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Juticia frena explotación agrícola en isla entrerriana
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Frenaron definitivamente explotación sojera y maicera en zona de islas protegida
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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Neuquén: quieren modificar ley de Bosques para más loteos
La nueva ley de Bosques habilitará loteos en nueve áreas de montaña de Neuquén
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Salta: audiencia por el basural de San Javier
Nueva audiencia por la contaminación en el vertedero San Javier
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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Mendoza: comunas rechazan actividad minera en sus zonas
Los jefes comunales también quieren zonificar la minería
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Media sanción en Santa Fe a cambio de ley de agroquímicos
Diputados aprobó otro cambio en la ley de agroquímicos de Santa Fe
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Jugada del gobierno a favor de Bayer-Monsanto
Semillas: caído el proyecto de ley, buscan reflotar una norma de 2006
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Neuquén: cambio en la ley de bosques que genera malestar
Gutiérrez apura en Legislatura un cambio en la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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Detenidos por fumigar ilegalmente, detenidos
Detienen al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y a un aplicador por fumigar a 90 metros de dos escuelas
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Es Ley la lucha contra el cambio climático
La Cámara de Diputados sancionó la Ley de lucha contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.
La norma, que fue aprobada sobre tablas y sin discusión, formaliza y da carácter de política de Estado al gabinete nacional de cambio climático, un organismo creado mediante el Decreto 891/2016.
En concreto, el gabinete funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de ministros y es coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
El cuerpo tiene la función de articular –entre las distintas áreas de gobierno– la implementación de un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. El Gabinete está integrado por los titulares de todos los ministerios, que representan la instancia política. El trabajo técnico, en tanto, se desarrolla a través de mesas temáticas y de puntos focales ministeriales.
Sus objetivos principales son tres: establecer estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático; promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero; y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante la problemática.
A su vez, la ley establece la convocatoria a un Consejo Asesor Externo integrado por especialistas en la materia, quienes “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la Ley". También establece la obligación de los organismos del Poder Ejecutivo de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley y establece su carácter público, y crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático.
El Consejo Asesor Externo deberá estar compuesto por científicos; representantes de organizaciones ambientales; comunidades indígenas, universidades; entidades académicas y empresariales; sindicatos; centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, las provincicas deberán adherir a los presupuestos mínimos establecidos por la Ley. Actualmente, la participación de las provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La normativa había obtenido la media sanción del Senado en julio pasado. Fue impulsada a por el senador Fernando “Pino” Solanas y la senadora de Cambiemos, Lucila Crexell. Su propuesta recibió el enfático respaldo de los los jóvenes representantes de la Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima, quienes desde principio de año militaron por la sanción de la normativa mediante reuniones con legisladores y marchas en las calles.
De hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la @AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible”, indicó.
En diálogo con Infobae, Stephanie Cabovianco, de Alianza por el Clima, destacó la sanción de la Ley:“Es un hito más en el impulso de la agenda socioambiental que los jóvenes de todo el país estamos logrando en conjunto. Celebramos el gran trabajo técnico detrás de su creación y especialmente el consenso entre los distintos espacios políticos para que sea posible. Los cambios radicales que pide la ciencia para lograr un mundo habitable requerirán de muchas instancias cómo estas a partir de ahora y en los próximos años”, indicó. La próxima convocatoria de la organización tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, frente al Congreso.
El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por la secretaría de Ambiente”.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".
Además, el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”
Gabriela Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto: “Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea central a partir del 10 de diciembre”.
Para Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en donde se necesita construir consensos democráticamente”.
Los puntos centrales de la norma:
- Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
- Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
- Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
- Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
- Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.
La norma, que fue aprobada sobre tablas y sin discusión, formaliza y da carácter de política de Estado al gabinete nacional de cambio climático, un organismo creado mediante el Decreto 891/2016.
En concreto, el gabinete funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de ministros y es coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
El cuerpo tiene la función de articular –entre las distintas áreas de gobierno– la implementación de un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. El Gabinete está integrado por los titulares de todos los ministerios, que representan la instancia política. El trabajo técnico, en tanto, se desarrolla a través de mesas temáticas y de puntos focales ministeriales.
Sus objetivos principales son tres: establecer estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático; promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero; y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante la problemática.
A su vez, la ley establece la convocatoria a un Consejo Asesor Externo integrado por especialistas en la materia, quienes “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la Ley". También establece la obligación de los organismos del Poder Ejecutivo de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley y establece su carácter público, y crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático.
El Consejo Asesor Externo deberá estar compuesto por científicos; representantes de organizaciones ambientales; comunidades indígenas, universidades; entidades académicas y empresariales; sindicatos; centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, las provincicas deberán adherir a los presupuestos mínimos establecidos por la Ley. Actualmente, la participación de las provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La normativa había obtenido la media sanción del Senado en julio pasado. Fue impulsada a por el senador Fernando “Pino” Solanas y la senadora de Cambiemos, Lucila Crexell. Su propuesta recibió el enfático respaldo de los los jóvenes representantes de la Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima, quienes desde principio de año militaron por la sanción de la normativa mediante reuniones con legisladores y marchas en las calles.
De hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la @AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible”, indicó.
En diálogo con Infobae, Stephanie Cabovianco, de Alianza por el Clima, destacó la sanción de la Ley:“Es un hito más en el impulso de la agenda socioambiental que los jóvenes de todo el país estamos logrando en conjunto. Celebramos el gran trabajo técnico detrás de su creación y especialmente el consenso entre los distintos espacios políticos para que sea posible. Los cambios radicales que pide la ciencia para lograr un mundo habitable requerirán de muchas instancias cómo estas a partir de ahora y en los próximos años”, indicó. La próxima convocatoria de la organización tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, frente al Congreso.
El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por la secretaría de Ambiente”.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".
Además, el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”
Gabriela Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto: “Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea central a partir del 10 de diciembre”.
Para Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en donde se necesita construir consensos democráticamente”.
Los puntos centrales de la norma:
- Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
- Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
- Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
- Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
- Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Lo que proponen para modificar la 7722 mendocina
Minería: la modificación de la ley 7.722 flexibiliza el uso de sustancias químicas
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En almuerzo por el 69 aniversario de la creación de Malargüe, circuló el proyecto en el que trabaja el oficialismo.
Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. “Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles”, dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más.
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En cambio el texto nuevo establece el concepto, de “mezclas o soluciones de sustancias químicas”.
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.
Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: “Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra”.
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
“La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722”, lanzó.
“Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería”, expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
“Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección”, comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.
Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para “solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma”, reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En almuerzo por el 69 aniversario de la creación de Malargüe, circuló el proyecto en el que trabaja el oficialismo.
Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. “Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles”, dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más.
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En cambio el texto nuevo establece el concepto, de “mezclas o soluciones de sustancias químicas”.
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.
Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: “Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra”.
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
“La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722”, lanzó.
“Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería”, expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
“Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección”, comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.
Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para “solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma”, reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
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Intentarán prohibir fumigaciones aéreas en Mendoza
Quieren prohibir la fumigación aérea con agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Mendoza: fuerte presión lobista para reformar la 7722
Ley 7722: revive un debate clave en el momento menos pensado
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Desmontes: señalan que se debería recomponer
“El bosque desmontado se debe recomponer”
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Así lo afirmó Martín Ferroni, de la ONG ambiental Kaapuera. El abogado sostuvo que la ley obliga a resarcir el daño ambiental. No alcanza con una compensación económica.
“Una de las cosas esenciales del Derecho Ambiental es la recomposición de los daños sufridos por el ambiente”. De esta manera, Martín Ferroni, abogado especializado en la temática y presidente de la Asociación Civil Kaapuera, ilustra el alcance de las normativas constituidas para asegurar la conservación de los bienes naturales.
“Esto quiere decir que si hubo un desmonte ese ambiente de flora y fauna, suelo, agua, aire, debe ser recuperado. La ley obliga a recomponer el bosque desmontado”, ilustró Ferroni.
“Lo mismo ocurre –continuó- si hablamos de un ambiente urbano o un servicio imprescindible como el agua”.
El daño ambiental está establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional y debe ser asumido por la autoridad competente, en el caso de Misiones, por el Ministerio de Ecología.
“Esta obligación de recomposición ante un daño ambiental significa que el sujeto obligado deberá generar las condiciones necesarias para que esos componentes puedan volver a tener esas relaciones complejas (inter – retro – relaciones) que fueron afectadas. Y esta obligación no puede ser sustituida por una compensación económica por el daño causado”, profundizó.
El derecho a un ambiente sano y equilibrado “es tanto un derecho como un deber”, señaló Ferroni, y “ejercerlo debiera ser una acción prioritaria para todos los ciudadanos, por cuanto hablamos de exigir que se cuiden los bienes que hacen que tengamos una buena calidad de vida, en todos los sentidos”, agregó.
Sobre los desmontes constatados por el Ministerio de Ecología, Martín Ferroni indicó que generalmente “la Institución hace referencia a la posible aplicación de una multa a los responsables, reconociendo que hubo una violación a una norma ambiental”.
“Entonces el hecho no es objeto de prueba en cuanto a la subjetividad o a la culpa, sino que el mero incumplimiento de una obligación ambiental, hace que la consecuencia sea considerada daño y por lo tanto se impone una recomposición del daño”.
Si ello no ocurre, señaló el abogado, “estaremos ante incumplimiento de los mandatos, una responsabilidad que recae en el máximo responsable del organismo público”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Así lo afirmó Martín Ferroni, de la ONG ambiental Kaapuera. El abogado sostuvo que la ley obliga a resarcir el daño ambiental. No alcanza con una compensación económica.
“Una de las cosas esenciales del Derecho Ambiental es la recomposición de los daños sufridos por el ambiente”. De esta manera, Martín Ferroni, abogado especializado en la temática y presidente de la Asociación Civil Kaapuera, ilustra el alcance de las normativas constituidas para asegurar la conservación de los bienes naturales.
“Esto quiere decir que si hubo un desmonte ese ambiente de flora y fauna, suelo, agua, aire, debe ser recuperado. La ley obliga a recomponer el bosque desmontado”, ilustró Ferroni.
“Lo mismo ocurre –continuó- si hablamos de un ambiente urbano o un servicio imprescindible como el agua”.
El daño ambiental está establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional y debe ser asumido por la autoridad competente, en el caso de Misiones, por el Ministerio de Ecología.
“Esta obligación de recomposición ante un daño ambiental significa que el sujeto obligado deberá generar las condiciones necesarias para que esos componentes puedan volver a tener esas relaciones complejas (inter – retro – relaciones) que fueron afectadas. Y esta obligación no puede ser sustituida por una compensación económica por el daño causado”, profundizó.
El derecho a un ambiente sano y equilibrado “es tanto un derecho como un deber”, señaló Ferroni, y “ejercerlo debiera ser una acción prioritaria para todos los ciudadanos, por cuanto hablamos de exigir que se cuiden los bienes que hacen que tengamos una buena calidad de vida, en todos los sentidos”, agregó.
Sobre los desmontes constatados por el Ministerio de Ecología, Martín Ferroni indicó que generalmente “la Institución hace referencia a la posible aplicación de una multa a los responsables, reconociendo que hubo una violación a una norma ambiental”.
“Entonces el hecho no es objeto de prueba en cuanto a la subjetividad o a la culpa, sino que el mero incumplimiento de una obligación ambiental, hace que la consecuencia sea considerada daño y por lo tanto se impone una recomposición del daño”.
Si ello no ocurre, señaló el abogado, “estaremos ante incumplimiento de los mandatos, una responsabilidad que recae en el máximo responsable del organismo público”, finalizó.
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Amparo colectivo para descontaminación de asbesto
Presentan un recurso de amparo para pedir una política de descontaminación de asbesto
Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Se trata de un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto del Lenguas Vivas y el Hospital Durand.
El Observatorio de Derecho de la Ciudad, junto con la comunidad educativa del Instituto del Lenguas Vivas y trabajadores del Hospital Durand, interpusieron un recurso de amparo colectivo para solicitar al gobierno porteño que elabore una política pública de descontaminación de asbesto en los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
"Solicitamos a la justicia que ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crear una política pública de descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos porteños e implemente un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto", indicó hoy un comunicado de la asociación civil Observatorio de Derecho de la Ciudad.
El amparo fue interpuesto ayer ante la justicia porteña, cuya causa fue caratulada como "Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo - Ambiental" y se encuentra radicada en el juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 14, a cargo del Juez Fastman.
A su vez, recordó que "en el año 2011 el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, compró coches del Subte con asbesto y los trabajadores se enteraron de su presencia en febrero de 2018 en base de noticias de casos españoles, además de que once trabajadores se enfermaron producto de trabajar en un ambiente con este tóxico".
Asimismo, el reclamo colectivo recordó que el gobierno porteño "removió otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa, lo que generó severos conflictos".
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Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Se trata de un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto del Lenguas Vivas y el Hospital Durand.
El Observatorio de Derecho de la Ciudad, junto con la comunidad educativa del Instituto del Lenguas Vivas y trabajadores del Hospital Durand, interpusieron un recurso de amparo colectivo para solicitar al gobierno porteño que elabore una política pública de descontaminación de asbesto en los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
"Solicitamos a la justicia que ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crear una política pública de descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos porteños e implemente un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto", indicó hoy un comunicado de la asociación civil Observatorio de Derecho de la Ciudad.
El amparo fue interpuesto ayer ante la justicia porteña, cuya causa fue caratulada como "Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo - Ambiental" y se encuentra radicada en el juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 14, a cargo del Juez Fastman.
A su vez, recordó que "en el año 2011 el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, compró coches del Subte con asbesto y los trabajadores se enteraron de su presencia en febrero de 2018 en base de noticias de casos españoles, además de que once trabajadores se enfermaron producto de trabajar en un ambiente con este tóxico".
Asimismo, el reclamo colectivo recordó que el gobierno porteño "removió otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa, lo que generó severos conflictos".
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La importación de residuos reglamentada
El Gobierno aprobó el procedimiento para importar residuos peligrosos
Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
Una resolución conjunta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ministerio de Producción determinó los términos del ingreso de basura al país que Macri decretó en agosto.
El Gobierno modificó en agosto, a partir del Decreto N° 591/2019, la ley de Residuos Peligrosos que permitió ingresar al país materiales sin certificado de inocuidad. Ahora la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Producción y trabajo aprobaron el procedimiento para realizar la importación de residuos.
A través de la Resolución Conjunta N° 3/2019 se determinó la importación de aquellas sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos.
En el artículo 3 se detallan los insumos conforme al decreto firmado por el Ejecutivo. Se trata de chatarra ferrosa, chatarra no ferrosa, rezagos de papel y cartón, vidrio roto, casco, cascote y rezagos plásticos.
El decreto firmado por el Presidente en agosto modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de "sustancias y objetos", procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.
La norma generó una gran polémica en el país: especialistas advirtieron sobre el riesgo potencial de que ingresen residuos peligrosos y señalaron que el Gobierno decidió traer de afuera lo que acá no se trata en vez de invertir en infraestructura de reciclado.
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Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
Una resolución conjunta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ministerio de Producción determinó los términos del ingreso de basura al país que Macri decretó en agosto.
El Gobierno modificó en agosto, a partir del Decreto N° 591/2019, la ley de Residuos Peligrosos que permitió ingresar al país materiales sin certificado de inocuidad. Ahora la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Producción y trabajo aprobaron el procedimiento para realizar la importación de residuos.
A través de la Resolución Conjunta N° 3/2019 se determinó la importación de aquellas sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos.
En el artículo 3 se detallan los insumos conforme al decreto firmado por el Ejecutivo. Se trata de chatarra ferrosa, chatarra no ferrosa, rezagos de papel y cartón, vidrio roto, casco, cascote y rezagos plásticos.
El decreto firmado por el Presidente en agosto modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de "sustancias y objetos", procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.
La norma generó una gran polémica en el país: especialistas advirtieron sobre el riesgo potencial de que ingresen residuos peligrosos y señalaron que el Gobierno decidió traer de afuera lo que acá no se trata en vez de invertir en infraestructura de reciclado.
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Avanza la ley nacional contra el cambio climático
La ley que busca luchar contra el cambio climático avanza en Diputados
Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, podría ser debatido en el recinto de la Cámara baja el 20 de noviembre
Con el despacho de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, avanza el tratamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático en la Argentina. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado desde hace cinco meses, podría ser debatido en el recinto el 20 de noviembre.
La iniciativa busca establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el comportamiento humano y de los ecosistemas. Asimismo, se pretende asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.
El gran impulso que tuvo la iniciativa fue la activa participación de los grupos de jóvenes que reclaman más acción climática. Fueron los que, luego de recorrer despachos, consiguieron que el Senado diera media sanción a la norma en julio pasado.
El proyecto propone crear un gabinete nacional de cambio climático, que será presidido por el jefe de Gabinete de ministros. Su función será articular –entre las distintas áreas de gobierno– este proyecto mediante la implementación de un “plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático”. El Gabinete estará integrado por los titulares de todos los ministerios y, a su vez, deberá convocar a un consejo asesor externo, integrado por especialistas en la materia, que “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la ley".
“Se despacharon dos proyectos, el que venía del Senado de presupuesto mínimos y despachar la emergencia climática. Finalmente se lograron las dos cosas con una discusión ardua. Estamos trabajando bien y se está armando un grupo de trabajo con diputados, científicos, recuperadores urbanos y los jóvenes y poniendo fichas para que el próximo gobierno tome este tema como transversal”, explicó a Infobae Gabriela Cerruti (Frente de Todos), diputada, autora del proyecto emergencia y miembro de la comisión.
Para Juan Carlos Villalonga, diputado de Cambiemos, ambos proyectos colisionan porque se generan ámbitos similares: “Si lo que queremos es tener una ley marco de cambio climático tenemos una bastante buena que viene del Senado con total unanimidad. El resultado de que haya dos proyectos que colisionan es que nos quedemos sin norma”.
"La crisis climática es un tema de derechos humanos y justicia social. Desde el bloque del Frente de Todos se le dio acompañamiento a la iniciativa pero con críticas sobre la inexistencia de fondos destinados a las provincias para su implementación. Después de un arduo debate, las organizaciones socioambientales (Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima) intervinieron categóricamente para pedir que se anulen las diferencias que implicaban modificar el proyecto actual, alargando su tratamiento e impidiendo tener una ley nacional de cambio climático en 2019. Se concretó un acuerdo después de dos horas de discusión para impulsar el proyecto con el compromiso de todos los bloques para aprobarlo este año”, indicaron mediante un comunicado los jóvenes que estuvieron presentes allí.
Las ONG ambientalistas celebraron el avance: “Esto marca el rumbo hacia el Acuerdo de París, que si bien es voluntario es exigible a nivel nacional. Tener una ley es una señal, hoy los planes que emanan del Poder Ejecutivo no tienen una normativa de instrumentación. Esto marca un camino de institucionalización de la lucha contra el cambio climático. La normativa tiene muchos instrumentos de participación y discusión, como elemento central. Además es de presupuestos mínimos, lo que da una diferencial porque obliga a las jurisdicciones a actuar en consecuencia. Y quiero agregar que esto es posible gracias al movimiento que generan los jóvenes por el clima y que han logrado que el Congreso se ponga a trabajar en el tema”, indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, fue categórico: “Es muy importante lograr este año la sanción definitiva de la ley de cambio climático, necesitamos institucionalizar la problemática del cambio climático y convertirla en una cuestión de Estado”.
Algunos puntos a destacar del proyecto:
* Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante un decreto.
* Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
* Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley.
* Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
* Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, podría ser debatido en el recinto de la Cámara baja el 20 de noviembre
Con el despacho de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, avanza el tratamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático en la Argentina. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado desde hace cinco meses, podría ser debatido en el recinto el 20 de noviembre.
La iniciativa busca establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el comportamiento humano y de los ecosistemas. Asimismo, se pretende asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.
El gran impulso que tuvo la iniciativa fue la activa participación de los grupos de jóvenes que reclaman más acción climática. Fueron los que, luego de recorrer despachos, consiguieron que el Senado diera media sanción a la norma en julio pasado.
El proyecto propone crear un gabinete nacional de cambio climático, que será presidido por el jefe de Gabinete de ministros. Su función será articular –entre las distintas áreas de gobierno– este proyecto mediante la implementación de un “plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático”. El Gabinete estará integrado por los titulares de todos los ministerios y, a su vez, deberá convocar a un consejo asesor externo, integrado por especialistas en la materia, que “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la ley".
“Se despacharon dos proyectos, el que venía del Senado de presupuesto mínimos y despachar la emergencia climática. Finalmente se lograron las dos cosas con una discusión ardua. Estamos trabajando bien y se está armando un grupo de trabajo con diputados, científicos, recuperadores urbanos y los jóvenes y poniendo fichas para que el próximo gobierno tome este tema como transversal”, explicó a Infobae Gabriela Cerruti (Frente de Todos), diputada, autora del proyecto emergencia y miembro de la comisión.
Para Juan Carlos Villalonga, diputado de Cambiemos, ambos proyectos colisionan porque se generan ámbitos similares: “Si lo que queremos es tener una ley marco de cambio climático tenemos una bastante buena que viene del Senado con total unanimidad. El resultado de que haya dos proyectos que colisionan es que nos quedemos sin norma”.
"La crisis climática es un tema de derechos humanos y justicia social. Desde el bloque del Frente de Todos se le dio acompañamiento a la iniciativa pero con críticas sobre la inexistencia de fondos destinados a las provincias para su implementación. Después de un arduo debate, las organizaciones socioambientales (Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima) intervinieron categóricamente para pedir que se anulen las diferencias que implicaban modificar el proyecto actual, alargando su tratamiento e impidiendo tener una ley nacional de cambio climático en 2019. Se concretó un acuerdo después de dos horas de discusión para impulsar el proyecto con el compromiso de todos los bloques para aprobarlo este año”, indicaron mediante un comunicado los jóvenes que estuvieron presentes allí.
Las ONG ambientalistas celebraron el avance: “Esto marca el rumbo hacia el Acuerdo de París, que si bien es voluntario es exigible a nivel nacional. Tener una ley es una señal, hoy los planes que emanan del Poder Ejecutivo no tienen una normativa de instrumentación. Esto marca un camino de institucionalización de la lucha contra el cambio climático. La normativa tiene muchos instrumentos de participación y discusión, como elemento central. Además es de presupuestos mínimos, lo que da una diferencial porque obliga a las jurisdicciones a actuar en consecuencia. Y quiero agregar que esto es posible gracias al movimiento que generan los jóvenes por el clima y que han logrado que el Congreso se ponga a trabajar en el tema”, indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, fue categórico: “Es muy importante lograr este año la sanción definitiva de la ley de cambio climático, necesitamos institucionalizar la problemática del cambio climático y convertirla en una cuestión de Estado”.
Algunos puntos a destacar del proyecto:
* Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante un decreto.
* Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
* Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley.
* Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
* Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Impulsarán la modificación de la Ley 7722 mendocina
La minería y un posible cambio de era en Mendoza
Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Rodolfo Suarez impulsará la modificación de la Ley 7722 que desde hace más de una década impuso restricciones muy fuertes a la actividad en la provincia. Las conversaciones ya comenzaron en la Legislatura y se espera una resistencia fuerte de diputados y senadores del Valle de Uco. Potasio Río Colorado es el otro puntal: el futuro gobierno buscó en China quien invierta U$S 1.500 millones, necesarios para reabrir un proyecto que mueve la aguja de la economía.
Más de una década debió pasar para que en Mendoza se vuelva a plantear, en esta oportunidad como salida a la crisis económica, la alternativa de desarrollar la minería a gran escala.
Luego de un largo tiempo de imperio de la ley 7722 (que estableció en 2007 restricciones fuertes para el desarrollo de la actividad en la provincia) un cambio de era aparentemente se aproxima impulsado por Rodolfo Suarez.
En su etapa de candidato, el gobernador electo mostró su plan para apostar, en el mediano y largo plazo, a dos ideas fuertes para diversificar la economía: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería y usarlos de motores para generar trabajo y riqueza.
En la cabeza de Suarez ronda la idea de terminar generando un círculo virtuoso que consiste en aprovechar los recursos que generarán las dos actividades para destinarlos, entre otras iniciativas, a obras de infraestructura que mejoren la gestión del agua.
Algo de este plan ya se comenzó a gestar estos últimos días en China, como parte de la gira que el gobierno de Mendoza encaró nuevamente por ese país y en la que, ademas de Suarez, participó también el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner.
Una de los asuntos que en ese país se manejaron, fue la reactivación de lo que en su momento fue Potasio Río Colorado. El proyecto quedó trunco en 2013 por la salida de los propios inversores brasileros de Vale, quienes habían dejado intacta una inversión de más de U$S 2.000 millones en infraestructura para la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento situado a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.
Desde hace meses, la administración de Alfredo Cornejo viene negociando la salida de los brasileros a través de un acuerdo que abarca la alternativa del retiro de los privados para que el Estado se haga cargo de la mina.
Esa negociación está en una etapa de auditoría y en un plazo de 90 días (que ya están corriendo) se podría terminar firmando un contrato para el traspaso de las acciones por parte de los privados a la provincia.
Cuando Vale se fue hace seis años, el impacto negativo fue fenomenal en la economía mendocina. La caída del proyecto movió fuerte la aguja y tuvo, entre otros, un efecto en los índices de empleo mendocino.
Según un estudio de la consultora mendocina Ideal, en aquel momento, la provincia precisó al menos un año para crear la cantidad de puestos de trabajo directos (unos 4.500) que estaban relacionados con Vale y de dos años y medio para cubrir el empleo indirecto (unos 6.500 empleos), que dependían de la firma que terminó resignando inversiones aquí y que luego terminó involucrada en el escándalo del Lavajato en su país.
Con mucho sigilo, Kerchner viene tejiendo con inversores chinos la reactivación de la mina y Mendoza ya tiene firmado con uno de ellos un acuerdo que quedó sujeto a la confidencialidad de las partes.
En este punto, hay un interesado visible que es el Instituto de Investigación en Minería de Potasio de Shangai (Shanghai Potash), aunque se menciona que existirían al menos dos posibles inversores más a nivel internacional.
Los chinos tienen la mirada sobre el yacimiento de minerales malargüino (utilizados como fertilizante) porque su propia producción no les alcanza para cubrir la demanda.
En China se consumen en la actualidad 17 millones de toneladas de sales de potasio, pero ese país alcanza a producir 10 millones de toneladas y el resto lo importa. El proyecto original de los brasileros de Vale fue producir en Mendoza 4 millones de toneladas, después se achicó a 1 millón de toneladas y ahora lo que se está analizando es establecer una planta piloto para producir 200.000 toneladas.
El problema no es solo la inversión requerida, que ronda los U$S1.500 millones. Sino que dese hace varios años (y en la actualidad) las sales de potasio han depreciado su valor y ya no es un negocio apetecible como sí lo era hace una década.
Lo que le resta al próximo gobierno en este sentido, es avanzar con el proyecto para que, en caso de que las sales recuperen su valor, estar listos para comenzar la explotación.
Pero más allá de lo que suceda en Malargüe con las sales de potasio, el cambio de época se dará si Suarez consigue avanzar con lo que ya anticipó en la campaña: modificar la ley 7722.
En este punto, el gobernador que viene tiene una postura que no dista mucho del que se va. Pero con una diferencia: Cornejo no quiso abrir el debate pendiente de la conflictividad social que el tema despierta, fundamentalmente, en el Valle de Uco.
Para él discutir esa ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en en 2017, siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.
Cuando un intento por cambiar la norma avanzó el año pasado, Cornejo solo la dejó correr. Pero nunca terminó de respaldarlo del todo.
Aquella iniciativa fue del senador kirchnerista Alejandro Abraham, aunque también ya existía otra presentada por el exintendente de Malargüe, Juan Agulles, quien desde hace años viene insistiendo con la misma modificación.
Lo que se pretende discutir son dos cambios clave. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro aspecto es el que más controversia generó. Si bien se mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "y otras sustancias similares", lo que amplía el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
Algo hay que mencionar en ese proceso discusión. Está claro que las modificaciones no prosperaron, pero es cierto también que tampoco antes el debate legislativo por este tema había avanzado tan lejos.
Algunas conversaciones en los pasillos legislativos ya han comenzado entre el oficialismo y la oposición para intentar avanzar, por caso, en la unificación de los dos proyectos ya presentados para eventualmente comenzar a discutirlos en comisiones.
Pero no será sencillo. Por un lado, representantes de sectores vinculados al cuidado del ambiente ya comenzaron a alzar su voz en contra de los cambios a la ley. Uno de ellos fue Eduardo Sosa, de la organización ecologista OIKOS y exsecretario de Ambiente, quien alertó a través de una nota de opinión publicada el miércoles que no respaldará modificaciones a la 7722 porque, según dijo, “la ley sirve, solo hay que aplicarla”.
La reacción del ambientalista fue el correlato de la aprobación, el martes, del proyecto de Hierro Indio en el Senado. Allí, se tomó nota de otra realidad: la senadora tunuyanina del PJ, Patricia Fadel, junto a otros tres legisladores del PJ, se abstuvieron de votar en favor del nuevo proyecto minero. El Valle de Uco aportará más resistencia al debate seguramente. Con el recambio que llegará en diciembre, ingresará a Diputados Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos y principal impulsor de la 7722 cuando se sancionó hace doce años.
El nivel de las protestas que habitualmente surgen desde esa zona de la provincia por este tema fue muy acotado el año pasado, sin embargo. Y, salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, prácticamente todas las audiencias legislativas transcurrieron con relativa normalidad.
En definitiva: por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema y cada uno escuchó lo que el otro tenía para decir. Ese es el clima que apunta a instalar nuevamente Suarez.
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Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Rodolfo Suarez impulsará la modificación de la Ley 7722 que desde hace más de una década impuso restricciones muy fuertes a la actividad en la provincia. Las conversaciones ya comenzaron en la Legislatura y se espera una resistencia fuerte de diputados y senadores del Valle de Uco. Potasio Río Colorado es el otro puntal: el futuro gobierno buscó en China quien invierta U$S 1.500 millones, necesarios para reabrir un proyecto que mueve la aguja de la economía.
Más de una década debió pasar para que en Mendoza se vuelva a plantear, en esta oportunidad como salida a la crisis económica, la alternativa de desarrollar la minería a gran escala.
Luego de un largo tiempo de imperio de la ley 7722 (que estableció en 2007 restricciones fuertes para el desarrollo de la actividad en la provincia) un cambio de era aparentemente se aproxima impulsado por Rodolfo Suarez.
En su etapa de candidato, el gobernador electo mostró su plan para apostar, en el mediano y largo plazo, a dos ideas fuertes para diversificar la economía: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería y usarlos de motores para generar trabajo y riqueza.
En la cabeza de Suarez ronda la idea de terminar generando un círculo virtuoso que consiste en aprovechar los recursos que generarán las dos actividades para destinarlos, entre otras iniciativas, a obras de infraestructura que mejoren la gestión del agua.
Algo de este plan ya se comenzó a gestar estos últimos días en China, como parte de la gira que el gobierno de Mendoza encaró nuevamente por ese país y en la que, ademas de Suarez, participó también el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner.
Una de los asuntos que en ese país se manejaron, fue la reactivación de lo que en su momento fue Potasio Río Colorado. El proyecto quedó trunco en 2013 por la salida de los propios inversores brasileros de Vale, quienes habían dejado intacta una inversión de más de U$S 2.000 millones en infraestructura para la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento situado a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.
Desde hace meses, la administración de Alfredo Cornejo viene negociando la salida de los brasileros a través de un acuerdo que abarca la alternativa del retiro de los privados para que el Estado se haga cargo de la mina.
Esa negociación está en una etapa de auditoría y en un plazo de 90 días (que ya están corriendo) se podría terminar firmando un contrato para el traspaso de las acciones por parte de los privados a la provincia.
Cuando Vale se fue hace seis años, el impacto negativo fue fenomenal en la economía mendocina. La caída del proyecto movió fuerte la aguja y tuvo, entre otros, un efecto en los índices de empleo mendocino.
Según un estudio de la consultora mendocina Ideal, en aquel momento, la provincia precisó al menos un año para crear la cantidad de puestos de trabajo directos (unos 4.500) que estaban relacionados con Vale y de dos años y medio para cubrir el empleo indirecto (unos 6.500 empleos), que dependían de la firma que terminó resignando inversiones aquí y que luego terminó involucrada en el escándalo del Lavajato en su país.
Con mucho sigilo, Kerchner viene tejiendo con inversores chinos la reactivación de la mina y Mendoza ya tiene firmado con uno de ellos un acuerdo que quedó sujeto a la confidencialidad de las partes.
En este punto, hay un interesado visible que es el Instituto de Investigación en Minería de Potasio de Shangai (Shanghai Potash), aunque se menciona que existirían al menos dos posibles inversores más a nivel internacional.
Los chinos tienen la mirada sobre el yacimiento de minerales malargüino (utilizados como fertilizante) porque su propia producción no les alcanza para cubrir la demanda.
En China se consumen en la actualidad 17 millones de toneladas de sales de potasio, pero ese país alcanza a producir 10 millones de toneladas y el resto lo importa. El proyecto original de los brasileros de Vale fue producir en Mendoza 4 millones de toneladas, después se achicó a 1 millón de toneladas y ahora lo que se está analizando es establecer una planta piloto para producir 200.000 toneladas.
El problema no es solo la inversión requerida, que ronda los U$S1.500 millones. Sino que dese hace varios años (y en la actualidad) las sales de potasio han depreciado su valor y ya no es un negocio apetecible como sí lo era hace una década.
Lo que le resta al próximo gobierno en este sentido, es avanzar con el proyecto para que, en caso de que las sales recuperen su valor, estar listos para comenzar la explotación.
Pero más allá de lo que suceda en Malargüe con las sales de potasio, el cambio de época se dará si Suarez consigue avanzar con lo que ya anticipó en la campaña: modificar la ley 7722.
En este punto, el gobernador que viene tiene una postura que no dista mucho del que se va. Pero con una diferencia: Cornejo no quiso abrir el debate pendiente de la conflictividad social que el tema despierta, fundamentalmente, en el Valle de Uco.
Para él discutir esa ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en en 2017, siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.
Cuando un intento por cambiar la norma avanzó el año pasado, Cornejo solo la dejó correr. Pero nunca terminó de respaldarlo del todo.
Aquella iniciativa fue del senador kirchnerista Alejandro Abraham, aunque también ya existía otra presentada por el exintendente de Malargüe, Juan Agulles, quien desde hace años viene insistiendo con la misma modificación.
Lo que se pretende discutir son dos cambios clave. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro aspecto es el que más controversia generó. Si bien se mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "y otras sustancias similares", lo que amplía el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
Algo hay que mencionar en ese proceso discusión. Está claro que las modificaciones no prosperaron, pero es cierto también que tampoco antes el debate legislativo por este tema había avanzado tan lejos.
Algunas conversaciones en los pasillos legislativos ya han comenzado entre el oficialismo y la oposición para intentar avanzar, por caso, en la unificación de los dos proyectos ya presentados para eventualmente comenzar a discutirlos en comisiones.
Pero no será sencillo. Por un lado, representantes de sectores vinculados al cuidado del ambiente ya comenzaron a alzar su voz en contra de los cambios a la ley. Uno de ellos fue Eduardo Sosa, de la organización ecologista OIKOS y exsecretario de Ambiente, quien alertó a través de una nota de opinión publicada el miércoles que no respaldará modificaciones a la 7722 porque, según dijo, “la ley sirve, solo hay que aplicarla”.
La reacción del ambientalista fue el correlato de la aprobación, el martes, del proyecto de Hierro Indio en el Senado. Allí, se tomó nota de otra realidad: la senadora tunuyanina del PJ, Patricia Fadel, junto a otros tres legisladores del PJ, se abstuvieron de votar en favor del nuevo proyecto minero. El Valle de Uco aportará más resistencia al debate seguramente. Con el recambio que llegará en diciembre, ingresará a Diputados Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos y principal impulsor de la 7722 cuando se sancionó hace doce años.
El nivel de las protestas que habitualmente surgen desde esa zona de la provincia por este tema fue muy acotado el año pasado, sin embargo. Y, salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, prácticamente todas las audiencias legislativas transcurrieron con relativa normalidad.
En definitiva: por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema y cada uno escuchó lo que el otro tenía para decir. Ese es el clima que apunta a instalar nuevamente Suarez.
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