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Sobre carbón y glaciares
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Sobre carbón y glaciares
Fecha de Publicación: 24/07/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
“Hay una inmensa mayoría que, aun sin saberlo, está de acuerdo con que un país diferente como el que estamos haciendo es posible”, aseguró ayer Cristina Fernández de Kirchner en Río Turbio, durante una recorrida por la Central Termoeléctrica que se construye en esa localidad. La Presidenta señaló que el crecimiento de la industria en el mes de junio fue un 8,5 por ciento más alto que en el mismo período del año pasado, “con lo cual vamos a necesitar más energía”. La bonanza económica no es “magia ni viento de cola, sino trabajo, esfuerzo, planificación y pensar en el país”, definió.
El clima no había ayudado para llegar a las minas de carbón del sur de la provincia de Santa Cruz: el helicóptero en el que viajó la comitiva oficial tuvo que atravesar una cortina de nieve antes de aterrizar. “No se veía nada. Es una señal para que no me olvide de dónde soy”, comentó CFK.
Las obras de lo que será una megausina están hechas en un 70 por ciento, por lo que se estima que la central estará terminada a mediados del año próximo. Una vez en funcionamiento, generará 240 megavatios de energía en base al carbón que extrae la empresa estatal YCRT (Yacimiento Carbonífero de Río Turbio). Esa energía es superior a lo que consume toda la provincia de Santa Cruz y será volcada al sistema nacional.
Para la Presidenta, “el sueño de la usina a carbón” era “de todos los habitantes de la cuenca carbonífera”. Recordó en ese sentido que cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, “le ofrecieron cerrar las minas de carbón y pagarle el sueldo a la gente para que se quedara en su casa, pero él no lo aceptó. Hoy –continuó– estamos en la obra más importante de la que se tenga memoria de generación de energía mediante el carbón en Argentina”.
Su discurso incluyó varios párrafos ligados al año electoral y el modelo en juego. En un tramo en el que les habló “a los hombres y mujeres que han vuelto a confiar y creer”, y “a los jóvenes que se incorporaron masivamente a la política”, la mandataria advirtió que hay que “convencer y persuadir de que éste es el camino a seguir”. Y dirigiéndose a “quienes vengan después”. apuntó que deben saber “que es necesario comprometerse en estas políticas de Estado que estamos llevando adelante y que tanto han beneficiado a todos”.
La Presidenta aprovechó para pasar revista sobre otros proyectos concretados durante su gestión y la anterior para mejorar la capacidad energética del país, como las obras para el transporte de energía y la construcción de represas. Otro punto de la visita fue la defensa del proyecto frente a las críticas que se vienen haciendo –desde organizaciones ambientalistas como, por ejemplo, Greenpeace– sobre un eventual riesgo ecológico. En ese aspecto, la mandataria aseguró que es “por mala información” que se cree que la usina “va a afectar a los glaciares”. Pero sostuvo que el Gobierno exigió “que la megaobra tuviera todas las condiciones de tecnología para evitar cualquier grado de afectación” al ambiente. “El tema glaciares no es un tema que me toque por la ecología, la política u otros intereses, a mí me toca desde el corazón, porque es casi una identidad propia de la pertenencia.”
Fecha de Publicación: 24/07/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
“Hay una inmensa mayoría que, aun sin saberlo, está de acuerdo con que un país diferente como el que estamos haciendo es posible”, aseguró ayer Cristina Fernández de Kirchner en Río Turbio, durante una recorrida por la Central Termoeléctrica que se construye en esa localidad. La Presidenta señaló que el crecimiento de la industria en el mes de junio fue un 8,5 por ciento más alto que en el mismo período del año pasado, “con lo cual vamos a necesitar más energía”. La bonanza económica no es “magia ni viento de cola, sino trabajo, esfuerzo, planificación y pensar en el país”, definió.
El clima no había ayudado para llegar a las minas de carbón del sur de la provincia de Santa Cruz: el helicóptero en el que viajó la comitiva oficial tuvo que atravesar una cortina de nieve antes de aterrizar. “No se veía nada. Es una señal para que no me olvide de dónde soy”, comentó CFK.
Las obras de lo que será una megausina están hechas en un 70 por ciento, por lo que se estima que la central estará terminada a mediados del año próximo. Una vez en funcionamiento, generará 240 megavatios de energía en base al carbón que extrae la empresa estatal YCRT (Yacimiento Carbonífero de Río Turbio). Esa energía es superior a lo que consume toda la provincia de Santa Cruz y será volcada al sistema nacional.
Para la Presidenta, “el sueño de la usina a carbón” era “de todos los habitantes de la cuenca carbonífera”. Recordó en ese sentido que cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, “le ofrecieron cerrar las minas de carbón y pagarle el sueldo a la gente para que se quedara en su casa, pero él no lo aceptó. Hoy –continuó– estamos en la obra más importante de la que se tenga memoria de generación de energía mediante el carbón en Argentina”.
Su discurso incluyó varios párrafos ligados al año electoral y el modelo en juego. En un tramo en el que les habló “a los hombres y mujeres que han vuelto a confiar y creer”, y “a los jóvenes que se incorporaron masivamente a la política”, la mandataria advirtió que hay que “convencer y persuadir de que éste es el camino a seguir”. Y dirigiéndose a “quienes vengan después”. apuntó que deben saber “que es necesario comprometerse en estas políticas de Estado que estamos llevando adelante y que tanto han beneficiado a todos”.
La Presidenta aprovechó para pasar revista sobre otros proyectos concretados durante su gestión y la anterior para mejorar la capacidad energética del país, como las obras para el transporte de energía y la construcción de represas. Otro punto de la visita fue la defensa del proyecto frente a las críticas que se vienen haciendo –desde organizaciones ambientalistas como, por ejemplo, Greenpeace– sobre un eventual riesgo ecológico. En ese aspecto, la mandataria aseguró que es “por mala información” que se cree que la usina “va a afectar a los glaciares”. Pero sostuvo que el Gobierno exigió “que la megaobra tuviera todas las condiciones de tecnología para evitar cualquier grado de afectación” al ambiente. “El tema glaciares no es un tema que me toque por la ecología, la política u otros intereses, a mí me toca desde el corazón, porque es casi una identidad propia de la pertenencia.”
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Santa Cruz
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Usina de Río Turbio: Críticas y descargos
Greenpeace: “La usina de Río Turbio es un error económico y ambiental”
Fecha de Publicación: 23/07/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
La organización ambientalista Greenpeace criticó que el Gobierno Nacional insista con apostar al carbón para producir energía, tras la visita en el día de hoy de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a la construcción de la usina de carbón de 240 MW en Río Turbio, Santa Cruz, cuya puesta en marcha se estima para mediados de 2012.
La usina de Río Turbio es una decisión desacertada desde lo económico, lo energético y lo ambiental. Con el dinero que se va a gastar se podría producir el doble de energía eólica, que es limpia, renovable y segura”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
“Nuestro país depende en un 90% de combustibles fósiles y el Gobierno Nacional sigue profundizando esa dependencia. El carbón es la peor opción energética, la más contaminante, la más costosa y la que más contribuye a acentuar el cambio climático”, afirmó Giardini.
Notas:
1) Informe de Greenpeace “Carbón, combustible para el cambio climático. Proyecto Central Térmica Río Turbio”
2) Informe de Greenpeace “El disparate económico del carbón”
Río Turbio: para Cristina, la megausina no afectará a glaciares
Fecha de Publicación: 23/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
"Si se derriten afectan mi casa", dijo sobre la construcción de la megausina en Río Turbio.
La presidenta Cristina Fernández aclaró hoy que la construcción de la megausina de Río Turbio no iba a afectar a los glaciares y remarcó que por la cercanía de su casa en El Calafate "si se derriten los glaciares a la que tapan es a mí, a mi casa, a mis rosas, a mi jardín".
"Jamás podríamos estar construyendo una usina que afectara a los glaciares", remarcó la jefa de estado y recordó que su "casa y lugar en el mundo está a 80 kilómetros de los glaciares, con lo cual se imaginan que si alguien exigió que esta mega-obra tuviera todas las condiciones de tecnología para evitar cualquier grado de afectación al medio ambiente fue yo".
Y, en tono coloquial, señaló: "Si se derriten los glaciares a la que tapan los glaciares es a mí, a mi casa, a mis rosas, a mi jardín".
Central. La presidenta recorrió la central termoléctrica de 240 megavatios que se construye en Río Trubio, para la cual ya llegaron las turbinas.
El inicio del acto se transmitió en directo mediante una teleconferencia con la megamuestra de ciencia Tecnópolis, donde estaban el ministro de Economía, Amado Boudou, el candidato a jefe de Gobierno porteño Daniel Filmus y otros funcionarios.
"Hola, Tecnópolis", fue el saludo de la presidenta luego de recibir de manos del intendente, Claudio Adolfo, un escudo de Río Turbio realizado en madera de lenga, representativa de la región, y un ramo de flores.
Nevizca. La Presidenta comentó luego cómo fue su llegada a la cuenca carbonífera, en medio de una "nevizca antártica que rodeó el helicóptero" que la trasladó, por lo que "no se veía nada. Es una señal para que no me olvide de donde soy", dijo y felicitó a pilotos "por su pericia".
Industria. La presidenta afirmó hoy que el estimador mensual industrial (EMI) de junio creció 8,5% con respecto al mismo mes de 2010.
Fecha de Publicación: 23/07/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
La organización ambientalista Greenpeace criticó que el Gobierno Nacional insista con apostar al carbón para producir energía, tras la visita en el día de hoy de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a la construcción de la usina de carbón de 240 MW en Río Turbio, Santa Cruz, cuya puesta en marcha se estima para mediados de 2012.
La usina de Río Turbio es una decisión desacertada desde lo económico, lo energético y lo ambiental. Con el dinero que se va a gastar se podría producir el doble de energía eólica, que es limpia, renovable y segura”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
“Nuestro país depende en un 90% de combustibles fósiles y el Gobierno Nacional sigue profundizando esa dependencia. El carbón es la peor opción energética, la más contaminante, la más costosa y la que más contribuye a acentuar el cambio climático”, afirmó Giardini.
Notas:
1) Informe de Greenpeace “Carbón, combustible para el cambio climático. Proyecto Central Térmica Río Turbio”
2) Informe de Greenpeace “El disparate económico del carbón”
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Río Turbio: para Cristina, la megausina no afectará a glaciares
Fecha de Publicación: 23/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
"Si se derriten afectan mi casa", dijo sobre la construcción de la megausina en Río Turbio.
La presidenta Cristina Fernández aclaró hoy que la construcción de la megausina de Río Turbio no iba a afectar a los glaciares y remarcó que por la cercanía de su casa en El Calafate "si se derriten los glaciares a la que tapan es a mí, a mi casa, a mis rosas, a mi jardín".
"Jamás podríamos estar construyendo una usina que afectara a los glaciares", remarcó la jefa de estado y recordó que su "casa y lugar en el mundo está a 80 kilómetros de los glaciares, con lo cual se imaginan que si alguien exigió que esta mega-obra tuviera todas las condiciones de tecnología para evitar cualquier grado de afectación al medio ambiente fue yo".
Y, en tono coloquial, señaló: "Si se derriten los glaciares a la que tapan los glaciares es a mí, a mi casa, a mis rosas, a mi jardín".
Central. La presidenta recorrió la central termoléctrica de 240 megavatios que se construye en Río Trubio, para la cual ya llegaron las turbinas.
El inicio del acto se transmitió en directo mediante una teleconferencia con la megamuestra de ciencia Tecnópolis, donde estaban el ministro de Economía, Amado Boudou, el candidato a jefe de Gobierno porteño Daniel Filmus y otros funcionarios.
"Hola, Tecnópolis", fue el saludo de la presidenta luego de recibir de manos del intendente, Claudio Adolfo, un escudo de Río Turbio realizado en madera de lenga, representativa de la región, y un ramo de flores.
Nevizca. La Presidenta comentó luego cómo fue su llegada a la cuenca carbonífera, en medio de una "nevizca antártica que rodeó el helicóptero" que la trasladó, por lo que "no se veía nada. Es una señal para que no me olvide de donde soy", dijo y felicitó a pilotos "por su pericia".
Industria. La presidenta afirmó hoy que el estimador mensual industrial (EMI) de junio creció 8,5% con respecto al mismo mes de 2010.
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Barrick Gold ya afectó glaciares
Informe de Greenpeace revela que la minera Barrick Gold afectó glaciares
Fecha de Publicación: 21/07/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: San Juan
Greenpeace publicó un informe titulado “Barrick: Minería responsable de destruir los glaciares” en el que denuncia que la empresa canadiense ya afectó seriamente glaciares tanto en Chile como en Argentina, y advierte que sus dos proyectos, Veladero y Pascua Lama, están incumpliendo la Ley de Glaciares. (1)
“El proyecto Pascua Lama incluía el traslado de tres glaciares del lado chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza), pero dicho plan fue prohibido y se obligó a la empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. Sin embargo, en un informe técnico del año 2005 se advierte que la superficie de los mismos disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades realizadas por Barrick. En febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos”, detalla el informe.
El documento advierte que en Argentina la empresa fue varias veces denunciada por afectar el glaciar Conconta mediante la apertura de caminos, y que sus emprendimientos Pascua Lama y Veladero están ubicados dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo de la UNESCO y “se encuentran emplazados en ambiente periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares”.
“Barrick goza de total impunidad para destruir los glaciares. Lo más grave es que tanto el gobierno de San Juan como el Gobierno Nacional actúan de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Es fundamental que la aplicación de la norma comience por la región cuyana, donde las actividades mineras pueden estar afectando glaciares”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace
El informe señala que cerca del 75% del territorio argentino es árido o semiárido, y se estima que el cambio climático afectará la disponibilidad de agua potable en la región de Cuyo, que depende en gran medida de los deshielos de los Andes.
En ese sentido, Greenpeace advierte que “la minería afecta a los glaciares en su etapa de exploración y explotación, con su remoción, la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el levantamiento de polvo que acelera su derretimiento, y la cobertura de los mismos por materiales de descarte. Con más de 200 nuevos proyectos mineros en la zona andina central de Argentina (solamente San Juan tiene más de 150), el impacto acumulativo sobre glaciares y ambiente periglacial puede ser catastrófico si antes no se realiza el inventario estipulado por la Ley de Glaciares”.
La organización ambientalista señaló que los recursos judiciales presentados por Barrick contra la Ley de Glaciares son un acto de “autoincriminación”, ya que están impidiendo que se realice el inventario de glaciares y ambiente periglacial en sus emprendimientos y que se le efectúe una auditoría ambiental para corroborar si está afectando glaciares (artículo 15 de la ley).
“Esperamos que la Corte Suprema resuelva rápidamente el bloqueo judicial que está realizando esta empresa para evitar que se le aplique la Ley de Glaciares”, afirmó Giardini.
Fecha de Publicación: 21/07/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: San Juan
Greenpeace publicó un informe titulado “Barrick: Minería responsable de destruir los glaciares” en el que denuncia que la empresa canadiense ya afectó seriamente glaciares tanto en Chile como en Argentina, y advierte que sus dos proyectos, Veladero y Pascua Lama, están incumpliendo la Ley de Glaciares. (1)
“El proyecto Pascua Lama incluía el traslado de tres glaciares del lado chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza), pero dicho plan fue prohibido y se obligó a la empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. Sin embargo, en un informe técnico del año 2005 se advierte que la superficie de los mismos disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades realizadas por Barrick. En febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos”, detalla el informe.
El documento advierte que en Argentina la empresa fue varias veces denunciada por afectar el glaciar Conconta mediante la apertura de caminos, y que sus emprendimientos Pascua Lama y Veladero están ubicados dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo de la UNESCO y “se encuentran emplazados en ambiente periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares”.
“Barrick goza de total impunidad para destruir los glaciares. Lo más grave es que tanto el gobierno de San Juan como el Gobierno Nacional actúan de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Es fundamental que la aplicación de la norma comience por la región cuyana, donde las actividades mineras pueden estar afectando glaciares”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace
El informe señala que cerca del 75% del territorio argentino es árido o semiárido, y se estima que el cambio climático afectará la disponibilidad de agua potable en la región de Cuyo, que depende en gran medida de los deshielos de los Andes.
En ese sentido, Greenpeace advierte que “la minería afecta a los glaciares en su etapa de exploración y explotación, con su remoción, la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el levantamiento de polvo que acelera su derretimiento, y la cobertura de los mismos por materiales de descarte. Con más de 200 nuevos proyectos mineros en la zona andina central de Argentina (solamente San Juan tiene más de 150), el impacto acumulativo sobre glaciares y ambiente periglacial puede ser catastrófico si antes no se realiza el inventario estipulado por la Ley de Glaciares”.
La organización ambientalista señaló que los recursos judiciales presentados por Barrick contra la Ley de Glaciares son un acto de “autoincriminación”, ya que están impidiendo que se realice el inventario de glaciares y ambiente periglacial en sus emprendimientos y que se le efectúe una auditoría ambiental para corroborar si está afectando glaciares (artículo 15 de la ley).
“Esperamos que la Corte Suprema resuelva rápidamente el bloqueo judicial que está realizando esta empresa para evitar que se le aplique la Ley de Glaciares”, afirmó Giardini.
Acuerdo escandaloso entre Gobierno y Barrick
Acuerdo escandaloso entre Gobierno y Barrick Gold
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: CNC - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El diputado Miguel Bonasso denunció que el inventario previsto por la ley de glaciares fue encomendado a una fundación que mantiene un acuerdo de cooperación con la empresa minera Barrick Gold.
"El Poder Ejecutivo ha vuelto a demostrar su total falta de respeto por la ley 26.639 de protección de los glaciares, al encomendar la confección del inventario previsto por la norma a una fundación que ha mantenido un acuerdo de cooperación con la Barrick Gold, la empresa canadiense que se opone a la ley y ha logrado paralizarla en San Juan mediante un amparo judicial", aseguro Miguel Bonasso, del interbloque Proyecto Sur y principal impulsor de la ley sancionada el año pasado.
De acuerdo al diputado, en un acto realizado en la propia Residencia de Olivos y conducido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -a cargo de Juan José Mussi- le entregó $ 3.400.000 a la Fundación Innova-T, para colaborar en el primer año "de ejecución del inventario de glaciares".
La Fundación Innova-T, que fue creada en 1993 por el CONICET y es cuestionada por miembros del propio organismo, informa en su página web que ha firmado "acuerdos de cooperación" con diversas entidades públicas y privadas entre las que destaca Barrick Exploraciones Argentina S.A., subsidiaria local de la Barrick Gold Corporation, que explota en San Juan las minas de Veladero y Pascua Lama, dos de los proyectos más cuestionados por la amenaza a los glaciares que representan.
"Es un verdadero escándalo que una fundación que mantiene o ha mantenido lazos con la empresa que más ha saboteado la ley de glaciares, 'apoye' a la Secretaría de Ambiente en su coordinación´' de tareas con el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para realizar el inventario que ordena la ley. Es como darle a contar al zorro las gallinas del gallinero", señalo el legislador porteño.
Para culminar, Bonasso puntualizó que "no se trata de una exageración retórica: una denuncia judicial realizada hace más de un año por la diputada (de la Coalición Cívica) Fernanda Reyes estableció que la empresa Barrick Exploraciones Argentina S.A. tenía sus oficinas en el mismo edificio que dos empresas pertenecientes al actual Secretario de Minería Jorge Mayoral. Así de impunes son las cosas".
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: CNC - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El diputado Miguel Bonasso denunció que el inventario previsto por la ley de glaciares fue encomendado a una fundación que mantiene un acuerdo de cooperación con la empresa minera Barrick Gold.
"El Poder Ejecutivo ha vuelto a demostrar su total falta de respeto por la ley 26.639 de protección de los glaciares, al encomendar la confección del inventario previsto por la norma a una fundación que ha mantenido un acuerdo de cooperación con la Barrick Gold, la empresa canadiense que se opone a la ley y ha logrado paralizarla en San Juan mediante un amparo judicial", aseguro Miguel Bonasso, del interbloque Proyecto Sur y principal impulsor de la ley sancionada el año pasado.
De acuerdo al diputado, en un acto realizado en la propia Residencia de Olivos y conducido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -a cargo de Juan José Mussi- le entregó $ 3.400.000 a la Fundación Innova-T, para colaborar en el primer año "de ejecución del inventario de glaciares".
La Fundación Innova-T, que fue creada en 1993 por el CONICET y es cuestionada por miembros del propio organismo, informa en su página web que ha firmado "acuerdos de cooperación" con diversas entidades públicas y privadas entre las que destaca Barrick Exploraciones Argentina S.A., subsidiaria local de la Barrick Gold Corporation, que explota en San Juan las minas de Veladero y Pascua Lama, dos de los proyectos más cuestionados por la amenaza a los glaciares que representan.
"Es un verdadero escándalo que una fundación que mantiene o ha mantenido lazos con la empresa que más ha saboteado la ley de glaciares, 'apoye' a la Secretaría de Ambiente en su coordinación´' de tareas con el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para realizar el inventario que ordena la ley. Es como darle a contar al zorro las gallinas del gallinero", señalo el legislador porteño.
Para culminar, Bonasso puntualizó que "no se trata de una exageración retórica: una denuncia judicial realizada hace más de un año por la diputada (de la Coalición Cívica) Fernanda Reyes estableció que la empresa Barrick Exploraciones Argentina S.A. tenía sus oficinas en el mismo edificio que dos empresas pertenecientes al actual Secretario de Minería Jorge Mayoral. Así de impunes son las cosas".
Glaciares: Corte Suprema aceptó su jurisdicción
La Corte Suprema se encargará de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal de la Nación declaró su competencia originaria en tres causas en donde se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre del año pasado, y que impone ciertas restricciones a la actividad de las empresas mineras.
A raíz de los pleitos entablados por la Provincia de San Juan y las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y Asociación Obrera Minera, que explotan a "cielo abierto" el yacimiento de Pascua Lama, la Corte sostuvo que “dada la índole de la participación asumida en el pleito por San Juan corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”.
Las mineras argumentaron que con la sanción de la Ley de Glaciares se introdujo una modificación perjudicial para sus intereses y consiguieron seguir operando en los yacimientos por la sanción de medidas cautelares que posibilitaron la continuidad de la explotación, cuestionada por asambleas ciudadanas y organizaciones sociales por el impacto ecológico negativo.
Las medidas cautelares suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26.639, denominada "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial", destinada a la preservación del medio ambiente y, en especial, de los reservorios de agua dulce.
"Dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio", expresó el máximo tribunal.
Asimismo, sostuvo que "esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte, en mérito a que es la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia como el Estado Nacional". Tras la reforma de la constitución en 1994, los recursos naturales quedaron bajo el orden provincial.
La Ley de Glaciares, que impone límites a la actividad minera en el país, fue convertida en ley el 30 de septiembre de 2010 por el Senado de la Nación. En 2008, la presidenta Cristina Kirchner vetó una ley similar, pero el senador porteño y ahora candidato a jefe de gobierno, Daniel Filmus, volvió a presentar un nuevo texto, finalmente sancionado en 2010.
El 28 de febrero de 2011, la Presidenta firmó un decreto que aprobó el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar, en el marco de la reglamentación de la Ley de Glaciares.
El trámite se produjo una semana después de una protesta realizada por la organización ambientalista Greepeace en San Juan, donde la policía desalojó un campamento montado en el camino hacia la mina Veladero y detuvo a una decena de manifestantes que reclamaban la reglamentación.
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La Corte intervendrá en la causa por los glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Declaró su competencia originaria ante el planteo de 3 causas que cuestionan la ley nacional.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en las causas interpuestas por el sector privado minero local y la provincia de San Juan contra la Nación, que a fines del año pasado frenaron en esta jurisdicción la vigencia de la Ley Nacional 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, por considerarla inconstitucional.
Esos expedientes fueron interpuestos por dos mineras y el gremio AOMA, y la provincia ingresó al pleito como "tercero involucrado", como parte de una estrategia de llevar el caso a la Corte argumentando que la ley sancionada atenta contra la autonomía y federalismo de las provincias, al avasallar los derechos de disponer de sus recursos naturales. Según informaron desde el Centro de Información Judicial, la Corte declaró su "competencia originaria" en las causas que cuestionan la constitucionalidad de la ley, y se constituyó en "tribunal único", lo que quiere decir que no intervendrá otro de inferior jerarquía. Además, el Máximo Tribunal sostuvo que "dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan en la calidad indicada en el considerando precedente, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio". El gobierno local esperaba este paso de la Corte, que significa nada menos que será el máximo tribunal del país quien decidirá finalmente si la ley de glaciares sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado es inconstitucional y avasalla los derechos federales de las provincias.
El Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, se mostró satisfecho por la decisión del máximo tribunal y dijo que ahora la provincia, al sustanciarse la causa; podrá demostrar "que no sólo está protegiendo sus recursos glaciares, sino que además estamos llevando la actividad minera en zona de glaciares y periglaciares de una manera sustentable y sin afectarlos\'. "Eso es lo que queremos demostrar ante la Corte", admitió De Sanctis.
La decisión judicial de ayer engrosa la larga lista de idas y vueltas en el intento por sancionar una ley nacional de glaciares que arrancó en el 2008 (ver página 7).
Argumentos
Según informaron las fuentes judiciales, el Máximo Tribunal consideró la petición de la provincia de San Juan bajo los siguientes términos: "Al haber invocado el Estado provincial en su primera presentación el privilegio que le asiste en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte\'\'
"Es un paso decisivo, y esperado y que celebramos\'\', dijo al respecto De Sanctis. "Como fiscal de Estado, y en defensa del patrimonio provincial, de la jurisdicción y de las atribuciones constitucionales de la provincia en relación al manejo y uso de los recursos naturales como son los glaciares; y también en defensa de nuestras atribuciones en defensa del medio ambiente, celebro que la Corte se haya manifestado\'\', agregó. Las tres causas declarativas de inconstitucionalidad de la ley de glaciares fueron interpuestas en San Juan, en noviembre de 2010 por Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y la Asociación Obrera Minera. En todas ellas el gobierno se presentó como tercero involucrado. El titular del Juzgado Federal Nro.1, Miguel Galvez hizo lugar a la presentación y frenó la aplicación de la ley. Esta iba a impedir que las mineras radicadas en San Juan siguieran operando, debido a una serie de prohibiciones (ver recuadro). La provincia de San Juan cuenta con su propia ley de protección de glaciares -la Nro 8144, además de que está realizando un inventario de glaciares desde antes que se sancionara la ley nacional.
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La Corte Suprema aceptó su jurisdicción en cautelares por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El Máximo Tribunal del país intervendrá en tres causas en las cuales se dictaron medidas de esa índole, que involucran emprendimientos mineros en el territorio de la provincia de San Juan.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró su competencia originaria en tres causas en las cuales se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26639, de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con respecto a emprendimientos mineros en el territorio de la provincia de San Juan.
En ese sentido, el Máximo Tribunal sostuvo que “dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan en la calidad indicada en el considerando precedente, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”.
“En tales condiciones y al haber invocado el Estado provincial en su primera presentación el privilegio que le asiste en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte rationae personae, en mérito a que la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia a no ser juzgada por los tribunales inferiores de la Nación, en virtud de la referida garantía de rango constitucional que al respecto le reconoce el citado artículo 117, como el Estado Nacional al fuero federal, según el artículo 116 de la Ley Fundamental, es sustanciado el proceso en esta instancia”, se agregó.
Pascua Lama: denuncia ante la CSJ
Pascua Lama: denuncia ante la Corte para que cese su actividad minera
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold en San Juan se lleva adelante sobre estas reservas de agua.
Varias organizaciones ambientalistas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicitaron que se ordene el inmediato cese de actividades del proyecto minero binacional “Pascua Lama" (San Juan), en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares, y disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares que impiden su aplicación en esa provincia.
La medida fue llevada adelante por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra Argentina y Diálogo por el Ambiente.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6° de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada, también solicita que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan” que impiden la aplicación en la provincia de los artículos clave de la norma en dicha provincia.
Asimismo, la demanda tiene por objeto que se garantice la plena vigencia de la Ley de Protección de Glaciares y que se ordene la realización inmediata del inventario nacional de glaciares y la auditoría ambiental que establece la norma sobre el emprendimiento Pascua-Lama.
Por otro lado, la presentación judicial pide que se condene a los demandados (el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias) a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Pascua-Lama, incluso antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold en San Juan se lleva adelante sobre estas reservas de agua.
Varias organizaciones ambientalistas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicitaron que se ordene el inmediato cese de actividades del proyecto minero binacional “Pascua Lama" (San Juan), en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares, y disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares que impiden su aplicación en esa provincia.
La medida fue llevada adelante por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra Argentina y Diálogo por el Ambiente.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6° de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada, también solicita que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan” que impiden la aplicación en la provincia de los artículos clave de la norma en dicha provincia.
Asimismo, la demanda tiene por objeto que se garantice la plena vigencia de la Ley de Protección de Glaciares y que se ordene la realización inmediata del inventario nacional de glaciares y la auditoría ambiental que establece la norma sobre el emprendimiento Pascua-Lama.
Por otro lado, la presentación judicial pide que se condene a los demandados (el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias) a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Pascua-Lama, incluso antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
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Campaña contra la Barrick
Campaña contra la Barrick y por la aplicación de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 08/04/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, junto a más de cuarenta asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, ambientalistas y políticas, lanzaron una campaña contra los amparos judiciales presentados por la minera canadiense Barrick Gold que impiden la plena aplicación de la Ley de Glaciares. Además, reclaman al Gobierno Nacional la urgente realización del inventario en las áreas prioritarias y las auditorías ambientales a las empresas mineras para corroborar si están afectando glaciares.
Las organizaciones juntarán firmas en la calle y desde sus páginas webs para reclamar “la plena vigencia de la Ley de Glaciares en todo el país, la urgente realización de las auditorías ambientales y el levantamiento de las medidas cautelares presentadas por la empresa Barrick Gold”.
Advirtieron que “hoy en la Argentina los glaciares se ven amenazados por un número cada vez mayor de grandes proyectos mineros que avanzan sobre áreas glaciares y periglaciares. Es preciso que ese proceso de destrucción se detenga de inmediato. Es incomprensible que el Gobierno Nacional esté demorando la aplicación de la Ley de Glaciares, aprobada en septiembre de 2010. La Ley de Glaciares debe comenzar a ejecutarse sin más demoras, e iniciarse de manera urgente las auditorías ambientales sobre los proyectos mineros en ejecución”.
“Los amparos judiciales presentados en la provincia de San Juan, principalmente por la empresa Barrick, que inhiben la aplicación de la ley en esa provincia, deben ser resueltos inmediatamente. Es un imperativo moral y un principio de responsabilidad colectiva elemental frente a los derechos de las actuales y próximas generaciones que los impulsores de los amparos, desistan de los mismos y se levanten de inmediato las arbitrarias medidas cautelares que bloquean la ley”, señalan en el petitorio conjunto.
“Debemos ponerle un freno a la Barrick. Esta empresa ya afectó glaciares del lado chileno en la etapa exploratoria del proyecto Pascua Lama y ahora, con sus amparos judiciales, está impidiendo que se la audite para corroborar si, como se sospecha, está afectando glaciares del lado argentino”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
La campaña está teniendo fuerte aceptación de la gente: en sólo tres días ya participaron más de 30.000 personas. El reclamo puede firmarse en www.greenpeace.org.ar.
“La Ley de Glaciares fue un gran logro en materia ambiental, pero su aplicación está congelada. Los recursos de amparo presentados por Barrick y por un conjunto de empresas proveedoras de la minera en San Juan son un acto de autoincriminación. Lo más grave es que el Gobierno Nacional actúa de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Convocamos a todos los argentinos a frenar a la Barrick y a sus cómplices”, afirmó Giardini.
Nota:
Convocan: Amigos de la Tierra Argentina (CABA), Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos (Santa Cruz), Asamblea Ciudadanos por la Vida. Chilecito (La Rioja), Asociación Amigos de los Parques Nacionales (CABA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (CABA), Asociación Civil Energía Sustentable (CABA), Asociación de Viñateros Independientes (San Juan), Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan), Ave Fénix Fundación Ecológica (Tucumán), Calingasta por Siempre (San Juan), Centro Ecologista Renacer (Santa Fe), Coalición Cívica – ARI (CABA), Comisión Ambientalista Xanaes (Córdoba), Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku (Salta), Diálogo por el Ambiente (CABA), Eco-Sitio (Córdoba), Espacio Oikos (Buenos Aires), Espacio por el Agua (San Juan), Foro Cívico y Social por la Defensa de la Constitución y el Agua (San Juan), Frente Cívico por la Vida (San Juan), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (CABA), Fundación Argentina del Medio Ambiente (Buenos Aires), Fundación Banco de Bosques (CABA), Fundación de Ciudadanos Independientes (San Juan), Fundación Ecosur (CABA), Fundación Patagonia Natural (Chubut), Fundación Proteger (Santa Fe), Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental (Entre Ríos), Greenpeace Argentina (CABA), Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero), Grupo de Acción Ecológica Pampa Natural (Buenos Aires), Hermanos de la Tierra (Buenos Aires), Instituto de Estudios para una Nueva Generación (CABA), Jóvenes por la Igualdad (CABA), Oikos Red Ambiental (Mendoza), Proyecto Cambio Climático (CABA), Proyecto Lemu (Epuyén, Chubut), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (CABA), Red Provincial de ONGs de San Juan, Taller de Comunicación Ambiental(Santa Fe), Taller Ecologista (Santa Fe) y Voces de Alerta (CABA).
Fecha de Publicación: 08/04/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, junto a más de cuarenta asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, ambientalistas y políticas, lanzaron una campaña contra los amparos judiciales presentados por la minera canadiense Barrick Gold que impiden la plena aplicación de la Ley de Glaciares. Además, reclaman al Gobierno Nacional la urgente realización del inventario en las áreas prioritarias y las auditorías ambientales a las empresas mineras para corroborar si están afectando glaciares.
Las organizaciones juntarán firmas en la calle y desde sus páginas webs para reclamar “la plena vigencia de la Ley de Glaciares en todo el país, la urgente realización de las auditorías ambientales y el levantamiento de las medidas cautelares presentadas por la empresa Barrick Gold”.
Advirtieron que “hoy en la Argentina los glaciares se ven amenazados por un número cada vez mayor de grandes proyectos mineros que avanzan sobre áreas glaciares y periglaciares. Es preciso que ese proceso de destrucción se detenga de inmediato. Es incomprensible que el Gobierno Nacional esté demorando la aplicación de la Ley de Glaciares, aprobada en septiembre de 2010. La Ley de Glaciares debe comenzar a ejecutarse sin más demoras, e iniciarse de manera urgente las auditorías ambientales sobre los proyectos mineros en ejecución”.
“Los amparos judiciales presentados en la provincia de San Juan, principalmente por la empresa Barrick, que inhiben la aplicación de la ley en esa provincia, deben ser resueltos inmediatamente. Es un imperativo moral y un principio de responsabilidad colectiva elemental frente a los derechos de las actuales y próximas generaciones que los impulsores de los amparos, desistan de los mismos y se levanten de inmediato las arbitrarias medidas cautelares que bloquean la ley”, señalan en el petitorio conjunto.
“Debemos ponerle un freno a la Barrick. Esta empresa ya afectó glaciares del lado chileno en la etapa exploratoria del proyecto Pascua Lama y ahora, con sus amparos judiciales, está impidiendo que se la audite para corroborar si, como se sospecha, está afectando glaciares del lado argentino”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
La campaña está teniendo fuerte aceptación de la gente: en sólo tres días ya participaron más de 30.000 personas. El reclamo puede firmarse en www.greenpeace.org.ar.
“La Ley de Glaciares fue un gran logro en materia ambiental, pero su aplicación está congelada. Los recursos de amparo presentados por Barrick y por un conjunto de empresas proveedoras de la minera en San Juan son un acto de autoincriminación. Lo más grave es que el Gobierno Nacional actúa de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Convocamos a todos los argentinos a frenar a la Barrick y a sus cómplices”, afirmó Giardini.
Nota:
Convocan: Amigos de la Tierra Argentina (CABA), Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos (Santa Cruz), Asamblea Ciudadanos por la Vida. Chilecito (La Rioja), Asociación Amigos de los Parques Nacionales (CABA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (CABA), Asociación Civil Energía Sustentable (CABA), Asociación de Viñateros Independientes (San Juan), Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan), Ave Fénix Fundación Ecológica (Tucumán), Calingasta por Siempre (San Juan), Centro Ecologista Renacer (Santa Fe), Coalición Cívica – ARI (CABA), Comisión Ambientalista Xanaes (Córdoba), Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku (Salta), Diálogo por el Ambiente (CABA), Eco-Sitio (Córdoba), Espacio Oikos (Buenos Aires), Espacio por el Agua (San Juan), Foro Cívico y Social por la Defensa de la Constitución y el Agua (San Juan), Frente Cívico por la Vida (San Juan), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (CABA), Fundación Argentina del Medio Ambiente (Buenos Aires), Fundación Banco de Bosques (CABA), Fundación de Ciudadanos Independientes (San Juan), Fundación Ecosur (CABA), Fundación Patagonia Natural (Chubut), Fundación Proteger (Santa Fe), Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental (Entre Ríos), Greenpeace Argentina (CABA), Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero), Grupo de Acción Ecológica Pampa Natural (Buenos Aires), Hermanos de la Tierra (Buenos Aires), Instituto de Estudios para una Nueva Generación (CABA), Jóvenes por la Igualdad (CABA), Oikos Red Ambiental (Mendoza), Proyecto Cambio Climático (CABA), Proyecto Lemu (Epuyén, Chubut), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (CABA), Red Provincial de ONGs de San Juan, Taller de Comunicación Ambiental(Santa Fe), Taller Ecologista (Santa Fe) y Voces de Alerta (CABA).
Un reclamo por los glaciares
Un reclamo por los glaciares
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una conferencia en el Congreso, diversas organizaciones, asambleas locales y legisladores pidieron una “urgente y plena” aplicación de la Ley de Glaciares. Criticaron los amparos judiciales que tienen frenada la norma en algunas provincias.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, en defensa del medio ambiente, legisladores y representantes de asambleas ciudadanas de provincias mineras exigieron ayer “la urgente y plena aplicación” de la Ley de Protección de Glaciares, ante la existencia de un “modelo saqueador y extractivista” de minería. En ese sentido, subrayaron la “resistencia social” que hay en las localidades adonde están los emprendimientos mineros. Los ambientalistas consideraron como “deficitaria e incompleta” la reglamentación de la ley, dado que no contempla el artículo 15 sobre el inventario de zonas prioritarias y auditorías ambientales. Desde el Congreso, pidieron la interpelación del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, para que dé explicaciones sobre la reglamentación.
Las quejas de legisladores y ambientalistas se fundan en que la reglamentación de la ley fue parcial: aseguran que no contempla, entre otros, el artículo 15, que establece un inventario en zonas prioritarias –en actividad minera en la actualidad– y las auditorías ambientales a emprendimientos en ejecución para reconocer el impacto sobre el terreno. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explicó a Página/12 que ya se deberían haber determinado las áreas prioritarias y resuelto el mecanismo de auditoría”. Por eso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes pidió la interpelación de Mussi.
En diálogo con este diario, Marta Maffei, autora del proyecto de ley original, consideró que “está bien que la reglamentación no sea demasiado restrictiva, porque a veces desvirtúa la propia ley. Es operativa, la mayoría no requería reglamentarse”. A su vez, explicó que “el artículo 2 dice que todo lo que no esté reglamentado debe hacerlo la autoridad de aplicación. Ahora hay que trabajar sobre eso”. Y advirtió que “la aplicación de la ley es otro paso”.
Los reclamos se enfocaron en la “resistencia” de las poblaciones a los proyectos mineros como los de San Jorge, en Uspallata, en Mendoza o Agua Rica, en Andalgalá, en Catamarca, a pesar de las leyes locales de prohibición de minerías. En ese sentido, los asambleístas criticaron las medidas cautelares en las provincias para frenar la aplicación de la legislación sobre el tema. Y uno de los ejes bajo la lupa fue el rol que tendrá la Procuración del Tesoro de la Nación para defender judicialmente la ley ante las medidas dictadas en la Justicia Federal de San Juan que suspenden la aplicación de la norma en esa provincia.
Los asambleas ciudadanas denunciaron maniobras de hostigamiento y persecución a los ambientalistas locales, tal como ocurrió hace unos días con los activistas de Greenpeace en San Juan. Eugenia Testa, de esa ONG, denunció la “resistencia” de la aplicación de la Ley de Glaciares en las provincias mineras y la “impunidad de un sector que explota los recursos y está impactando sobre el ambiente”. “El modelo minero no puede instaurarse sin la entrega, la represión y la impunidad del poder político”, dijo Elsa Quiroz, diputada nacional (CC), en la conferencia de prensa realizada en el Congreso.
También se escucharon las voces de asambleas. “El 77 por ciento de la población le dijo ‘no’ al proyecto minero San Jorge. Pero sigue avanzando, sin escuchar al pueblo. El agua de Mendoza corre riesgo de contaminación y envenenamiento por este proyecto”, contó Claudia Timoner, de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza. De Andalgalá, Arturo Flores contó que el lugar “ya está contaminado. Todos los días hay personas con grandes problemas de salud, como cáncer. Es intolerable”.
Por su parte, Reyes enfatizó que “la reglamentación llegó tarde y mal para darles tiempo a las mineras de seguir operando”. En el transcurso de la total puesta en marcha de la ley, Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut, alertó que con este modelo “nos quedamos sin los bienes comunes (agua)”. A modo de síntesis, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, subrayó que el modelo minero “privilegia el capital financiero sobre la vida”.
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una conferencia en el Congreso, diversas organizaciones, asambleas locales y legisladores pidieron una “urgente y plena” aplicación de la Ley de Glaciares. Criticaron los amparos judiciales que tienen frenada la norma en algunas provincias.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, en defensa del medio ambiente, legisladores y representantes de asambleas ciudadanas de provincias mineras exigieron ayer “la urgente y plena aplicación” de la Ley de Protección de Glaciares, ante la existencia de un “modelo saqueador y extractivista” de minería. En ese sentido, subrayaron la “resistencia social” que hay en las localidades adonde están los emprendimientos mineros. Los ambientalistas consideraron como “deficitaria e incompleta” la reglamentación de la ley, dado que no contempla el artículo 15 sobre el inventario de zonas prioritarias y auditorías ambientales. Desde el Congreso, pidieron la interpelación del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, para que dé explicaciones sobre la reglamentación.
Las quejas de legisladores y ambientalistas se fundan en que la reglamentación de la ley fue parcial: aseguran que no contempla, entre otros, el artículo 15, que establece un inventario en zonas prioritarias –en actividad minera en la actualidad– y las auditorías ambientales a emprendimientos en ejecución para reconocer el impacto sobre el terreno. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explicó a Página/12 que ya se deberían haber determinado las áreas prioritarias y resuelto el mecanismo de auditoría”. Por eso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes pidió la interpelación de Mussi.
En diálogo con este diario, Marta Maffei, autora del proyecto de ley original, consideró que “está bien que la reglamentación no sea demasiado restrictiva, porque a veces desvirtúa la propia ley. Es operativa, la mayoría no requería reglamentarse”. A su vez, explicó que “el artículo 2 dice que todo lo que no esté reglamentado debe hacerlo la autoridad de aplicación. Ahora hay que trabajar sobre eso”. Y advirtió que “la aplicación de la ley es otro paso”.
Los reclamos se enfocaron en la “resistencia” de las poblaciones a los proyectos mineros como los de San Jorge, en Uspallata, en Mendoza o Agua Rica, en Andalgalá, en Catamarca, a pesar de las leyes locales de prohibición de minerías. En ese sentido, los asambleístas criticaron las medidas cautelares en las provincias para frenar la aplicación de la legislación sobre el tema. Y uno de los ejes bajo la lupa fue el rol que tendrá la Procuración del Tesoro de la Nación para defender judicialmente la ley ante las medidas dictadas en la Justicia Federal de San Juan que suspenden la aplicación de la norma en esa provincia.
Los asambleas ciudadanas denunciaron maniobras de hostigamiento y persecución a los ambientalistas locales, tal como ocurrió hace unos días con los activistas de Greenpeace en San Juan. Eugenia Testa, de esa ONG, denunció la “resistencia” de la aplicación de la Ley de Glaciares en las provincias mineras y la “impunidad de un sector que explota los recursos y está impactando sobre el ambiente”. “El modelo minero no puede instaurarse sin la entrega, la represión y la impunidad del poder político”, dijo Elsa Quiroz, diputada nacional (CC), en la conferencia de prensa realizada en el Congreso.
También se escucharon las voces de asambleas. “El 77 por ciento de la población le dijo ‘no’ al proyecto minero San Jorge. Pero sigue avanzando, sin escuchar al pueblo. El agua de Mendoza corre riesgo de contaminación y envenenamiento por este proyecto”, contó Claudia Timoner, de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza. De Andalgalá, Arturo Flores contó que el lugar “ya está contaminado. Todos los días hay personas con grandes problemas de salud, como cáncer. Es intolerable”.
Por su parte, Reyes enfatizó que “la reglamentación llegó tarde y mal para darles tiempo a las mineras de seguir operando”. En el transcurso de la total puesta en marcha de la ley, Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut, alertó que con este modelo “nos quedamos sin los bienes comunes (agua)”. A modo de síntesis, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, subrayó que el modelo minero “privilegia el capital financiero sobre la vida”.
Avance para la Ley de Glaciares
Avance para la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 01/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dio un paso hacia la reglamentación de la Ley de Glaciares al firmar ayer la presidenta Cristina Fernández un decreto que aprueba el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. Fuentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron anoche que para que la ley entre plenamente en vigencia “cada provincia deberá ratificarla”. La cartera ambiental, además, firmó con el Conicet un convenio marco de trabajo conjunto y otro en el que se explicita el cronograma del inventario sobre áreas glaciares y periglaciares que exige la ley. La norma fue sancionada el 30 de septiembre por el Senado y promulgada un mes después por la Presidenta. Su reglamentación era reclamada por organizaciones ambientalistas y legisladores de la oposición.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi. Fernández explicó que la “tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciares lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales”, tal como fija la norma.
El senador nacional Daniel Filmus, impulsor de la Ley de Glaciares, consideró que el Gobierno dio “un paso importantísimo para proteger las reservas de agua dulce” del país y opinó que la realización del inventario de glaciares “es el núcleo central de la ley” porque “permitirá conocer en detalle cuáles son las reservas de agua que hay que proteger”.
Por su parte, la organización ambientalista Greenpeace expresó que, “además de la realización del inventario, la ley establece que antes de abril se deben hacer las auditorías en los actuales proyectos mineros que podrían estar afectando glaciares”.
El cronograma anunciado ayer, explicó el jefe de Gabinete, permitirá tener, en un año, “algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares”.
Fernández admitió que “cada provincia, según la Constitución Nacional, tiene potestad sobre sus recursos naturales”, por lo que la aplicación efectiva de la norma puede dilatarse por un tiempo indefinido, tal como ocurre en la actualidad a partir de presentaciones judiciales realizadas por empresas mineras y gobiernos locales contra la ley.
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Ahora las provincias deben ratificar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 01/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no lo hacen,la ley no tendrá vigencia en el país / Se comenzaráa hacer un inventario/ Ayer,la Presidenta firmó el decreto de presupuestos.
Buenos Aires. El Gobierno dio un paso hacia la reglamentación de la Ley de Glaciares al firmar ayer la presidenta Cristina Fernández un decreto que aprueba el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar.
Si bien se anunció oficialmente que la norma había sido reglamentada, una situación reclamada por ambientalistas y dirigentes de la oposición, fuentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron que “cada provincia deberá ratificar a su vez la ley para su entrada en vigencia”.
La cartera ambiental, en tanto, firmó con el Conicet un convenio marco de trabajo conjunto y otro en el que se explicita el cronograma del inventario sobre áreas glaciares y periglaciares que exige la ley, sancionada el 30 de septiembre por el Senado y promulgada un mes después por la Presidenta.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, en una conferencia de prensa que ofrecieron ayer en la Casa Rosada.
Fernández explicó que la “tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciares lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla)”, tal como fija la norma. El cronograma, expresó el funcionario, permitirá “tener al año algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cincos años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Peri-Glaciares”.
El jefe de Gabinete explicó que “cada provincia, según el artículo 124 de la Constitución Nacional, tiene potestad sobre sus recursos naturales”, por lo que la aplicación efectiva de la norma puede dilatarse por un tiempo indefinido, tal como ocurre en la actualidad a partir de sendas presentaciones judiciales realizadas por empresas mineras y gobiernos locales contra la ley.
Fernández hizo alusión al trabajo conjunto que la Nación y las provincias deberán hacer en apoyo de los estudios que realizará el Ianigla, cuya sede está en Mendoza.
Por su parte, el funcionario aseguró que “no están vencidos los plazos para comenzar el inventario, según dictamina la ley” y sostuvo que el texto de la misma “ per se posee tanta casuística que no requiere de una reglamentación específica para su aplicación”, tal como reclaman agrupaciones ambientalistas y dirigentes políticos opositores al gobierno nacional.
Convenio para el Inventario de glaciares
Se firmó el Convenio para la realización del Inventario de glaciares en nuestro país
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Encabezada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se llevó a cabo esta mañana en la residencia de Olivos, la firma del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación para la colaboración e intercambio recíproco destinado a las tareas de investigación y promoción del desarrollo sustentable.
Junto a él, se rubricó un Acta Complementaria por la que se designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para realizar un Inventario de glaciares en nuestro país.
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Encabezada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se llevó a cabo esta mañana en la residencia de Olivos, la firma del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación para la colaboración e intercambio recíproco destinado a las tareas de investigación y promoción del desarrollo sustentable.
Junto a él, se rubricó un Acta Complementaria por la que se designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para realizar un Inventario de glaciares en nuestro país.
San Juan: Liberaron a militantes de Greenpeace
Liberaron en San Juan a militantes de Greenpeace
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
Los ambientalistas detenidos el miércoles a la mañana por la policía de San Juan, tras haber construido un campamento en un camino de acceso a la mina de oro Veladero, en la cordillera sanjuanina, fueron liberados a la medianoche del mismo día y seguirán vinculados a la causa.
El gobernador José Luis Gioja le dijo anoche a Clarín : “ Se metieron presos solos” y aclaró que la provincia se limitó a cumplir con la orden judicial de desalojar el bloqueo del camino.
María Eugenia Testa y Flor de Cabo, integrantes de Greenpeace, junto a Ramón Gómez y Walter Gambetta, militantes ambientalistas sanjuaninos, quedaron imputados en una causa por violación a artículo 194° del Código Penal , que reprime con prisión de tres meses a dos años, a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Se los acusa de haber obstruido el acceso a la mina ubicada sobre la cordillera sanjuanina, a 400 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina.
En cercanías de Tudcum, el último pueblo antes de iniciar el ascenso a la mina, los militantes de Greenpeace instalaron un campamento construido con un container parcialmente atravesado sobre el camino y se encadenaron entre sí para reclamar que la empresa minera Barrick, que explota la mina Veladero, “deje de obstaculizar la aplicación de la Ley de Glaciares”. La norma, sancionada por el Congreso Nacional, no está en vigencia luego que el juez federal de San Juan Miguel Gálvez hiciera lugar al amparo presentado por las empresas sanjuaninas prestadoras de servicios mineros y que fue apoyado por el gobierno provincial, lo que posibilitó que el tema pase a la Corte Suprema.
La protesta generó reacciones diversas en San Juan. Desde la capital viajaron una decena de integrantes de agrupaciones ambientalistas que se oponen a la minería a cielo abierto.
A su vez, un numeroso grupo de vecinos de Tudcum, un pueblo que vive de los servicios mineros, reclamaron a los militantes de Greenpeace que escuchen a los pobladores locales.
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
Los ambientalistas detenidos el miércoles a la mañana por la policía de San Juan, tras haber construido un campamento en un camino de acceso a la mina de oro Veladero, en la cordillera sanjuanina, fueron liberados a la medianoche del mismo día y seguirán vinculados a la causa.
El gobernador José Luis Gioja le dijo anoche a Clarín : “ Se metieron presos solos” y aclaró que la provincia se limitó a cumplir con la orden judicial de desalojar el bloqueo del camino.
María Eugenia Testa y Flor de Cabo, integrantes de Greenpeace, junto a Ramón Gómez y Walter Gambetta, militantes ambientalistas sanjuaninos, quedaron imputados en una causa por violación a artículo 194° del Código Penal , que reprime con prisión de tres meses a dos años, a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Se los acusa de haber obstruido el acceso a la mina ubicada sobre la cordillera sanjuanina, a 400 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina.
En cercanías de Tudcum, el último pueblo antes de iniciar el ascenso a la mina, los militantes de Greenpeace instalaron un campamento construido con un container parcialmente atravesado sobre el camino y se encadenaron entre sí para reclamar que la empresa minera Barrick, que explota la mina Veladero, “deje de obstaculizar la aplicación de la Ley de Glaciares”. La norma, sancionada por el Congreso Nacional, no está en vigencia luego que el juez federal de San Juan Miguel Gálvez hiciera lugar al amparo presentado por las empresas sanjuaninas prestadoras de servicios mineros y que fue apoyado por el gobierno provincial, lo que posibilitó que el tema pase a la Corte Suprema.
La protesta generó reacciones diversas en San Juan. Desde la capital viajaron una decena de integrantes de agrupaciones ambientalistas que se oponen a la minería a cielo abierto.
A su vez, un numeroso grupo de vecinos de Tudcum, un pueblo que vive de los servicios mineros, reclamaron a los militantes de Greenpeace que escuchen a los pobladores locales.
San Juan: detuvieron a 50 activistas
San Juan: detuvieron a la directora de Greenpeace y a 50 activistas
Fecha de Publicación: 24/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
La policía y la gendarmería realizaron anoche un enorme operativo en el medio de la montaña en San Juan para detener a 50 activistas de Greenpeace , que se encontraban realizando una protesta contra la compañía canadiense Barrik Gold. Según la organización ecologista, la minera canadiense, que tiene llegada directa tanto a Cristina Kirchner como al gobernador José Luis Gioja, es la responsable de obstruir la entrada en vigencia de la ley de Glaciares , que se aprobó en octubre del año pasado, luego de que la presidenta la hubiera vetado dos años antes.
Desde la provincia y desde la empresa cargaron contra los ambientalistas . El gobierno provincial dijo que tiene una “palmaria preocupación” por los glaciares de San Juan y que mantiene su “monitoreo y cuidados irrestricto”. Para la Barrick, “Greenpeace se instaló sin permiso en el lugar, que es propiedad privada”.
Desde el martes a las 11 de la mañana, los ambientalistas habían logrado obstaculizar la entrada del camino minero que conduce a los yacimientos de oro y plata de Veladero y Pascua Lama , ubicados en el corazón de la cordillera, muy cerca del límite con Chile. Primero, sorprendieron a la seguridad, entrando por la retaguardia desde las montañas, instalando un campamento con carpas especiales para alta montaña, al que se encadenaron durante más de un día . Paralelamente, otro grupo instaló por delante de la garita de la guardia un gigante contenedor amarillo, que tenía pintado: “Barrick: basta de bloquear la ley de glaciares” . Las organizaciones sanjuanistas que se oponen a la mega minería en la provincia también dieron su apoyo a la protesta .
Al mediodía, la policía detuvo primero a la directora Política de Greenpeace, Eugenia Testa, acusándola de violar una norma provincial que impide el bloqueo de los caminos públicos, aunque la ruta minera -que hasta la entrada en operaciones de Veladero era de libre circulación- ahora es privada . Fue encerrada en una pequeña celda, con barrotes rojos, en la ciudad de Jáchal. El resto de los activistas fue detenido después de las 19, en un operativo muy grande en el que participó la policía provincial y la gendarmería. Ellos se habían encadenado entre sí con un sistema especial que usa Greenpeace, mediante el cual los manifestantes quedan unidos a través de unos tubos que son muy difíciles de cortar sin herir a los que lo llevan puesto . Así que, al final, los agentes de seguridad tuvieron que sacar a la rastra a los que protestaban.
La detención de Testa había provocado antes el repudio de varios partidos de oposición. Entre ellos, estaban los diputados Pino Solanas y Miguel Bonasso, quien ha denunciado los vínculos del poder con la compañía minera. La presidente Kirchner tiene trato personal con el CEO de la Barrick, Peter Munk , a quien recibió en su despacho en la Rosada luego de vetar por primera vez la ley de glaciares en 2008.
Desde San Juan, Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace, dijo a Clarín que la Barrick se “autoincrimina” cuando bloquea ante la justicia la ley de glaciares, porque así reconoce de hecho que tanto en Veladero como en Pascua Lama hay glaciares de roca y escombro. De lo contrario, no debería tener problemas para dejar entrar auditores de las universidades a sus yacimientos.
Operarios de la Barrick aplaudían mientras se llevaban a los activistas, que se resistieron pacíficamente a ser llevados por la policía. La empresa, por su lado, dijo en un comunicado que “cumple y respeta de manera cabal con todas las leyes aplicables y aprobaciones ambientales”.
En nombre de la Barrick Gold, Julio Claudeville, uno de los portavoces de la empresa, dijo a Clarín que los activistas “decidían qué subía y qué bajaba”, indicando que los ambientalistas no dejaron ingresar oxígeno, comida y combustible. Dijo además que la gente de Jáchal e Iglesias, donde la empresa realiza constantes donaciones, se opuso al piquete . Sin embargo, otras organizaciones sanjuaninas se sumaron al mismo . Entre ellos, Ernesto Lloverás, abogado ambiental, que dijo a este diario que era “una verguënza nacional” que el estado sanjuanino se opusiera a la ley de glaciares.
Antecedentes
La ley de glaciares fue aprobada en octubre pasado. Su fin es realizar un relevamiento de las áreas glaciares de la Argentina, que son las mayores reservas de agua en un mundo con temperaturas cada vez más elevadas.
La norma nunca entró en vigencia, entre otras cosas porque la Barrick logró que un tribunal sanjuanino otorgara en tiempo récord una cautelar que suspendía su aplicación.
La megaminería a cielo abierto es muy cuestionada mundialmente porque se necesita realizar grandes explosiones en la montaña para obtener el metal escondido .
Fecha de Publicación: 24/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
La policía y la gendarmería realizaron anoche un enorme operativo en el medio de la montaña en San Juan para detener a 50 activistas de Greenpeace , que se encontraban realizando una protesta contra la compañía canadiense Barrik Gold. Según la organización ecologista, la minera canadiense, que tiene llegada directa tanto a Cristina Kirchner como al gobernador José Luis Gioja, es la responsable de obstruir la entrada en vigencia de la ley de Glaciares , que se aprobó en octubre del año pasado, luego de que la presidenta la hubiera vetado dos años antes.
Desde la provincia y desde la empresa cargaron contra los ambientalistas . El gobierno provincial dijo que tiene una “palmaria preocupación” por los glaciares de San Juan y que mantiene su “monitoreo y cuidados irrestricto”. Para la Barrick, “Greenpeace se instaló sin permiso en el lugar, que es propiedad privada”.
Desde el martes a las 11 de la mañana, los ambientalistas habían logrado obstaculizar la entrada del camino minero que conduce a los yacimientos de oro y plata de Veladero y Pascua Lama , ubicados en el corazón de la cordillera, muy cerca del límite con Chile. Primero, sorprendieron a la seguridad, entrando por la retaguardia desde las montañas, instalando un campamento con carpas especiales para alta montaña, al que se encadenaron durante más de un día . Paralelamente, otro grupo instaló por delante de la garita de la guardia un gigante contenedor amarillo, que tenía pintado: “Barrick: basta de bloquear la ley de glaciares” . Las organizaciones sanjuanistas que se oponen a la mega minería en la provincia también dieron su apoyo a la protesta .
Al mediodía, la policía detuvo primero a la directora Política de Greenpeace, Eugenia Testa, acusándola de violar una norma provincial que impide el bloqueo de los caminos públicos, aunque la ruta minera -que hasta la entrada en operaciones de Veladero era de libre circulación- ahora es privada . Fue encerrada en una pequeña celda, con barrotes rojos, en la ciudad de Jáchal. El resto de los activistas fue detenido después de las 19, en un operativo muy grande en el que participó la policía provincial y la gendarmería. Ellos se habían encadenado entre sí con un sistema especial que usa Greenpeace, mediante el cual los manifestantes quedan unidos a través de unos tubos que son muy difíciles de cortar sin herir a los que lo llevan puesto . Así que, al final, los agentes de seguridad tuvieron que sacar a la rastra a los que protestaban.
La detención de Testa había provocado antes el repudio de varios partidos de oposición. Entre ellos, estaban los diputados Pino Solanas y Miguel Bonasso, quien ha denunciado los vínculos del poder con la compañía minera. La presidente Kirchner tiene trato personal con el CEO de la Barrick, Peter Munk , a quien recibió en su despacho en la Rosada luego de vetar por primera vez la ley de glaciares en 2008.
Desde San Juan, Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace, dijo a Clarín que la Barrick se “autoincrimina” cuando bloquea ante la justicia la ley de glaciares, porque así reconoce de hecho que tanto en Veladero como en Pascua Lama hay glaciares de roca y escombro. De lo contrario, no debería tener problemas para dejar entrar auditores de las universidades a sus yacimientos.
Operarios de la Barrick aplaudían mientras se llevaban a los activistas, que se resistieron pacíficamente a ser llevados por la policía. La empresa, por su lado, dijo en un comunicado que “cumple y respeta de manera cabal con todas las leyes aplicables y aprobaciones ambientales”.
En nombre de la Barrick Gold, Julio Claudeville, uno de los portavoces de la empresa, dijo a Clarín que los activistas “decidían qué subía y qué bajaba”, indicando que los ambientalistas no dejaron ingresar oxígeno, comida y combustible. Dijo además que la gente de Jáchal e Iglesias, donde la empresa realiza constantes donaciones, se opuso al piquete . Sin embargo, otras organizaciones sanjuaninas se sumaron al mismo . Entre ellos, Ernesto Lloverás, abogado ambiental, que dijo a este diario que era “una verguënza nacional” que el estado sanjuanino se opusiera a la ley de glaciares.
Antecedentes
La ley de glaciares fue aprobada en octubre pasado. Su fin es realizar un relevamiento de las áreas glaciares de la Argentina, que son las mayores reservas de agua en un mundo con temperaturas cada vez más elevadas.
La norma nunca entró en vigencia, entre otras cosas porque la Barrick logró que un tribunal sanjuanino otorgara en tiempo récord una cautelar que suspendía su aplicación.
La megaminería a cielo abierto es muy cuestionada mundialmente porque se necesita realizar grandes explosiones en la montaña para obtener el metal escondido .
Greenpeace bloqueó ruta de la Barrick
Greenpeace levantó un campamento para exigir la aplicación de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 22/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
Más de 50 activistas se instalaron en el camino que lleva a las minas de oro de Valedero y Pascua Lama de la multinacional Barrick Gold. Acusan a la empresa de "bloquear" la norma que está suspendida.
Más de cincuenta activistas de Greenpeace montaron esta mañana un campamento en el camino de acceso a las minas de Veladero y Pascua Lama, en reclamo por la plena aplicación de la Ley de Glaciares que se encuentra suspendida en la provincia de San Juan por un recurso presentado ante la Justicia.
Los activistas de Greenpeace desplegaron, en el camino de acceso al complejo minero que explota la multinacional Barrick Gold, un campamento de alta montaña especialmente equipado para resistir condiciones climáticas extremas.
"La protesta se realiza en oposición al 'bloqueo' que está ejerciendo la Barrick a la Ley de Glaciares, a través de sus presentaciones ante el Poder Judicial con la complicidad del Gobierno Nacional", denunció Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace.
Para la ONG ambientalista, la Ley de Glaciares dejó de ser una "ley de la Nación, una ley de los argentinos, y ahora está secuestrada por un grupo de empresas mineras".
"Los recursos de amparo presentados por un conjunto de empresas en San Juan son un acto de autoincriminación", había denunciado ayer también Villalonga. "Queda claro que sus actividades se verán amenazadas si la ley se aplicase, y por eso decidieron bloquear su implementación".
En ese sentido, Villalonga ironizó: "¿Desde cuándo Barrick Gold o la Cámara Argentina de Servicios Mineros se dedican a la evaluación jurídica de las normas que dicta el Congreso Nacional?".
A través de un comunicado, la minera Barrick Gold cuestionó la protesta y aseguró que "cumple y respeta de manera cabal con todas las leyes aplicables y aprobaciones ambientales y sectoriales necesarias para el desarrollo de sus actividades". Y expresó que, "en este caso, es la organización Greenpeace la que no está cumpliendo con las leyes" al mantener bloqueado el acceso a un camino privado.
Según Greenpeeace, la actitud del Gobierno nacional en el tema es de "complicidad" con las mineras. "Nada impide al Gobierno nacional continuar con la reglamentación de la norma, comenzar con los inventarios y defender la ley en el ámbito de la Justicia, como le corresponde", dijo Villalonga.
Al respecto, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, había dicho que la Nación no reglamentará la Ley de Glaciares hasta que la Corte Suprema se expida sobre las presentaciones que hicieron las empresas mineras. "Nosotros vamos a aceptar lo que diga la Corte", prometió Mussi.
A fines del año pasado, la Cámara Minera de San Juan y otras organizaciones vinculadas a la industria presentaron una medida cautelar para que se declare inconstitucional la ley porque consideran que "la norma avasalla las autonomías provinciales al querer fijar en qué zonas se puede trabajar y en cuáles no".
Si bien la Constitución Nacional reformada en 1994 devolvió a las provincias el dominio de sus recursos naturales, en otro artículo también le encomendó al Congreso Nacional sancionar los "presupuestos mínimos ambientales" a partir de los cuales se puede realizar la explotación industrial.
La ley de glaciares, que obstaculiza la explotación minera en las zonas de glaciares para preservar las reservas de agua dulce, había sido muy polémica y fue aprobada en el Senado con los votos justos.
Fecha de Publicación: 22/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
Más de 50 activistas se instalaron en el camino que lleva a las minas de oro de Valedero y Pascua Lama de la multinacional Barrick Gold. Acusan a la empresa de "bloquear" la norma que está suspendida.
Más de cincuenta activistas de Greenpeace montaron esta mañana un campamento en el camino de acceso a las minas de Veladero y Pascua Lama, en reclamo por la plena aplicación de la Ley de Glaciares que se encuentra suspendida en la provincia de San Juan por un recurso presentado ante la Justicia.
Los activistas de Greenpeace desplegaron, en el camino de acceso al complejo minero que explota la multinacional Barrick Gold, un campamento de alta montaña especialmente equipado para resistir condiciones climáticas extremas.
"La protesta se realiza en oposición al 'bloqueo' que está ejerciendo la Barrick a la Ley de Glaciares, a través de sus presentaciones ante el Poder Judicial con la complicidad del Gobierno Nacional", denunció Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace.
Para la ONG ambientalista, la Ley de Glaciares dejó de ser una "ley de la Nación, una ley de los argentinos, y ahora está secuestrada por un grupo de empresas mineras".
"Los recursos de amparo presentados por un conjunto de empresas en San Juan son un acto de autoincriminación", había denunciado ayer también Villalonga. "Queda claro que sus actividades se verán amenazadas si la ley se aplicase, y por eso decidieron bloquear su implementación".
En ese sentido, Villalonga ironizó: "¿Desde cuándo Barrick Gold o la Cámara Argentina de Servicios Mineros se dedican a la evaluación jurídica de las normas que dicta el Congreso Nacional?".
A través de un comunicado, la minera Barrick Gold cuestionó la protesta y aseguró que "cumple y respeta de manera cabal con todas las leyes aplicables y aprobaciones ambientales y sectoriales necesarias para el desarrollo de sus actividades". Y expresó que, "en este caso, es la organización Greenpeace la que no está cumpliendo con las leyes" al mantener bloqueado el acceso a un camino privado.
Según Greenpeeace, la actitud del Gobierno nacional en el tema es de "complicidad" con las mineras. "Nada impide al Gobierno nacional continuar con la reglamentación de la norma, comenzar con los inventarios y defender la ley en el ámbito de la Justicia, como le corresponde", dijo Villalonga.
Al respecto, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, había dicho que la Nación no reglamentará la Ley de Glaciares hasta que la Corte Suprema se expida sobre las presentaciones que hicieron las empresas mineras. "Nosotros vamos a aceptar lo que diga la Corte", prometió Mussi.
A fines del año pasado, la Cámara Minera de San Juan y otras organizaciones vinculadas a la industria presentaron una medida cautelar para que se declare inconstitucional la ley porque consideran que "la norma avasalla las autonomías provinciales al querer fijar en qué zonas se puede trabajar y en cuáles no".
Si bien la Constitución Nacional reformada en 1994 devolvió a las provincias el dominio de sus recursos naturales, en otro artículo también le encomendó al Congreso Nacional sancionar los "presupuestos mínimos ambientales" a partir de los cuales se puede realizar la explotación industrial.
La ley de glaciares, que obstaculiza la explotación minera en las zonas de glaciares para preservar las reservas de agua dulce, había sido muy polémica y fue aprobada en el Senado con los votos justos.
Bosques y glaciares continúan esperando
Los bosques y los glaciares continúan esperando
Fecha de Publicación: 15/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las arbitrarias reasignaciones de fondos que dicta la Jefatura de Gabinete atentan contra el resguardo de la biodiversidad
Nuevamente la Jefatura de Gabinete desvía los fondos que deben destinarse a la protección ambiental. No es una novedad. La medida coincide con una política que sistemáticamente ha tratado con desdén las preocupaciones ambientales: ha exacerbado el conflicto por las papeleras; ha intentado dejar sin contenido la ley que protege los glaciares; ha ido convirtiendo a la máxima autoridad ambiental en una mera dependencia que, si bien posee técnicos capacitados, funciona bajo una dirección que no está al servicio del ambiente, sino a sus órdenes o las de la Presidencia de la Nación.
Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques (unos trescientos millones de pesos) ha sido reasignada "por razones operativas".
Sin duda, se trata de una política coherente: el gobierno nacional aún no ha reglamentado la ley de glaciares, pese a que el plazo para hacerlo ha vencido. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha definido las áreas prioritarias para realizar el inventario de glaciares, lo que demora el establecimiento del verdadero impacto ambiental de varios emprendimientos en marcha. Es un retraso comprensible si se recuerda la tenacidad de varios legisladores oficialistas para evitar que la norma fuera aprobada.
Hay resistencia a medir y planificar las políticas extractivas. Varias organizaciones gubernamentales y buena parte de la sociedad civil están reclamando no sólo una mayor razonabilidad en el uso de nuestros recursos naturales, sino también el respeto a las normas aprobadas en la materia.
La ley de bosques de 2007 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Esa ley surgió como consecuencia de la desaparición de un porcentaje sustancial de la masa boscosa de nuestro país a raíz del avance de la frontera agropecuaria. La norma fijó la obligación de las provincias de completar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos como condición para hacer uso de un fondo destinado a compensar a quienes no pudieran utilizar su propiedad con algún objetivo productivo.
El principal obstáculo para su efectiva implementación es la ausencia de la puesta en marcha de su más valioso instrumento: el fondo establecido dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación "con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan". Ese fondo, que no puede ser inferior al 0,3 por ciento del presupuesto nacional, está destinado a compensar directamente a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible de bosques en esas provincias.
Sin embargo, a más de tres años de la promulgación de la ley, está lejos de cumplirse. El presupuesto del año pasado había asignado menos del 37 por ciento de lo estipulado por la ley de bosques. En marzo de 2010, la Jefatura de Gabinete anunció la reasignación de 144 millones de pesos del presupuesto 2010 y los dirigió al programa Fútbol para Todos. Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, rubricada por una decisión administrativa el 29 de diciembre, fue reasignada sólo un día después, el 30 de diciembre, mediante otra decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, que dio marcha atrás con esa asignación "por razones operativas".
Es otro hecho lamentable para nuestro país y una burla al sistema federal: hay 13 provincias que han cumplido con sus obligaciones, pero no han podido compensar a los propietarios en forma adecuada. Hace meses destacamos en estas mismas columnas que Salta fue una de las primeras provincias en realizar el ordenamiento y reclamar la incorporación en el presupuesto 2011 de la totalidad de los fondos establecidos por la ley de bosques. Incluso el propio gobernador Urtubey realizó una presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la ley.
En un año en el cual lo único que pareciera importar son los votos, es difícil que se piense en el resguardo de nuestra biodiversidad, la conservación del suelo, la regulación del clima y el mantenimiento de las fuentes de agua. Es difícil, pero es imprescindible reclamar que ocurra.
Fecha de Publicación: 15/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las arbitrarias reasignaciones de fondos que dicta la Jefatura de Gabinete atentan contra el resguardo de la biodiversidad
Nuevamente la Jefatura de Gabinete desvía los fondos que deben destinarse a la protección ambiental. No es una novedad. La medida coincide con una política que sistemáticamente ha tratado con desdén las preocupaciones ambientales: ha exacerbado el conflicto por las papeleras; ha intentado dejar sin contenido la ley que protege los glaciares; ha ido convirtiendo a la máxima autoridad ambiental en una mera dependencia que, si bien posee técnicos capacitados, funciona bajo una dirección que no está al servicio del ambiente, sino a sus órdenes o las de la Presidencia de la Nación.
Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques (unos trescientos millones de pesos) ha sido reasignada "por razones operativas".
Sin duda, se trata de una política coherente: el gobierno nacional aún no ha reglamentado la ley de glaciares, pese a que el plazo para hacerlo ha vencido. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha definido las áreas prioritarias para realizar el inventario de glaciares, lo que demora el establecimiento del verdadero impacto ambiental de varios emprendimientos en marcha. Es un retraso comprensible si se recuerda la tenacidad de varios legisladores oficialistas para evitar que la norma fuera aprobada.
Hay resistencia a medir y planificar las políticas extractivas. Varias organizaciones gubernamentales y buena parte de la sociedad civil están reclamando no sólo una mayor razonabilidad en el uso de nuestros recursos naturales, sino también el respeto a las normas aprobadas en la materia.
La ley de bosques de 2007 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Esa ley surgió como consecuencia de la desaparición de un porcentaje sustancial de la masa boscosa de nuestro país a raíz del avance de la frontera agropecuaria. La norma fijó la obligación de las provincias de completar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos como condición para hacer uso de un fondo destinado a compensar a quienes no pudieran utilizar su propiedad con algún objetivo productivo.
El principal obstáculo para su efectiva implementación es la ausencia de la puesta en marcha de su más valioso instrumento: el fondo establecido dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación "con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan". Ese fondo, que no puede ser inferior al 0,3 por ciento del presupuesto nacional, está destinado a compensar directamente a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible de bosques en esas provincias.
Sin embargo, a más de tres años de la promulgación de la ley, está lejos de cumplirse. El presupuesto del año pasado había asignado menos del 37 por ciento de lo estipulado por la ley de bosques. En marzo de 2010, la Jefatura de Gabinete anunció la reasignación de 144 millones de pesos del presupuesto 2010 y los dirigió al programa Fútbol para Todos. Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, rubricada por una decisión administrativa el 29 de diciembre, fue reasignada sólo un día después, el 30 de diciembre, mediante otra decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, que dio marcha atrás con esa asignación "por razones operativas".
Es otro hecho lamentable para nuestro país y una burla al sistema federal: hay 13 provincias que han cumplido con sus obligaciones, pero no han podido compensar a los propietarios en forma adecuada. Hace meses destacamos en estas mismas columnas que Salta fue una de las primeras provincias en realizar el ordenamiento y reclamar la incorporación en el presupuesto 2011 de la totalidad de los fondos establecidos por la ley de bosques. Incluso el propio gobernador Urtubey realizó una presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la ley.
En un año en el cual lo único que pareciera importar son los votos, es difícil que se piense en el resguardo de nuestra biodiversidad, la conservación del suelo, la regulación del clima y el mantenimiento de las fuentes de agua. Es difícil, pero es imprescindible reclamar que ocurra.
Se demora en aplicar la ley de glaciares
El Gobierno se demora en aplicar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 07/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ya se cumplió el plazo y sigue sin reglamentarla ni darle presupuesto
El Congreso la convirtió en ley, el Gobierno la vetó, el Congreso la volvió a convertir en ley, y ahora duerme en un cajón oficial esperando que la reglamenten. Si el azar tuviera algo que ver en esto, se podría pensar que la ley de glaciares nació sin suerte, aunque las leyes casi nunca dependen del azar.
Es que a fines de enero venció el plazo de 90 días para reglamentar la ley que busca proteger las áreas periglaciares y sus cursos de agua de la contaminación que provoca la minería. Por lo tanto, el futuro de la norma es incierto.
La demora es más grave porque, además, el Gobierno no asignó los fondos para inventariar los glaciares, una tarea previa ineludible que sólo se puede hacer en verano. "Si no se empieza ya mismo el relevamiento, se les regala un año más a las mineras", alertó el vocero de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, al recordar que inventariar los glaciares es el paso obligado antes de auditar los yacimientos ubicados en esas zonas.
En diciembre, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cumplió su parte y entregó a la Secretaría de Ambiente de la Nación un listado de áreas prioritarias donde debían inventariarse los glaciares, pero desde entonces el Poder Ejecutivo guarda silencio.
No es el primer inconveniente que enfrenta la ley de glaciares. Una primera versión fue vetada en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner. El Congreso insistió (con apoyo incluso de algunos kirchneristas) y sancionó una ley similar en septiembre de 2010. En noviembre, sin embargo, cámaras y sindicatos mineros de San Juan consiguieron, mediante un amparo, que la justicia provincial suspendiera los artículos decisivos de la norma en ese distrito. Poco después, el mismo juez aceptó una medida cautelar de dos mineras que pidieron la inconstitucionalidad de la ley.
Según el proceso habitual en estos casos, la Procuraduría del Tesoro (los abogados que representan al Gobierno) debía apelar en las dos causas, pero en el organismo no respondieron las llamadas de La Nacion solicitando esa información. Tampoco lo hizo la justicia sanjuanina.
Críticas de la oposición
Para los ecologistas, los procesos abiertos en San Juan no son excusa: toman como punto de comparación la ley de medios que el Poder Ejecutivo reglamentó y empezó a aplicar a pesar de los múltiples amparos que hay en su contra. También la oposición, que batalló el tema en el Congreso, hizo oír su reclamo.
"La Presidenta está violando la ley, que impone obligaciones presupuestarias y de reglamentación. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, no decide si las cumple o no", se quejó Federico Pinedo, jefe del bloque Pro de Diputados.
Desde el Senado, el titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, apuntó al rechazo que siempre mostró el Gobierno en el tema. "La presión de las mineras fue muy fuerte para que vetaran la ley en 2008, espero que ahora no hayan vuelto a ceder y por eso no la reglamenten", sugirió suspicaz.
"Esto muestra el poco interés y compromiso del Gobierno en el cuidado del medio ambiente", se sumó el diputado Adrián Pérez (CC).
El gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, Damián Altgelt, dijo que ellos también esperan la reglamentación, pero supuso que la demora podría obedecer a los cambios en la Secretaría de Ambiente con la asunción de Juan José Mussi en reemplazo de Homero Bibiloni, aunque tampoco descartaban que la demora respondiera a que "no es fácil de reglamentar una ley con conceptos que no están claros o son imprecisos". Sea cual fuere el motivo, la ley para proteger a los glaciares todavía no se puso en marcha.
Fecha de Publicación: 07/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ya se cumplió el plazo y sigue sin reglamentarla ni darle presupuesto
El Congreso la convirtió en ley, el Gobierno la vetó, el Congreso la volvió a convertir en ley, y ahora duerme en un cajón oficial esperando que la reglamenten. Si el azar tuviera algo que ver en esto, se podría pensar que la ley de glaciares nació sin suerte, aunque las leyes casi nunca dependen del azar.
Es que a fines de enero venció el plazo de 90 días para reglamentar la ley que busca proteger las áreas periglaciares y sus cursos de agua de la contaminación que provoca la minería. Por lo tanto, el futuro de la norma es incierto.
La demora es más grave porque, además, el Gobierno no asignó los fondos para inventariar los glaciares, una tarea previa ineludible que sólo se puede hacer en verano. "Si no se empieza ya mismo el relevamiento, se les regala un año más a las mineras", alertó el vocero de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, al recordar que inventariar los glaciares es el paso obligado antes de auditar los yacimientos ubicados en esas zonas.
En diciembre, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cumplió su parte y entregó a la Secretaría de Ambiente de la Nación un listado de áreas prioritarias donde debían inventariarse los glaciares, pero desde entonces el Poder Ejecutivo guarda silencio.
No es el primer inconveniente que enfrenta la ley de glaciares. Una primera versión fue vetada en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner. El Congreso insistió (con apoyo incluso de algunos kirchneristas) y sancionó una ley similar en septiembre de 2010. En noviembre, sin embargo, cámaras y sindicatos mineros de San Juan consiguieron, mediante un amparo, que la justicia provincial suspendiera los artículos decisivos de la norma en ese distrito. Poco después, el mismo juez aceptó una medida cautelar de dos mineras que pidieron la inconstitucionalidad de la ley.
Según el proceso habitual en estos casos, la Procuraduría del Tesoro (los abogados que representan al Gobierno) debía apelar en las dos causas, pero en el organismo no respondieron las llamadas de La Nacion solicitando esa información. Tampoco lo hizo la justicia sanjuanina.
Críticas de la oposición
Para los ecologistas, los procesos abiertos en San Juan no son excusa: toman como punto de comparación la ley de medios que el Poder Ejecutivo reglamentó y empezó a aplicar a pesar de los múltiples amparos que hay en su contra. También la oposición, que batalló el tema en el Congreso, hizo oír su reclamo.
"La Presidenta está violando la ley, que impone obligaciones presupuestarias y de reglamentación. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, no decide si las cumple o no", se quejó Federico Pinedo, jefe del bloque Pro de Diputados.
Desde el Senado, el titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, apuntó al rechazo que siempre mostró el Gobierno en el tema. "La presión de las mineras fue muy fuerte para que vetaran la ley en 2008, espero que ahora no hayan vuelto a ceder y por eso no la reglamenten", sugirió suspicaz.
"Esto muestra el poco interés y compromiso del Gobierno en el cuidado del medio ambiente", se sumó el diputado Adrián Pérez (CC).
El gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, Damián Altgelt, dijo que ellos también esperan la reglamentación, pero supuso que la demora podría obedecer a los cambios en la Secretaría de Ambiente con la asunción de Juan José Mussi en reemplazo de Homero Bibiloni, aunque tampoco descartaban que la demora respondiera a que "no es fácil de reglamentar una ley con conceptos que no están claros o son imprecisos". Sea cual fuere el motivo, la ley para proteger a los glaciares todavía no se puso en marcha.
La Nación no aplica la ley de glaciares
Denuncian que la Nación no aplica la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 01/02/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Varias organizaciones ambientalistas recordaron que el plazo para que entre en vigencia venció la semana pasada, sin que haya definiciones.
Las organizaciones Amigos de la Tierra Argentina, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace denunciaron que “desde el Gobierno nacional se está demorando la aplicación de la ley de glaciares”.
Recordaron que el plazo para reglamentar la norma “venció la semana pasada”, a la vez que apuntaron: “la Secretaría de Ambiente aún no definió las áreas prioritarias para realizar el inventario de glaciares, donde actualmente se están desarrollando emprendimientos extractivos, industrias y obras de infraestructura que deben ser auditados”.
Los ambientalistas advirtieron ayer que la norma debería estar reglamentada y el listado de áreas prioritarias para elaborar el inventario de glaciares y ambiente periglacial debería haber sido definido, a fin de revisar el impacto ambiental de los emprendimientos actuales mediante las auditorías correspondientes.
“Esto alcanzaría diversos emprendimientos entre ellos, Veladero y Pascua Lama, en la provincia de San Juan”, enfatizaron.
Las ONG denunciaron que “se está demorando la revisión de las obras y actividades que están en ejecución y pueden estar afectando las áreas glaciares y periglaciares que deben inventariarse durante el verano. Si no se realiza el inventario en época estival se corre el riesgo de tener que retrasarlo un año más.”
En diciembre último el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) entregó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación toda la información necesaria para dar inicio al proceso de relevamiento de glaciares y ambiente periglacial establecido por la ley.
Fecha de Publicación: 01/02/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Varias organizaciones ambientalistas recordaron que el plazo para que entre en vigencia venció la semana pasada, sin que haya definiciones.
Las organizaciones Amigos de la Tierra Argentina, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace denunciaron que “desde el Gobierno nacional se está demorando la aplicación de la ley de glaciares”.
Recordaron que el plazo para reglamentar la norma “venció la semana pasada”, a la vez que apuntaron: “la Secretaría de Ambiente aún no definió las áreas prioritarias para realizar el inventario de glaciares, donde actualmente se están desarrollando emprendimientos extractivos, industrias y obras de infraestructura que deben ser auditados”.
Los ambientalistas advirtieron ayer que la norma debería estar reglamentada y el listado de áreas prioritarias para elaborar el inventario de glaciares y ambiente periglacial debería haber sido definido, a fin de revisar el impacto ambiental de los emprendimientos actuales mediante las auditorías correspondientes.
“Esto alcanzaría diversos emprendimientos entre ellos, Veladero y Pascua Lama, en la provincia de San Juan”, enfatizaron.
Las ONG denunciaron que “se está demorando la revisión de las obras y actividades que están en ejecución y pueden estar afectando las áreas glaciares y periglaciares que deben inventariarse durante el verano. Si no se realiza el inventario en época estival se corre el riesgo de tener que retrasarlo un año más.”
En diciembre último el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) entregó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación toda la información necesaria para dar inicio al proceso de relevamiento de glaciares y ambiente periglacial establecido por la ley.
Piden audiencia con Mussi por Ley de Glaciares
Organizaciones ambientalistas piden audiencia con Mussi por la reglamentación de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones ambientalistas solicitaron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), Juan José Mussi, una audiencia para tratar el tema de la reglamentación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y de las medidas cautelares contra la aplicación de la norma dictadas por la Justicia en la provincia de San Juan.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otras organizaciones, manifestaron en una misiva enviada al Secretario Mussi su preocupación por la falta de avances ante el inminente cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley para su reglamentación y para la realización del inventario de glaciares y del ambiente periglacial.
“Consideramos que es prioritario que la reglamentación de la Ley 26.639 se efectivice dentro de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, tal como lo establece su artículo 17; plazo que comenzó a regir desde el 28 de octubre de 2010”.
En la carta las organizaciones señalan la importancia de cumplir con el artículo 15 de la ley y los plazos previstos en él: “60 días a partir de la sanción de la norma para que el IANIGLA (1) presente a la SAyDS un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias”. El documento aclara que este plazo comenzó a regir el 30 de septiembre de 2010 y que luego de realizado el cronograma, deberá realizarse, en esas zonas, “el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días”.
El mismo texto fue oportunamente dirigido al saliente Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, pocos días antes del cambio de autoridades. En él las cuarenta y siete organizaciones firmantes (2) solicitan además que “Ante la existencia de tres medidas cautelares dictadas por el Juez Federal de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, que suspenden la aplicación de la Ley 26.639 en esa provincia, se torna imprescindible que el Gobierno Nacional tenga una clara vocación en defensa de la norma y dé señales claras acerca de su intención de poner en vigencia a la misma”.
Además las organizaciones señalaron que “Existe, de manera explícita, una gran presión por parte de empresas y algunos gobiernos provinciales para generar dudas sobre la aplicabilidad de esta norma. Es por esa razón que entendemos imprescindible que el Gobierno Nacional asuma plenamente su responsabilidad en la puesta en vigencia de la Ley 26.639”.
--
Notas:
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
(2) Organizaciones firmantes: Aces Asociación Civil Energía Sustentable; Amigos de la Tierra Argentina; Arquitectura Sustentable; Asamblea Ambiental de Río Gallegos (Santa Cruz); Asamblea de Tigre por el Patrimonio Urbano y Ambiental; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita; Asociación Amigos de los Parques Nacionales; Asociación Amigos en Defensa del Lago Buenos Aires (Santa Cruz); Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Asociación Civil Por la Reserva – Vecinos Autoconvocados; Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Avaaz.org; Calafate Natural (Santa Cruz); Cámara de Turismo de Famatina (La Rioja); Cátedra Libre “Problemáticas Ambientales del Siglo XXI”. Facultad de Ciencias; Sociales, Universidad Nacional de San Juan; CEDHA - Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Córdoba); Centro Ecologista Renacer (Santa Fe); Conciencia Solidaria; Conservación Patagónica (Neuquén); Diálogo por el Ambiente; Eco Sitio (Córdoba); Ecosistemas Argentinos (Córdoba); Equipo Nacional de Pastoral Aborigen; Espacio Oikos; Federación de Vinateros y Productores Agropecuarios de San Juan; FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos; Foro Ambientalista de Santiago del Estero; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Ecológica Ave Fénix (Tucumán); Fundación Hábitat y Desarrollo; Fundación Inalafquen (Río Negro); Fundación Península Raulí (Neuquén); Greenpeace; Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero); Hermanos de la Tierra; Iniciativa Radial; Inka Ñan Turismo EVT (La Rioja); Movimiento de Justicia y Paz de la Familia Dominica (Mendoza); ProDeLos - Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo Local Sustentable; Proyecto Cambio Climático; Proyecto Verde; Red Agroforestal del Chaco Argentina; Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería; Red Provincial de ONGs de San Juan; Taller de Comunicación Ambiental (Santa Fe); The Conservation Land Trust; Fundación Jorge Esteban Roulet
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones ambientalistas solicitaron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), Juan José Mussi, una audiencia para tratar el tema de la reglamentación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y de las medidas cautelares contra la aplicación de la norma dictadas por la Justicia en la provincia de San Juan.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otras organizaciones, manifestaron en una misiva enviada al Secretario Mussi su preocupación por la falta de avances ante el inminente cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley para su reglamentación y para la realización del inventario de glaciares y del ambiente periglacial.
“Consideramos que es prioritario que la reglamentación de la Ley 26.639 se efectivice dentro de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, tal como lo establece su artículo 17; plazo que comenzó a regir desde el 28 de octubre de 2010”.
En la carta las organizaciones señalan la importancia de cumplir con el artículo 15 de la ley y los plazos previstos en él: “60 días a partir de la sanción de la norma para que el IANIGLA (1) presente a la SAyDS un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias”. El documento aclara que este plazo comenzó a regir el 30 de septiembre de 2010 y que luego de realizado el cronograma, deberá realizarse, en esas zonas, “el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días”.
El mismo texto fue oportunamente dirigido al saliente Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, pocos días antes del cambio de autoridades. En él las cuarenta y siete organizaciones firmantes (2) solicitan además que “Ante la existencia de tres medidas cautelares dictadas por el Juez Federal de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, que suspenden la aplicación de la Ley 26.639 en esa provincia, se torna imprescindible que el Gobierno Nacional tenga una clara vocación en defensa de la norma y dé señales claras acerca de su intención de poner en vigencia a la misma”.
Además las organizaciones señalaron que “Existe, de manera explícita, una gran presión por parte de empresas y algunos gobiernos provinciales para generar dudas sobre la aplicabilidad de esta norma. Es por esa razón que entendemos imprescindible que el Gobierno Nacional asuma plenamente su responsabilidad en la puesta en vigencia de la Ley 26.639”.
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Notas:
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
(2) Organizaciones firmantes: Aces Asociación Civil Energía Sustentable; Amigos de la Tierra Argentina; Arquitectura Sustentable; Asamblea Ambiental de Río Gallegos (Santa Cruz); Asamblea de Tigre por el Patrimonio Urbano y Ambiental; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita; Asociación Amigos de los Parques Nacionales; Asociación Amigos en Defensa del Lago Buenos Aires (Santa Cruz); Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Asociación Civil Por la Reserva – Vecinos Autoconvocados; Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Avaaz.org; Calafate Natural (Santa Cruz); Cámara de Turismo de Famatina (La Rioja); Cátedra Libre “Problemáticas Ambientales del Siglo XXI”. Facultad de Ciencias; Sociales, Universidad Nacional de San Juan; CEDHA - Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Córdoba); Centro Ecologista Renacer (Santa Fe); Conciencia Solidaria; Conservación Patagónica (Neuquén); Diálogo por el Ambiente; Eco Sitio (Córdoba); Ecosistemas Argentinos (Córdoba); Equipo Nacional de Pastoral Aborigen; Espacio Oikos; Federación de Vinateros y Productores Agropecuarios de San Juan; FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos; Foro Ambientalista de Santiago del Estero; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Ecológica Ave Fénix (Tucumán); Fundación Hábitat y Desarrollo; Fundación Inalafquen (Río Negro); Fundación Península Raulí (Neuquén); Greenpeace; Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero); Hermanos de la Tierra; Iniciativa Radial; Inka Ñan Turismo EVT (La Rioja); Movimiento de Justicia y Paz de la Familia Dominica (Mendoza); ProDeLos - Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo Local Sustentable; Proyecto Cambio Climático; Proyecto Verde; Red Agroforestal del Chaco Argentina; Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería; Red Provincial de ONGs de San Juan; Taller de Comunicación Ambiental (Santa Fe); The Conservation Land Trust; Fundación Jorge Esteban Roulet
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