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Ley Nacional de Glaciares: intiman a su cumplimiento
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Gobierno de Argentina es intimado a cumplir la Ley Nacional de Glaciares
Fecha de Publicación: 13/06/2020
Fuente: Agencia Sputnik
Provincia/Región: Nacional
No se olvidan de que hace ya un año la Corte Suprema de Argentina convalidó la constitucionalidad de la ley de Preservación de los Glaciares en rechazo a un recurso presentado por la empresa minera Barrick Gold, que ha ocasionado varios derrames en la provincia de San Juan (noroeste).
No se olvidan porque esta legislación, sancionada en 2010, prohíbe la explotación minera sobre glaciares y periglaciales y establece la creación de un inventario nacional de estos cuerpos de hielo que debería haber sido finalizado en 2011.
"Es la única ley que protege verdaderamente las reservas de agua de todos los pueblos cordilleranos", afirman cuatro organizaciones ambientales y académicas en una carta dirigida al ministro de Ambiente del actual Gobierno, Juan Cabandié.
Una de ellas es la asamblea Jaćhal no se Toca, en alusión a una pequeña ciudad sanjuanina de 23.000 habitantes, a un costado del río que le otorga su nombre, que resultó afectada por los últimos derrames que provocó Barrick Gold al pie de los Andes. A lo largo de estos años, los vecinos han denunciado ante la justicia los vertidos y la contaminación causada en su jurisdicción por la minera canadiense.
Ahora se han unido a la solicitud de los jachalleros la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), una ONG con estatus Consultivo en Naciones Unidas; la Cátedra "A" de Biología Evolutiva Humana que acoge la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en la provincia homónica (centro), y el campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo, que representa la octava sede que tiene en el mundo la fundación sueca Right Livelihood Award (RLA).
"Tenemos esperanzas en que, de una vez por todas, se empiece a cumplir debidamente la Ley Nacional de Protección de Glaciares, porque no queremos condenar a nuestros hijos y nietos a una vida indigna, por no tener agua", indica a Sputnik uno de los representantes de la organización, Saúl Zeballos.
Juicio en ciernes
La Asamblea es querellante de una causa elevada a juicio oral desde hace dos años en la que fueron procesados por vulnerar la Ley de Glaciares tres exsecretarios de Ambiente que se sucedieron en el cargo durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis. También fue alcanzado el exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Ricardo Villaba.
Esta causa es una ramificación de otro caso que investiga tres derrames de Barrick Gold entre 2015 y 2017 en la mina aurífera Veladero. El primero de ellos, ocurrido en Veladero entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015, es el más grave en la historia de Argentina.
El vertido se produjo cuando se rompió una válvula de una tubería y se volcaron cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera, según la Asamblea Jáchal No se Toca, y sobre cinco ríos situados en las faldas de la Cordillera de los Andes cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).
Caso omiso
Pese a estos antecedentes, la gobernación de San Juan encabezada por el peronista Sergio Uñac "sigue empecinada en desconocer el Fallo de la Corte Suprema haciendo un inventario de glaciares provincial a medida de las corporaciones megamineras para no delatar a la Barrick Gold y a la Shandong Gold", señala la misiva enviada en estos días.
Estas empresas continúan explotando los recursos mineros sobre ambientes periglaciales y están destruyendo bloques de hielo como el Glaciar Brown Inferior, situado cerca de la mina Veladero y del proyecto minero del Carmen.
Se da la paradoja de que el presidente del comité encargado de realizar el inventario de los glaciares es Raúl Tello, la mayor autoridad ambiental de San Juan desde que Barrick Gold incursionó en estas tierras, hace ya 17 años.
Allá por 2009, un informe titulado "el Cambio Climático en Argentina" realizado por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Cristina Fernández alertaba de que el cambio climático afectaría de manera alarmante el caudal de los ríos que desembocan en la Cordillera de los Andres y que se originan en la nieve y cuerpos de hielo.
El ministro de Ambiente, nombrado por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión en diciembre de 2019, es la máxima autoridad de aplicación de la Ley de Glaciares.
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Fecha de Publicación: 13/06/2020
Fuente: Agencia Sputnik
Provincia/Región: Nacional
No se olvidan de que hace ya un año la Corte Suprema de Argentina convalidó la constitucionalidad de la ley de Preservación de los Glaciares en rechazo a un recurso presentado por la empresa minera Barrick Gold, que ha ocasionado varios derrames en la provincia de San Juan (noroeste).
No se olvidan porque esta legislación, sancionada en 2010, prohíbe la explotación minera sobre glaciares y periglaciales y establece la creación de un inventario nacional de estos cuerpos de hielo que debería haber sido finalizado en 2011.
"Es la única ley que protege verdaderamente las reservas de agua de todos los pueblos cordilleranos", afirman cuatro organizaciones ambientales y académicas en una carta dirigida al ministro de Ambiente del actual Gobierno, Juan Cabandié.
Una de ellas es la asamblea Jaćhal no se Toca, en alusión a una pequeña ciudad sanjuanina de 23.000 habitantes, a un costado del río que le otorga su nombre, que resultó afectada por los últimos derrames que provocó Barrick Gold al pie de los Andes. A lo largo de estos años, los vecinos han denunciado ante la justicia los vertidos y la contaminación causada en su jurisdicción por la minera canadiense.
Ahora se han unido a la solicitud de los jachalleros la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), una ONG con estatus Consultivo en Naciones Unidas; la Cátedra "A" de Biología Evolutiva Humana que acoge la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en la provincia homónica (centro), y el campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo, que representa la octava sede que tiene en el mundo la fundación sueca Right Livelihood Award (RLA).
"Tenemos esperanzas en que, de una vez por todas, se empiece a cumplir debidamente la Ley Nacional de Protección de Glaciares, porque no queremos condenar a nuestros hijos y nietos a una vida indigna, por no tener agua", indica a Sputnik uno de los representantes de la organización, Saúl Zeballos.
Juicio en ciernes
La Asamblea es querellante de una causa elevada a juicio oral desde hace dos años en la que fueron procesados por vulnerar la Ley de Glaciares tres exsecretarios de Ambiente que se sucedieron en el cargo durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis. También fue alcanzado el exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Ricardo Villaba.
Esta causa es una ramificación de otro caso que investiga tres derrames de Barrick Gold entre 2015 y 2017 en la mina aurífera Veladero. El primero de ellos, ocurrido en Veladero entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015, es el más grave en la historia de Argentina.
El vertido se produjo cuando se rompió una válvula de una tubería y se volcaron cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera, según la Asamblea Jáchal No se Toca, y sobre cinco ríos situados en las faldas de la Cordillera de los Andes cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).
Caso omiso
Pese a estos antecedentes, la gobernación de San Juan encabezada por el peronista Sergio Uñac "sigue empecinada en desconocer el Fallo de la Corte Suprema haciendo un inventario de glaciares provincial a medida de las corporaciones megamineras para no delatar a la Barrick Gold y a la Shandong Gold", señala la misiva enviada en estos días.
Estas empresas continúan explotando los recursos mineros sobre ambientes periglaciales y están destruyendo bloques de hielo como el Glaciar Brown Inferior, situado cerca de la mina Veladero y del proyecto minero del Carmen.
Se da la paradoja de que el presidente del comité encargado de realizar el inventario de los glaciares es Raúl Tello, la mayor autoridad ambiental de San Juan desde que Barrick Gold incursionó en estas tierras, hace ya 17 años.
Allá por 2009, un informe titulado "el Cambio Climático en Argentina" realizado por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Cristina Fernández alertaba de que el cambio climático afectaría de manera alarmante el caudal de los ríos que desembocan en la Cordillera de los Andres y que se originan en la nieve y cuerpos de hielo.
El ministro de Ambiente, nombrado por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión en diciembre de 2019, es la máxima autoridad de aplicación de la Ley de Glaciares.
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Un 20% menos de glaciares en Mendoza
Investigación reveló que en los últimos años los glaciares en Mendoza disminuyeron 20%
Fecha de Publicación: 25/05/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Nuestra provincia tiene unos 4 mil glaciares y 1.200 kilómetros de hielo.
Aseguran que han disminuido en un 20% los glaciares en la provincia de Mendoza. Así lo explicaron investigadores del Conicet.
Laura Zalazar, investigadora de dicho organismo, en CNN Mendoza Radio 91.7 se refirió a dicha situación: “En Mendoza tenemos alrededor de 4 mil glaciares y 1.200 kilómetros cuadrados de hielo”.
Por otra parte, detalló: “En los últimos años podríamos decir que Mendoza en promedio ha perdido un 20% de superficie de sus glaciares pero la situación no es lo mismo en el norte que en el sur, la cuenca del Río Mendoza que la cuenca del Río Diamante, que pierden de manera diferente la masa de huelo”.
Además, la especialista manifestó que “en Mendoza hay muchos glaciares que se van cubriendo, lo cual significa que no se pierde necesariamente el hielo, sino que en algunos casos se cubre y queda todavía protegido por unos años”.
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Fecha de Publicación: 25/05/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Nuestra provincia tiene unos 4 mil glaciares y 1.200 kilómetros de hielo.
Aseguran que han disminuido en un 20% los glaciares en la provincia de Mendoza. Así lo explicaron investigadores del Conicet.
Laura Zalazar, investigadora de dicho organismo, en CNN Mendoza Radio 91.7 se refirió a dicha situación: “En Mendoza tenemos alrededor de 4 mil glaciares y 1.200 kilómetros cuadrados de hielo”.
Por otra parte, detalló: “En los últimos años podríamos decir que Mendoza en promedio ha perdido un 20% de superficie de sus glaciares pero la situación no es lo mismo en el norte que en el sur, la cuenca del Río Mendoza que la cuenca del Río Diamante, que pierden de manera diferente la masa de huelo”.
Además, la especialista manifestó que “en Mendoza hay muchos glaciares que se van cubriendo, lo cual significa que no se pierde necesariamente el hielo, sino que en algunos casos se cubre y queda todavía protegido por unos años”.
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Los glaciares andinos fuertemente afectados por el clima
Los glaciares andinos acusan la crisis climática con severos derretimientos
Fecha de Publicación: 09/10/2019
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
Los glaciares de los Andes, pieza clave para la subsistencia de los ecosistemas de la zona, sufrieron una pérdida de masa generalizada entre 2000 y 2018 debido al calentamiento global. La situación es especialmente grave en las zonas centrales, donde su retroceso se aceleró en la última década.
Un grupo de investigadores franceses y argentinos analizaron unas 30.000 imágenes satelitales de toda la cordillera de Los Andes tomadas durante 19 años y observaron que las consecuencias de la crisis climática se palpan en la zona, ya que los glaciares, especialmente en la Patagonia, siguen retrocediendo año tras año, y algunos de ellos cada vez más rápido.
El estudio, publicado en la revista “Nature Geoscience” el 16 de septiembre, dividió en siete -Trópicos interiores, Trópicos exteriores, Andes áridos, Andes centrales, Patagonia norte, Patagonia Sur y Andes fueguinos- las zonas glaciares de la cordillera sudamericana, que se extiende desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, y determinó el promedio del adelgazamiento total en 13,7 metros por región.
Calentamiento Global
“Esto obviamente está en sintonía con lo que está pasando en otras partes del mundo, y tiene que ver con el cambio climático y el calentamiento global específicamente”, explicó a Efe Pierre Pitte, uno de los investigadores que participó en el informe.
Para Pitte, que trabaja en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), los datos más “graves” del trabajo pertenecen a los del norte patagónico, los Andes centrales y los Andes áridos, áreas situadas en Chile y Argentina.
En esta región, los primeros diez años hubo “un balance prácticamente equilibrado. En promedio los glaciares se mantuvieron durante el período 2000-2009, pero después hubo una sequía muy severa y las tasas de adelgazamiento subieron muy rápido”, explicó Pitte.
Precisamente, debido al derretimiento de estas masas de hielo y nieve, la sequía en la zona se ha podido paliar, pero el problema a largo plazo sigue latente.
“Por un lado, la contribución de los glaciares está ayudando a mitigar el efecto de la sequía, pero obviamente, a medida que la sequía se mantiene, el volumen de agua almacenada en los glaciares es menor”, precisó el argentino.
El estudio, liderado por la investigadora de la Universidad de Toulouse (Francia) Inés Dussaillant, es el primero que abarca todas las zonas andinas con un registro continuo, homogéneo y completo del espesor de sus glaciares, a los que está pasando factura la subida global de las temperaturas.
“Por ahora, lo que vemos es que el forzante climático sigue aumentando. El desequilibrio entre las temperaturas actuales y los glaciares sigue siendo muy grande y en el futuro próximo vamos a ver un retroceso generalizado de los glaciares”, advirtió Pitte.
Sur de la Patagonia
La zona sur de la Patagonia, donde se concentra gran parte de la superficie glaciar andina, es también la que presenta la pérdida de masa más severa, con 86 centímetros de adelgazamiento al año, lo que suponen 16,3 metros perdidos por glaciar en 19 años.
En este territorio, que se extiende por el sur argentino y chileno, se encuentran algunos de los glaciares más conocidos de Los Andes, entre ellos el Perito Moreno, gran foco del turismo mundial.
Otros grandes glaciares patagónicos como el Upsala -765 kilómetros cuadrados- y el Viedma -977 kilómetros cuadrados- casi cuadruplican y quintuplican, respectivamente, la superficie total de la ciudad de Buenos Aires.
Mientras el Perito Moreno se ha mantenido relativamente estable durante estas dos décadas, el Upsala y el Viedma pierden unos 15 metros de altura al año en su parte frontal, lo que equivale, según Pitte, a perder anualmente “un edificio de seis o siete pisos”.
Por ahora, estos glaciares tienen margen para mantenerse en el futuro, a pesar de las severas pérdidas por su descomunal tamaño, en tanto que las partes altas se conservan mucho mejor.
Tierra del Fuego
Sin embargo, el escenario apunta como crítico en Tierra del Fuego, la zona más austral del continente americano, donde se acumulan pequeños glaciares por la particular estructura de la zona.
“Los Andes tienen una orientación general norte-sur y en Tierra del Fuego se modifica a este-oeste. La cordillera es mucho más baja y por lo tanto, sobre todo en el sector argentino, lo que tenemos son pequeños glaciares en la zona alta de la montaña”, detalló Pitte.
Con las tasas de pérdida anual que se manejan actualmente, estas masas de hielo y nieve podrían desaparecer en las próximas décadas o centenares de años, según el investigador.
En este sentido, Pitte enfatizó que una cordillera sin glaciares es “impensable”.
“La morfología de los Andes que conocemos ha sido modelada a lo largo del tiempo por los glaciares y su retroceso es una señal de alerta y una pérdida potencial de patrimonio absolutamente invaluable”, concluyó.
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Pascua Lama: Barrick sabía que no cumpliría normativa
Ejecutivos de Barrick sabían que Pascua Lama no podría cumplir con exigencias ambientales
Fecha de Publicación: 25/09/2019
Fuente: cooperativa.cl
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El audio de una reunión en 2015 da cuenta que los ejecutivos de Barrick Gold estaban conscientes de qe no se podría cumplir con el monitoreo de glaciares.
La información fue compartida entre las oficinas de Santiago, Vallenar y San Juan de Argentina.
Desde mayo de 2015 que los más altos ejecutivos de Barrick, tenían claro conocimiento que el proyecto Pascua Lama no podría cumplir con las exigencias ambientales comprometidas en su Calificación Ambiental (RCA).
Esta información fue compartida internamente en una reunión telefónica entre las oficinas de Barrick en Santiago, con las de Vallenar y San Juan en Argentina con el entonces vicepresidente senior Pascua Lama y director ejecutivo de Barrick Chile, Eduardo Flores Zelaya y el director ejecutivo de Pascua Lama (hasta 2018), Sergio Fuentes.
El contenido de dicha reunión fue publicado por El Desconcierto y da cuenta que los ejecutivos estaban conscientes de que caerían en incumplimento en lo que respecta al monitoreo de los glaciares. Pese a ello la estrategia comunicacional de la empresa, -según cuenta el artículo-, acota la crisis a problemas de incumplimiento normativos y de construcción pero no se refiere al daño ambiental. De los audios publicados se desprenden las declaraciones realizadas por Sergio Fuentes.
"Hace más de un año estamos tratando el proceso de poder ajustar el protocolo y hacer una propuesta de monitoreo. Pero existen compromisos en las Resoluciones de Calificaciones Ambientales ¡Que no somos capaces de cumplir! Y así como ese hay muchos más", afirma refiriéndose a la imposibilidad de entregar un monitoreo de glaciares como se establece en la aprobación ambiental.
"Esos incumplimientos que mostró Eduardo, este nuevo proceso, no es que sea nuevo, son incumplimientos que han existido desde hace mucho tiempo y que para resolverlos algunos de ellos, hay que cambiar los compromisos. O sea, en algunos casos no existe solución a poder cumplir tal cual está escrito", afirma Fuentes en otra parte del audio reconociendo la situación ambiental que enfrentaría la empresa ante la Supertintendencia de medio ambiente.
Suspensión del cierre de Pascua Lama
En marzo de este año la Tercera Sala de la Corte Suprema dejó sin efecto el veredicto del Tribunal Ambiental (TA) de Antofagasta que clausuró de forma definitiva el proyecto Pascua Lama en octubre del 2018.
En julio el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta comenzó la audiencia de alegatos por las reclamaciones de ilegalidad por el cierre. La causa quedó en estudio.
A su vez existe una Demanda por Daño Ambiental que el Consejo de Defensa del Estado interpuso contra la filial de Barrick Gold, acción que busca una reparación de todo el daño ambiental causado por el proyecto. En agosto el Tribunal Ambiental propuso una conciliación entre las partes.
En esta causa el tribunal acogió la solicitud de la filial de Barrick de no incluir a las comunidades como terceros.
Para escuchar los audios ingresar aquí
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Fecha de Publicación: 25/09/2019
Fuente: cooperativa.cl
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El audio de una reunión en 2015 da cuenta que los ejecutivos de Barrick Gold estaban conscientes de qe no se podría cumplir con el monitoreo de glaciares.
La información fue compartida entre las oficinas de Santiago, Vallenar y San Juan de Argentina.
Desde mayo de 2015 que los más altos ejecutivos de Barrick, tenían claro conocimiento que el proyecto Pascua Lama no podría cumplir con las exigencias ambientales comprometidas en su Calificación Ambiental (RCA).
Esta información fue compartida internamente en una reunión telefónica entre las oficinas de Barrick en Santiago, con las de Vallenar y San Juan en Argentina con el entonces vicepresidente senior Pascua Lama y director ejecutivo de Barrick Chile, Eduardo Flores Zelaya y el director ejecutivo de Pascua Lama (hasta 2018), Sergio Fuentes.
El contenido de dicha reunión fue publicado por El Desconcierto y da cuenta que los ejecutivos estaban conscientes de que caerían en incumplimento en lo que respecta al monitoreo de los glaciares. Pese a ello la estrategia comunicacional de la empresa, -según cuenta el artículo-, acota la crisis a problemas de incumplimiento normativos y de construcción pero no se refiere al daño ambiental. De los audios publicados se desprenden las declaraciones realizadas por Sergio Fuentes.
"Hace más de un año estamos tratando el proceso de poder ajustar el protocolo y hacer una propuesta de monitoreo. Pero existen compromisos en las Resoluciones de Calificaciones Ambientales ¡Que no somos capaces de cumplir! Y así como ese hay muchos más", afirma refiriéndose a la imposibilidad de entregar un monitoreo de glaciares como se establece en la aprobación ambiental.
"Esos incumplimientos que mostró Eduardo, este nuevo proceso, no es que sea nuevo, son incumplimientos que han existido desde hace mucho tiempo y que para resolverlos algunos de ellos, hay que cambiar los compromisos. O sea, en algunos casos no existe solución a poder cumplir tal cual está escrito", afirma Fuentes en otra parte del audio reconociendo la situación ambiental que enfrentaría la empresa ante la Supertintendencia de medio ambiente.
Suspensión del cierre de Pascua Lama
En marzo de este año la Tercera Sala de la Corte Suprema dejó sin efecto el veredicto del Tribunal Ambiental (TA) de Antofagasta que clausuró de forma definitiva el proyecto Pascua Lama en octubre del 2018.
En julio el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta comenzó la audiencia de alegatos por las reclamaciones de ilegalidad por el cierre. La causa quedó en estudio.
A su vez existe una Demanda por Daño Ambiental que el Consejo de Defensa del Estado interpuso contra la filial de Barrick Gold, acción que busca una reparación de todo el daño ambiental causado por el proyecto. En agosto el Tribunal Ambiental propuso una conciliación entre las partes.
En esta causa el tribunal acogió la solicitud de la filial de Barrick de no incluir a las comunidades como terceros.
Para escuchar los audios ingresar aquí
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Barrick Gold,
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Dramática pérdida de glaciares en la Patagonia
Los glaciares de la Patagonia adelgazaron el equivalente a un "edificio de 4 pisos en casi 20 años"
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Patagonia
Así lo graficó un científico del Conicet en base a una investigación que reveló los cambios en las masas de hielo de la Cordillera de los Andes. Analizó más de 30 mil imágenes satelitales.
Los glaciares de la Patagonia adelgazaron en promedio el "equivalente a un edificio de cuatro pisos de 2000 a 2018", graficó hoy un científico del Conicet en base a una investigación que reveló los cambios en las masas de hielo de la Cordillera de los Andes, al analizar más de 30.000 imágenes satelitales.
Este trabajo, que salió esta semana en la revista Nature Geoscience, es innovador porque "brinda datos confiables para el 95% de los cerca de 18.800 glaciares que hay en los Andes y los datos son muy detallados ya que el píxel de las imágenes es de 30 metros, es decir que tenemos un dato cada 30 metros", destacó a Télam el científico del Conicet Pierre Pitte.
Pitte junto con Lucas Ruiz y Mariano Masiokas son investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y participaron de la investigación internacional sobre los glaciares andinos, liderada por Inés Dussaillant de la Universidad de Toulouse.
"Los glaciares están perdiendo volumen a nivel global desde finales del siglo XIX", relató Pitte, y agregó que esas alteraciones denotan como cambia el clima: si la temperatura general aumenta, los glaciares se derriten más, pero si las precipitaciones aumentan, los glaciares crecen.
La calidad de información que tenían los científicos para medir esos cambios era muy variable ya que incluía mediciones con teodolito, GPS, fotos de campo y aéreas, pero el desarrollo de los satélites de observación terrestre desde 1970 les mejoró sustancialmente la capacidad de medición.
"La información satelital brinda una herramienta única para el estudio de los glaciares porque los de los Andes están ubicados en algunas de las regiones más inaccesibles del territorio, casi sin caminos de acceso, sin comunicaciones y sujetas a un clima extremo", destacó Pitte.
Lucas Ruiz, otro de los investigadores argentinos del equipo, señaló que para este trabajo "compararon más de 30.000 modelos digitales de terreno, realizados a partir de pares de imágenes estereoscópicas del satélite Aster", lo que les permitió "alcanzar un nivel de precisión inédito".
"El resultado principal del estudio es que los glaciares en todas las regiones de los Andes perdieron en promedio el equivalente a unos 0,70 metros de agua al año, es decir más de 12,5 metros de agua equivalente en 18 años", explicó Pitte.
El investigador especificó que la referencia a "metros de agua equivalente (m. a.e.) resulta de aplicar una pequeña corrección de densidad en el cambio de elevación observado ya que el hielo de los glaciares es menos denso que el agua, y por lo tanto 1 metro de adelgazamiento glaciar equivale a 0,85 metros de agua".
Para dar una idea de las dimensiones, Pitte precisó que del año 2000 a 2018 el adelgazamiento en los glaciares de la Patagonia Norte (Neuquén, Río Negro y Chubut) fue de alrededor de 10 metros, lo que comparó con un edificio de tres pisos aproximadamente.
Mientras que el adelgazamiento en los glaciares de la Patagonia Sur (Santa Cruz) en esos 18 años fue de poco más de 15 metros, lo que equivale a un edificio de cinco pisos. Por lo que los científicos se refieren en promedio a un predio de cuatro pisos.
Otro de los resultados del estudio es que la pérdida de espesor no fue igual en todas partes: "La pérdida de masa en los glaciares ubicados en los trópicos y en el sur de la Patagonia se mantuvo a una tasa elevada y constante en los últimos veinte años", detalló Ruiz.
"Pero en los Andes Áridos y del Norte de la Patagonia, desde Salta hasta el sur de Chubut, entre 2009 y 2018 los glaciares perdieron masa a una tasa más elevada que entre 2000 y 2009, lo que marca que hubo un cambio de régimen climático", completó.
Los científicos asociaron este aumento en la pérdida de masa glaciar en la región central de los Andes con la megasequía que sufrió esa área en el último tiempo, aunque las masas de hielo también disminuyeron la gravedad de la sequía. Sin embargo el problema persiste.
"Si los glaciares se siguen achicando, en el futuro no vamos a tener esa `caja de ahorro` desde donde sacar agua", expresó Ruiz.
"Con este nuevo estudio, tenemos información de referencia mucho más fidedigna sobre cómo cambiaron todos los glaciares a lo largo de los Andes y cómo influirá eso en el medioambiente, lo que da más certeza sobre los escenarios futuros", concluyó el especialista
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Glaciares: Hensel intenta tranquilizar a la Cámara Minera
Ley de Glaciares: Minería intenta llevar calma a las empresas
Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: Canal 13 (San Juan)
Provincia/Región: Nacional
El ministro Alberto Hensel se reunió esta semana con la Cámara Minera para bajar los niveles de incertidumbre. Insistió en que el fallo de la Corte Suprema le dio mayor previsibilidad a la actividad.
El ministro de Minería, Alberto Hensel, volvió a llevar calma a las empresas mineras esta semana, cuando todavía se sienten las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Glaciares.
"Yo lo que creo es que ha motorizado por ahí a todo el sector, fundamentalmente a las cámaras empresarias tanto a nivel provincial como nacional. Vamos a seguir trabajando en conjunto con lo que establece la ley, sobre todo en el artículo 1°", dijo Hensel a Canal 13.
"Nosotros hemos mantenido esta semana una reunión con la gente de la Cámara Minera de San Juan. Todos estamos contestes en que hay que hay que seguir estudiando el tema de los glaciares, determinando el aporte al sistema hídrico", explicó el ministro.
"El fallo de la Corte ha sido esclarecedor. De alguna manera hay un poco más de tranquilidad con respecto a este tema, en el sentido de que se ha reconocido el derecho originario de las provincias sobre sus recursos, el tema del necesario trabajo mancomunado entre Nación y provincias para consolidar el federalismo ambiental, también ha sido expresado que la Ley de Glaciares por sí misma no impide el desarrollo de la actividad minera", agregó Hensel.
"Hay que seguir trabajando. Creo que hay otro tema y lo hemos hablado con la Cámara Minera de San Juan que es que hay que profundizar un concepto que es la evaluación ambiental estratégica, que es una visión global del informe de impacto ambiental que se aplica a cada uno de los proyectos", concluyó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: Canal 13 (San Juan)
Provincia/Región: Nacional
El ministro Alberto Hensel se reunió esta semana con la Cámara Minera para bajar los niveles de incertidumbre. Insistió en que el fallo de la Corte Suprema le dio mayor previsibilidad a la actividad.
El ministro de Minería, Alberto Hensel, volvió a llevar calma a las empresas mineras esta semana, cuando todavía se sienten las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Glaciares.
"Yo lo que creo es que ha motorizado por ahí a todo el sector, fundamentalmente a las cámaras empresarias tanto a nivel provincial como nacional. Vamos a seguir trabajando en conjunto con lo que establece la ley, sobre todo en el artículo 1°", dijo Hensel a Canal 13.
"Nosotros hemos mantenido esta semana una reunión con la gente de la Cámara Minera de San Juan. Todos estamos contestes en que hay que hay que seguir estudiando el tema de los glaciares, determinando el aporte al sistema hídrico", explicó el ministro.
"El fallo de la Corte ha sido esclarecedor. De alguna manera hay un poco más de tranquilidad con respecto a este tema, en el sentido de que se ha reconocido el derecho originario de las provincias sobre sus recursos, el tema del necesario trabajo mancomunado entre Nación y provincias para consolidar el federalismo ambiental, también ha sido expresado que la Ley de Glaciares por sí misma no impide el desarrollo de la actividad minera", agregó Hensel.
"Hay que seguir trabajando. Creo que hay otro tema y lo hemos hablado con la Cámara Minera de San Juan que es que hay que profundizar un concepto que es la evaluación ambiental estratégica, que es una visión global del informe de impacto ambiental que se aplica a cada uno de los proyectos", concluyó el funcionario.
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La minería apuesta a la reglamentación de la Ley de Glaciares
Por la Ley de Glaciares, la Cámara Minera convocará a una movilización
Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Será en defensa de la actividad y tanto a nivel local como nacional. Para el sector, el reciente fallo abrió posibilidades positivas y los esfuerzos se centrarán en la reglamentación.
Un nuevo capítulo se abre respecto de la Ley de Glaciares, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la demanda de inconstitucionalidad planteada por las empresas Barrick y Exploraciones Mineras Argentinas SA. La controversia que generó esta decisión judicial puso sobre el tapete la necesidad de reglamentar la ley y llevó a que desde la Cámara Minera de San Juan se anunciara la próxima convocatoria de una movilización masiva tanto a nivel provincial como nacional en defensa de la industria.
”La idea es convocar a una movilización nacional y provincial lo más multitudinaria posible y en apoyo al sector, y estamos hablando no sólo de la minería sino de todos lo centros de la economía activa que se han expedido a favor de pelear esta situación”, dijo Ricardo Martínez, histórico y activo miembro de la entidad, quien se expresó en el marco de “Historias Compartidas”, las charlas mensuales que la CMSJ brinda sobre diferentes tópicos vinculados a la minería.
Martínez explicó que contrariamente a lo que muchos puedan pensar, el fallo de la CSJN es “mucho más beneficioso que el silencio que había, eso no lo digo yo sino abogados, porque en uno de los puntos del fallo dice que los organismos técnicos deberán expedirse sobre el tema y esta es la oportunidad de poder brindar herramientas para su reglamentación”. En ese sentido la cámara también apuntará a la conformación de un frente de trabajo multidisciplinar o “task force”, “para abordarlo técnicamente, comunicacionalmente, legalmente, tener una voz activa respecto de una ley que, así como está es taxativa”, dijo Martínez. Efectivamente el Art. 15 del fallo dice: “Resulta claro que, en virtud del sistema previsto en la Ley de Glaciares, el desarrollo de su implementación exigirá de definiciones técnicas y de un esfuerzo hermenéutico por parte de otras autoridades. En esta instancia, un pronunciamiento del Tribunal sería prematuro y el resultado de una mera especulación teórica”. Según Horacio Puigdomenech, geólogo miembro del Consejo Profesional de Ciencias Geológicas local y quien coordinó el Inventario de Glaciares de la provincia, “este punto permitiría que se introduzcan en la reglamentación los aspectos técnicos que son imprescindibles para que haya una aplicación razonable de la ley, sobre todo en los artículos 1 y 2 que es lo que está difuso, confuso y generalizado”, dijo.
Los artículos 1 y 2
En los artículos 1 y 2 de la Ley de Glaciares se establece el objeto de la ley y la definición de los conceptos de glaciar y ambiente periglaciar. Según los expertos e incluso bibliografía específica del tema (Ver Para Consultar), en el ámbito de la geología el ambiente periglaciar es aquél cuyos procesos geomorfológicos son dominados por ciclos de congelamiento y descongelamiento, es decir de Permafrost. El ambiente periglaciar no es el ambiente alrededor de los glaciares, ya que puede haber ambiente periglaciar sin haber glaciares, sino que es el que alberga las zonas de Permafrost. El Permafrost es una condición térmica del suelo que se forma por la continua y prolongada pérdida neta de calor desde el suelo hacia la atmósfera. Puntualmente se define como permafrost al suelo o roca cuya temperatura está por debajo de los 0ºC al menos dos años consecutivos; es una definición internacional que no tiene nada que ver con la existencia de hielo de suelo. En el caso puntual de San Juan, según datos del Inventario de Glaciares de la provincia que trascendieron en esta charla de CMSJ, el ambiente periglaciar en la cuenca del Río San Juan es el 2% de la superficie total de la cuenca, el cual está constituido por cerca de 2.000 formas periglaciares (glaciares de escombro y otras geoformas).
De acuerdo a los especialistas, en la provincia es el permafrost más que los glaciares, el que mantiene en forma natural el caudal de agua del Río San Juan durante todo el año. Es la liberación de agua por derretimiento de lo que se conoce como capa activa del permafrost. “El permafrost es el agua que se introduce en el suelo y se congela. La parte más inferior queda transformada en hielo por siglos y la parte superior que está expuesta en contacto con la superficie es lo que se conoce como capa activa, libera agua en la medida que aumenta la temperatura cuando el hielo empieza a derretirse”, explicó Ricardo Gianni, hidrogeólogo egresado de la UNSJ que trabajó casi medio siglo en el Instituto Nacional del Agua y quien además participó de la charla de la CMSJ.
Además de la regulación natural, tanto la cuenca del Rio San Juan como del Rio Jáchal constan de regulación antrópica, es decir de obras como los diques que les permiten almacenar y embalsar agua en exceso. Teniendo en cuenta estos aspectos, para Gianni al momento de instrumentar la ley será fundamental tener en cuenta la regulación de los caudales de los ríos cuando estos ya tienen regulación antrópica. “El dique es un regulador, tiene exactamente la misma función que un glaciar o que el permafrost nada más que regulado racionalmente, son aspectos a considerar en una ley demasiado taxativa que dice que donde hay permafrost no se puede hacer minería, túneles, presa de altura, no se puede hacer nada, nadie habla de dinamitar el permafrost, pero hay que hacer todas las consideraciones”, cerró Gianni.
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Jujuy afirma que no tiene problemas por la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares no afecta ningún proyecto minero local
Fecha de Publicación: 22/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Jujuy no tiene proyectos que estén en zonas glaciares y registró 255 glaciares y 9,5 km2, una de las provincias con menos cantidad de glaciares identificados. Recientemente la Corte Suprema alertó a algunas provincias en las que por su extensión podría afectar a proyectos mineros, algunas provincias reclamaron y no se contempló a empresas que planteaban inconstitucionalidad porque no se probaba daño.
"La Suprema Corte no se expidió sobre la ley específicamente, sino que no pudieron expedirse realmente ni las empresas que presentaron ni la provincia que presentó pudieron demostrar un perjuicio económico real", explicó al respecto el secretario de Minería Miguel Soler.
Es que las empresas habían presentado un recurso de amparo y planteaban que se tocaba la autonomía de la provincia, pero la Suprema Corte se expidió diciendo que no podía decir nada porque no se demuestra algo concreto en daños.
"Desde el inventario que se hizo, da para Jujuy 9,5 kilómetros cuadrados y 255 glaciares. Somos una de las provincias que tiene menos cantidades de glaciares identificados. Sobre esos realmente no hay afectación de trabajos mineros en ningún sector, ni siquiera en la Sierra de Aguilar, que no están afectados actualmente", precisó Soler respecto al Inventario de Glaciares que hizo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia).
Sin embargo, el secretario de Minería explicó que "no tenemos afectación de ningún emprendimiento minero. Tenemos unos pequeños cuerpos de glaciares de escombros que se encuentran en las Serranías de Aguilar" y explicó que éstos no están impactados por la actividad. Sostuvo que prevén trabajar para terminar la reglamentación de modo que queden bien protegidos, sin embargo aclaró que no ha tenido ningún impacto sobre su cuerpo.
Planteó además que desde la provincia respetan lo que dice la Justicia y aseguró que se viene trabajando desde el Consejo Federal Minero (Cofemin) y la Provincia coincidiendo en que se debe respetar el ambiente, cuidarlo al igual que un glaciar, humedal, río y quebrada.
Sostuvo que están trabajando con la Nación para que se respete la autonomía de las provincias, porque entienden que hace a un país federal. "Los recursos naturales son nuestros, nosotros los administramos, entendemos que la Nación da la ley marco, que están todas las metodologías de evaluación de informe de impacto ambiental para poder evaluar cualquier actividad, sea industria minera, de turismo o agrícola ganadera tiene que hacerlo para que la evaluación del impacto se atienda", explicó Soler .
Recordó además que la Ley de Glaciares estuvo vigente y explicó que hay en la provincia un proyecto en la Legislatura que apunta a acoplarse al mismo tenor de esta ley. La normativa jujeña planteaba que había que hacer un inventario de glaciares , que asegura fracasó y no fue validado y que en la nueva gestión se coordinó con el Ianiglia desarrollando un nuevo inventario junto al Ministerio de Ambiente de Jujuy.
En el país hay 5.769 km2 de hielo y 16.078 glaciares en la Cordillera de los Andes. En las Islas Georgias y Sandwich del Sur hay 2.715 km2 de hielo y 890 glaciares. En total son 8.484 km2 de hielo y 16.968 glaciares.
Las geoformas que se clasificaron fueron glaciares descubiertos y cubiertos por detrito, manchones de nieve perenne glaciares de escombros y área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).
Técnicamente poder controlar
El secretario de Minería Miguel Soler planteó que el principal concepto es de qué forma se puede aplicar esa Ley de Glaciares con el reglamento, y poder técnicamente controlar qué trabajo se pueda hacer o no, dejar que el trabajo se haga y consideró clave el informe de impacto ambiental. Por eso estimó que lo importante es contar con el inventario, saber cuáles cuerpos deben evaluar, qué hizo el Ianiglia y definió a partir de parámetros técnicos de control, de monitoreo y de conocimiento para identificarlos.
Sostuvo que “no tenemos ningún glaciar en la provincia con hielo visible, en general son cuerpos que tienen más del 50 % de material detrítico, es decir escombros, pedazos de roca. Cuando se ven las imágenes ve solamente roca, piedra, y que por las características se conoce que hay hielo intersticial entre medio”.
Explicó que en primera instancia se buscaba identificar cuáles eran los cuerpos, y en la segunda seguir trabajando en los cuerpos definidos para conocer cuál es el aporte que hacen a los sistemas hidrológicos de la provincia. Se busca incorporar los cuerpos identificados en el inventario de Ianiglia para poder hacer una evaluación técnica con un informe de impacto ambiental.
Impacto ambiental
Soler planteó que el que se haya concluido con el Inventario Nacional de Glaciares es el primer paso para superponer los glaciares identificados y para poder plantear temas concretos. Comentó que Santa Cruz tiene más de la mitad de glaciares identificados que están dentro de zonas protegidas.
“El reclamo que hacemos desde la comunidad minera con respecto a la ley, es que somos los primeros interesados en preservar el ambiente, entendemos que la industria minera tiene que trabajar en forma ambientalmente responsable, tiene los mecanismos para hacerlo a través de los informes de impacto ambiental que son evaluados”, precisó Soler. Explicó que el tema es que hay gente que cree que cualquier actividad minera destruye todo, entonces esa discriminación es la que se reclama. Y es que entiende que no se puede hacer ninguna actividad si no se presenta el informe de impacto ambiental, porque así lo contempla la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, la de Humedales, de Hídricos, una perspectiva abierta. La discusión entre ambiente glaciar y periglaciar es que en el último caso hubo glaciaciones que afectaron la Pampa.
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Fecha de Publicación: 22/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Jujuy no tiene proyectos que estén en zonas glaciares y registró 255 glaciares y 9,5 km2, una de las provincias con menos cantidad de glaciares identificados. Recientemente la Corte Suprema alertó a algunas provincias en las que por su extensión podría afectar a proyectos mineros, algunas provincias reclamaron y no se contempló a empresas que planteaban inconstitucionalidad porque no se probaba daño.
"La Suprema Corte no se expidió sobre la ley específicamente, sino que no pudieron expedirse realmente ni las empresas que presentaron ni la provincia que presentó pudieron demostrar un perjuicio económico real", explicó al respecto el secretario de Minería Miguel Soler.
Es que las empresas habían presentado un recurso de amparo y planteaban que se tocaba la autonomía de la provincia, pero la Suprema Corte se expidió diciendo que no podía decir nada porque no se demuestra algo concreto en daños.
"Desde el inventario que se hizo, da para Jujuy 9,5 kilómetros cuadrados y 255 glaciares. Somos una de las provincias que tiene menos cantidades de glaciares identificados. Sobre esos realmente no hay afectación de trabajos mineros en ningún sector, ni siquiera en la Sierra de Aguilar, que no están afectados actualmente", precisó Soler respecto al Inventario de Glaciares que hizo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia).
Sin embargo, el secretario de Minería explicó que "no tenemos afectación de ningún emprendimiento minero. Tenemos unos pequeños cuerpos de glaciares de escombros que se encuentran en las Serranías de Aguilar" y explicó que éstos no están impactados por la actividad. Sostuvo que prevén trabajar para terminar la reglamentación de modo que queden bien protegidos, sin embargo aclaró que no ha tenido ningún impacto sobre su cuerpo.
Planteó además que desde la provincia respetan lo que dice la Justicia y aseguró que se viene trabajando desde el Consejo Federal Minero (Cofemin) y la Provincia coincidiendo en que se debe respetar el ambiente, cuidarlo al igual que un glaciar, humedal, río y quebrada.
Sostuvo que están trabajando con la Nación para que se respete la autonomía de las provincias, porque entienden que hace a un país federal. "Los recursos naturales son nuestros, nosotros los administramos, entendemos que la Nación da la ley marco, que están todas las metodologías de evaluación de informe de impacto ambiental para poder evaluar cualquier actividad, sea industria minera, de turismo o agrícola ganadera tiene que hacerlo para que la evaluación del impacto se atienda", explicó Soler .
Recordó además que la Ley de Glaciares estuvo vigente y explicó que hay en la provincia un proyecto en la Legislatura que apunta a acoplarse al mismo tenor de esta ley. La normativa jujeña planteaba que había que hacer un inventario de glaciares , que asegura fracasó y no fue validado y que en la nueva gestión se coordinó con el Ianiglia desarrollando un nuevo inventario junto al Ministerio de Ambiente de Jujuy.
En el país hay 5.769 km2 de hielo y 16.078 glaciares en la Cordillera de los Andes. En las Islas Georgias y Sandwich del Sur hay 2.715 km2 de hielo y 890 glaciares. En total son 8.484 km2 de hielo y 16.968 glaciares.
Las geoformas que se clasificaron fueron glaciares descubiertos y cubiertos por detrito, manchones de nieve perenne glaciares de escombros y área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).
Técnicamente poder controlar
El secretario de Minería Miguel Soler planteó que el principal concepto es de qué forma se puede aplicar esa Ley de Glaciares con el reglamento, y poder técnicamente controlar qué trabajo se pueda hacer o no, dejar que el trabajo se haga y consideró clave el informe de impacto ambiental. Por eso estimó que lo importante es contar con el inventario, saber cuáles cuerpos deben evaluar, qué hizo el Ianiglia y definió a partir de parámetros técnicos de control, de monitoreo y de conocimiento para identificarlos.
Sostuvo que “no tenemos ningún glaciar en la provincia con hielo visible, en general son cuerpos que tienen más del 50 % de material detrítico, es decir escombros, pedazos de roca. Cuando se ven las imágenes ve solamente roca, piedra, y que por las características se conoce que hay hielo intersticial entre medio”.
Explicó que en primera instancia se buscaba identificar cuáles eran los cuerpos, y en la segunda seguir trabajando en los cuerpos definidos para conocer cuál es el aporte que hacen a los sistemas hidrológicos de la provincia. Se busca incorporar los cuerpos identificados en el inventario de Ianiglia para poder hacer una evaluación técnica con un informe de impacto ambiental.
Impacto ambiental
Soler planteó que el que se haya concluido con el Inventario Nacional de Glaciares es el primer paso para superponer los glaciares identificados y para poder plantear temas concretos. Comentó que Santa Cruz tiene más de la mitad de glaciares identificados que están dentro de zonas protegidas.
“El reclamo que hacemos desde la comunidad minera con respecto a la ley, es que somos los primeros interesados en preservar el ambiente, entendemos que la industria minera tiene que trabajar en forma ambientalmente responsable, tiene los mecanismos para hacerlo a través de los informes de impacto ambiental que son evaluados”, precisó Soler. Explicó que el tema es que hay gente que cree que cualquier actividad minera destruye todo, entonces esa discriminación es la que se reclama. Y es que entiende que no se puede hacer ninguna actividad si no se presenta el informe de impacto ambiental, porque así lo contempla la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, la de Humedales, de Hídricos, una perspectiva abierta. La discusión entre ambiente glaciar y periglaciar es que en el último caso hubo glaciaciones que afectaron la Pampa.
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Salta: empresarios contra ley de glaciares
Advertencia empresarial sobre la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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Ley de glaciares: Catamarca convoca a sectores
Minería convocó a sectores económicos
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La Secretaría de Estado de Minería convocó a una reunión a empresarios, gremialistas, legisladores, proveedores y técnicos para comenzar a debatir los alcances de la Ley de Glaciares (26.639) en la Provincia.
A modo de conclusión, todos coincidieron en la necesidad de trabajar una legislación local en la que se incluya un inventario de los glaciares que pudiera haber en territorio provincial y que compatibilice el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de actividades productivas como la minería, el turismo y otras industrias.
Para ello, trabajará junto con el equipo del organismo minero la doctora en Geología Adriana Niz, de la UNCA, una experta en la temática, y miembros de organismos internacionales.
Del encuentro, que se llevó a cabo el viernes, participaron representantes de la Intersindical Mineral, de la Unión Industrial y de la Unión Comercial, de las empresas mineras, de las cámaras de proveedores, de las organizaciones de desocupados y legisladores provinciales. El secretario de Minería, Rodolfo Micone, explicó los aspectos técnicos e implicancias de esta ley nacional y el asesor legal de la Secretaría, los alcances jurídicos. Niz, por su parte, aclaró términos y definiciones.
Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de que la Provincia, como dueña de sus recursos naturales, sea la que defina cómo cuidar sus recursos y qué hacer con ellos.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La Secretaría de Estado de Minería convocó a una reunión a empresarios, gremialistas, legisladores, proveedores y técnicos para comenzar a debatir los alcances de la Ley de Glaciares (26.639) en la Provincia.
A modo de conclusión, todos coincidieron en la necesidad de trabajar una legislación local en la que se incluya un inventario de los glaciares que pudiera haber en territorio provincial y que compatibilice el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de actividades productivas como la minería, el turismo y otras industrias.
Para ello, trabajará junto con el equipo del organismo minero la doctora en Geología Adriana Niz, de la UNCA, una experta en la temática, y miembros de organismos internacionales.
Del encuentro, que se llevó a cabo el viernes, participaron representantes de la Intersindical Mineral, de la Unión Industrial y de la Unión Comercial, de las empresas mineras, de las cámaras de proveedores, de las organizaciones de desocupados y legisladores provinciales. El secretario de Minería, Rodolfo Micone, explicó los aspectos técnicos e implicancias de esta ley nacional y el asesor legal de la Secretaría, los alcances jurídicos. Niz, por su parte, aclaró términos y definiciones.
Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de que la Provincia, como dueña de sus recursos naturales, sea la que defina cómo cuidar sus recursos y qué hacer con ellos.
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Ya quieren cambiar la ley de glaciares ante el fallo adverso
El Gobierno planea modificar una ley por el fallo de glaciares
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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La ley de glaciares fue ratificada por la Corte Suprema
La Corte Suprema ratificó que es constitucional la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Esperan fallo de la Corte contrario a intereses mineros
Ley de glaciares: el fallo que prepara la Corte y puede complicar la industria minera
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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La "nueva" Barrick, un Veladero “distinto” y el "viejo" discurso
Los dos motivos que impulsan el lanzamiento de un Veladero “distinto”
Fecha de Publicación: 21/01/2019
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Podrán significar la intensificación de la actividad y hasta su posible extensión. Su nuevo director ejecutivo, Marcelo Alvarez, lo explicó a Tiempo de San Juan.
Marcelo Alvarez llegó hace pocos meses a San Juan a hacerse cargo del proyecto minero más importante de la provincia, que hoy tiene su fecha de cierre más cercana que la de su inicio hace 12 años.
Pero las cosas pueden modificarse repentinamente como consecuencia de un par de hechos que se produjeron en los últimos días y que han significado su virtual relanzamiento para convertirla en una mina con más futuro que pasado.
Esos hechos son la ampliación del valle de lixiviación autorizado por la autoridad de aplicación a su fase 6 y la llegada de una renovación a la conducción de Barrick a nivel mundial (una de las dos compañías dueñas de Veladero junto a los chinos de Shandong).
En nuevo director ejecutivo de Veladero repasó con Tiempo de San Juan todos esos factores que estima significan un “relanzamiento” para el proyecto. “Viene un Veladero distinto”, dijo. Explicó que el desembarco del sudafricano Mark Bristow (quien ya estuvo en la provincia) como máxima autoridad de Barrick (como consecuencia de la fusión con Randgold) le ha dado un nuevo perfil a la empresa, con la intención de activar los proyectos en San Juan y Argentina hasta llevar a Veladero a categoría TIER 1, que identifica minas de clase mundial con más de 10 años de vida, más de 500.000 onzas de producción y bajo costo.
Marcelo Álvarez también habló sobre la aplicación de un nuevo protocolo ambiental para seguir en público los parámetros de la actividad desde un sitio web, del nuevo impulso de Barrick y de los temas políticos que afectan a la actividad como retenciones y ley de Glaciares. Esto fue lo que dijo:
-La situación y el futuro del proyecto Veladero: “El proyecto está en un momento muy interesante por dos situaciones: la primera es porque el año que viene es un año complejo, difícil pero también con una gran oportunidad que implica la expansión del valle de lixiviación con la fase 6 que aprobó el gobierno. Esto significa tener más espacio para apilar mineral y poder mantener el nivel de producción que hay en Veladero. Esto va a genera mayor empleo porque se va a contratar a más gente para este emprendimiento, es un emprendimiento que se va a financiar por la propia operación con lo cual desde el punto de vista de los costos es un año importante para la mina pero a partir del 2020 empieza a recuperarse”.
-El nuevo protocolo ambiental sustentable: “Con la nueva Barrick, a partir de la fusión que generaron con Randgold Gold, viene un Veladero distinto. Viene un Barrick distinto a San Juan con una impronta mucho más ligada al desarrollo geológico, de la exploración. Así que se aplican este año los más altos estándares internacionales porque Barrick se suscribió a la aplicación sustentable. Después de los incidentes (el último fue en marzo de 2017) va a transparentar la operación, a partir del protocolo por el que tenemos que publicar todos los años en la página web todos los procesos, la relación con las comunidades, lo que aportamos a las comunidades de cómo se maneja el agua, cómo se maneja la seguridad de los trabajadores, como se maneja la comunicación que hacemos para el desarrollo de las comunidades, todos estos protocolos van a ser subidos a la página, con lo cual vamos a tener totalmente transparentada la operación y poder relacionarnos con la comunidad y con el estado de una manera diferente.
- La posibilidad de extender la vida útil de Veladero: “Al haber un cambio en la percepción del negocio desde la aparición de Randgold se habla de la posibilidad de tener minería por muchos años más a partir de esta fusión y la impronta de cambio el paradigma de cómo encarar el asunto. Veladero estaba pensando tener su cierre normal y natural como estaba planteado en la evaluación de impacto ambiental a 2028 y Mark Bristow vino con la idea de revisar todas las áreas que tiene Barrick, en San Juan y otras áreas alrededor del cinturón del Indio y de lo que es alrededor de Lama, para poder llevar adelante más minería y llevar a ser Veladero lo que se considera a nivel mundial un TIER1, que es una minería de clase mundial que tiene una producción de más de 500 mil onzas. Las perspectivas de esta fusión de Barrick con Shandong y la impronta de geólogos que tiene Mark Bristow van a llevar a cambiar completamente el paradigma de la presencia de Barrick y Shandong Gold en San Juan”.
“Estos dos hechos que se han producido, tanto la aprobación de parte del gobierno de esta nueva área para la playa de lixiviación más la inclusión de Randgold y Bristow han relanzado el proyecto Veladero en San Juan. A partir de mañana (por el martes) nos visita el CEO, y empieza el relanzamiento de Barrick en San Juan y en Argentina. Es un relanzamiento de Barrick a nivel mundial con un firme compromiso. De alguna manera, por esa razón estoy hoy como director ejecutivo de Barrick, porque cuando estuve en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros como presidente, fui el creador de “Hacia una minería sustentable”, hacer las cosas bien es nuestro principal paradigma, relacionarnos de una manera distinta profesionalmente y transparente con el Estado y con nuestro stakeholders, y usar los más altos estándares internacionales”.
-Los incidentes ambientales: “A partir de la trascendencia puede tener un incidente, esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier industria, en cualquier empresa. Pero si uno actúa con transparencia, con honestidad y profesionalismo es más fácil cubrir cualquier situación sin descartar los eventos como los que ocurrieron en Veladero. Lo que hay que entender es dónde y cómo se desarrolla la minería. Veladero estaba a casi 5000 metros de altura en condiciones climáticas completamente difíciles en una zona muy difícil. Y por eso la minería se preocupa tanto e invierte tanto en las más altas tecnologías con los mejores sistemas para evitar cualquier tipo de incidentes en estas condiciones”.
“Uno nunca está exento ni acá ni en ningún lado pero tenemos que hacer las cosas bien, el Estado debe ser un Estado serio responsable y garante de la seguridad de la mina y de los trabajadores y nosotros respetarlo y manejarlo de la misma manera. Con este protocolo vamos a poder ver lo que estamos haciendo para superarnos y al mismo tiempo el Estado va a poder chequearlo con lo que ellos están estudiando. Y la sociedad va a poder tener la visión del estado de la empresa para poder tener la visión tranquila de que por lo menos las cosas se están haciendo bien”.
“Es un cambio muy importante para lo que fue Barrick para San Juan, lo que es Barrick para Argentina y creo que en términos de imagen nos va a ayudar a crear esa credibilidad que hoy necesita el sector para darle un empuje al desarrollo que tiene que ser en pos y beneficio del desarrollo de las comunidades”.
-El desarrollo de la actividad minera: “Yo siempre digo que no vengo de la minería pero cuando me encontré con la minería me di cuenta que es realmente un gran potenciador del desarrollo de los lugares más alejados del país, porque no hay otra industria que se vaya a radicar en eso lugares, en medio de la cordillera, en medio de la montaña, que tenga el músculo financiero para el desarrollo de las comunidades. Lo que reciben en términos de regalías no lo recibirían nunca por cualquier otro tipo de industria que haya alrededor de propio Estado”.
“A esto hay que apostarle y tengo mucha fe con esta nueva impronta, este relanzamiento de Barrick en San Juan y en Argentina. Con esto podemos ayudar a la industria minera a salir adelante porque tenemos que reconocer que Barrick ha sido un factor determinante para lo que está viviendo hoy la industria minera y tenemos que demostrar con hechos, con mucha humildad e institucionalizando a la empresa en el marco de la Cámara y en el marco del relacionamiento con el Estado. Empezar a demostrar de a poco porque esto lleva mucho tiempo, que las cosas se pueden hacer bien y que el país puede salir adelante”.
-La ley de Glaciares: “En la ley de glaciares, que en el ambiente minero es a veces un freno para recibir inversiones y acompañar el ritmo, el gran cambio que se dio en la Cámara Argentina de Inversores Mineros es que hoy se manejan de manera profesional y técnica con el Estado. Nosotros presentamos un modelo de reglamentación que pueda garantizar el cuidado de los glaciares, que pueda garantizar el cuidado de las reservas acuíferas de la Argentina pero también la posibilidad de generar desarrollo a partir de la minería”.
“Queremos como cualquier argentino el cuidado de los glaciares. La forma de hacerlo es hacerlo de una forma profesional ética, respetando las visiones del Estado, que pueden ser adversas a algún negocio. Lo estamos pensando como país y como sector, lo mismo con las retenciones”.
-La vuelta de las retenciones a la exportación: “No volvieron sólo para la minería, volvieron por una necesidad macroeconómica del país, para todos los exportadores de la Argentina. No podemos tener una excepción. Lo que sí, hemos trabajado con el Estado la necesidad de garantizar la estabilidad fiscal de los proyectos para mostrarle al inversor la seguridad jurídica de las Argentina. Y esto es un poco lo que hemos trabajado con el Estado. Sin duda aumenta la carga tributaria, por lo tanto baja el nivel de competitividad de la Argentina. Lo importante es que podamos respetar las leyes y podamos garantizar la estabilidad jurídica de un proyecto minero que demora entre 20, 30, 40 y hasta 50 años”.
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Continúa el apriete minero por la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares y el futuro de la minería
Fecha de Publicación: 22/09/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
En un par de oportunidades, la secretaria de Minería de la Nación, Ing. Carolina Sánchez, ha respondido de manera poco satisfactoria las preguntas relacionadas con la Ley de Glaciares Nº 26.639.
Tanto empresarios como periodistas saben que esa ley introdujo un factor de inseguridad jurídica para los inversores mineros, y por eso está cuestionada desde el momento mismo de su promulgación. El tema es de conocimiento público a través de innumerables notas publicadas desde el 2010 hasta el presente.
Es probable que, por cierta ignorancia en la temática minera, la nueva funcionaria todavía no se haya dado cuenta de que esa ley afecta a las posibilidades de inversión en el área de gobierno que es de su específica responsabilidad. Sería conveniente que se asesore al respecto porque siendo la máxima autoridad política de la minería del país, y teniendo al Consejo Federal de Minería como órgano asesor, debe darle respuestas correctas y precisas a empresarios e inversores que se reúnan con ella y le pregunten, por ejemplo, si un determinado proyecto está adentro o afuera de las áreas prohibidas por la Ley.
San Juan, por ejemplo, es una provincia que posee reservas de cobre y de otros metales para proyectar un formidable desarrollo minero e industrial desde el presente hasta el siglo que viene, pero sus yacimientos se ubican en zonas cordilleranas que podrían considerarse parte del denominado ambiente periglaciar en el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Glaciares, en cuya extensión la misma ley prohibe las actividades mineras.
En notas anteriores hemos explicado que el aludido párrafo de la ley está de más y debería derogarse porque los glaciares están suficientemente protegidos sin ese párrafo. Fue incluido por la presión de grupos ecologistas que no responden al interés nacional, con una definición intencionalmente ambigua que impide fijar donde están sus límites en el terreno, pero con la explícita finalidad de prohibir la actividad minera en esa desconocida extensión. Tan es así que, a pesar de que la ley lleva 8 años de vigencia, nadie ha podido explicar dónde queda el límite de esa particular prohibición.
Si a esto le agregamos que, con una interpretación propia de la Ley de Glaciares, un juez federal ya procesó a un eminente científico argentino por la información que produjo en un sector de la cordillera sanjuanina y hoy está haciendo esfuerzos por intervenir y posiblemente cerrar la principal mina de la provincia, surge claramente que estamos hablando de un tema irresuelto, de enorme importancia política, económica y social pero con riesgos jurídicos reales y concretos.
Por eso, la Secretaría de Minería de la Nación debería ocuparse de procurar una solución al problema planteado o de gestionar las reformas legales que sean pertinentes para esa finalidad. En el caso que nos ocupa, y para ser bien concretos, debería poder asegurar a empresarios e inversores si los yacimientos Pachón, Altar, Los Azules, Del Carmen, Veladero, Lama, Josemaría y Filo del Sol están adentro o están afuera del denominado "ambiente periglaciar'' de la Ley de Glaciares. De la respuesta que se dé a este interrogante depende la mayor parte del futuro desarrollo minero e industrial de la provincia de San Juan.
Eddy Lavandaio, Miembro de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas.
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Fecha de Publicación: 22/09/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
En un par de oportunidades, la secretaria de Minería de la Nación, Ing. Carolina Sánchez, ha respondido de manera poco satisfactoria las preguntas relacionadas con la Ley de Glaciares Nº 26.639.
Tanto empresarios como periodistas saben que esa ley introdujo un factor de inseguridad jurídica para los inversores mineros, y por eso está cuestionada desde el momento mismo de su promulgación. El tema es de conocimiento público a través de innumerables notas publicadas desde el 2010 hasta el presente.
Es probable que, por cierta ignorancia en la temática minera, la nueva funcionaria todavía no se haya dado cuenta de que esa ley afecta a las posibilidades de inversión en el área de gobierno que es de su específica responsabilidad. Sería conveniente que se asesore al respecto porque siendo la máxima autoridad política de la minería del país, y teniendo al Consejo Federal de Minería como órgano asesor, debe darle respuestas correctas y precisas a empresarios e inversores que se reúnan con ella y le pregunten, por ejemplo, si un determinado proyecto está adentro o afuera de las áreas prohibidas por la Ley.
San Juan, por ejemplo, es una provincia que posee reservas de cobre y de otros metales para proyectar un formidable desarrollo minero e industrial desde el presente hasta el siglo que viene, pero sus yacimientos se ubican en zonas cordilleranas que podrían considerarse parte del denominado ambiente periglaciar en el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Glaciares, en cuya extensión la misma ley prohibe las actividades mineras.
En notas anteriores hemos explicado que el aludido párrafo de la ley está de más y debería derogarse porque los glaciares están suficientemente protegidos sin ese párrafo. Fue incluido por la presión de grupos ecologistas que no responden al interés nacional, con una definición intencionalmente ambigua que impide fijar donde están sus límites en el terreno, pero con la explícita finalidad de prohibir la actividad minera en esa desconocida extensión. Tan es así que, a pesar de que la ley lleva 8 años de vigencia, nadie ha podido explicar dónde queda el límite de esa particular prohibición.
Si a esto le agregamos que, con una interpretación propia de la Ley de Glaciares, un juez federal ya procesó a un eminente científico argentino por la información que produjo en un sector de la cordillera sanjuanina y hoy está haciendo esfuerzos por intervenir y posiblemente cerrar la principal mina de la provincia, surge claramente que estamos hablando de un tema irresuelto, de enorme importancia política, económica y social pero con riesgos jurídicos reales y concretos.
Por eso, la Secretaría de Minería de la Nación debería ocuparse de procurar una solución al problema planteado o de gestionar las reformas legales que sean pertinentes para esa finalidad. En el caso que nos ocupa, y para ser bien concretos, debería poder asegurar a empresarios e inversores si los yacimientos Pachón, Altar, Los Azules, Del Carmen, Veladero, Lama, Josemaría y Filo del Sol están adentro o están afuera del denominado "ambiente periglaciar'' de la Ley de Glaciares. De la respuesta que se dé a este interrogante depende la mayor parte del futuro desarrollo minero e industrial de la provincia de San Juan.
Eddy Lavandaio, Miembro de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas.
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Ley de Glaciares: ministra apunta al Congreso
La titular de Minería patea la pelota de la Ley de Glaciares al Congreso
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Carolina Sánchez, la nueva secretaria de Minería de la Nación desde el 4 de julio pasado, dijo que en su cartera se está haciendo un "minucioso" análisis para adecuar el marco legal que tiene el sector minero a "los desafíos de un mundo cambiante", pero eludió tomar posiciones sobre la Ley de Glaciares que recibe fuertes cuestionamientos desde el sector privado. En cambio, invitó a quienes tienen propuestas, a que las canalicen a través de los legisladores, en el Congreso.
En una entrevista concedida a DIARIO DE CUYO, la primera mujer designada para ocupar ese cargo -con más experiencia en gestión ambiental que una vinculación directa con la actividad minera- dijo que no le corresponde ""tomar posiciones sobre la legislación vigente", sino que ""corresponde asegurar el cumplimiento de la misma", al ser consultada sobre la ley de glaciares. ""Si hay que revisar la legislación, para garantizar reglas claras y mejores definiciones para el logro de su propósito, todos, como ciudadanos a través de nuestros representantes, podemos elevar propuestas", agregó.
Varios sectores mineros cuestionan la ley porque dicen que no define "ambiente periglacial", y esa inexactitud aleja nuevas inversiones. "Si hay propuestas para la modificación de esta ley sancionada hace 8 años, deberían hacerse llegar por los canales de representatividad constitucional correspondiente", reiteró la funcionaria. Al respecto, Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan, admitió que la entidad no ha elevado a los legisladores una propuesta de cambiar la ley vigente, y no lo ha hecho el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina que él integra. Tampoco conoce que otra entidad (como por ejemplo CAEM) lo haya hecho, y anticipó que lo van a estudiar.
No obstante, Carolina Sánchez se mostró contradictoria en sus dichos, porque evitó pronunciarse sobre los glaciares en particular, pero en la misma entrevista sostuvo que se debe adecuar el marco legal de la actividad minera por los cambios del mundo, y también por la sociedad argentina ""que espera de la minería una oportunidad para el desarrollo, y del Estado; un garante del cumplimiento de las normas, sobre todo en lo referente a la seguridad ambiental, competitividad internacional para atraer inversiones que de otro modo van a desembarcar en otros países". También mencionó que el Estado debe garantizar ""la competitividad de las pymes locales para proveer servicios y la más amplia integración económica de las comunidades en las que se asienta". Sus palabras sobre el tema glaciares son muy esperadas en el sector, que la mira de reojo porque la salteña es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, por lo que muchos la piensan como "antiminera". "No hubiera aceptado un cargo que me produjera sentimientos encontrados", dijo respecto a esas críticas y sostuvo que cree ""firmemente que si invertimos en conocimiento, tecnología e innovación, podemos hacer minería como agricultura, forestoindustria, ganadería, etc., para desarrollar las economías regionales, sin comprometer las oportunidades de desarrollo de las comunidades futuras". Agregó que su tarea será ""procurar optimizar el impacto positivo de la actividad minera y toda actividad económica conexa para el desarrollo sustentable de todas las regiones del país". Y reflexionó que además de esa ""sustentabilidad intergeneracional", considera que se debe asumir la intrageneracional, es decir, ""la posibilidad de que todos los habitantes de nuestro país puedan decidir sobre su desarrollo en base a su oferta de recursos naturales".
Los proyectos locales
De los avances de proyectos sanjuaninos Carolina Sánchez enumeró que Josemaría avanza con su prefactibilidad y que Filo del Sol consiguió realizar un PEA (Estudio Económico Preliminar) a fin del año pasado y viene avanzando con recategorización de recursos. Dijo además que Altar podría concretar un acuerdo con Aldebarán y su actual controlante Sianye-Stilwater que daría un marco financiero para avanzar en la PEA. Agregó que Barrick Shandong estaría evaluando avanzar con Lama sólo usando infraestructura de Veladero, que Casposo está realizando trabajos de exploración para ampliar reservas y destacó las precisiones que el ministro local Alberto Hensel dio sobre el proyecto binacional: Del Carmen-Altura.
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Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Carolina Sánchez, la nueva secretaria de Minería de la Nación desde el 4 de julio pasado, dijo que en su cartera se está haciendo un "minucioso" análisis para adecuar el marco legal que tiene el sector minero a "los desafíos de un mundo cambiante", pero eludió tomar posiciones sobre la Ley de Glaciares que recibe fuertes cuestionamientos desde el sector privado. En cambio, invitó a quienes tienen propuestas, a que las canalicen a través de los legisladores, en el Congreso.
En una entrevista concedida a DIARIO DE CUYO, la primera mujer designada para ocupar ese cargo -con más experiencia en gestión ambiental que una vinculación directa con la actividad minera- dijo que no le corresponde ""tomar posiciones sobre la legislación vigente", sino que ""corresponde asegurar el cumplimiento de la misma", al ser consultada sobre la ley de glaciares. ""Si hay que revisar la legislación, para garantizar reglas claras y mejores definiciones para el logro de su propósito, todos, como ciudadanos a través de nuestros representantes, podemos elevar propuestas", agregó.
Varios sectores mineros cuestionan la ley porque dicen que no define "ambiente periglacial", y esa inexactitud aleja nuevas inversiones. "Si hay propuestas para la modificación de esta ley sancionada hace 8 años, deberían hacerse llegar por los canales de representatividad constitucional correspondiente", reiteró la funcionaria. Al respecto, Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan, admitió que la entidad no ha elevado a los legisladores una propuesta de cambiar la ley vigente, y no lo ha hecho el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina que él integra. Tampoco conoce que otra entidad (como por ejemplo CAEM) lo haya hecho, y anticipó que lo van a estudiar.
No obstante, Carolina Sánchez se mostró contradictoria en sus dichos, porque evitó pronunciarse sobre los glaciares en particular, pero en la misma entrevista sostuvo que se debe adecuar el marco legal de la actividad minera por los cambios del mundo, y también por la sociedad argentina ""que espera de la minería una oportunidad para el desarrollo, y del Estado; un garante del cumplimiento de las normas, sobre todo en lo referente a la seguridad ambiental, competitividad internacional para atraer inversiones que de otro modo van a desembarcar en otros países". También mencionó que el Estado debe garantizar ""la competitividad de las pymes locales para proveer servicios y la más amplia integración económica de las comunidades en las que se asienta". Sus palabras sobre el tema glaciares son muy esperadas en el sector, que la mira de reojo porque la salteña es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, por lo que muchos la piensan como "antiminera". "No hubiera aceptado un cargo que me produjera sentimientos encontrados", dijo respecto a esas críticas y sostuvo que cree ""firmemente que si invertimos en conocimiento, tecnología e innovación, podemos hacer minería como agricultura, forestoindustria, ganadería, etc., para desarrollar las economías regionales, sin comprometer las oportunidades de desarrollo de las comunidades futuras". Agregó que su tarea será ""procurar optimizar el impacto positivo de la actividad minera y toda actividad económica conexa para el desarrollo sustentable de todas las regiones del país". Y reflexionó que además de esa ""sustentabilidad intergeneracional", considera que se debe asumir la intrageneracional, es decir, ""la posibilidad de que todos los habitantes de nuestro país puedan decidir sobre su desarrollo en base a su oferta de recursos naturales".
Los proyectos locales
De los avances de proyectos sanjuaninos Carolina Sánchez enumeró que Josemaría avanza con su prefactibilidad y que Filo del Sol consiguió realizar un PEA (Estudio Económico Preliminar) a fin del año pasado y viene avanzando con recategorización de recursos. Dijo además que Altar podría concretar un acuerdo con Aldebarán y su actual controlante Sianye-Stilwater que daría un marco financiero para avanzar en la PEA. Agregó que Barrick Shandong estaría evaluando avanzar con Lama sólo usando infraestructura de Veladero, que Casposo está realizando trabajos de exploración para ampliar reservas y destacó las precisiones que el ministro local Alberto Hensel dio sobre el proyecto binacional: Del Carmen-Altura.
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Cámara Minera insiste con modificar la Ley de Glaciares
Con nueva dirigencia, la Cámara Minera insiste con modificar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Mario Hernández, de Yamana Gold, es el flamante presidente y promete mejorar la comunicación con la gente.
Después de 26 años, Jaime Bergé dejó la presidencia de la Cámara Minera de San Juan y en su reemplazo fue elegido el lunes por la noche Mario Hernández, de Yamana Gold. El nuevo presidente dijo que su gran desafío será mejorar la comunicación con la gente y señaló que la principal traba para la llegada de inversiones que le den impulso a la minería es la Ley de Glaciares, que tiene "zonas grises e imprecisiones" que desalientan el desarrollo de otros proyectos.
Hernández es un jachallero de 57 años que está a cargo de las relaciones comunitarias e institucionales de la compañía no sólo en San Juan sino también en Catamarca, Chubut y Santa Cruz y lidera el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (Gemera). En su gestión en la cámara será acompañado por Raúl Cabanay (Caleras San Juan) y Ricardo Martínez, consultor minero. La entidad nuclea a unas 50 compañías que trabajan en la provincia pertenecientes a las distintas actividades.
El nuevo presidente expresó que el "problema de la mala comunicación es que incluso puede llegar a generar una crisis" y por esto sostuvo que se propone "generar el mayor contacto posible desde la cámara con la gente".
Sobre la situación actual de las empresas mineras en la provincia manifestó que "estamos haciendo el mayor esfuerzo para mantener las fuentes laborales. No estamos hablando de crear nuevos puestos sino de mantener los actuales".
La Ley de Glaciares, que es motivo no sólo de preocupación en el sector empresario sino también en el Gobierno provincial, es un tema sobre el que Hernández dijo que "la norma como está redactada genera mucha incertidumbre y hasta que no sea precisa no se podrá avanzar". Habló en un contexto en el que en la provincia los grandes proyectos mineros están más cerca de finalizar y todavía no se ven nuevos emprendimientos a la vista. "Hay que definir bien, por ejemplo, lo que es el ambiente periglaciar", precisó.
La suba del dólar y sus efectos en la actividad fue otra cuestión analizada por el presidente. Sostuvo que "no hay negocio que se pueda desarrollar bien en un contexto de clima de inestabilidad" y más adelante dijo que si bien puede favorecer al sector metalífero que exporta "hay muchos insumos en dólares, el combustible es un ejemplo porque depende del valor de esa moneda".
En cuanto a la nueva secretaria de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, quien asumió en el puesto a principios del mes pasado, expresó que "en lo que hemos podido hablar con ella se ha mostrado como una persona muy interesada en la actividad y si no era conocida en el sector empresario es una cuestión que no importa".
Sobre el tema de la licencia social, Hernández dijo que prefiere hablar de aceptación social. "Creo que no podemos hablar de aceptación social de la minería en general sino de cada empresa e incluso de cada proyecto en particular". Y agregó que "cada proyecto debe generar sus propias condiciones sociales".
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Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Mario Hernández, de Yamana Gold, es el flamante presidente y promete mejorar la comunicación con la gente.
Después de 26 años, Jaime Bergé dejó la presidencia de la Cámara Minera de San Juan y en su reemplazo fue elegido el lunes por la noche Mario Hernández, de Yamana Gold. El nuevo presidente dijo que su gran desafío será mejorar la comunicación con la gente y señaló que la principal traba para la llegada de inversiones que le den impulso a la minería es la Ley de Glaciares, que tiene "zonas grises e imprecisiones" que desalientan el desarrollo de otros proyectos.
Hernández es un jachallero de 57 años que está a cargo de las relaciones comunitarias e institucionales de la compañía no sólo en San Juan sino también en Catamarca, Chubut y Santa Cruz y lidera el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (Gemera). En su gestión en la cámara será acompañado por Raúl Cabanay (Caleras San Juan) y Ricardo Martínez, consultor minero. La entidad nuclea a unas 50 compañías que trabajan en la provincia pertenecientes a las distintas actividades.
El nuevo presidente expresó que el "problema de la mala comunicación es que incluso puede llegar a generar una crisis" y por esto sostuvo que se propone "generar el mayor contacto posible desde la cámara con la gente".
Sobre la situación actual de las empresas mineras en la provincia manifestó que "estamos haciendo el mayor esfuerzo para mantener las fuentes laborales. No estamos hablando de crear nuevos puestos sino de mantener los actuales".
La Ley de Glaciares, que es motivo no sólo de preocupación en el sector empresario sino también en el Gobierno provincial, es un tema sobre el que Hernández dijo que "la norma como está redactada genera mucha incertidumbre y hasta que no sea precisa no se podrá avanzar". Habló en un contexto en el que en la provincia los grandes proyectos mineros están más cerca de finalizar y todavía no se ven nuevos emprendimientos a la vista. "Hay que definir bien, por ejemplo, lo que es el ambiente periglaciar", precisó.
La suba del dólar y sus efectos en la actividad fue otra cuestión analizada por el presidente. Sostuvo que "no hay negocio que se pueda desarrollar bien en un contexto de clima de inestabilidad" y más adelante dijo que si bien puede favorecer al sector metalífero que exporta "hay muchos insumos en dólares, el combustible es un ejemplo porque depende del valor de esa moneda".
En cuanto a la nueva secretaria de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, quien asumió en el puesto a principios del mes pasado, expresó que "en lo que hemos podido hablar con ella se ha mostrado como una persona muy interesada en la actividad y si no era conocida en el sector empresario es una cuestión que no importa".
Sobre el tema de la licencia social, Hernández dijo que prefiere hablar de aceptación social. "Creo que no podemos hablar de aceptación social de la minería en general sino de cada empresa e incluso de cada proyecto en particular". Y agregó que "cada proyecto debe generar sus propias condiciones sociales".
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Glaciares: el lobby minero dice que es un "freno" a la actividad
La ley de glaciares demora inversiones mineras por u$s 18.000 millones
Fecha de Publicación: 26/06/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno presentó el mes pasado el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de lograr mayores certezas para interpretar la Ley 26.639, conservar las reservas de agua del país y al mismo tiempo impulsar la minería.
Con la finalización del Inventario Nacional de Glaciares, el Gobierno nacional avanzó con el cumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que fue sancionada en 2010 con el objetivo de conservar las reservas estratégicas de agua del país. Si bien es un paso importante, no deja de ser solo un paso.
La creación de ese documento, que llevó a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), estaba prevista en el tercer artículo de la norma. Al asumir Mauricio Macri como presidente, en diciembre de 2015, apenas se había relevado un 10% de los recursos hídricos del país.
Entre otros datos, se pudo confirmar que la Argentina es el segundo país de América del Sur (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y se ubica entre los 15 con mayor superficie de hielo en el mundo. Lo que resta hacer, ahora que sí se completó en un 100% el listado, es definir cuáles son las geoformas existentes que actúan o no como reservas de agua "para su adecuada protección, control y monitoreo", según establece la Ley.
"La Ley de Glaciares dice que se debe proteger todo glaciar y todo ambiente periglaciar que contribuya estratégicamente a sostener nuestras reservas hídricas; por lo tanto, sí se puede hacer minería en los periglaciares que no proveen de recursos a una reserva estratégica, y eso es lo que tenemos que asegurar que se cumpla", señalaba el ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al término de la presentación del Inventario, a mediados de mayo en la Casa Rosada.
El acto fue encabezado por su par en Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, cuya cartera oficia como autoridad de aplicación de la Ley, y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; en tanto Aranguren y gran parte del ala de Minería de su Ministerio, integraron el auditorio del Salón Pueblos Originarios, en representación de los intereses del sector que busca resolver las limitaciones que la norma impone para el desarrollo de grandes yacimientos metalíferos.
Según el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, los proyectos mineros más importantes en cuanto al volumen de inversión inicial, creación de empleos y proveedores, además de los ingresos por impuestos y la generación de divisas por las exportaciones, que están en carpeta e incluso muchos ya fueron factibilizados, dependen en su mayoría de las especificaciones que se reclaman acerca de la suficiencia hídrica de las geoformas que fueron relevadas en el Inventario. "Solo los emprendimientos que están impactados por la Ley de Glaciales implicarían 18.000 millones de dólares de inversión", precisa Álvarez, en diálogo con 3Días.
Zona gris
Al contrastar los datos de la Secretaría de Minería de la Nación con los de la entidad empresaria, se deduce cuáles son las principales iniciativas puestas en duda. El elenco incluye a los proyectos cupríferos Altar y Pachón, al igual que Pascua Lama y Los Azules, que además de cobre tienen oro y plata, y también, Del Carmen y Constelación, todos en la provincia de San Juan. En tanto, la potencial mina Agua Rica, en Catamarca, también podría integrar ese conjunto, aunque desde el Gobierno provincial descartan que su futuro desarrollo afecte alguna reserva hídrica.
No son la mayoría, pero sí se trata de los emprendimientos que explican los mayores volúmenes de inversiones programadas por el sector. De hecho, la CAEM este año debió dar marcha atrás con el plan "Desafío 2021", que había anunciado en 2016 y tenía previsto desembolsos por u$s 20.000 millones en seis años. Para alcanzar esa meta, ya debería haberse iniciado la construcción de los más importantes, y ni siquiera fueron confirmados.
"Un solo proyecto de cobre en la cordillera equivale a todos los de litio que se llevaron adelante estos últimos dos años", compara Álvarez, quien además es Country Manager de la canadiense Goldcorp, operadora del yacimiento de oro Cerro Negro, en Santa Cruz.
En tanto, el presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), Julio Río Gómez, sostiene que la falta de certeza con relación al aporte de agua real de las geoformas relevadas genera un impacto en la actividad minera que es difícil de cuantificar. "Se han frenado muchos miles de dólares de inversión no porque estén los proyectos afectando a un cuerpo hídrico específico, sino porque ante está zona gris de indefinición, las empresas no están dispuestas a invertir", indica el titular del organismo estatal a 3Días.
De igual modo, Álvarez destaca que una de las razones que explican por qué no ha llegado toda la inversión que se esperaba estos últimos dos años para el sector, está vinculada a la falta de definiciones en cuanto a la seguridad jurídica que se tiene que dar con algunas leyes. "Es lo que pasa con la de Glaciares, que es fundamental para generar previsibilidad en proyectos de largo plazo", sentencia.
En tanto, Sergio Bergman dice a 3Días que los resultados del inventario fueron notificados a los mandatarios provinciales, que de acuerdo con la ley, tendrán que controlar y fiscalizar las actividades que puedan afectarlos.
"Cualquier duda sobre cómo se interpreta tiene que remitirse al ámbito parlamentario, que es dónde se legisló; no es en el Ejecutivo dónde se deben plantear interpretaciones. Es por eso que decidimos que no vamos a hacer un decreto reglamentario", concluye.
Incertidumbre
Según el titular del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), Julio Río Gómez, "el Inventario es un punto de partida para que las provincias, como dueñas de sus recursos, decidan cómo aplicar la Ley o sugieran otras reglamentaciones.
"Tenemos nuestra opinión al respecto, y es que el aporte a las reservas de agua que hacen las masas de hielo pequeñas no es significativo", asevera Río Gómez y explica que tampoco está claro las denominaciones que reciben. "A veces se las llama glaciares de escombro o también, ambiente periglaciar, que en rigor no tiene definición desde el punto de vista geológico. Se trata de una superficie congelada, pero ¿cuántos años necesitas para medir su impacto real? No lo sabemos", cuestiona.
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Fecha de Publicación: 26/06/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno presentó el mes pasado el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de lograr mayores certezas para interpretar la Ley 26.639, conservar las reservas de agua del país y al mismo tiempo impulsar la minería.
Con la finalización del Inventario Nacional de Glaciares, el Gobierno nacional avanzó con el cumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que fue sancionada en 2010 con el objetivo de conservar las reservas estratégicas de agua del país. Si bien es un paso importante, no deja de ser solo un paso.
La creación de ese documento, que llevó a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), estaba prevista en el tercer artículo de la norma. Al asumir Mauricio Macri como presidente, en diciembre de 2015, apenas se había relevado un 10% de los recursos hídricos del país.
Entre otros datos, se pudo confirmar que la Argentina es el segundo país de América del Sur (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y se ubica entre los 15 con mayor superficie de hielo en el mundo. Lo que resta hacer, ahora que sí se completó en un 100% el listado, es definir cuáles son las geoformas existentes que actúan o no como reservas de agua "para su adecuada protección, control y monitoreo", según establece la Ley.
"La Ley de Glaciares dice que se debe proteger todo glaciar y todo ambiente periglaciar que contribuya estratégicamente a sostener nuestras reservas hídricas; por lo tanto, sí se puede hacer minería en los periglaciares que no proveen de recursos a una reserva estratégica, y eso es lo que tenemos que asegurar que se cumpla", señalaba el ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al término de la presentación del Inventario, a mediados de mayo en la Casa Rosada.
El acto fue encabezado por su par en Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, cuya cartera oficia como autoridad de aplicación de la Ley, y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; en tanto Aranguren y gran parte del ala de Minería de su Ministerio, integraron el auditorio del Salón Pueblos Originarios, en representación de los intereses del sector que busca resolver las limitaciones que la norma impone para el desarrollo de grandes yacimientos metalíferos.
Según el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, los proyectos mineros más importantes en cuanto al volumen de inversión inicial, creación de empleos y proveedores, además de los ingresos por impuestos y la generación de divisas por las exportaciones, que están en carpeta e incluso muchos ya fueron factibilizados, dependen en su mayoría de las especificaciones que se reclaman acerca de la suficiencia hídrica de las geoformas que fueron relevadas en el Inventario. "Solo los emprendimientos que están impactados por la Ley de Glaciales implicarían 18.000 millones de dólares de inversión", precisa Álvarez, en diálogo con 3Días.
Zona gris
Al contrastar los datos de la Secretaría de Minería de la Nación con los de la entidad empresaria, se deduce cuáles son las principales iniciativas puestas en duda. El elenco incluye a los proyectos cupríferos Altar y Pachón, al igual que Pascua Lama y Los Azules, que además de cobre tienen oro y plata, y también, Del Carmen y Constelación, todos en la provincia de San Juan. En tanto, la potencial mina Agua Rica, en Catamarca, también podría integrar ese conjunto, aunque desde el Gobierno provincial descartan que su futuro desarrollo afecte alguna reserva hídrica.
No son la mayoría, pero sí se trata de los emprendimientos que explican los mayores volúmenes de inversiones programadas por el sector. De hecho, la CAEM este año debió dar marcha atrás con el plan "Desafío 2021", que había anunciado en 2016 y tenía previsto desembolsos por u$s 20.000 millones en seis años. Para alcanzar esa meta, ya debería haberse iniciado la construcción de los más importantes, y ni siquiera fueron confirmados.
"Un solo proyecto de cobre en la cordillera equivale a todos los de litio que se llevaron adelante estos últimos dos años", compara Álvarez, quien además es Country Manager de la canadiense Goldcorp, operadora del yacimiento de oro Cerro Negro, en Santa Cruz.
En tanto, el presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), Julio Río Gómez, sostiene que la falta de certeza con relación al aporte de agua real de las geoformas relevadas genera un impacto en la actividad minera que es difícil de cuantificar. "Se han frenado muchos miles de dólares de inversión no porque estén los proyectos afectando a un cuerpo hídrico específico, sino porque ante está zona gris de indefinición, las empresas no están dispuestas a invertir", indica el titular del organismo estatal a 3Días.
De igual modo, Álvarez destaca que una de las razones que explican por qué no ha llegado toda la inversión que se esperaba estos últimos dos años para el sector, está vinculada a la falta de definiciones en cuanto a la seguridad jurídica que se tiene que dar con algunas leyes. "Es lo que pasa con la de Glaciares, que es fundamental para generar previsibilidad en proyectos de largo plazo", sentencia.
En tanto, Sergio Bergman dice a 3Días que los resultados del inventario fueron notificados a los mandatarios provinciales, que de acuerdo con la ley, tendrán que controlar y fiscalizar las actividades que puedan afectarlos.
"Cualquier duda sobre cómo se interpreta tiene que remitirse al ámbito parlamentario, que es dónde se legisló; no es en el Ejecutivo dónde se deben plantear interpretaciones. Es por eso que decidimos que no vamos a hacer un decreto reglamentario", concluye.
Incertidumbre
Según el titular del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), Julio Río Gómez, "el Inventario es un punto de partida para que las provincias, como dueñas de sus recursos, decidan cómo aplicar la Ley o sugieran otras reglamentaciones.
"Tenemos nuestra opinión al respecto, y es que el aporte a las reservas de agua que hacen las masas de hielo pequeñas no es significativo", asevera Río Gómez y explica que tampoco está claro las denominaciones que reciben. "A veces se las llama glaciares de escombro o también, ambiente periglaciar, que en rigor no tiene definición desde el punto de vista geológico. Se trata de una superficie congelada, pero ¿cuántos años necesitas para medir su impacto real? No lo sabemos", cuestiona.
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