La Justicia suspendió la derogación de la ley de Tierras prevista en el DNU de Javier Milei

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y suspendió preventivamente el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras.
Además, el magistrado ordenó inscribir un proceso colectivo y le pidió al Poder Ejecutivo Nacional el informe previsto en la ley 16.986 en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución.
“En el reglamento atacado, se invocó como menester la derogación de la Ley 26.737 (llamada Ley de Tierras), no obstante se omitió brindar fundamentación adecuada sobre la relación subyacente que explicaría la forma según la cual, la abrogación de la norma, contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, sostuvo Kreplak. Y agregó: “No se advierte entonces, prima facie, que el acto estatal impugnado (derogación de la norma legal) sea adecuado al fin que persigue el estado (superación de problemas sociales y económicos) y que el medio utilizado (Decreto de Necesidad y Urgencia) sea proporcionado y conducente a ese fin”.
La ley de Tierras limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogaba, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.
Además, hoy las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden tener más del 30% de ese 15% total sobre las tierras rurales y en ningún caso pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las que sean declaradas equivalentes.
Por otro lado, la ley advierte que está prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. “Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”, sostiene el artículo 6 de la Ley. Esto significa, que si un argentino hace de testaferro de un extranjero para la adquisición de tierras por fuera de la ley, tendrá graves consecuencias legales.
La normativa contempla igualmente algunas excepciones. Pueden adquirir libremente tierras los extranjeros con más de diez años de residencia contínua y permanente en el país, así como aquellos que tienen hijos argentinos y demuestran que tienen una residencia de 5 años continua y permanente en el país.
También pueden comprar libremente las personas casadas o que conviven con un argentino o argentina desde 5 años antes de adquirir la tierra rural y que demuestran residencia permanente y continua. Es importante aclarar que se considera “residencia continua” cuando la persona está en el país más de 9 meses cada año.
Al momento de suspender la derogación de la Ley de Tierras, Kreplak objetó la modalidad utilizada por el Gobierno. “Finalmente, habré de destacar que prima facie, el reglamento impugnado no habría cumplido con los procedimientos esenciales y sustanciales para su dictado, ni posee el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico”, dijo.
.

Confirman el nexo entre pesca de arrastre y cambio climático: por qué la Ley Ómnibus no busca salvar el mar

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Los argentinos no dibujan el mar. No lo conciben como un espacio territorial soberano. El territorio, puesto a ser definido, resulta en un mapa contorno, repleto de golfos, cabos, penínsulas y bahías, pero más allá, dentro del agua, aunque existe una abundancia, pareciera para el inconsciente colectivo haber poco y nada. Nadie dibuja la Argentina incluyendo la llamada zona exclusiva económica, que se extiende hasta la milla 201 desde la costas del litoral atlántico. En conclusión, muy pocos saben que el 33% por ciento de territorio nacional es océano profundo y diverso. O pocos, además, recalan en que si las Islas Malvinas son argentinas -reclamo inalterable- es porque aquellos archipiélagos desconocidos y añorados se encuentran dentro de los límites de la Nación.
Como el mar es un espacio recreativo y vacacional, como prácticamente se ignora, casi nadie conoce lo que ocurre allí con el manejo, fuera de control, de los recursos naturales. Nadie sabe que la Argentina está comprometida a proteger el 30% de su superficie marítima para el año 2030, creando zonas protegidas de la amenaza extractiva. Nadie conoce que debajo de esa llanura ondulante y azulada ocurre, de modo sistemático y silencioso, un ecocidio. Un desmonte como los de los bosques nativos de Santiago del Estero y Salta, donde se suele violar la ley de bosques. Solo que aquí, en el mar (esta nota se escribe desde los confines de Chubut), no existe ley alguna y ese mecanismo llamado pesca de arrastre aniquila cientos de especies en pos de un negocio multimillonario que parece no tener techo.
Se viene hablando de la técnica porque la pujanza del ambientalismo está consiguiendo que el tema aflore. Los pescadores -tanto los trabajadores como los dueños del negocio- saben que manejan un recurso que se puede terminar.
Asumen por lo bajo que hay cosas para discutir, que las vedas que existen para ellos “son laxas”, que la coima es moneda corriente y que “se controlan a sí mismos” en un negocio que no tiene pausa. Financian la política, influyen sobre periodistas y legisladores. Saben que existe un sistema que los beneficia en detrimento de la naturaleza, que la rueda gira y no se puede detener.
Pescan langostino y en menor medida merluza, pagando por esas cuotas de pesca aranceles nimios. Tributan, según un consenso extendido, relativamente poco. Muchas empresas con bandera argentina están financiadas por capitales internacionales (chinos, españoles, taiwaneses, coreanos). El régimen pesquero está diseñado a la medida de los que ganan, sin fiscalización, con un criterio economicista pero sin parámetros de cuidado de la naturaleza: sin rangos de sostenibilidad.
La pesca exporta 2.500 millones de dólares por año. Flotas de barcos salen a diario desde Mar del Plata, Rawson, Trelew. Flotas amarillas y coloradas, que pasan la red, descargan producto en puerto y despachan al exterior el 95% de todo lo que traen. Casi nada de todo lo que se extirpa del mar se consume en la Argentina (La milla 201 es un tema aparte de todo el escenario aquí descripto).
Mar adentro, echan redes que pueden tener 18 metros de diámetro. Esas redes vuelven infladas como un globo naranja con toneladas de langostinos. En la barrida aplastan y matan todo tipo de especies. Esas especies se descartan, muertas, al mar. Esta semana se conoció el video de una de esas redes gordas a raíz de un descarte masivo de langostinos cometido por trabajadores portuarios de Rawson en una protesta de fines del año pasado. El descarte es como una doble matanza.
La pesca de arrastre tiene además un poderoso impacto climático. Los sedimentos marinos son una importante reserva de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Al degradar las redes el lecho marino, se liberan grandes cantidades de carbono que vuelven a la atmósfera.
Un estudio publicado este mes en la revista Frontiers in Marine Science ha descubierto que la pesca de arrastre es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.
Según el artículo, la pesca de arrastre de fondo realizada entre 1996 y 2020 aportó 0,97 partes por millón de CO2 a la atmósfera. Si continúa como hasta ahora, los autores predicen que añadirá entre 0,2 y 0,5 ppm más de CO2 para 2030. Para contextualizar, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta actualmente una media de 2,4 ppm al año, según el informe 2023 Global Carbon Budget.
"El calentamiento global es como la muerte por 1.000 cortes. Son muchas fuentes distintas las que producen emisiones de CO2", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del nuevo estudio. "Las emisiones de la pesca de arrastre de fondo son pequeñas comparadas con las que produce la quema de combustibles fósiles en tierra, pero todo, todo cuenta".
Para frenar esta práctica destructiva, los consumidores podrían esforzarse por evitar en el supermercado el pescado capturado con arrastre de fondo, pero Sala añade que, salvo en unos pocos casos concretos, esto puede no marcar la diferencia. En su opinión, el objetivo debe ser conseguir que las zonas protegidas restrinjan totalmente esta técnica de pesca. Crear zonas de veda.
Esa discusión comienza a ser incipiente en la Argentina. Un sector del ambientalismo y de la política trabaja para que el tema finalmente salte a debate. "Lo más lógico sería prohibir la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas", afirma Sala: "Empecemos por ahí", agrega. Pero la Argentina tiene su contexto específico. Un flamante presidente que quiere cambiarlo todo. Un oficialismo que abrió el debate por el lado equivocado. La Ley Ómnibus buscó modificar el régimen pesquero, sin atender ninguna de las cuestiones hasta aquí narradas.

Cambios en la ley de Milei
Una marcha atrás que no necesariamente implicará que las cosas mejoren. Así se lee desde el ambientalismo lo que ocurre con las modificaciones al régimen pesquero promovida por la Ley Ómnibus con la que el presidente Javier Milei se propone refundar la Argentina. Por presión de la industria y de las provincias costeras de la Patagonia, el Gobierno aceptó derogar los artículos que generaban enojo.
La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario. Puso a los medios masivos de comunicación a hablar de pesca. Un tema no tocado. El debate se abrió por la arista impensada. Para los pesqueros, Milei remataba el mar argentino, lo concedía a los chinos que acechan en la milla 201. Abandonaba los puertos argentinos. Remataba la zona exclusiva económica.
“La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, explica un experto del sector consultado por Clarín. “Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, agrega. Pide que no se revele su nombre porque es un “jugador fundamental”.
Las regalías por pesca de langostinos son de alrededor 0,3%. Las de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15%. “Este es uno de los problemas que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, incrementando los aranceles que pagan las empresas. Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Eso fue corregido”, dice el analista.
Esta palabra fue removida en la nueva versión de la ley, clarificando dicha confusión. Respecto al proyecto inicial también se modificó el artículo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina. Alivio para la industria local, sí, pero nada dicho sobre la protección de un recurso que se puede terminar.

La voz de un experto
Leandro Calvo es abogado, secretario de la fundación Misión Atlántico. La organización impulsa desde Chubut un debate necesario sobre la creación de áreas protegidas marinas. Recogen la voz de decenas de ONG's reunidas alrededor del Foro para la Conservación del Mar Argentino. Todos consideran que la industria pesquera debe discutir con el ambientalismo un forma de zona “no take” para la preservación de los ecosistemas y la sostenibilidad del recurso.
“Sería bueno para todos -dice Calvo-, pero el debate arrancó por otro lado. Lo que nosotros vemos es que hoy la ley de pesca está planteando estándares laxos y cuestionables. No son solo económicos. La Ley Ómnibus plantea transicionar hacia un criterio que atiende solo la variable económica. Además, se están eliminando los criterios de faltas. La única variación que aceptó el gobierno fue el criterio internacional. Eso es un maquillaje porque lo que tenés es capitales internacionales financiando empresas argentinas”.
“Se necesita mejorar las pesca que tenemos. No profundizar el extractivismo. Necesitamos un cambio que vaya a la sostenible, con artes de pesca menos dañinas para el ambiente. Nuestro objetivo de máxima es crear un área marina protegida. Argentina tiene compromisos internacionales en ese sentido y deberá cumplir para no chocar, entre otras cosas, con mercados que exigen el respeto por el medio ambiente. Salvar el mar es salvar también el negocio de la pesca”.
Calvo finaliza: “En resumen, coincidimos en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se beneficiaría claramente a empresas extranjeras en detrimento de aquellas que han invertido y tienen historial productivo en nuestro país, profundizando la primarización de la matriz productiva y el deterioro de nuestro mar”.
.

Exigen eliminar el "capítulo ambiental" de la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 30/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los activistas alertan sobre los negocios entre privados que se abrirían si dejan de existir las leyes que protegen bosques, glaciares y suelos, entre otras.
"Hay que eliminar el capítulo ambiental”. "Es un retroceso y un duro golpe a la legislación conseguida”. "Entrega recursos soberanos”. Con estas definiciones se plantan las organizaciones ambientalistas en la escena donde crecen los reclamos al proyecto Ley Ómnibus y su adlátere -–o viceversa--, el mega DNU de Javier Milei. Lo expresó en el Plenario de Comisiones el abogado ambientalista Enrique Viale y lo confirmaron 150 organizaciones esta semana en una carta dirigida a los Diputados nacionales en defensa de la legislación ambiental vigente, modelo en el mundo en protección de bosques o glaciares. Exigen eliminar el “capítulo ambiental” por “lo preocupante y peligroso” de las propuestas que “no tienen relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para incorporarlas en el paquete de reformas”.
De aprobarse esta reforma, la Ley de bosques, la de glaciares y la de quema pueden transformarse en leyes de “desprotección” advierte Consuelo Bilbao del Círculo de Políticas Ambientales. Aun cuando el dictamen eliminó el desmonte en zonas protegidas --como pretendía el texto original--, se endureció respecto a glaciares dándole entrada a la extracción minera en sus alrededores. Toda una bienvenida a las corporaciones de la megamineria.
El dictamen extiende además el plazo para habilitar la quema de pastizales ante la “ausencia de respuesta de las autoridades”. Propone un tratado que modifica las normas de propiedad intelectual de las semillas afectando especialmente a las criollas, y norma otra sobre transición energética que solo involucra al mercado de carbono ("otro sinsentido" apuntan los expertos). Junto a los artículos destinados a desfinanciar la protección ambiental, el capítulo queda en alerta roja y “se perjudica gravemente al pueblo argentino” sentencia Viale.
Detrás de los cambios asoman “interesados con nombre y apellido y empresas como la Barrick Gold detrás de la ley de glaciares” detalla el abogado ante Página/12 al ampliar su intervención en el Congreso, como referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas la semana pasada. Viale señaló allí al empresario hotelero Eduardo Elsztain, a Mauricio Macri y al ministro Luis Caputo, no solo como responsables del desmonte de miles de hectáreas. También como parte de quienes conspiran para que se apruebe el proyecto que busca “privatizar las nacientes de agua, apropiarse de recursos mineros -–oro y plata, por caso--, y devastar el monte para el agronegocio”. Algo que buscarán también, sino queda en el articulado de la ley, "al otorgarle las fatales facultades delegadas al Ejecutivo” anticipa.

No es ajuste, es entrega
Dado que el objetivo no es “achicar gastos” –como explican las organizaciones- se evidencia el motivo real de los cambios: la entrega de recursos, el despojo. “Es paradójico, trabajamos mucho las organizaciones para lograr estas leyes y ahora estamos trabajando para que no las volteen” reflexiona Bilbao. Las modificaciones minimizan los criterios de protección. “Y se vulnera el principio de no regresión ambiental porque implica disminuir niveles de protección ya alcanzados” agrega. Viale coincide: “Hasta hace poco debatíamos una ley de humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace 15 años: la de bosques y la de glaciares. ¡Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX!”.
En la tensión se distingue una postal apocalíptica donde podríamos ver un futuro cercano con aumento de sequía por desforestación, producto del desmonte o la quema indiscriminada. El agua sería un lujo arábigo porque las nacientes de los ríos --los glaciares-- ya no serían un recurso soberano, estarían en manos privadas, y también sus alrededores convertidos en campos de extracción minera. Una postal desoladora. Eso pretende hacia el futuro, el proyecto presentado.
Las organizaciones expresan su rechazo: “No creemos que el capítulo ambiental siquiera se tenga que discutir, tiene que ser eliminado -–señala Bilbao--. El tema ya se discutió y se sancionaron leyes modelo: la Ley de Bosques logró en 2007 frenar la abrupta curva de aumento de los desmontes, sobre todo en Chaco. La tasa bajo considerablemente y eso es importante para nuestros bosques. Sin esa ley podría haber sido una catástrofe”.

Ley de glaciares
“Hoy lo que más nos preocupa es la Ley de Glaciares” afirma la especialista. Votada dos veces, sancionada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos, en dos oportunidades, la Ley 26.639 de Protección Ambiental de glaciares y ambiente periglacial -–su nombre oficial--, corre peligro de derrumbe. “No sabemos en qué escritorio se decidió cambiarla en tres artículos fundamentales” comparte.
La ley vigente plantea que los glaciares son “un recurso hídrico estratégico para la vida humana” detalla Bilbao. “Pero esa concepción ya no figura en el Artículo 1. Y en el 2 se piden requisitos extras para ser áreas protegidas, o sea que se los desprotege y se habilita la actividad minera”. El Artículo 6 que establece las prohibiciones de la actividad minera “ahora queda sujeto a los artículos 1 y 2 modificados, porque buscan reducir área de protección periglacial”.
Esto genera mayor inseguridad jurídica, aunque promueve las inversiones, claro. Los glaciares son “fábricas de agua” define Viale. “Allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que dan vida y trabajo a su paso”. Hoy pueden terminar en manos de corporaciones como la canadiense Barrick Gold porque “Las modificaciones presentadas fueron escritas por sus abogados”.
Esta empresa explota glaciares de alta montaña en San Juan y Mendoza con minas metalíferas, y quiere expandir sus dominios. Actualmente no puede porque las zonas periglaciales están inventariadas y protegidas. “Por eso quieren achicar el área protegida” anuncia el abogado. “Esto está escrito con la idea de liberar áreas específicas. Es un avasallamiento y es preocupante tanta desprotección”, coincide Bilbao.

Sobre bosques y quemas
En bosques hubo cambios, entre el proyecto y el dictamen conocido hasta ahora, como en otras áreas. El texto original permitía desmontar zonas de máxima protección: rojas y amarillas. “Esto se eliminó en el dictamen, pero queda la modificación del Fondo para la protección de bosques nativos”, señala Bilbao sobre el Fondo que contaba con el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 0,2 de retenciones. Se eliminan también las partidas presupuestarias fijas y se deja las partidas a discrecionalidad del Ejecutivo.
En cuanto a quemas la situación “se agravó” en el dictamen porque permite ante un pedido de autorización de quema con 90 días sin respuesta, entender una autorización “tacita”. Considerando las sequías y los incendios no se debería ignorar a la autoridad local: “Corrientes perdió el 12 por ciento de la provincia por incendios. Tuvimos meses de humo en las riveras del Paraná por los incendios en Santa Fe” acierta Viale.
La norma sin embargo ignora a las autoridades al momento de evaluar si hacer o no una quema. Se ignoran también las sanciones por quema indebida: cuando no se autorizan por cuestiones climáticas, pero el productor igual quema. Ya no habría sanción si se propaga un incendio como establece la Ley 26.562 de actividades de quema. Por eso exigen y concluyen de cara al tratamiento del articulado, que "estas modificaciones y sus consecuencias perjudican gravemente al pueblo argentino”.  
.

Además de tierra y agua buscan privatizar las semillas: otro atentado a la soberanía alimentaria

Fecha de Publicación: 23/01/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


Uno de los artículos de la Ley Ómnibus busca que Argentina adhiera a la UPOV 91. Se trata de una convención internacional que avanza sobre la actual Ley de Semillas. Denuncian que de aprobarse, los derechos de la propiedad intelectual quedarán en manos de corporaciones trasnacionales
Pocas cosas simbolizan tan claramente el futuro como una semilla. Fecundación y reproducción de la especie, continuidad, vida por venir. La Ley de Semillas que intenta modificar el Gobierno nacional pone en riesgo el futuro de la soberanía alimentaria. Así lo resaltan cientos de organizaciones socioambientales, asambleas y productores de todo el país en rechazo a uno de los 664 artículos introducidos en la Ley Ómnibus que se debe definir en el Congreso de la Nación: la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91. Denuncian que de aprobarse, los derechos de propiedad intelectual de las semillas quedarán en manos de las grandes corporaciones transnacionales, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, o las nacionales como Bioceres o Don Mario. Y que lo que está impulsando es la privatización de un bien común que se ejerce hace diez mil años a lo largo y ancho del planeta.
La adhesión de Argentina al UPOV 91, propuesta en el artículo 241, sumó el rechazo de más de 1.400 organizaciones de todo el país que adhirieron a un pronunciamiento público emitido por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) y difundido la semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación donde se debate el proyecto de la Ley Ómnibus.
“Quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”, dijo Marcos Ezequiel Filardi en representación de la Red Calisas que nuclear más de medio centenar de espacios que defienden el modelo agroecológico y la soberanía alimentaria.
“Para el paradigma de la Soberanía Alimentaria las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad”, agregó Filardi que leyó parte del documento que rechaza la adhesión de Argentina a la UPOV 91.
Al respecto señaló que la Convención de 1991 es la última versión del tratado sobre propiedad intelectual de semillas, “un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y nacionales como Bioceres o Don Mario”.
En ese sentido sostuvo que “desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (N° 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (de obtentor) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil”.
Según explicó Filardi, la incorporación de Argentina a la UPOV 91 implicaría la modificación de la actual Ley de Semillas que debería ser adecuada a las disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio, ya que por tratarse de una Convención Internacional tiene jerarquía de leyes.
“Una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse por arriba, sin debate específico, en el marco del tratamiento express de una Ley Ómnibus y en sesiones extraordinarias”, esgrimió.
En esa línea recordó que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó dos años de tratamiento y discusión en el Congreso de la Nación: “Ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, como corresponde habitualmente”.
Al continuar con la lectura del pronunciamiento, Filardi expresó: “La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria: reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer «uso propio» de sus reservas de semillas, extiende la «protección» también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
Y agregó: “Lo que está en juego en el artículo 241 del proyecto es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
En ese sentido remarcó “que lo único que se opone al control absoluto de 4, 5 empresas es el uso propio «gratuito», reconocido por la Ley de Semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido, y que se enmarca en una concepción del «derecho de las y los agricultores» tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA)”.
Por último dijo que las organizaciones firmantes reclaman al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91 “en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.
.

En su Informe Anual sobre deforestación, Greenpeace denuncia que en 2023 aumentaron los desmontes en el norte argentino

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista midió la superficie desmontada en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. El resultado dio un total de 126.149 hectáreas, más que las 119.805 alcanzadas en 2022. Además, en el trabajo presentado demandan que se rechacen las modificaciones medio ambientales incorporadas en la Ley Ómnibus
Entre 1998 y 2022, los bosques nativos de la Argentina perdieron 7 millones de héctáreas. Es decir, fue deforestada una superficie similar a la que tiene la provincia de Formosa. La cifra la elaboró el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cerrado por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto significa una lenta pero sostenida amenaza contra la biodiversidad, la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación del suelo y el hábitat de numerosas comunidades de pueblos originarios y campesinos. En especial, según las conclusiones del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino que publica Greenpeace, esto se verifica en esa región del país. El 75% de los desmontes -señalan- tienen lugar en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. En esa zona se encuentra la región llamada Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, que aloja 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Ahora, Greenpeace denunció que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas. Según la organización ecologista, las principales causas de pérdida del bosque son el avance de la frontera agropecuaria para ganadería intensiva y soja transgénica, y los incendios forestales. “Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática”, señalan. En el trabajo se indica que durante el 2023, la deforestación en la provincia de Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 y en Salta 8.526. Esto da un total exacto de 126.149 hectáreas, superior a las de 2022, cuando alcanzó las 118.805).
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explica que “el reporte lo venimos realizando desde el año 2016 en base a la comparación de imágenes satelitales. Además incluimos documentación fotográfica y de video. Lo que detectamos es que tenemos una tendencia a la baja de la deforestación desde el año 2014, un 40% menos que antes de la sanción de la Ley de Bosques, que fue a fines del 2007. Pero en el 2023 hubo un poco más de desmontes”.
Por eso, además, la organización le reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la mencionada Ley de Bosques, que flexibilizaría las restricciones a la deforestación y que solicitan, por el contrario, que se avance en su penalización. Cuando la Ley 26.331 fue sancionada, hizo posible que el 80% de los bosques nativos estén clasificados por leyes provinciales. a través del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) como zonas de distintos grados (clasificadas en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la sensibilidad de cada área) donde no se puede desmontar.
Ahora, la Ley Ómnibus que envió el gobierno al parlamento plantea modificar el artículo 26 por el siguiente enunciado: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.
Según Greenpeace, de modificarse la norma, 50 millones de hectáreas estarán en peligro, porque los desmontes podrán ser autorizados. No obstante, dicen en el Informe Anual, la Ley ya no se respetaba en su totalidad: “Algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”.
Asimismo, en el trabajo destacan “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. Y añaden que “resulta también grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”.
Giardini indica que “el consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en que nos encontramos. Las modificaciones a la Ley de Bosques propuestas en la Ley Ómnibus provocarán un aumento descontrolado de los desmontes. Es un retroceso inadmisible considerando que Argentina firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. La Ley de Bosques es una herramienta clave para proteger nuestros bosques, que debemos fortalecer penalizando su incumplimiento”.
Las consecuencias, revela el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, serán que “van a permitir que las provincias autoricen desmontes en las zonas que las propias provincias habían marcado como áreas donde no se puedem permitir, que son precisamente las que poseen el 80% de los bosques. Bueno, la Ley Ómnibus lo que incorpora es un artículo en el que puede haber excepciones a eso”.
Por último, Giardini señala que la modificación a la Ley de Bosques quitaría “la posibilidad de acceso a la información pública del tema de deforestación de comunidades campesinas e indígenas, que es una obligación y ya no lo sería”. Y plantea una cuestión vital para luchar contra el fuego: “Los fondos de la ley, está establecido, deben ser por lo menos el 0,3% del presupuesto más el 2% de las de la recaudación que hace el Estado de retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Si bien en el año 2023 no se han completado como dice la normativa, ahora quedarían a criterio exclusivo del del Poder Ejecutivo los fondos se se entregan, y en la práctica eso significa un desfinanciamiento de la ley, que implicaría menos controles para las provincias, menos capacidad de control a los desmontes ilegales, menos fondos para combatir incendios y también para fomentar actividades sustentables en el bosque”.
En el año 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, fue fundamental la participación de la sociedad civil, que reunió un millón y medio de firmas que se entregaron al Congreso. Ahora, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición a través de la web “salvalasleyesambientales.org” para salvar las leyes ambientales, como la de Bosques y la de Glaciares, de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus.
.

Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
.

El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
.

Avance de la Justicia porteña para que Buenos Aires tenga un Código Ambiental

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


La Cámara ratificó el fallo que declara inconstitucional la ausencia de esta legislación. La Legislatura deberá encargarse, mientras tanto, de garantizar el cumplimiento de la ley en medio de la crisis climática.
La Cámara de Apelaciones porteña ratificó el fallo de primera instancia que había declarado inconstitucional la falta de un Código Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. La elaboración del Código está prevista por la Constitución porteña de 1996, pero los y las legisladores nunca lo llevaron adelante. En su fallo, la Cámara estableció que la Legislatura deberá realizar el procedimiento de doble lectura, con audiencia pública incluida, en todas las normas de "contenido ambiental" hasta tanto se concrete la aprobación del Código en cuestión.
"Ha quedado demostrado que la Legislatura incumplió el mandato constitucional que le impuso la sanción del Código Ambiental, por más de 25 años desde que el órgano legislativo de la CABA comenzó a funcionar". Eso escribieron en su resolución los camaristas Fernando Juan Lima, Marcelo López Alfonsín y Mariana Díaz, integrantes de la Sala N°II de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. Así, los jueces ratificaron el fallo de primera instancia del juez Guillermo Scheibler, "en cuanto declara la inconstitucionalidad de la omisión de la Legislatura de sancionar el Código Ambiental de la CABA".
La declaración de inconstitucionalidad ratificada ahora por Cámara se basa en el Inciso N°3 del Artículo N°81 de la Constitución porteña, que establece "atribuciones" de los y las legisladoras porteñas, entre las que se encuentran las de aprobar y modificar "los Códigos de Planeamiento Urbano (CPU), Ambiental y de Edificación". El CPU, hoy llamado Código Urbanístico, y el de Edificación ya existen, pero el Ambiental nunca se elaboró.  

No eludir obligaciones
El fallo de primera instancia había sido emitido por Scheibler en agosto del año pasado y las autoridades de la Legislatura, comandada por el oficialismo porteño, apelaron esa decisión. Según destacan los camaristas en el fallo, uno de los argumentos de la apelación se centró en la ausencia de un plazo estipulado por la Constitución para la concreción del Código, por lo que, sostuvieron, no habría un período previsto para realizarlo. Para los jueces, sin embargo, "la ausencia del plazo aludido no constituye un argumento suficiente para eludir la obligación".
El fallo agrega que, aunque la Constitución no prevea ningún plazo, la "demora en la concreción de dicho mandato constitucional ha superado toda pauta temporal que pudiera estimarse razonable". "Aun cuando no contenga un plazo a partir del cual pueda computarse su mora, expresa pautas de contenido y procedimiento que le imponen la tarea de sistematizar las leyes de contenido ambiental en un cuerpo único codificado", añadieron los camaristas.
Además de la Constitución porteña, el Plan Urbano Ambiental (PUA) también prevé la conformación del Código. En su artículo N°24, la norma detalla en qué consistiría al precisar que "contendrá el conjunto de disposiciones que regulen la calidad del medio ambiente con vistas al logro de su máxima sustentabilidad y el control de las situaciones de riesgo". "Contendrá los mecanismos procedimentales de las acciones judiciales de índole ambiental, incluyendo el procedimiento de recomposición del ambiente en caso de daño ambiental colectivo", precisa el PUA, que agrega que el Código deberá atender "a la prevención de acciones ambientalmente inadecuadas y, en su caso, la resolución o morigeración de las situaciones indeseables existentes, asegurando la máxima recuperación posible del medio afectado".

Asegurar la participación ciudadana
El fallo de Cámara no sólo ratifica la declaración de inconstitucionalidad, sino que ordena a los y las legisladoras porteñas que, mientras no dicten el Código Ambiental, aseguren "la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones ambientales, asignando a las leyes de contenido ambiental el procedimiento de doble lectura". La decisión se basa en que la aprobación del Código debería cumplir con ese procedimiento, que incluye audiencia pública. Al no haber aprobado el Código, razonan los jueces, "una gran cantidad de leyes sobre medio ambiente se dictaron al margen del procedimiento", por lo que no garantizaron los mecanismos de participación ciudadana previstos en materia ambiental.
"Esto es lo que ha venido sucediendo desde hace 25 años en la Legislatura porteña, donde se flexibilizó normativa ambiental como en el caso de la ley de basura cero o la ley de evaluación de impacto ambiental sin participación ciudadana", destacó en este sentido Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la organización que en 2018 presentó el amparo que derivó en los fallos judiciales. El abogado subrayó que la resolución de Cámara está "excelentemente fundada", ya que establece que la omisión de elaboración del Código "no sólo soslaya el mandato constitucional, sino que afecta el derecho a la participación ciudadana, ya que no genera el espacio que se le aseguró a la ciudadanía en el proceso legislativo".
"Esta es una gran conquista de la ciudadanía porteña que, frente al negacionismo climático de quienes hoy nos representan, se organizó para exigir un Código Ambiental que nos permita discutir las acciones necesarias para mitigar la actual emergencia ambiental y climática que atraviesa nuestra ciudad", remarcó, por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, que también participó de la demanda. "En estos 25 años de espera la emergencia ambiental y climática sólo se profundizó", advirtió.
.

DNU de Milei: la Justicia tratará una demanda contra la derogación de la Ley de Tierras

Fecha de Publicación: 16/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de excombatientes de Malvinas inició una acción legal contra el decretazo presidencial que libera la venta de tierras a extranjeros. El tema se tratará en enero.
El mega DNU del presidente Javier Milei sumó otro revés judicial: la Cámara Federal de La Plata habilitó la feria judicial de verano para tratar una acción de excombatientes de Malvinas contra el decretazo del Gobierno que deroga la denominada Ley de Tierras y, en tanto, libera prácticamente todas las limitaciones para que capitales extranjeros puedan comprar tierras en la Argentina, incluso en zonas de frontera. El tema deberá tratarse este mes.
El pedido de habilitación de la feria judicial había sido presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), con el objetivo de que se tratara con urgencia la acción de amparo deducida -con medida cautelar con el objeto de que se ‘declare la inconstitucionalidad e insanable nulidad del artículo 154 del Decreto 70/2023’".
Al derogar la Ley 26.737 de "Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”, los demandantes sostienen que el artículo mencionado “pone en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”.
En un primer momento, el pedido de habilitar la feria judicial había sido rechazada en primera instancia, donde se señaló que no existía una urgencia en tratar el tema antes de que se reiniciara la actividad judicial. En ese entonces, los jueces indicaron que la puesta en vigencia de la nueva normativa “no constituye diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes”.
Así, con la revisión y el fallo de la Cámara Federal de La Plata, se corrigió ese criterio. “Habida cuenta la naturaleza de los derechos comprometidos y las razones de urgencia oportunamente invocadas, pudiendo la demora tornar ineficaz lo peticionado u originar un perjuicio insuperable, corresponde que se habilite la feria judicial”, sostuvieron los jueces Carlos Vallefín y Jorge Di Lorenzo.
La resolución aclara que “lo aquí decidido, claro está, no implica pronunciamiento alguno sobre el asunto planteado, sino sólo respecto del pedido de habilitación de feria judicial”. En tanto, la cuestión de fondo planteada por los excombatientes deberá ser tratada durante el mes de enero.
.

Greenpeace cuestionó la propuesta de ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación: 13/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La organización sostuvo que el OTBN debería establecer la prohibición total de los desmontes; en sintonía, consideró "sumamente excesiva" la deforestación de 721.568 hectáreas que permite el nuevo ordenamiento.
“Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales”. Esta es una de las críticas que lanzó la asociación ambientalista Greenpeace contra el informe que elaboró el Equipo Técnico Asesor a cargo del trazado del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta.
Las conclusiones de la ambientalista se refieren a la nueva categoría que se dispone en el propuesto mapa del OTBN. En el nuevo Ordenamiento se dispone un “amarillo potencial” que se define según la cantidad de hectáreas que se podrían desmontar en una zona en particular, delimitadas a su vez por otros factores como el estado de las cuencas.
Entre los principios sostenidos por Greenpeace se encuentra la necesidad de establecer la prohibición total de los desmontes en el entendimiento de que un “desmonte legal” de 721.568 hectáreas (como propone el informe técnico del OTBN) involucra una “superficie sumamente excesiva”.
Esta afirmación se toma sobre la base del hecho de que, según los datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas. O sea, en 15 años, se deforestaron menos hectáreas de las que se propone que podrían desmontarse ahora en el nuevo OTBN.
“Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I - rojo, II - amarillo)”, recordó Greenpeace. En esta línea señaló que durante la gestión de Juan Manuel Urtubey “el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la ley nacional) mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”.
El procedimiento de recategorización de bosques enmarcado en dos decretos que terminaron por desvirtuar el OTBN provincial aprobado en 2009, fue considerado ilegal tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación.
Sin embargo, “las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior”, indicó la organización.
Asimismo, recordó que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2022 un compromiso de Deforestación Cero para 2030. “Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección”, sostuvo.
Añadió que la zonificación propuesta no respeta el “principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional”.
Es por ello que lo comparó con las recategorizaciones habilitadas durante el urtubeycismo, generando “una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales", aseguró.

Fragmentación de los bosques
La organización ambientalista indicó que al permitir desmontes en las actuales categorías I (rojo) y II (amarillo), la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta “además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas”.
Esto, afirmó, pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté.
Además, recordó que la Ley 26.331, de Bosques Nativos, destaca la importancia de respetar los territorios de los pueblos originarios. “Resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160”, indicó sobre este aspecto.
Sucede que en Salta, como en la mayoría de las provincias, el relevamiento que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no fue concluido aún. “Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, afirmó Greenpeace.
La última observación fue sobre la falta de realización de talleres en los territorios indígenas y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por la Argentina. "La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas", concluyó.
.

Ley Ómnibus: el Gobierno dará marcha atrás con más cambios ambientales, pero hay dudas entre los diputados

Fecha de Publicación: 12/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, expuso en comisión y aseguró que no se admitirán los desmontes en áreas protegidas. También que la Argentina cumplirá con los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
Durante la tarde del miércoles, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, expuso en la comisión de Diputados en donde se está tratando desde esta semana la Ley Ómnibus. Ante los reclamos por el retroceso ambiental que implicaba los cambios que quiere hacer el Gobierno a través de la normativa, la funcionaria hizo algunas aclaraciones e incluso adelantó que se dará marcha atrás con una modificación clave en la Ley de Bosques.
“Estamos con el desarrollo sustentable, lo ecológico, lo económico y lo social. Nuestro accionar está dirigido a eso y a la protección del capital. Natural y humano”, comenzó diciendo la funcionaria en una exposición que duró apenas 4 minutos (de 13.57 a 14.01).
“Vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido con el Acuerdo de París y en la COP28. Vamos a estar atrás de los temas de los gases de efecto invernadero, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional que existe para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático”, agregó.
Puntualmente, Lamas aseguró que quitarán el artículo 500 en donde se modificaba la Ley de Bosques (26.331) y que iba a permitir desmontes en zonas amarillas y rojas (I y II), algo que hoy está prohibido.
“El tema de bosques nativos es muy importante, es un tema de financiamiento internacional muy importante que tenemos y estos cambios nos impedirían exportaciones muy importantes. Si no cuidamos nuestros bosques, no las vamos a poder hacer. Por un error se incluyeron las categorías 1 y 2 y se va a eliminar ese punto de la ley”, dijo. Esta sería la segunda marcha atrás que da el gobierno en términos ambientales en una semana. Ya lo había hecho con la desregulación del régimen pesquero que pretendía establecer y que fue rechazada por gobernadores patagónicos y el sector.
Sin embargo, Lamas no hizo referencia a otra modificación que se haría en la normativa si se aprueba la Ley Ómnibus que es que la Ley de Bosques ya no se financiaría con una parte del presupuesto, sino a través de la voluntad del Ejecutivo, donaciones y créditos internacionales.
Después, la funcionaria aclaró que los cambios en la Ley de Quema -que habilitarían quemas en campos de manera tácita si no se recibe respuesta del Estado en 30 días- es una herramienta “fundamental” y que está permitida, pero que “se tiene que hacer con cuidado”. “Las provincias tienen que controlar”, aseguró.
Finalmente, se refirió a la Ley de Glaciares, uno de los puntos que más rechazo generó porque modificaba la definición y daba a entender que podían realizarse actividades productivas en las áreas que rodean a los glaciares. “Con respecto a la Ley de Glaciares, lo que intentamos hacer aquí fue brindar una definición y seguridad jurídica. Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer ningún tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos. Solo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes, de verificar que si se quiere hacer alguna actividad sobre el periglaciar no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, dijo Lamas.
Pese a que esta es la primera vez que el Gobierno comunica formalmente ciertos ejes ambientales y se comprometió a rever algunos artículos, muchos diputados no quedaron conformes con la exposición de Lamas.
“Con sus palabras, la subsecretaria dice que van a respetar los convenios y metas internacionales y nacionales comprometidas, pero el texto de los artículos dicen otra cosa”, dijo a TN Carolina Yutrovic, diputada de Unión por la Patria. Y sumó: “Nos pide que estemos tranquilos, que fue un error incluir las zonas de bosques I y II, pero no ingresan formalmente esas modificaciones”.
Yutrovic, como parte de Unión por la Patria, pide que el proyecto se debata en las comisiones específicas y se convoquen a las organizaciones de la sociedad civil que “trabajan y contribuyen activamente en cada uno de los temas”.
En la misma línea se expresó Maximiliano Ferraro de la CC: “Aclaró un tema que nos preocupaba bastante que era la habilitación de desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques, que aparentemente se habría tratado de un error. Sin embargo, no ahondó en distintas modificaciones que implican regresión o al menos una falta de prevención en materia de protección ambiental. Por ejemplo, la habilitación de desmontes sin autorización previa ni participación pública en la categoría de menor protección”.
Y agregó: “Nos hubiera gustado tener más información sobre los proyectos productivos que requerirían flexibilizaciones a la Ley de Glaciares, o las razones que justifican habilitar autorizaciones tácitas para la actividad de quema, que si bien existe y tiene fines productivos, también implica riesgos que deben observarse”.
“Fue pobre la exposición, se limitó a dar un par de respuestas bastante restringidas dentro de los muchos temas que se plantearon”, analizó a TN Carlos Villalonga, ambientalista y exdiputado. “Queda claro que sí se eliminan los fondos de la Ley de Bosques lo que es muy complicado porque esta ley le encomienda a las provincias a que hagan un esfuerzo y ese esfuerzo se sostiene con un fondo nacional, sino no hay manera que puedas desarrollar un plan de gestión, de contención y de compensaciones para bosques que no van a ser talados. El costo no lo pueden pagar solo las provincias que tienen bosques nativos”.
“No hay ninguna indefinición o de inseguridad en cuanto a la ley. Al contrario, lo que la modificación nos trae es incertidumbre y abre todos los conflictos de nuevo, en un tema en el cual no tenía necesidad. La minería no está teniendo un parate por la ley de glaciares.
.

Para 80 organizaciones ambientales, más que Ley Ómnibus es una ley topadora que se lleva puesto todo

Fecha de Publicación: 10/01/2024
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Nacional


Entidades de todo el país enviaron una carta a la Cámara de Diputados en la que analizan y advierten, punto por punto, la degradación que implica el megaproyecto enviado por el gobierno al Congreso, y piden el rechazo de 22 de sus artículos
Más de 80 organizaciones ambientales y sociales, fundaciones y redes enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de “Ley Ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo Nacional porque indicaron que supone “serios retrocesos en la legislación ambiental” que protege al país, a la que incluso muchas entidades consideran aún insuficiente y permisiva. “Bajo el pretexto de la libertad, el proyecto de ley pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas”, sostiene el comunicado que firman colectivos de todo el país. El documento –con puntos de encuentro con un previo documento de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas– previene los nuevos escenarios ambientales que supondría dar luz verde a las modificaciones pretendidas, encontrando que la degradación consecuente ni siquiera habilitaría un aumento de la cantidad y calidad de las exportaciones, sino lo contrario.
Las entidades consideraron “un avasallamiento a la democracia constitucional” tanto al proyecto legislativo como al voluminoso decreto de necesidad y urgencia que está siendo resistido en Tribunales con una catarata de presentaciones. Las organizaciones de defensa del ambiente, en forma masiva, apuntaron al nuevo andamiaje legal “desregulador” por “derogar y modificar regresivamente leyes ambientales sancionadas por el Congreso de la Nación y respaldas por la sociedad civil de todo el país”.
“El proyecto pretende realizar reformas a leyes cruciales para la protección del ambiente, entre las cuales se incluyen la ley de Bosques (26.331), la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la ley de Glaciares (26.639) y la ley Federal de Pesca (24.922)”, remarcaron las entidades.
En la carta, además, las organizaciones advierten que el proyecto de ley contraviene “el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente”. La cuestión del no retroceso en materia ambiental tiene rango constitucional, por lo que no puede ser alterada por normas de catergoría inferior como una ley, y menos un decreto de necesidad y urgencia.
“Evidentemente, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo implicarían una disminución en los niveles de protección ambiental y, por ende, tendrían un impacto negativo en el bienestar de las personas”, sostienen las organizaciones.
Las organizaciones, algunas de alcance local y regional, otras de presencia nacional e incluso capítulos en la Argentina de fundaciones internacionales, recuerdan que la legislación ambiental vigente fue lograda “tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años”, y citan el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga a los gobiernos a resguardar el derecho de las y los habitantes del país a “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
“En pos del cumplimiento de este mandato constitucional, la sociedad argentina ha comprometido, tiempo y esfuerzo para el desarrollo de un importante plexo normativo que, aunque incompleto y de implementación parcial ha permitido generar un adecuado balance entre el estímulo a la producción, la conservación y restauración del ambiente y el desarrollo social”, remarca la nota enviada a la Cámara de Diputados referida al proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
“Rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y, por ende, es ilegal e inconstitucional”, señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Las reformas proyectadas forman parte del Capítulo III del Título VI –Interior, Ambiente, Turismo y Deporte– y el director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, denunció que así “se propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad”. Uno de los ejemplos es la ley de Bosques, “que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, y que ha permitido visibilizar los bosques nativos, reducir inclusive las tasas de deforestación”, subrayó Jaramillo.
Las entidades marcaron en su documento que incluso el tratamiento previsto para la Ley Ómnibus en la Cámara baja es defectuoso, ya que abarca temas ambientales sin convocar a las comisiones respectivas. “En algunos casos van más allá de las capacidades de las comisiones a las cuales actualmente tiene giro (Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General). En línea con los temas analizados en este documento, las comisiones faltantes para el análisis del proyecto son: de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Energía y Combustibles, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Agricultura y Ganadería”, remarcaron.

Topadora de tierra, agua y aire
Uno de los puntos que las organizaciones reprochan con firmeza es la modificación a la ley de Manejo del Fuego, cuya letra final pretendida por el gobierno de Javier Milei deja habilitada cualquier tipo de quema en caso de que en 30 días hábiles la autoridad competente no responda a una solicitud. “El silencio es interpretado de manera positiva y autoriza de manera tácita a avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en manejo del fuego”, expusieron.
Otro de los puntos es la degradación de la ley de Bosques: “En caso de aprobarse la modificación propuesta por el proyecto de ley, las exigencias legales de evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana ya no serán requeridas” en un 19% de las áreas resguardadas por la normativa vigente. Esto es 10.192.063 hectáreas sujetas a desmonte. Pero además alertan que la ley “pretende habilitar desmontes hoy prohibidos” en las dos categoría con mayor protección: “Se trata de bosques de muy alto valor de conservación a proteger a perpetuidad, que no debe transformarse” y “de mediano valor de conservación, a manejar de forma sostenible”. Así se afecta a 10.992.353 hectáreas de máxima protección (21% de los bosques nativos), y a 32.000.085 hectáreas categorizadas en amarillo, nada menos que el el 60% de los bosques argentinos.
También se remarca que el mamotreto enviado al Congreso “elimina la mención específica al acceso a la información de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”, lo que implica desconocer leyes y tratados internacionales, como la ley general de Ambiente, la ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos Indígenas.
“El proyecto de ley hiere de muerte a nuestros bosques nativos, su biodiversidad y los medios y modos de vida de comunidades enteras. Implica además anular las 23 leyes provinciales de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que fueron dictadas al ritmo de los parámetros que la ley 26.331 y de las actividades permitidas y de las prohibidas.
Y también alerta sobre el daño que –¿por desconocimiento?– puede infligirle a las exportaciones nacionales que deben sortear normativa internacional, como lo es el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, adoptado en junio de 2023 y “con efecto directo sobre las exportaciones de Argentina en materia de soja, ganado bovino y madera”. Y Europa no es el único mercado que exige para la introducción de productos “que el país muestre una fuerte política combatiendo la deforestación y la degradación forestal”.
Además el documento puntualiza que el proyecto Ómnibus “deroga la obligación del Estado nacional de constituir anualmente el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos”, que se conforma con dos fuentes fijas –0,3% del Presupuesto Nacional y 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales– para plantear un financiamiento a discreción del gobierno de turno.
Sobre la ley de Glaciares, en tanto, la nota denuncia que “para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares”. Las ONG asimilan que la intención es atender “un reclamo histórico del sector minero en detrimento de la protección ecosistémica”, lo cual es simplemente “una clara vulneración al principio de no regresión ambiental” que tiene vigencia en la Argentina.
A su vez, la carta denuncia que la protección sobreviniente “está condicionada a una serie de requisitos restrictivos y discrecionales que redundan en la desprotección de áreas hoy preservadas por la ley vigente como, por ejemplo, la limitación a glaciares sólo incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares”. Y remarcan que, de hecho, el Inventario “es incompleto por excluir pequeños glaciares”. Pero también las modificaciones desafían la protección de una porción que está en el inventario al plantear la exigencia de “función hídrica efectiva y relevante como condición necesaria para justificar la protección de glaciares y ambiente periglacial”.
“Sumado a ello, el mensaje presidencial al inicio del proyecto de ley señala que de este modo se revierte un “avasallamiento” del poder federal sobre las provincias. Esta posición desconoce el mandato constitucional de la Nación de establecer un umbral mínimo de protección del ambiente”, cita la carta al artículo 41 de la Constitución Nacional.
En esa línea también se señala que el proyecto “aduce serias contradicciones legales, confunde la naturaleza de herramientas como el Inventario Nacional de Glaciares, entre otras falencias”. Como consecuencia, en definitiva “se vulnera la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas”.
Como cuarto punto, el documento apunta al Régimen Federal de Pesca, que generó una airada protesta de las provincias patagónicas –junto a Buenos Aires, las únicas colindantes con el mar– y el paso atrás del gobierno nacional. Pero el ministro del Interior, Guillermo Francos, se limitó a hablar de “clarificaciones”, entre ellas la defensa de la zona económica exclusiva de 200 millas marinas, a la que el proyecto de ley dejaba troquelada. Aunque admitió las quejas planteadas y abrió el juego para una mesa de diálogo con los distintos sectores involucrados, el ministro Francos no precisó cómo se iban a implementar los cambios.
Para las organizaciones ambientalistas la cuestión no sólo pasa por lo económico. El documento recuerda que el proyecto de Ley Ómnibus “propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca” cambiando condiciones y prioridades “sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero”, y además “deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos” dejando así habilitados la descarga en otros puertos o el tranbordo en el alta mar, “lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca”. Y esto, precisamente cuando en todo el planeta los países avanzan hacia el punto contrario, que es una legislación “que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. La alteración de esas premisas, advierten las organizaciones, puede vedar el ingreso a Europa y a Estados Unidos de productos pesqueros nacionales propios o bajo licencia.
Pero el documento centra su atención en que una cosa que se debe mejorar, se empeora. Ya la normativa en vigencia “adolece de insuficientes previsiones” en las consecuencias la actividas sobre el ambiente, “lo cual es necesario atender con fines de mejora, entrecruzando los principios que trajo la legislación ambiental vigente, particularmente el enfoque ecosistémico, el acceso a la información y la participación ciudadana”, señala el documento. Pues bien, las modificaciones no atienden ninguno de estos señalamientos, y en su lugar puede “facilitar una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina”.
En cuanto a la transición energética, otro punto que toma la Ley Ómnibus y por el que las organizaciones ambientales vienen expresando reparos hacia las gestiones anteriores, la observación es que reduce todo a una cuestión comercial, el modelo de “mercantilización de la naturaleza”. En ese aspecto, la suma de cambios legislativos propuestos “lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la transición energética hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales”, denuncia el documento. Y y puntualiza que el proyecto meramente “se enfoca en el establecimiento de mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. En esa línea “pretende asignar derechos de emisión de gases de efecto invernadero a cada sector y subsector de la economía”, que serán “compatibles con el cumplimiento de las metas” comprometidas por el país. “Sin embargo, no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero desde las fuentes”, como el sector energético y la agricultura y ganadería.
En todos los casos se “faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, establecimiento de límites de emisión, monitoreo de avances, establecimiento de un mercado y sus reglas, además de la plataforma de registro, y penalización en caso de incumplimiento”, apelando de nuevo a una lógica discrecional que deja de lado la masa de conocimiento gestada a lo largo de tiempos históricos por comunidades locales, organizaciones, institutos de investigación, grupos especializados y actores clave en temáticas específicas. “Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados”, advierten las organizaciones, subrayando que entre esos logros “se encuentran las normas que este proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina”.
“Exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”, concluye la misiva.
.

Derrame de petróleo en la ría: Susbielles y Aristimuño denunciaron penalmente a la empresa

Fecha de Publicación: 09/01/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires


"La justicia debe expedirse y delimitar responsabilidades acerca de la posible negligencia empresarial", dijo el intendente bahiense en sus redes sociales.
 Tras el reciente derrame de petróleo en la ría bahiense, el intendente Federico Susbielles anunció hoy que presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal, junto con su homólogo de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, contra la empresa Oiltanking Ebytem S.A. Terminal Marítima Puerto Rosales, responsable de este incidente.
"Tal cual lo expresado oportunamente, y en virtud del derrame de petróleo producido por Oiltanking en el estuario de Bahía, en conjunto con el intendente de Coronel Rosales Rodrigo Aristimuño, realizamos una denuncia penal en el Juzgado Federal Número 1, a cargo del Dr Lopez Da Silva", comunicó Susbielles a través de sus redes sociales.
"Según la información brindada por la propia empresa, el incidente se habría producido a las 19:15 hs del 26 de diciembre y recién habrían activado el PLANACOM a las 15:45 hs del 27 de diciembre, es decir diecinueve horas después", agregó.
"El estuario bahiense es un humedal único, un vital reservorio de biodiversidad. El petróleo derramado sobre el ecosistema local generó severos daños. La justicia debe expedirse y delimitar responsabilidades acerca de la posible negligencia empresarial. El ambiente se protege", concluyó.
La semana pasada, se registró un derrame de petróleo en la ría, durante una maniobra de amarre de un buque en la empresa Oiltanking, con sede en Coronel Rosales. La operación fallida afectó también la zona bahiense del estuario.
Días atrás, Susbielles había afirmado que "si la petrolera hubiera activado en forma oportuna el PLANACOM para contener a tiempo el derrame, habría evitado impactos ambientales de gravedad”.
“Esta medida no se tomó y hoy las consecuencias están a la vista", había indicado.
En consonancia con esto, el jefe comunal de Coronel Rosales había señalado que el derrame es una situación que “se minimizó, pero que ha tenido un impacto importante”.
“La empresa falló en la comunicación hacia la sociedad. A veces, la responsabilidad social queda en otra órbita, pero es fundamental que se entienda que hay una comunidad que convive con la ría, por lo que tienen la obligación de informar al respecto”, había manifestado.
También había asegurado que una vez que se conozcan los informes correspondientes, “vamos a accionar tanto desde el Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales —que también tiene un sumario interno—, como desde el Municipio".
.