Se suman las causas judiciales por la mortandad de peces

Fecha de Publicación: 18/06/2024
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Dos fiscales federal en Tucumán, abrieron sendos expedientes por este episodio de contaminación en un afluente de la cuenca Salí-Dulce, en territorio tucumano. Se suma a la causa que se tramita en la Fiscalía Federal Nº 1 de  Santiago del Estero.
Por la mortandad de peces registrada el pasado fin de semana en un brazo del río Salí, conocido como río Muerto (Tucumán), se abrieron en la Justicia Federal de Tucumán dos causas. Las mismas se suman a la que se comenzó a instruir en  Santiago del Estero, en la Fiscalía Federal Nº 1 de Pedro Simón, por una denuncia de Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo provincial.
Ayer, el fiscal federal general ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, abrió de oficio una causa penal por supuestos delitos ambientales a raíz de la mortandad de peces registrada en el sur de la vecina provincia, en un afluente de la cuenca interprovincial Salí-Dulce.
El funcionario judicial advirtió que ante los avances de la zafra azucarera "me siento en la obligación de hacerle saber a los dueños de los ingenios azucareros que tirar residuos (como la vinaza) a los cauces de los ríos, es un delito previsto por los artículos 55 y 56 de la Ley 24.051".
Paralelamente, el fiscal federal de instrucción Nº 1 de Tucumán, Carlos Brito, también dio apertura a una causa por este hecho, a partir de la denuncia de una particular. El magistrado federal, trascendió, habría solicitado las primeras medidas como tomas de muestras en la zona de la mortandad de peces.
Como se recordará, equipo del Programa de Monitoreo Permanente de Santiago del Estero tomó muestras de peces y de agua en el lugar el lunes 10, el día siguiente que se conoció esta mortandad. Estas muestras son analizadas en el laboratorio del Instituto de Hidrobiología y se esperan los resultados que den pistas del origen de este incidente.
Dos días después, el miércoles 12, en una segunda inspección por el sector, al equipo de técnicos santiagueños se sumó uno de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán que también tomó muestras.
Mientras tanto y con la idea de iniciar un trabajo conjunto para evitar estos episodios, la próxima semana, presumiblemente el martes, llegará a Santiago del Estero una delegación de funcionarios tucumanos para reunirse con autoridades de Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo.
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Luz verde a la Ley Bases y más política extractiva en Argentina

Fecha de Publicación: 17/06/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases aprobada por la Cámara de Senadores profundiza el modelo político-económico de explotación de la naturaleza, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Las grandes empresas internacionales, que ya contaban con amplias ventajas de rentabilidad y ausencia de controles, celebraron la medida. Represión en las calles y el extractivismo como política de Estado.
El Senado aprobó la Ley Bases. Ahora el proyecto regresará a la Cámara de Diputados, donde se deberá revisar las modificaciones que, aunque mínimas, hizo la Cámara Alta. La iniciativa del Gobierno beneficia a grandes trasnacionales, como mineras, petroleras y firmas del agronegocio. Todas las asambleas socioambientales, movimientos campesinos y organizaciones indígenas coinciden en que esta norma profundiza el modelo extractivo y, al mismo tiempo, incrementará la presión (y los conflictos) territoriales en Argentina. Mientras se desarrollaba la sesión, las personas que se manifestaban en el Congreso fueron ferozmente reprimidas y más de 30 fueron apresadas.
Tras un empate de 36 votos afirmativos, 36 negativos y cero abstenciones, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villaruel, resolvió a favor del proyecto del Ejecutivo. En las horas previas trascendió que la senadora Lucila Crexell será nombrada en la Embajada ante la Unesco a cambio de su voto afirmativo. También fueron llamativos los votos a favor de los peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos Espínola (Corrientes). "Este proyecto exacerba la matriz extractivista porque genera beneficios fiscales, financieros y cambiarios que acentúan la política de saqueo de nuestra naturaleza. Y su tratamiento fue escandaloso. Es la Banelco del siglo XXI. Más que una explicación política, hay que buscar una explicación criminal", afirmó tras la sesión Enrique Viale, de la Asociación de Abogades Ambientalistas.
El abogado fue uno de los expositores de la sociedad civil contra la Ley Bases en la Cámara de Diputados. "Estábamos discutiendo leyes del siglo XXI y pasamos a discutir temas del siglo XIX", afirmó entonces. Ya con la aprobación de ambas cámaras, denuncia: "Estamos ante un gobierno negacionista del cambio climático y de la cuestión ecológica, que además es entreguista y está manejado por grandes corporaciones. Esto le cae como anillo al dedo a Elon Musk para saquear el litio argentino, por ejemplo. Pero no hubiera salido sin la complicidad de gran parte de la denominada oposición". En la Cámara Alta hay sólo siete senadores oficialistas, por lo que la gran mayoría de los votos fueron de legisladores de otros bloques.
Al volver el proyecto a Diputados, se abren tres posibilidades: la primera es que esa cámara apruebe la ley tal como salió del Senado. La segunda es que la apruebe pero insista en el proyecto original (para eso necesita la mitad de uno). Y la tercera es que rechace todo. En caso de darse este último escenario, el tema no podría volver a tratarse durante este año. Pero para Viale no es probable que ocurra. "Hay que estudiar si no hubo complicidades por parte de senadores que acompañaron diciendo que hacían modificaciones, sabiendo que después vuelve a Diputados y se puede volver al proyecto original", apunta y concluye: "Hay que seguir más juntos que nunca defendiendo a la naturaleza, los territorios y la patria".

RIGI: las puertas abiertas para el saqueo
"Este proyecto significa más extractivismo, menos democracia y un gobierno que pone todo el aparato represivo al servicio de las corporaciones", resume Viale. La sanción del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es el mayor exponente del modelo que busca instalar la Ley Bases. Dicho régimen comprenderá proyectos de "foresto industria" (como se llamó durante el debate al agronegocio), infraestructura, minería, energía y tecnología.
Las empresas de esos rubros que hagan inversiones de más de 200 millones de dólares tendrán enormes ventajas en relación al resto de las empresas del país. Entre ellas, obtendrán una reducción en el impuesto a las Ganancias, no tendrán restricciones ni aranceles para importar maquinaria e insumos —lo que desalienta la compra a proveedores nacionales— y tampoco pagarán retenciones a las exportaciones. Sumado a eso, a partir del tercer año del proyecto no tendrán obligación de liquidar ni de ingresar al país las divisas que generen por las exportaciones que realicen. Además, tendrán prioridad en el acceso a recursos como el agua o la energía ante un escenario de escasez. Durante los próximos 30 años tendrán "estabilidad fiscal": no podrán tener modificaciones impositivas ni legales.
El RIGI fue uno de los temas que generó más polémica en el Senado por los beneficios que otorga a los grandes capitales. Sin embargo, las modificaciones terminaron siendo sólo cosméticas. Uno de esos cambios fue modificar (según se observó en el debate) "agroindustria" por "foresto industria". "Con esto estamos protegiendo al campo, a la agroindustria, a sectores tradicionales argentinos. No necesitamos que vengan grandes capitales, compren el complejo aceitero de Santa Fe, hagan un RIGI y no paguen impuestos. Esto es para actividades nuevas, como la forestal, que en Argentina está tan mal manejado que terminaron todas las pasteras yéndose a Uruguay", alegó el senador salteño Juan Carlos Romero.
Al votar de forma afirmativa, el legislador también manifestó, en relación al artículo 163, que demanda la adhesión de las provincias para la aceptación de un proyecto: "Se protege el ejercicio legítimo de las provincias. Soy reacio a que le cedamos el resguardo ambiental a la Nación o que aparezcan los grupos ambientalistas porteños a decir si es bueno o no un proyecto en la Puna. La cuestión ambiental es de las provincias".
Los senadores decidieron no resguardar el derecho al ambiente sano ante el desembarco de estas empresas. Ni siquiera cuando lo solicitó en plena sesión la senadora Edith Terenzi (Juntos por el Cambio, Chubut), quien preside la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta. "El régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales. A lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación con respecto a los proyectos de inversión que se propongan. No hay ninguna condición a las empresas beneficiarias para presentar estudios de impacto ambiental ni evaluaciones de los impactos acumulativos de estos proyectos", argumentó. Y propuso agregar el requisito de que los emprendimientos den pruebas de su “sustentabilidad ambiental” para ser aprobados y que el incumplimiento de la normativa ambiental sea causal de exclusión del régimen.
Ninguna de las dos propuestas fueron tenidas en cuenta. Pero la legisladora terminó votando a favor.
En el mismo sentido votaron Guillermo Andrada, senador del PJ cercano al gobernador Raúl Jalil de Catamarca. Una de las modificaciones que propuso fue incluir un plan de desarrollo de proveedores locales, aunque no avanzaron en la contratación de trabajadores locales para los proyectos mineros. En la bancada oficialista también se sumaron los votos a favor del RIGI de Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

Sin organismos ni fondos para proteger la naturaleza
La Ley también salió del Senado con otras modificaciones en materia de regulación ambiental y cesión de recursos. En el artículo 3°, de delegación de facultades, se habilita al presidente Javier Milei a avanzar en la reforma del Estado y una reorganización administrativa. Para ello, se le permite modificar la estructura jurídica, disminuir competencias o, directamente, eliminar organismos estatales. Entre los espacios claves para la coordinación y aplicación de políticas ambientales que quedarán a merced del Presidente están el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianiglia) y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
En la Cámara Alta se exceptuó de este artículo a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Geológico-Minero Argentino (Segemar) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).
Durante la sesión, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (UP) propuso sin éxito quitar la palabra “eliminar” de las facultades cedidas al Presidente. En tanto, el artículo 5° faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Entre ellos, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el Foder (orientado al desarrollo de energías renovables) y el Fodis (destinado a la promoción de generación distribuida de energías renovables).
La decisión del Congreso de avalar la posibilidad de eliminar estos fondos perjudica a las áreas protegidas como, por ejemplo, los bosques nativos. “La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de los artículos del 30 al 39 de la Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques (Ley 26.331)”, indicaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Hidrocarburos para la exportación
El proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo (nacional o provincial, según corresponda), podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de esas actividades. También se elimina la prioridad del abastecimiento interno y la potestad del Ejecutivo de fijar precios.
"Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional", se lee en la iniciativa. De esta manera, se modifica la Ley 17.319 de Hidrocarburos; la 24.076, de Gas Natural, y la 26.741, por la cual se nacionalizó el 51 por ciento de YPF en 2012. Además, introduce cambios en los entes reguladores y en las leyes 15.336 y 24.065, sobre generación, transporte y regulación de la energía eléctrica.
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Clausuran una empresa que tiraba agua del fracking al desagüe de Centenario

Fecha de Publicación: 17/06/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Funcionaba como un lavadero petrolero en el predio de la ex juguera ubicado en las chacras. La jueza de Faltas lo clausuró y le impuso una multa millonaria.
Un lavadero petrolero, ubicado en el medio de las chacras de Centenario, fue clausurado por derramar líquidos contaminantes del fracking al suelo y a los canales de riego, en el predio donde funcionaba la ex firma Jugos del Sur SA. La empresa fue multada con $10,3 millones por la jueza de Faltas, Carolina Vidal, por arrojar efluentes peligrosos, y en principio es la pena mínima por no ser reincidente. Pero se abrió una investigación por más irregularidades ambientales.
La situación era conocida, por el movimiento de camionetas y personal en un lote en medio de la zona rural, donde se puede ver hasta el montaje de una torre petrolera entre las alamedas, donde operan tres empresas de servicios petroleros. Los operarios utilizaban agua subterránea para lavar camionetas y tubos para la industria del fracking, y se constató la presencia de hidrocarburos en el lugar, y efluentes que se vertían en el desagüe, con una caño ilegal conectado desde las instalaciones hasta las aguas que conducen al río Neuquén.
La jueza del Tribunal de Faltas tomó la determinación luego de varias notificaciones e inspecciones realizadas a la firma que se presentó como responsable de las maniobras, Monali SAS, radicada en la ciudad de Neuquén y constituida en 2019.
Algunos vecinos se cansaron de la situación y radicaron una denuncia, de una situación que viene desde la pandemia. Pero en ese momento nadie había detectado nada, y las inspecciones no habían tenido un resultado positivo en la dirección municipal de Medio Ambiente.
Un sector del desagüe principal de Centenario se contaminó con hidrocarburos por el arrojo de efluentes e una empresa. Hubo una clausura preventiva y multa.

Denuncia vecinal o "batida"
Se habla también de una “batida” ya que las descargas de efluentes estaban a la vista de todos, a metros del cementerio municipal. La empresa comparte el predio de la ex juguera con un taller de soldadura y también con la empresa BM Inspecciones, según constataron los inspectores municipales en las actas realizadas en abril y mayo, a través de inspecciones.
A la empresa Molani SAS se le dio un plazo para que adecúe los procedimientos del lavadero, pero no lo cumplió, y las viejas instalaciones, donde funcionaba la iónica Jugos del Sur, fueron clausuradas.
La empresa operaba con cierto halo de misterio, ya que si bien tenía licencia comercial, nadie se explica cómo pudo funcionar un lavadero con residuos petroleros en medio de las chacras.
Se trata de un lavadero industrial de flota pesada y tolvas (también de caños de perforación en su momento) y en el informe ambiental de la Municipalidad consta que se usaba agua subterránea para el lavado de las unidades, los tanques de almacenamiento, sistema de recolección, tratamiento con un tema de filtros de carbón activado.

Clausura: había sido notificada pero no cumplió
La situación se destapó después de la pandemia y en estos últimos meses, por el incremento notorio de la actividad, según los vecinos de esa zona. Luego del lavado de vehículos y materiales petroleros, los efluentes iban a parar directo a los desagües, un vertido de manera constante.
De acuerdo a la información que pudo obtener LMNeuquén, se labró un acta de inspección el pasado 12 de abril donde se notificó al responsable de la empresa Monali SAS, para que cese el derrame de fluidos contentamientos. Pero esto no ocurrió.
Es que la generación de los derrames nunca paró y la compañía ni se inmutó ante las inspecciones. Se realizaron visitas en días y horarios distintos, y los efluentes contaminados con petróleo se seguían arrojando al desagüe, a la vista de todos. Era una situación además conocida por los vecinos que salen a caminar, no sólo por el sector de chacras, sino por Loteo Cabezas, un predio muy cercano a la ex juguera usado para la práctica deportiva.
El pasado 10 de mayo de 2024 se labró una segunda acta de Inspección por derrame de fluidos al desagüe, con notificación a la razón social. Se dio un plazo de remediación que nunca se cumplió.
La empresa Molani SAS funcionaba en el viejo predio de la ex Jugos del Sur SA de Centenario. También operan otras compañías.

La política: ¿Nadie vio nada?
Dentro de la investigación que hizo la comuna, se detectaron otras irregularidades que al menos llaman la atención. Hubo una informe ambiental (Expediente N° 920 del 2023), donde el personal de la ex dirección de Medio Ambiente, hizo un informe, cuyos resultados fueron negativos. No detectaron nada de vertidos ni contaminación. ¿Qué pasó? Aún no hay respuestas.
La empresa había presentado una nota con algunos de los datos solicitados en su momento por la comuna, pero omitió la constancia de inscripción de Generadora de Residuos Peligrosos. ¿Cómo es posible que pudo haber operado durante casi cuatro años una empresa sin autorización?
No había permiso de Recursos Hídricos de la provincia ni un informe sobre la generación, el tratamiento y el final de los residuos especiales (barros y efluentes contaminados con hidrocarburos) ni tampoco la autorización de agua subterránea para el lavadero.
Los plazos para la empresa se vencieron en estos dos meses y la jueza Vidal no dudó en la clausura preventiva a la compañía con toda la ruta administrativa en la mano, las fotografías y el detalle de las actas.
El caso deja de ser sólo una anécdota, ya que Centenario tiene un debate casi perdido con la irrupción del negocio de Vaca Muerta, que avanza cada vez más sobre la zona rural. Y una postal de ese debate es la torre, hoy ficticia, que se erige entre las alamedas de un pueblo que huele más a petróleo que a manzanas.
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Cazadores cazados: turistas franceses detenidos en el norte de Santa Fe con cientos de animales

Fecha de Publicación: 14/06/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Santa Fe


Ocurrió durante un operativo conjunto entre Nación y Provincia destinado a terminar con estas prácticas. Incautaron 84 patos silvestres en una camioneta
La caza ilegal de aves constituye una amenaza significativa para la biodiversidad y los ecosistemas naturales, pone en peligro a numerosas especies, algunas de las cuales pueden encontrarse en riesgo de extinción. A su vez, constituye un importante negocio económico que muchas veces resulta difícil de controlar.  
Días atrás, inspectores de fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, junto al personal de la Gendarmería realizaron un importante operativo en el norte de la provincia. El objetivo fue frenar la caza indiscriminada en las zonas de bajos y cañadas, áreas ricas en biodiversidad que son constantemente amenazadas por la actividad cinegética ilegal.
Como resultado de esta intervención se logró detener a un conocido operador cinegético junto a dos extranjeros de nacionalidad francesa. Estos individuos fueron demorados cuando regresaban de un día de cacería en la localidad de Golondrinas, en el Departamento General Obligado, norte de Santa Fe.
En el vehículo en el que se desplazaban se encontraron casi un centenar de patos y diversos elementos de caza, muchos de ellos prohibidos.
Entre los artículos decomisados se incluyen patos, señuelos mecánicos y llamadores, así como otros elementos de caza. Además, se hallaron artes de caza y pesca que podrían estar relacionados con la actividad ilegal de comercialización de aves. Dentro del vehículo también se encontraron aves silvestres taxidermizadas (práctica especializada en la disecación de cadáveres de animales), gomeras y más señuelos, evidenciando la escala y sofisticación de la operación ilegal.
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Scioli convocó a una mesa de trabajo con empresarios industriales para simplificar y agilizar trámites ambientales

Fecha de Publicación: 14/06/2024
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Durante la jornada se abordaron temas como licencia ambiental, certificados para residuos peligrosos, movimientos transfronterizos de residuos y el comercio de sustancias que dañan la capa de ozono.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli y la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, convocaron hoy a una mesa de trabajo con empresarios y cámaras de la industria, con el objetivo de analizar los procesos administrativos legales que impactan en cada actividad y poder simplificar la ejecución de los trámites, apoyar al sector privado y realizar un trabajo articulado entre lo público y lo privado.
Durante la apertura del encuentro, Scioli destacó: “Ustedes son una prioridad, las empresas y los sectores de la industria son estratégicos. Por eso, sabemos que es muy importante escucharlos y saber qué necesitan para seguir avanzando, especialmente ahora que tenemos por delante el desafío de producir cada vez más y lograr también un equilibrio, una armonía entre la producción y el trabajo y la responsabilidad social, empresarial y ambiental”. Más adelante expresó: “Por eso, tenemos que lograr ser cada vez más competitivos, ser cada vez más eficientes en todos los procesos productivos y que el Estado precisamente no sea un contrapeso”.
Por su parte, Ana Lamas dio la bienvenida a los empresarios y representantes de las distintas cámaras y también manifestó: “En el término de dos meses pudimos emitir 800 expedientes, que es un número muy importante. Tengo que agradecerle muy especialmente al equipo de la Subsecretaría que ha puesto tiempo, dedicación y compromiso”.
A su tiempo, Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automóviles (ADEFA) comentó: “Quiero agradecer al secretario, a Ana y a todo el equipo técnico por esta convocatoria. Es muy importante trabajar en conjunto. También quiero agradecer la gestión en los primeros avances”. Además, señaló: “El tema de la configuración ambiental es relevante. Por eso, en ADEFA hay varios representantes de compañías que acá me están acompañando. Nosotros estamos trabajando en un programa que nos va a aportar y mostrar qué parte del proceso se volverá a simplificar. Tenemos por delante una agenda muy activa y productiva”.
Las mesas de trabajo se dividieron en cuatro temas: Licencia para configuración ambiental, vehículos livianos, Res. 382/2021; certificados ambientales anuales para generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos, Ley 24051; movimientos transfronterizos de residuos; por último, importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono.
Participaron, entre otros, representantes de las siguientes empresas: Servicios Ambientales del Neuquén SRL, Regomax Comercial Carpets, Saltapetrol SRL, BYD Auto Industry SA, Kia Argentina SA, Unión Industrial Argentina, Corven Motors Argentina SA, Weinger e hijos SRL, Logística Industrial SRL, Iveco Group, Dalafer SA, ADEFA, Unipar Indupa SAIC, Toyota Argentina SA, Frio Industrias Argentinas SA, Sony Argentina S.A., Peugeot Citroën Argentina SA, Nissan, Dautec Argentina SA, Crisalis SA, Hábitat ecológico, Ford Argentina SCA, CAIRPLAS (Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos), Tredi Argentina SA, Grupo La Emilia, Buenos Metales SA, Volkswagen Argentina SA, Procter & Gamble Argentina, SRL.
Por parte de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación estuvieron presentes Augusto Paz, director nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana y Eduardo Conghos, director nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos.
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Ley de bosques: envían el nuevo mapa a la Legislatura

Fecha de Publicación: 13/06/2024
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


La retrasada revisión del ordenamiento territorial de Salta fue concluida. Es inminente su tratamiento en el Senado. Se incluyeron categorías de protección.
El nuevo mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta ya fue confeccionado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, según pudo averiguar El Tribuno de distintas fuentes oficiales. En estos días se le dará ingreso al Senado provincial para que inicie su derrotero de aprobación en la Legislatura. Así, terminaría el último paso para cumplir con una parte de lo que marca la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (o simplemente ley de bosques), vigente en Salta desde 2009, cuyo OTBN nunca pasó por una revisión a pesar de que esto tuvo que hacerse cada cinco años. El incumplimiento derivó en una virtual paralización de cualquier proyecto productivo incluido en ciertas zonas protegidas por esta ley, con todo lo que eso significa para una de las provincias más pobres del país.
"Estamos terminando con ciertos ajustes jurídicos que tienen que ver con el texto puntual del proyecto de ley y lo vamos a mandar a consideración de los salteños, los diputados y senadores en los próximos días", ratificó ayer el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Martín de los Ríos.

"Producir conservando"
"Estamos convencidos que el nuevo ordenamiento territorial nos va a permitir producir conservando, pero producir mucho más, donde la ciencia y las nuevas tecnologías demuestran que se puede generar ganadería bajo monte, que se puede intervenir un bosque sin que eso signifique desmonte ni impacto ambiental negativo", agregó el funcionario en una entrevista con Radio Salta.
Lo cierto es que llegar a un nuevo mapa local de la ley de bosques fue una verdadera hazaña del Gobierno, por los diferentes intereses supuestamente contrapuestos que puede afectar un ordenamiento territorial, tanto a los sectores conservacionistas (del medio ambiente), como a los productivos y a los residentes de la áreas protegidas. La mirada que primó en las autoridades fue la de tratar de llegar a un equilibrio y evitar la falsa dicotomía entre producción y conservación ambiental.
Esa tarea llevó tres años y no dejó a todos conformes. Organizaciones empresariales agrarias pusieron reparos al igual que ambientalistas, a pesar de que fueron consultados y sus opiniones resultaron vinculantes.

Las categorías del mapa
De acuerdo a lo que pudo averiguar este diario, se establecieron nuevas categorías en el nuevo mapa que pinta a la provincia de distintos colores (en el actual vigente son tres: rojo, amarillo y verde). La categoría roja, que prohíbe cualquier intervención, abarca 1.308.243 hectáreas de bosques. La amarilla, dónde se puede producir, pero sin desmontes contiene 3.321.789 ha. La categoría verde, donde se puede desmontar y producir comprende unas 700.000 ha.
Hay una categoría nueva, la marrón, que suma 2.928.531 hectáreas, que son áreas de "protección- conservación" donde el desmonte "estaría regulado según el potencial de transformación de las cuencas de agua", explicó una fuente técnica de Medio Ambiente. Es decir, se permitiría desmontar siempre que no se afecten las fuentes proveedoras de agua. Finalmente, se incluye una categoría "urbana", de 30.209 ha. y una superficie de 12.158 ha de cuerpos de agua.
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Confirmaron la presencia de hidrocarburos frente al glaciar Perito Moreno y suspendieron a una embarcación de turismo

Fecha de Publicación: 12/06/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz


La Justicia logró establecer que el derrame se debió a un desperfecto técnico en el motor de propulsión del buque turístico que funciona con diésel
Semanas después de que se conociera la alarmante situación en el Glaciar Perito Moreno, se confirmó que la mancha que se detectó en el Lago Argentino-Brazo Chico se debe a un derrame de hidrocarburos, por lo que suspendieron a la embarcación que brindaba servicios de turismo en el lugar.
El 11 de abril los guardaparques del Parque Los Glaciares detectaron la presencia de dos manchas oscuras compatibles con un derrame de hidrocarburos y aceites. Una de ellas se situó en el frente del glaciar, mientras que la segunda abarcó la costa del Puerto Bajo las Sombras que es utilizada por la empresa de turismo Hielo y Aventura. Por esto mismo, se ordenó que se realicen las pericias necesarias para terminar de confirmar si se trataba de combustible.
Así, el fiscal federal subrogante Julio Zárate, a cargo del caso, recibió los resultados de las pruebas que revelaron que la mancha se debe a un derrame de hidrocarburos, de acuerdo con la información a la que pudo acceder La Tecla Patagónica. De esta manera, Zárate presentó una medida cautelar para que se suspenda la operatoria de la embarcación del buque señalado como el causante de este desastre ambiental.
En consecuencia, el juez Federal de Río Gallegos, Marcelo Vázquez, dio el visto bueno a la petición, por lo que se prohibió temporalmente el uso de la embarcación en el Lago Argentino, que actualmente se encuentra en el puerto Bajo Las Sombras, dentro del Parque. Esta medida se mantendrá hasta que un informe elaborado por personal especializado indique que la operatoria no afecta de forma negativa al ambiente.
“En cuestiones como estas, donde se encuentra en juego la contaminación de un elemento de semejante vital importancia como lo es el agua, siempre subyace la necesidad de actuar con especial celeridad, más aún en casos que importan la posible afectación y un trascendente impacto negativo en la integridad física de una colectividad indeterminada de personas, flora y fauna, como así también del ambiente en general”, alegó el juez en su resolución.
Vázquez también ordenó que la Administración de Parques Nacionales prepare su propio informe técnico para evitar que estos hidrocarburos alteren el agua de forma negativa.
Según los elementos con los que cuenta la investigación, la Justicia logró establecer que el derrame se debió a un desperfecto técnico en el motor de propulsión del buque turístico que funciona con diésel.
El informe de las pericias, realizadas por la División Laboratorio de Ensayos Fisicoquímicos de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA), indicó que se detectó la presencia de HEM —material extraíble con hexano, similar al aceite— y SGT-HEM —que corresponde a hidrocarburos totales de petróleo—.
Al momento de presentarse la denuncia, la Asociación de guías de turismo de la provincia de Santa Cruz (AGUISAC) y la Asociación de Guías de Montaña de El Chaltén (AGMEC) elevaron un pedido de información de daño ambiental en el Lago Argentino a la Administración de Parques Nacionales, con el objetivo de dimensionar los efectos que esta situación podría tener en el medio ambiente.
La situación salió a la luz a principios de mayo cuando el medio OPI Santa Cruz publicó la denuncia. En su artículo, cuestionó la inacción de las autoridades, puesto que el buque siguió funcionando en el lugar.
Como consecuencia de la presunta falta de controles, indicaron que la mancha en forma de hilo que está frente al glaciar afectaría a las piedras, aves y plantas autóctonas, que son conocidas por ser altamente sensibles. Por este motivo, expertos ambientales remarcaron que es vital contar con una rápida actuación ante situaciones de derrames de hidrocarburos. Asimismo, consideraron que lo ocurrido “es un verdadero desastre”, sobre todo, porque la problemática alarmó a las autoridades locales, provinciales y nacionales.
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Multan por $68M a una finca por incumplir con una reforestación

Fecha de Publicación: 10/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Aún resta conocer qué sucederá con la multa de 171 millones de pesos impulsada en 2016 desde la Procuración General de la Provincia.
A siete años de la firma de un acuerdo de reforestación que incumplió recurrentemente, la Justicia salteña impuso una multa de casi 68 millones de pesos a Juan José Karlen, quien debía recomponer un ambiente donde había demostado 11 mil hectáreas, casi equivalente a la superficie de la ciudad de Salta, que tiene 12 mil hectáreas.
La multa dispuesta por la jueza Viviana Yance, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), fue en respuesta a un pedido de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez.
Esta decisión es en relación a un desmonte que desde 2012 venían denunciando campesinos e indígenas del departamento San Martín. Las denuncias no encontraron eco en aquel momento, incluso la Secretaría de Ambiente de la provincia hasta llegó a negar la existencia de las topadoras.
Pero en abril de 2013 la propia AFIP comprobó que el desmonte de 11 mil hectáreas era real. Fue en el marco de una inspección en la que encontró a personas en situación de trabajo esclavo.
Recién ante la evidencia se impulsaron acciones. En 2016 la Procuración General de la Provincia, entonces a cargo de Pablo López Viñals, pidió que se le aplicara a Karlen una multa de 171.413.473 pesos.
El finquero pidió una conciliación en la que consiguió un acuerdo judicial para restaurar el bosque nativo. Sin embargo, nunca cumplió este compromiso. Hubo reiteradas instancias para tratar de avanzar en la remediación ambiental, y reiteradas conciliaciones sin que se cumplieran tampoco estos otros acuerdos para tratar de reparar el monte destruído.
Denuncias de lugareños de Dragones (pueblo ubicado en el límite de los departamentos Rivadavia y San Martín) dieron cuenta de que en esos años en que las tierras debían restaurarse seguían siendo explotadas con diversas producciones. La finca nunca fue clausurada.

Incumplimiento sistemático
“El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente el compromiso de ceder sus pretensiones agropecuarias sobre 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente y acordó con la Procuración General de la provincia de Salta un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y extenderse por 30 años”, explicó ayer la Procuración General al recordar la fecha en la cual el bosque debía comenzar a ser reforestado. Los estudios que en ese momento se hicieron determinaban que antes del desmonte se había clasificado a la superficie en un estado “bueno”.
Entre otros objetivos del acuerdo, se contemplaba la creación de un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, la forestación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea y una importante inversión en materia social, incluyendo a comunidades aborígenes y criollas.
Finalmente, en el acuerdo homologado el 3 de diciembre de 2018, se estableció que en caso incurrir en omisiones, la finca quedaría afectada como área protegida privada hasta su total recomposición natural.
“Desde entonces, la fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, ha reclamado sistemáticamente el cumplimiento del acuerdo y ha reiterado inspecciones técnicas con personal del CIF, Bosques de la Provincia e INTA, sin resultados apreciables”, indicó la Fiscalía.
La fiscal requirió la multa por incumplimiento que finalmente fue consentida por el Juzgado, intimando a Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020. Desde ese momento los procedimientos judiciales se continuaron recurrentemente.
Finalmente, el pasado 30 de mayo la jueza Viviana Yance resolvió que, como ya hace cuatro años que se intima a la firma a cumplir cabalmente con su resolución del 3 de noviembre de 2020 sin éxito, "corresponde rechazar todos los planteos de nulidades de Karlen". Y ordenó formar expediente de ejecución de la deuda líquida y exigible a diciembre de 2023 por $67.920.000,00 en contra de la demandada.

“No se da una buena señal”
El desmonte de Karlen es uno de los casos emblemáticos que mencionó la asociación ambientalista Greenpeace para pedir que el desmonte sea categorizado como un delito penal. Pero el proyecto de ley nunca prosperó y quedó sin estado parlamentario.
“No se da una buena señal”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, más aún cuando en el Día del Ambiente (que se conmemoró ayer), surge que se otorga una multa por incumplimiento, 103 millones de pesos menos que la multa que se había impulsado originalmente por desmontar. Si bien la actual es por los incumplimientos al acuerdo aceptado.
En mayo de 2017, López Viñals (ahora juez de la Corte salteña) hablaba de que la demanda millonaria contra Karlen “había entrado en una etapa decisiva”, ante los incumplimientos. Al tomar el dato entre abril de aquel año y abril de 2024, los registros indican que la inflación acumulada fue de 5.250 por ciento. Según ese índice, la actualización llevaría la multa a casi 9 mil millones de pesos.
“Lo importante es la restauración y que vuelva el bosque”, añadió Giardini al recordar que siempre se apuntó contra las multas porque el costo del incumplimiento también se incorpora en el costo de los desmontes.
“Todos estos años se llenaron los bolsillos”, al continuar con la producción en las tierras cuando “las deberían haber restaurado”, cuestionó el coordinador. Sostuvo que para ello es preciso que se clausure la finca de una vez por todas. “Es uno de los desmontes ilegales más grandes de los últimos años y le van a aplicar una multa menor a la original”, insistió en la crítica.
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“Golpe en la nuca”: la reacción de las asociaciones que controlan el saneamiento del Riachuelo por el posible cierre de la causa

Fecha de Publicación: 06/06/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


Integrantes del cuerpo colegiado mostraron sorpresa y rechazo ante el trascendido de que la Corte Suprema daría por terminado el expediente, tras condenar a la Nación, la Ciudad y la Provincia por daño ambiental y exigirles recuperar el río
Sorpresa, incredulidad y un “golpe bajo”. El cuerpo colegiado que monitorea la sentencia que ordenó sanear el Riachuelo, reaccionó luego de trascender que la Corte Suprema de Justicia podría cerrar el caso a 16 años de haber dictado ese fallo. Integrantes del organismo, compuesto por asociaciones civiles, mostraron un rechazo general a la posibilidad que los jueces del máximo tribunal den por terminada la causa que en 2008 condenó al Estado nacional, a la Ciudad, a la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) por daño ambiental y les exigió recuperar el río de llanura contaminado sobre el que habita uno de cada diez argentinos.
La ejecución del fallo está hoy a cargo de dos juzgados federales, uno del juez Jorge Rodríguez y otro en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la plaza disponible en la Corte Suprema. Hasta el momento, el máximo tribunal no ha emitido una resolución sobre la clausura de las actuaciones y los miembros del cuerpo colegiado guardan cautela hasta que tal escenario no sea una realidad.
“Que la Corte nos dé la espalda ahora es un golpe bajo que no esperábamos recibir a esta altura de la contienda, después de 25 años de lucha por el Riachuelo y sus habitantes”, dice a LA NACION Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca.
Alberti es un vecino histórico del barrio quien, junto con Beatriz Mendoza y otros habitantes de la cuenca, promovió la demanda contra el Estado y 44 empresas que derivó en un fallo trascendental para la Justicia argentina en materia ambiental. Una vez dictada la sentencia, fue designado por la Corte Suprema para integrar el cuerpo colegiado, una comisión que audita los avances de la recuperación del Riachuelo. Además de la Asociación Vecinos de La Boca, lo integran: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Greenpeace Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH). Entre sus funciones tiene también la responsabilidad de monitorear el Plan Integral de Saneamiento (PISA) que ejecuta el ente tripartito Acumar.
“Nos enteramos por los medios. Estamos en diálogo permanente con los miembros de la Justicia y esto nos sorprendió. Es un golpe en la nuca, inesperado de la Corte Suprema, cuando ellos mismos hicieron este fallo que está incumplido. No lo entendemos, no lo podemos creer. Que se confirme el cierre de la causa sería nefasto en la historia tan penosa de la cuenca. Esperemos que recapaciten, redoblen el esfuerzo en la zona donde está afectada la salud de seis millones de personas y que defiendan la causa que marcó un rumbo para el Riachuelo y el resto de los ríos contaminados del país”, agrega Alberti.
Para el dirigente vecinal, el fallo de 2008 fue un momento bisagra en el saneamiento de la cuenca, aunque insuficiente por la demora y la falta de eficiencia de los funcionarios políticos en implementar los cambios. Por otro lado, lamenta que la causa pueda “ir al cajón” en un contexto en el que, entiende, las políticas de la gestión de Milei “han sido ineficientes” en temas ambientales.
“Queremos que la Corte defienda lo que ella misma expuso, comprendió y exigió en 2008. Se da en un momento político donde el Gobierno, por razones presupuestarias, está cerrando obras importantes para el saneamiento, lo que demuestra una poca vocación de la Justicia en la protección del ambiente”, reclama.
Por su lado, Cristian Fernández, abogado y representante de FARN, no considera posible el cierre de la causa. “No hay motivos para cerrarla. Al contrario, tendría que intimar a las autoridades a redoblar los esfuerzos. La Corte no puede actuar contra sí misma cuando todavía hay muchas mandas judiciales de la sentencia cautelar que no fueron cumplidas”, afirma.
Y agrega: “Si se confirmase lo trascendido, sería de gravedad institucional, porque estaríamos ante el reconocimiento de la Corte Suprema de que ha fracasado en monitorear el cumplimiento de una megacausa de hace 16 años muy importante, lo que incluso debilitaría la imagen de la Justicia y de todas las causas ambientales. Espero que no suceda. Vamos a mostrar con contundencia como cuerpo colegiado que estamos totalmente en contra de la idea de cerrarla”.
El abogado estima que, en el expediente, el próximo paso del máximo tribunal será convocar pronto a una audiencia pública en la que se interpele a las autoridades estatales a cumplir con el fallo. Recientemente, los jueces supremos habían solicitado informes de la evolución de los expedientes al juzgado de Lijo y al de Rodríguez, que es el que tiene más expedientes vinculados a la ejecución del fallo Mendoza. Estos fueron presentados por los magistrados en conjunto con un informe de la Acumar que ahora el cuerpo colegiado se encuentra estudiando. Tienen plazo para plantear sus dudas u objeciones al informe hasta el 14 de junio.
“Si la Corte llegara a evaluar después de los informes presentados por los jueces que no se hicieron bien las cosas judicialmente, la solución no puede ser cerrar el caso. Además, nos encontramos en un contexto de retroceso en el Riachuelo porque la Acumar tiene prorrogado el presupuesto del año pasado, lo que significa que va a ejecutar menos medidas de las que haría si tuviese un presupuesto actualizado por inflación”, concluye Fernández.
La Acumar cuenta este año con un presupuesto congelado de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 y que le fueron asignados teniendo en cuenta el índice inflacionario de 2022. La gestión presidida por Lucas Figueras, quien representa al gobierno nacional en el ente tripartito, además redujo la estructura del organismo en un 50%.
Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino, señala que la causa Riachuelo significó un hito ambiental por la inclusión de las organizaciones en el cuerpo colegiado y el control a las industrias contaminantes.
“El rol de la Justicia en estos casos es indispensable. Lamentablemente, aunque hubo avances, todavía queda mucho por hacer y el eje judicial es fundamental para ello. Es un riesgo cerrar la causa porque significa abandonar los objetivos planteados, como la mejora en la calidad de vida de la población de la Cuenca Matanza Riachuelo, la recomposición del ambiente y la prevención de los daños a futuro. Las autoridades deben implementar todas las medidas necesarias para que eso no ocurra”, dice Salas.
De acuerdo con el representante de Greenpeace, lo único que podría justificar el cierre definitivo de la causa es un escenario en el que se acredite en el expediente haberse cumplido todos los requisitos que los jueces de la Corte exigieron en el fallo Mendoza.
Consultados por LA NACION, desde la ACDH no emitieron hasta el momento declaración mientras que representantes del CELS sostuvieron que no tienen información de que pueda cerrarse el caso.
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Piden investigar posible daño ambiental por pesca ilegal

Fecha de Publicación: 05/06/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La Fiscalía Federal de Ushuaia, a cargo del agente federal subrogante Pablo Mansilla, solicitó investigar las tareas realizadas de forma ilegal por un buque chino interceptado por la Prefectura Naval el 21 de marzo pasado en jurisdicción del Mar Argentino y determinar el posible daño ambiental causado por la captura ilegal de ejemplares jóvenes de merluza negra.
Entre las medidas que reclamó, el fiscal le pidió al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDIEP) que remita todos los informes realizados sobre la actividad desplegada por el navío, en especial, la que llevó a cabo durante la marea de pesca entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de este año.
Concretamente, Mansilla peticionó que se cuantifique y describa el daño ambiental que hubiere producido tal accionar y que se informe si se puede revertir.
Por otra parte, el agente le encomendó a Prefectura que remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones administrativas labradas con relación al buque; que informe quiénes son sus propietarios (y, en caso de que fuera una sociedad anónima, quiénes integran su directorio) y si tenía habilitación entre el 4 de febrero y 11 de marzo para operar como lo hizo.
Por último, solicitó que se convoque a prestar declaración testimonial al funcionario público que estuvo a cargo de la constatación de la mercadería que llevaba a bordo el barco el 21 de marzo de 2024 en Ushuaia, para que relate lo sucedido aquel día.

Denuncia
La causa se inició a fines de marzo pasado, a raíz de una denuncia anónima remitida por correo electrónico a la Prefectura, con el fin que se investigara el posible daño ecológico cometido en el caso, más allá de las sanciones administrativas que correspondan por la violación a la Ley Federal de Pesca.
En su presentación, el denunciante indicó que aquello fue acreditado en un control realizado sobre el buque en el puerto de Ushuaia, donde se demostró la captura ilegal de merluza negra que no respetó el tamaño de los ejemplares capturados juveniles.
En esa línea, planteó que independientemente de las sanciones administrativas que les caben a los autores, la práctica de captura de juveniles de una especie internacionalmente protegida constituye, también, un daño penalmente imputable, que afectó al ecosistema marino.
Recordó que capturar ejemplares jóvenes de merluza negra está prohibido porque evita la depredación de la especie y precisó que es un delito sobre un recurso público natural, previsto en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal, que prevé como daño agravado aquel que se produce sobre bienes públicos.
A partir de ese momento, la Fiscalía, con colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), comenzó la investigación, en la que advirtió que el buque pesquero habría capturado más toneladas que las permitidas de la especie merluza negra con una red de arrastre de fondo a profundidades cercanas a los 450 metros.
El Ministerio Púbico Fiscal (MPF) sostuvo que, como consecuencia de esa actividad, el buque habría capturado una proporción de juveniles de merluza negra superior al límite establecido por la normativa vigente.
Ponderó que, según el acta de constatación labrada el 21 de marzo pasado, durante la apertura de cajas y bolsas del pesquero investigado se observó que algunos envases tenían un rótulo que no era coincidente con lo que se encontraba en el interior.
Por ello, solicitó medidas para confirmar y, en su caso, determinar la magnitud del daño ambiental ocasionado, como también cuantificarlos, en relación con la pesca de ejemplares de merluza negra en la zona económica donde la Argentina tiene exclusiva jurisdicción y determinar si existen medidas para reparar el daño causado.
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Se fijó fecha para tratar en audiencia la contaminación del arroyo Ludueña

Fecha de Publicación: 03/06/2024
Fuente: Mirador Provincial
Provincia/Región: Santa Fe


Por empuje de afectados y ONGs ambientales, se conformó el año pasado la Mesa Intersectorial por el Arroyo Ludueña que solicitó en octubre y diciembre que se realice la audiencia. Se desarrollará el 3 de julio.
Finalmente, después de tanto insistir las organizaciones ambientales lograron que se fije una audiencia pública para tratar, entre otros temas, la contaminación en el arroyo Ludueña. La fecha es el próximo 3 de julio. Se trata de un tema troncal que viene formando parte de la agenda mediática ante el histórico malestar de vecinos y vecinas que deben padecer el hecho de convivir con aguas tóxicas.
Por empuje de afectados y ONGs ambientales, se conformó el año pasado la Mesa Intersectorial por el Arroyo Ludueña que solicitó en octubre y diciembre que se realice la audiencia pública. El pedido se retomó en febrero, tras una reunión de la Mesa con integrantes de la Comisión de Ecología.
La audiencia pretende reunir representantes de Aguas Santafesinas (Assa), del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enress), del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom), miembros del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), expertos en materia ambiental y autoridades de la provincia y el municipio para analizar la situación que atraviesa el curso de agua.
Tanto quienes viven en el Parque Habitacional Ibarlucea del lado de Rosario como los habitantes del lado de Ibarlucea, que residen en el barrio Logaritmo, insisten con el pésimo estado que presentan las aguas del canal Ibarlucea y del canal Salvat, que desagotan en el arroyo Ludueña.
Se trata de un reclamo histórico y reiterado por parte de quienes residen en la zona. El hecho de tener que convivir con el olor a residuo cloacal es una queja que no pierde vigencia y que nunca termina de solucionarse.
Pese a que las Municipalidad realizó un operativo en el que se recolectaron plásticos, químicos y materia fecal humana no es suficiente, según lo que expone el informe de la UNR, que tomó distintas muestras en diferentes desembocaduras del arroyo Ludueña y, así, pudieron detectar el alto grado de contaminación con niveles extremo de desechos humanos.
El análisis reviste de tanta gravedad que, el propio Observatorio Ambiental, les expuso a las autoridades el estado de situación del arroyo y les acercó con detalle los lugares georreferenciados donde deberían realizar acciones concretas.

No es cualquier arroyo
Se trata de uno de los cursos de agua más emblemáticos de la ciudad en el que se detectaron manchas oscuras cuando la bajante del río Paraná llegó a niveles récord. Tras la denuncia de las vecinales, se pudo detectar que el Shopping Fisherton Plaza Open Mall -ubicado frente al Aeropuerto Internacional de Rosario- arrojaba sus desagües pluviales y que drena a la altura del Golf Club.
La empresa Aguas Santafesinas (Assa) tomó muestras del arroyo, en el marco de un estudio de impacto ambiental, y constató que se estaban arrojando efluentes cloacales sin realizar el tratamiento. Esto derivó en que la Provincia intime al barrio privado y al shopping para que regularicen su situación.
El Ludueña no es un arroyo cualquiera. Se trata de un cauce fluvial que nace como red de avenamiento, de 800 kilómetros cuadrados de campos de Rosario y de localidades aledañas. Este arroyo desemboca en el río Paraná a la altura del barrio Arroyito. Es decir, es un flujo de agua que atraviesa toda la ciudad y con la que conviven a escasos metros miles de vecinos y vecinas.
La comunidad que vive en los alrededores del arroyo tienen historia de lucha. Por ejemplo, lograron que el Estado realice las obras necesarias para que no se produzcan más desbordes desde el año 1986, por la construcción de la Presa Retardadora de Crecientes en el año 1995 y los aliviadores (el segundo también en ese año y el tercero recientemente). Es por eso que pelean para la conservación y el mantenimiento, tanto aguas arriba como aguas abajo de los aliviadores, del arroyo Ludueña, por una cuestión de salubridad y medio ambiente general.
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Un río seco, “espionaje” satelital y la denuncia por agua desviada a una bodega: nuevo round entre La Pampa y Mendoza por el Atuel ante la Corte   

Fecha de Publicación: 29/05/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


El gobernador pampeano presentó un informe donde muestra riego en zonas improductivas y hasta la creación de 100 reservorios.
La Corte le dio 10 días a Mendoza para responder y vencen el lunes. En 2020 dictó un fallo que no se cumple. El conflicto data de 1947.
Un río seco, “espionaje” satelital y la denuncia por agua desviada a una bodega: nuevo round entre La Pampa y Mendoza por el Atuel ante la Corte Este martes vencen los 10 días que la Corte Suprema le dio a Mendoza para responder una nueva presentación que hizo La Pampa por el incumplimiento del fallo para que deje correr 3,2 metros cúbicos por segundo de agua del Río Atuel, con una fuerte acusación. El gobierno pampeano denunció sobreriego en campos mendocinos, la creación de 100 reservorios y hasta el desvío de agua a una bodega privada.
El nuevo round judicial entre las provincias incluye "espionaje satelital", un oasis productivo, un pueblo que no crece, un duro informe de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIAI) pampeana con datos oficiales de Mendoza y la respuesta del "Gobernador del Agua" mendocino ante la consulta de Clarín.
Hace poco más de un mes, el gobierno pampeano fue a la Corte para reclamar que Mendoza no cumplía con el fallo de julio de 2020, que establece un caudal mínimo para el ingreso del Atuel a La Pampa y que todavía hoy no se cumple.
La denuncia la respaldó con fotos, imágenes satelitales y datos de la propia provincia de Mendoza, que según La Pampa muestran 100 nuevos reservorios de agua, el desvío de tres metros cúbicos por segundo de agua a una bodega, el mismo volumen de agua del Atuel que Mendoza debería dejar para La Pampa.
"Venimos trabajando hace mucho tiempo con la Universidad Nacional de La Pampa, donde hay un equipo de profesionales académicos que estudian despojados de cualquier parcialidad territorial o ideológica, analizaron cuál es la política de administración de las represas que tiene Mendoza sobre el cauce del río Atuel. Tal cual está en las fotos que integran la nueva demanda ante la Corte, se están regando en tierras improductivas", señaló Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa a Clarín.
La Pampa denunció ante la Corte Suprema que Mendoza usa el agua del río Atuel para regar tierras improductivas, crear reservorios y hasta darle agua a una bodega.La Pampa denunció ante la Corte Suprema que Mendoza usa el agua del río Atuel para regar tierras improductivas, crear reservorios y hasta darle agua a una bodega.
A su vez, dio detalles de su presentación: "Están regando una bodega, en épocas donde no se justifica desde el punto de vista fenológico, le están asignando lo mismo que la Corte fijo para el ingreso de la provincia de La Pampa. Como le sobra agua están utilizando a destinos que no son realmente lo que corresponde por usos y por tratados, que lo que tiene que ver con la cuestión productiva, con tal de que el agua no llegue a la provincia de La Pampa".
Además, en el informe que desplegaron con fotos, desde La Pampa afirman: "Si sólo consideramos el período desde el año 2020 (año del fallo que fija el caudal de 3,2m3/s) a la actualidad, los reservorios en el área de riego pasaron de un total de 160 a 260 (según registros de imágenes satelitales), lo que implica un aumento del 62,5% en solo 4 años".
"La Universidad Nacional de La Pampa había fijado de que una correcta administración de los embalses garantizaba el ingreso de agua a la provincia de La Pampa. Con el nuevo esquema, que nosotros planteamos ante la Corte siempre con los cuadros estadísticos de Mendoza, garantizar los 3,2 metros cúbicos por segundo a La Pampa no afecta bajo ningún punto de vista el sistema productivo de Mendoza. Agua hay", afirma Ziliotto.
La Pampa logró un fallo favorable de la Corte en 2020 por una demanda ambiental. Pero desde la provincia muestran datos demográficos. El gobernador pampeano remarca que a partir de la represa cambió la población. "Del lado de Mendoza, General Alvear, en esa época tenía 3.000 habitantes, mientras que de este lado, Santa Isabel y toda la zona de los humedales donde el río corría, una zona productiva, tenía también tres mil habitantes. Hoy Santa Isabel sigue con 3.000 habitantes y General Alvear debe estar en los 50, 60, 70.000 habitantes", asegura el mandatario pampeano.
"Mendoza habla del oasis de San Rafael a partir de la utilización del Río Atuel. Hablan de 5000 hectáreas de oasis cuando han generado un desierto de millones de hectáreas en la provincia de La Pampa, apropiándose de un recurso interjurisdiccional", afirma Ziliotto.
Uno de los 100 reservorios que La Pampa asegura que Mendoza creó a partir del fallo de la Corte Suprema de 2020, que no se cumple.Uno de los 100 reservorios que La Pampa asegura que Mendoza creó a partir del fallo de la Corte Suprema de 2020, que no se cumple.

La respuesta de Mendoza ante la denuncia
Ante el llamado de Clarín, desde el gobierno de Mendoza, que conduce el radical Alfredo Cornejo, respondió Sergio Marinelli, Superintendente de Irrigación de Mendoza, más conocido como el "Gobernador del Agua".
"La Corte determinó que nos teníamos que poner de acuerdo en un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo, donde la discusión posterior se ha dado en si es con obras o acciones. La Pampa insiste en que tiene que ser a como de lugar si no es nada, la Nación nunca dispuso de ningún tipo de presupuesto, que es la tercera parte que juega en esto, pero más allá del acuerdo no hay una realidad que Mendoza siempre sostuvo que para poder dar ese caudal de agua tiene que haber obras. El agua que usamos en Mendoza no alcanza para lo que productivamente se necesita en el oasis", remarca Marinelli.
"La Pampa aparece ahora porque este año lo toman como un año excepcional. Sin embargo, este año es un año medio, ni siquiera llega un año medio, producto de que venimos de más de 10 años con una sequía extrema. Este año parece que hubo una cantidad de agua tremenda, pero en realidad esa cantidad de agua no es más ni menos que un poco menos que un año y medio en la provincia de Mendoza para el río Atuel", se defiende el funcionario mendocino.
El río Atuel al entrar en La Pampa.El río Atuel al entrar en La Pampa.
Y añade: "La cantidad de hectáreas que estamos regando que son aproximadamente 52.000 hectáreas en esa cuenca, han tenido, según los modelos que nosotros manejamos y con los cuales demostramos con datos lo que decimos en base a lo que trajo el río y lo que finalmente se dispone al momento de regar, una disponibilidad real que hubo en la puerta de las fincas alcanzó a cubrir a medias la demanda de los cultivos".
Desde Mendoza aseguran que a veces va caudal por el propio lecho del río pero que desde el último punto de Mendoza hasta el límite con La Pampa, en la zona de Vinchuqueros, hay 160 kilómetros.
"Es un lecho de río que es totalmente arenoso, muy ancho porque tiene poca pendiente, y después de tantos años de sequía es una esponja tremendamente seca. Los primeros meses empezamos a erogar prácticamente 5 metros cúbicos por segundo, tenían que llegar 3,2 m3 al límite, pero se empezó a llenar esa esponja y los primeros meses llegó muy poco. Una vez que se llenó, a partir del cuarto o quinto mes del año, ahí empezó a generarse un caudal mayor, Si tomamos en promedio los caudales que han habido, también algunas lluvias, han superado en promedio ese caudal que estaba comprometido", explica Marinelli.
Aunque hace un reconocimiento: "Lo que no sea logrado es que exista un caudal permanente, precisamente porque siempre quedó claro, y lo seguimos sosteniendo, que para que eso suceda hay que hacer inversiones y obras que tenemos que hacer las dos provincias y la Nación mejorando la eficiencia del sistema".
Un río seco, un fallo de la Corte que no se cumple, una denuncia de una bodega beneficiada: nuevo round en la pelea de La Pampa y Mendoza por el Atuel.Un río seco, un fallo de la Corte que no se cumple, una denuncia de una bodega beneficiada: nuevo round en la pelea de La Pampa y Mendoza por el Atuel.

-La provincia de La Pampa aportó fotos en la presentación y habla de desvío de agua a una bodega
-Son dos hechos muy amañados como se presentan. En el primero sale una finca que se ve como que estuviera inundada. Todos estos suelos, como todas las colas de sistema, tienen un alto contenido salino. Entre las tareas agrícolas que se hacen anualmente, cuando se empieza a acumular mucha sal, una de esas tareas se denomina, precisamente, lavado de suelos. Una vez cada tres o cuatro años, algunas propiedades tienen que hacer ese trabajo para que el agua arrastre las sales hacia abajo y puedan cultivar. Son muy pocos casos, se hacen cada cinco años, y en los últimos 10 años y no lo ha hecho nadie, lo cual ha generado una alta acumulación de sales en el suelo.

-¿Y sobre la bodega?
-La bodega, en realidad es una empresa que fue bodega hace muchos años, hace más de más de 20 años, lo que era el paño de viña más grande del mundo, que eran 5000 hectáreas cuando era la Bodega Arizu. Eso luego fue una quiebra muy reconocida en Mendoza, la quiebra de Greco, y finalmente vino una empresa española implantó olivos, de hecho no hay prácticamente viña, han abandonado y arrancado casi toda la viña. Hay una aceitera ahora y riegan unas 1500 hectáreas de olivos, que en esa época donde marca la erogación es cuando la aceituna requiere de una mayor cantidad de agua para que pueda obtener su máximo de productividad. Tienen todo con riego tecnificado, tienen reservorios y así y todo han tenido que ir abandonando parte del paño de olivos porque no alcanza el agua.
"Si la cuenca mendocina del Atuel tuviera que regar todas las hectáreas que están hábiles para poder implantar cultivos, hacer pasturas, la verdad es que hay mucho abandono precisamente porque no alcanza el agua", sostienen en Mendoza y así lo comunicarán a la Corte Suprema de Justicia.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en una recorrida por el cauce del Atuel en su provincia.El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en una recorrida por el cauce del Atuel en su provincia.
Ante la Corte, Mendoza presentó un plan de obras, donde se destaca el pedido de impermeabilización del cauce del Atuel porque aduce que el río tiene muy poca pendiente y el cauce se hace muy ancho. "Lo que pide La Pampa es inviable para hacer, tendríamos que secar la mitad del oasis para poder atender esa situación", resume el "Gobernador del Agua" mendocino.

El origen del conflicto y el fallo de la Corte que no se cumple
El conflicto empezó en 1947, cuando Mendoza inauguró el embalse El Nihuil sobre el río Atuel, a poco más de 80 kilómetros de San Rafael. Ocupa más de 9.000 hectáreas y es uno de los complejos hidroeléctricos que genera energía para el país. Sin embargo, en La Pampa aseguran que la represa secó la continuidad del Atuel en La Pampa y tuvo un impacto ambiental negativo en esa provincia.
La Pampa fue a la Corte Suprema, logró un fallo en 1987, pero tras la reforma constitucional de 1994, obtuvo otro fallo favorable en 2020.
"Además de los 3,2 m3 por segundo, la Corte menciona que las dos provincias tienen que ponerse de acuerdo en acciones y obras para garantizar el ingreso del agua a la provincia de La Pampa. Fijó 120 días, La Pampa plantea el tema acciones, la eficiencia del riego como una acción. Mendoza plantea obras, pero la limitante de las obras son los fondos. En esa discusión, junto con el gobierno nacional, planteamos que vía acciones se podía resolver el tema. La acción es la administración eficiente del agua", afirma Ziliotto.
El Gobierno Nacional por ley está obligado de crear Autoridad de Cuenca en cada una de las cuencas de interjurisdiccionales del país. Tras el fallo de 2020, en el gobierno de Alberto Fernández llamaron a las provincias para formar la del Atuel, transcurrieron los 120 días, pero las provincias no se pusieron de acuerdo.
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Luego de 16 años de impunidad, lograron clausurar en Entre Ríos un deposito ilegal de bidones de agroquímicos

Fecha de Publicación: 27/05/2024
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Entre Ríos


Imitando una costumbre sana del gobierno de Córdoba -que publica los operativos y clausuras a depósitos y pulverizadoras por no cumplir con las buenas prácticas agrícolas en la provincia-, las nuevas autoridades de Entre Ríos informaron que se clausuró un estableciendo donde se almacenaban ilegalmente envases de fitosanitarios y que había trabajado con total impunidad durante los últimos 16 años.
“Con una orden judicial, el Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles, en inmediaciones de la ciudad de Aranguren, la clausura de un establecimiento donde se efectuaba el acopio ilegal de envases de fitosanitarios. Durante los últimos 16 años se sucedieron inspecciones en el lugar sin que, hasta ahora, se haga efectiva una sanción, en defensa del ambiente y la salud pública”, transmitió el Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia.
El ministro a cargo de ese organismo, Guillermo Willy Bernaudo, dio a entender que esta será una nueva línea de trabajo en la gestión de Rogelio Frigerio. “Trabajamos muy a conciencia para que se comprenda la importancia de dar a los envases vacíos el destino establecido en los canales formales”, indicó, dando cuenta de que existen en territorio entrerriano Centros de Almacenaniento Transitorio de envases de agroquímicos, armados junto a la Fundación CampoLimpio, “para que los productores accedan a un servicio de calidad, tan sustentable y sostenible”.
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Desarticularon una organización criminal que comercializaba aves exóticas a cientos de dólares

Fecha de Publicación: 25/05/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional


El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. La investigación se inició en el año 2021 a partir de una denuncia de venta irregular de animales exóticos en Whatsapp y Facebook, radicada ante el Departamento de Delitos Ambientales.
Este jueves, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal que estaba a cargo del comercio ilegal de aves exóticas y autóctonas y se rescataron una importante cantidad de especies, en operativos realizados en distintos puntos del país.
La investigación se inició en el año 2021 a partir de una denuncia de venta irregular de animales exóticos en Whatsapp y Facebook, radicada ante el Departamento de Delitos Ambientales.
Por ello, los detectives especializados en esta materia, con la intervención preliminar de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA), a cargo de  Ramiro González, corroboraron la veracidad de la misma. Por ello, se derivó la causa al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Ernesto Kreplak, delegada a su vez la investigación a la Fiscalía Federal de esa localidad a cargo de Cecilia Incardona.
Al encomendarse nuevas medidas investigativas a dicha unidad especializada, se desplegó una amplia investigación, estableciendo una red de tráfico interprovincial cuyo objetivo era principalmente la comercialización ilegal de aves protegidas y exóticas.
Luego de las diversas pesquisas, se identificaron a los miembros de dicha banda, sus roles como también lugares de acopio y distribución, que incluían proveedores locales y hasta la figura de un administrador de grupos cerrados dedicados a conectar vendedores y compradores a cambio de comisiones, similar al sistema de empresas de venta ilegal por internet.
Con esa información obtenida, el juzgado interventor ordenó el allanamiento de 12 domicilios utilizados para el acopio y cría de estos animales. Durante el procedimiento se rescataron alrededor de 800 aves de distintas partes del mundo, las cuales la mayoría fueron clasificadas con la cooperación de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, como también de la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, señaladas como “especies protegidas” autóctonas, exóticas y en crítico peligro de extinción, originarias de distintas partes del mundo, desde América del Sur, Asia, África, y Oceanía, valuadas aproximadamente en 750 mil dólares.
Se destacan ejemplares como  “Guacamayo Jacinto", o “Guacamayo Azul” y “Cardenal Amarillo”, originario de América del Sur, incluidos en el Apéndice I de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo que los hace invaluables en términos monetarios en el mercado negro, entre otros ejemplares.
Los operativos se realizaron en Merlo, Almirante Brown, Isidro Casanova, Lanús, Remedios de Escalada, Ezeiza, San Nicolás de los Arroyos, en la ciudad de Rosario y en varios puntos de la provincia de San Juan. Además fueron notificadas diez personas y se secuestraron varios teléfonos celulares.
Cabe destacar que fueron verificadas situaciones de maltrato animal y actos de crueldad, en infracción a la ley sobre protección animal, en virtud de las condiciones deplorables por el hacinamiento y falta de higiene de los recintos en los que se las mantenía cautivas, parte de las aves rescatadas ya han sido trasladadas a refugios como el Ecoparque de la C.A.B.A. y Temaikén. Sin embargo, dada la inmensa cantidad de ejemplares, se continuará con las tareas de traslado en lo sucesivo hasta reubicar a los animales, rehabilitarlos y evaluar su reinserción a los hábitats naturales en la medida que su salud y madurez en la supervivencia se los permitan.
Los notificados junto a las aves rescatadas y elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por Infracción a la Ley sobre Conservación de la Fauna.
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¿Quiénes serán los “dueños” el agua? Los alcances del RIGI y una polémica que crece por el impacto ambiental

Fecha de Publicación: 22/05/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El Régimen para grandes inversores que se discute en la ley bases omite cualquier referencia a la variable ambiental. Casi no hay castigos para los inversores en casos de contaminación o afectación de los ecosistema. Y anula la posibilidad de que las justicias locales objeten los emprendimientos, entre otras cosas.
¿De quién será el agua? ¿De las mineras o de los pueblos? ¿Para quién estará garantizado el recurso cuando vengan tiempos escasos? ¿Para los grandes inversores perforadores de la tierra o para las historias mínimas de las comunidades que habitan y defienden la naturaleza? Los alcances del llamado Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, ya popularizado como RIGI, son por ahora insondables. Pero están generando tanto debate como temores diversos. Si fuera aprobado, en el marco de la ley Bases que discute el Senado, ¿cuál sería el verdadero impacto sobre el Medio Ambiente y la gestión de los recursos naturales?
La gran mayoría de los activistas ambientales, científicos, ONGs y comunidades del interior han cerrado filas alrededor de la idea de que el RIGI tendrá un impacto ambiental severo, anulando competencias de control, posibilidades de participación ciudadana y creando un predominio de las corporaciones extractivas sobre el manejo de los insumos locales, entre otras cosas. Leen la posibilidad de una tierra desprotegida y no creen en una lluvia de esperanza promovida y materializada en inversiones.
“El RIGI echa por tierra cualquier oportunidad de apalancarse en nuestros recursos naturales para capturar renta de forma razonable y de articular con los sectores productivos ya existentes y aquellos potenciales que surgirán por efecto de la inversión. También descarta de plano las bondades de una gobernanza socioambiental virtuosa, una de las cuales es precisamente darle mayor sustentabilidad a las inversiones", advirtió días atrás el director ejecutivo de Fundar, Martín Reydo. Pero la lista de cuestionadores de la ley es amplia. No solo abunda en opositores al Gobierno.
“El RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un no país, sin soberanía sobre su territorio. Las provincias pierden control sobre los recursos naturales existentes en sus territorios como establece la Constitución. Por eso creemos que es inconstitucional”, dice Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADAA). Pero qué dice la letra chica.

Puntos críticos
Según el artículo 162 de la ley Bases, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) será de aplicación en todo el territorio nacional. Pretende brindar incentivos, certidumbre y un sistema de protección jurídica a los mega inversores nacionales y extranjeros. El gran terreno de aplicación del RIGI serán las provincias. El impacto absoluto y total será sobre los recursos naturales.
El monto mínimo de inversión para obtener los beneficios de este régimen es de 200 millones de dólares. Cuando se dice que este régimen tiene nombre y apellido es, entre otras cosas, porque detrás de su sanción lo que viene son los grandes proyectos mineros impulsados por provincias como San Juan y Catamarca.
La semana pasada, mientras en el Congreso la discusión por la ley bases se trababa y se alejaba de la posibilidad de que hubiera dictamen, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer un análisis pormenorizado sobre los alcances ambientales del proyecto. Uno de los apartados clave lleva como título “El peligro latente de confundir insumos con derechos y de renunciar a la regulación”.
El artículo 191 del proyecto de ley Bases dice que los proyectos adheridos al RIGI “no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los proyectos sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda (…)”.
La pregunta que surge, frente a esto, es: ¿A los inversores no puede faltarles nada? ¿Se les debe garantizar todo por encima de las demandas prioritarias de los grupos poblacionales? “Si estuviéramos en presencia de un proyecto de mega minería, el agua podría ser considerada un insumo por los inversores. El agua podría escasear en ese territorio, pero el abastecimiento de la población local se vería relegado como consecuencia de la aplicación del art. 191. Este escenario es inadmisible dado que vulnera derechos humanos”, dice Andrés Nápoli, desde FARN.
El RIGI favorecerá a mega proyectos de infraestructura, forestales, de hidrocarburos y mineros vinculados al cobre y litio, entre otros. Se trata de proyectos con altos impactos ambientales, ecosistémicos y sociales. Son emprendimientos que incrementan las chance de contaminación o incidente ambiental. Abundan los ejemplos en los que mineras fueran judicialmente cuestionadas y condenadas por derrames y en los que debieron frenar el proyecto hasta iniciar y demostrar procesos de remediación. El RIGI, dicen los expertos ambientales, relaja absolutamente todo.
“Omite cualquier referencia a la variable ambiental. No existe mención alguna a su sustentabilidad socioambiental. Los incentivos cesarán sólo por las siguientes causas: fin de la vida útil del proyecto, quiebra del agente inversor, baja voluntaria o sanción por infracción. Ninguna sanción se encuentra prevista por violar las normas ambientales. Los proyectos podrán mantener los beneficios del RIGI aunque contaminen ríos, suelos y acuíferos, destruyan glaciares o provoquen la extinción de una especie. Tampoco existe mención alguna a los pasivos ambientales que provocarán estos mega proyectos. Pareciera que, por debajo de los incentivos económicos, se consagra el derecho a destruir los recursos naturales de modo discrecional y anárquico cuando, en verdad, tenemos la necesidad imperiosa de preservarlos”, expresa Nápoli en concordancia con el comunicado de FARN.
Tal como publicó Clarín días atrás, son cinco los sectores que, principalmente, el Gobierno quiere que despeguen con el impulso de grandes capitales y ventajas impositivas, más libre disponibilidad de divisas y facilidades a 30 años. El régimen pone la lupa en energía, infraestructura, agro, minería y economía del conocimiento. En la industria el RIGI divide aguas o provoca una grieta. Fuentes de los sectores beneficiados coinciden en que parece "más generoso de lo que hubieran esperado". Eso es justamente lo que critican quienes reclaman modificiaciones por el "escenario extramadamente concesivo" que genera.

¿Y dónde está el juez local?
El artículo 219 del proyecto establece que todas las controversias que deriven del presente régimen, entre los estados nacional o locales y un inversor adherido al RIGI se resolverán, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas. Si la disputa no pudiera ser solucionada en forma amigable en sesenta días corridos, el inversor podrá someter el pleito a arbitrajes diversos en el plano internacional", diulyendo o anulando la gravitación natural e histórica de la justicia local.
"¿Qué sucedería si un municipio, una provincia o el Estado Nacional presentaran contra el inversor una demanda por daño ambiental y éste sometiera el conflicto a un arbitraje por considerar que afecta sus inversiones?", se preguntan desde FARN.
El artículo 30 de la Ley General del Ambiente, citado en numeros casos por la Corte Suprema, establece que, producido el daño ambiental, el Estado nacional, provincial y municipal se encuentran legitimados para reclamar la recomposición del ambiente dañado. "Evidentemente, un conflicto de esta especie debe ser dirimido por los tribunales argentinos y no por árbitros extranjeros", remarcan. Para los ambientalistas y expertos consultados, el RIGI opera como un mecanismo de defensa frente a la chance de daño ambiental. Está pensado como una cobertura prepaga para los grandes inversores. "El RIGI no contempla la variable ambiental en ninguno de sus capítulos a pesar de que los mega proyectos que busca promover provocan impactos ambientales directos e indirectos en ecosistemas y regiones enteras", cierra Nápoli. .
Finalmente, una preocupación extra es lo que pueda ocurrir además con muchas dependencias públicas de control existentes. La ley Bases también crea la posibilidad de que sean modificados o disueltos organismos como el Instituto Nacional de Glaciares (que hace inventario para certificar la minería) o el Servicio de Hidrografía naval o el Instituto Antártico Argentino o el Instituto del Agua. Sin estas oficinas de control, sin audiencias ciudadanas y finalmente sin la chance de que existen informes de impacto ambiental que pueden ser auditados por , el camino para un medio ambiente desprotegido y en retroceso parece estar allanado... si finalmente se sanciona la ley.
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