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Buenos Aires, la más atractiva para las renovables
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Eco Sitio |
La provincia de Buenos Aires lidera el ranking de atractivo para invertir en energías renovables
Fecha de Publicación: 14/03/2019
Fuente: Infobae
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Así se desprende de un índice elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación
¿Cómo se ubica cada provincia en el ranking de atractivo de energías renovables? Según el índice IPAR, desarrollado por Económicas de la UBA en colaboración con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación, Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut y Catamarca cuentan con una mejor situación para atraer inversiones en materia de generación eléctrica a base de fuentes renovables de energía.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en colaboración con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética (SSERyEE) de la Secretaría de Gobierno de Energía, Ministerio de Hacienda de la Nación, elaboró un índice para evaluar, en las distintas regiones del país, el potencial para atraer inversiones en el área de energías renovables.
Según los resultados del informe, las provincias de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut y Catamarca se posicionan en los primeros puestos del ranking para atraer nuevos proyectos y sus capitales asociados. Del lado opuesto, se ubican Formosa, La Pampa, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero, como las jurisdicciones en las cuales aún restan cosas por hacer en la materia.
Según Marcelo Corti, director ejecutivo del programa de colaboración académica que alcanzaron Económicas de la UBA y la SSERyEE para llevar a cabo el trabajo, que también contó con el aporte del Círculo de Políticas Ambientales (CPA): "El Índice Provincial de Atractivo Renovable (IPAR) tiene el objetivo de proveer información relevante para el sector y convertirse en una referencia para la toma de decisiones de los ámbitos público y privado".
Juan Prioletta, director de Estudios Económicos y Regulatorios de la SSERyEE, agregó que "el proyecto surgió de la necesidad de sistematizar diferencias observables entre las provincias, no sólo en aspectos normativos sino también en la cantidad de proyectos presentados y adjudicados. La incógnita principal, habida cuenta de que estos proyectos requieren estabilidad y previsibilidad a largo plazo, radicaba en analizar el grado de sintonía de la regulación provincial con la nacional y la existencia de incentivos adicionales, así como el nivel de recurso energético renovable presente en cada jurisdicción. Al mismo tiempo se buscó entender si existían barreras o limitaciones para que se instalaran proyectos".
"Al avanzar en el trabajo conjunto con Económicas, el equipo fue verificando el potencial de este índice como una herramienta adicional para que cualquier actor, interesado en invertir o en desarrollar políticas públicas, pudiera tener una referencia sobre dónde empezar a mirar", indicó, y aseguró que hoy la Argentina es uno de los grandes mercados de energías renovables del mundo: "Gracias a los avances alcanzados en los últimos años, el país logró posicionarse en el top ten de los más atractivos para inversiones en esta materia".
Argentina es hoy uno de los grandes mercados de energías renovables del mundo
El índice IPAR, que contará con una periodicidad semestral, integra 27 variables que comprenden aspectos regulatorios, fiscales e institucionales a partir de la normativa vigente (leyes Nº 27.191 y 27.424), así como cuestiones tecnológicas, de aprovechamiento de los recursos energéticos y el desarrollo de infraestructura en cada jurisdicción.
"En esta primera edición del IPAR, el desafío más grande fue entender la instancia regulatoria, fiscal e institucional. Es decir, qué había hecho cada provincia en pos de implementar proyectos de energía renovable en su jurisdicción", explicó Corti, quien además es director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable Geo, de Económicas de la UBA. "La idea final consistió en combinar este eje de análisis con los aspectos más prácticos y de campo, como ser infraestructura, tecnología y recurso energético renovable, para determinar el atractivo de cada provincia de cara a los potenciales inversores", añadió.
Para realizar el IPAR, se combinaron dos subíndices que posicionaron a las provincias con relación a la Ley Nº 27.191, de Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, y la Ley Nº 27.424, que establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.
La Ley Nº 27.191, que impone la meta de alcanzar un 20% del consumo de energía eléctrica nacional a base de fuentes renovables para el año 2025, se encuentra focalizada en los proyectos de generación de alta potencia, generalmente alejados de los centros de consumo, que producen energía para inyectar al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El índice elaborado por Económicas para este segmento lo lideran Buenos Aires, Chubut, San Juan, Salta y Río Negro.
Estos proyectos consisten principalmente en grandes superficies de paneles solares o conjuntos de aerogeneradores, así como proyectos de generación a base de recursos biomásicos y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, realizados en el marco de las rondas del Programa RenovAr y el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), que a la fecha registran inversiones en curso por más de USD 6.800 millones, distribuidas en 126 proyectos por un total de casi 4,6 gigavatios (GW).
Por otra parte, la Ley Nº 27.424, de Generación Distribuida abarca al 99% de los usuarios eléctricos del país que no forman parte del Mercado Eléctrico Mayorista (unos 16 millones de usuarios de tipo comercial, industrial y residencial), a quienes habilita para generar su propia energía de fuente renovable para autoconsumo, remunerando los eventuales excedentes que se inyecten a la red. Un dato que llama la atención en este segmento del indicador son las provincias que aún no adhirieron a la Ley nacional. Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Formosa, La Pampa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero se ubican entre los puestos 18 y 24, con cero puntos, sin haber registrado avances en este sentido.
Corti señaló: "En cierto modo es lógico que la Ciudad de Buenos Aires ocupe el anteúltimo puesto en términos de energía renovable de alta potencia porque no cuenta con los mismos recursos energéticos renovables que las provincias de San Juan, Jujuy, Buenos Aires o Salta, por ejemplo. Pero como contrapartida CABA sí cuenta con un gran potencial para desarrollar inversiones en el área de generación distribuida, aunque también tiene cero puntos en este subíndice, en mayor medida por la falta de institucionalización de sus políticas".
Prioletta explicó que el sector de alta potencia posee una trayectoria extendida, marcada por el programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables RenovAr, que está en marcha desde hace tres años y tiene cuatro rondas en su haber, una de ellas en curso. La Ley de Generación Distribuida, en cambio, sólo tiene un año de vida y requiere mayor involucramiento por parte de las autoridades regulatorias provinciales para su implementación.
"Dada su reciente reglamentación, esta Ley todavía no cuenta con un track-record de instalaciones. Sin embargo seis provincias ya se encuentran adheridas y en fase de implementación. Esta situación determinó que este subíndice, al menos en esta primera edición, no incluyera los aspectos relacionados con tecnologías, recursos e infraestructura de la Ley de Generación Distribuida", apuntó.
En relación al índice global IPAR (que integra los dos indicadores parciales anteriores), Corti advirtió que algunas provincias cuentan con recursos energéticos significativos como para avanzar en el desarrollo de energías renovables, pero aún no lo han hecho, como Formosa, La Pampa, Entre Ríos y Santiago del Estero.
"La Argentina tiene un gran potencial para crecer en materia de energías renovables. Si bien en los últimos años se registraron significativos e históricos avances, hay provincias que todavía deben asumir el desafío que nos propone esta nueva configuración energética, dado que resume el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental", dijo.
"Existe un conjunto de provincias en el cual está todo por hacerse y pueden ser consideradas terreno virgen para comenzar a transitar el camino hacia una matriz de generación más flexible y amigable con el ambiente. No obstante el índice se centra en mostrar en qué lugares hay más trabajo realizado al día de hoy para recibir inversiones, teniendo en cuenta las metas impuestas por la normativa vigente y la conveniencia, tanto ambiental como económica, del desarrollo de estos proyectos para el sistema en su conjunto", concluyó Prioletta.
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Anulan absoluciones por contaminación (nuevamente)
Por segunda vez, anulan absoluciones por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a los dos socios propietarios de la SRL que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad. Se les reprocha envenenar el territorio y el aire circundante a una finca tucumana donde se vertían sustancias sin tratamiento
Por segunda vez, la Sala I de la máxima instancia en lo penal del país anuló las absoluciones de los dos socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL, que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por contaminación ambiental.
El tribunal sentenció en línea con el recurso presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A los encartados se les reprocha adulterar y contaminar el territorio y el aire circundante a una finca donde se vertían sustancias sin el correspondiente tratamiento.
La causa comenzó en febrero de 2007, a raíz de un pedido para que se investigara si los responsables del ingenio infringieron la Ley de Residuos Peligrosos (24051).
En ese contexto, en agosto de ese año se dispuso el allanamiento del establecimiento, ubicado en el sur tucumano, y se tomaron muestras de agua que evidenciaron la presencia de agentes contaminantes.
Además, se determinó que los dueños permitieron el vertido de residuos industriales y fabriles como vinaza y despojos derivados del tratamiento de la caña de azúcar, y su circulación por el canal a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la estancia Austerlitz -alquilada por la firma-, donde se acumulaban en un piletón denominado Laguna del Sacrificio. En tanto, se constató que ante el desborde de ésta se producían filtraciones por sus paredes y se formaban canales que, tras recorrer diversas fincas, desembocaban en el río Chico o Medina, afluente de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
Finalmente, se imputó a los empresarios por violentar lo dispuesto por los artículos 55 y 57 de la ley 24051.
Sin embargo, en junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo que motivó el recurso del fiscal General interino Pablo Camuña.
Al resolver la cuestión, en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la anulación del decisorio y el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. Sin embargo, en agosto de 2017, desoyendo lo dispuesto oportunamente por la Casación, el a quo volvió a desvincular a los acusados sin fundar qué circunstancias lo llevaron a concluir que la contaminación de las aguas no ponía en peligro la salud.
Paralelamente, no subsanó la carencia de fundamentación de la primera sentencia absolutoria sino que sus falencias fueron reeditadas.
Ahora, con nueva integración, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al considerar que el tribunal dictó una sentencia definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible. En su voto, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar sostuvieron que tal proceder vulneró los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidenció una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada.
Además, argumentaron que no es posible conocer de qué manera los vocales del tribunal inferior generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a sentenciar.
Después de recordar que no se admite el dictado de un fallo sin la celebración de la audiencia de debate, anularon el decisorio recurrido y ordenaron que con la celeridad que el caso impone se lleve adelante un nuevo juicio y se dicte un pronunciamiento con sujeción a los lineamientos que fijaron.
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Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a los dos socios propietarios de la SRL que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad. Se les reprocha envenenar el territorio y el aire circundante a una finca tucumana donde se vertían sustancias sin tratamiento
Por segunda vez, la Sala I de la máxima instancia en lo penal del país anuló las absoluciones de los dos socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL, que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por contaminación ambiental.
El tribunal sentenció en línea con el recurso presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A los encartados se les reprocha adulterar y contaminar el territorio y el aire circundante a una finca donde se vertían sustancias sin el correspondiente tratamiento.
La causa comenzó en febrero de 2007, a raíz de un pedido para que se investigara si los responsables del ingenio infringieron la Ley de Residuos Peligrosos (24051).
En ese contexto, en agosto de ese año se dispuso el allanamiento del establecimiento, ubicado en el sur tucumano, y se tomaron muestras de agua que evidenciaron la presencia de agentes contaminantes.
Además, se determinó que los dueños permitieron el vertido de residuos industriales y fabriles como vinaza y despojos derivados del tratamiento de la caña de azúcar, y su circulación por el canal a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la estancia Austerlitz -alquilada por la firma-, donde se acumulaban en un piletón denominado Laguna del Sacrificio. En tanto, se constató que ante el desborde de ésta se producían filtraciones por sus paredes y se formaban canales que, tras recorrer diversas fincas, desembocaban en el río Chico o Medina, afluente de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
Finalmente, se imputó a los empresarios por violentar lo dispuesto por los artículos 55 y 57 de la ley 24051.
Sin embargo, en junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo que motivó el recurso del fiscal General interino Pablo Camuña.
Al resolver la cuestión, en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la anulación del decisorio y el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. Sin embargo, en agosto de 2017, desoyendo lo dispuesto oportunamente por la Casación, el a quo volvió a desvincular a los acusados sin fundar qué circunstancias lo llevaron a concluir que la contaminación de las aguas no ponía en peligro la salud.
Paralelamente, no subsanó la carencia de fundamentación de la primera sentencia absolutoria sino que sus falencias fueron reeditadas.
Ahora, con nueva integración, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al considerar que el tribunal dictó una sentencia definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible. En su voto, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar sostuvieron que tal proceder vulneró los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidenció una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada.
Además, argumentaron que no es posible conocer de qué manera los vocales del tribunal inferior generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a sentenciar.
Después de recordar que no se admite el dictado de un fallo sin la celebración de la audiencia de debate, anularon el decisorio recurrido y ordenaron que con la celeridad que el caso impone se lleve adelante un nuevo juicio y se dicte un pronunciamiento con sujeción a los lineamientos que fijaron.
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La Liga bioenergética volverá a la carga
La Liga bioenergética trabaja para una nueva ley de biocombustibles
Fecha de Publicación: 01/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Las provincias productoras buscan consolidar una ley que de continuidad a las políticas de fomento para el sector.
La Liga Bioenergética, conformada por varias Provincias productoras de biocombustibles, comenzó a trabajar en la redacción de un anteproyecto de Ley que promueva la continuidad y profundice las políticas de biocombustibles enmarcadas en la Ley 26.093, cuya caducidad será el 12 de mayo de 2021.
Sancionada el 19 de abril de 2006, la Ley 26.093 (y su normativa complementaria) estableció las mezclas mínimas obligatorias de biodiesel y bioetanol en el gasoil y las naftas respectivamente que se comercializan dentro del territorio nacional. Inicialmente, la mezcla se fijó en el 5% para todos los biocombustibles a partir del primero de enero de 2010. Luego esos porcentajes fueron incrementándose hasta llegar a los valores de hoy: 10% para biodiesel y 12% para bioetanol. En este último caso, se reparte en partes iguales entre el derivado de cereal y el de caña de azúcar.
Para avanzar con el referido anteproyecto de Ley, la Liga Bioenergética designará una comisión redactora que estará integrada por cinco miembros. En diálogo con Veronica Geese, Secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, persona que coordina la agenda de esa organiación, manifestó que “se está buscando que este anteproyecto tenga un gran consenso entre todos los actores”. Destacó que “se intentará afinar aspectos técnicos, cuestiones operativas e incorporar el biogás dentro del régimen.” La política de biocombustibles ha resultado estratégica para el país. Desde su implementación, ha permitido sustituir la importación de 9 mil millones de litros de gasoil y 5 millones de litros de nafta, lo que derivó en un ahorro de divisas por un valor superior a los U$S 6 mil millones. En este lapso, las exportaciones de biodiesel treparon a 15 millones de toneladas, registrando ingresos superiores a los U$S 13 mil millones.
La producción de biodiesel es un importante sostén para los precios de la soja y su harina -el principal producto de exportación argentino. Permite absorber el 30% de la producción de aceite y evitar que se destine a un mercado prácticamente saturado. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, siendo responsable del 50% del comercio mundial, donde la mitad de sus exportaciones tienen como destino a un único país, la India.
En el NOA, el bioetanol de caña se ha convertido en un importante sustento para su principal sector, minimizando la necesidad de exportar los excedentes de azúcar a precios por debajo de los costos de producción. Similar es el caso de las zonas donde se han instalado las refinerías de maíz. La mayor demanda del cereal ha llevado a que los precios se ubiquen muy por encima de la paridad de exportación, traduciéndose en ingresos adicionales a los productores locales.
La quita de subsidios que el Estado Nacional aplicó al gasoil utilizado en el transporte de pasajeros de corta distancia desde el 1 de enero de este año ha despertado el interés por el uso voluntario de biodiesel -más baratos que sus equivalentes fósiles. Aunque la reglamentación vigente no impide el uso de mayores cortes que los establecidos para las petroleras, existe un alto grado de confusión que dificulta su implementación. Sobre este punto había comenzado a trabajar el Exsecretario Iguacel antes de su renuncia. Mientras la falta de definición de parte de la cartera de Energía se dilata, siguen apareciendo pequeñas plantas marginales sin los mínimos requisitos de higiene y seguridad. Muchas de estas iniciativas han sufrido graves incidentes, algunos hasta con víctimas fatales con este tipo de iniciativas.
Con la idea de avanzar en materia de reglamentación, representantes de La Liga Bioenergética estarán participando en marzo de una misión institucional a Brasil donde buscarán conocer en detalle la implementación del programa RenovaBio (ver una política de estado en favor de los biocombustibles en Brasil). Brasil es líder en el uso de biocombustibles en transporte, con una participación por encima del 45% de etanol en el mercado de la gasolina y del 10 % de biodiesel en el de gasoil. Habiendo introducido este biocombustible varios años más tarde que Argentina, hoy cuenta con un corte del 10%, que llegará al 15% en 2023.
El camino para instalar los biocombustibles no fue nada fácil, recuerda Claudio Molina, uno de los principales colaboradores en la redacción de la Ley 26.093. “Llevó varios años de trabajo alcanzar el consenso de todos los actores interesados, pero finalmente se logró la sanción de dicha Ley con un altísimo grado de aprobación legislativa, en un hecho histórico.” De lograr consensos dependerá el futuro de un complejo que en poco más de 10 años instaló 57 plantas - de las cuales más de 40 son pymes de capitales nacionales - en 10 provincias argentinas.
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Fecha de Publicación: 01/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Las provincias productoras buscan consolidar una ley que de continuidad a las políticas de fomento para el sector.
La Liga Bioenergética, conformada por varias Provincias productoras de biocombustibles, comenzó a trabajar en la redacción de un anteproyecto de Ley que promueva la continuidad y profundice las políticas de biocombustibles enmarcadas en la Ley 26.093, cuya caducidad será el 12 de mayo de 2021.
Sancionada el 19 de abril de 2006, la Ley 26.093 (y su normativa complementaria) estableció las mezclas mínimas obligatorias de biodiesel y bioetanol en el gasoil y las naftas respectivamente que se comercializan dentro del territorio nacional. Inicialmente, la mezcla se fijó en el 5% para todos los biocombustibles a partir del primero de enero de 2010. Luego esos porcentajes fueron incrementándose hasta llegar a los valores de hoy: 10% para biodiesel y 12% para bioetanol. En este último caso, se reparte en partes iguales entre el derivado de cereal y el de caña de azúcar.
Para avanzar con el referido anteproyecto de Ley, la Liga Bioenergética designará una comisión redactora que estará integrada por cinco miembros. En diálogo con Veronica Geese, Secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, persona que coordina la agenda de esa organiación, manifestó que “se está buscando que este anteproyecto tenga un gran consenso entre todos los actores”. Destacó que “se intentará afinar aspectos técnicos, cuestiones operativas e incorporar el biogás dentro del régimen.” La política de biocombustibles ha resultado estratégica para el país. Desde su implementación, ha permitido sustituir la importación de 9 mil millones de litros de gasoil y 5 millones de litros de nafta, lo que derivó en un ahorro de divisas por un valor superior a los U$S 6 mil millones. En este lapso, las exportaciones de biodiesel treparon a 15 millones de toneladas, registrando ingresos superiores a los U$S 13 mil millones.
La producción de biodiesel es un importante sostén para los precios de la soja y su harina -el principal producto de exportación argentino. Permite absorber el 30% de la producción de aceite y evitar que se destine a un mercado prácticamente saturado. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, siendo responsable del 50% del comercio mundial, donde la mitad de sus exportaciones tienen como destino a un único país, la India.
En el NOA, el bioetanol de caña se ha convertido en un importante sustento para su principal sector, minimizando la necesidad de exportar los excedentes de azúcar a precios por debajo de los costos de producción. Similar es el caso de las zonas donde se han instalado las refinerías de maíz. La mayor demanda del cereal ha llevado a que los precios se ubiquen muy por encima de la paridad de exportación, traduciéndose en ingresos adicionales a los productores locales.
La quita de subsidios que el Estado Nacional aplicó al gasoil utilizado en el transporte de pasajeros de corta distancia desde el 1 de enero de este año ha despertado el interés por el uso voluntario de biodiesel -más baratos que sus equivalentes fósiles. Aunque la reglamentación vigente no impide el uso de mayores cortes que los establecidos para las petroleras, existe un alto grado de confusión que dificulta su implementación. Sobre este punto había comenzado a trabajar el Exsecretario Iguacel antes de su renuncia. Mientras la falta de definición de parte de la cartera de Energía se dilata, siguen apareciendo pequeñas plantas marginales sin los mínimos requisitos de higiene y seguridad. Muchas de estas iniciativas han sufrido graves incidentes, algunos hasta con víctimas fatales con este tipo de iniciativas.
Con la idea de avanzar en materia de reglamentación, representantes de La Liga Bioenergética estarán participando en marzo de una misión institucional a Brasil donde buscarán conocer en detalle la implementación del programa RenovaBio (ver una política de estado en favor de los biocombustibles en Brasil). Brasil es líder en el uso de biocombustibles en transporte, con una participación por encima del 45% de etanol en el mercado de la gasolina y del 10 % de biodiesel en el de gasoil. Habiendo introducido este biocombustible varios años más tarde que Argentina, hoy cuenta con un corte del 10%, que llegará al 15% en 2023.
El camino para instalar los biocombustibles no fue nada fácil, recuerda Claudio Molina, uno de los principales colaboradores en la redacción de la Ley 26.093. “Llevó varios años de trabajo alcanzar el consenso de todos los actores interesados, pero finalmente se logró la sanción de dicha Ley con un altísimo grado de aprobación legislativa, en un hecho histórico.” De lograr consensos dependerá el futuro de un complejo que en poco más de 10 años instaló 57 plantas - de las cuales más de 40 son pymes de capitales nacionales - en 10 provincias argentinas.
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El problema de la vinaza con posible solución
Con potasio, quieren poner fin al drama de la vinaza
Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un día, Sockolsky se puso a experimentar en una botella de gaseosa y logró extraer potasio de la vinaza. Esa prueba fue la base y el punto de partida para el desarrollo del proceso que se propone transformar un problema ambiental en una alternativa productiva. Con el invento patentado bajo el brazo, la firma Ecopotasio se prepara para plasmar esta idea innovadora en una planta piloto.
La idea es tan atractiva y tan virtuosa, que parece irreal. En palabras simples, el proyecto promete solucionar una de las causas del padecimiento ambiental de la región y, además, crear una alternativa productiva con capacidad exportadora a partir de una inversión menos costosa que las alternativas de “gasto puro” disponibles. Los promotores de semejante iniciativa saben que cunde el escepticismo. Por eso decidieron tejer alianzas con instituciones científicas y hoy, con una patente registrada como capital y la certeza de que el proceso funciona, se preparan para pasar del laboratorio a la planta piloto. Si la realidad corrobora y acompaña las perspectivas de los creadores de la empresa Ecopotasio del Norte, Tucumán no sólo podría librarse de los males de la vinaza y proyectar un futuro industrial limpio. También sacaría partido al efluente como base para la elaboración de un fertilizante y convertiría ese líquido marrón que es sinónimo de contaminación, en una fuente de riqueza. Todo ello sucedería de la mano de un elemento químico: el potasio.
La historia de esta startup de base tecnológica 100% tucumana, como sus dueños definen a Ecopotasio, se remonta a la inquietud de un emprendedor nato llamado Carlos Sockolsky. Con la naturalidad que otorgan el conocimiento y la experiencia, este empresario con mil y un negocios dice que allá por los años 80 avizoró que el boom de la producción alcoholera a partir de la caña de azúcar para su uso en combustibles iba a traer como contrapartida la gestación de mares de vinaza. Este “desecho” es la “consecuencia no querida” de la deshidratación de alcohol. “Salen diez litros de vinaza por cada litro de alcohol”, precisa Sockolsky. Basta con hacer cálculos para advertir la magnitud del desafío ambiental. “Un ingenio hoy puede volcar hasta siete millones de litros de vinaza por día. Tucumán está inundado de este efluente”, explica en presencia de sus socios en este emprendimiento: el abogado Fernando Valdez (sí, se trata del legislador radical); la contadora María Eugenia Ortiz y la ingeniera química Natalia Ibarra (el especialista en fermentaciones industriales, Rómulo Luque, participa a la distancia).
El cuco de la vinaza radica en el potasio, uno de sus componentes, que se torna nocivo justamente por el volumen inmenso de líquido que lo contiene (12 gramos en promedio por litro). Es este elemento el que poluciona el ambiente: saliniza la tierra y la vuelve estéril, además de perjudicar el agua. El mal olor es un detalle al lado de los daños que el efluente inflige a la región conectada por la Cuenca Salí-Dulce. Según el equipo de Ecopotasio, las soluciones para este desastre son incompletas y tan costosas que ponen en jaque la rentabilidad de la industria sucroalcoholera. En suma, la vinaza hace estragos en Tucumán y en todos los lugares del mundo con sectores industriales de la misma especie.
Pero así como los que aman odian, con permiso de Silvina Ocampo, el potasio malo también puede ser bueno. “Sólo hay que aislarlo”, resume Sockolsky. Imbuido de los principios que adquirió cuando estudiaba Ingeniería Química, este empresario desarrolló un experimento casero. “Hice una prueba en una botella de Fanta. Y funcionó”, dice.
A Sockolsky se le ocurrió que un método utilizado para ablandar aguas de caldera podía servir para remover el potasio de la vinaza. Relata:“este procedimiento emplea resinas de intercambio iónico para retener calcio y magnesio. Yo pensé: ¿por qué no probar? Entonces, utilicé esa resina para retener potasio y lo retuve. Fue una solución: había logrado extraer el 93% del potasio. O sea, quité toda la parte contaminante de la vinaza”.
Quedó abierta, entonces, la posibilidad de pensar en el costado positivo del potasio, que sirve como precursor para el desarrollo de fertilizantes. Ese es el horizonte productivo de una sustancia cuyos cristales, curiosamente, se parecen a los del azúcar. Además, libre del componente que lo demoniza, el efluente puede ser “reciclado” y reutilizado por la propia industria.
“Seguir escalando”
El “invento de garaje”, como llama Valdez al hallazgo de Sockolsky (un método de extracción del potasio contenido en la vinaza), se transformó en una fórmula registrada y en el corazón de la empresa fundada en 2014. La inscripción del descubrimiento y la protección de los derechos dio lugar a una fase de testeo en los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán. A continuación, Ecopotasio se vinculó con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec). Estos contactos permitieron intercambios con especialistas y la obtención en 2016 de un fondo público de alrededor de U$S 100.000 para “seguir escalando”.
Los exámenes han llegado hasta el punto de que en los próximos meses, con una bolsa de potasio en la mano (“prueba de concepto”), la empresa dará los próximos pasos hacia la captación de los capitales necesarios para instalar una planta piloto que ayude a precisar la capacidad de trabajo.
La vinaza como materia prima
El universo del potasio, nutriente fundamental para el desarrollo de las plantas, está conmúmente ligado a una actividad extractiva como la minería. Sockolsky y sus socios consideran que, con la cantidad de vinaza existente, Tucumán es candidata a proveer el fertilizante a todo el país e, incluso, a exportarlo. “Hoy la Argentina importa potasio porque los suelos lo necesitan. Nosotros vemos la posibilidad de desarrollarlo a partir de un efluente”, dice Ortiz. Ibarra agrega: “el país consume alrededor de 60 mil toneladas de fertilizantes potásicos al año. Sólo 3.400 o 3.500 toneladas se producen aquí, en San Luis: el resto se importa. Brasil adquiere el 80% del producto en el extranjero”.
El potencial luce descomunal. “Lo más difícil, cuando sos emprendedor, es pasar de emprendedor a empresario”, medita Ibarra. Y añade respecto del invento de Sockolsky: “la innovación es utilizar cosas que ya existen en aplicaciones que no fueron pensadas”. Valdez pone las cosas en estos términos: “podemos ir de la vinaza como problema ambiental a la vinaza como materia prima. El cambio de enfoque resuelve el problema y genera un negocio. Estamos listos para dar el paso”. A Sockolsky le parece que existe una oportunidad para hacer virtud del defecto y está convencido de que los frutos despejarán el camino. Tal vez esta sea su revancha: en 1982, cuando comenzaba el Plan Alconafta, viajó a Estados Unidos a buscar tecnologías para deshidratar alcohol y consiguió siete representaciones. A los pocos días estalló la Guerra de Malvinas y el negocio se cayó. “Parece una película italiana: sólo a mí me pasan estas cosas”, dice con resignación. (Con la colaboración de Juan Martín de Chazal)
La receta de “ecopotasio del norte”
1. Novedad, aplicación industrial y actividad inventiva
Natalia Ibarra, la ingeniera química de la empresa, enumera las tres condiciones necesarias para que una invención sea susceptible de aplicar a una patente. Ellas son: 1) que sea novedosa (es decir, que mantenga innovación); 2) que pueda ser usada industrialmente; y 3) que se distinga por una actividad inventiva (en otras palabras, que la invención no sea una combinación de elementos conocidos con un resultado predecible). “Significa que lo que vos innovaste o inventaste no es algo obvio. Entonces, cuando las consecuencias a las que se llegan no es un resultado evidente y ya conocido en el estado del arte, se considera la altura inventiva”, explica.
2. Una vinculación estratégica con el sector científico-tecnológico
“Lo que buscamos es vincularnos con el sistema tecnológico porque las posibilidades de esta empresa, que es una startup de base tecnológica, es un gran aporte para el sistema científico de Tucumán”, dice el legislador Fernando Valdez, socio del emprendimiento iniciado por Carlos Sockolsky (foto). En ese sentido, el contacto con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec); permitieron comprobar la solvencia de este invento tucumano y un acceso a fondos públicos.
3. La conjunción entre una actividad económica y una solución ambiental
Mediante la producción de fertilizantes potásicos obtenidos a partir de efluentes y residuos de la industria sucroalcoholera, este emprendimiento local quiere “atacar” la problemática ambiental de la vinaza, a la vez que busca generar una nueva actividad económica en la región. “No tendrá sólo un impacto positivo en la provincia, sino que en todo el país. Argentina importa la mayoría de los fertilizantes, que suelen tener un origen minero, y produce muy poco. Con esta invención, ese panorama podría cambiar desde Tucumán”, manifiesta Ibarra.
4. La protección de la propiedad intelectual
El modelo de negocio a futuro de la empresa permitirá a sus propietarios obtener réditos económicos por medio de una licencia otorgada a otros productores del mundo para que puedan emplear su idea. Eso será posible gracias a la protección garantizada por la patente que ya poseen, y por las próximas que buscarán en el las siguientes etapas. “Si bien lo explotaremos nosotros acá, otros países que también produzcan este alcohol podrán operar y comercializar el sulfato de potasio con un aprovechamiento productivo. En esos casos, no seríamos nosotros quienes operaríamos pero sí tendríamos un retorno económico por la patente”, plantean Ibarra y Ortiz.
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Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un día, Sockolsky se puso a experimentar en una botella de gaseosa y logró extraer potasio de la vinaza. Esa prueba fue la base y el punto de partida para el desarrollo del proceso que se propone transformar un problema ambiental en una alternativa productiva. Con el invento patentado bajo el brazo, la firma Ecopotasio se prepara para plasmar esta idea innovadora en una planta piloto.
La idea es tan atractiva y tan virtuosa, que parece irreal. En palabras simples, el proyecto promete solucionar una de las causas del padecimiento ambiental de la región y, además, crear una alternativa productiva con capacidad exportadora a partir de una inversión menos costosa que las alternativas de “gasto puro” disponibles. Los promotores de semejante iniciativa saben que cunde el escepticismo. Por eso decidieron tejer alianzas con instituciones científicas y hoy, con una patente registrada como capital y la certeza de que el proceso funciona, se preparan para pasar del laboratorio a la planta piloto. Si la realidad corrobora y acompaña las perspectivas de los creadores de la empresa Ecopotasio del Norte, Tucumán no sólo podría librarse de los males de la vinaza y proyectar un futuro industrial limpio. También sacaría partido al efluente como base para la elaboración de un fertilizante y convertiría ese líquido marrón que es sinónimo de contaminación, en una fuente de riqueza. Todo ello sucedería de la mano de un elemento químico: el potasio.
La historia de esta startup de base tecnológica 100% tucumana, como sus dueños definen a Ecopotasio, se remonta a la inquietud de un emprendedor nato llamado Carlos Sockolsky. Con la naturalidad que otorgan el conocimiento y la experiencia, este empresario con mil y un negocios dice que allá por los años 80 avizoró que el boom de la producción alcoholera a partir de la caña de azúcar para su uso en combustibles iba a traer como contrapartida la gestación de mares de vinaza. Este “desecho” es la “consecuencia no querida” de la deshidratación de alcohol. “Salen diez litros de vinaza por cada litro de alcohol”, precisa Sockolsky. Basta con hacer cálculos para advertir la magnitud del desafío ambiental. “Un ingenio hoy puede volcar hasta siete millones de litros de vinaza por día. Tucumán está inundado de este efluente”, explica en presencia de sus socios en este emprendimiento: el abogado Fernando Valdez (sí, se trata del legislador radical); la contadora María Eugenia Ortiz y la ingeniera química Natalia Ibarra (el especialista en fermentaciones industriales, Rómulo Luque, participa a la distancia).
El cuco de la vinaza radica en el potasio, uno de sus componentes, que se torna nocivo justamente por el volumen inmenso de líquido que lo contiene (12 gramos en promedio por litro). Es este elemento el que poluciona el ambiente: saliniza la tierra y la vuelve estéril, además de perjudicar el agua. El mal olor es un detalle al lado de los daños que el efluente inflige a la región conectada por la Cuenca Salí-Dulce. Según el equipo de Ecopotasio, las soluciones para este desastre son incompletas y tan costosas que ponen en jaque la rentabilidad de la industria sucroalcoholera. En suma, la vinaza hace estragos en Tucumán y en todos los lugares del mundo con sectores industriales de la misma especie.
Pero así como los que aman odian, con permiso de Silvina Ocampo, el potasio malo también puede ser bueno. “Sólo hay que aislarlo”, resume Sockolsky. Imbuido de los principios que adquirió cuando estudiaba Ingeniería Química, este empresario desarrolló un experimento casero. “Hice una prueba en una botella de Fanta. Y funcionó”, dice.
A Sockolsky se le ocurrió que un método utilizado para ablandar aguas de caldera podía servir para remover el potasio de la vinaza. Relata:“este procedimiento emplea resinas de intercambio iónico para retener calcio y magnesio. Yo pensé: ¿por qué no probar? Entonces, utilicé esa resina para retener potasio y lo retuve. Fue una solución: había logrado extraer el 93% del potasio. O sea, quité toda la parte contaminante de la vinaza”.
Quedó abierta, entonces, la posibilidad de pensar en el costado positivo del potasio, que sirve como precursor para el desarrollo de fertilizantes. Ese es el horizonte productivo de una sustancia cuyos cristales, curiosamente, se parecen a los del azúcar. Además, libre del componente que lo demoniza, el efluente puede ser “reciclado” y reutilizado por la propia industria.
“Seguir escalando”
El “invento de garaje”, como llama Valdez al hallazgo de Sockolsky (un método de extracción del potasio contenido en la vinaza), se transformó en una fórmula registrada y en el corazón de la empresa fundada en 2014. La inscripción del descubrimiento y la protección de los derechos dio lugar a una fase de testeo en los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán. A continuación, Ecopotasio se vinculó con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec). Estos contactos permitieron intercambios con especialistas y la obtención en 2016 de un fondo público de alrededor de U$S 100.000 para “seguir escalando”.
Los exámenes han llegado hasta el punto de que en los próximos meses, con una bolsa de potasio en la mano (“prueba de concepto”), la empresa dará los próximos pasos hacia la captación de los capitales necesarios para instalar una planta piloto que ayude a precisar la capacidad de trabajo.
La vinaza como materia prima
El universo del potasio, nutriente fundamental para el desarrollo de las plantas, está conmúmente ligado a una actividad extractiva como la minería. Sockolsky y sus socios consideran que, con la cantidad de vinaza existente, Tucumán es candidata a proveer el fertilizante a todo el país e, incluso, a exportarlo. “Hoy la Argentina importa potasio porque los suelos lo necesitan. Nosotros vemos la posibilidad de desarrollarlo a partir de un efluente”, dice Ortiz. Ibarra agrega: “el país consume alrededor de 60 mil toneladas de fertilizantes potásicos al año. Sólo 3.400 o 3.500 toneladas se producen aquí, en San Luis: el resto se importa. Brasil adquiere el 80% del producto en el extranjero”.
El potencial luce descomunal. “Lo más difícil, cuando sos emprendedor, es pasar de emprendedor a empresario”, medita Ibarra. Y añade respecto del invento de Sockolsky: “la innovación es utilizar cosas que ya existen en aplicaciones que no fueron pensadas”. Valdez pone las cosas en estos términos: “podemos ir de la vinaza como problema ambiental a la vinaza como materia prima. El cambio de enfoque resuelve el problema y genera un negocio. Estamos listos para dar el paso”. A Sockolsky le parece que existe una oportunidad para hacer virtud del defecto y está convencido de que los frutos despejarán el camino. Tal vez esta sea su revancha: en 1982, cuando comenzaba el Plan Alconafta, viajó a Estados Unidos a buscar tecnologías para deshidratar alcohol y consiguió siete representaciones. A los pocos días estalló la Guerra de Malvinas y el negocio se cayó. “Parece una película italiana: sólo a mí me pasan estas cosas”, dice con resignación. (Con la colaboración de Juan Martín de Chazal)
La receta de “ecopotasio del norte”
1. Novedad, aplicación industrial y actividad inventiva
Natalia Ibarra, la ingeniera química de la empresa, enumera las tres condiciones necesarias para que una invención sea susceptible de aplicar a una patente. Ellas son: 1) que sea novedosa (es decir, que mantenga innovación); 2) que pueda ser usada industrialmente; y 3) que se distinga por una actividad inventiva (en otras palabras, que la invención no sea una combinación de elementos conocidos con un resultado predecible). “Significa que lo que vos innovaste o inventaste no es algo obvio. Entonces, cuando las consecuencias a las que se llegan no es un resultado evidente y ya conocido en el estado del arte, se considera la altura inventiva”, explica.
2. Una vinculación estratégica con el sector científico-tecnológico
“Lo que buscamos es vincularnos con el sistema tecnológico porque las posibilidades de esta empresa, que es una startup de base tecnológica, es un gran aporte para el sistema científico de Tucumán”, dice el legislador Fernando Valdez, socio del emprendimiento iniciado por Carlos Sockolsky (foto). En ese sentido, el contacto con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec); permitieron comprobar la solvencia de este invento tucumano y un acceso a fondos públicos.
3. La conjunción entre una actividad económica y una solución ambiental
Mediante la producción de fertilizantes potásicos obtenidos a partir de efluentes y residuos de la industria sucroalcoholera, este emprendimiento local quiere “atacar” la problemática ambiental de la vinaza, a la vez que busca generar una nueva actividad económica en la región. “No tendrá sólo un impacto positivo en la provincia, sino que en todo el país. Argentina importa la mayoría de los fertilizantes, que suelen tener un origen minero, y produce muy poco. Con esta invención, ese panorama podría cambiar desde Tucumán”, manifiesta Ibarra.
4. La protección de la propiedad intelectual
El modelo de negocio a futuro de la empresa permitirá a sus propietarios obtener réditos económicos por medio de una licencia otorgada a otros productores del mundo para que puedan emplear su idea. Eso será posible gracias a la protección garantizada por la patente que ya poseen, y por las próximas que buscarán en el las siguientes etapas. “Si bien lo explotaremos nosotros acá, otros países que también produzcan este alcohol podrán operar y comercializar el sulfato de potasio con un aprovechamiento productivo. En esos casos, no seríamos nosotros quienes operaríamos pero sí tendríamos un retorno económico por la patente”, plantean Ibarra y Ortiz.
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Enojo por el corte de biocombustibles
Biocombustibles: Lamentan la decisión del Gobierno de no elevar el corte obligatorio
Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: surtidores.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Desde la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, no hubo sorpresa alguna acerca de la confirmación del Secretario de Energía de mantener el porcentaje de mezcla de componentes vegetales en el gasoil y en las naftas
Tras el anuncio del reemplazante de Javier Iguacel a dirigentes de CECHA durante una reunión mantenida la semana pasada, Claudio Molina el Director de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, explicó que “a mi entender, las Cámaras que nuclean la actividad pudieron haber malinterpretado cierta intención oficial de promover un mayor uso voluntario de biocombustibles, con lo que corresponde a un aumento del corte obligatorio previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley 26.093”.
El especialista opinó que el argumento que esgrime el gobierno está vinculado a no aumentar el costo fiscal asociado al programa de biocombustible actual, restricción derivada del acuerdo del país con el FMI. “Si bien fui recibido por el Secretario y su Jefe de Asesores Patricio Pinnel el pasado 23 de enero de una manera extremadamente cordial, a priori quedó descartado que se vaya a decidir algo distinto en estos temas, al menos a cortísimo plazo”.
Consideró que la única hipótesis que puede alimentar la posibilidad que se modifiquen los cortes obligatorios en los hidrocarburos, está relacionado con un cambio de orientación de parte del Ministro de Economía Nicolás Dujovne, autorizando tan importante decisión, “pero creo que esto al menos este año, no ocurrirá, hecho que lamento, porque considero que sería muy positivo aumentar el contenido de biocombustibles en el gasoil y la nafta”, expresó.
Por otra parte, refiriéndose a ciertas noticias que se difundieron en medios del interior del país que sobre la existencia de emprendimientos particulares emparentados con la producción y abastecimiento propio de flotas de colectivos del Biodiesel al 100 por ciento, Molina llamó a tener prudencia cuando se hacen comparaciones de precios relativos y gasoil mineral, ya que se debe tomar en cuenta rigurosamente el universo de elementos de costos que deben formar parte de una sana comparación.
“La producción de biodiesel en pequeña escala efectuada en plantas no habilitadas por la Secretaría de Energía, es muy riesgosa. Normalmente en estos casos no se certifica el cumplimiento de normas de calidad, seguridad y medio ambiente”, dijo el directivo de la AABH quien se mostró contrario a la “producción marginal”.
Justificó sus dichos en que “el autoconsumo es una figura prevista en la reglamentación de la ley de biocombustibles 26.093 para los productores y cooperativas de productores agropecuarios, no para cualquier agente económico y debe desarrollarse cumplirse con la normativa en curso”.
Finalmente agregó que la cuestión de seguridad no es menor, porque hay una historia de diversos siniestros ocurridos a lo largo del tiempo con instalaciones no habilitadas.
“Corresponde la habilitación municipal, provincial pero también la nacional de la Secretaría de Energía. No se puede obviar ésta última y por lo tanto, mientras no exista, es una planta marginal”, sentenció.
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Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: surtidores.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Desde la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, no hubo sorpresa alguna acerca de la confirmación del Secretario de Energía de mantener el porcentaje de mezcla de componentes vegetales en el gasoil y en las naftas
Tras el anuncio del reemplazante de Javier Iguacel a dirigentes de CECHA durante una reunión mantenida la semana pasada, Claudio Molina el Director de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, explicó que “a mi entender, las Cámaras que nuclean la actividad pudieron haber malinterpretado cierta intención oficial de promover un mayor uso voluntario de biocombustibles, con lo que corresponde a un aumento del corte obligatorio previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley 26.093”.
El especialista opinó que el argumento que esgrime el gobierno está vinculado a no aumentar el costo fiscal asociado al programa de biocombustible actual, restricción derivada del acuerdo del país con el FMI. “Si bien fui recibido por el Secretario y su Jefe de Asesores Patricio Pinnel el pasado 23 de enero de una manera extremadamente cordial, a priori quedó descartado que se vaya a decidir algo distinto en estos temas, al menos a cortísimo plazo”.
Consideró que la única hipótesis que puede alimentar la posibilidad que se modifiquen los cortes obligatorios en los hidrocarburos, está relacionado con un cambio de orientación de parte del Ministro de Economía Nicolás Dujovne, autorizando tan importante decisión, “pero creo que esto al menos este año, no ocurrirá, hecho que lamento, porque considero que sería muy positivo aumentar el contenido de biocombustibles en el gasoil y la nafta”, expresó.
Por otra parte, refiriéndose a ciertas noticias que se difundieron en medios del interior del país que sobre la existencia de emprendimientos particulares emparentados con la producción y abastecimiento propio de flotas de colectivos del Biodiesel al 100 por ciento, Molina llamó a tener prudencia cuando se hacen comparaciones de precios relativos y gasoil mineral, ya que se debe tomar en cuenta rigurosamente el universo de elementos de costos que deben formar parte de una sana comparación.
“La producción de biodiesel en pequeña escala efectuada en plantas no habilitadas por la Secretaría de Energía, es muy riesgosa. Normalmente en estos casos no se certifica el cumplimiento de normas de calidad, seguridad y medio ambiente”, dijo el directivo de la AABH quien se mostró contrario a la “producción marginal”.
Justificó sus dichos en que “el autoconsumo es una figura prevista en la reglamentación de la ley de biocombustibles 26.093 para los productores y cooperativas de productores agropecuarios, no para cualquier agente económico y debe desarrollarse cumplirse con la normativa en curso”.
Finalmente agregó que la cuestión de seguridad no es menor, porque hay una historia de diversos siniestros ocurridos a lo largo del tiempo con instalaciones no habilitadas.
“Corresponde la habilitación municipal, provincial pero también la nacional de la Secretaría de Energía. No se puede obviar ésta última y por lo tanto, mientras no exista, es una planta marginal”, sentenció.
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Biocombustible sin sanciones para la UE
Europa oficializó la compra de biodiésel argentino sin aranceles extra
Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La Unión Europea publicó el listado de empresas que podrán enviar el biocombustible sin recibir sanciones, siempre que cumplan con un precio mínimo establecido.
A través de su Boletín Oficial, la Unión Europea (UE) confirmó este martes el regreso del biodiésel argentino a ese mercado, libre de aranceles extra, aunque siempre que cumpla con un precio mínimo establecido.
Según publicó la agencia Reuters, ocho empresas productoras de biodiésel fueron autorizadas a exportar el biocombustible sin abonar los aranceles de entre 25 y 33,4 por ciento que la Comisión Europa impuso como sanción el año pasado, porque considera que en Argentina se subsidia indirectamente a la industria por medio de las retenciones diferenciadas.
Se trata de Aceitera General Deheza (AGD), Bunge Argentina, LDC Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno Hermanos, Vicentin, Cargill y Cofco International Argentina, las firmas que concentran casi la totalidad del combustible a base de aceite de soja que se produce y exporta en Argentina.
Según aclaró a fines de enero el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, la exportación de biodiésel ya paga un arancel del 6,5 por ciento y la medida lo que hace es eliminar el porcentaje extra que Europa había establecido como sanción.
Precio mínimo
Como se mencionó, la UE aceptó acabar con sus reclamos en contra del biodiésel argentino, siempre que las empresas cumplan con vender el combustible a un precio fijado.
El mismo no se conoce pero, según Reuters, estaría vinculado a datos del valor promedio mensual del grano de soja publicado por la Secretaría de Agroindustria, en el que se refleja el peso de los derechos de exportación y que está basado en el precio de cierre del mercado de futuros de Chicago.
El conflicto comenzó en 2012 cuando la Comisión Europea comenzó a investigar las importaciones de biodiésel de Argentina y de Indonesia, tras un pedido de productores de biocombustibles del bloque.
Al año siguiente, Europa aplicó aranceles al producto nacional por presunto dumping, una medida que tuvo que rever en 2018 tras perder la disputa que Argentina planteó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque no dudó en aplicar luego estos aranceles que ahora se quitan.
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Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La Unión Europea publicó el listado de empresas que podrán enviar el biocombustible sin recibir sanciones, siempre que cumplan con un precio mínimo establecido.
A través de su Boletín Oficial, la Unión Europea (UE) confirmó este martes el regreso del biodiésel argentino a ese mercado, libre de aranceles extra, aunque siempre que cumpla con un precio mínimo establecido.
Según publicó la agencia Reuters, ocho empresas productoras de biodiésel fueron autorizadas a exportar el biocombustible sin abonar los aranceles de entre 25 y 33,4 por ciento que la Comisión Europa impuso como sanción el año pasado, porque considera que en Argentina se subsidia indirectamente a la industria por medio de las retenciones diferenciadas.
Se trata de Aceitera General Deheza (AGD), Bunge Argentina, LDC Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno Hermanos, Vicentin, Cargill y Cofco International Argentina, las firmas que concentran casi la totalidad del combustible a base de aceite de soja que se produce y exporta en Argentina.
Según aclaró a fines de enero el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, la exportación de biodiésel ya paga un arancel del 6,5 por ciento y la medida lo que hace es eliminar el porcentaje extra que Europa había establecido como sanción.
Precio mínimo
Como se mencionó, la UE aceptó acabar con sus reclamos en contra del biodiésel argentino, siempre que las empresas cumplan con vender el combustible a un precio fijado.
El mismo no se conoce pero, según Reuters, estaría vinculado a datos del valor promedio mensual del grano de soja publicado por la Secretaría de Agroindustria, en el que se refleja el peso de los derechos de exportación y que está basado en el precio de cierre del mercado de futuros de Chicago.
El conflicto comenzó en 2012 cuando la Comisión Europea comenzó a investigar las importaciones de biodiésel de Argentina y de Indonesia, tras un pedido de productores de biocombustibles del bloque.
Al año siguiente, Europa aplicó aranceles al producto nacional por presunto dumping, una medida que tuvo que rever en 2018 tras perder la disputa que Argentina planteó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque no dudó en aplicar luego estos aranceles que ahora se quitan.
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Aeropuerto El Palomar y su grave impacto acústico
Preocupante informe de la Universidad de Nacional de General Sarmiento sobre el impacto acústico del aeropuerto El Palomar
Fecha de Publicación: 18/02/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El investigador del Conicet, Guillermo Jorge, realizó un trabajo sobre las consecuencias ambientales de los vuelos que realizan las low cost Flybondi y JetSmart en la terminal aérea ubicada en el oeste del conurbano bonaerense.
A un año de la puesta en funcionamiento de la base militar de El Palomar como aeropuerto comercial, explotado por las low cost Flybondi y JetSmart con la venia del gobierno nacional, las denuncias sobre contaminación ambiental ya son moneda corriente. A los cuestionamientos de los vecinos de los municipios linderos a la zona en cuestión, ahora se le sumó un nuevo informe de la Universidad de Nacional General Sarmiento (UNGS) que advierte sobre las consecuencias negativas de los vuelos.
El investigador independiente del Conicet y de la UNGS, Guillermo Jorge, tituló el trabajo como “Operaciones comerciales en el aeródromo de El Palomar: Proyecciones de impacto acústico y revisión crítica de informes”. Allí elabora una serie de observaciones a los informes realizados por Aeropuertos Argentina 2000 y se le agrega a la denuncia que ya existía donde se acusaba que estaba firmado por un profesional con una inscripción “falsificada e inexistente”.
En el relevamiento, asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por AA 200 “en cierta manera, minimizan o dejan entrever que la conversión de la base militar en un aeropuerto comercial de alto tránsito no tiene impacto apreciable sobre la población vecina”.
Más adelante, detalló que “este impacto tiene dos aristas fundamentales: la contaminación por emisiones gaseosas y la contaminación sonora”, y que “no se mencionan otros tipos de efectos sobre la población, no menos importantes, como los niveles incrementados de tránsito vehicular y peatonal, vibraciones, incremento de riesgo de accidentes, etcétera”.
En cuanto a la medición de la contaminación acústica, aclaró que en el país no existe una legislación específica pero que hay “ciertas normas nacionales y protocolos utilizados internacionalmente que pueden ser aplicados para la determinación del grado de impacto de la operación de un aeropuerto sobre la población vecina”.
A su vez, recordó que meses atrás se presentó un informe realizado por el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (UNTREF) y que hubo otro trabajo “crítico” respecto de los estudios presentados por AA2000, proveniente del Centro Atómico Bariloche. Este último, afirma que “de los 32 aeropuertos internacionales mencionados como ejemplos de aeropuertos en áreas urbanas, El Palomar está en el cuarto peor lugar, siendo uno de los que posee menor distancia entre cabeceras y población urbana”.
“Entre otras críticas también menciona la falta de planificación a largo plazo respecto a la cantidad de vuelos, en contraposición a las recomendaciones de la OACI, la falta de medidas de mitigación efectivas, y la falta de un cálculo de la cantidad de habitantes afectados por el ruido (incluso teniendo todas las herramientas para hacerlo)”, añadió.
En ese sentido, Jorge aseguró que en todos estos estudios “hay coincidencia de que ya se está produciendo impacto acústico con las operaciones existentes hacia finales de 2018. En el caso de los informes de AA2000 (y aprobados por la autoridad de control), el impacto se muestra inequívocamente en sus informes (Informe de Marzo) o se oculta (Informe de setiembre) utilizando mediciones con métricas diferentes a las que ellos mismos, en informes anteriores, consideran como las aplicables para determinar impacto acústico”.
A modo de conclusión, indicó que “en la actualidad El Palomar está teniendo una operación cercana o mayor a los 30 movimientos diarios, con lo que se desprende que el aeropuerto ya estaría por encima de su capacidad máxima de operaciones de bajo impacto, y las zonas vecinas a las cabeceras ya estarían sufriendo un impacto considerable debido al ruido aeronáutico”.
“Por otro lado informes del sector científico muestran resultados muy similares a los obtenidos en este informe, mostrando una actividad aeronáutica que ya estaría produciendo impacto acústico sobre la población vecina”, agregó.
Finalmente, solicitó que “es necesario que las autoridades de control de la actividad aeronáutica tomen cartas en el asunto lo antes posible, para evitar que el impacto acústico afecte a la población vecina al aeropuerto, limitando la actividad aeroportuaria, redefiniendo sus horarios y tomando medidas mitigatorias sobre los edificios de uso público”.
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Fecha de Publicación: 18/02/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El investigador del Conicet, Guillermo Jorge, realizó un trabajo sobre las consecuencias ambientales de los vuelos que realizan las low cost Flybondi y JetSmart en la terminal aérea ubicada en el oeste del conurbano bonaerense.
A un año de la puesta en funcionamiento de la base militar de El Palomar como aeropuerto comercial, explotado por las low cost Flybondi y JetSmart con la venia del gobierno nacional, las denuncias sobre contaminación ambiental ya son moneda corriente. A los cuestionamientos de los vecinos de los municipios linderos a la zona en cuestión, ahora se le sumó un nuevo informe de la Universidad de Nacional General Sarmiento (UNGS) que advierte sobre las consecuencias negativas de los vuelos.
El investigador independiente del Conicet y de la UNGS, Guillermo Jorge, tituló el trabajo como “Operaciones comerciales en el aeródromo de El Palomar: Proyecciones de impacto acústico y revisión crítica de informes”. Allí elabora una serie de observaciones a los informes realizados por Aeropuertos Argentina 2000 y se le agrega a la denuncia que ya existía donde se acusaba que estaba firmado por un profesional con una inscripción “falsificada e inexistente”.
En el relevamiento, asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por AA 200 “en cierta manera, minimizan o dejan entrever que la conversión de la base militar en un aeropuerto comercial de alto tránsito no tiene impacto apreciable sobre la población vecina”.
Más adelante, detalló que “este impacto tiene dos aristas fundamentales: la contaminación por emisiones gaseosas y la contaminación sonora”, y que “no se mencionan otros tipos de efectos sobre la población, no menos importantes, como los niveles incrementados de tránsito vehicular y peatonal, vibraciones, incremento de riesgo de accidentes, etcétera”.
En cuanto a la medición de la contaminación acústica, aclaró que en el país no existe una legislación específica pero que hay “ciertas normas nacionales y protocolos utilizados internacionalmente que pueden ser aplicados para la determinación del grado de impacto de la operación de un aeropuerto sobre la población vecina”.
A su vez, recordó que meses atrás se presentó un informe realizado por el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (UNTREF) y que hubo otro trabajo “crítico” respecto de los estudios presentados por AA2000, proveniente del Centro Atómico Bariloche. Este último, afirma que “de los 32 aeropuertos internacionales mencionados como ejemplos de aeropuertos en áreas urbanas, El Palomar está en el cuarto peor lugar, siendo uno de los que posee menor distancia entre cabeceras y población urbana”.
“Entre otras críticas también menciona la falta de planificación a largo plazo respecto a la cantidad de vuelos, en contraposición a las recomendaciones de la OACI, la falta de medidas de mitigación efectivas, y la falta de un cálculo de la cantidad de habitantes afectados por el ruido (incluso teniendo todas las herramientas para hacerlo)”, añadió.
En ese sentido, Jorge aseguró que en todos estos estudios “hay coincidencia de que ya se está produciendo impacto acústico con las operaciones existentes hacia finales de 2018. En el caso de los informes de AA2000 (y aprobados por la autoridad de control), el impacto se muestra inequívocamente en sus informes (Informe de Marzo) o se oculta (Informe de setiembre) utilizando mediciones con métricas diferentes a las que ellos mismos, en informes anteriores, consideran como las aplicables para determinar impacto acústico”.
A modo de conclusión, indicó que “en la actualidad El Palomar está teniendo una operación cercana o mayor a los 30 movimientos diarios, con lo que se desprende que el aeropuerto ya estaría por encima de su capacidad máxima de operaciones de bajo impacto, y las zonas vecinas a las cabeceras ya estarían sufriendo un impacto considerable debido al ruido aeronáutico”.
“Por otro lado informes del sector científico muestran resultados muy similares a los obtenidos en este informe, mostrando una actividad aeronáutica que ya estaría produciendo impacto acústico sobre la población vecina”, agregó.
Finalmente, solicitó que “es necesario que las autoridades de control de la actividad aeronáutica tomen cartas en el asunto lo antes posible, para evitar que el impacto acústico afecte a la población vecina al aeropuerto, limitando la actividad aeroportuaria, redefiniendo sus horarios y tomando medidas mitigatorias sobre los edificios de uso público”.
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Entre Ríos: empresa vinculada a Bergman denunciada
Bergman se desligó de las denuncias por contaminación en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Aim Digital
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, señalado como padrino de una cooperativa que contamina en Entre Ríos se desligó de las denuncias en su contra alegando que “son políticas”. El funcionario evitó dar respuestas concretas a AIM sobre la contaminación, desmontes y fumigaciones que hacen las fundaciones Raíces y Kosher.
Para evitar hacerse cargo de las denuncias por contaminación que vinculan al ministro de Ambiente, el funcionario dijo a esta Agencia que “son hechos individuales de una sola persona que financia un partido”.
“Hay que preguntarle a toda la comunidad”, aseguró -incómodo- el ministro, quien evitó hablar de las actas que constan en la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que exponen crudamente el desastre ambiental que generan las fundaciones (financiadas por Fundación Judaica de Bergman) en Colonia Avigdor, una localidad del departamento La Paz ubicada a 200 kilómetros de Paraná.
Precisamente, los activistas advierten que se vierten residuos tóxicos por parte de la industria láctea perteneciente a la Fundación Raíces, ubicada en Colonia Avigdor, a un arroyo, cuyo curso de agua corre a unos pocos metros de las viviendas de vecinos de la localidad, viviendas que se encuentran ubicadas frente a la industria.
En ese marco, la empresa apadrinada por el ministro no inició el estudio de impacto ambiental determinado por las Leyes vigentes, según establece el Decreto 497709, según se informó desde la secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
En ese marco, se realizaron inspecciones en las instalaciones y la provincia corroboró que la entidad no cumple con las condiciones adecuadas para su funcionamiento, por lo que se la intimó a realizar las obras necesarias y relocalizar el vertido de desechos, pero hasta la fecha la entidad no concretó lo que se le exigió.
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La multinacional Swift fue intimada por el Acumar
Riesgo ambiental: Intimamos a la firma Swift
Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La cámara de toma de muestras, los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.. Deberán presentar planos y adecuar todo en 5 días.
Una cuadrilla de inspectores de la Patrulla Ambiental realizaron este viernes 8 de febrero por la mañana una fiscalización -con toma de muestra de efluentes- en la planta de la firma alimenticia Swift, ubicada en Pontevedra, partido de Merlo.
Durante la inspección surgieron algunas cuestiones que llamaron la atención de los agentes, principalmente, en relación al estado de las instalaciones de tratamiento de los efluentes. Tanto la cámara de toma de muestras, como los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.
Además de la recorrida y la inspección ocular, uno de los equipos se avocó a tomar muestras de los efluentes líquidos de la planta, que serán llevados a laboratorio para determinar la composición de los mismos.
Más allá del resultado que arrojen estos análisis, ACUMAR intimó a la empresa a presentar planos del sector de tratamiento, tanto de conductos internos como de piletones y lagunas externas. La firma deberá acondicionar la cámara de toma de muestras y presentar además un proyecto para perimetrar el sector de lagunas que se encuentra fuera del predio, cercano a un barrio y sin ningún tipo de delimitación o contención para evitar posibles accidentes y/o intrusiones.
De la inspección participaron también promotores de salud que acudieron para corroborar el estado de la planta frente a reiteradas denuncias “por olores” que realizaban los vecinos y que afectaban la salud de la población.
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Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La cámara de toma de muestras, los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.. Deberán presentar planos y adecuar todo en 5 días.
Una cuadrilla de inspectores de la Patrulla Ambiental realizaron este viernes 8 de febrero por la mañana una fiscalización -con toma de muestra de efluentes- en la planta de la firma alimenticia Swift, ubicada en Pontevedra, partido de Merlo.
Durante la inspección surgieron algunas cuestiones que llamaron la atención de los agentes, principalmente, en relación al estado de las instalaciones de tratamiento de los efluentes. Tanto la cámara de toma de muestras, como los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.
Además de la recorrida y la inspección ocular, uno de los equipos se avocó a tomar muestras de los efluentes líquidos de la planta, que serán llevados a laboratorio para determinar la composición de los mismos.
Más allá del resultado que arrojen estos análisis, ACUMAR intimó a la empresa a presentar planos del sector de tratamiento, tanto de conductos internos como de piletones y lagunas externas. La firma deberá acondicionar la cámara de toma de muestras y presentar además un proyecto para perimetrar el sector de lagunas que se encuentra fuera del predio, cercano a un barrio y sin ningún tipo de delimitación o contención para evitar posibles accidentes y/o intrusiones.
De la inspección participaron también promotores de salud que acudieron para corroborar el estado de la planta frente a reiteradas denuncias “por olores” que realizaban los vecinos y que afectaban la salud de la población.
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Riachuelo y la eterna carga ambiental
El Riachuelo, la contaminación imparable y más de 5 millones de personas en riesgo
Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Cada día recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales y 368.000 de aguas servidas. Hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido. La salud de los pobladores, el plomo en la sangre de los niños y qué hace falta para sanear la Cuenca
La historia es vieja. Nadie la resuelve en su totalidad. Demuestra la fragmentación de poderes entre la Justicia, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y gran cantidad de municipios.
Hablamos de la Cuenca del Riachuelo, una cloaca abierta, una vergüenza argentina que muchas veces nos dejó sin argumento cuando, por ejemplo, se evidenciaron las protestas en el país contra las plantas de elaboración de papel frente al Uruguay. Tiene 64 kilómetros de extensión, atraviesa catorce municipios y cubre 2.000 kilómetros cuadrados.
Su permanente contaminación afecta a 5 millones y medio de habitantes, entre los cuales casi 4 de cada 10 no tienen agua potable y más de la mitad no posee cloacas. Cada día, históricamente hablando, el Riachuelo recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales de muchas de las fábricas instaladas en su orillas. En toda la Cuenca hay 13.000 establecimientos industriales.De ese total, 1397 han sido declarados agentes contaminantes.
A esos afluentes químicos se les suman 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales – según algunos organismos controladores- sólo 5 por ciento recibe tratamiento específico. Si se sigue la opinión de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), creada especialmente para que todas las jurisdicciones afectadas se pongan de acuerdo y no se peleen entre sí, un tercio del caudal intoxicador proviene de descargas industriales. Aseguraron en ACUMAR que de las industrias contaminantes 412 fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso.
En esa misma Cuenca hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido, usada por 13 villas de emergencia en la parte baja del río.
En Villa Inflamable, es el caso, los niños tienen 5 veces más plomo que lo aceptable.
El plomo enferma a quien lo padece, atrasa su crecimiento, lo lleva a comportamientos agresivos, afecta la piel y le produce consecuencias dolorosas hasta el día de su muerte.
Eso no es todo. En muestras recogidas en la zona se detectó en laboratorios especializados en el exterior la presencia de nonifenol, que va destruyendo el sistema reproductivo y la hormona estrógeno. También se encontraron rastros de insecticidas cancerígenos y el prohibido DDT. Se comprobó la presencia de elementos que afectan el cerebro y los riñones, otro que se ensaña con los riñones y el hígado.
Daños a la salud de tal magnitud que se asemeja a una guerra, con gente afectada de por vida, sin solución de continuidad.
La campaña por la limpieza urgente del Riachuelo se inició a comienzos se la década del 90. La solventó APOC, la asociación del personal de Organismos de Control, por sus propias investigaciones y la acción de asociaciones vecinales. APOC demostró entonces que con solo 50 millones de dólares Inglaterra había podido limpiar a fondo y para siempre el río Támesis, muy contaminado.
La extinta María Julia Alsogaray, alta funcionaria del gobierno de Carlos Menem, dijo con omnipotencia, que en un corto tiempo ella haría que se revirtiera el problema. No pasó nada. Fue una promesa tirada al viento.
El asunto fue tan relevante que llegó a la Corte Suprema quien ordenó la limpieza de la Cuenca sin resultado alguno: nadie obedeció. Como la acción no depende de un solo ente sino de varios (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y municipios, como ya dijimos) no había manera de unir criterios, presupuestos y conveniencias políticas. Un antiguo drama que es el desentendimiento argentino.
En un segundo tiempo, la Corte Suprema de Justicia decidió, en la causa caratulada "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/el Estado Nacional s/daños y perjuicios", condenar al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a ejecutar de una vez por todas un programa de saneamiento sobre la aguas del Riachuelo y alrededores del mismo.
La contienda tuvo su origen en el año 2006 cuando 17 damnificados promovieron demanda contra los poderes constituidos y contra 44 empresas. La Corte especificó un programa de acción que obligaba a codificar la partidas presupuestarios y asignar a la Auditoría General de la Nación la realización de un control permanente de la asignación de recursos y de ejecución presupuestaria.
Actuó ACUMAR a lo largo del tiempo pero los resultados dejan mucho que desear. Un grupo de ONGs acusó, precisamente a ACUMAR, de ser "incapaz" de limpiar el Riachuelo. Pedían enfrentar las problemáticas desde una mirada integral, multidisciplinaria y participativa.
Si bien ACUMAR organizó un encuentro con especialistas de Alemania, Colombia, España, Corea del Sur, Ecuador , Estados Unidos, Italia y Brasil donde se debatió sobre sanidad ambiental, las ONGs combativas cuestionaron la "falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Corte Suprema de Justicia" y reprobaron "el desempeño de ACUMAR por su vaciamiento". Exigieron trasparentar el funcionamiento de
ACUMAR en cuanto a su presupuesto y su ejecución.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, advirtió que el recorte presupuestario para cumplir el objetivo es muy evidente. En cuanto a la atención medica faltan personal y recursos. El Hospital Argerich está colapsado y los centros de salud de la zona no tienen capacidad. Las afecciones que más se registran en la zona -señaló Alberti- son las alergias en la piel y en las vías respiratorias. Lo recalcan los médicos de la zona y las farmacias.
La contaminación sigue omnipresente. En el segundo semestre del año pasado, en las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24 de Barracas, se detectaron restos de plomo.
En esa villa una muestra tomada sobre 962 niños menores de 6 años, el 25 por ciento tiene plomo en la sangre según todos los organismos y representaciones oficiales.
Y se aclaró : "El plomo compite en el organismo con el calcio y el hierro lo que puede predisponer a la persona a dos respuestas iniciales: trastorno en el desarrollo para el aprendizaje del niño y anemia. Puede afectar al sistema nervioso central en la forma de cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y la memoria, graves dolores en el cuerpo, cambios drásticos de humor". El padecimiento crónico es el "saturnismo".
Hay especialistas quienes aseguran que en tres años y un presupuesto de 300 millones de dólares para su limpieza total el Riachuelo pasaría a "ser apto para el desarrollo de actividades recreativas pasiva y de vida acuática". ¿ Sueños de una noche de verano ?
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Mendoza: cuestionan uso de suelo para fabricar ladrillos
Mendoza sigue descuidando el ambiente
Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Para que el desarrollo productivo de la provincia sea armónico, es imprescindible cuidar el medio ambiente.
La provincia tiene una historia de mitos vinculados al ambiente por los cuales aparecen miles de definiciones maravillosas acerca de la importancia de su cuidado, pero en la vida diaria seguimos con prácticas que lo dañan cada día más ante la mirada impasible de las autoridades y de los propios mendocinos.
Vivimos hablando del cuidado del agua, nuestro recurso escaso, y aún seguimos vendiendo el agua por metro cuadrado en las zonas urbanas y por horas de turno de riesgo, el sector agrícola. En ningún caso la vendemos por litro, que es lo que corresponde a un recurso escaso. Lógicamente, como no existe esa convicción, nunca se hicieron las inversiones necesarias y así después nos quejamos de que tenemos el mayor consumo per cápita del país. Lo mismo ocurre con el cuidado de los árboles, pues tenemos una arboleda ciudadana muy antigua y sin registros de su estado de salubridad ni control de las frecuencias de riego por los canales naturales, que son las acequias. Pero mientras tanto se hacen talas indiscriminadas y es mucho más peligroso cuando se verifican en zonas donde corresponde a vegetación autóctona.
Hay que recordar que los árboles son los que permiten vivir sanamente en Mendoza por su valioso aporte al ambiente. Un caso paradigmático de nuestra desidia en el cuidado del ambiente es la fabricación de ladrillos. Para su fabricación se usa tierra de lo que fueron fincas fértiles para luego armar los hornos y cocinarlos quemando árboles o arbustos previamente talados, que nadie controla de dónde han salido. Es una paradoja, castigamos al que hace asado con jarilla pero miramos a otro lado a los que hacen talas para cocinar ladrillos. Como se ve, la construcción de una casa basada en ladrillos implica un doble daño ecológico, ya que se destruye tierra fértil que luego se cocina apelando a la tala indiscriminada de árboles arbustos, pero todos lo ven como natural y a nadie le perturba la conciencia el daño producido. Es necesario comenzar a tomar conciencia pero, también, establecer normas claras para evitar daños.
Las zonas actuales de fabricación de ladrillos en El Borbollón y El Algarrobal están asentada sobre antiguas fincas dedicadas a la horticultura que ya no sirven más para uso agrícola pues hay propiedades en las que se cavado hasta un metro de profundidad generando un desequilibrio que va a dañar a todas fincas de la región, cuya recuperación llevará muchos años. Pero nadie hace nada con la excusa de defender puestos de trabajo, pero esta actividad ya no es compatible con la subsistencia del inestable ecosistema del oasis cuya población aumentó y superó las previsiones que justificaron permitir este negocio. Mendoza debería dejar de lado la construcción con ladrillos, algo que ya se hace en edificios e incluso en algunas construcciones donde se usan placas de hormigón y divisiones interiores con panelería. Mendoza, hasta por cuestiones sísmicas, debería adoptar sistemas constructivos livianos, muchos de los cuales ya tiene autorización por haberse probado sus aptitudes antisísmicas.
El puntapié debería darlo el IPV en la construcción de nuevos barrios adoptando este tipo de sistemas que, además, acortan los tiempos para la finalización y entrega de las unidades de vivienda. Pero indudablemente hace falta una normativa que sea obligatoria en toda la provincia que debe partir de la prohibición de fabricar ladrillos tradicionales en el territorio provincial, dejando espacio para ciertas unidades cerámicas o de material. La provincia debe adoptar normas constructivas modernas y para eso hay muchos ejemplos que se pueden seguir de lo que ya se está aplicado en el mundo, como el Pacto Solar de Brasil, que estableció la obligatoriedad de alimentar con energía solar los nuevos edificios. Algunas iniciativas privadas ya han comenzado a incursionar en nuestra provincia pero hay que darle mayor impulso. La modernidad también implica cuidar el hábitat.
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Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Para que el desarrollo productivo de la provincia sea armónico, es imprescindible cuidar el medio ambiente.
La provincia tiene una historia de mitos vinculados al ambiente por los cuales aparecen miles de definiciones maravillosas acerca de la importancia de su cuidado, pero en la vida diaria seguimos con prácticas que lo dañan cada día más ante la mirada impasible de las autoridades y de los propios mendocinos.
Vivimos hablando del cuidado del agua, nuestro recurso escaso, y aún seguimos vendiendo el agua por metro cuadrado en las zonas urbanas y por horas de turno de riesgo, el sector agrícola. En ningún caso la vendemos por litro, que es lo que corresponde a un recurso escaso. Lógicamente, como no existe esa convicción, nunca se hicieron las inversiones necesarias y así después nos quejamos de que tenemos el mayor consumo per cápita del país. Lo mismo ocurre con el cuidado de los árboles, pues tenemos una arboleda ciudadana muy antigua y sin registros de su estado de salubridad ni control de las frecuencias de riego por los canales naturales, que son las acequias. Pero mientras tanto se hacen talas indiscriminadas y es mucho más peligroso cuando se verifican en zonas donde corresponde a vegetación autóctona.
Hay que recordar que los árboles son los que permiten vivir sanamente en Mendoza por su valioso aporte al ambiente. Un caso paradigmático de nuestra desidia en el cuidado del ambiente es la fabricación de ladrillos. Para su fabricación se usa tierra de lo que fueron fincas fértiles para luego armar los hornos y cocinarlos quemando árboles o arbustos previamente talados, que nadie controla de dónde han salido. Es una paradoja, castigamos al que hace asado con jarilla pero miramos a otro lado a los que hacen talas para cocinar ladrillos. Como se ve, la construcción de una casa basada en ladrillos implica un doble daño ecológico, ya que se destruye tierra fértil que luego se cocina apelando a la tala indiscriminada de árboles arbustos, pero todos lo ven como natural y a nadie le perturba la conciencia el daño producido. Es necesario comenzar a tomar conciencia pero, también, establecer normas claras para evitar daños.
Las zonas actuales de fabricación de ladrillos en El Borbollón y El Algarrobal están asentada sobre antiguas fincas dedicadas a la horticultura que ya no sirven más para uso agrícola pues hay propiedades en las que se cavado hasta un metro de profundidad generando un desequilibrio que va a dañar a todas fincas de la región, cuya recuperación llevará muchos años. Pero nadie hace nada con la excusa de defender puestos de trabajo, pero esta actividad ya no es compatible con la subsistencia del inestable ecosistema del oasis cuya población aumentó y superó las previsiones que justificaron permitir este negocio. Mendoza debería dejar de lado la construcción con ladrillos, algo que ya se hace en edificios e incluso en algunas construcciones donde se usan placas de hormigón y divisiones interiores con panelería. Mendoza, hasta por cuestiones sísmicas, debería adoptar sistemas constructivos livianos, muchos de los cuales ya tiene autorización por haberse probado sus aptitudes antisísmicas.
El puntapié debería darlo el IPV en la construcción de nuevos barrios adoptando este tipo de sistemas que, además, acortan los tiempos para la finalización y entrega de las unidades de vivienda. Pero indudablemente hace falta una normativa que sea obligatoria en toda la provincia que debe partir de la prohibición de fabricar ladrillos tradicionales en el territorio provincial, dejando espacio para ciertas unidades cerámicas o de material. La provincia debe adoptar normas constructivas modernas y para eso hay muchos ejemplos que se pueden seguir de lo que ya se está aplicado en el mundo, como el Pacto Solar de Brasil, que estableció la obligatoriedad de alimentar con energía solar los nuevos edificios. Algunas iniciativas privadas ya han comenzado a incursionar en nuestra provincia pero hay que darle mayor impulso. La modernidad también implica cuidar el hábitat.
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Biodiésel abierto para el mercado europeo
Biodiésel: la reapertura hacia el mercado europeo podría generar divisas a la Argentina por casi 1.000 millones de dólares
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Las ventas de biodiésel a Europa permitirían generar divisas por casi 1.000 millones de dólares anuales y reactivar las plantas oleaginosas que están totalmente paradas principalmente en el Gran Rosario.
Con los envíos hacia Europa se podría utilizar hasta el 50% de la capacidad instalada de las aceiteras, sector que aún tiene esperanzas en lograr un acuerdo similar con Estados Unidos y obtener un mayor nicho de ventas.
Así lo expresó, en diálogo con Infobae, Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), quien estimó que de cumplirse con los plazos administrativos por parte de la Comisión Europea, “esperamos que a principios de marzo próximo podamos estar en condiciones de llevar adelante los primeros envíos”.
“La industria de exportación de biodiésel está totalmente parada, por las restricciones que regían por parte de Europa, y ahora con la posibilidad de comercializar 1,2 millón de toneladas -según lo acordado con Bruselas para el 2019-, se estaría trabajando por debajo del 50% de la capacidad de producción que tienen las firmas oleaginosas que se dedican a la exportación de biocombustible, siendo estas las grandes empresas que se integran con la molienda”, explicó Castro.
Además, explicó el referente de CARBIO: “Podríamos trabajar perfectamente para abastecer al mercado interno y sustituir importaciones, ya que en noviembre pasado se importaron más de 3 millones de metros cúbicos de gasoil en Argentina, cuando la industria aceitera tiene sobrada capacidad para obtener un biodiésel que permita reemplazar esta importación y además generando industrialización del aceite y la atracción que propone la harina proteica. Por otra parte, la capacidad de dar trabajo argentino”.
Un camino a seguir también con Estados Unidos
Desde el sector privado, tal como admitió Castro, se tiene muy en cuenta el acuerdo cerrado con la Unión Europea para replicar también en el marco de las gestiones abiertas con Estados Unidos. “Se sigue buscando este tipo de alternativas y vías de negociación bilateral para poder tener acceso externo. Esperamos repetir algún esquema similar con Estados Unidos, aunque no hay nada establecido como línea de trabajo en ese sentido”.
Desde la entidad empresaria, se ponderó el trabajo realizado por la Cancillería argentina ante Bruselas, ya que en el marco del acuerdo establecido se fijaron aranceles reducidos del 6,5% para el biodiésel argentino, topes exportables y precios mínimos competitivos para los envíos locales. Sin duda, dicho arancel estará muy lejos de los derechos compensatorios del 25 al 33,4% que planteaba imponer Europa. Los envíos acordados podrán además contar con un tope de incremento del 2% anual para las ventas realizadas para los próximos cinco años. Esto representaría un negocio que rondaría entre los 900 a 1.000 millones de dólares anuales.
Según Víctor Castro, “se pudo llegar a una suerte de acuerdo que pondrá un marco de referencia para poder ingresar con exportaciones de biodiésel argentino a Europa y así evitar medidas injustificadas, que se querían colocar en base a subsidios tal como denunciada Bruselas. No es lo ideal pero las reglas de juego proponen esta alternativa: restringidos en volumen y precio mínimo pero con un horizonte para poder ingresar a este bloque”.
Para la adopción de un oportuno esquema de precios para el biodiésel argentino que ingrese a Europa en los próximos meses, desde CARBIO se indicó que se deberán tomar “una referencia de precios internacionales, un cálculo que saldrá de una evaluación de los costos, siendo estos mecanismos que se autogestiones y para los cuales la Comisión Europea cuenta con procedimientos administrativos adoptados con otros países y productos”.
“Los precios mínimos que se impongan no serán tan restrictivos como un arancel, se necesitará establecer algo que sea viable para ambas partes y no sea solo una mera declaración de intenciones. Ahora esperemos poder estar operativos para principios de marzo, es decir lo antes posible, ya que todo depende de los términos administrativos de la Comisión Europea”, cerró Castro.
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Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Las ventas de biodiésel a Europa permitirían generar divisas por casi 1.000 millones de dólares anuales y reactivar las plantas oleaginosas que están totalmente paradas principalmente en el Gran Rosario.
Con los envíos hacia Europa se podría utilizar hasta el 50% de la capacidad instalada de las aceiteras, sector que aún tiene esperanzas en lograr un acuerdo similar con Estados Unidos y obtener un mayor nicho de ventas.
Así lo expresó, en diálogo con Infobae, Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), quien estimó que de cumplirse con los plazos administrativos por parte de la Comisión Europea, “esperamos que a principios de marzo próximo podamos estar en condiciones de llevar adelante los primeros envíos”.
“La industria de exportación de biodiésel está totalmente parada, por las restricciones que regían por parte de Europa, y ahora con la posibilidad de comercializar 1,2 millón de toneladas -según lo acordado con Bruselas para el 2019-, se estaría trabajando por debajo del 50% de la capacidad de producción que tienen las firmas oleaginosas que se dedican a la exportación de biocombustible, siendo estas las grandes empresas que se integran con la molienda”, explicó Castro.
Además, explicó el referente de CARBIO: “Podríamos trabajar perfectamente para abastecer al mercado interno y sustituir importaciones, ya que en noviembre pasado se importaron más de 3 millones de metros cúbicos de gasoil en Argentina, cuando la industria aceitera tiene sobrada capacidad para obtener un biodiésel que permita reemplazar esta importación y además generando industrialización del aceite y la atracción que propone la harina proteica. Por otra parte, la capacidad de dar trabajo argentino”.
Un camino a seguir también con Estados Unidos
Desde el sector privado, tal como admitió Castro, se tiene muy en cuenta el acuerdo cerrado con la Unión Europea para replicar también en el marco de las gestiones abiertas con Estados Unidos. “Se sigue buscando este tipo de alternativas y vías de negociación bilateral para poder tener acceso externo. Esperamos repetir algún esquema similar con Estados Unidos, aunque no hay nada establecido como línea de trabajo en ese sentido”.
Desde la entidad empresaria, se ponderó el trabajo realizado por la Cancillería argentina ante Bruselas, ya que en el marco del acuerdo establecido se fijaron aranceles reducidos del 6,5% para el biodiésel argentino, topes exportables y precios mínimos competitivos para los envíos locales. Sin duda, dicho arancel estará muy lejos de los derechos compensatorios del 25 al 33,4% que planteaba imponer Europa. Los envíos acordados podrán además contar con un tope de incremento del 2% anual para las ventas realizadas para los próximos cinco años. Esto representaría un negocio que rondaría entre los 900 a 1.000 millones de dólares anuales.
Según Víctor Castro, “se pudo llegar a una suerte de acuerdo que pondrá un marco de referencia para poder ingresar con exportaciones de biodiésel argentino a Europa y así evitar medidas injustificadas, que se querían colocar en base a subsidios tal como denunciada Bruselas. No es lo ideal pero las reglas de juego proponen esta alternativa: restringidos en volumen y precio mínimo pero con un horizonte para poder ingresar a este bloque”.
Para la adopción de un oportuno esquema de precios para el biodiésel argentino que ingrese a Europa en los próximos meses, desde CARBIO se indicó que se deberán tomar “una referencia de precios internacionales, un cálculo que saldrá de una evaluación de los costos, siendo estos mecanismos que se autogestiones y para los cuales la Comisión Europea cuenta con procedimientos administrativos adoptados con otros países y productos”.
“Los precios mínimos que se impongan no serán tan restrictivos como un arancel, se necesitará establecer algo que sea viable para ambas partes y no sea solo una mera declaración de intenciones. Ahora esperemos poder estar operativos para principios de marzo, es decir lo antes posible, ya que todo depende de los términos administrativos de la Comisión Europea”, cerró Castro.
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Cambiaron las reglas económicas de Vaca Muerta
Techint haría juicio por baja de subsidios en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Nacional
A través de un documento, Tecpetrol -perteneciente al grupo- anunció que revisará su nivel de producción y verá si resulta damnificada por la medida de la Secretaría de Energía
Tcpetrol, empresa perteneciente al grupo Techint, anunció en el día de la víspera que revisará su nivel de producción en Vaca Muerta y se reserva tomar medidas legales, luego de considerarse damnificada por la forma en que el Gobierno Nacional pagará los subsidios en ese yacimiento petrolero.
A través de un comunicado, Tecpetrol informó que la Secretaría de Energía “decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017”, para el desarrollo de Vaca Muerta.
Según la compañía, el Estado impuso “un límite” al pago de las compensaciones “en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde con el total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente”.
Este cambio implica “hasta septiembre 2018 un menor pago de $ 1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $ 5.655 millones”.
Tecpetrol le comunicó a la Comisión Nacional de Valores que la Sociedad “y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir”.
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Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Nacional
A través de un documento, Tecpetrol -perteneciente al grupo- anunció que revisará su nivel de producción y verá si resulta damnificada por la medida de la Secretaría de Energía
Tcpetrol, empresa perteneciente al grupo Techint, anunció en el día de la víspera que revisará su nivel de producción en Vaca Muerta y se reserva tomar medidas legales, luego de considerarse damnificada por la forma en que el Gobierno Nacional pagará los subsidios en ese yacimiento petrolero.
A través de un comunicado, Tecpetrol informó que la Secretaría de Energía “decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017”, para el desarrollo de Vaca Muerta.
Según la compañía, el Estado impuso “un límite” al pago de las compensaciones “en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde con el total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente”.
Este cambio implica “hasta septiembre 2018 un menor pago de $ 1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $ 5.655 millones”.
Tecpetrol le comunicó a la Comisión Nacional de Valores que la Sociedad “y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir”.
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El modelo agroindustrial sigue matando abejas
Apicultores indignados: murieron miles de abejas luego de ser fumigadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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El Impenetrable cae por empresas que no son del Chaco
Desmontes en El Impenetrable: la mayoría de empresas beneficiadas no son del Chaco
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
De las 67 autorizaciones de desmonte por más de 50 mil hectáreas en zona prohibida otorgadas en el Chaco, la gran mayoría de empresas beneficiadas se encuentran radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
¿Qué tienen en común Cuenca del Salado SA, Quenia SA, MSU SA, Cofaco SA, Orlando Luis Vicentín, Alejandro Carlos Duhau, Agroganadera La Familia SA, Triad SA, Agroconsulting SA, Ag Postis SA? Son empresas que están radicadas fuera de la provincia del Chaco y forman el selecto lote de las autorizadas a “recategorizar” más de 50 mil hectáreas que se encontraban en zona Amarilla (de acuerdo al mapa de Organización Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la ley nacional de Bosques Nativos –Nº 26.331-) y en las que encuentra prohibido deforestar o desarrollar algún tipo de actividad agrícola, especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.
De acuerdo a la información difundida por la organización ambientalista Greenpace, puntualmente son 67 las autorizaciones de “recategorización predial” otorgada en los últimos años por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para favorecer el avance de la frontera agropecuaria en zonas prohibidas por la ley. Vale recordar que, días atrás, la misma Subsecretaría informó que durante 2018 se habían suspendido las autorizaciones para recategorización predial que es un eufemismo para explotar zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
Para citar el caso más notable por la cantidad de hectáreas involucradas, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco autorizó a la empresa Cuenca del Salado SA, con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Moquehua, a recategorizar en el Departamento Almirante Brown más de 12 mil hectáreas de bosques en Zona Amarilla para la siembra de soja, una de sus principales actividades.
En estos 67 casos en particular, hablamos de autorizaciones que fueron firmadas por el organismo público que tiene como función hacer cumplir las leyes, es decir, que gozan la presunción de legitimidad. Ni siquiera mencionamos aquellos desmontes que también se concretan pero sin autorización y que la Subsecretaría de Recursos Naturales suele reconocer aunque alega no contar con las herramientas necesarias para fiscalizar en todo el territorio provincial.
Según Greenpeace, debido a la cantidad de predios y la superficie forestal afectada, nos encontramos con un cambio importante del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Penalizar a los desmontadores y a sus cómplices
En 2016, un grupo de legisladores nacionales junto a Greenpeace presentaron un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal la pena de 2 a 10 años de cárcel para quiénes violaran la ley de Bosques Nativos, aunque es claro el lobby del sector que hasta hoy ha impedido el debate. De aprobarse, otorgaría herramientas a la justicia para investigar los delitos ambientales, teniendo en cuenta que, actualmente, las sanciones se reducen a multas económicas y, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega a tales instancias debido a la connivencia existente entre las autoridades provinciales y el sector empresario. En ese sentido, el proyecto de ley también prevé sanciones para los funcionarios públicos que otorguen autorizaciones de “desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos cuando no podía hacerlo por estar prohibida dicha autorización por leyes o reglamentos vigentes a la fecha de la comisión del delito”.
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Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
De las 67 autorizaciones de desmonte por más de 50 mil hectáreas en zona prohibida otorgadas en el Chaco, la gran mayoría de empresas beneficiadas se encuentran radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
¿Qué tienen en común Cuenca del Salado SA, Quenia SA, MSU SA, Cofaco SA, Orlando Luis Vicentín, Alejandro Carlos Duhau, Agroganadera La Familia SA, Triad SA, Agroconsulting SA, Ag Postis SA? Son empresas que están radicadas fuera de la provincia del Chaco y forman el selecto lote de las autorizadas a “recategorizar” más de 50 mil hectáreas que se encontraban en zona Amarilla (de acuerdo al mapa de Organización Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la ley nacional de Bosques Nativos –Nº 26.331-) y en las que encuentra prohibido deforestar o desarrollar algún tipo de actividad agrícola, especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.
De acuerdo a la información difundida por la organización ambientalista Greenpace, puntualmente son 67 las autorizaciones de “recategorización predial” otorgada en los últimos años por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para favorecer el avance de la frontera agropecuaria en zonas prohibidas por la ley. Vale recordar que, días atrás, la misma Subsecretaría informó que durante 2018 se habían suspendido las autorizaciones para recategorización predial que es un eufemismo para explotar zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
Para citar el caso más notable por la cantidad de hectáreas involucradas, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco autorizó a la empresa Cuenca del Salado SA, con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Moquehua, a recategorizar en el Departamento Almirante Brown más de 12 mil hectáreas de bosques en Zona Amarilla para la siembra de soja, una de sus principales actividades.
En estos 67 casos en particular, hablamos de autorizaciones que fueron firmadas por el organismo público que tiene como función hacer cumplir las leyes, es decir, que gozan la presunción de legitimidad. Ni siquiera mencionamos aquellos desmontes que también se concretan pero sin autorización y que la Subsecretaría de Recursos Naturales suele reconocer aunque alega no contar con las herramientas necesarias para fiscalizar en todo el territorio provincial.
Según Greenpeace, debido a la cantidad de predios y la superficie forestal afectada, nos encontramos con un cambio importante del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Penalizar a los desmontadores y a sus cómplices
En 2016, un grupo de legisladores nacionales junto a Greenpeace presentaron un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal la pena de 2 a 10 años de cárcel para quiénes violaran la ley de Bosques Nativos, aunque es claro el lobby del sector que hasta hoy ha impedido el debate. De aprobarse, otorgaría herramientas a la justicia para investigar los delitos ambientales, teniendo en cuenta que, actualmente, las sanciones se reducen a multas económicas y, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega a tales instancias debido a la connivencia existente entre las autoridades provinciales y el sector empresario. En ese sentido, el proyecto de ley también prevé sanciones para los funcionarios públicos que otorguen autorizaciones de “desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos cuando no podía hacerlo por estar prohibida dicha autorización por leyes o reglamentos vigentes a la fecha de la comisión del delito”.
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El macrismo quiere "compensar" a las mineras
El plan oficial para contrarrestar el impacto de las retenciones mineras
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: EcoJournal
Provincia/Región: Nacional
Desde la Secretaría de Política Minera comenzaron a implementar un plan regulatorio y de gestión que busca atenuar el efecto en el sector de las retenciones a las exportaciones que impuso el gobierno. Buscan “eliminar cargas innecesarias”.
El gobierno nacional impuso retenciones a las exportaciones en septiembre de 2018, una decisión que tomó en medio de la crisis cambiaria y económica acorde con las exigencias del FMI para que la Argentina cumpla con uno de sus requisitos de déficit fiscal cero. Las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado del país en bienes primarios provocó cambios en distintos sectores económicos, entre ellos el minero.
Este tributo, que fue anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó en septiembre pasado y concluye el 31 de diciembre de 2020. Para contrarrestar sus efectos, en la Secretaría de Política Minera, que conduce Carolina Sánchez, comenzaron a implementar una serie de atenuantes para que el sector no sufra fuertes golpes.
En concreto, el Poder Ejecutivo busca agilizar mecanismos y nuevos procedimientos para favorecer a los beneficiarios de la Ley 24.196 de inversiones mineras. Cerca de la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, señalaron a Econojournal que la idea es ir tomando medidas “pensando en la simplificación y modificación de normas regulatorias para brindar simpleza, claridad y precisión”.
El objetivo es “compensar” las retenciones a las exportaciones para mejorar la competitividad del sector, afectado por esta medida. Para esto, buscarán “eliminar cargas innecesarias” en cuanto a normas y procedimientos para los beneficiarios de la ley de inversiones mineras.
El plan comenzó el 2 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 30/2019, firmada por Carolina Sánchez. Allí se aprobó “el procedimiento de inscripción en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras”. En los considerandos del texto oficial se afirma que, luego de que se analizaron las exigencias requeridas a los beneficiarios, el régimen especial de fomento a las inversiones mineras “debe establecer una mejora en la tramitación de la solicitud para la inscripción” al registro, “con el objeto de simplificar la tramitación en un único cuerpo normativo que conlleve a la facilitación, celeridad, transparencia y modernización”.
En total, van a ser alrededor de cinco resoluciones que irán saliendo en los próximos meses. Todas estas reformas tienen el mismo objetivo: contrarrestar las retenciones a las exportaciones en la minería para que este sector vuelva a tener la competitividad que tenía antes de la medida impulsada por Dujovne.
La reforma quizá más contundente (y que se conoce hasta el momento) tiene que ver las declaraciones juradas. En la secretaría hablan de “presunción de buena fe”, que tiene que ver con “invertir la carga” que viene teniendo el sector privado. El plan oficial promueve que sea la propia empresa la que debe declarar verazmente los datos de las propias compañías “y no el Estado quien las persiga para que lo hagan”. “La administración pública debe entenderlo así en pos de la agilidad y eficiencia de los procesos”, señalaron a Econojournal.
Esta medida apunta a que en el procedimiento de presentación de declaraciones juradas tenga menos peso el mecanismo de multas y de sanciones que, incluso, llegan hasta la pérdida del beneficio del régimen de fomento de la ley. Desde la secretaría argumentan que esto va a permitir “mayor fluidez y veracidad en los datos presentados por las empresas”.
El plan que impulsa la Secretaría de Minería también la incorporación de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para permitir “el acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea”, indicaron desde el ministerio de Producción.
A su vez, se eliminaron las exigencias de distintos requisitos con el objetivo de “reducir cargas agilizando la gestión y dotando de transparencia a los procesos administrativos” y “evitando la pérdida de tiempo”. Además, en Minería buscan lograr “mayor interoperabilidad de los sistemas e intercambio de información intra y extra organismos del Estado para evitar solicitar documentación al administrado que ya se encuentra en poder de la Administración Pública”.
Altas y bajas al registro de la Ley de Inversiones Mineras
Desde la Secretaría de Minería también se implementó una revisión del procedimiento para la inscripción y mantenimiento de las empresas en el registro de la Ley de Inversiones Mineras. Se incorporó en la regulación “aquellos casos en que las empresas inscritas modifiquen su denominación, tipo societario o decidan reorganizar la sociedad en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
A su vez, con el objetivo de “depurar y actualizar el registro”, se reguló un procedimiento de “bajas”, destinado a aquellas empresas que nunca utilizaron los beneficios del régimen o que dejaron de cumplir con los requisitos “por un lapso temporal prolongado como para dejar en evidencia la falta de interés en la utilización efectiva del régimen”.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: EcoJournal
Provincia/Región: Nacional
Desde la Secretaría de Política Minera comenzaron a implementar un plan regulatorio y de gestión que busca atenuar el efecto en el sector de las retenciones a las exportaciones que impuso el gobierno. Buscan “eliminar cargas innecesarias”.
El gobierno nacional impuso retenciones a las exportaciones en septiembre de 2018, una decisión que tomó en medio de la crisis cambiaria y económica acorde con las exigencias del FMI para que la Argentina cumpla con uno de sus requisitos de déficit fiscal cero. Las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado del país en bienes primarios provocó cambios en distintos sectores económicos, entre ellos el minero.
Este tributo, que fue anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó en septiembre pasado y concluye el 31 de diciembre de 2020. Para contrarrestar sus efectos, en la Secretaría de Política Minera, que conduce Carolina Sánchez, comenzaron a implementar una serie de atenuantes para que el sector no sufra fuertes golpes.
En concreto, el Poder Ejecutivo busca agilizar mecanismos y nuevos procedimientos para favorecer a los beneficiarios de la Ley 24.196 de inversiones mineras. Cerca de la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, señalaron a Econojournal que la idea es ir tomando medidas “pensando en la simplificación y modificación de normas regulatorias para brindar simpleza, claridad y precisión”.
El objetivo es “compensar” las retenciones a las exportaciones para mejorar la competitividad del sector, afectado por esta medida. Para esto, buscarán “eliminar cargas innecesarias” en cuanto a normas y procedimientos para los beneficiarios de la ley de inversiones mineras.
El plan comenzó el 2 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 30/2019, firmada por Carolina Sánchez. Allí se aprobó “el procedimiento de inscripción en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras”. En los considerandos del texto oficial se afirma que, luego de que se analizaron las exigencias requeridas a los beneficiarios, el régimen especial de fomento a las inversiones mineras “debe establecer una mejora en la tramitación de la solicitud para la inscripción” al registro, “con el objeto de simplificar la tramitación en un único cuerpo normativo que conlleve a la facilitación, celeridad, transparencia y modernización”.
En total, van a ser alrededor de cinco resoluciones que irán saliendo en los próximos meses. Todas estas reformas tienen el mismo objetivo: contrarrestar las retenciones a las exportaciones en la minería para que este sector vuelva a tener la competitividad que tenía antes de la medida impulsada por Dujovne.
La reforma quizá más contundente (y que se conoce hasta el momento) tiene que ver las declaraciones juradas. En la secretaría hablan de “presunción de buena fe”, que tiene que ver con “invertir la carga” que viene teniendo el sector privado. El plan oficial promueve que sea la propia empresa la que debe declarar verazmente los datos de las propias compañías “y no el Estado quien las persiga para que lo hagan”. “La administración pública debe entenderlo así en pos de la agilidad y eficiencia de los procesos”, señalaron a Econojournal.
Esta medida apunta a que en el procedimiento de presentación de declaraciones juradas tenga menos peso el mecanismo de multas y de sanciones que, incluso, llegan hasta la pérdida del beneficio del régimen de fomento de la ley. Desde la secretaría argumentan que esto va a permitir “mayor fluidez y veracidad en los datos presentados por las empresas”.
El plan que impulsa la Secretaría de Minería también la incorporación de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para permitir “el acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea”, indicaron desde el ministerio de Producción.
A su vez, se eliminaron las exigencias de distintos requisitos con el objetivo de “reducir cargas agilizando la gestión y dotando de transparencia a los procesos administrativos” y “evitando la pérdida de tiempo”. Además, en Minería buscan lograr “mayor interoperabilidad de los sistemas e intercambio de información intra y extra organismos del Estado para evitar solicitar documentación al administrado que ya se encuentra en poder de la Administración Pública”.
Altas y bajas al registro de la Ley de Inversiones Mineras
Desde la Secretaría de Minería también se implementó una revisión del procedimiento para la inscripción y mantenimiento de las empresas en el registro de la Ley de Inversiones Mineras. Se incorporó en la regulación “aquellos casos en que las empresas inscritas modifiquen su denominación, tipo societario o decidan reorganizar la sociedad en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
A su vez, con el objetivo de “depurar y actualizar el registro”, se reguló un procedimiento de “bajas”, destinado a aquellas empresas que nunca utilizaron los beneficios del régimen o que dejaron de cumplir con los requisitos “por un lapso temporal prolongado como para dejar en evidencia la falta de interés en la utilización efectiva del régimen”.
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Vaca Muerta podría ser una gran desilusión
Vaca Muerta, ¿mina de oro o un gran bluff?
Fecha de Publicación: 24/01/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Una investigación de consultoras de energía, publicada en Wall Street Journal, señala que “los pozos de fracking no producen tanto como se preveía” y se agotan antes. “Vaca Muerta enfrentará los mismos problemas en poco tiempo”, advierten expertos locales.
Aunque se ha buscado tomar recaudos para que no llegue a nuestras costas, una noticia puso en alerta al sector petrolero estadounidense, por motivos de los cuales los inversores en la formación argentina Vaca Muerta no deberían sentirse a salvo. “El problema secreto del fracking: los pozos de petróleo no producen tanto como estaba previsto”, tituló en los últimos días un artículo de Wall Street Journal (WSJ). El texto advierte que “miles de pozos shale (producción no convencional, como en Vaca Muerta) perforados en los últimos cinco años están bombeando menos petróleo y gas de lo que sus propietarios pronosticaron a los inversores, lo que plantea dudas sobre la fortaleza y la rentabilidad del auge del shale”. El estudio, realizado por reconocidas consultoras de energía de Estados Unidos, sugiere que la declinación de la producción es mucho más acelerada de lo esperado. El problema surge ahora en Estados Unidos, que empezó a perforar por sistema no convencional unos cinco años antes que Argentina. Por lo que es previsible que pueda reproducirse en Vaca Muerta en pocos años, advierten los expertos, dado que el problema está dado por el método de fracking, que supone “perforar por un camino artificial, rompiendo la roca, que de a poco se vuelve a tapar, por lo que suele suceder que a partir del tercer año declina la extracción hasta en un 90 por ciento; eso obliga a perforar nuevos pozos constantemente, que siempre van a ser de más bajo rendimiento que las primeras perforaciones para las cuales se eligió el camino óptimo”.
El Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) publicó, en su último informe, una síntesis del artículo del WSJ, el medio indudablemente más influyente en el área de negocios de Nueva York. Comenta dicho centro de estudios que, a partir de un análisis realizado por Rystad Energy, y confirmado por otras dos firmas consultoras de energía, se concluye que las perspectivas de producción y rendimientos de la explotación no convencional “podrían estar ofreciendo una imagen ilusoria”.
El estudio se basa en “un análisis de unos 16 mil pozos operados por los 29 productores más importantes de shale oil”. “El WSJ no quiere socavar la opinión convencional de que el auge del petróleo del shale está llevando a los Estados Unidos a la independencia energética, por lo que es bastante prudente al discutir detalles”, señala el informe del Ceepys al comentar el artículo. “Al principio de la historia, el Journal aclara que el pronóstico defectuoso no significa que la producción de petróleo de Estados Unidos esté a punto de caer. Sin embargo, gran parte de la nota apunta a la conclusión de que una cantidad importante de recursos proyectados para los próximos años no se producirá.”
El WSJ informa, en el artículo citado, que “hace tres años, la empresa Pioneer Natural Resources anunció a los inversionistas que esperaban que los pozos en el shale de Eagle Ford, en el sur de Texas, produjeran 1,3 millones de barriles de petróleo y gas cada uno. Esos pozos ahora parece que están produciendo a un ritmo de 482 mil, un 63 por ciento menos que lo previsto”.
Agrega que “un promedio de las previsiones de Pioneer en 2015 para los pozos que había fracturado recientemente en Permian (otra área de producción en Texas) sugería que producirían aproximadamente 960 mil barriles de petróleo y gas cada uno. Esos pozos ahora están en camino de producir unos 720 mil barriles, según la revisión del matutino, un 25 por ciento por debajo de las proyecciones de Pioneer. La empresa discute estas conclusiones, destacando que asume que sus pozos producirán por lo menos durante 50 años”. El artículo refuta a la empresa, señalando que “dado que la mayoría de las autoridades coinciden en que los pozos de shale estarán bastante agotados en los próximos cinco años o menos, no está claro dónde están los 50 años de vida útil, a menos que estén planificando una costosa re-perforación y un nuevo fracking”.
El Journal señala que “hay otros ejemplos, todos sugieren que los pozos de shale pueden no producir suficiente petróleo con los precios actuales para cubrir los costos de adquisición de tierras, perforación, fracking y producción”. Y advierte que las 29 compañías del sector sobre las que realizó el seguimiento llevan “gastados 112 mil millones más en efectivo de lo que generaron en sus operaciones de los últimos diez años”. “Mientras los prestamistas continúan financiando la producción de shale oil, las participaciones de capital en las compañías de productoras han caído de unos 35 mil millones de dólares en 2016 a alrededor de 6 mil millones el año pasado (2018). En algún momento, Wall Street puede darse cuenta de que los días del petróleo por encima de los 100 dólares, que se necesitan para la producción rentable de shale oil, pueden no regresar y que los mejores lugares para perforar pozos de shale rentables ya no existen.”
Qué pasa en Argentina
¿Cuál es la lección que debería aprender Argentina de la experiencia estadounidense? Según Víctor Bronstein, director del Ceepys, “el problema del fracking en Estados Unidos es un alerta, porque el tema de la declinación de la producción en el sistema no convencional es mucho más acelerado que en la perforación tradicional. En el pozo vertical, de producción convencional, sólo con el mantenimiento, el mismo pozo puede seguir en producción por décadas. En el fracking se llega al hidrocarburo por un camino artificial, rompiendo la roca, por lo cual de a poco ese camino se va cerrando, se va tapando, y es probable que a los dos años la producción se reduzca al diez por ciento de la que tenía originalmente. Eso sucede, y obliga a seguir haciendo perforaciones constantemente para mantener la producción”, describe. Como lo indica la experiencia estadounidense, las perforaciones secundarias no serán tan eficientes como las primeras, porque deben elegir recorridos alternativos al óptimo, que se perforó primero. En consecuencia serán más costosos y de menor rendimiento. Un estudio de la firma Schlumberger, citado en el mismo artículo de WSJ, señala que “los pozos de shale secundarios completados cerca de los pozos iniciales más antiguos en el oeste de Texas habían sido hasta un 30 por ciento menos productivos. Este problema amenaza con socavar las proyecciones de crecimiento de la producción”.
Por otra parte, está el tema de los precios del gas y el petróleo. El primero, advierte Bronstein, no tiene una cotización internacional única, no se valúa como un commodity, sino que varía según el contrato. En Argentina se había implementado, con la gestión de Juan José Aranguren, una política de fuertes subsidios que ahora fue objetada por el FMI. Entre otras, fue una de las razones que provocó el enfrentamiento de Javier Iguacel (ex secretario de Energía) con Nicolás Dujovne y la renuncia del primero. Con menor subsidio, Vaca Muerta pasa a ser menos rentable, particularmente para Tecpetrol, principal beneficiaria de esa política gasífera.
El petróleo ha recuperado valor en el mercado (el crudo Brent supera los 60 dólares por barril en Londres), pero está lejos de los valores óptimos para la muy costosa inversión en la producción no convencional. Estados Unidos contó con una ventaja adicional, que la producción de shale se inició en la etapa en que las tasas estaban muy bajas, y se financiaron inversiones a un interés del 2 o 2,5 por ciento; los bancos siguen prestando aunque los resultados bursátiles son alarmantes, por la caída de rendimiento de los yacimientos. En Argentina, el costo financiero puede convertirse en una mecha encendida cuando llegue el momento –que las investigaciones de Estados Unidos empiezan a plantear como inevitables– en que los rendimientos de los pozos de Vaca Muerta empiecen a declinar. ¿Será otro caso de gran negocio para hoy y fuga para mañana?
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Fecha de Publicación: 24/01/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Una investigación de consultoras de energía, publicada en Wall Street Journal, señala que “los pozos de fracking no producen tanto como se preveía” y se agotan antes. “Vaca Muerta enfrentará los mismos problemas en poco tiempo”, advierten expertos locales.
Aunque se ha buscado tomar recaudos para que no llegue a nuestras costas, una noticia puso en alerta al sector petrolero estadounidense, por motivos de los cuales los inversores en la formación argentina Vaca Muerta no deberían sentirse a salvo. “El problema secreto del fracking: los pozos de petróleo no producen tanto como estaba previsto”, tituló en los últimos días un artículo de Wall Street Journal (WSJ). El texto advierte que “miles de pozos shale (producción no convencional, como en Vaca Muerta) perforados en los últimos cinco años están bombeando menos petróleo y gas de lo que sus propietarios pronosticaron a los inversores, lo que plantea dudas sobre la fortaleza y la rentabilidad del auge del shale”. El estudio, realizado por reconocidas consultoras de energía de Estados Unidos, sugiere que la declinación de la producción es mucho más acelerada de lo esperado. El problema surge ahora en Estados Unidos, que empezó a perforar por sistema no convencional unos cinco años antes que Argentina. Por lo que es previsible que pueda reproducirse en Vaca Muerta en pocos años, advierten los expertos, dado que el problema está dado por el método de fracking, que supone “perforar por un camino artificial, rompiendo la roca, que de a poco se vuelve a tapar, por lo que suele suceder que a partir del tercer año declina la extracción hasta en un 90 por ciento; eso obliga a perforar nuevos pozos constantemente, que siempre van a ser de más bajo rendimiento que las primeras perforaciones para las cuales se eligió el camino óptimo”.
El Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) publicó, en su último informe, una síntesis del artículo del WSJ, el medio indudablemente más influyente en el área de negocios de Nueva York. Comenta dicho centro de estudios que, a partir de un análisis realizado por Rystad Energy, y confirmado por otras dos firmas consultoras de energía, se concluye que las perspectivas de producción y rendimientos de la explotación no convencional “podrían estar ofreciendo una imagen ilusoria”.
El estudio se basa en “un análisis de unos 16 mil pozos operados por los 29 productores más importantes de shale oil”. “El WSJ no quiere socavar la opinión convencional de que el auge del petróleo del shale está llevando a los Estados Unidos a la independencia energética, por lo que es bastante prudente al discutir detalles”, señala el informe del Ceepys al comentar el artículo. “Al principio de la historia, el Journal aclara que el pronóstico defectuoso no significa que la producción de petróleo de Estados Unidos esté a punto de caer. Sin embargo, gran parte de la nota apunta a la conclusión de que una cantidad importante de recursos proyectados para los próximos años no se producirá.”
El WSJ informa, en el artículo citado, que “hace tres años, la empresa Pioneer Natural Resources anunció a los inversionistas que esperaban que los pozos en el shale de Eagle Ford, en el sur de Texas, produjeran 1,3 millones de barriles de petróleo y gas cada uno. Esos pozos ahora parece que están produciendo a un ritmo de 482 mil, un 63 por ciento menos que lo previsto”.
Agrega que “un promedio de las previsiones de Pioneer en 2015 para los pozos que había fracturado recientemente en Permian (otra área de producción en Texas) sugería que producirían aproximadamente 960 mil barriles de petróleo y gas cada uno. Esos pozos ahora están en camino de producir unos 720 mil barriles, según la revisión del matutino, un 25 por ciento por debajo de las proyecciones de Pioneer. La empresa discute estas conclusiones, destacando que asume que sus pozos producirán por lo menos durante 50 años”. El artículo refuta a la empresa, señalando que “dado que la mayoría de las autoridades coinciden en que los pozos de shale estarán bastante agotados en los próximos cinco años o menos, no está claro dónde están los 50 años de vida útil, a menos que estén planificando una costosa re-perforación y un nuevo fracking”.
El Journal señala que “hay otros ejemplos, todos sugieren que los pozos de shale pueden no producir suficiente petróleo con los precios actuales para cubrir los costos de adquisición de tierras, perforación, fracking y producción”. Y advierte que las 29 compañías del sector sobre las que realizó el seguimiento llevan “gastados 112 mil millones más en efectivo de lo que generaron en sus operaciones de los últimos diez años”. “Mientras los prestamistas continúan financiando la producción de shale oil, las participaciones de capital en las compañías de productoras han caído de unos 35 mil millones de dólares en 2016 a alrededor de 6 mil millones el año pasado (2018). En algún momento, Wall Street puede darse cuenta de que los días del petróleo por encima de los 100 dólares, que se necesitan para la producción rentable de shale oil, pueden no regresar y que los mejores lugares para perforar pozos de shale rentables ya no existen.”
Qué pasa en Argentina
¿Cuál es la lección que debería aprender Argentina de la experiencia estadounidense? Según Víctor Bronstein, director del Ceepys, “el problema del fracking en Estados Unidos es un alerta, porque el tema de la declinación de la producción en el sistema no convencional es mucho más acelerado que en la perforación tradicional. En el pozo vertical, de producción convencional, sólo con el mantenimiento, el mismo pozo puede seguir en producción por décadas. En el fracking se llega al hidrocarburo por un camino artificial, rompiendo la roca, por lo cual de a poco ese camino se va cerrando, se va tapando, y es probable que a los dos años la producción se reduzca al diez por ciento de la que tenía originalmente. Eso sucede, y obliga a seguir haciendo perforaciones constantemente para mantener la producción”, describe. Como lo indica la experiencia estadounidense, las perforaciones secundarias no serán tan eficientes como las primeras, porque deben elegir recorridos alternativos al óptimo, que se perforó primero. En consecuencia serán más costosos y de menor rendimiento. Un estudio de la firma Schlumberger, citado en el mismo artículo de WSJ, señala que “los pozos de shale secundarios completados cerca de los pozos iniciales más antiguos en el oeste de Texas habían sido hasta un 30 por ciento menos productivos. Este problema amenaza con socavar las proyecciones de crecimiento de la producción”.
Por otra parte, está el tema de los precios del gas y el petróleo. El primero, advierte Bronstein, no tiene una cotización internacional única, no se valúa como un commodity, sino que varía según el contrato. En Argentina se había implementado, con la gestión de Juan José Aranguren, una política de fuertes subsidios que ahora fue objetada por el FMI. Entre otras, fue una de las razones que provocó el enfrentamiento de Javier Iguacel (ex secretario de Energía) con Nicolás Dujovne y la renuncia del primero. Con menor subsidio, Vaca Muerta pasa a ser menos rentable, particularmente para Tecpetrol, principal beneficiaria de esa política gasífera.
El petróleo ha recuperado valor en el mercado (el crudo Brent supera los 60 dólares por barril en Londres), pero está lejos de los valores óptimos para la muy costosa inversión en la producción no convencional. Estados Unidos contó con una ventaja adicional, que la producción de shale se inició en la etapa en que las tasas estaban muy bajas, y se financiaron inversiones a un interés del 2 o 2,5 por ciento; los bancos siguen prestando aunque los resultados bursátiles son alarmantes, por la caída de rendimiento de los yacimientos. En Argentina, el costo financiero puede convertirse en una mecha encendida cuando llegue el momento –que las investigaciones de Estados Unidos empiezan a plantear como inevitables– en que los rendimientos de los pozos de Vaca Muerta empiecen a declinar. ¿Será otro caso de gran negocio para hoy y fuga para mañana?
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Riachuelo y su #10YearsChallenge ¿Cómo le fué?
El #10YearsChallenge de la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
A diez años de un fallo histórico, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la solución al grave problema ambiental y social de la cuenca más contaminada del país, los responsables de la gestión enumeran los logros recientes.
Hagamos un poco de historia. Con una causa iniciada en 2004 a raíz de una denuncia de los vecinos que demandaron por contaminación a 44 empresas, dos años después y por ley, fue creada ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional por los gobiernos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que resolviera de una vez por todas el problema.
Sin embargo, y ante la ausencia de resultados concretos, la Corte Suprema de Justicia tomó cartas en el asunto. En julio de 2008 y en un inédito fallo, ordenó a ACUMAR trabajar en la recomposición ambiental de la Cuenca, estableciendo plazos y políticas a seguir. Los números y datos del abandono ambiental eran elocuentes: tres millones de personas afectadas, 12.000 industrias vacíaban afluentes en sus aguas, sumados a los vertidos cloacales de los habitantes de sus márgenes y alrededor de 300 basurales a cielo abierto.
Un año después, fue elaborado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un documento para coordinar las acciones de los diversos actores que trabajan en la Región. La guía fue actualizada en 2016 sobre la base de los informes de especialistas y con el consenso de los involucrados para evaluar y reorientar los trabajos destinados a mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y tomar medidas de prevención. En pocas palabras, con un trabajo interdisciplinario conjunto, el PISA busca convertirse en un modelo de gestión avanzada y un organismo de referencia técnica con capacidad de planificar, coordinar y controlar.
Así las cosas y pese a que las ONG y diversas organizaciones de la sociedad civil encargadas de monitorear el saneamiento son críticas en cuanto a tiempos y plazos de las tareas emprendidas (entre ellas, la construcción de viviendas para dar una solución a los habitantes ribereños), las autoridades de ACUMAR consideran que están avanzando con las metas previstas.
El balance, 10 años después
La limpieza y la recolección son la principal estrategia utilizada para combatir la contaminación y recomponer el daño ambiental.
En 2018, según los datos brindados por ACUMAR, se retiraron más de 2600 toneladas de basura flotante en el Riachuelo y más de 120.000 toneladas de la cuenca (de los 14 municipios que la integran); además, se realizaron tareas de mantenimiento en más de 120 km de ambas márgenes y 1250 limpiezas para evitar la obstrucción de canales y las consecuentes inundaciones de los barrios aledaños. Y, sobre todo, según información de la autoridad de la Cuenca, se hizo especial hincapié en la educación, base fundamental en cualquier cambio ambiental.
En un trabajo conjunto con el ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, fueron capacitadas 1038 promotoras de 31 barrios de 12 municipios de la Cuenca para realizar actividades territoriales de promoción de la salud ambiental. Les brindaron contenidos teóricos, metodológicos y de práctica territorial en temas fundamentales como basura y salud, manejo seguro de alimentos, agua y salud, control del mosquito Aedes aegypti, control de roedores, zoonosis por animales domésticos y uso de agroquímicos, entre otros.
Estas promotoras cumplieron también tareas de diagnóstico y promoción de prácticas saludables con el objetivo de generar un efecto multiplicador, de modo que cada persona pudiese difundir lo aprendido entre los vecinos de los diferentes barrios.
En este mismo sentido, se llevó adelante el Programa Escuelas Verdes en 14 establecimientos educativos. Los docentes, alumnos y directivos trabajaron en la problemática ambiental, en especial la relacionada con el tema de residuos y la implementación de las 3 "R": reducir, reutilizar y reciclar. Como resultado de esta tarea, hicieron puffs con botellas, cartón y telas, lapiceros, portapavas, portaretratos y otros elementos para utilizar en el hogar.
Entre los objetivos del proyecto, se destaca la promoción del desarrollo sustentable a través de la educación y gestión ambiental para que los alumnos puedan difundir lo aprendido en su ámbito barrial y familiar.
En cuanto al control industrial, las empresas, establecimientos industriales, de servicios o comerciales radicados en la zona y con relación al saneamiento –cuyo empadronamiento estaba fijado entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre pasado–, podrán hacerlo hasta el 20 de enero inclusive.
La medida es obligatoria; tiene como meta que la Autoridad de Cuenca pueda ejercer un mayor control y cuente con información actualizada y segura sobre los establecimientos radicados en el territorio para hacer cumplir la normativa ambiental. Hasta ahora, 5800 establecimientos comenzaron el trámite, de los cuales más de 4000 ya están empadronados. Al respecto, se hicieron 5172 inspecciones, 24 clausuras efectivas y fueron recibidas 494 denuncias.
A fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y su entorno, se realizaron diversas obras de infraestructura entre las que se destacan 525 conexiones a redes cloacales; 11 barrios con proyectos de mudanza activos; 27, con mesas de participación permanentes; tres con obras de servicios. Por otra parte, se cerraron dos macrobasurales en Marcos Paz y Cañuelas.
En cuanto a las tareas de modernización, se digitalizaron todos los expedientes de más de diez años de trabajo (12.323 en total), hecho que busca simplificar los trámites y facilitar el acceso a la administración a través de medios electrónicos.
Dos miradas, una realidad
El 18 de diciembre último, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Rogelio Frigerio tuiteó: "Seguimos avanzando en esta megaobra que va por debajo del Río de la Plata y del Riachuelo y que mejorará la vida de más de 4 millones de vecinos".
Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, por su parte, afirmó: "A una década del dictado del fallo, no es admisible que los avances sean producto de las exigencias impuestas por la justicia o las demandas sociales. Estamos convencidos de que este caso judicial representa una gran oportunidad para saldar la mayor deuda socio-ambiental que tiene la Argentina, pero eso será posible solo si se avanza de manera decidida en la construcción de una política de Estado para el saneamiento del Riachuelo".
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