Prohibición de Salmonicultura Industrial: "Es muy importante la participación de especialistas, investigadores y ambientalistas”

Fecha de Publicación: 04/12/2020
Fuente: Sur 54
Provincia/Región: Tierra del Fuego


Lo sostuvo el legislador Pablo Villegas tras el inicio de la actividad prevista por la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura provincial, presidida por la legisladora Mónica Acosta. Los parlamentarios provinciales analizaron el asunto 145/19 presentado por el Bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF), que refiere a "la prohibición en toda la jurisdicción provincial, de la explotación en criadero de especies salmónidas".
El legislador Pablo Villegas, del MPF, uno de los impulsores del proyecto de ley presentado el año pasado junto a Mónica Urquiza - por entonces también Llgisladora provincial -, se mostró satisfecho por la participación de especialistas que enriquecieron el debate en torno a un tema tan importante para los fueguinos como es la preservación y protección del ecosistema marino de la provincia.
"Es muy importante la participación de especialistas, investigadores y ambientalistas que nos ayudan a enriquecer un debate tan importante que tiene como finalidad la protección de nuestro ecosistema marino”, destacó.
Participaron en la exposición, Gustavo Lovrich, investigador del centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC); Nancy Fernández, en representación de la fundación Manekenk; Fabián Valdez, productor local de truchas; Carlos Luizon y Tomas Chalde, especialistas en Salmonicultura y ecología de la invasión; Ángeles Peña de la Fundación Sin Azul No hay Verde; Lino Adillon, titular del restaurant local Volver y el Secretario de Industria de la Provincia, Lic. Juan Ignacio García, junto al Subsecretario de Pesca Diego Marzioni.
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Legislaturas de todo el país acordaron crear una comisión especial contra el cambio climático

Fecha de Publicación: 04/12/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Legislaturas Conectadas creará una Comisión Federal de Cambio Climático por iniciativa de las autoridades parlamentarias argentinas, que participaron en el segundo encuentro de FOFAP -Foro Federal de Cambio Climático- el pasado 6 de noviembre.
Presidentes, vicepresidentes, diputados y senadores de las cámaras legislativas del país se reunieron en el segundo encuentro de este año del Foro Federal de Cambio Climático (FOFAP), que fue transmitido por las redes sociales de los parlamentos. Allí se acordó la creación de una Comisión Federal de Cambio Climático por iniciativa de las autoridades parlamentarias.
Esta vez el foco estuvo puesto en las diferentes propuestas presentadas referidas al cambio climático y las legislaciones vigentes, como una preocupación central en la agenda de las diferentes provincias.
La reunión se desarrolló vía zoom y tuvo como anfitriona a la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza. El vicegobernador de la provincia Mario Abed, fue el moderador y estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
Dicho encuentro contó con un video del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, quien destacó: "Legislaturas Conectadas ha crecido notablemente como iniciativa federal. Nuestro objetivo es seguir tendiendo lazos entre los parlamentos para fortalecer el trabajo y acercarnos a la comunidad".
Como otras autoridades presentes, el presidente provisional del Senado de Santa Fe, Rubén Pirola, también se manifestó a favor “del trabajo coordinado entre las legislaturas del país” y respecto a la temática de cambio climático, comentó varias iniciativas que incluyen, “la conformación de un Concejo Asesor Provincial”. En el mismo sentido, la diputada Clara García, presidenta de la Comisión de obras y servicios públicos de la Honorable Cámara de Diputados santafecina, destacó la necesidad de contar con una “mesa federal que analice, trabaje y planifique” temas como los incendios y la contaminación del aire, a los que se refirió como “ecocidios”.
Por su parte, el Vicepresidente Primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agustín Forchieri, comentó que la Ciudad cuenta “con la ley 3871 de adaptación y mitigación del cambio climático, que obliga a las distintas administraciones a cumplir con un núcleo duro de acciones concretas”.
El Vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, habló sobre el nuevo parque eólico y destacó su producción energética, tras destacar que “hace varios años tienen sobre una ley sancionada del Observatorio de Cambio Climático”.
La Vicepresidenta Segunda de la Legislatura de La Pampa, Lorena Clará, comentó sobre la Ley de agroquímicos, indicando que “…la intención es sacar una muy buena ley en la que están participando distintos organismos del Estado, el INTA, el Cenasa, la Universidad de La Pampa y entidades agropecuarias”.
El parlamento de Catamarca, representado por su Secretario Parlamentario, Franco Dre, explicó: “Somos una provincia esencialmente minera, estamos obligados por la Constitución Provincial a desarrollar la actividad minera pero a su vez, estamos obligados al cuidado del medio ambiente… son obligaciones concomitantes que deben llegar a un equilibrio, a una “minería verde”.
Y también afirmó: “Creemos que la agenda debe ser nacional, que las voluntades de las provincias aisladas no alcanzan.”
El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, diputado Pedro Cassani, afirmó que “el cambio climático supone, obliga y nos interpela como parlamentarios a entregar herramientas que puedan ser lo más uniformes posible para que el abordaje, que tiene que ser multidisciplinario, podamos hacerlo con las mayores coincidencias en cada una de las provincias de nuestro país.”
Tierra de Fuego también estuvo presente representada por el diputado Emmanuel Trentino, Vicepresidente Segundo de la Legislatura, quien además de comentar lo fundamental de las herramientas tecnológicas en su provincia, destacó cómo la labor legislativa está “abordando todo lo que tiene que ver con el cambio climático … que ha cambiado también, el paradigma del mundo”.
Por La Rioja habló el diputado Renso Castro, Presidente de la Comisión de Producción, Turismo, Economía y Desarrollo Regional, y anunció la creación de “…una empresa pública para dar un verdadero transporte público de calidad”, entre otras iniciativas de gestión mixta público - privada.
La diputado Carolina Estebarena, de la Ciudad de Buenos Aires, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, aportó sobre las experiencias de la comisión y entre sus funciones mencionó la relacionada con “la manda legal por la Ley 5613: que consiste en organizar anualmente un foro” que explicó es “una instancia de participación ciudadana muy valiosa que complementa al Ejecutivo cuando diseña la política pública”. A su vez, resaltó el trabajo de intercambio que realiza con su par de la HCD de la provincia de Buenos Aires, diputado Rosío Antinori, presidente de la Comisión de Relaciones Interparlamentarias y quien destacó que su provincia comenzó el trabajo en este tema, en el año 1998.
Desde Jujuy, el diputado Carlos Amaya, Vicepresidente Primero de la Legislatura, destacó que asumieron el “compromiso en ser una provincia verde… con fuerte trabajo en sanciones de leyes” y comentó, entre otros logros, la gestión de residuos sólidos.
Por su parte, Guillermo Arias, Secretario Legislativo de Córdoba, enfatizó en que el esfuerzo debe ser global y mencionó la Ley territorial de ordenamiento de bosques nativos y la “Ley de Manejo del Fuego la cual establece que no se puede usar el fuego como medio para reutilizar las tierras. Lo prohíbe. No hay posibilidad que se le cambie el destino a esas tierras incendiadas, ni para ser aprovechadas por las agro- industrias, ni con fines inmobiliarios".
Las autoridades coincidieron en la importancia de constituir una Comisión Federal de Cambio Climático para aunar esfuerzos en la lucha contra esta problemática mundial que está afectando cada vez más el territorio argentino. A la vez que se mostraron interesados en las posteriores reuniones que se puedan llegar a gestar desde el Foro, “Sentimos que el federalismo es una realidad”, concluyeron.
Legislaturas Conectadas trabaja en una campaña federal de concientización social, “Todas y todos contra el cambio climático”, orientada a unir esfuerzos en todos los niveles, para prevenir y atenuar sus consecuencias. Sin dudas, el apoyo recibido de las autoridades legislativas a través de diferentes medios, fue y será fundamental en este camino de salvaguardar el medio ambiente y la calidad de vida.
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Quieren reactivar la minería en Chubut, pero hay marchas diarias en contra

Fecha de Publicación: 03/12/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Chubut


La provincia prohibió la actividad en el 2003. Arcioni presentó un proyecto de zonificación que habilitaría el trabajo en el yacimiento de plata más grande del mundo sin explotar.
En medio de movilizaciones a favor y en contra, comenzó el debate sobre la habilitación de la actividad minera en Chubut en torno al Proyecto Navidad, donde se encuentra el yacimiento de plata más grande del mundo sin explotar, propiedad de Pan American Silver Argentina.
El debate se concentra en la Legislatura unicameral del Chubut. Allí se encuentra el proyecto de "zonificación estratégica" para el desarrollo de la minería en los departamentos Telsen y Gastre, sobre la meseta central de la provincia, que envió el gobernador Mariano Arcioni.
Los dueños del Proyecto Navidad prometen generar 2.000 empleos entre directos e indirectos y una inversión de por lo menos US$ 1.000 millones.
El diputado justicialista Carlos Eliceche, que preside la Comisión de Recursos Naturales, confirmó a Télam que están manteniendo "reuniones de análisis" del proyecto que envió el Poder Ejecutivo provincial.
Hasta el momento, Chubut tiene bloqueada la actividad minera desde el 2003, tras la sanción de la Ley 5001 que "prohíbe la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia del Chubut en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera".
Sin embargo, esa ley se cumplió a medias, pues le encomendaba al Consejo Provincial del Ambiente (Copram) que, en un plazo de 120 días corridos, realice "la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso", que no se hizo jamás.
"La intención en principio del gobierno (provincial) es completar y poner en práctica la ley 5001, porque el proyecto no utilizará cianuro", afirmó a Télam el ministro de ambiente del Chubut, Eduardo Arzani.
El proyecto que elevó el gobernador con el aval de todo su gabinete, obtuvo el respaldo del secretario de Minería, Alberto Hensel, quien valoró la iniciativa al calificar a esa actividad como "una oportunidad que hay que desarrollar con responsabilidad, objetividad, conocimiento científico, búsqueda de consensos y muchos controles".
Fuentes vinculadas con la comisión permanente de la Legislatura que analiza el proyecto y que pidieron no ser reveladas, aseguraron a Télam que, de salir el proyecto, será con "muchas modificaciones" en su texto, sobre todo en materia de control ambiental, la zona de desarrollo y el porcentaje de la coparticipación para mejorar la renta provincial.
El proyecto del gobierno chubutense para avanzar con una zonificación de la actividad minera en la provincia, consta de 35 hojas y 86 artículos, además del anexo específico vinculado a la propia zonificación.
A la hora de elevar el texto a la Legislatura, Arcioni aseguró que "se prohíbe la utilización de cianuro en el proceso de lixiviación, se deja fuera del área de explotación a la cordillera y se asegura que las empresas no se podrán servir del río Chubut en el uso del agua".
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Fuerte consenso para una Ley de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 01/12/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


La Cámara alta sintetizó seis iniciativas, a partir de una media sanción en Diputados. Incorporó aportes de senadores, de las Universidades del Litoral y de Rosario, de la Fundación Nueva Generación Argentina y del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Por unanimidad, los senadores provinciales aprobaron con reformas un proyecto de ley venido de Diputados que –según se descuenta- pondrá a Santa Fe entre las cuatro provincias argentinas que cuentan con una norma específica sobre Cambio Climático.
El "Marco normativo provincial para el enfrentamiento de los efectos adversos del Cambio Climático",es el nombre completo de la iniciativa que vuelve a la Cámara de origen con cambios que explicó desde su banca en el recinto el senador Lisandro Enrico (UCR-General López).
Indicó que se guarda la primera parte del proyecto del diputado Gabriel Real (PDP-FPCyS) y que se le han hecho modificaciones, producto de un trabajo de compilación y síntesis, que toma otros cinco aportes.
Enrico dijo que es necesaria una "toma de conciencia generalizada para que el planeta no colapse. Ese es el desafío y Santa Fe, con un esfuerzo importante, busca tener su primera normativa provincial".
"El cambio climático es la sequía y las fuertes lluvias de 300 milímetros de golpe, la desertificación de zonas áridas, o cuando vamos por la ruta y vemos que en lugares donde hay sequía existen alambrados por debajo del agua", enfatizó.
Advirtió de "las consecuencias de la extensión de la frontera agrícola, especialmente en la provincia de Santa Fe" y subrayó que debe existir un necesario equilibrio entre las necesidades económicas y productivas y el cuidado del ambiente.
En tanto, el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) añadió que "el objetivo no solo es tener una norma legal que pone a la provincia en un punto de referencia sino la posibilidad de que desde los distintos estamentos podamos llevar a cabo un proceso de concientización de lo que significa el cambio climático".
La labor de los equipos técnicos del ministerio de Medio Ambiente y de sus funcionarios, así como de la Cámara alta fue destacada por Enrico.
Explicó que en el proyecto de Real ya se habían tomado antecedentes de un expediente anterior, de la ex diputada Estela Maris Yaccuzzi, lo mismo que un mensaje del Poder Ejecutivo, otra iniciativa del expositor, otra propuesta de las universidades nacionales del Litoral y de Rosario y de la Fundación Nueva Generación Argentina que preside Diego Sueyras.
"Es un tema que hace un mes parecía sencillo. Sin embargo, ha llevado a un debate sobre aspectos muy finos, en detalle, que han mejorado para el proyecto. Logramos el consenso necesario y devolvemos el expediente a Diputados y le cedemos el encabezamiento del expediente para que se pueda convertir en ley" cuanto antes.
"No podemos obviar que el cambio climático nos afecta y que afectará a nuestros hijos y nietos. No es un tema de las grandes naciones sino de cada rincón del mundo. Es catastrófico para el futuro de la humanidad si aumenta tres grados en promedio la temperatura global. Las consecuencias pueden ser desastrosas. El Planeta necesita reducir gases de efecto invernadero", indicó.
Expresó que uno de los puntos de la norma es partir de mayores certezas sobre lo que ocurre en Santa Fe. Y adelantó que se busca la creación de un "inventario de gases, cuánto generamos de este problema los santafesinos: el país representa menos del 1% de todas las emisiones del mundo. Y por nuestro peso económico. consumos energéticos y actividades contaminantes se estima que de ese 1% a los santafesinos nos toca reducir un 8% del país, en especial, el gas metano del ganado", indicó.
Se trata de una ley que contiene 9 capítulos, y que procura cambios vinculados a la problemática desde el punto de vista de la justicia, de la transversalidad de un abordaje para producir políticas públicas, de consagrar principios de precaución, de acceso a la información y la transparencia, de colaboración y progresividad, así como de "pro natura", subrayó.
Describió a la ley como el primer paso para despertar concientización en la población y bregar por la participación democrática para cuidar el medio ambiente y producir políticas de mitigación y adaptación. Bregó por el ahorro de energía, por uso de luminarias led en el alumbrado público y privado, por la búsqueda de sistemas de transporte con energías limpias, por actividades ganaderas más sustentables y con feet lots que "deberán tratar como residuos orgánicos productores de metano" sus desechos. Habló de la necesidad de un plan de reforestación y "del problema de la expansión de la frontera agrícola".
Dijo que habrá un consejo de expertos con personalidades de trayectoria como asesores para el gobierno y un comité permanente de cambio climático, con diferentes sectores: dos diputados provinciales y dos senadores provinciales, dos miembros del Poder Judicial, dos representantes de la industria, dos del agro, dos académicos y dos de ONG. También la ley "tiene mirada a las juventudes y a los principios de género y de disidencias". Y dispone que cada gobierno tenga "un gabinete interministerial de cambio climático para que en todos los ministerios haya al menos un representante".
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La Secretaría de Medio Ambiente suspende las flexibilizaciones para desmontar

Fecha de Publicación: 28/11/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta

El gobierno dio marcha atrás con la quita de las audiencias públicas conforme a lo que exige la ley.
El gobierno de Salta decidió dar marcha atrás con las flexibilizaciones para poder desmontar en la provincia.
A través de la resolución 333/2020, la Secretaría de Ambiente preveía la suspensión de las audiencias, antes de desmontar; también mencionaba que era innecesario presentar estudio de impacto ambiental, antes de cambiar el uso de suelo.
Pero con una nueva resolución, la 411/20, se volvieron a instalar las audiencias públicas de acuerdo a lo establecido por la Ley 7.070, su Decreto Reglamentario Nº 3.097/00.
El 22 de Octubre, la agrupación ambientalista Greenpeace le pidió al gobernador Gustavo Sáenz que frenara esas medidas que favorecían la deforestación.

Una carta al gobernador
Greenpeace envió una carta al gobernador Gustavo Sáenz y a Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para manifestar su profunda preocupación.
En la carta la organización advertía que las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorias y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675.
El artículo 19 de la Ley 26.331 establece que “Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Mientras que el artículo 26 dicta: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades. En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental”.
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Minería: Mendoza y Chubut tras aval de legislaturas locales para acelerar proyectos de extracción

Fecha de Publicación: 27/11/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Mendoza - Chubut


El distrito cuyano espera trámite de aprobación de contrato tras traspaso a provincia de activos de empresa Vale. En tanto, desarrollo chubutense deberá sortear puja en comisión de Medio Ambiente.
 Las legislaturas de Chubut y de Mendoza tendrán en sus manos las definiciones para el futuro de la minería en ambos distritos, un sector que genera entusiasmo de cara a la reactivación en la pospandemia no sólo en las provincias sino también en el Gobierno nacional, que sigue de cerca los avances para acelerar inversiones.
Mientras el gobernador chubutense Mariano Arcioni elevó el proyecto para la zonificación de la actividad, con foco en el Proyecto Navidad, que podría generar inversiones superiores a los u$s1.000 millones, el mendocino Rodolfo Suarez apura los trámites para llevar a los legisladores el contrato para comenzar a operar la mina de Potasio Río Colorado, que no tiene impedimentos legales. En pararlo, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda (Cambia Mendoza) trabaja en levantar en su municipio las trabas que rigen en la provincia, tras la fallida modificación a la Ley Minera 7.722 que impulsó Suarez al inicio de su gestión. Ojeda tuvo guiños desde el PJ.

Navidad
En el caso chubutense, los diputados recibieron el proyecto que busca ordenar la Ley 5.001, que restringió la actividad en Chubut, pero a la vez obligó a establecer el lugar permitido para llevar adelante emprendimientos mineros metalíferos. Esa zonificación nunca se realizó en 17 años, acaso por no contar con una licencia social en la que trabajan en paralelo las provincias con la Casa Rosada, con la secretaría de Minería de Alberto Hensel a la cabeza. De hecho, en Rawson se vienen llevado a cabo manifestaciones antimineras (y algunas a favor de la actividad, pero de menor escala) desde hace dos semanas.
Arcioni se anotó un triunfo inicial al lograr que el proyecto se trate sólo en la comisión de Medio Ambiente, ya que no prosperaron los intentos de parte del PJ de alargar la discusión con más dictámenes. La iniciativa del mandatario establece una zonificación para los departamentos de Gastre y Telsen, en la zona de la meseta, un área postergada en la provincia. Otros puntos que realzan en el oficialismo es que el proyecto instaura “restricciones y requisitos adicionales a la normativa ambiental minera y la protección del río Chubut en particular y de ríos y arroyos en general”. Además, confirma la no utilización de cianuro.
En cuanto a lo económico el Proyecto Navidad, a cargo de la canadiense Pan American Silver, prevé una inversión de entre u$s1.000 millones y u$s1.300 millones, mientras que estima una producción de 16.5 millones de onzas anuales de plata-cobre y plata-plomo, y la generación de 2.500 puestos de empleo por año. En esa línea, la propuesta legislativa obliga a contratar mano de obra y proveedores chubutenses: 80% y 70% respectivamente. También crea tres fondos con fines específicos: un bono de compensación minera, un fondo de infraestructura y uno de sustentabilidad (adicionales a las regalías mineras). Los fondos de infraestructura y sustentabilidad gravan la renta operativa industrial minera (ROI). Además, define que la exportación del producto industrial se realice por puertos de Chubut.
“Hasta el momento no se convocó a la reunión de la comisión, pero estos días son clave”, mencionaron ayer a la tarde Ámbito desde Chubut. Con la legislatura dividida, el resultado de la votación final en el recinto es incierta, y Arcioni busca llegar al final de las sesiones ordinarias en diciembre con el proyecto aprobado. En tanto, para el dictamen favorable en comisión también hay negociaciones contrarreloj. De los nueve miembros, todos miran al justicialistas Carlos Eliceche como el voto bisagra para avanzar.

Mendoza
Luego de que Suarez y su ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, firmarán la semana pasada con los representantes legales de la empresa VALE la transferencia definitiva de la mina Potasio Río Colorado a la provincia, ahora aceleran los pasos para que el proyecto esté en marcha cuanto antes.
“Hoy nos enfocamos en Potasio Río Colorado, la idea es ponerlo en funcionamiento. No entra en conflicto con la Ley Minera 7.722 y tiene todos los permisos ambientales actualizados. Resta mandar el contrato a la legislatura para que lo refrenden, y eso se hará en los próximos días”, dijeron a este medio desde el distrito cuyano.
Ahora, en la gestión de Cambia Mendoza buscan readecuar el proyecto a escalas menores pero más viables: en vez de las cuatro millones de toneladas de potasio que contemplaba la iniciativa original, se pretende extraer 200 mil toneladas. El proyecto, para el que se buscan inversiones de u$s 200 millones, daría empleo a mil personas y una vez que la mina se encuentre en funcionamiento permitirá crear 300 fuentes de trabajo.
En paralelo, volvió a tomar impulso el proyecto del intendente de Malargüe, Ojeda, para que sí se habiliten los términos que se habían establecido en la ley 9.209 (que modificaba la 7.722), que permitía el uso de sustancias químicas, pero que pese a contar con apoyo del oficialismo y del PJ luego Suarez debió derogar por no contar con licencia social. En Malargüe hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría: oro, plata, cobre. Y sus habitantes levantan el pulgar.
Con la provincia corrida de la discusión, Ojeda trabaja para que la legislatura le dé, una vez que pase la pandemia, el visto bueno. Y, en esa búsqueda, contó ayer con el inesperado aval del senador provincial Adolfo Bermejo, del PJ. Así, con el peronismo empujado por los pedidos nacionales, el arco político podría volver a inclinarse a favor de la iniciativa.
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Avanza en el Congreso la ley para proteger humedales

Fecha de Publicación: 24/11/2020
Fuente: TV Pública
Provincia/Región: Nacional

La ley de humedales que permitirá preservar espacios afectados por los incendios forestales, como las más de 400 mil hectáreas afectadas solo este año, avanza en el Congreso.
La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de Humedales, que aún debe ser avalado por otras cuatro comisiones para posibilitar su llegada al recinto. El dictamen de mayoría consiguió la firma del Frente de Todos y de Unidad Federal para el Desarrollo; en tanto el grueso de los integrantes de Juntos por el Cambio y Consenso Federal lo hicieron en disidencia parcial.
Como contrapartida, en un dictamen de minoría se encolumnaron tres diputados del PRO y un radical.
En la continuidad del trámite legislativo, el proyecto debe ser analizado por las comisiones de Agricultura y Ganadería; Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.
El presidente de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso (Frente de Todos), destacó el trabajo de siete meses, en el que se escucharon a todos los sectores involucrados “y buscamos los consensos políticos necesarios para que la iniciativa avance”.
“No tenemos otro planeta, este es el único, y vamos a defenderlo desde la política y desde el Estado -agregó Grosso-. La Ley de Humedales tiene que dejar de ser un sueño para ser realidad”.
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Confirman el procesamiento del gerente general de Minera Alumbrera por contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 23/11/2020
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones tucumana, al rechazar el planteo de nulidad y el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, Raúl Pedro Mentz.
En el marco del planteo de nulidad y la apelación presentada por la defensa del gerente general de Minera Alumbrera, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazó la presentación y confirmó su procesamiento sin prisión preventiva como presunto autor del delito de contaminación ambiental, al tiempo que confirmó el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $500.000. En la instancia intervino el titular de la Fiscalía General ante ese tribunal, Antonio Gustavo Gómez.
El 27 de noviembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el sobreseimiento del imputado y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N°2 de dicha jurisdicción, a cargo de Fernando Poviña, para que dicte un nuevo pronunciamiento, pero que previamente requiriera informes -que fueron agregados a la causa- a la Dirección de Minería de la Provincia de Tucumán, al Comité de Cuenca Salí-Dulce y al Instituto Miguel Lillo, a fin de determinar si existía contaminación ambiental por parte de Minera Alumbrera.
En abril de 2019 el juez Poviña decretó el procesamiento del imputado y dispuso el embargo de sus bienes, por considerarlo responsable de contaminar, conforme los artículos 55 y 57 de la Ley 24.051 -de Residuos Peligrosos-, el canal DP2 -un afluente de la cuenca del Río Salí- con cobre y otros metales pesados que eran vertidos desde la planta de filtros “Cruz del Norte”, que pertenece a Minera Alumbrera.
La defensa del imputado recurrió la decisión, al considerar que el magistrado incurrió en una arbitraria valoración de la prueba y que omitió valorar material de convicción relevante para el caso. Asimismo, aseveraron que “no hay evidencia sobre la afectación a la salud por parte de la descarga de Minera Alumbrera, sino que, por el contrario, la prueba producida demuestra que tal descarga no reviste riesgo alguno para la misma”.

Niveles no permitidos
Al resolver ahora la cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -integrada por Marina Cossio, Jorge David, Hernán Frías Silva y Ricardo Sanjuan- rechazó la apelación y el planteo de nulidad interpuestos, y confirmó la resolución del juez federal interviniente y el embargo oportunamente dispuesto, por considerar que no se advertía “que se haya vulnerado garantía alguna de raigambre constitucional” y que “el imputado no ha sufrido un perjuicio efectivo demostrable, por lo que en caso de accederse al planteo de la defensa, estaríamos declarando una nulidad por la nulidad misma en el único interés del cumplimiento formal de la ley”.
"Los niveles de contaminación permitidos han sido superados por la presencia de elementos contaminantes que provienen de la actividad de la planta de filtros 'Cruz del Norte', perteneciente a 'Minera Alumbrera Limited', repasó la Cámara Federal
Para los camaristas, “se encontraría acreditada la contaminación ambiental producida por la planta de filtros ‘Cruz del Norte’, perteneciente a ‘Minera Alumbrera Limited’, en tanto los valores que resultaron de los análisis sobre la muestra identificada como ‘DP2 Aguas Abajo’, específicamente en cuanto al valor cobre, se encuentran por encima del ‘Nivel guía de calidad de agua para la protección de la vida acuática. Agua dulce superficial’ (…). El valor límite permitido por la norma citada para cobre es de 0,002 mg/l, a pesar de que el cuerpo receptor analizado, luego de la descarga de efluentes de Minera Alumbrera, arrojó un valor de 0,072 mg/l -análisis, muestra identificada como DP2 Aguas Abajo”. Agregaron que “en las presentes actuaciones se encuentran detallados los valores para cobre, arrojando resultados elevados para este metal ya en el año 2001, lo cual resulta ser un indicio sobre el efecto de la bioacumulación que puede haber tenido a lo largo del tiempo, tomando en consideración que los valores de la muestra del año 2012 también dieron valores en exceso para ese metal”.
También, los jueces destacaron que “si bien se advierte que Minera Alumbrera aplicó un tratamiento de los efluentes que permitió disminuir los niveles de contaminación por cobre, lo cierto es que aún no llegó a adecuarse completamente a la normativa nacional, en tanto los niveles de calidad de las aguas siguen estando por encima de aquellos valores (2 ug/l)”.
“En autos ha quedado demostrado por las pruebas periciales solicitadas en la instrucción, que los niveles de contaminación permitidos han sido superados por la presencia de elementos contaminantes que provienen de la actividad de la planta de filtros 'Cruz del Norte', perteneciente a 'Minera Alumbrera Limited'. Al superarse los niveles de contaminación permitidos, se produce la afectación del bien jurídico protegido por la norma”, concluyeron.
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Avanza en Diputados el proyecto de ley de educación ambiental

Fecha de Publicación: 20/11/2020
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Nacional

Se llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con la participación de los ministros Nicolás Trotta y Juan Cabandié
En el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al objetivo de la norma enviada por el Poder Ejecutivo y explicó: “Buscamos fomentar la concientización y responsabilidad ambiental de toda la ciudadanía”. “Creemos que la educación ambiental debe convertirse en un componente fundamental de la formación ciudadana y la educación nacional”, indicó.
En tanto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, sostuvo: “Con una mirada educativa y federal, queremos construir una ciudadanía crítica y con conciencia ambiental que nos va a garantizar una mejor calidad de vida y una armonía con el ambiente”.
 La titular de la Comisión de Educación, diputada Blanca Osuna (FdT), remarcó la necesidad de que “el Estado argentino tenga un marco normativo en esta materia”, con el objetivo de “lograr la implementación de una educación ambiental integral”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso (FdT), destacó la incorporación de “una agenda ambiental en la agenda de gobierno”, al tiempo que consideró: "Es una ley vinculada a la defensa del ambiente con perspectiva ecológica en la Argentina”.
El legislador propuso que la ley lleve el nombre del político argentino, recientemente fallecido, Fernando “Pino Solanas”, ya que -enfatizó- "si hay alguien que peleó por la educación ambiental fue él”.
La diputada de Consenso Federal Graciela Camaño remarcó que “estamos cumpliendo con un mandato constitucional”, al señalar que “tenemos la obligación de preservar el ambiente para no comprometer las necesidades de las generaciones futuras”.
Finalmente, la diputada de la UCR Brenda Austin expresó: “Nos gustaría incluir un marco normativo para que se construya un andamiaje de contenidos”. Y añadió: “Si queremos realmente hablar de la preservación de nuestro planeta necesitamos empezar a revisar nuestros hábitos de consumo”.
Asimismo, desde Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda acompañaron el dictamen, aunque plantearon disidencias parciales.

Reservas naturales
Finalizado el plenario, la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano aprobó una serie de proyectos, entre los que se destaca la iniciativa que establece la creación de reservas naturales de la defensa y el registro de operadores de flora y fauna.
Además, obtuvo respaldo el proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado por el cual se aprueba el Acuerdo marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto el 2 de noviembre de 2016 en la ciudad de Ginebra. “Es un acuerdo multilateral sobre el medioambiente”, señaló el titular de la comisión, Leonardo Grosso.
Asimismo, se votaron con consenso una serie de proyectos de resolución y declaración.
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Juan Cabandié reclama modificar la ley de bosques para “que el desmonte sea un delito penal”

Fecha de Publicación: 17/11/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible advirtió que actualmente es legal.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, reclamó este sábado la modificación de la ley de bosques para que el desmonte sea considerado "un delito penal".
"Tenemos que modificar la ley de bosques, porque el desmonte no es un delito. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es que el desmonte sea un delito penal", sostuvo Cabandié en Salta, donde estuvo junto al gobernador Gustavo Sáenz, en la inauguración de la sede Regional NOA del ministerio que conduce.
El funcionario informó que además se trabaja con las provincias y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) en la posibilidad de "actualizar las categorías" del ordenamiento territorial, y explicó que "son tres categorías y tres colores, pero el verde es una forma legal de desmonte y no tiene que estar más".
"En el ordenamiento territorial nuestra propuesta, que hemos trabajado con las provincias, es superar el color verde, y que pase a rojo o amarillo, aunque a eso lo determina cada provincia", precisó.
Al concluir el acto oficial de inauguración de la sede regional, Cabandié manifestó ante la prensa que "lo productivo debe estar enmarcado en lo sostenible. No podemos seguir permitiendo desmontes, o el método productivo de quemas, y es donde la justicia tiene que actuar".
Algunos de esos reclamos se escucharán el martes en la marcha al Congreso convocada por La Cámpora y otras organizaciones. El lema de la movilización es el pedido de aprobación de la despenalización del aborto, pero también pedirán por la ley de fuegos que impulsa Máximo Kirchner, la ley Yolanda que apuesta a garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, y hasta el impuesto a las grandes fortunas.
"El martes va a estar en recinto de la próxima sesión de la Cámara de Diputados la ley de fuego, con lo cual las hectáreas quemadas no podrán tener cambio de uso de suelo, y nos faltan otras normativas, aunque es más un tema de voluntad que de normas", destacó Cabandié.
Cabandié llegó a Salta en el marco de una gira por el norte del país, que ayer lo llevó a Jujuy, donde recorrió las áreas afectadas por los incendios, mientras que mañana estará en Catamarca y el lunes próximo en la provincia de La Rioja.
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Puerto Madryn, la voracidad impositiva y el impuesto al viento

Fecha de Publicación: 16/11/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut

Parecía chiste de memes en redes sociales. Pero el Concejo Deliberante de Puerto Madryn lo hizo: creó el impuesto al viento. Eso de que el aire es gratis ha pasado a ser una fantasía en aquel rincón de la Patagonia Norte. Desde enero, y según lo aprobado por los concejales esta semana, las empresas que tienen molinos de viento plantados en esa comarca deberán pagar una tasa municipal sólo por el mero hecho de que las aspas se muevan. La medida desató la alarma en el mundo de la energía renovable. No es para menos, el monto que se deberá pagar es de alrededor del 4,5% de la facturación.
La historia de gravar el soplido del viento empezó hace tiempo, cuando varios parques eólicos se instalaron en zonas cercanas. Varios se frotaron las manos al ver que gran parte de la inversión en energías renovables que impulsó en gobierno de Mauricio Macri se localizaba en esa parte de la meseta patagónica. Pero más allá de los impuestos provinciales, no había demasiado qué cobrarles a esos emprendimientos ubicados en zonas rurales.
Pocas cosas suelen ser impositivamente tan peligrosas como ediles apurados por mejorar los ingresos. El ingenio de la política local, conjugado con el estado de insolvencia de la provincia, generó una alternativa para mejorar la recaudación.A fines del año pasado, el Honorable Concejo Deliberante local decidió pensar en grande, planear el futuro, tirar los primeros palotes en la planificación de la ciudad que vendría. Entre noviembre y diciembre de 2019, con estas inversiones instaladas, el municipio decidió extender su potestad tributaria sobre los parques eólicos de la zona.
Pero el tema no era sencillo. Si bien los campos donde se instalaban los molinos estaban cerca, el poder de imposición de la Municipalidad no llegaba, ya que los emprendimientos eólicos se habían instalado en tierras cercanas a Puerto Madryn, pero fuera de su ejido territorial.
Entonces llegó la innovación. La legislatura provincial aprobó duplicar la extensión del ejido municipal (que hoy tiene 33.000 hectáreas, contra 20.000 de la Ciudad de Buenos Aires) y los emprendimientos quedaron dentro del territorio sometido a jurisdicción municipal. De esta manera, los dos principales, uno de Aluar y el más grande, de Genneia, una empresa del grupo Macro, empezaron a ser objeto de impuesto.
 Así empezó la maniobra para cobrar el impuesto al viento. La norma se aprobó pese a que el artículo 225 de la Constitución de Chubut establece que la determinación territorial del municipio "tiene en cuenta especialmente la zona en que se presten total o parcialmente los servicios municipales" y que en esos campos no hay ninguna prestación municipal.
El terreno, literalmente, estaba preparado. Entonces llegó "la tasa". Mediante la ordenanza 11.349, la municipalidad extendió a los titulares de los parques eólicos la responsabilidad por el pago de dos tasas.
La primera, por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental. De acuerdo al artículo 173 del Código Tributario, esta tasa supuestamente retribuye "los servicios municipales, de inscripción, habilitación, inspección, contralor, salubridad, seguridad e higiene y control ambiental, que tiendan al bienestar general de la población (.) aun cuando el ejercicio de la actividad comercial, industrial, profesional o de servicio no requiera de un establecimiento habilitado", dice un informe técnico de un estudio de abogados contratado por las cámaras. La segunda, por Construcción de Obras Particulares y Obras realizadas por empresas nacionales y provinciales, por la que se obliga a pagar esta tasa a los parques eólicos cuyas obras "se encuentren en ejecución o a ejecutarse a la fecha de entrada en vigencia de la norma el 24 de abril de 2020".
Esta semana hubo un cambio: la primera de las tasas, que se calculaba en función de los metros cuadrados del predio, como cualquier otra empresa, varió su base de cálculo. Ahora, los parques eólicos, en vez de pagar por superficie, pasarán a hacerlo dependiendo de la producción. Se consagró el impuesto al viento.
La norma puso en alerta a la Cámara Eólica Argentina. No es para menos. El nuevo régimen de tasas significa alrededor de 4,5% de la facturación de los emprendimientos de energía limpia. "Como dijo la Corte Suprema de la Nación, al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente. Por estas razones, las llamadas 'tasas' constituyen en realidad verdaderos impuestos, vedados por el régimen constitucional general de reparto jurisdiccional en materia impositiva", dice una carta enviada por la cámara a la Legislatura de la provincia de Chubut.
Fuentes de Aluar, una de las empresas que tiene un parque eólico que entrega energía al sistema interconectado, además de utilizar una parte de la producción para consumo de la planta de aluminio, dijeron a LA NACION que "esta nueva modalidad dictaminada es mucho más preocupante y gravosa que el formato de tasa incorporado a principios de este año, el cual no corresponde para este tipo de proyectos".
Habrá reclamos judiciales, incluso acompañados por la cámara. "El departamento de Legales está estudiando los pasos a seguir en base a esta nueva normativa", confirmaron en Aluar. El principal argumento de las empresas es que la energía limpia, según el artículo 17 de la ley 27.191, eximió a "el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía" de "cualquier clase de tributo específico, canon o regalía".
En Chubut las cuentas no cierran y la provincia no puede hacer frente ni siquiera a los sueldos de estatales o docentes. Incluso, varios de los nuevos impuestos tienen un fuerte apoyo de los gremios estatales, afectados por la falta de dinero para pagar salarios.
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27 millones de pesos de multa a una empresa por desmonte y quema ilegales en Pampa del Infierno

Fecha de Publicación: 14/11/2020
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco

La medida la tomó la Dirección de Bosques del Chaco. Además, le pide al Gobierno la desadjudicación del predio donde se cometió la infracción.
Una empresa agropecuaria que desmontó en forma ilegal y que luego quemó la producción forestal violando las leyes vigentes fue objeto de dos multas que totalizan 27,7 millones de pesos. Y no solo eso, también piden la desadjudicación de un predio por la infracción cometida.
Así lo resolvió la Dirección de Bosques del Chaco, luego de realizar operativos que terminaron con el secuestro de topadoras en el Departamento Almirante Brown, donde con reincidencia se topó y se quemaron cientos de árboles de diferentes especies y de uso maderable, tratando de destinar esa superficie a la agricultura.
657 hectáreas desmontadas y quemadas, hicieron un total de 27.708.750 pesos de multas, divididos en dos, una por $ 10.500.468 y la otra por $ 17.208.281. A la par, se condenó a la empresa de capitales cordobeses, a reforestar una superficie de 620 hectáreas.
Desmontar sin autorización y quemar el producto forestal violando leyes vigentes le valió a una empresa privada que tiene predios en el Departamento Almirante Brown, multas que por 27.700.0000 pesos según confirmaron a NORTE RURAL autoridades de la Dirección de Bosques del Chaco.  
La cartera, que  depende de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio de Producción, Industria y Empleo, procedió ayer a informar la situación legal de los Expedientes por Infracción a régimen forestal, en las Parcelas 369 y 370, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown.
Concretamente se trata de desmontes sin permisos realizados en las Parcelas 369 y 370, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown, explicaron las autoridades presididas por Emanuel Carrocino.

La primera infracción
Respecto a la Parcela 369, se trata de una Propiedad Privada, cuyo titular es la empresa H Primo S.A., donde se habría realizado a partir de noviembre del 2019, un desmonte de unas 248,9 hectáreas, y posteriormente, durante el mes de septiembre del 2020, se habría producido la quema de los productos forestales abatidos por el desmonte. Para ello, estas infracciones se tramitan a través de dos expedientes:
En este sentido, se menciona el Expediente E5-2019-2006-E (el cual acumula el Expediente E5-2020-104-E), se tramita una infracción al Régimen Forestal (Art. 6º, Inc. B.1 de la Ley 2079-R) por el desmonte sin permiso de unas 248,9 hectáreas. Este expediente ya se encuentra en etapa de notificación de Infracción, interpuesta por la Disposición Nº 417/2020 de la Dirección de Bosques, que aplica una multa de pesos diez millones quinientos mil cuatrocientos sesenta y ocho C/75/100 ($ 10.500.468,75), como así también, se le aplica la sanción de resarcimiento con trabajos de reforestación y/o prácticas de reforestación por una superficie de 620 hectáreas.

En etapa de imputación de cargo
Informó la Dirección de Bosques que el Expediente Nº E5-2020-1030-E, que tramita una infracción al Régimen Forestal (Art. 4º Inc. E y Art. 6 Inc. B.8 de la Ley 2079-R), de 253 hectáreas afectadas por quema de productos forestales. Este expediente se encuentra en etapa de imputación de cargos.
La situación de la Parcela 370 es distinta, ya que se trataría de una tierra fiscal, adjudicada en venta a la señora Julieta Paola Primo a través de la Resolución Nº 650/2019 del Instituto de Colonización, ratificada por el Decreto 1385/2019. Se trataría de un desmonte de unas 407,9 hectáreas, a partir de finales de julio del 2020, y que posteriormente, en septiembre de 2020, se habría producido la quema de los productos forestales abatidos.

Dos expedientes
De la misma manera que la parcela anterior, estas dos infracciones se tramitan por separado, a través de dos expedientes:
•             A través del Expediente Nº E5-2020-673-E, se tramita una infracción al Régimen Forestal (Art. 6º, Inc. B.1 de la Ley 2079-R), de 407,9 hectáreas. Se encuentra en etapa de notificación de la Sanción correspondiente, establecida en la Disposición Nº 383/2020 de la Dirección de Bosques, que aplica una multa de Pesos Diecisiete Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos Ochenta y Uno C/25/100 ($ 17.208.281,25). Así también, se le aplica la sanción de resarcimiento con trabajos de reforestación y/o prácticas de reforestación por una superficie de 393,38 hectáreas, conforme Art. 9 Inc. e) y 21 Inc. g) de la Ley 2079-R y Art. 15 de la Ley 1762-R.

•             Y el Expediente E5-2020-1219-E, que tramita una infracción al Régimen Forestal (Art. 4º Inc. E y Art. 6 Inc. B.8 de la Ley 2079-R), de 412 hectáreas afectadas por Quema de Productos Forestales. Este expediente se encuentra en etapa de imputación de cargos.
•             También existe un pedido del Ministerio de Producción, Industria y Empleo, a través de la Actuación Simple Nº E5-2020-4552-A, donde se informa la situación de la Parcela 370 y se solicita la Des-adjudicación de la misma, por la infracción cometida. Este trámite se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente.

Trabajo Coordinado con la Justicia permitió detectar la infracción
SAENZ PEÑA (Agencia), También se informó, que ni bien se detectaron los cambios de cobertura boscosa, la Dirección de Bosques procedió a la denuncia correspondiente, solicitando orden de allanamiento en el Juzgado de Paz y Faltas de la localidad de Pampa del Infierno.
La primera orden de allanamiento se solicitó el día 05 de febrero del 2020, donde el Juzgado de Paz y Faltas de Pampa del Infierno, a través de la Resolución Nº 32/2020, otorga la misma, por un cambio de cobertura boscosa detectado a través del Informe Nº 001/2020 del Departamento de Geo-Información, en la Parcela 369, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En la misma, llevada a cabo por el Oficial de Justicia designado, se constató el cambio de cobertura, pero sin encontrar la topadora con la cual se ejecutó el desmonte ilegal.

El segundo allanamiento
La segunda orden de allanamiento, fue otorgada por la Justicia de Paz y Faltas de Pampa del Infierno el día 30 de julio del 2020, a través de las Resoluciones 95/2020 y 96/2020. El pedido se realizó por las Parcelas 369 y 370, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown.
En este procedimiento, se logró, a través del Oficial de Justicia, el secuestro de una Topadora Caterpillar D8, la cual fue depositada en las instalaciones de Vialidad Provincial de Presidencia Roque Sáenz Peña, el día 31 de julio del 2020.
Este operativo, además tuvo la cooperación de la Policía del Chaco y de Dirección de Vialidad Provincial.

Receso Administrativo
Recordemos, que debido a la situación de pandemia por la que se atravesó, en la Provincia del Chaco estuvieron suspendidos los plazos administrativos desde mediados de marzo del 2020 hasta mediados de agosto del 2020, lo cual genero un atraso en la tramitación de los expedientes antes mencionados.
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Casación revocó probation a Rocchia Ferro y ordenó enjuiciarlo

Fecha de Publicación: 07/11/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán

Por otra causa la Cámara Federal de Tucumán ratificó un procesamiento al dueño del ingenio La Florida por delitos ambientales.
La Cámara Federal de Casación revocó la probation otorgada al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y ordenó al Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero que realice el juicio oral y público en su contra por dos causas de contaminación de vieja data. Justamente, este proceso había sido suspendido por una probation otorgada a industrial, decisión a la que se opuso el Ministerio Público Fiscal que recurrió la resolución ante Casación.
Pero además, en el marco de los delitos de contaminación ambiental de la Cuenca del Río Salí-Dulce, el presidente de la Federación Empresarial de Tucumán y dueño de ingenios azucareros Jorge Rocchia Ferro fue procesado por la Cámara Federal de Tucumán, que ratificó la decisión en primera instancia del juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña.
Sobre la primera causa, este martes, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por la fiscal federal general Indiana Garzón, quien se había opuesto a la probation dada a Rocchia Ferro. El TOF local había hecho lugar a la suspensión del juicio a prueba en contra del industrial en una causa originada por el vuelco de millones de litros de vinaza del Ingenio y Destilería La Florida que llegaron a la localidad santiagueña El Palomar (Dpto. Jiménez) a fines de 2012 y principios de 2013, a través de un canal interprovincial que nace en el este de Tucumán. La probation fue solicitada por la defensa en esta causa, y también por una anterior que se instruyó en el fuero federal de Tucumán, por otro vuelco de vinaza y desobediencia judicial.
El TOF hizo lugar a la probation (que también benefició al gerente José Ramón Coronel) porque tuvo en cuenta lo expresado por las querellas que representan a los perjudicados por estos vuelcos. Rocchia Ferro se ofreció a reparar el daño, con una inversión de casi 30 millones de pesos distribuidos en distintos ítems como la mejora en la escuela de El Palomar, y también dar clases sobre producción sustentable en la provincia.
En su resolución, la Sala 3 de Casación, por unanimidad, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y decidió revocar la resolución recurrida y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen para la realización del juicio oral.
“La probation debió ser rechazada por ser peticionada extemporáneamente y por la oposición fiscal fundada (basada en la pena en expectativa, la pluralidad de conductas, el grave daño al medio ambiente, el carácter permanente del accionar delictivo y razones de política criminal)”, señaló el tribunal.
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Greenpeace denuncia maniobras para favorecer el desmonte en Salta

Fecha de Publicación: 05/11/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Salta

Una resolución provincial permite prescindir de las audiencias públicas y de evaluaciones de impacto ambiental.
La decisión del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de prescindir de la realización de audiencias públicas y de una evaluación de Impacto Ambiental para llevar adelante los desmontes abrió un foco de conflicto en la provincia con organizaciones ambientalistas, que remarcan que se trata de una de las principales causas de las inundaciones.
Se trata de resolución de la secretaría de Ambiente que realizó una serie de modificaciones en cuanto a los requerimientos para autorizar desmontes. Hasta el momento, se exigía la realización de audiencias públicas. Ahora, el único requisito es la consulta a comunidades criollas e indígenas. A raíz de la pandemia, se dictó en septiembre, la resolución 123/20 para realizar las audiencias utilizando medios digitales. Comunidades originarias y criollas carecen de las herramientas necesarias para participar, por lo que quedan excluidos de cualquier debate.
Por este motivo, Greenpeace envió una carta al gobernador Sáenz y a Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para manifestar su profunda preocupación por la nueva resolución. “Las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorios y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675”, explica la organización internacional en la carta dirigida a ambos funcionarios.
El desmonte es una de las principales causas de las inundaciones y afecta a comunidades cercanas a donde se desarrollan los proyectos agrarios. Existen claros precedentes de perjuicios ocasionados a comunidades, como lo ocurrido en Anta y Rivadavia en 2018. Más de 400 personas fueron evacuadas por inundaciones causadas por desmontes y quedaron en situación de calle, sin comida, ni techo.
Para Greenpeace, otro claro retroceso de las nuevas políticas provinciales es que deja de ser obligatoria la realización de la Evaluación del Impacto Ambiental para quienes presenten proyectos con modalidad silvopastoril y/o cualquier modalidad de ganadería integrada. El art 22 de la ley 26.331 exigía cinco condiciones para el otorgamiento de la autorización del desmonte mientras que la nueva resolución se reduce a un único: que sean menos de 1500 hectáreas de intervención. Incluso se convalidan todas las autorizaciones de desmontes realizadas con anterioridad a la resolución sin Evaluación de Impacto Ambiental.
Greenpeace advierte que “el monitoreo de deforestación realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera como pérdida de bosque nativo a aquellas áreas en donde se producen técnicas de desarbustado o desbajerado en un grado de intensidad elevado tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial y debido a que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven disminuidos, en gran medida, los servicios ambientales que brindan, de modo que resultan un desmonte diferido en el tiempo. Por ende, la mayoría de los sistemas silvopastoriles son desmontes y, como tales, deben realizarse únicamente en la Categoría III (verde) y previa audiencia pública”.
Durante la pandemia, las actividades ilegales de extracción del bosque se han incrementado exponencialmente. En la zona de Anta, los campos tomados se han vuelto una zona liberada para talar montes nativos y sacar cargas de carbón y postes de quebracho colorado, por caminos clandestinos, hacia Chaco y otras provincias.
"Existe una verdadera asociación ilícita para saquear los bosques nativos aprovechando la pandemia y existe el riesgo de que terminen por arrollar con todo el bosque, destrozando especies arbóreas de una riqueza inconmensurable, pues por cada día talan árboles que fueron formados después de cientos de años de trabajo de la naturaleza" , denunció Agropecuaria Andorrana, la empresa dueña de un extenso campo afectado en la zona.
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Avanza la causa contra el zoológico ilegal que funcionaba desde los ‘90 en Luján

Fecha de Publicación: 05/11/2020
Fuente: La Verdad de Junin
Provincia/Región: Buenos Aires

El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, se refirió a la situación del zoológico de Luján y celebró el hecho de que “pudimos quebrar más de 20 años de funcionamiento ilegal de un establecimiento que hacía de su principal atractivo algo ilegal: fomentaba el contacto entre las personas y animales llegando a cuestiones aberrantes como darle una mamadera a un tigre”.
En declaraciones a Bien de Radio por Radio Provincia, el funcionario destacó que desde que comenzó su gestión, “el ministro Cabandié fue enfático, en febrero clausuramos todas las jaulas donde se hacía ese contacto e intimamos al zoológico para que presentara un proyecto de reconversión y presentara el inventario de su fauna”.
Precisó que “el 2 de septiembre hicimos una clausura definitiva y somos querellantes en la causa y en un hecho muy valiente se promovió un allanamiento con la Policía Federal para constatar la veracidad de las denuncias, principalmente las que vinculan al zoológico con el tráfico de fauna”.

Animales
Admitió que “nunca supimos ni sabemos cuántos animales hay de cada especie, tampoco sabemos dónde están, porque hay versiones como que se prestaban, alquilaban o cedían animales para cacería enlatada, como por ejemplo poner al tigre en un coto de caza y alguien pagaba para cazarlo y se lleva la piel del animal como trofeo”.
Federovisky advirtió que “todavía los animales son responsabilidad de sus dueños porque es un zoológico privado” y agregó que por el momento “no hay cargos o imputaciones sobre los dueños del zoológico, nos presentamos como querellantes porque entendemos que sí, pero la justicia ha actuado con mucha celeridad y es la que debe expedirse”.
Concluyó que “la existencia de este zoológico “fue posible durante 25 años porque tuvo la connivencia con el poder político y la anuencia de la justicia porque hubo decenas de denuncias contra él”.El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, celebró que “pudimos quebrar más de 20 años de ilegalidad” en detrimento de la fauna.

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Conflicto con La Pampa: la Nación pondría $700 millones para que haya acuerdo por el agua del Atuel

Fecha de Publicación: 04/11/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa

Las tres partes en conversaciones, La Pampa, Mendoza y Nación, mantienen el silencio en torno de los términos. Trascendió que Fernández pondría 700 millones de pesos para obras.
En julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó el caudal mínimo del río Atuel que Mendoza debe dejar pasar a La Pampa y puso como plazo el 10 de diciembre para que las jurisdicciones acuerden cómo llegar a ese volumen. Aún no trascienden detalles de las obras y acciones que se implementarán; Mendoza, La Pampa y la Nación están negociando en secreto y ya tienen destinadas partidas de los Presupuestos 2021 para las obras.
El ministro de Infraestructura, Mario Isgró confirmó que la suma que debería poner Mendoza llega a los 300 millones de pesos. Por su parte, el Gobierno nacional ha comprometido en las sucesivas reuniones 700 millones de pesos para las obras en el río que mejoren el caudal. Y desde La Pampa, también aseguraron que la pauta de gastos para el año que viene también tiene una partida para las obras del río Atuel pero desde la vecina provincia no detallaron la cifra.
El hermetismo alrededor de las negociaciones es común a todas las jurisdicciones que no quieren generar malestar ni embarrar el diálogo con declaraciones en los medios. Hasta ahora se sabe que las dos provincias y Nación están trabajando, “acercando propuestas” y tienen que llegar a un acuerdo antes del 10 de diciembre. Según trascendidos, en muchos puntos Mendoza y la Nación coinciden, pero en otros la Nación se acerca a La Pampa.
Ante las consultas, desde Infraestructura aseguraron que “todavía no hay definiciones” y una respuesta similar dio el secretario de Recurso Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri. “Estamos debatiendo las acciones y obras que establece la Corte Suprema para lograr el caudal hídrico apto de 3.2m3/s para recomponer el ambiente en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, el Estatuto del nuevo organismo de cuenca y el Monitoreo ambiental de la integralidad de la cuenca”, dijo Lastiri.

Posibles acciones
Desde el principio, cada provincia llevó su propuesta de obras para solucionar el conflicto. En un momento, la Justicia llamó a la Nación a intervenir como responsable del tema y ahora, además de determinar el caudal, la Corte le indicó a las jurisdicciones que acuerden cómo monitorear el caudal del río para que se cumpla la recomposición del ambiente.
En una de las propuestas la Nación se comprometió a financiar hasta el 70% de las obras y el 30% le quedaba a Mendoza y La Pampa. Esos porcentajes se traducirían ahora, en 700 millones de pesos de la Nación y 300 millones de pesos de Mendoza.
Desde Irrigación, ya han alertado que la cuenca es deficitaria y que en los últimos 10 años el caudal tuvo el registro más bajo de los 150 años que se tiene registro. Entonces, para llegar al número que indicó la Corte sí o sí hay que aumentar la oferta. Una de las posibilidades que se maneja, es la propuesta inicial de 28 pozos en la cuenca del río para bombear agua al cauce y como última opción está la obra de trasvase de aguas del río Grande.
También hay que hacer obras para que el agua no se pierda por infiltración o transpiración. En los 160 kilómetros que hay desde Carmensa (General Alvear) -hasta donde llega el canal marginal del Atuel- hasta el límite con La Pampa se haría una batería de obras para mejorar el caudal como rectificar el cauce donde hay curvas o utilizar membranas para impermeabilizar donde hay pérdidas. Algunas obras ya están avanzadas en cuanto a estudios técnicos. Hay una sola premisa que Mendoza no está dispuesta a negociar: no le van a sacar agua a los productores.
Desde La Pampa, insistieron en que no se trata solo de obras sino que la Corte también habló de acciones. “Las acciones se refieren al manejo y distribución del agua desde los embalses donde se asignan los usos humano, riego, energía, recreativo y turístico y ahora deberá establecerse el uso ambiental para satisfacer los 3,2 m3/s para recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa en forma permanente y progresiva”, dijo Lastiri.

El fallo de la Corte que obliga a todas las partes
La Corte Suprema determinó el 15 de julio el caudal de agua del río Atuel que debe entregar Mendoza a La Pampa, en una causa que es la continuidad de un conflicto histórico entre las dos provincias y que se ha extendido durante décadas. En su momento, el fallo fue celebrado en Mendoza porque la cifra era similar a la que propuso la Provincia en 2018.
El dictamen fue votado de manera positiva por los ministros de la Corte Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (este último con voto concurrente), al llegar a la conclusión que los 3,2 m3/s “es el caudal recomendado por el Instituto Nacional del Agua (INA) como instrumento de posible cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano”.
El fallo también mencionó a la secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación para señalar que “se podría alcanzar el caudal una vez que se realizaran una serie de obras e inversiones con un plazo de desarrollo”.
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El Poder Ejecutivo envió al Congres el proyecto de ley de Educación Ambiental

Fecha de Publicación: 04/11/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional

Un proyecto de Ley de Educación Ambiental, que impulsa la conciencia ambiental en los niños, niñas y adolescentes desde las currículas escolares, fue enviado por el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación para su tratamiento, según informó hoy el Ministerio de Ambiente.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la implementación de la Educación Ambiental tiene como objetivo "promover la sostenibilidad y fomentar un nuevo paradigma de relación con la naturaleza", destacó la cartera y aseguró que se elaboró en forma conjunta con el Ministerio de Educación y las carteras ambientales provinciales.
"Es el momento de implementar una ley de educación ambiental que otorgue a los diversos sectores de la población herramientas, información y alternativas para el uso sostenible de los recursos naturales sin hipotecar el futuro", subrayó el presidente Alberto Fernñandez al finalizar la misiva en la que solicita al Congreso la aprobación de la norma.
El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, aseguró que "fue la sociedad la que nos demandó, a nivel institucional, poner en discusión un proyecto de ley", y afirmó que esto debía hacerse "con un carácter muy federal", por lo que "fue consensuado con las autoridades ambientales de todas las provincias".
"Hemos trabajado en esta dirección junto al ministro de Educación, Nicolás Trotta", agregó el funcionario.
También, indicó que, de aprobarse la ley, "va a modificar no solamente lo curricular sino que también va a generar ciudadanos críticos con conciencia ambiental" y eso "va a garantizar un piso de conciencia ciudadana altísima".
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La Justicia frena desmonte de la empresa Carba SA en tierras indígenas de Tekoa Ka’a Kupe

Fecha de Publicación: 31/10/2020
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones

El amparo se conoció este lunes y había sido solicitado por los representantes legales de la comunidad Mbya Guaraní. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia hizo lugar al pedido de amparo y ordenó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución Nº411/19, disponer el cese de la ejecución del Plan de Manejo Sostenible aprobado por la misma y con ello tala de bosques en el Lote 7- B, Colonia Seguin, Municipio Campo Grande, hasta tanto se resuelvan los recursos introducidos por la Comunidad Mbya Guaraní Tekoa Kaa Kupe en instancia administrativa
“La comunidad indígena, después de reclamar administrativamente frente al Ministerio de Ecología su decisión de no cortar más árboles de su territorio, lo hizo judicialmente y logró el amparo a su favor. Este pedido de amparo busca proteger el monte, que en el fondo es un bien para toda la provincia y la humanidad”, expresan desde EMIPA (Equipo Misionero de Pastoral Aborigen).
La Comunidad Mbya Tekoa Ka’a Kupe, solicitó el amparo “por la manifiestamente arbitraria e ilegal autorización y/o tolerancia a los inconstitucionales desmontes y talas indiscriminadas de bosques nativos situados el Departamento de Cainguás, Lote 7 B Colonia Seguin, Municipio de Campo Grande, que causan un gravísimo daño que afecta en forma directa e inmediata a los derechos de la Nación Guaraní. En tanto y a pesar de haberse opuesto formal recurso de reconsideración contra la Resolución que autorizó la tala Nº4121/2019 y sin que a la fecha haya sido resuelto el mismo, el desmonte se ha llevado adelante violando la suspensión que la interposición del recurso establece, afectando además los recursos de subsistencia, árboles nativos, plantas medicinales, lugares de caza, pesca y recolección de la comunidad, arroyos y nacientes de agua, sin ningún tipo de control ni prevención de daños.”
Frente a esta circunstancia, pidieron a la Justicia el cese inmediato y definitivo de los desmontes y talas de bosque nativo, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones administrativas otorgadas y que se prohíba a futuro nuevas autorizaciones para tala y desmonte, imponiendo a los demandados el deber de recomponer el ambiente y de resultar ello imposible, se fije una indemnización sustitutiva a favor de las Comunidades Indígenas afectadas, sin perjuicio de terceros.
Asimismo, peticionaron medida cautelar consistente en el cese provisional del desmonte y la tala de bosques nativos, durante el tiempo que dure el litigio. Posteriormente, ampliaron demanda reiterando pedido de medida cautelar.
Los autos caratulados “Expte. Nº40318/2020 Comunidad Mbya Guaraní Tekoa Kaa Kupe c/ Estado de la Provincia de Misiones y Otro/a s/Amparo” elevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº7, a fin de resolver el recurso de apelación introducido por la actora (fs. 473/485) contra la sentencia de fs. 469/472vta., recurso concedido a fs. 489 en relación y con efecto suspensivo.
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