuado mediciones de glaciares en ese país.
Alberto Hessel remarcó que ante "la proximidad del yacimiento con la mina Veladero, pensamos que hay posibilidades de seguir el proyecto de nuestro lado”.
La posibilidad de continuar las tareas del lado argentino se deben a que la justicia ambiental chilena cerró definitivamente el proyecto binacional Pascua-Lama.
“Como tenemos propuestas de las mineras Shandong Gol y Barrick, vamos a esperar unos dos meses antes de decidir si podemos continuar con el proyecto de explotar los recursos de Lama”, reveló el ministro.
En ese marco, apuntó que “en el caso de disponer el cierre del proyecto, deberán ponerse en marcha los mecanismos correspondientes”.
Hensel explicó este mediodía que “por el fallo de la justicia chilena lo que queda sin futuro es el proyecto binacional de Pascua-Lama, pero nosotros entendemos que aún podemos desarrollar el lado argentino”.
El Tribunal Ambiental de Antofagasta dispuso en las últimas horas la cancelación definitiva del emprendimiento binacional Pascua-Lama que estaba construyendo la minera canadiense Barrick.
La justicia chilena tenía paralizado preventivamente el emprendimiento minero de oro y cobre a cielo abierto Pascua Lama, la primera iniciativa de este tipo de carácter binacional, que nunca alcanzó a operar.
A 3 años de iniciada la construcción de la mina, en septiembre de 2013, la Corte Suprema de Chile ratificó un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que había acogido un recurso interpuesto por opositores a la iniciativa, los productores del Río Huasco, por conflictos ambientales.
Posteriormente, Barrick anunció la suspensión de la construcción como parte de un plan de ahorro de costos, cuando Pascua Lama llevaba un avance del 40 por ciento. Ahora, con el nuevo fallo de la justicia ambiental chilena, el proyecto binacional quedó definitivamente terminado.
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La modificación de la 7722 mendocina ya se debate
Arranca el debate para modificar la ley de minería
Fecha de Publicación: 20/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Después de la sanción de la ley 7722 en 2007 y del rechazo de la Suprema Corte a los planteos de inconstitucionalidad -en abril del año pasado-, el tema de la minería parecía resuelto en Mendoza hasta que este mes dos proyectos de la oposición reabrieron el debate sobre la necesidad modificar la norma para ampliar la matriz productiva de la provincia.
A pesar de que las iniciativas surgieron de dos peronistas, el oficialismo en la Legislatura se apresuró a abrir el debate. El miércoles se espera que se discutan las propuestas de los senadores Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) y Juan Agulles (PJ) en una reunión conjunta de las comisiones de Hidrocarburo, Minería y Energía, y Legislación y Asuntos Constitucionales.
Desde el oficialismo se muestran cautos a fijar una posición pero sí se expresaron abiertos al debate. Hasta el gobernador Alfredo Cornejo aseguró a Los Andes que hay que deliberar sobre el tema en la Casa de las Leyes.
Genera incertidumbre que no hay una postura partidaria fijada de parte de Cambia Mendoza, que tiene mayoría en la Cámara Alta. La minería genera un quiebre en todos los bloques.
Representantes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza y la Unión Industrial de Mendoza presentaron un diagnóstico de la situación económica de la provincia y plantearon la necesidad de desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos naturales.
“Hoy la minería en Mendoza es de hecho considerada una actividad casi ilícita”, expresaron en un documento recibido por todos los legisladores.
En defensa de la ley
Ante el inminente tratamiento de los proyectos, en el Valle de Uco, el viernes pasado se reunieron concejales, ambientalistas y el intendente para diagramar un plan de acción.
“Nos preocupa que se quiera modificar una ley que está a la vanguardia. Hay un fallo plenario de 100 hojas avalando la ley. Si no existiera esta ley Mendoza sería Jachal”, explicó el intendente de San Carlos Jorge Difonso, aliado del oficialismo.
En General Alvear las más de 30 entidades que conforman la muiltisectorial (Cámara de Comercio, Federación Agraria, sindicatos entre otras) iniciaron movilizaciones para pedir que no se toque le ley y en el Concejo Deliberante los ediles de la UCR, el Pro y el PJ, unificaron en torno a una resolución que solicita directamente archivar el proyecto de reforma de la 7.722.
En la misma línea, Walther Marcolini, jefe comunal alvearense, no titubeó al momento de asegurar que “vamos a defender el agua y la ley, entendemos que no hace falta modificarla porque no prohíbe la actividad minera sino que establece niveles de control a la actividad”.
Claves
Lo que dice la ley 7.722. Prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, “y otras sustancias tóxicas similares” en los procesos mineros.
La modificación polémica. El proyecto de Abraham busca eliminar la frase "y otras sustancias tóxicas similares" de la 7.722 para abrir la puerta al uso de otros recursos químicos en minería.
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Fecha de Publicación: 20/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Después de la sanción de la ley 7722 en 2007 y del rechazo de la Suprema Corte a los planteos de inconstitucionalidad -en abril del año pasado-, el tema de la minería parecía resuelto en Mendoza hasta que este mes dos proyectos de la oposición reabrieron el debate sobre la necesidad modificar la norma para ampliar la matriz productiva de la provincia.
A pesar de que las iniciativas surgieron de dos peronistas, el oficialismo en la Legislatura se apresuró a abrir el debate. El miércoles se espera que se discutan las propuestas de los senadores Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) y Juan Agulles (PJ) en una reunión conjunta de las comisiones de Hidrocarburo, Minería y Energía, y Legislación y Asuntos Constitucionales.
Desde el oficialismo se muestran cautos a fijar una posición pero sí se expresaron abiertos al debate. Hasta el gobernador Alfredo Cornejo aseguró a Los Andes que hay que deliberar sobre el tema en la Casa de las Leyes.
Genera incertidumbre que no hay una postura partidaria fijada de parte de Cambia Mendoza, que tiene mayoría en la Cámara Alta. La minería genera un quiebre en todos los bloques.
Representantes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza y la Unión Industrial de Mendoza presentaron un diagnóstico de la situación económica de la provincia y plantearon la necesidad de desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos naturales.
“Hoy la minería en Mendoza es de hecho considerada una actividad casi ilícita”, expresaron en un documento recibido por todos los legisladores.
En defensa de la ley
Ante el inminente tratamiento de los proyectos, en el Valle de Uco, el viernes pasado se reunieron concejales, ambientalistas y el intendente para diagramar un plan de acción.
“Nos preocupa que se quiera modificar una ley que está a la vanguardia. Hay un fallo plenario de 100 hojas avalando la ley. Si no existiera esta ley Mendoza sería Jachal”, explicó el intendente de San Carlos Jorge Difonso, aliado del oficialismo.
En General Alvear las más de 30 entidades que conforman la muiltisectorial (Cámara de Comercio, Federación Agraria, sindicatos entre otras) iniciaron movilizaciones para pedir que no se toque le ley y en el Concejo Deliberante los ediles de la UCR, el Pro y el PJ, unificaron en torno a una resolución que solicita directamente archivar el proyecto de reforma de la 7.722.
En la misma línea, Walther Marcolini, jefe comunal alvearense, no titubeó al momento de asegurar que “vamos a defender el agua y la ley, entendemos que no hace falta modificarla porque no prohíbe la actividad minera sino que establece niveles de control a la actividad”.
Claves
Lo que dice la ley 7.722. Prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, “y otras sustancias tóxicas similares” en los procesos mineros.
La modificación polémica. El proyecto de Abraham busca eliminar la frase "y otras sustancias tóxicas similares" de la 7.722 para abrir la puerta al uso de otros recursos químicos en minería.
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Ordenan cierre definitivo de Pascua Lama del lado chileno
Tribunal ordenó el cierre definitivo de Pascua Lama
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: MDZ (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal ambiental chileno aprobó hoy por dos votos contra uno la clausura definitiva del proyecto minero aurífero de Pascua Lama, en la región de Atacama, unos 700 kilómetros al norte de Santiago.
El controvertido proyecto enclavado en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, de la firma canadiense Barrick, fue cancelado por el tribunal porque no se efectuaron las mediciones que debieron realizarse para el monitoreo de los glaciares de la zona.
Fue el Primer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Antofagasta, 1.300 kilómetros al norte de la capital chilena, el que tomó la resolución en relación a una de las cinco infracciones cursadas a la Compañía Minera Nevada SpA (filial chilena de Barrick) por la Superintendencia del Medio Ambiente, por las que ya había ordenado su clausura en enero pasado.
Lo cierto es que la iniciativa, que comenzó sus obras en 2010, ya se encontraba paralizada desde 2013 por un fallo de la Corte Suprema y por la decisión de la propia minera de congelar las faenas, en medio de los crecientes costos y los cuestionamientos de los accionistas de Barrick.
El proyecto minero binacional Pascua Lama, se ubica a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, sobre el límite internacional chileno-argentino.
En vista de los problemas que ha enfrentado la iniciativa en Chile, Barrick resolvió comenzar a analizar la opción de desarrollar el proyecto solo por el lado argentino, para lo cual alcanzó un acuerdo de desarrollo conjunto con sus socios chinos de Shandong Gold.
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Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: MDZ (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal ambiental chileno aprobó hoy por dos votos contra uno la clausura definitiva del proyecto minero aurífero de Pascua Lama, en la región de Atacama, unos 700 kilómetros al norte de Santiago.
El controvertido proyecto enclavado en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, de la firma canadiense Barrick, fue cancelado por el tribunal porque no se efectuaron las mediciones que debieron realizarse para el monitoreo de los glaciares de la zona.
Fue el Primer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Antofagasta, 1.300 kilómetros al norte de la capital chilena, el que tomó la resolución en relación a una de las cinco infracciones cursadas a la Compañía Minera Nevada SpA (filial chilena de Barrick) por la Superintendencia del Medio Ambiente, por las que ya había ordenado su clausura en enero pasado.
Lo cierto es que la iniciativa, que comenzó sus obras en 2010, ya se encontraba paralizada desde 2013 por un fallo de la Corte Suprema y por la decisión de la propia minera de congelar las faenas, en medio de los crecientes costos y los cuestionamientos de los accionistas de Barrick.
El proyecto minero binacional Pascua Lama, se ubica a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, sobre el límite internacional chileno-argentino.
En vista de los problemas que ha enfrentado la iniciativa en Chile, Barrick resolvió comenzar a analizar la opción de desarrollar el proyecto solo por el lado argentino, para lo cual alcanzó un acuerdo de desarrollo conjunto con sus socios chinos de Shandong Gold.
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Sancionan minera que realizó trabajos ilegales en Cafayate
Suspenden y multan a la minera que realizó exploraciones ilegales en Cafayate
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Contundente movilización a favor de la 7.722 mendocina
Unas 4.000 personas se manifestaron a favor de la ley 7.722 en Alvear
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Minería en Mendoza, Cornejo dice que no tienen posicion
Cornejo se refirió a los proyectos para modificar la ley de minería: “No tenemos posición tomada”
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Chubut: si hay minería sería con fondos para desarrollo
Zonificación minera: el proyecto crea fondos para desarrollo de áreas afectadas
Fecha de Publicación: 09/10/2018
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Los fundamentos del borrador ponderan que Chubut supera el mandato establecido por el artículo de la Constitución Nacional, al “igualar o mejorar los presupuestos mínimos ambientales nacionales para actividades a desarrollarse en territorio provincial”.
El proyecto de zonificación minera de Chubut, elaborado en ámbitos del Poder Ejecutivo y que sería presentado en breve a la Legislatura provincial, prevé la creación de fondos específicos para desarrollo de infraestructura de las áreas de influencia de los proyectos, según uno de los borradores a los que tuvo acceso ADNSUR.
Basado en zonificaciones de la provincia de Santa Cruz y de Salta, el proyecto prevé también una serie de sistemas de control ciudadano y preserva áreas vulnerables que mantendrán la prohibición de esta actividad, establecida a través de la ley (ex) 5001.
Desde la perspectiva de la protección ambiental, la iniciativa toma en cuenta que la provincia del Chubut “ha sancionado normativa adicional aplicable a la minería y a otras industrias, que prevé requerimientos ambientales aún más estrictos que los establecidos por normativa nacional”.
Como ejemplo de lo anterior se menciona el Decreto N° 185/09 sobre Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentario del Código Ambiental de la Provincia, que “mejoró y complementó con creces lo previsto en las normas de presupuestos mínimos nacionales en materias tales como participación ciudadana, control ambiental, línea de base y análisis de riesgo”.
En base a esto, los fundamentos del borrador ponderan que Chubut supera el mandato establecido por el artículo de la Constitución Nacional, al “igualar o mejorar los presupuestos mínimos ambientales nacionales para actividades a desarrollarse en territorio provincial”.
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Fecha de Publicación: 09/10/2018
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Los fundamentos del borrador ponderan que Chubut supera el mandato establecido por el artículo de la Constitución Nacional, al “igualar o mejorar los presupuestos mínimos ambientales nacionales para actividades a desarrollarse en territorio provincial”.
El proyecto de zonificación minera de Chubut, elaborado en ámbitos del Poder Ejecutivo y que sería presentado en breve a la Legislatura provincial, prevé la creación de fondos específicos para desarrollo de infraestructura de las áreas de influencia de los proyectos, según uno de los borradores a los que tuvo acceso ADNSUR.
Basado en zonificaciones de la provincia de Santa Cruz y de Salta, el proyecto prevé también una serie de sistemas de control ciudadano y preserva áreas vulnerables que mantendrán la prohibición de esta actividad, establecida a través de la ley (ex) 5001.
Desde la perspectiva de la protección ambiental, la iniciativa toma en cuenta que la provincia del Chubut “ha sancionado normativa adicional aplicable a la minería y a otras industrias, que prevé requerimientos ambientales aún más estrictos que los establecidos por normativa nacional”.
Como ejemplo de lo anterior se menciona el Decreto N° 185/09 sobre Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentario del Código Ambiental de la Provincia, que “mejoró y complementó con creces lo previsto en las normas de presupuestos mínimos nacionales en materias tales como participación ciudadana, control ambiental, línea de base y análisis de riesgo”.
En base a esto, los fundamentos del borrador ponderan que Chubut supera el mandato establecido por el artículo de la Constitución Nacional, al “igualar o mejorar los presupuestos mínimos ambientales nacionales para actividades a desarrollarse en territorio provincial”.
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Mendoza: terreno preparado para modificar la ley antiminera
En el Gobierno de Mendoza admiten que la ley antiminera podría cambiarse
Fecha de Publicación: 07/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, confirmó que analizarán los proyectos presentados desde el PJ.
Legisladores peronistas han presentado dos proyectos que pretenden reimpulsar el desarrollo minero en Mendoza, y han cobrado trascendencia tanto a favor como en contra.
Si bien desde el Gobierno afirman que analizarán estas iniciativas, admiten que las leyes restrictivas, como la famosa 7722, “amputaron la minería” y que luego de 11 años (la ley se aprobó en 2007) “han cambiado las condiciones”, por lo que la provincia estaría en condiciones de ampliar la minería con los controles correspondientes.
Ayer hubo una reunión entre los dos senadores peronistas autores de los proyectos, Juan Agulles y Alejandro Abraham, con representantes sindicales (CGT) y de sectores mineros y metalúrgicos (Uocra, Asimra, UOM y AOMA) para explicar los alcances de los proyectos. No obstante, también participó, en representación del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú.
El funcionario afirmó que analizarán los dos proyectos, pero señaló que hay una “decisión del Gobierno de que es necesario hacer algo con la economía de Mendoza” y que dentro de ese ámbito se encuentra la ampliación de la matriz productiva con el desarrollo minero.
Guiñazú, quien comentó que la instrucción del gobernador Alfredo Cornejo es “que se estudie el tema”, aplaudió que se abra nuevamente en la Legislatura este debate y apuntó a que luego de 11 años en el que se sancionó la llamada ley “antiminera”, el país y la provincia tienen las herramientas necesarias para controlar proyectos de minería sustentable.
“Hace 10 años existía un determinado set de herramientas, hoy es diferente. Hace tiempo te quebrabas una pierna y tenías que amputártela, hoy cambiaron esas condiciones. En su momento el único tratamiento llevó a amputar la minería de la economía mendocina, pero hoy evolucionó la legislación. La Argentina ha tenido experiencias diferentes, buenas y malas. Pero no podemos seguir ignorando que pasaron 11 años”, argumentó el funcionario.
Además se preguntó: “Si la minería es exitosa en muchísimos lugares del mundo, ¿por qué no puede serlo en Mendoza?”. En este sentido, opinó que la ley 7722 (que propone ahora reformar el senador Abraham) “tiene restricciones muy fuertes desde lo formal y político y los resultados están a la vista. La pregunta es: ¿hoy Mendoza está mejor o peor que en 11 años?”.
Finalmente, respecto a que ha sido la oposición la que ha presentado estos proyectos para reformar la 7722, Guiñazú expresó que “es beneficioso que este tema se trabaje con seriedad. Si las fuerzas políticas están con la intención de tratar el tema con seriedad y no con especulación, aplaudimos la iniciativa”.
Mientras tanto, Luis Márquez, titular de la CGT a nivel local, afirmó que si la minería está controlada y no afecta de manera negativa el medio ambiente, sería una buena noticia ya que ampliaría la cantidad de puestos de trabajo.
“No vamos a estar en contra si hay controles. Según informes, en el corto plazo podríamos tener unos 10.000 puestos de trabajo directos más con la reactivación de la minería”, destacó el metalúrgico Márquez, y aclaró que también se mejorarían los demás sectores con la mano de obra indirecta.
Qué propone el peronismo
El proyecto de Alejandro Abraham propone modificar la ley 7722 y especifica las restricciones de uso de las sustancias para practicar la minería metalífera. Si bien se sigue prohibiendo el cianuro, mercurio y el ácido sulfúrico, el proyecto elimina la frase “y otras sustancias similares”, lo que reduce el universo de restricción.
Asimismo, crea controles multisectoriales, tanto de la Legislatura como de Irrigación.
Con los mismos controles aparece el proyecto del senador y ex intendente de Malargüe Juan Agulles. A diferencia de Abraham, no pide modificar la 7722 sino que crea la figura de parques industriales mineros controlados, en los cuales “cada municipio decidirá qué hacer con su territorio. Los que quieran hacer minería, lo podrían hacer, como establece la ley de Uso de Suelos”.
El dato es que dentro del parque industrial minero “no regiría la 7722”. Las áreas que podrían utilizarse serían una parte de Malargüe, otra de Las Heras y una de Luján.
Se viene una grieta transversal con la modificación de la 7722
La modificación de la 7722 hace crujir las identidades de las fuerzas políticas. Es que la grieta entre mineros y antimineros es transversal, hay de los dos bandos en todos los espacios.
Hasta ahora los únicos que abren el paraguas son los intendentes dónde la licencia social de la minería es escasa o nula. Particularmente en el Valle de Uco está la resistencia más fuerte. Allí hay dos intendentes de Cambia Mendoza: el sancarlino Jorge Difonso y tupungatino Gustavo Soto.
Difonso repite a los cuatro vientos “la 7722 evitó que fuéramos Jachal (nota de la redacción: alude a los 3 derrames de cianuro de Veladero). La reforma pone en riesgo el agua de Mendoza, en su cantidad y calidad”. Y recuerda que el lunes habrá “consejo consultivo ciudadano”, una suerte de encuentro popular para ratificar el rechazo de los sancarlinos a la minería.
Soto también rechaza, con un matiz, que la minería se haga en otro lado, no en el Valle de Uco: “Entiendo que tenemos que cambiar la matriz productiva, pero en los lugares en que realmente se pueda realizar. Acá en el Valle de Uco no hay discusión, porque no hay cantidades de agua como para que la actividad se pueda realizar”.
Estos intendentes por ahora no tienen un problema serio, porque Alfredo Cornejo no se ha pronunciado a favor del proyecto del senador PJ Alejandro Abraham.
En Tunuyán gobierna el peronista Martín Aveiro. Si bien Abraham es de un sector interno distinto al del intendente, no deja de ser un dirigente del PJ el que quiere modificar la 7722.
El secretario de Gobierno Martín Hinojosa dijo que no tiene opinión del proyecto, pero que “apoyamos la 7722”.
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Fecha de Publicación: 07/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, confirmó que analizarán los proyectos presentados desde el PJ.
Legisladores peronistas han presentado dos proyectos que pretenden reimpulsar el desarrollo minero en Mendoza, y han cobrado trascendencia tanto a favor como en contra.
Si bien desde el Gobierno afirman que analizarán estas iniciativas, admiten que las leyes restrictivas, como la famosa 7722, “amputaron la minería” y que luego de 11 años (la ley se aprobó en 2007) “han cambiado las condiciones”, por lo que la provincia estaría en condiciones de ampliar la minería con los controles correspondientes.
Ayer hubo una reunión entre los dos senadores peronistas autores de los proyectos, Juan Agulles y Alejandro Abraham, con representantes sindicales (CGT) y de sectores mineros y metalúrgicos (Uocra, Asimra, UOM y AOMA) para explicar los alcances de los proyectos. No obstante, también participó, en representación del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú.
El funcionario afirmó que analizarán los dos proyectos, pero señaló que hay una “decisión del Gobierno de que es necesario hacer algo con la economía de Mendoza” y que dentro de ese ámbito se encuentra la ampliación de la matriz productiva con el desarrollo minero.
Guiñazú, quien comentó que la instrucción del gobernador Alfredo Cornejo es “que se estudie el tema”, aplaudió que se abra nuevamente en la Legislatura este debate y apuntó a que luego de 11 años en el que se sancionó la llamada ley “antiminera”, el país y la provincia tienen las herramientas necesarias para controlar proyectos de minería sustentable.
“Hace 10 años existía un determinado set de herramientas, hoy es diferente. Hace tiempo te quebrabas una pierna y tenías que amputártela, hoy cambiaron esas condiciones. En su momento el único tratamiento llevó a amputar la minería de la economía mendocina, pero hoy evolucionó la legislación. La Argentina ha tenido experiencias diferentes, buenas y malas. Pero no podemos seguir ignorando que pasaron 11 años”, argumentó el funcionario.
Además se preguntó: “Si la minería es exitosa en muchísimos lugares del mundo, ¿por qué no puede serlo en Mendoza?”. En este sentido, opinó que la ley 7722 (que propone ahora reformar el senador Abraham) “tiene restricciones muy fuertes desde lo formal y político y los resultados están a la vista. La pregunta es: ¿hoy Mendoza está mejor o peor que en 11 años?”.
Finalmente, respecto a que ha sido la oposición la que ha presentado estos proyectos para reformar la 7722, Guiñazú expresó que “es beneficioso que este tema se trabaje con seriedad. Si las fuerzas políticas están con la intención de tratar el tema con seriedad y no con especulación, aplaudimos la iniciativa”.
Mientras tanto, Luis Márquez, titular de la CGT a nivel local, afirmó que si la minería está controlada y no afecta de manera negativa el medio ambiente, sería una buena noticia ya que ampliaría la cantidad de puestos de trabajo.
“No vamos a estar en contra si hay controles. Según informes, en el corto plazo podríamos tener unos 10.000 puestos de trabajo directos más con la reactivación de la minería”, destacó el metalúrgico Márquez, y aclaró que también se mejorarían los demás sectores con la mano de obra indirecta.
Qué propone el peronismo
El proyecto de Alejandro Abraham propone modificar la ley 7722 y especifica las restricciones de uso de las sustancias para practicar la minería metalífera. Si bien se sigue prohibiendo el cianuro, mercurio y el ácido sulfúrico, el proyecto elimina la frase “y otras sustancias similares”, lo que reduce el universo de restricción.
Asimismo, crea controles multisectoriales, tanto de la Legislatura como de Irrigación.
Con los mismos controles aparece el proyecto del senador y ex intendente de Malargüe Juan Agulles. A diferencia de Abraham, no pide modificar la 7722 sino que crea la figura de parques industriales mineros controlados, en los cuales “cada municipio decidirá qué hacer con su territorio. Los que quieran hacer minería, lo podrían hacer, como establece la ley de Uso de Suelos”.
El dato es que dentro del parque industrial minero “no regiría la 7722”. Las áreas que podrían utilizarse serían una parte de Malargüe, otra de Las Heras y una de Luján.
Se viene una grieta transversal con la modificación de la 7722
La modificación de la 7722 hace crujir las identidades de las fuerzas políticas. Es que la grieta entre mineros y antimineros es transversal, hay de los dos bandos en todos los espacios.
Hasta ahora los únicos que abren el paraguas son los intendentes dónde la licencia social de la minería es escasa o nula. Particularmente en el Valle de Uco está la resistencia más fuerte. Allí hay dos intendentes de Cambia Mendoza: el sancarlino Jorge Difonso y tupungatino Gustavo Soto.
Difonso repite a los cuatro vientos “la 7722 evitó que fuéramos Jachal (nota de la redacción: alude a los 3 derrames de cianuro de Veladero). La reforma pone en riesgo el agua de Mendoza, en su cantidad y calidad”. Y recuerda que el lunes habrá “consejo consultivo ciudadano”, una suerte de encuentro popular para ratificar el rechazo de los sancarlinos a la minería.
Soto también rechaza, con un matiz, que la minería se haga en otro lado, no en el Valle de Uco: “Entiendo que tenemos que cambiar la matriz productiva, pero en los lugares en que realmente se pueda realizar. Acá en el Valle de Uco no hay discusión, porque no hay cantidades de agua como para que la actividad se pueda realizar”.
Estos intendentes por ahora no tienen un problema serio, porque Alfredo Cornejo no se ha pronunciado a favor del proyecto del senador PJ Alejandro Abraham.
En Tunuyán gobierna el peronista Martín Aveiro. Si bien Abraham es de un sector interno distinto al del intendente, no deja de ser un dirigente del PJ el que quiere modificar la 7722.
El secretario de Gobierno Martín Hinojosa dijo que no tiene opinión del proyecto, pero que “apoyamos la 7722”.
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