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Misiones: procedimiento por deforestación
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Ecología ayer decomisó madera nativa y maquinarias
Fecha de Publicación: 16/10/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Tras dos meses de investigación, el Ministerio de Ecología y fuerzas de seguridad procedieron ayer al secuestro de un camión, una máquina de carga y madera nativa de distintas especies en estado de rollos.
Este operativo se concretó, según se informó, luego de la recepción de una denuncia por parte del propietario del Lote 107 del municipio de Santo Pipo, sobre robo de madera nativa existente en su lote. Entonces, un equipo de la Dirección de Control Forestal del Ministerio de Ecología, montó un operativo de observación y monitoreo en cercanías de la propiedad del denunciante por el periodo de casi dos meses.
Fue así que luego de constatar la denuncia, el equipo de control forestal puso en marcha el operativo para dar con los responsables del hurto de madera, con apoyo del Escuadrón 11 de Gendarmería Nacional San Ignacio e integrantes de la Policía de Misiones.
Tras verificar la presencia de dos personas, un camión y un equipo para carga y arrastre de material forestal, se procedió a labrar las actas y el secuestro de las máquinas y madera nativa de distintas especies en estado de rollos, que arrojó un total de 52, 92 metros cúbicos.
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Fecha de Publicación: 16/10/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Tras dos meses de investigación, el Ministerio de Ecología y fuerzas de seguridad procedieron ayer al secuestro de un camión, una máquina de carga y madera nativa de distintas especies en estado de rollos.
Este operativo se concretó, según se informó, luego de la recepción de una denuncia por parte del propietario del Lote 107 del municipio de Santo Pipo, sobre robo de madera nativa existente en su lote. Entonces, un equipo de la Dirección de Control Forestal del Ministerio de Ecología, montó un operativo de observación y monitoreo en cercanías de la propiedad del denunciante por el periodo de casi dos meses.
Fue así que luego de constatar la denuncia, el equipo de control forestal puso en marcha el operativo para dar con los responsables del hurto de madera, con apoyo del Escuadrón 11 de Gendarmería Nacional San Ignacio e integrantes de la Policía de Misiones.
Tras verificar la presencia de dos personas, un camión y un equipo para carga y arrastre de material forestal, se procedió a labrar las actas y el secuestro de las máquinas y madera nativa de distintas especies en estado de rollos, que arrojó un total de 52, 92 metros cúbicos.
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bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Misiones
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Justicia dejó firme procesamiento de empresario contaminador
Confirmaron el procesamiento de Rocchia Ferro por contaminación
Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal determinó que el empresario azucarero enfrente el juicio sin prisión preventiva. La causa comenzó en 2006, a raíz de los informes ambientales sobre los desechos que arrojaba el ingenio La Florida.
La Justicia Federal dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Jorge Alberto Rocchia Ferro, dueño de la Compañía Azucarera Los Balcanes, por contaminación ambiental. La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Carlos Alfredo Brito, solicitó que se lo investigue al entender que el Ingenio La Florida contaminaba de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Rocchia Ferro ante la sospecha de que el Ingenio La Florida generó un daño ambiental grave. Desde la web oficial Fiscales.gob.ar indicaron que el empresario, que actualmente se desempeña como presidente de la Unión Industrial de Tucumán, enfrenta varias causas por delitos ambientales.
La causa referida se inició en 2006, a raíz de una investigación preliminar del titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, Antonio Gustavo Gómez. Si bien el imputado fue sobreseído, Casación revocó tal fallo y envió el caso nuevamente a instrucción para que continúe la pesquisa.
Si bien la defensa de Rocchia Ferro alegó que los residuos vertidos no son peligrosos, los camaristas no hicieron lugar al recurso de los abogados y confirmaron el procesamiento. "La contaminación particular impide disponer de uno de los factores determinantes de la salud: el medio ambiente sano", indicaron los jueces entre sus argumentos. Asimismo, de uno de los informes de especialistas en la materia que tuvo en cuenta la Justicia para confirmar el procesamiento se desprende: "La firma Compañía Azucarera Los Balcanes -Ingenio La Florida cumple con los requerimientos típicos del art. 55 de la Ley de fondo, al haber presuntamente lesionado los bienes jurídicos medio ambiente y salud pública, al poner en peligro a esta última mediante la contaminación del medio ambiente por el uso de residuos nocivos".
La zafra 2006, puntapié para la investigación
Gómez comenzó a investigar a La Florida a raíz de un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán sobre la zafra que estaba en curso en agosto de 2006. Personal de Gendarmería reunió muestras del canal de descarga de efluentes del ingenio, tomó declaraciones en el CAPS y de vecinos de la zona, que señalaron que de la planta salían"olores fuertes del canal de desagüe, cenizas y el hollín de las calderas".
Tras evaluar el material, la Dirección de Policía Científica de Química Ambiental consideró que esos desechos no podían ser liberados sin un previo tratamiento, ya que presentaban "niveles elevados de partículas en suspensión al medio ambiente, fuoreno, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, entre otros".
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Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal determinó que el empresario azucarero enfrente el juicio sin prisión preventiva. La causa comenzó en 2006, a raíz de los informes ambientales sobre los desechos que arrojaba el ingenio La Florida.
La Justicia Federal dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Jorge Alberto Rocchia Ferro, dueño de la Compañía Azucarera Los Balcanes, por contaminación ambiental. La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Carlos Alfredo Brito, solicitó que se lo investigue al entender que el Ingenio La Florida contaminaba de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Rocchia Ferro ante la sospecha de que el Ingenio La Florida generó un daño ambiental grave. Desde la web oficial Fiscales.gob.ar indicaron que el empresario, que actualmente se desempeña como presidente de la Unión Industrial de Tucumán, enfrenta varias causas por delitos ambientales.
La causa referida se inició en 2006, a raíz de una investigación preliminar del titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, Antonio Gustavo Gómez. Si bien el imputado fue sobreseído, Casación revocó tal fallo y envió el caso nuevamente a instrucción para que continúe la pesquisa.
Si bien la defensa de Rocchia Ferro alegó que los residuos vertidos no son peligrosos, los camaristas no hicieron lugar al recurso de los abogados y confirmaron el procesamiento. "La contaminación particular impide disponer de uno de los factores determinantes de la salud: el medio ambiente sano", indicaron los jueces entre sus argumentos. Asimismo, de uno de los informes de especialistas en la materia que tuvo en cuenta la Justicia para confirmar el procesamiento se desprende: "La firma Compañía Azucarera Los Balcanes -Ingenio La Florida cumple con los requerimientos típicos del art. 55 de la Ley de fondo, al haber presuntamente lesionado los bienes jurídicos medio ambiente y salud pública, al poner en peligro a esta última mediante la contaminación del medio ambiente por el uso de residuos nocivos".
La zafra 2006, puntapié para la investigación
Gómez comenzó a investigar a La Florida a raíz de un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán sobre la zafra que estaba en curso en agosto de 2006. Personal de Gendarmería reunió muestras del canal de descarga de efluentes del ingenio, tomó declaraciones en el CAPS y de vecinos de la zona, que señalaron que de la planta salían"olores fuertes del canal de desagüe, cenizas y el hollín de las calderas".
Tras evaluar el material, la Dirección de Policía Científica de Química Ambiental consideró que esos desechos no podían ser liberados sin un previo tratamiento, ya que presentaban "niveles elevados de partículas en suspensión al medio ambiente, fuoreno, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, entre otros".
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Ley de Semillas: corporaciones para profundizar el extractivismo
Semillas: por qué las empresas quieren cambiar la ley
Fecha de Publicación: 14/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Un informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires muestra cómo la corporación de semillas y agroquímicos sigue pulseando por profundizar el modelo extractivista.
El de la soberanía alimentaria se impone como un tema de urgente tratamiento en un país con niveles de pobreza escandalosos, moral y ciudadanamente inaceptables. Concretamente, en una Argentina en la que pasan hambre 16,5 millones de personas en situación de pobreza. El asunto fue asumido como tema de campaña por el candidato con más chances de ser presidente, y en su complejidad dispara múltiples puntas que tocan, en todos los casos, cuestiones estructurales. Investigadores de las facultades de Filosofía y Letras y de Agronomía de la UBA han puesto el ojo en la Ley de Semillas, con el detallado informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires Sembrar vientos. Soberanía alimentaria y patentes en debate parlamentario. Allí denuncian los intentos de modificación de la ley de la actual gestión de gobierno, tanto por vía parlamentaria como, directamente, por un DNU que fue anunciado por los grandes medios y que finalmente quedó sin firmar. Y aunque los resultados de las PASO frenaron por el momento esos intentos de avance, la corporación de semillas y agroquímicos, que es un monstruo grande y pisa fuerte, sigue pulseando por profundizar el modelo extractivista. En este informe, que se presenta este viernes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, los investigadores explican por qué esos intereses son incompatibles con la idea de soberanía alimentaria.
“El discurso de los proyectos de ley de este tipo es el de las empresas: el argumento es que si no hay un cambio, no llega la tecnología. Se nos dio por encuestar a las empresas para preguntarles a ellas mismas qué tecnologías no tendríamos en la Argentina si no cambia la ley. En todos los casos, son exclusivamente de resistencia a otros herbicidas que no sean el glifosato. Tenemos un modelo de producción muy dependiente de agroquímicos, porque los dueños de las semillas son los mismos dueños de los agroquímicos”, apunta Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA.
La dimensión de esa concentración a escala planetaria, y el modo en que se aceleró en los últimos años, mueve a asombro: "Para 2005 la multinacional Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer 21, Dow 12, Dupont 51, y Syngenta 20. De ese modo se aseguraron unir a la semilla con el paquete tecnológico que ellas mismas vendían al mercado. Además, la reducción en el número de empresas genera consecuencias económicas y biológicas indeseables", describe el informe. La concentración continuó: “En 2018 Bayer adquirió Monsanto, DOW y Dupont se fusionaron y Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió Syngenta y una de las semilleras argentinas más importantes, Nidera”. De este modelo de negocios se desprende que hoy en todo el mundo existen sólo tres empresas que concentran el 60 % de las ventas de semillas y el 70 % de los agroquímicos. “Desde esa posición dominante simulan una competencia entre sí, pero en realidad no es tal”, suma Schrauf.
¿Qué proponían, concretamente, los proyectos de modificación de la Ley de Semillas, la 20.247, sancionada en el 73 y reglamentada en el 78? "La principal modificación que planteaba el proyecto del Poder Ejecutivo es quitarle el derecho de uso propio de las semillas a los agricultores. Es decir, el productor debe volver a pagar si quiere sembrar la semilla que cosechó, se transfiere un beneficio de los agricultores a la industria semillera", describe Schrauf. El informe aclara que, como resultaría muy difícil sostener lisa y llanamente esta quita de derechos a los pequeños productores, el proyecto hablaba de “excepciones” para los pueblos originarios y la agricultura familiar. “Pero si en paralelo se les quita todo el apoyo técnico, si se desarma el INTA y los programas que los incluían, si se desmantela la Secretaría de la Agricultura Familiar, si se intenta permanentemente desplazarlos de sus tierras, carece de sentido hablar de excepciones”, advierte Alejandro Balazote, especialista en Antropología Rural de la Facultad de Filosofía y Letras. “De más está decir que el mercado nunca fue amigable con estos productores, pero la falta de regulaciones por parte del Estado dentro de la economía de Juntos por el Cambio lo volvió directamente hostil", concluye. "El proyecto también se justifica como un modo de modernizar la ley a la luz de los avances biotecnológicos. Pero no contiene ni un renglón sobre transgénesis, edición génica, 'grafting' o epigenética. Es decir, las nuevas tecnologías son parte de la argumentación de su necesidad de cambio, pero no forman parte de la letra de la nueva ley”, suma Schrauf.
"Las leyes de propiedad intelectual, especialmente las patentes, más que reconocimientos a la investigación, se constituyeron en herramientas de dominio del mercado. Cuando se posibilitó en Estados Unidos el patentamiento de genes y organismos, se aceleró la monopolización de la industria semillera. Una cuestión muy preocupante es la pérdida de diversidad genética de cultivos, pues estas compañías no están interesadas en cuidar el acervo genético una vez que consiguen una línea que tiene buen y estable rendimiento", advierte también el informe. Para los consumidores, el impacto cotidiano va desde las cuestiones aparentemente más básicas (los tomates que consumimos tienen menos sabor que antaño, por ejemplo), hasta las consecuencias aun no estudiadas en la salud de ciertas modificaciones de semillas.
Los “daños colaterales”, la pérdida de superficie de hectáreas de bosque nativo en la Argentina, el mentado “cambio climático”, la agroecología y las alternativas a la hegemonía, las experiencias de producción colectiva, como la de Unión de Trabajadores de la Tierra, además del engaño que suponen los intentos de modificación presentados como “Ley Inta” (como si este organismo, actualmente desfinanciado, fuese el mayor beneficiario de las posibles modificaciones”, también son temas analizados por diversos investigadores universitarios. Atenti con las ideas de “modernización”: suelen venir con viejas mañas bajo la manga.
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Chubut: Intendentes de la meseta insisten con la minería
Intendentes de la meseta piden habilitar la minería
Fecha de Publicación: 14/10/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En medio de la grave crisis económica que se vive en Chubut, los intendentes de las localidades ubicadas en el centro de la provincia insistirán con el proyecto que denominaron como "zonificación minera" para que se habilite la explotación en la meseta central que está prohibida desde 2003.
Para ello, reclamarán que se realice bajo la modalidad a cielo abierto y con la utilización de cianuro en los procesos de producción.
“Nosotros vamos a insistir antes de fin de año para que el proyecto que presentamos no se caiga por el paso del tiempo, en el cual solicitamos que se habilite una zona del interior en la que se pueda explotar los yacimientos y que podamos progresar con recursos genuinos” precisó el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán.
Pichiñan junto con sus pares de Telsen, Gan Gan, Las Plumas, Paso el Sapo, Lagunita Salada y Gastre –entre otros– propician el desarrollo de la actividad donde se localizan yacimientos como el Navidad, considerado el reservorio de plata más grande del mundo, propiedad de la minera canadiense Pan American Silver Argentina.
Ese yacimiento prevé una inversión de hasta US$ 1.000 millones, aunque no fue habilitado por la resistencia de sectores ecologistas bajo el lema “no a la mina”, entre otros que se oponen a ese tipo de explotación.
“El sur de Chubut tiene el petróleo, el oeste las regalías hidroeléctricas y el turismo, la costa empresas y el canon pesquero pero no nos dejan desarrollar una actividad lícita como es la minería para que nosotros también nos podamos desarrollar”, advirtió Pichiñán.
Según fuentes del sector minero, Chubut tiene un potencial probado en yacimientos de plata, oro, plomo y uranio, entre otros proyectos metalíferos.
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Fecha de Publicación: 14/10/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En medio de la grave crisis económica que se vive en Chubut, los intendentes de las localidades ubicadas en el centro de la provincia insistirán con el proyecto que denominaron como "zonificación minera" para que se habilite la explotación en la meseta central que está prohibida desde 2003.
Para ello, reclamarán que se realice bajo la modalidad a cielo abierto y con la utilización de cianuro en los procesos de producción.
“Nosotros vamos a insistir antes de fin de año para que el proyecto que presentamos no se caiga por el paso del tiempo, en el cual solicitamos que se habilite una zona del interior en la que se pueda explotar los yacimientos y que podamos progresar con recursos genuinos” precisó el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán.
Pichiñan junto con sus pares de Telsen, Gan Gan, Las Plumas, Paso el Sapo, Lagunita Salada y Gastre –entre otros– propician el desarrollo de la actividad donde se localizan yacimientos como el Navidad, considerado el reservorio de plata más grande del mundo, propiedad de la minera canadiense Pan American Silver Argentina.
Ese yacimiento prevé una inversión de hasta US$ 1.000 millones, aunque no fue habilitado por la resistencia de sectores ecologistas bajo el lema “no a la mina”, entre otros que se oponen a ese tipo de explotación.
“El sur de Chubut tiene el petróleo, el oeste las regalías hidroeléctricas y el turismo, la costa empresas y el canon pesquero pero no nos dejan desarrollar una actividad lícita como es la minería para que nosotros también nos podamos desarrollar”, advirtió Pichiñán.
Según fuentes del sector minero, Chubut tiene un potencial probado en yacimientos de plata, oro, plomo y uranio, entre otros proyectos metalíferos.
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Una represa deberá ser removida en Santa Fe
Piden remover la represa hidroeléctrica del río Carcarañá
Fecha de Publicación: 12/10/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Lo resolvió el Ministerio de Medio Ambiente al constatar el impacto negativo que representa la estructura para la biodiversidad.
El Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe rechazó el informe ambiental de cumplimiento (IAC) presentado por la empresa Molinos Juan Semino SA que le permite la obtención del certificado de aptitud necesario para acreditar las normas de resguardo del ambiente, exigidas para su funcionamiento.
Así lo dispuso por medio de una resolución donde además insta a la firma a presentar un plan de desmantelamiento o remoción de la represa hidroeléctrica que tiene ubicada sobre el río Carcarañá por los impactos negativos que representa para el ecosistema que constituye ese curso de agua, especialmente contra la fauna ictícola.
La decisión satisface una vieja demanda de poblaciones de la región e incluso localidades de la provincia de Córdoba que se ven afectadas por la falta de peces a causa de esa estructura que actúa como barrera e impide el paso de especies aguas arriba, lo cual afecta el recurso pesquero y la biodiversidad.
"Aguas abajo del dique existen más de 200 especies de peces mientras que aguas arriba solo se contabilizaron menos de 30 variedades", lamentó Gabriel Bustamante, quién desde hace tiempo viene batallando sobre el tema desde su función como miembro de la comisión comunal de Arequito y parte del equipo de trabajo del senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi. Es que la problemática no solo perjudica a esa localidad a la que pertenece sino también a otros distritos importantes del sur santafesino como Casilda, Los Molinos, San José de la Esquina y Arteaga.
Lo resuelto implica también para la empresa tener que presentar en el témino de 30 días la adecuación del IAC, desestimando o excluyendo su actividad de generación de energía, así como el seguro por daño ambiental de incidencia colectiva.
El asunto en cuestión fue abordado a principio de año y requirió la intervención de la cartera de Ambiente de la provincia de santa Fe que finalmente, evaluación mediante, emitió la referida resolución que consta de cinco artículos de las cuales el más importante es el segundo ya que, como fue descripto, dispone el desmantelamiento de la represa al constatarse que altera "la morfometría y dinámica del río Carcarañá: erosión, sedimentación, concentración de material contaminado y eutrofización".
Y también pudo establecerse que afecta la "limnología (aspectos físicos y biológicos) erosión, sedimentación, concentración de plancton, cambio en la comunidad bentónica y modificación del contenido de oxígeno disuelto en aguas. Alteración de íctiofauna en: reducción poblacional, extinción de especies migratorias y afectación del recurso pesquero. Esto implica la pérdida de la calidad del ecosistema que se desarrolla en dicho curso de agua".
Entre otros argumentos que fundamentan lo resuelto se sostiene que Molinos Semino "no ofrece un propuesta adecuada para su eventual solución o mitigación dado que se limita a proponer la presentación posterior de un plan de gestión ambiental definitivo como acciones para disminuir impactos".
Y en esa línea destaca que "si se reconoce tácitamente que la represa modifica la ictiofauna con efectos tales como la reducción poblacional, la extinción de especies migratorias y la afectación del recurso pesquero debería establecerse el modo en que tales consecuencias sean remediadas mediante procedimientos específicos que permitan el restablecimiento de los parámetros poblacionales específicos de las especies afectadas"-
Asimismo remarca, entre otras consideraciones, que "el gobierno provincial declaró al curso del río Carcarañá en su tramo santafesino reserva hídrica natural, el que resulta aplicable al presente caso lo establecido por ley Nº 12.175 sobre la regulación del sistema promocional de áreas naturales protegidos".
Actualmente la empresa se dedica a la molienda de trigo, elaboración de almidones y derivados y generación de energía para lo cual dispone de una central hidroeléctrica que incluye la represa que atraviesa las aguas del Carcarañá y ahora deberá desmantelar por los efectos nocivos que produce.
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Fecha de Publicación: 12/10/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Lo resolvió el Ministerio de Medio Ambiente al constatar el impacto negativo que representa la estructura para la biodiversidad.
El Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe rechazó el informe ambiental de cumplimiento (IAC) presentado por la empresa Molinos Juan Semino SA que le permite la obtención del certificado de aptitud necesario para acreditar las normas de resguardo del ambiente, exigidas para su funcionamiento.
Así lo dispuso por medio de una resolución donde además insta a la firma a presentar un plan de desmantelamiento o remoción de la represa hidroeléctrica que tiene ubicada sobre el río Carcarañá por los impactos negativos que representa para el ecosistema que constituye ese curso de agua, especialmente contra la fauna ictícola.
La decisión satisface una vieja demanda de poblaciones de la región e incluso localidades de la provincia de Córdoba que se ven afectadas por la falta de peces a causa de esa estructura que actúa como barrera e impide el paso de especies aguas arriba, lo cual afecta el recurso pesquero y la biodiversidad.
"Aguas abajo del dique existen más de 200 especies de peces mientras que aguas arriba solo se contabilizaron menos de 30 variedades", lamentó Gabriel Bustamante, quién desde hace tiempo viene batallando sobre el tema desde su función como miembro de la comisión comunal de Arequito y parte del equipo de trabajo del senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi. Es que la problemática no solo perjudica a esa localidad a la que pertenece sino también a otros distritos importantes del sur santafesino como Casilda, Los Molinos, San José de la Esquina y Arteaga.
Lo resuelto implica también para la empresa tener que presentar en el témino de 30 días la adecuación del IAC, desestimando o excluyendo su actividad de generación de energía, así como el seguro por daño ambiental de incidencia colectiva.
El asunto en cuestión fue abordado a principio de año y requirió la intervención de la cartera de Ambiente de la provincia de santa Fe que finalmente, evaluación mediante, emitió la referida resolución que consta de cinco artículos de las cuales el más importante es el segundo ya que, como fue descripto, dispone el desmantelamiento de la represa al constatarse que altera "la morfometría y dinámica del río Carcarañá: erosión, sedimentación, concentración de material contaminado y eutrofización".
Y también pudo establecerse que afecta la "limnología (aspectos físicos y biológicos) erosión, sedimentación, concentración de plancton, cambio en la comunidad bentónica y modificación del contenido de oxígeno disuelto en aguas. Alteración de íctiofauna en: reducción poblacional, extinción de especies migratorias y afectación del recurso pesquero. Esto implica la pérdida de la calidad del ecosistema que se desarrolla en dicho curso de agua".
Entre otros argumentos que fundamentan lo resuelto se sostiene que Molinos Semino "no ofrece un propuesta adecuada para su eventual solución o mitigación dado que se limita a proponer la presentación posterior de un plan de gestión ambiental definitivo como acciones para disminuir impactos".
Y en esa línea destaca que "si se reconoce tácitamente que la represa modifica la ictiofauna con efectos tales como la reducción poblacional, la extinción de especies migratorias y la afectación del recurso pesquero debería establecerse el modo en que tales consecuencias sean remediadas mediante procedimientos específicos que permitan el restablecimiento de los parámetros poblacionales específicos de las especies afectadas"-
Asimismo remarca, entre otras consideraciones, que "el gobierno provincial declaró al curso del río Carcarañá en su tramo santafesino reserva hídrica natural, el que resulta aplicable al presente caso lo establecido por ley Nº 12.175 sobre la regulación del sistema promocional de áreas naturales protegidos".
Actualmente la empresa se dedica a la molienda de trigo, elaboración de almidones y derivados y generación de energía para lo cual dispone de una central hidroeléctrica que incluye la represa que atraviesa las aguas del Carcarañá y ahora deberá desmantelar por los efectos nocivos que produce.
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Chubut: caería el proyecto de zonificación minera, pero...
Se cae el proyecto de zonificación minera y volverán a insistir
Fecha de Publicación: 12/10/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
En diciembre vencen los plazos legislativos para tratar el proyecto de zonificación minera que presentaron los intendentes y jefes comunales de la meseta. Si bien durante estos cuatro años hubo intentos por abrir el debate nunca terminaron de concretarse.
El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, confirmó que volverán a presentar el mismo proyecto con la nueva composición de la Cámara de Diputados, con la expectativa de que en los años venideros se pueda llevar adelante el debate. Sería la tercera vez que presentan el mismo proyecto para discutir la explotación del recurso en la meseta. No perdió las esperanzas de que los legisladores puedan darle ingreso en estos meses, pero reconoció «que queda muy poco tiempo y el debate amerita una discusión muy amplia».
«Para diciembre vence la presentación y veremos con la nueva legislatura; presentaremos nuevamente el petitorio para que se pueda discutir este tema. Ya se nos cayó dos veces y veremos si nos dan la posibilidad de que la meseta pueda tener su emprendimiento», dijo el intendente.
En esa línea, Pichiñán consideró que Santigo Igón, al ser el candidato que encabeza la lista de diputados de Alberto Fernández, tendría que empezar a tomar definiciones sobre la explotación del recurso. «No sé su propuesta porque Igón nunca se acercó a Paso de Indios. Nunca tuve contacto con él», declaró.
El intendente insistió en que hay que dar el debate minero. «Ojalá los candidatos presidenciales y legislativos tengan esta postura de tener una convocatoria para debatir el tema. Más que nunca Nación y Chubut necesitan proyectos productivos que puedan dar regalías al Estado».
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Fecha de Publicación: 12/10/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
En diciembre vencen los plazos legislativos para tratar el proyecto de zonificación minera que presentaron los intendentes y jefes comunales de la meseta. Si bien durante estos cuatro años hubo intentos por abrir el debate nunca terminaron de concretarse.
El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, confirmó que volverán a presentar el mismo proyecto con la nueva composición de la Cámara de Diputados, con la expectativa de que en los años venideros se pueda llevar adelante el debate. Sería la tercera vez que presentan el mismo proyecto para discutir la explotación del recurso en la meseta. No perdió las esperanzas de que los legisladores puedan darle ingreso en estos meses, pero reconoció «que queda muy poco tiempo y el debate amerita una discusión muy amplia».
«Para diciembre vence la presentación y veremos con la nueva legislatura; presentaremos nuevamente el petitorio para que se pueda discutir este tema. Ya se nos cayó dos veces y veremos si nos dan la posibilidad de que la meseta pueda tener su emprendimiento», dijo el intendente.
En esa línea, Pichiñán consideró que Santigo Igón, al ser el candidato que encabeza la lista de diputados de Alberto Fernández, tendría que empezar a tomar definiciones sobre la explotación del recurso. «No sé su propuesta porque Igón nunca se acercó a Paso de Indios. Nunca tuve contacto con él», declaró.
El intendente insistió en que hay que dar el debate minero. «Ojalá los candidatos presidenciales y legislativos tengan esta postura de tener una convocatoria para debatir el tema. Más que nunca Nación y Chubut necesitan proyectos productivos que puedan dar regalías al Estado».
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Agroamenaza sojera en Entre Ríos
La agroamenaza sojera en Entre Ríos: “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”
Fecha de Publicación: 11/10/2019
Fuente: La Vaca
Provincia/Región: Entre Ríos
La Coordinadora Basta es Basta denunció que un importante dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace amenazó a los gritos a un referente del movimiento que lucha contra las fumigaciones en la provincia. Decidieron no divulgar los nombres ni hacer la denuncia penal para lograr un clima de diálogo en un contexto en ebullición: cinco fallos judiciales prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y 3000 en fumigaciones aéreas, en medio de productores que en algunos casos ya inician una transición hacia la agroecología. Desde la asamblea explican a lavaca: “Es un modelo que ya está caído a nivel económico, pero aún quedan muchos intereses en juego”.
“Yo tengo una itaka”. “Zurdo”. “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”. “Cualquiera que quiera venir a prohibir las fumigaciones van a ser apuntados con armas”.
Estas son algunas de las amenazas que un dirigente de una de las organizaciones agropecuarias de la Mesa de Enlace le escupió a un integrante de la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, a los gritos y en público en un bar frente a testigos. El contexto: cinco resoluciones judiciales que prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 en fumigaciones aéreas, luego de un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia (AGMER), contra el gobierno provincial y el Consejo Federal de Educación.
“Están muy desesperados”, grafica a lavaca María Fernández Benetti, una de las abogadas del movimiento.
“Y lo grave es que esta amenaza no fue de una persona cualquiera, sino de un dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace, que tiene un peso: lo que él dice, lo siguen. Es una persona pública importante, no es cualquier productor. No creemos que la mayoría de los productores quieran seguir esa línea, de hecho muchos ya están en una transición hacia un modelo agroecológico, pero sí habla de la gran decadencia de los dirigentes del sector”.
Tanto en el comunicado en el que denunciaron las amenazas como en las entrevistas a lavaca, desde la Coordinadora no quieren divulgar quién es el dirigente ni quién es el amenazado. “Veníamos llevando adelante el diálogo y, por eso, nuestro compañero fue convocado al bar de una estación de servicio, pero después de una hora uno de ellos entró en un nivel de nerviosismo y se dirigió a él con mucha violencia”, explica Aldana Sasia, otra de las abogadas. “No queremos dar nombres porque estuvimos reunidos con funcionarios con el objetivo de no incentivar la violencia. Y tampoco vamos a hacer denuncia penal, por ahora, porque creemos en una mesa de diálogo”.
Qué está en juego
La resolución judicial al primer amparo no sólo despertó las críticas del lobby sojero, sino que el propio Mauricio Macri calificó de “irresponsable” la sentencia, a la que no calificó como fallo, sino como “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”.
En la primera resolución, el voto mayoritario fue el del juez Miguel Ángel Giorgio, que apuntó contra la falta de reglamentación respecto a las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales.
El magistrado sostuvo que el Estado entrerriano “no pudo acreditar que una distancia menor a lo dispuesto por el juez no sea nociva para la salud”. En ese caso, afirmó, debe primar el principio precautorio ya que “falta certidumbre científica acerca del daño”.
El principio precautorio indica que si algo es potencialmente peligroso, no debe usarse hasta que se demuestre su inocuidad.
Otros textuales de la sentencia: “Hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños y docentes que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están”.
“La omisión estatal no puede ser tenida como un argumento que permita desamparar la salud de alumnos y docentes”.
Explica Fernández Benetti: “El fallo aplicaba límites de 1000 o 3000 metros hasta que el Estado estableciera un límite. Ante eso, sale un primer decreto del Gobierno, que baja las distancias a 100 y 500 metros. Lo judicializamos porque es regresivo. La justicia nos vuelve a dar la razón en un segundo amparo, mientras la Corte provincial dijo que no tenía fundamentos para disminuir esas distancias. El gobierno saca un segundo decreto: insisten en 100 y 500 metros, pero suma un poco de argumentación. La Justicia vuelve a emitir un tercer amparo a favor, pero lo nuevo es que nos permitió pedir un comité de expertos. Eso fue lapidario porque logramos una prueba tremenda: presentamos 6 expertos y ellos, 2. Fue contundente: la Corte nos respaldó”.
Sasia: “Después de cinco sentencias, algunos veníamos dialogando con sectores productores para ver qué caminos se podían llegar a encontrar, para que no haya nadie perjudicado por esta medida. Siempre pensando que nos toca transitar otro año sin tener una medida política favorable y sin estimular políticas que fomenten otra producción. Entonces estamos en punto cero, como al inicio, y con una escalada de violencia y de reacción de sectores del campo”.
Desde la Coordinadora ubican las amenazas en este contexto, en el que el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, negó la vigencia del fallo y “confundió” a los sectores agropecuarios. Sasia: “En todas las instancias donde se apela, lo que está vigente son las sentencias, y no los decretos. Rodríguez Signes salió siempre en medios públicos diciendo que los productores podían aplicar pesticidas porque decía que lo que tenía vigencia era el decreto del Estado. Eso provoca mucho enojo y confunde”.
La Coordinadora denunció penalmente al funcionario. “Por incitación al incumplimiento de la ley y poner en riesgo la salud pública. No es un tema menor: él tiene una función que el resto no. Porque si lo que él dice lo manifiesta una entidad agraria, puede ser una estrategia. Pero un fiscal, no. Y provoca lo que provocó: un caos social. Y una alianza entre la Mesa de Enlace y el gobierno”.
La deuda del lobby
Este martes hubo una movilización convocada por los dirigentes rurales hasta el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. “Van a cortar la avenida y exigir que la medida se amplíe a todo el territorio porque se sienten ‘discriminados’”, explicó Sasia el lunes pasado.
¿Qué significa? Fernández Benetti: “Lo que quieren es provocar más conflicto. Que nosotros logremos 1000 o 3000 metros no soluciona el tema, porque el fallo habla solamente de las escuelas: a Juancito lo protegés en la escuela pero le permitís las pulverizaciones a 500 metros de su casa. Ellos dicen: ‘Si piden para la escuela, pidan para el resto’. Pero lo que requerimos nosotros es un consenso social, una discusión que pase por el Congreso provincial y llegue a la sociedad. Ellos tienen mucho acceso a los medios y lo que quieren es incidir mostrando que son muchos, pero el tema es que nadie discute los fundamentos del fallo: nosotros planteamos un tema estrictamente de salud”.
Las abogadas explican que desde la Coordinadora se lograron redactar propuestas, ideas y proyectos a nivel municipal y provincial, como el Foro de Agroecología. “Está totalmente frenado por el gobierno provincial. Y en todo lo que propusimos, no avanzaron en nada, y cuando anuncian capacitaciones hacia un modelo de transición, lo desactivan. Hay un lobby muy importante de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), porque de lo que vive la mayoría es de la comercialización de los insumos”.
Las amenazas se fueron incrementando. En Paraná, una escuela debió suspender una charla porque una docente fue amenazada con que iban a ocurrir hechos de violencia. En otros casos, se llegó a ataques concretos: en Colonia Avigdor, en el departamento de La Paz, un productor golpeó en la cara a un docente diciéndole que era un activista que le impedía llevar adelante sus producciones.
Fernández Benetti destaca que hay algo más: “La mitad de los productores están fundidos, y no a causa del fallo, sino porque están endeudados. Impuestos altísimos, insumos caros. Entonces, lo que pasa, es que estamos atacando un negocio que no está brillando, sino que es un modelo que ya está caído a nivel económico. Lo que pasa es que aún quedan muchos intereses en juego”.
Lo urgente
Entre Ríos ya había dado una muestra de la resistencia social al modelo extractivo cuando la Legislatura rechazó por 29 votos a 2 una ley que favorecía a los agronegocios, una decisión que se tejió en la calle al calor de la las Rondas de los martes, y por la intervención en la Legislatura de figuras de la ciencia y la producción como el bioquímico Damián Marino, el médico Damián Verzeñassi y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, tal como reflejó MU en esta investigación.
La Coordinadora exige ahora instaurar algún mecanismo que promueva el diálogo, como lo hizo siempre. “Y que tenga viabilidad porque, si no, tenemos sentencias pero no garantías de que se cumplan. Y pueden seguir sucediendo hechos de violencia, mientras no hay control por parte del Estado. Por eso, se necesita sí o sí una conciliación social que aliente a que esto sea factible”.
¿Qué sucede mientras tanto? Fernández Benetti: “Hay mucha experiencia de productores grandes avanzando en la transición agroecológica. Están apostando. Los más grandes serían los que podrían hacerlo, porque tienen escala propia, mientras para los otros no hay ninguna ayuda y están remando en dulce de leche. Las ciudades y los municipios están trabajando mucho con volver a recrear los cordones hortícolas: Entre Ríos importa el 80% de las frutas y verduras que consume. Tenemos un nicho para volver a la tierra y producir nuestros propios alimentos y cultivos. Eso provocaría nuevas ruralizaciones”.
Por esa razón, desde la Coordinadora no ubican a los productores dentro de los ataques y las amenazas de algunas de las entidades del campo.
Sasia: “Lo que menos queríamos era ser víctimas de estas amenazas. Exigimos al Poder Judicial una institucionalización de algún órgano de gestión para que no haya nadie perjudicado. Eso como medida urgente: no creemos que haya otra solución porque no queremos seguir judicializando amparo contra amparo. Desde nuestro sector no hay fundamentalismo, sino un sinnúmero de evidencia científica que corroboraron cinco fallos: hay una amenaza de salud para niños y niñas que concurren a las escuelas, comprobando la existencia de daño genético. Esa es la realidad específica de nuestro territorio”.
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Fecha de Publicación: 11/10/2019
Fuente: La Vaca
Provincia/Región: Entre Ríos
La Coordinadora Basta es Basta denunció que un importante dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace amenazó a los gritos a un referente del movimiento que lucha contra las fumigaciones en la provincia. Decidieron no divulgar los nombres ni hacer la denuncia penal para lograr un clima de diálogo en un contexto en ebullición: cinco fallos judiciales prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y 3000 en fumigaciones aéreas, en medio de productores que en algunos casos ya inician una transición hacia la agroecología. Desde la asamblea explican a lavaca: “Es un modelo que ya está caído a nivel económico, pero aún quedan muchos intereses en juego”.
“Yo tengo una itaka”. “Zurdo”. “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”. “Cualquiera que quiera venir a prohibir las fumigaciones van a ser apuntados con armas”.
Estas son algunas de las amenazas que un dirigente de una de las organizaciones agropecuarias de la Mesa de Enlace le escupió a un integrante de la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, a los gritos y en público en un bar frente a testigos. El contexto: cinco resoluciones judiciales que prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 en fumigaciones aéreas, luego de un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia (AGMER), contra el gobierno provincial y el Consejo Federal de Educación.
“Están muy desesperados”, grafica a lavaca María Fernández Benetti, una de las abogadas del movimiento.
“Y lo grave es que esta amenaza no fue de una persona cualquiera, sino de un dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace, que tiene un peso: lo que él dice, lo siguen. Es una persona pública importante, no es cualquier productor. No creemos que la mayoría de los productores quieran seguir esa línea, de hecho muchos ya están en una transición hacia un modelo agroecológico, pero sí habla de la gran decadencia de los dirigentes del sector”.
Tanto en el comunicado en el que denunciaron las amenazas como en las entrevistas a lavaca, desde la Coordinadora no quieren divulgar quién es el dirigente ni quién es el amenazado. “Veníamos llevando adelante el diálogo y, por eso, nuestro compañero fue convocado al bar de una estación de servicio, pero después de una hora uno de ellos entró en un nivel de nerviosismo y se dirigió a él con mucha violencia”, explica Aldana Sasia, otra de las abogadas. “No queremos dar nombres porque estuvimos reunidos con funcionarios con el objetivo de no incentivar la violencia. Y tampoco vamos a hacer denuncia penal, por ahora, porque creemos en una mesa de diálogo”.
Qué está en juego
La resolución judicial al primer amparo no sólo despertó las críticas del lobby sojero, sino que el propio Mauricio Macri calificó de “irresponsable” la sentencia, a la que no calificó como fallo, sino como “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”.
En la primera resolución, el voto mayoritario fue el del juez Miguel Ángel Giorgio, que apuntó contra la falta de reglamentación respecto a las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales.
El magistrado sostuvo que el Estado entrerriano “no pudo acreditar que una distancia menor a lo dispuesto por el juez no sea nociva para la salud”. En ese caso, afirmó, debe primar el principio precautorio ya que “falta certidumbre científica acerca del daño”.
El principio precautorio indica que si algo es potencialmente peligroso, no debe usarse hasta que se demuestre su inocuidad.
Otros textuales de la sentencia: “Hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños y docentes que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están”.
“La omisión estatal no puede ser tenida como un argumento que permita desamparar la salud de alumnos y docentes”.
Explica Fernández Benetti: “El fallo aplicaba límites de 1000 o 3000 metros hasta que el Estado estableciera un límite. Ante eso, sale un primer decreto del Gobierno, que baja las distancias a 100 y 500 metros. Lo judicializamos porque es regresivo. La justicia nos vuelve a dar la razón en un segundo amparo, mientras la Corte provincial dijo que no tenía fundamentos para disminuir esas distancias. El gobierno saca un segundo decreto: insisten en 100 y 500 metros, pero suma un poco de argumentación. La Justicia vuelve a emitir un tercer amparo a favor, pero lo nuevo es que nos permitió pedir un comité de expertos. Eso fue lapidario porque logramos una prueba tremenda: presentamos 6 expertos y ellos, 2. Fue contundente: la Corte nos respaldó”.
Sasia: “Después de cinco sentencias, algunos veníamos dialogando con sectores productores para ver qué caminos se podían llegar a encontrar, para que no haya nadie perjudicado por esta medida. Siempre pensando que nos toca transitar otro año sin tener una medida política favorable y sin estimular políticas que fomenten otra producción. Entonces estamos en punto cero, como al inicio, y con una escalada de violencia y de reacción de sectores del campo”.
Desde la Coordinadora ubican las amenazas en este contexto, en el que el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, negó la vigencia del fallo y “confundió” a los sectores agropecuarios. Sasia: “En todas las instancias donde se apela, lo que está vigente son las sentencias, y no los decretos. Rodríguez Signes salió siempre en medios públicos diciendo que los productores podían aplicar pesticidas porque decía que lo que tenía vigencia era el decreto del Estado. Eso provoca mucho enojo y confunde”.
La Coordinadora denunció penalmente al funcionario. “Por incitación al incumplimiento de la ley y poner en riesgo la salud pública. No es un tema menor: él tiene una función que el resto no. Porque si lo que él dice lo manifiesta una entidad agraria, puede ser una estrategia. Pero un fiscal, no. Y provoca lo que provocó: un caos social. Y una alianza entre la Mesa de Enlace y el gobierno”.
La deuda del lobby
Este martes hubo una movilización convocada por los dirigentes rurales hasta el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. “Van a cortar la avenida y exigir que la medida se amplíe a todo el territorio porque se sienten ‘discriminados’”, explicó Sasia el lunes pasado.
¿Qué significa? Fernández Benetti: “Lo que quieren es provocar más conflicto. Que nosotros logremos 1000 o 3000 metros no soluciona el tema, porque el fallo habla solamente de las escuelas: a Juancito lo protegés en la escuela pero le permitís las pulverizaciones a 500 metros de su casa. Ellos dicen: ‘Si piden para la escuela, pidan para el resto’. Pero lo que requerimos nosotros es un consenso social, una discusión que pase por el Congreso provincial y llegue a la sociedad. Ellos tienen mucho acceso a los medios y lo que quieren es incidir mostrando que son muchos, pero el tema es que nadie discute los fundamentos del fallo: nosotros planteamos un tema estrictamente de salud”.
Las abogadas explican que desde la Coordinadora se lograron redactar propuestas, ideas y proyectos a nivel municipal y provincial, como el Foro de Agroecología. “Está totalmente frenado por el gobierno provincial. Y en todo lo que propusimos, no avanzaron en nada, y cuando anuncian capacitaciones hacia un modelo de transición, lo desactivan. Hay un lobby muy importante de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), porque de lo que vive la mayoría es de la comercialización de los insumos”.
Las amenazas se fueron incrementando. En Paraná, una escuela debió suspender una charla porque una docente fue amenazada con que iban a ocurrir hechos de violencia. En otros casos, se llegó a ataques concretos: en Colonia Avigdor, en el departamento de La Paz, un productor golpeó en la cara a un docente diciéndole que era un activista que le impedía llevar adelante sus producciones.
Fernández Benetti destaca que hay algo más: “La mitad de los productores están fundidos, y no a causa del fallo, sino porque están endeudados. Impuestos altísimos, insumos caros. Entonces, lo que pasa, es que estamos atacando un negocio que no está brillando, sino que es un modelo que ya está caído a nivel económico. Lo que pasa es que aún quedan muchos intereses en juego”.
Lo urgente
Entre Ríos ya había dado una muestra de la resistencia social al modelo extractivo cuando la Legislatura rechazó por 29 votos a 2 una ley que favorecía a los agronegocios, una decisión que se tejió en la calle al calor de la las Rondas de los martes, y por la intervención en la Legislatura de figuras de la ciencia y la producción como el bioquímico Damián Marino, el médico Damián Verzeñassi y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, tal como reflejó MU en esta investigación.
La Coordinadora exige ahora instaurar algún mecanismo que promueva el diálogo, como lo hizo siempre. “Y que tenga viabilidad porque, si no, tenemos sentencias pero no garantías de que se cumplan. Y pueden seguir sucediendo hechos de violencia, mientras no hay control por parte del Estado. Por eso, se necesita sí o sí una conciliación social que aliente a que esto sea factible”.
¿Qué sucede mientras tanto? Fernández Benetti: “Hay mucha experiencia de productores grandes avanzando en la transición agroecológica. Están apostando. Los más grandes serían los que podrían hacerlo, porque tienen escala propia, mientras para los otros no hay ninguna ayuda y están remando en dulce de leche. Las ciudades y los municipios están trabajando mucho con volver a recrear los cordones hortícolas: Entre Ríos importa el 80% de las frutas y verduras que consume. Tenemos un nicho para volver a la tierra y producir nuestros propios alimentos y cultivos. Eso provocaría nuevas ruralizaciones”.
Por esa razón, desde la Coordinadora no ubican a los productores dentro de los ataques y las amenazas de algunas de las entidades del campo.
Sasia: “Lo que menos queríamos era ser víctimas de estas amenazas. Exigimos al Poder Judicial una institucionalización de algún órgano de gestión para que no haya nadie perjudicado. Eso como medida urgente: no creemos que haya otra solución porque no queremos seguir judicializando amparo contra amparo. Desde nuestro sector no hay fundamentalismo, sino un sinnúmero de evidencia científica que corroboraron cinco fallos: hay una amenaza de salud para niños y niñas que concurren a las escuelas, comprobando la existencia de daño genético. Esa es la realidad específica de nuestro territorio”.
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Santiago del Estero: siguen desalojando campesinos
Destruyen casa de un campesino apresado por usurpación
Fecha de Publicación: 10/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Quince días estuvo detenido Marcelo Rueda, en el departamento Alberdi, Santiago del Estero. La casa materna fue volteada por las máquinas.
Marcelo Rueda fue detenido el 18 de septiembre pasado en Campo Mayo, cabecera del departamento santiagueño de Alberdi, en el marco de la orden de detención que libró el juez de Control y Garantías de la provincia, Darío Alarcón. La disposición surge de la causa que le inició por usurpación a él y a su hermano, Fabián Rueda, las empresas Las Guindas SA y Aceitera General Deheza SA. El 14 de septiembre, mientras Rueda trataba de evitr la detención que luego se concretó, las topadoras llegaron a la zona y voltearon su casa materna. El joven fue liberado el viernes, tras 15 días de detención.
Se trata de una problemática que se repite en el campesinado de la región, en Salta también, donde organizaciones de familias agricultoras y criadoras vienen soportando la judicialización de los conflictos por la tierra.
La abogada del MOCASE Vía Campesina, María José Venancio, informó a Salta/12 que el juez Alarcón mantuvo la acusación del fiscal Rubén Alfonso, de la circunscripción de Santiago del Estero Capital.
“No nos encontramos bajo ningún término ante una circunstancia de usurpación, o al menos no reúne los presupuestos mínimos como para encuadrar típicamente la circunstancia y la conducta o actividad de los señores involucrados”. La conclusión sobre la situación de los hermanos Rueda surge de un informe oficial de la intervención conjunta entre Secretaria de Derechos Humanos (Dirección de Abordaje Territorial), y el Comité de Emergencia dependiente de Jefatura de Gabinete y Dirección de Bosques santiagueñas.
Las entidades oficiales hicieron el informe tras el encuentro que tuvieron el 23 de septiembre pasado con familias campesinas de 11 comunidades de la zona. Estas familias serán afectadas por el desmonte que autorizó la Dirección de la Dirección General de Bosques y Fauna el 27 de mayo de 2019 y que se estima es sobre 18 mil hectáreas.
700 hectáreas arrasadas
El 23 de septiembre los integrantes de las comunidades lograron detener las siete topadoras que ingresaron al territorio. Sin embargo, ya se habían desmontado 700 hectáreas. La Dirección de Bosques dispuso oficialmente la suspensión del desmonte recién al otro día.
La actuación de la Dirección de Bosques está en la mira porque autorizó un desmonte en una zona que los registros oficiales indicaban era de conflictividad social. En 2009 el Comité de Emergencia ya había informado de las denuncias de los campesinos ante la apropiación de tierras de Hugo Acosta, ex titular registral de las tierras. Ya en aquel momento los funcionarios advertían que la zona estaba relevada en el marco de la Ley 26.160 de Propiedad Indígena y por lo tanto, al ser territorios comunitarios, mal podían ser divididos o sujetos a acuerdos. Las comunidades pastorean comunitariamente sus ganados en la zona y utilizan sus recursos. Acosta alambró el territorio, presentó “acuerdos” para mensurar las tierras y según los campesinos, mediante presiones los obligaba a firmar. Los que se negaron, como los Rueda, sufrieron denuncias falsas, persecuciones, detenciones, y algunos finalmente abandonaron su lugar de siempre.
Luego aparecieron las empresas Deheza y Las Guindas que según dijo Venancio, habrían comprado los títulos de las tierras en 2017. Fueron autorizados a desmontar en zona amarilla. Según explicaron Cariló Olaiz del Mocase y el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, cuando una finca está en esa categoría, si bien en principio no se puede desmontar, la ley santiagueña permite que la deforestación del 10 por ciento. No se conoce la extensión total de la finca. Giardini sostuvo que aunque desde la Mesa de Tierras de Santiago del Estero se solicitó informes a la Dirección de Bosques nunca hubo respuestas.
El mismo informe oficial del Comité de Emergencia y la Dirección de Bosques, en tanto, meritúa: “consideramos susceptible de revisión y cuestionamiento las aprobaciones de planes productivos en el sector, puesto que ante la existencia de tantos poseedores, resulta al menos difícil la aprobación de cualquier proyecto dado el impacto no solo ambiental sino también social en familias que declaran nunca haber sido convocadas a Audiencia Pública; al menos no por medios fehacientes”.
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Fecha de Publicación: 10/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Quince días estuvo detenido Marcelo Rueda, en el departamento Alberdi, Santiago del Estero. La casa materna fue volteada por las máquinas.
Marcelo Rueda fue detenido el 18 de septiembre pasado en Campo Mayo, cabecera del departamento santiagueño de Alberdi, en el marco de la orden de detención que libró el juez de Control y Garantías de la provincia, Darío Alarcón. La disposición surge de la causa que le inició por usurpación a él y a su hermano, Fabián Rueda, las empresas Las Guindas SA y Aceitera General Deheza SA. El 14 de septiembre, mientras Rueda trataba de evitr la detención que luego se concretó, las topadoras llegaron a la zona y voltearon su casa materna. El joven fue liberado el viernes, tras 15 días de detención.
Se trata de una problemática que se repite en el campesinado de la región, en Salta también, donde organizaciones de familias agricultoras y criadoras vienen soportando la judicialización de los conflictos por la tierra.
La abogada del MOCASE Vía Campesina, María José Venancio, informó a Salta/12 que el juez Alarcón mantuvo la acusación del fiscal Rubén Alfonso, de la circunscripción de Santiago del Estero Capital.
“No nos encontramos bajo ningún término ante una circunstancia de usurpación, o al menos no reúne los presupuestos mínimos como para encuadrar típicamente la circunstancia y la conducta o actividad de los señores involucrados”. La conclusión sobre la situación de los hermanos Rueda surge de un informe oficial de la intervención conjunta entre Secretaria de Derechos Humanos (Dirección de Abordaje Territorial), y el Comité de Emergencia dependiente de Jefatura de Gabinete y Dirección de Bosques santiagueñas.
Las entidades oficiales hicieron el informe tras el encuentro que tuvieron el 23 de septiembre pasado con familias campesinas de 11 comunidades de la zona. Estas familias serán afectadas por el desmonte que autorizó la Dirección de la Dirección General de Bosques y Fauna el 27 de mayo de 2019 y que se estima es sobre 18 mil hectáreas.
700 hectáreas arrasadas
El 23 de septiembre los integrantes de las comunidades lograron detener las siete topadoras que ingresaron al territorio. Sin embargo, ya se habían desmontado 700 hectáreas. La Dirección de Bosques dispuso oficialmente la suspensión del desmonte recién al otro día.
La actuación de la Dirección de Bosques está en la mira porque autorizó un desmonte en una zona que los registros oficiales indicaban era de conflictividad social. En 2009 el Comité de Emergencia ya había informado de las denuncias de los campesinos ante la apropiación de tierras de Hugo Acosta, ex titular registral de las tierras. Ya en aquel momento los funcionarios advertían que la zona estaba relevada en el marco de la Ley 26.160 de Propiedad Indígena y por lo tanto, al ser territorios comunitarios, mal podían ser divididos o sujetos a acuerdos. Las comunidades pastorean comunitariamente sus ganados en la zona y utilizan sus recursos. Acosta alambró el territorio, presentó “acuerdos” para mensurar las tierras y según los campesinos, mediante presiones los obligaba a firmar. Los que se negaron, como los Rueda, sufrieron denuncias falsas, persecuciones, detenciones, y algunos finalmente abandonaron su lugar de siempre.
Luego aparecieron las empresas Deheza y Las Guindas que según dijo Venancio, habrían comprado los títulos de las tierras en 2017. Fueron autorizados a desmontar en zona amarilla. Según explicaron Cariló Olaiz del Mocase y el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, cuando una finca está en esa categoría, si bien en principio no se puede desmontar, la ley santiagueña permite que la deforestación del 10 por ciento. No se conoce la extensión total de la finca. Giardini sostuvo que aunque desde la Mesa de Tierras de Santiago del Estero se solicitó informes a la Dirección de Bosques nunca hubo respuestas.
El mismo informe oficial del Comité de Emergencia y la Dirección de Bosques, en tanto, meritúa: “consideramos susceptible de revisión y cuestionamiento las aprobaciones de planes productivos en el sector, puesto que ante la existencia de tantos poseedores, resulta al menos difícil la aprobación de cualquier proyecto dado el impacto no solo ambiental sino también social en familias que declaran nunca haber sido convocadas a Audiencia Pública; al menos no por medios fehacientes”.
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Justicia nuevamente protege las escuelas entrerrianas
Otro freno a las fumigaciones cerca de las escuelas rurales
Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre Ríos y frena las fumigaciones con agrotóxicos. Se trata de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico- y establece la vigencia de 1000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las aéreas).
Desde hace más de un año en Entre Ríos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercanías de las escuelas. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos, porque no se miden efectos crónicos en la salud.
"No todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de niños, niñas y adolescentes) en las generaciones futuras", afirmó el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la población (y aún más de les niñes) está antes que la producción agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet, que había desoído dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explicó que ya no quiere sentencias judiciales.
"Señor Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de jóvenes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformación productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro", señaló la entidad.
El juez Virgilio Galanti cuestionó que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. "No se han realizado evaluaciones epidemiológicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos", alertó el juez en el fallo del 26 de septiembre.
Galanti abordó un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a través del Senasa --Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria--, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos. "La clasificación del Senasa es realizada bajo el método de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificación es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad", afirmó el juez.
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). "La 'Dosis Letal 50' nada nos dice sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestos a dosis pequeñas por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo", explicó.
Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad crónica. Souza Casadinho resaltó que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteración del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). Y recordó que tampoco se tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua, suelos ni el conocido efecto "saltamonte" (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extendió a 3000 metros en el caso de aplicaciones aéreas. La protección abarcó a las 1023 escuelas rurales de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvió a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoyó los fallos judiciales y redujo a sólo 100 metros las fumigaciones.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignoró el fallo del Superior Tribunal y emitió un nuevo decreto (2239/19), que habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.
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Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre Ríos y frena las fumigaciones con agrotóxicos. Se trata de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico- y establece la vigencia de 1000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las aéreas).
Desde hace más de un año en Entre Ríos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercanías de las escuelas. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos, porque no se miden efectos crónicos en la salud.
"No todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de niños, niñas y adolescentes) en las generaciones futuras", afirmó el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la población (y aún más de les niñes) está antes que la producción agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet, que había desoído dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explicó que ya no quiere sentencias judiciales.
"Señor Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de jóvenes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformación productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro", señaló la entidad.
El juez Virgilio Galanti cuestionó que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. "No se han realizado evaluaciones epidemiológicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos", alertó el juez en el fallo del 26 de septiembre.
Galanti abordó un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a través del Senasa --Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria--, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos. "La clasificación del Senasa es realizada bajo el método de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificación es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad", afirmó el juez.
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). "La 'Dosis Letal 50' nada nos dice sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestos a dosis pequeñas por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo", explicó.
Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad crónica. Souza Casadinho resaltó que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteración del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). Y recordó que tampoco se tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua, suelos ni el conocido efecto "saltamonte" (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extendió a 3000 metros en el caso de aplicaciones aéreas. La protección abarcó a las 1023 escuelas rurales de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvió a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoyó los fallos judiciales y redujo a sólo 100 metros las fumigaciones.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignoró el fallo del Superior Tribunal y emitió un nuevo decreto (2239/19), que habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.
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Humedales siguen siendo territorio de disputas
Humedales, la próxima frontera
Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El Banco Mundial, el FMI y otros organismos internacionales con lógica privatizadora miran con gran interés su relevancia estratégica clave.
El agua es un recurso natural renovable y «finito» y, mientras nuestros humedales representan la tercera reserva mundial más grande de agua dulce,el Banco Mundial, el FMI y otros organismos internacionales con lógica privatizadora miran con gran interés su relevancia estratégica clave.
Una de las primeras preocupaciones que tiene todo país es proteger sus fronteras, como el mejor recurso para cuidar su territorio y básicamente su soberanía, al igual que los recursos naturales. Y si bien se han alzado voces de alerta y denuncias sobre los peligros que tienen como consecuencia las faraónicas obras de empresas multinacionales de explotación agrícola forestal en territorio mesopotámico, lo cierto es que los organismos del Estado hasta ahora han perdido la batalla por imponer un marco de regulación y resguardo.
A inicios de su mandato, el presidente Mauricio Macri había prometido una ley nacional de humedales, esto nunca se concretó. En 2016, la Cámara de Senadores se negó a votar el proyecto, el principal artífice de la negativa fue el productor y senador entrerriano Alfredo De Angeli.
Sin embargo, la Corte Suprema acaba de emitir un fallo histórico en defensa de este recurso vital para la existencia de cualquier tipo de vida, ordenó frenar la construcción de un barrio privado en Entre Ríos y proteger los reservorios de agua dulce. Cabe destacar que sólo en la cuenca baja del río Luján, zona dereiteradas inundaciones, existen al menos 66 barrios privados que ocupan 9000 hectáreas de humedales. El máximo tribunal abordó, en 22 páginas, la función vital en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes que ejercen los humedales.
Mientras se prevé que para el 2025 la demanda de agua potable será un 56% mayor que el suministro de la misma, seis mil personas, en su mayoría niños menores de cinco años, mueren cada día en el mundo debido a enfermedades causadas por el agua contaminada y el saneamiento deficiente, según un informe de las Naciones Unidas.
La biodiversidad que lbergan estos reservorios de agua dulce también genera medios de vida para mucha gente, permitiendo el aprovechamiento de la humedad para la agricultura, la pesca, el pastoreo, la actividad forestal y el turismo. Gran cantidad de lagunas, esteros, y pantanos se esparcen y ayudan a todos los países de la región a mitigar los efectos de la desertificación, y sobre todo a conservar la biodiversidad.
Hace unos años elaboramos el Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo Productivo Sostenible del Delta Entrerriano, con una fuerte actividad territorial. Esta labor, producto del trabajo colectivo, es una herramienta para la defensa y protección del Delta del Paraná representado por humedales, que ocupa 17.500 km2 de superficie. Su mayor parte, el 80% se encuentra localizado en el territorio entrerriano, el 15% en la Provincia de buenos Aires y el 5% restante en
la provincia de Santa Fe. Junto a la sociedad civil también participaron diferentes organismos públicos como el Senasa, la Secretaría de Ambiente de la provincia, el Ministerio de Turismo de Entre Ríos, la Secretaría de Ambiente de Santa Fe, la Dirección de Ganadería, la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria, la Dirección Provincial de Vialidad, el Ministerio de Salud, el INTA Paraná, el INTI, el Ministerio de Planeamiento, la Dirección de Recursos Naturales, el Senado provincial, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Minería, el Servicio Administrativo Contable de la Gobernación y Coordinación de Pescadores, entre otros. En dicho trabajo resaltamos el uso irracional del este recurso junto con su desperdicio y la contaminación a la que se somete constantemente, provocando la disminución de la disponibilidad de agua utilizable, afectando a los ecosistemas vinculados, alterando la flora y la fauna que cobija y perjudicando a las futuras generaciones argentinas.
Los humedales son vitales para la supervivencia humana, son uno de los entornos más productivos del mundo y cunas de diversidad biológica. Estos factores los eleva a la categoría de "riñones del planeta". El factor prevención es fundamental para tener una buena salud renal en la dimensión ambiental. Mientras este proceso madure, resultaría muy justificado cuidar los recursos naturales y mejorar las condiciones necesarias para las próximas generaciones que la necesitarán. A finales del siglo, los humedales serán la próxima frontera entre la vida y la muerte.
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Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El Banco Mundial, el FMI y otros organismos internacionales con lógica privatizadora miran con gran interés su relevancia estratégica clave.
El agua es un recurso natural renovable y «finito» y, mientras nuestros humedales representan la tercera reserva mundial más grande de agua dulce,el Banco Mundial, el FMI y otros organismos internacionales con lógica privatizadora miran con gran interés su relevancia estratégica clave.
Una de las primeras preocupaciones que tiene todo país es proteger sus fronteras, como el mejor recurso para cuidar su territorio y básicamente su soberanía, al igual que los recursos naturales. Y si bien se han alzado voces de alerta y denuncias sobre los peligros que tienen como consecuencia las faraónicas obras de empresas multinacionales de explotación agrícola forestal en territorio mesopotámico, lo cierto es que los organismos del Estado hasta ahora han perdido la batalla por imponer un marco de regulación y resguardo.
A inicios de su mandato, el presidente Mauricio Macri había prometido una ley nacional de humedales, esto nunca se concretó. En 2016, la Cámara de Senadores se negó a votar el proyecto, el principal artífice de la negativa fue el productor y senador entrerriano Alfredo De Angeli.
Sin embargo, la Corte Suprema acaba de emitir un fallo histórico en defensa de este recurso vital para la existencia de cualquier tipo de vida, ordenó frenar la construcción de un barrio privado en Entre Ríos y proteger los reservorios de agua dulce. Cabe destacar que sólo en la cuenca baja del río Luján, zona dereiteradas inundaciones, existen al menos 66 barrios privados que ocupan 9000 hectáreas de humedales. El máximo tribunal abordó, en 22 páginas, la función vital en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes que ejercen los humedales.
Mientras se prevé que para el 2025 la demanda de agua potable será un 56% mayor que el suministro de la misma, seis mil personas, en su mayoría niños menores de cinco años, mueren cada día en el mundo debido a enfermedades causadas por el agua contaminada y el saneamiento deficiente, según un informe de las Naciones Unidas.
La biodiversidad que lbergan estos reservorios de agua dulce también genera medios de vida para mucha gente, permitiendo el aprovechamiento de la humedad para la agricultura, la pesca, el pastoreo, la actividad forestal y el turismo. Gran cantidad de lagunas, esteros, y pantanos se esparcen y ayudan a todos los países de la región a mitigar los efectos de la desertificación, y sobre todo a conservar la biodiversidad.
Hace unos años elaboramos el Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo Productivo Sostenible del Delta Entrerriano, con una fuerte actividad territorial. Esta labor, producto del trabajo colectivo, es una herramienta para la defensa y protección del Delta del Paraná representado por humedales, que ocupa 17.500 km2 de superficie. Su mayor parte, el 80% se encuentra localizado en el territorio entrerriano, el 15% en la Provincia de buenos Aires y el 5% restante en
la provincia de Santa Fe. Junto a la sociedad civil también participaron diferentes organismos públicos como el Senasa, la Secretaría de Ambiente de la provincia, el Ministerio de Turismo de Entre Ríos, la Secretaría de Ambiente de Santa Fe, la Dirección de Ganadería, la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria, la Dirección Provincial de Vialidad, el Ministerio de Salud, el INTA Paraná, el INTI, el Ministerio de Planeamiento, la Dirección de Recursos Naturales, el Senado provincial, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Minería, el Servicio Administrativo Contable de la Gobernación y Coordinación de Pescadores, entre otros. En dicho trabajo resaltamos el uso irracional del este recurso junto con su desperdicio y la contaminación a la que se somete constantemente, provocando la disminución de la disponibilidad de agua utilizable, afectando a los ecosistemas vinculados, alterando la flora y la fauna que cobija y perjudicando a las futuras generaciones argentinas.
Los humedales son vitales para la supervivencia humana, son uno de los entornos más productivos del mundo y cunas de diversidad biológica. Estos factores los eleva a la categoría de "riñones del planeta". El factor prevención es fundamental para tener una buena salud renal en la dimensión ambiental. Mientras este proceso madure, resultaría muy justificado cuidar los recursos naturales y mejorar las condiciones necesarias para las próximas generaciones que la necesitarán. A finales del siglo, los humedales serán la próxima frontera entre la vida y la muerte.
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Fue declarado inconstitucional incinerar en la CABA
Incineración de basura: elogios para el fallo que la prohíbe
Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Consideraron que la sentencia es una "victoria importante" y una "bocanada de aire fresco, ante tanta adversidad" para enfrentar el riesgo ambiental y el social que implica la ley.
Las organizaciones ambientalistas y de recicladores urbanos festejaron el fallo de la justicia porteña que declaró inconstitucional la ley que permite incinerar basura en la Ciudad. Aunque saben que puede ser apelado por el gobierno, consideraron la decisión de la juez Elena Liberatori una "victoria importante" y una "bocanada de aire fresco, ante tanta adversidad" para enfrentar el riesgo ambiental y el riesgo social que implica la ley aprobada por Cambiemos en 2018. El coordinador de campañas de Greenpeace, Leonel Mingo, sostuvo que es "un logro muy importante. No son muchas las victorias ambientales, cuando se producen, amerita reconocerlas como lo que son". De todas formas, reconoció que la pelea aún no terminó y que van a continuar reclamando, porque "esta ley viene atada a la importación de basura" que autorizó por decreto el Poder Ejecutivo nacional.
Para el activista de la ONG ambientalista la cuestión no está cerrada porque seguramente el gobierno va apelar el fallo de la titular del del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad N° 4. "Es una batalla a largo plazo. Pero no deja de ser una resolución judicial importante para frenar una ley que implica un gran retroceso ambiental para la Ciudad", remarcó.
"Estamos contentos y satisfechos con el fallo, pero creemos que el foco tiene que estar puesto no tanto en el proceso administrativo sino en lo que implica la incineración, porque es un riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente. Las dos cuestiones, la ambiental y la administrativa son importantes, pero la regresión ambiental es devastadora para el ambiente y la salud de cualquier municipio que aplique el incinerado de basura", explicó a este diario Mingo.
El ambientalista remarcó que el gobierno porteño utilizó como ejemplo para promocionar el proceso que bajo el concepto de "valoración energética" permite incinerar residuos, a los países nórdicos, ocultando que la Unión Europea a llamado a dejar de usar estas tecnologías que atentan contra la salud y el ambiente.
Para Mingo, no es casual que cuando en Europa las plantas de termovalorización están cayendo en desuso, se intente instalarlas en Latinoamérica. "No hay casualidad en que mientras se modifica la ley de basura cero en la Argentina, en México se esté construyendo la planta de incineración más grande del mundo, en Colombia hayan descubierto esta tecnología que no es nueva y lleva más de 30 años, y que en Chile también se esté discutiendo el tema. Es porque están cayendo los mercados donde estaban instaladas".
Por otra parte, remarcó que el decreto 591/2019 que modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de "sustancias y objetos", procedentes de otros países, además de ser inconstitucional, es parte de la misma trama de gestión de residuos altamente contaminante.
En ese sentido, advirtió que el 90 por ciento de los residuos que se importan en otros países terminan en plantas de incineración o enterrados. "Por eso no nos sorprende en absoluto que el año pasado se haya modificado la ley de Basura Cero y este año se permita importar desechos que son el combustible para las plantas incineradoras. Van de la mano ambas cuestiones".
El integrante del equipo técnico de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) Alejandro Valiente dijo a Página/12 que el fallo fue "una alegría inmensa" y una sorpresa. "Presentamos el amparo cunado se sancionó la ley y en primera instancia habían hecho lugar la cautelar, que fue apelada por el gobierno y suspendida. Por eso se presentó el recurso para que se trate la cuestión de fondo, y nos dieron la razón. La jueza atendió que el procedimiento no fue el adecuado, y atendió a la cuestión ambiental. Es una bocanada de aire fresco en medio de esta asfixia que se vive. Por lo menos, en este aspecto, que no se permita avanzar a la incineración es una muy buena noticia para los recicladores y para la población en general".
La valorización energética necesita plástico, celulosa y cartón, y entraría en competencia con la materia que reciclan los cartoneros, generando una crisis social aún más profunda que la actual. Por eso también festejó María Cristina Lescano, referente de la Cooperativa El Ceibo. "La verdad es que la peleamos mucho, porque fue terrible cuando los legisladores de este gobierno aprobaron esta ley que no sólo nos perjudica a nosotros sino a toda la ciudadanía porque es muy contaminante. Pensamos que no iba a salir el fallo a favor, que es un bien para todos los que no saben lo que se ocultaba detrás de la palabrita temovalorización" .
Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Consideraron que la sentencia es una "victoria importante" y una "bocanada de aire fresco, ante tanta adversidad" para enfrentar el riesgo ambiental y el social que implica la ley.
Las organizaciones ambientalistas y de recicladores urbanos festejaron el fallo de la justicia porteña que declaró inconstitucional la ley que permite incinerar basura en la Ciudad. Aunque saben que puede ser apelado por el gobierno, consideraron la decisión de la juez Elena Liberatori una "victoria importante" y una "bocanada de aire fresco, ante tanta adversidad" para enfrentar el riesgo ambiental y el riesgo social que implica la ley aprobada por Cambiemos en 2018. El coordinador de campañas de Greenpeace, Leonel Mingo, sostuvo que es "un logro muy importante. No son muchas las victorias ambientales, cuando se producen, amerita reconocerlas como lo que son". De todas formas, reconoció que la pelea aún no terminó y que van a continuar reclamando, porque "esta ley viene atada a la importación de basura" que autorizó por decreto el Poder Ejecutivo nacional.
Para el activista de la ONG ambientalista la cuestión no está cerrada porque seguramente el gobierno va apelar el fallo de la titular del del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad N° 4. "Es una batalla a largo plazo. Pero no deja de ser una resolución judicial importante para frenar una ley que implica un gran retroceso ambiental para la Ciudad", remarcó.
"Estamos contentos y satisfechos con el fallo, pero creemos que el foco tiene que estar puesto no tanto en el proceso administrativo sino en lo que implica la incineración, porque es un riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente. Las dos cuestiones, la ambiental y la administrativa son importantes, pero la regresión ambiental es devastadora para el ambiente y la salud de cualquier municipio que aplique el incinerado de basura", explicó a este diario Mingo.
El ambientalista remarcó que el gobierno porteño utilizó como ejemplo para promocionar el proceso que bajo el concepto de "valoración energética" permite incinerar residuos, a los países nórdicos, ocultando que la Unión Europea a llamado a dejar de usar estas tecnologías que atentan contra la salud y el ambiente.
Para Mingo, no es casual que cuando en Europa las plantas de termovalorización están cayendo en desuso, se intente instalarlas en Latinoamérica. "No hay casualidad en que mientras se modifica la ley de basura cero en la Argentina, en México se esté construyendo la planta de incineración más grande del mundo, en Colombia hayan descubierto esta tecnología que no es nueva y lleva más de 30 años, y que en Chile también se esté discutiendo el tema. Es porque están cayendo los mercados donde estaban instaladas".
Por otra parte, remarcó que el decreto 591/2019 que modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de "sustancias y objetos", procedentes de otros países, además de ser inconstitucional, es parte de la misma trama de gestión de residuos altamente contaminante.
En ese sentido, advirtió que el 90 por ciento de los residuos que se importan en otros países terminan en plantas de incineración o enterrados. "Por eso no nos sorprende en absoluto que el año pasado se haya modificado la ley de Basura Cero y este año se permita importar desechos que son el combustible para las plantas incineradoras. Van de la mano ambas cuestiones".
El integrante del equipo técnico de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) Alejandro Valiente dijo a Página/12 que el fallo fue "una alegría inmensa" y una sorpresa. "Presentamos el amparo cunado se sancionó la ley y en primera instancia habían hecho lugar la cautelar, que fue apelada por el gobierno y suspendida. Por eso se presentó el recurso para que se trate la cuestión de fondo, y nos dieron la razón. La jueza atendió que el procedimiento no fue el adecuado, y atendió a la cuestión ambiental. Es una bocanada de aire fresco en medio de esta asfixia que se vive. Por lo menos, en este aspecto, que no se permita avanzar a la incineración es una muy buena noticia para los recicladores y para la población en general".
La valorización energética necesita plástico, celulosa y cartón, y entraría en competencia con la materia que reciclan los cartoneros, generando una crisis social aún más profunda que la actual. Por eso también festejó María Cristina Lescano, referente de la Cooperativa El Ceibo. "La verdad es que la peleamos mucho, porque fue terrible cuando los legisladores de este gobierno aprobaron esta ley que no sólo nos perjudica a nosotros sino a toda la ciudadanía porque es muy contaminante. Pensamos que no iba a salir el fallo a favor, que es un bien para todos los que no saben lo que se ocultaba detrás de la palabrita temovalorización" .
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Fiscalía pide anular probation de empresario contaminador
Solicitan revertir la suspensión de juicio a empresarios tucumanos por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Los responsables de una compañía azucarera y una destilería estaban procesados por el vuelco de vinaza en diversas fuentes de agua, en reiteradas ocasiones. Pese a la oposición del MPF, el Tribunal les otorgó la probation e impuso que asistan a capacitaciones y paguen una multa de doscientos mil pesos.
La titular de la Fiscalía General de Santiago del Estero, Indiana Garzón, interpuso un recurso de casación contra una resolución del Tribunal Oral Federal de esa provincia que dictó la suspensión de juicio a prueba a dos empresarios acusados por contaminación ambiental. La presentación solicita que se anule la decisión y se dicte una nueva resolución que rechace la probation y ordene la celebración del juicio oral y público.
En la justicia federal de Santiago del Estero y Tucumán tramitan distintas causas por contaminación ambiental vinculadas a la cuenca Salí-Dulce. En Santiago del Estero, los hechos por los que fueron imputados Jorge Rocchia Ferro y José Coronel motivaron el requerimiento de elevación a juicio por el delito de contaminación ambiental por dos hechos en concurso real, y en concurso formal con el de desobediencia judicial.
En esa jurisdicción se investigaron varios vuelcos de vinaza presuntamente efectuados por los imputados en desobediencia de una orden judicial sobre el canal de drenaje conocido como “canal del Este” en 2012 y 2013, cuyos efectos se propagaron desde la provincia de Tucumán hacia la población de El Palomar, en Santiago del Estero.
La causa se inició a raíz de la intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, que al constatar los hechos formuló la denuncia penal a través de la Fiscalía de Estado provincial, que se constituyó como querellante.
Por su parte, en Tucumán se investigó en otra causa el vuelco de vinaza cuyos efectos se materializaron en territorio tucumano, como consecuencia de la actividad de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA Ingenio y Destilería La Florida, de propiedad y bajo gerencia de los imputados Rocchia Ferro y Coronel, respectivamente.
Antecedentes
En agosto de 2017, la defensa requirió al Tribunal santiagueño la acumulación de las causas tramitadas en Tucumán, algo que finalmente ocurrió a pesar de las objeciones de la Fiscalía Federal de Santiago, sin correr vista a su par de Tucumán ni al querellante particular. Mediante esta resolución, además, el TOF suspendió el debate oral y fijó fecha de audiencia para tratar la suspensión del juicio a prueba de las causas ya acumuladas.
Contra esta resolución, la dependencia del MPF en Santiago del Estero formuló un planteo de nulidad que fue rechazado, decisión a su vez impugnada mediante un recurso de casación. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero rechazó este recurso en septiembre de 2017, y habilitó un recurso de queja que finalmente la Cámara Federal de Casación Penal terminó rechazando por razones formales. Por su parte, la fiscalía tucumana cuestionó de idéntica manera lo resuelto por el TOF de esa jurisdicción, interponiendo finalmente un recurso de queja ante Casación, lo cual fue rechazado por cuestiones formales.
En la primera audiencia de probation, la fiscalía dictaminó en oposición a la suspensión del juicio a prueba basándose en razones legales, constitucionales y de política criminal. Sin embargo, el Tribunal resolvió rechazar la petición de probation bajo el fundamento de falta de acuerdo entre los imputados y los representantes de las fiscalías de Estado de Santiago del Estero y Tucumán. En una segunda audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de revocatoria con reserva del recurso de casación, por entender que los jueces omitieron resolver el pedido de rechazo de la renovación de suspensión a juicio a prueba. En esta oportunidad, se argumentó que el procedimiento de una nueva probation contradecía las normas procesales vigentes. Sin embargo, los jueces rechazaron el recurso y fijaron una nueva audiencia en la que hicieron lugar a la suspensión solicitada por la defensa de los imputados por el término de tres años, y dispusieron que realicen estudios de capacitación laboral en materia ambiental, seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a contaminación y dos charlas informativas al respecto. Además, los instó a cumplir con la realización de obras y entrega de lo comprometido con las provincias de Santiago del Estero y Tucumán; a cumplir el plan Vinaza Cero y pagar una multa de 200 mil pesos.
Daño intolerable y afectación a la salud y el ambiente
Para la fiscal Garzón, el tribunal incurrió en una errónea valoración de los hechos, de los antecedentes y constancias agregadas a la causa, e interpretó y aplicó erróneamente la ley sustantiva.
En su resolución, el tribunal había considerado que el dictamen fiscal no era fundamentado y que “en el caso de autos, además de no concretar claramente la posibilidad de una condena efectiva en un juicio oral y público, avanza sobre temáticas ajenas a la competencia funcional en su dictamen, como es la reparación del daño, pretendiendo expropiar el conflicto a las víctimas damnificadas”. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la fiscalía sostuvo que, de ser enjuiciados y condenados, los imputados serían merecedores de una pena de cumplimiento efectivo. El Ministerio Público Fiscal también remarcó que, debido a la acumulación de las causas, en función de la pena que se puede solicitar, teniendo en cuenta los informes, el grado de contaminación y la gravedad del hecho, hay un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
El MPF remarcó que por el grado de contaminación y la gravedad del hecho existía un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
Para la fiscal, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales, conforme surge de los informes de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tucumán. “No hubo sanción administrativa, como pago de 26 multas, dos apercibimientos, seis causas judicializadas entre los años 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, clausuras preventivas ni inicio de juicios penales que lograran detener la acción contaminante de la empresa de Rocchia Ferro. La reiteración de hechos en puja con el derecho ambiental y la conducta desidiosa del imputado obligan a esta fiscalía a considerar una pretensión punitiva que necesariamente se apartará del máximo legal previsto para la suspensión del juicio a prueba”, agregó la fiscal.
Para la fiscal Indiana Garzón, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales.
Sobre la representación de las víctimas y la reparación económica
La fiscalía efectuó también una serie de observaciones sobre la representación de las víctimas y su legitimación para ser consultadas respecto de la reparación ofrecida por los imputados. Garzón cuestionó que las representaciones gubernamentales de Santiago y Tucumán (Fiscalías de Estado) satisfagan suficientemente la representación de las víctimas de estos delitos y que por ello se equivoca el tribunal al pretender arrogarle valor dirimente al consentimiento de ambas dependencias en aras de posibilitar el acuerdo de probation. “A nuestro entender, el comportamiento disvalioso de los imputados pudo reiterarse en el tiempo gracias a la tolerancia negligente de los organismos de control tucumanos”, dijo en su recurso; diferenció en ese punto el accionar de los entes de la provincia de Santiago del Estero quienes impulsaron la acción penal desde el primer momento.
La fiscalía federal de Santiago del Estero incluso instruyó una denuncia penal contra quien fuera secretario de Medio Ambiente de Tucumán por su responsabilidad ante las reiteradas faltas de contralor en relación a los imputados. “Por lo tanto, un poder ejecutivo provincial, cuestionado penalmente por no controlar la contaminación ambiental de los aquí imputados no puede válidamente prestar su consentimiento a la suspensión de juicio a prueba, ya que más que víctima resulta prima facie co-responsable”, agregó en relación a la provincia de Tucumán.
Garzón destacó que las víctimas reales no fueron consultadas, y la única vez que manifestaron su voluntad fue en la línea de activar una investigación penal. “El tribunal desestimó un dictamen fiscal suficientemente fundado y lógico, otorgó valor dirimente al consentimiento prestado por las fiscalías de Estado y no analizó la razonabilidad de la reparación bajo el pretexto del acuerdo inter pares”, expuso. También hizo énfasis en que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa de los dos imputados, sino “la consecuencia necesaria de externalizar un costo de la producción de alcohol-bioetanol a terceros ajenos al proceso industrial”.
La Fiscalía remarcó que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa.
Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados “tuvieron un incontrovertible móvil económico, y en ese sentido les resultó a los imputados muchísimo más barato volcar desechos de vinaza sobre canales que ingresaban a la provincia de Santiago Del Estero que invertir en tratamiento saneador de dichos desechos”.
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Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Los responsables de una compañía azucarera y una destilería estaban procesados por el vuelco de vinaza en diversas fuentes de agua, en reiteradas ocasiones. Pese a la oposición del MPF, el Tribunal les otorgó la probation e impuso que asistan a capacitaciones y paguen una multa de doscientos mil pesos.
La titular de la Fiscalía General de Santiago del Estero, Indiana Garzón, interpuso un recurso de casación contra una resolución del Tribunal Oral Federal de esa provincia que dictó la suspensión de juicio a prueba a dos empresarios acusados por contaminación ambiental. La presentación solicita que se anule la decisión y se dicte una nueva resolución que rechace la probation y ordene la celebración del juicio oral y público.
En la justicia federal de Santiago del Estero y Tucumán tramitan distintas causas por contaminación ambiental vinculadas a la cuenca Salí-Dulce. En Santiago del Estero, los hechos por los que fueron imputados Jorge Rocchia Ferro y José Coronel motivaron el requerimiento de elevación a juicio por el delito de contaminación ambiental por dos hechos en concurso real, y en concurso formal con el de desobediencia judicial.
En esa jurisdicción se investigaron varios vuelcos de vinaza presuntamente efectuados por los imputados en desobediencia de una orden judicial sobre el canal de drenaje conocido como “canal del Este” en 2012 y 2013, cuyos efectos se propagaron desde la provincia de Tucumán hacia la población de El Palomar, en Santiago del Estero.
La causa se inició a raíz de la intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, que al constatar los hechos formuló la denuncia penal a través de la Fiscalía de Estado provincial, que se constituyó como querellante.
Por su parte, en Tucumán se investigó en otra causa el vuelco de vinaza cuyos efectos se materializaron en territorio tucumano, como consecuencia de la actividad de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA Ingenio y Destilería La Florida, de propiedad y bajo gerencia de los imputados Rocchia Ferro y Coronel, respectivamente.
Antecedentes
En agosto de 2017, la defensa requirió al Tribunal santiagueño la acumulación de las causas tramitadas en Tucumán, algo que finalmente ocurrió a pesar de las objeciones de la Fiscalía Federal de Santiago, sin correr vista a su par de Tucumán ni al querellante particular. Mediante esta resolución, además, el TOF suspendió el debate oral y fijó fecha de audiencia para tratar la suspensión del juicio a prueba de las causas ya acumuladas.
Contra esta resolución, la dependencia del MPF en Santiago del Estero formuló un planteo de nulidad que fue rechazado, decisión a su vez impugnada mediante un recurso de casación. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero rechazó este recurso en septiembre de 2017, y habilitó un recurso de queja que finalmente la Cámara Federal de Casación Penal terminó rechazando por razones formales. Por su parte, la fiscalía tucumana cuestionó de idéntica manera lo resuelto por el TOF de esa jurisdicción, interponiendo finalmente un recurso de queja ante Casación, lo cual fue rechazado por cuestiones formales.
En la primera audiencia de probation, la fiscalía dictaminó en oposición a la suspensión del juicio a prueba basándose en razones legales, constitucionales y de política criminal. Sin embargo, el Tribunal resolvió rechazar la petición de probation bajo el fundamento de falta de acuerdo entre los imputados y los representantes de las fiscalías de Estado de Santiago del Estero y Tucumán. En una segunda audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de revocatoria con reserva del recurso de casación, por entender que los jueces omitieron resolver el pedido de rechazo de la renovación de suspensión a juicio a prueba. En esta oportunidad, se argumentó que el procedimiento de una nueva probation contradecía las normas procesales vigentes. Sin embargo, los jueces rechazaron el recurso y fijaron una nueva audiencia en la que hicieron lugar a la suspensión solicitada por la defensa de los imputados por el término de tres años, y dispusieron que realicen estudios de capacitación laboral en materia ambiental, seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a contaminación y dos charlas informativas al respecto. Además, los instó a cumplir con la realización de obras y entrega de lo comprometido con las provincias de Santiago del Estero y Tucumán; a cumplir el plan Vinaza Cero y pagar una multa de 200 mil pesos.
Daño intolerable y afectación a la salud y el ambiente
Para la fiscal Garzón, el tribunal incurrió en una errónea valoración de los hechos, de los antecedentes y constancias agregadas a la causa, e interpretó y aplicó erróneamente la ley sustantiva.
En su resolución, el tribunal había considerado que el dictamen fiscal no era fundamentado y que “en el caso de autos, además de no concretar claramente la posibilidad de una condena efectiva en un juicio oral y público, avanza sobre temáticas ajenas a la competencia funcional en su dictamen, como es la reparación del daño, pretendiendo expropiar el conflicto a las víctimas damnificadas”. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la fiscalía sostuvo que, de ser enjuiciados y condenados, los imputados serían merecedores de una pena de cumplimiento efectivo. El Ministerio Público Fiscal también remarcó que, debido a la acumulación de las causas, en función de la pena que se puede solicitar, teniendo en cuenta los informes, el grado de contaminación y la gravedad del hecho, hay un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
El MPF remarcó que por el grado de contaminación y la gravedad del hecho existía un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
Para la fiscal, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales, conforme surge de los informes de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tucumán. “No hubo sanción administrativa, como pago de 26 multas, dos apercibimientos, seis causas judicializadas entre los años 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, clausuras preventivas ni inicio de juicios penales que lograran detener la acción contaminante de la empresa de Rocchia Ferro. La reiteración de hechos en puja con el derecho ambiental y la conducta desidiosa del imputado obligan a esta fiscalía a considerar una pretensión punitiva que necesariamente se apartará del máximo legal previsto para la suspensión del juicio a prueba”, agregó la fiscal.
Para la fiscal Indiana Garzón, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales.
Sobre la representación de las víctimas y la reparación económica
La fiscalía efectuó también una serie de observaciones sobre la representación de las víctimas y su legitimación para ser consultadas respecto de la reparación ofrecida por los imputados. Garzón cuestionó que las representaciones gubernamentales de Santiago y Tucumán (Fiscalías de Estado) satisfagan suficientemente la representación de las víctimas de estos delitos y que por ello se equivoca el tribunal al pretender arrogarle valor dirimente al consentimiento de ambas dependencias en aras de posibilitar el acuerdo de probation. “A nuestro entender, el comportamiento disvalioso de los imputados pudo reiterarse en el tiempo gracias a la tolerancia negligente de los organismos de control tucumanos”, dijo en su recurso; diferenció en ese punto el accionar de los entes de la provincia de Santiago del Estero quienes impulsaron la acción penal desde el primer momento.
La fiscalía federal de Santiago del Estero incluso instruyó una denuncia penal contra quien fuera secretario de Medio Ambiente de Tucumán por su responsabilidad ante las reiteradas faltas de contralor en relación a los imputados. “Por lo tanto, un poder ejecutivo provincial, cuestionado penalmente por no controlar la contaminación ambiental de los aquí imputados no puede válidamente prestar su consentimiento a la suspensión de juicio a prueba, ya que más que víctima resulta prima facie co-responsable”, agregó en relación a la provincia de Tucumán.
Garzón destacó que las víctimas reales no fueron consultadas, y la única vez que manifestaron su voluntad fue en la línea de activar una investigación penal. “El tribunal desestimó un dictamen fiscal suficientemente fundado y lógico, otorgó valor dirimente al consentimiento prestado por las fiscalías de Estado y no analizó la razonabilidad de la reparación bajo el pretexto del acuerdo inter pares”, expuso. También hizo énfasis en que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa de los dos imputados, sino “la consecuencia necesaria de externalizar un costo de la producción de alcohol-bioetanol a terceros ajenos al proceso industrial”.
La Fiscalía remarcó que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa.
Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados “tuvieron un incontrovertible móvil económico, y en ese sentido les resultó a los imputados muchísimo más barato volcar desechos de vinaza sobre canales que ingresaban a la provincia de Santiago Del Estero que invertir en tratamiento saneador de dichos desechos”.
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Neuquén: Justicia investiga daño ambiental tras fuga de gas
Investigan daño ambiental por la fuga de gas de YPF
Fecha de Publicación: 04/10/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La fiscalía intervino de oficio en el incidente de Loma La Lata. Tomaron muestras de agua en el lago Los Barreales.
El fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, informó que se toman muestras de suelo, aire y agua en torno al incidente que se generó en el pozo exploratorio LLLO X-2 de la compañía YPF en Loma La Lata Oeste.
El funcionario judicial explicó que su intervención fue de oficio y se inició el mismo 14 de septiembre, cuando comenzó la fuga. Detalló que fueron notificados por Ambiente de la provincia. Por el momento la fiscalía aguarda los resultados de las muestras recolectadas en el lago Los Barreales, que estarán disponibles hacia finales de esta semana.
El procedimiento comienza con la realización de estudios del agua y el aire, por la propagación de los gases para determinar si habría un potencial riesgo para la salud humana. En el caso de confirmar esta posibilidad se constituye un delito ambiental. En cuanto a la contaminación ambiental actúa directamente la secretaría de Ambiente.
Todas las mediciones encargadas determinar posibles sanciones a la operadora del pozo. Existe un antecedente en Vaca Muerta, donde la misma empresa fue sancionada por el derrame de hidrocarburos en Bandurria Sur en octubre de 2018. En ese momento el Ejecutivo provincial estableció una multa récord para YPF por $32.936.690 y determinó la suspensión definitiva de la licencia ambiental.
En declaraciones radiales, Breide Obeid, anticipó que los primeros informes arrojaron “valores normales” y que fueron recolectados por Defensa Civil.
"Se hicieron las primeras mediciones en los puestos aledaños y arrojó que no había contaminación, por lo menos en el aire, lo cual es normal porque el viento va hacia el lado del lago. Ahora tenemos que tomar las muestras en el lado del lago y en el aire”, explicó.
Breide Obeid reconoció que si bien el incidente tiene un gran “impacto visual” -por las llamas-, esto no se traduce en una mayor consecuencia ambiental. En ese contexto aseguró que el fuego “genera una contaminación propia”, pero aclaró que “es mucho menor impacto que la del gas crudo”.
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Advierten sobre el alto índice de accidentes en Vaca Muerta
Aseguran que el índice de accidentes en Vaca Muerta es "alarmante"
Fecha de Publicación: 30/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Neuquén
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que, además del desastre ambiental, los habitantes de la zona ven violados sus derechos por la militarización del territorio decidida por la ministra Patricia Bullrich.
Violación de derechos, desastre ambiental y militarización. Son tres los efectos que se producen en Vaca Muerta, según denunció la Confederación Mapuche de Neuquén. Fue luego de un nuevo incendio en un pozo de YPF (iniciado hace una semana y que aún no pueden apagar) y de que la ministra Patricia Bullrich ordenara que Gendarmería Nacional "custodie" a las petroleras.
"El índice de accidentes en Vaca Muerta es alarmante y en aumento en los últimos dos años. Es una conducta empresarial negligente y una omisión en la responsabilidad de fiscalización que tiene el Estado. Se pone en peligro la salud pública y el ambiente", denunció Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. En 2013, cuando se inició la explotación en Vaca Muerta, el entonces titular de YPF, Miguel Galuccio, había prometido "cero impacto ecológico".
Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Incluye las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Su explotación requiere la implementación de la cuestionada técnica de "fractura hidráulica" ("fracking"). Consiste en una perforación vertical en la tierra, luego perforaciones horizontales, con inyección de agua, arena y químicos a presión, para romper la roca que contiene el hidrocarburo. Por retrobombeo se obtiene el gas y el petróleo. Es muy cuestionada por sus efectos ambientales y en la salud.
En Argentina se comenzó a realizar en 2013 en Neuquén, de la mano de YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. También están presentes las empresas Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, Cnnoc, BP),Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía y Vista Oil (empresa de Miguel Galuccio).
Las secuelas del fracking
El fracking en Argentina acumula derrames, explosiones de pozos y "pérdidas" de pastillas radioactivas (se utilizan para "perfilajes", radiografías en profundidad). Las comunidades mapuches mostraron en estos años mediante fotos y videos decenas de hechos de contaminación.
El 19 de octubre de 2018 se produjo un gran derrame de petróleo en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo). Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense). Estuvo 36 horas fuera de control. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron solo "algunas hectáreas". YPF reconoció, diez días después del desastre, que se trató de 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) afirmaron que se trataba de al menos 80 hectáreas.
Según datos de la Secretaría de Ambiente provincial en la cuenca neuquina (donde está Vaca Muerta) se produce un promedio de dos derrames por día. Entre 2015 y 2018 las petroleras admitieron 3368 "incidentes ambientales". En 2018 hubo 934 hechos.
La fuga que derivó en incendio
El sábado 14 de septiembre, en el yacimiento Loma La Lata (también Vaca Muerta) comenzó una fuga de gas que se transformó en un mega incendio en un pozo de fracking de YPF. La Confederación Mapuche recordó que se trata de territorio de la comunidad indígena Wirkaleu, que nunca dio su consentimiento (como establece la ley) para el ingreso de las petroleras.
El gerente regional de YPF, Carlos Grassia, reconoció que aún no saben qué sucedió en el pozo. Y alertó que puede llevar hasta tres semanas apagarlo.
"El último incendio es el resultado de una industria denunciada en el mundo por no dar garantías ni seguridad a la población. Es urgente declarar la prohibición del fracking por el peligro inminente que implica para la población. Este 'accidente' lo demuestra una vez más", afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por las ONG Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el publicitado "fracking seguro": explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.
Silencio y militarización
Muy poco del aspecto socioambiental se publica en los grandes medios de comunicación. "Es enorme el poder de subordinación que YPF aplica a la prensa y a los operarios para minimizar todo el impacto de los accidentes", afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche. Resaltó la generosa pauta publicitaria que las petroleras distribuyen. A modo de ejemplo precisó que el diario La Nación inauguró una sección específica y permanente sobre las "bondades" de Vaca Muerta. El mismo medio que suele cuestionar la lucha mapuche por sus territorios.
El 14 de septiembre se produjo un atentado a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Con esa excusa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que Gendarmería Nacional custodie el accionar petrolero en Vaca Muerta.
Gendarmería, que ya reprimió a comunidades en Vaca Muerta, fue la responsable del operativo ilegal en Chubut que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. "Repudiamos la militarización de nuestro territorio. Es una clara amenaza hacia las comunidades que demandan sus derechos y es un llamado amenazante al amplio sector de la sociedad que rechaza un emprendimiento que solo genera saqueo, destrucción ambiental y agresión cultural", denunció la Confederación Mapuche.
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Amparo ambiental por residuos petroleros en Santa Cruz
Promueven un amparo ambiental por contaminación de residuos petroleros
Fecha de Publicación: 28/09/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
A través de la medida, se pide a la Justicia Federal que instrumente una acción cautelar que obligue a las empresas que explotan hidrocarburos en sus yacimientos a ejecutar trabajos de remediación y tratamiento de los residuos peligrosos.
En marco de la semana mundial de la lucha contra el cambio climático, ayer se interpuso en el Juzgado Federal de esa ciudad una acción de amparo ambiental contra operadoras petroleras que operan en territorio santacruceño.
A través de la misma se solicita a la magistrada a cargo de este organismo público, Marta Yáñez, que instrumente una medida cautelar que obligue a las empresas que explotan hidrocarburos en sus yacimientos, ejecutar trabajos de remediación y tratamiento de los residuos peligrosos.
El recurso fue presentado por el dirigente local del Partido Obrero, Omar Latini, acompañado por el abogado particular Alberto Luciani, vecino de Pico Truncado.
Si bien el contenido del escrito engloba a todas las zonas contaminadas, de manera puntual se hace referencia a lo que sucede en un descampado ubicado a unos siete kilómetros de la localidad de Las Heras.
En ese lugar, según indicó Latini, desde hace varios años hay decenas de contenedores con desechos productos químicos altamente perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas.
De tal manera, en uno de los párrafos del escrito, dejó sentado que “como habitante de esta zona, en función de haber recorrido personalmente la zona afectada y por informaciones que me suministraron trabajadores petroleros, me veo en la obligación de instar la presente acción de amparo ambiental a fin de peticionar a VS que ordene la remediación ambiental de las zonas contaminadas que especifico”.
De igual manera demanda que las empresas involucradas en la explotación petrolera “presenten un plan de cuidado ambiental y de tratamiento de residuos de esa industria”, ya que –afirma-, nada de ello se está cumpliendo.
Para avalar esta petición, el dirigente social y político hace referencia al artículo 43 de la Constitución Nacional que le confiere el derecho de reclamar ante la justicia, como así también a lo establecido por pactos internacionales sobre protección de medio ambiente y la Ley Nacional 25.675 que fija pautas sobre política ambiental.
De manera puntual, por el caso de Las Heras, solicita incluso que se intime a la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz y a YPF SA (concesionaria del área de referencia) a dar una respuesta inmediata a lo peticionado.
Para dar más fundamento a esta iniciativa, destaca que “se encuentran en juego derechos protegidos” por la Constitución Nacional como el de tener “un ambiente sano, equilibrado y apto para permitir el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las futuras generaciones”.
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Fecha de Publicación: 28/09/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
A través de la medida, se pide a la Justicia Federal que instrumente una acción cautelar que obligue a las empresas que explotan hidrocarburos en sus yacimientos a ejecutar trabajos de remediación y tratamiento de los residuos peligrosos.
En marco de la semana mundial de la lucha contra el cambio climático, ayer se interpuso en el Juzgado Federal de esa ciudad una acción de amparo ambiental contra operadoras petroleras que operan en territorio santacruceño.
A través de la misma se solicita a la magistrada a cargo de este organismo público, Marta Yáñez, que instrumente una medida cautelar que obligue a las empresas que explotan hidrocarburos en sus yacimientos, ejecutar trabajos de remediación y tratamiento de los residuos peligrosos.
El recurso fue presentado por el dirigente local del Partido Obrero, Omar Latini, acompañado por el abogado particular Alberto Luciani, vecino de Pico Truncado.
Si bien el contenido del escrito engloba a todas las zonas contaminadas, de manera puntual se hace referencia a lo que sucede en un descampado ubicado a unos siete kilómetros de la localidad de Las Heras.
En ese lugar, según indicó Latini, desde hace varios años hay decenas de contenedores con desechos productos químicos altamente perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas.
De tal manera, en uno de los párrafos del escrito, dejó sentado que “como habitante de esta zona, en función de haber recorrido personalmente la zona afectada y por informaciones que me suministraron trabajadores petroleros, me veo en la obligación de instar la presente acción de amparo ambiental a fin de peticionar a VS que ordene la remediación ambiental de las zonas contaminadas que especifico”.
De igual manera demanda que las empresas involucradas en la explotación petrolera “presenten un plan de cuidado ambiental y de tratamiento de residuos de esa industria”, ya que –afirma-, nada de ello se está cumpliendo.
Para avalar esta petición, el dirigente social y político hace referencia al artículo 43 de la Constitución Nacional que le confiere el derecho de reclamar ante la justicia, como así también a lo establecido por pactos internacionales sobre protección de medio ambiente y la Ley Nacional 25.675 que fija pautas sobre política ambiental.
De manera puntual, por el caso de Las Heras, solicita incluso que se intime a la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz y a YPF SA (concesionaria del área de referencia) a dar una respuesta inmediata a lo peticionado.
Para dar más fundamento a esta iniciativa, destaca que “se encuentran en juego derechos protegidos” por la Constitución Nacional como el de tener “un ambiente sano, equilibrado y apto para permitir el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las futuras generaciones”.
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Procesado por carnear una carpincho preñada
Identifican e imputan al hombre que carneó a la carpincho preñada
Fecha de Publicación: 27/09/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La Fiscalía allanó el domicilio del cazador furtivo y secuestró su arma y el cuero del animal. Violación a la ley de flora y fauna silvestre.
La Justicia de Melincué logró identificar e imputar al responsable de la matanza y el carneo en la laguna de un ejemplar hembra de carpincho que estaba preñada de cinco crías. El hecho ocurrió la semana pasada, el cazador subió imágenes a su página de Facebook y la Fiscalía actuó rápidamente para dar con él, allanó un domicilio en Elortondo y secuestró un arma y el cuero del animal. El caso generó gran indignación en el sur santafesino que se plasmó en las redes sociales con comentarios críticos hacia los cazadores furtivos.
El accionar del fiscal Matías Merlo fue reconocido por la comuna de Melincué mediante un comunicado, y logró que a la persona que salía en las redes sociales sosteniendo el animal "cazado" se le imputaran dos delitos. "Uno refiere a la aplicación del artículo 26 de la ley fauna, que tiene una pena de hasta dos años, y la misma pena por la tenencia de arma", explicó el fiscal.
En efecto, el artículo 26 de la ley 22.421 (actualizada por la 25.337) establece que "será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años el que cazare animales de la fauna silvestre utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación".
"La carpincho que mataron en nuestra laguna estaba al parir y tenía cinco carpinchitos en su vientre. La caza dentro de la laguna y en su entorno está prohibida. Es delito. Y fuimos con toda la fuerza de la ley contra aquel que no respeta su vigencia, al medio ambiente y a nuestro pueblo. Para que pague por lo que hizo", sostiene el comunicado oficial de la comuna.
"Al conocerse las imágenes del animal muerto y sus crías que estaban dentro del vientre, como comuna hicimos la denuncia en Fiscalía a través de nuestro secretario de Turismo, Deporte y Pesca, Mario Sacchetto. La persona que la mató tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados y hacerse cargo de lo que hizo", dice el escrito.
El lunes la Justicia allanó un domicilio de Elortondo donde se secuestró un arma y el cuero del animal. Se notificó la imputación y comenzaron las actuaciones judiciales. Es para destacar la rápida acción desde la comuna para darle una solución a este caso, como así también la respuesta del fiscal Matías Merlo de Melincué y la actuación policial.
"Hicimos un enorme esfuerzo comuna y guarda faunas para preservar esta familia de carpinchos, que fueron encontrados hace dos años. Trabajamos para que se reproduzcan y se incorporen a nuestra fauna local.
Siempre tratamos de no molestarlos y de no tomarle fotos cercanas. El hecho de que estén en un sector sin acceso al público beneficia a su desarrollo. En un año y medio, ya logramos que haya más de ocho ejemplares de carpincho", puntualiza.
El caso
Tal como lo publicó LaCapital en su edición del jueves, el guardafauna de la laguna de Melincué Mario Sacchetto presentó una denuncia en la Fiscalía de esa localidad, cabecera del departamento General López, y en la comisaría del pueblo por la caza de un carpincho hembra que estaba preñada.
Ocurre que eran sólo ocho los roedores que estaban en el humedal y que eran cuidados por los guardafauna precisamente para lograr que se desarrollen en ese ámbito propicio.
La indignación se notó en las redes ya que los cazadores subieron la foto con la pieza, de más de 60 kilos, al momento de cazarla y cuando la estaban carneando.
"Detectamos que había dos carpinchos hace unos dos años y queríamos preservarlos para su reproducción. De hecho ahora son ocho los integrantes pero el fin de semana unos cazadores irresponsables no tuvieron piedad con el carpincho al que cazaron. Encima estaba preñada".
La foto con el animal muerto apareció en una cuenta de Facebook en la que se alardeaba de la presa obtenida. En otra imagen se ve cómo el animal es carneado entre varias personas. Esto produjo indignación en la Secretaría de Turismo y Pesca de Melincué, que rápidamente realizó la denuncia tras enterarse por las redes sociales del hecho que se produjo el último fin de semana.
Cuidados
La laguna de Melincué es un espacio considerado Ramsar por su importancia como fuente natural de diversidad de flora y fauna.
Desde hace poco más de un año y medio la comuna viene realizando un control muy serio y responsable del espejo de agua para cuidar el recurso natural, estableciendo regulaciones y desalentado la pesca furtiva.
"Entre otras políticas desarrolladas creamos el grupo de guardafaunas y lo equipamos con recurso humano, capacitación, tecnología y vehículos. Generamos el pesquero, montamos los controles, organizamos a los guías. Implementamos el registro de pescadores y guías", aseguró el comunicado oficial.
Fue justamente un integrante de ese equipo quien formuló una denuncia policial y se presentó en el Ministerio Público de la Acusación para pedir que se investigara el episodio de la matanza de la carpincho, y ofreció datos sobre el presunto responsable.
La comuna de Melincué realizó junto a tres universidades nacionales el estudio de la flora y fauna de la laguna para diseñar las políticas más eficientes a los efectos de preservar el desarrollo de nuestra naturaleza. Entre otras medidas, se cerraron algunos accesos al espejo de agua.
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Fecha de Publicación: 27/09/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La Fiscalía allanó el domicilio del cazador furtivo y secuestró su arma y el cuero del animal. Violación a la ley de flora y fauna silvestre.
La Justicia de Melincué logró identificar e imputar al responsable de la matanza y el carneo en la laguna de un ejemplar hembra de carpincho que estaba preñada de cinco crías. El hecho ocurrió la semana pasada, el cazador subió imágenes a su página de Facebook y la Fiscalía actuó rápidamente para dar con él, allanó un domicilio en Elortondo y secuestró un arma y el cuero del animal. El caso generó gran indignación en el sur santafesino que se plasmó en las redes sociales con comentarios críticos hacia los cazadores furtivos.
El accionar del fiscal Matías Merlo fue reconocido por la comuna de Melincué mediante un comunicado, y logró que a la persona que salía en las redes sociales sosteniendo el animal "cazado" se le imputaran dos delitos. "Uno refiere a la aplicación del artículo 26 de la ley fauna, que tiene una pena de hasta dos años, y la misma pena por la tenencia de arma", explicó el fiscal.
En efecto, el artículo 26 de la ley 22.421 (actualizada por la 25.337) establece que "será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años el que cazare animales de la fauna silvestre utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación".
"La carpincho que mataron en nuestra laguna estaba al parir y tenía cinco carpinchitos en su vientre. La caza dentro de la laguna y en su entorno está prohibida. Es delito. Y fuimos con toda la fuerza de la ley contra aquel que no respeta su vigencia, al medio ambiente y a nuestro pueblo. Para que pague por lo que hizo", sostiene el comunicado oficial de la comuna.
"Al conocerse las imágenes del animal muerto y sus crías que estaban dentro del vientre, como comuna hicimos la denuncia en Fiscalía a través de nuestro secretario de Turismo, Deporte y Pesca, Mario Sacchetto. La persona que la mató tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados y hacerse cargo de lo que hizo", dice el escrito.
El lunes la Justicia allanó un domicilio de Elortondo donde se secuestró un arma y el cuero del animal. Se notificó la imputación y comenzaron las actuaciones judiciales. Es para destacar la rápida acción desde la comuna para darle una solución a este caso, como así también la respuesta del fiscal Matías Merlo de Melincué y la actuación policial.
"Hicimos un enorme esfuerzo comuna y guarda faunas para preservar esta familia de carpinchos, que fueron encontrados hace dos años. Trabajamos para que se reproduzcan y se incorporen a nuestra fauna local.
Siempre tratamos de no molestarlos y de no tomarle fotos cercanas. El hecho de que estén en un sector sin acceso al público beneficia a su desarrollo. En un año y medio, ya logramos que haya más de ocho ejemplares de carpincho", puntualiza.
El caso
Tal como lo publicó LaCapital en su edición del jueves, el guardafauna de la laguna de Melincué Mario Sacchetto presentó una denuncia en la Fiscalía de esa localidad, cabecera del departamento General López, y en la comisaría del pueblo por la caza de un carpincho hembra que estaba preñada.
Ocurre que eran sólo ocho los roedores que estaban en el humedal y que eran cuidados por los guardafauna precisamente para lograr que se desarrollen en ese ámbito propicio.
La indignación se notó en las redes ya que los cazadores subieron la foto con la pieza, de más de 60 kilos, al momento de cazarla y cuando la estaban carneando.
"Detectamos que había dos carpinchos hace unos dos años y queríamos preservarlos para su reproducción. De hecho ahora son ocho los integrantes pero el fin de semana unos cazadores irresponsables no tuvieron piedad con el carpincho al que cazaron. Encima estaba preñada".
La foto con el animal muerto apareció en una cuenta de Facebook en la que se alardeaba de la presa obtenida. En otra imagen se ve cómo el animal es carneado entre varias personas. Esto produjo indignación en la Secretaría de Turismo y Pesca de Melincué, que rápidamente realizó la denuncia tras enterarse por las redes sociales del hecho que se produjo el último fin de semana.
Cuidados
La laguna de Melincué es un espacio considerado Ramsar por su importancia como fuente natural de diversidad de flora y fauna.
Desde hace poco más de un año y medio la comuna viene realizando un control muy serio y responsable del espejo de agua para cuidar el recurso natural, estableciendo regulaciones y desalentado la pesca furtiva.
"Entre otras políticas desarrolladas creamos el grupo de guardafaunas y lo equipamos con recurso humano, capacitación, tecnología y vehículos. Generamos el pesquero, montamos los controles, organizamos a los guías. Implementamos el registro de pescadores y guías", aseguró el comunicado oficial.
Fue justamente un integrante de ese equipo quien formuló una denuncia policial y se presentó en el Ministerio Público de la Acusación para pedir que se investigara el episodio de la matanza de la carpincho, y ofreció datos sobre el presunto responsable.
La comuna de Melincué realizó junto a tres universidades nacionales el estudio de la flora y fauna de la laguna para diseñar las políticas más eficientes a los efectos de preservar el desarrollo de nuestra naturaleza. Entre otras medidas, se cerraron algunos accesos al espejo de agua.
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Bonadio también apunta a la mina Veladero
Otro juez federal porteño investiga la actividad minera en San Juan
Fecha de Publicación: 26/09/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Claudio Bonadio pidió información a Ambiente sobre el mercurio en la mina Veladero.
Es el juez federal de mayor exposición en Comodoro Py, ya que procesó en 10 expedientes a Cristina Fernández. De hecho, ayer elevó a juicio la causa conocida como los cuadernos de las coimas, en la que está imputada la expresidenta y exfuncionarios kirchneristas. Los detractores del magistrado le recuerdan haber estado "en la servilleta" del ex ministro del Interior del menemismo, Carlos Corach, en referencia a los jueces amigos del poder de entonces. Se trata de Claudio Bonadio, quien extendió su lupa y se metió en San Juan. Es que le encomendó a la Secretaría de Ambiente de la provincia que le envíe copias del expediente sobre la explotación que lleva adelante la exempresa Barrick (hoy Minera Andina del Sol) en Veladero, ya que está investigando si el mercurio existente y su almacenamiento representaría una infracción a la ley de Glaciares. En el Gobierno lo niegan, dado que señalaron que la actividad se produce fuera de toda zona glaciar.
No es la primera vez que un juez porteño intenta actuar en suelo sanjuanino, dado que su par Sebastián Casanello trató de hacerlo tras el derrame de solución cianurada en la mina iglesiana en 2015. Pero la Corte Suprema de Justicia lo cortó en seco y le dijo que, en líneas generales, no debía inmiscuirse en otra jurisdicción y limitó su accionar a la responsabilidad de funcionarios nacionales (ver recuadro).
En este nuevo caso se verá el alcance que intentará desplegar Bonadio, dado que por ahora ha pedido información "con carácter urgente" y dentro del tercer día de producida la notificación. El planteo ingresó el jueves a la Secretaría de Ambiente, pero la novedad trascendió ayer de fuentes calificadas, lo que fue confirmado desde la repartición local.
Este medio había dado a conocer en marzo del año pasado que la empresa minera preparaba un operativo internacional inédito para sacar 100 de las 400 toneladas de mercurio que se venía acumulando en Veladero. Se trata de un elemento tóxico que se genera junto a la producción de oro como un subproducto del proceso de lixiviación y de la fabricación del metal doré. Hasta 2014, la minera lo comercializaba en el mercado metalífero, pero a partir del año siguiente su uso internacional decreció, por lo que comenzó a acumularlo. En abril de este año salió el transporte de 100 toneladas del metal líquido con rumbo a Alemania, previo tratamiento en Bélgica. Y está previsto que se realice otro traslado en lo que queda del año o a principios de 2020, según habían manifestado.
La "Asamblea Jáchal No se toca" había radicado la denuncia en los tribunales porteños de Comodoro Py por el supuesto almacenamiento "peligroso e ilegal" del mercurio. La causa recayó en manos de Bonadio, titular del Juzgado Nacional Federal Nº11, quien encaró la investigación. En principio, el magistrado apuntaría a establecer si el acopio del mercurio (considerado un residuo peligroso por la ley 25.051) estaría violando la norma 26.639 de Protección de Glaciares, ya que esta última en su artículo 6 prohibe en los glaciares y en el ambiente periglacial "la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen". José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, negó de plano que el mercurio se produzca en un zona cercana a los cuerpos helados, ya que "se genera en la zona del procesamiento, en un valle alejado de cualquier glaciar".
Viaje
En un operativo con estrictas normas de seguridad, las 100 toneladas de mercurio salieron por el paso de Jama, en Jujuy, hacia el puerto San Antonio de Chile. El cargamento viajó a Bélgica, donde fue tratado, y al final recaló en una mina de sal en Alemania.
Tratamiento
El residuo peligroso se genera en el proceso minero. En su tratamiento, recibirá un proceso de estabilización, en el que el mercurio líquido se transforma en sulfuro de mercurio para volverlo al estado sólido. En esa instancia es sepultado en minas de sal.
Las intervenciones del juez Casanello
En una resolución de mayo de 2016, la Corte Suprema de Justicia decidió apartar al juez federal Sebastián Casanello de la causa por el derrame de solución cianurada de la mina Veladero. En su dictamen, el máximo tribunal limitó el accionar del magistrado porteño a establecer si hubo responsabilidades de exfuncionarios nacionales. Así, procesó por a los exsecretarios de Ambiente y de Minería del kirchnerismo Sergio Lorusso y Jorge Mayoral respectivamente por el delito de abuso de autoridad. La misma suerte recayó sobre Beatriz Domingorena, exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Pese a la decisión de la Corte Suprema, Casanello insistió con intervenir en la provincia en 2018. En ese momento, el juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, que subrogaba al juzgado de Jáchal, le solicitó abstenerse de tomar medidas.
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Fecha de Publicación: 26/09/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Claudio Bonadio pidió información a Ambiente sobre el mercurio en la mina Veladero.
Es el juez federal de mayor exposición en Comodoro Py, ya que procesó en 10 expedientes a Cristina Fernández. De hecho, ayer elevó a juicio la causa conocida como los cuadernos de las coimas, en la que está imputada la expresidenta y exfuncionarios kirchneristas. Los detractores del magistrado le recuerdan haber estado "en la servilleta" del ex ministro del Interior del menemismo, Carlos Corach, en referencia a los jueces amigos del poder de entonces. Se trata de Claudio Bonadio, quien extendió su lupa y se metió en San Juan. Es que le encomendó a la Secretaría de Ambiente de la provincia que le envíe copias del expediente sobre la explotación que lleva adelante la exempresa Barrick (hoy Minera Andina del Sol) en Veladero, ya que está investigando si el mercurio existente y su almacenamiento representaría una infracción a la ley de Glaciares. En el Gobierno lo niegan, dado que señalaron que la actividad se produce fuera de toda zona glaciar.
No es la primera vez que un juez porteño intenta actuar en suelo sanjuanino, dado que su par Sebastián Casanello trató de hacerlo tras el derrame de solución cianurada en la mina iglesiana en 2015. Pero la Corte Suprema de Justicia lo cortó en seco y le dijo que, en líneas generales, no debía inmiscuirse en otra jurisdicción y limitó su accionar a la responsabilidad de funcionarios nacionales (ver recuadro).
En este nuevo caso se verá el alcance que intentará desplegar Bonadio, dado que por ahora ha pedido información "con carácter urgente" y dentro del tercer día de producida la notificación. El planteo ingresó el jueves a la Secretaría de Ambiente, pero la novedad trascendió ayer de fuentes calificadas, lo que fue confirmado desde la repartición local.
Este medio había dado a conocer en marzo del año pasado que la empresa minera preparaba un operativo internacional inédito para sacar 100 de las 400 toneladas de mercurio que se venía acumulando en Veladero. Se trata de un elemento tóxico que se genera junto a la producción de oro como un subproducto del proceso de lixiviación y de la fabricación del metal doré. Hasta 2014, la minera lo comercializaba en el mercado metalífero, pero a partir del año siguiente su uso internacional decreció, por lo que comenzó a acumularlo. En abril de este año salió el transporte de 100 toneladas del metal líquido con rumbo a Alemania, previo tratamiento en Bélgica. Y está previsto que se realice otro traslado en lo que queda del año o a principios de 2020, según habían manifestado.
La "Asamblea Jáchal No se toca" había radicado la denuncia en los tribunales porteños de Comodoro Py por el supuesto almacenamiento "peligroso e ilegal" del mercurio. La causa recayó en manos de Bonadio, titular del Juzgado Nacional Federal Nº11, quien encaró la investigación. En principio, el magistrado apuntaría a establecer si el acopio del mercurio (considerado un residuo peligroso por la ley 25.051) estaría violando la norma 26.639 de Protección de Glaciares, ya que esta última en su artículo 6 prohibe en los glaciares y en el ambiente periglacial "la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen". José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, negó de plano que el mercurio se produzca en un zona cercana a los cuerpos helados, ya que "se genera en la zona del procesamiento, en un valle alejado de cualquier glaciar".
Viaje
En un operativo con estrictas normas de seguridad, las 100 toneladas de mercurio salieron por el paso de Jama, en Jujuy, hacia el puerto San Antonio de Chile. El cargamento viajó a Bélgica, donde fue tratado, y al final recaló en una mina de sal en Alemania.
Tratamiento
El residuo peligroso se genera en el proceso minero. En su tratamiento, recibirá un proceso de estabilización, en el que el mercurio líquido se transforma en sulfuro de mercurio para volverlo al estado sólido. En esa instancia es sepultado en minas de sal.
Las intervenciones del juez Casanello
En una resolución de mayo de 2016, la Corte Suprema de Justicia decidió apartar al juez federal Sebastián Casanello de la causa por el derrame de solución cianurada de la mina Veladero. En su dictamen, el máximo tribunal limitó el accionar del magistrado porteño a establecer si hubo responsabilidades de exfuncionarios nacionales. Así, procesó por a los exsecretarios de Ambiente y de Minería del kirchnerismo Sergio Lorusso y Jorge Mayoral respectivamente por el delito de abuso de autoridad. La misma suerte recayó sobre Beatriz Domingorena, exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Pese a la decisión de la Corte Suprema, Casanello insistió con intervenir en la provincia en 2018. En ese momento, el juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, que subrogaba al juzgado de Jáchal, le solicitó abstenerse de tomar medidas.
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