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El ibuprofeno resulta un problema en los ecosistemas
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El efecto colateral inesperado del ibuprofeno
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo humano sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y va a parar a los desagües y aguas superficiales. La presencia de ibuprofeno causa mutaciones en la fauna acuática. Una investigación de la Universidad Nacional de Luján.
En los pasillos del tren se escucha un hombre que vende: “Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, un infaltable para dolores de cabeza, menstruales, de muela o musculares. Ibuprofeno con fecha de vencimiento al dorso del blíster”. Millones de cajas de ibuprofeno son vendidas año a año en Argentina. El 40 por ciento se compra sin receta, por lo que, probablemente, en muchos casos este consumo sea innecesario. El problema es que no sólo se medica quien tomó la pastilla: mientras el cuerpo sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y, por tanto, va a parar a los desagües, a las aguas superficiales y a las especies que habitan ese ecosistema.
Este analgésico está dentro de un grupo de contaminantes denominados emergentes: una serie de productos de uso cotidiano, como son los de limpieza, perfumería y medicamentos, cuyas formulaciones químicas o su combinación con otras sustancias provocan daños sobre el medio ambiente. Además, esos contaminantes pueden tener un riesgo sanitario para los humanos si los sistemas de depuración no alcanzan a retenerlos o inactivarlos y pueden ser reciclados en las redes de distribución de agua potable.
La reglamentación ambiental y sanitaria no los controla porque, hasta ahora, no se han considerado como una amenaza, pero, debido a recientes investigaciones sobre sus efectos, se han empezado a tener en cuenta.
Es así como desde la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en el Programama de Ecofisiología Aplicada perteneciente al Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), la doctora Bettina Eissa y el equipo de investigación de ese laboratorio decidieron investigar la presencia de fármacos en los cuerpos de agua, puntualmente del ibuprofeno, y el correspondiente impacto ambiental que generan. ¿Las principales víctimas? Los peces.
La selección del compuesto a estudiar no fue azarosa. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en 2017 se vendieron unas 34 millones de cajas de ibuprofeno en el país (incluyendo las versiones de venta libre y de venta bajo receta de los 7 productos más vendidos). Ante estas abultadas cifras de consumo, la presencia de ibuprofeno en el agua es mucho más pronunciada que otros compuestos.
“El ibuprofeno tiene una estructura química que no se degrada fácilmente, por lo que, a través de la orina, es eliminado del cuerpo casi igual que como cuando lo consumimos, es decir entre el 30 y el 90 por ciento de las dosis de fármacos ingeridos por humanos son excretados en la orina como sustancias activas”, explica la doctora Eissa.
En el caso de este medicamento, los investigadores han observado que, más allá de lo que proviene de inodoros y lavabos o de su imprudente descarte cuando llegan a la fecha de vencimiento, otra situación preocupante se da en las plantas de depuración de efluentes donde esta droga puede traspasar las barreras de las farmacéuticas y llegar a los cursos de agua sin mayores dificultades.
Si bien el ibuprofeno no es el más tóxico, al tener niveles de consumo tan altos, sus efectos en la fauna acuática ya son visibles. “Según lo observado en nuestros estudios –plantea la investigadora de la UNLu– estos desechos afectan la capacidad de natación de la especie y, por ende, su capacidad de trasladarse, alimentarse e incluso reproducirse”.
Además, en términos reproductivos, se encuentra una proporción poco equitativa entre machos y hembras; hay muchos menos machos. Esta situación es responsabilidad de los anticonceptivos que tienen un alto nivel de estrógeno, desecho también presente en los cursos de agua.
En torno al ibuprofeno, a nivel de genotoxicidad y de comportamiento, hay resultados variables, pero en las madrecitas de agua –la especie analizada, nativa de la fauna pampeana– hay cambios en los comportamientos de cortejo. “Los que eran expuestos a ibuprofeno no tenían intentos de copula, por ende, si esto es verdaderamente así en la naturaleza, se afecta directamente la actividad y estrategia reproductiva de la especie”, alerta Bettina Eissa. “También observamos efectos sobre la natación en las carpas, especie con la que recientemente iniciamos estudios con ibuprofeno”
El consumo incesante de medicamentos es un problema que ya puso en alerta a las máximas autoridades de salud a nivel mundial. Tal vez, parte del desafío sea entender que aquella inocente pastilla, tan a mano en la cartera y en cualquier oficina, no es inocua para el ser humano y mucho menos para el ambiente en el que está inmerso.
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Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo humano sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y va a parar a los desagües y aguas superficiales. La presencia de ibuprofeno causa mutaciones en la fauna acuática. Una investigación de la Universidad Nacional de Luján.
En los pasillos del tren se escucha un hombre que vende: “Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, un infaltable para dolores de cabeza, menstruales, de muela o musculares. Ibuprofeno con fecha de vencimiento al dorso del blíster”. Millones de cajas de ibuprofeno son vendidas año a año en Argentina. El 40 por ciento se compra sin receta, por lo que, probablemente, en muchos casos este consumo sea innecesario. El problema es que no sólo se medica quien tomó la pastilla: mientras el cuerpo sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y, por tanto, va a parar a los desagües, a las aguas superficiales y a las especies que habitan ese ecosistema.
Este analgésico está dentro de un grupo de contaminantes denominados emergentes: una serie de productos de uso cotidiano, como son los de limpieza, perfumería y medicamentos, cuyas formulaciones químicas o su combinación con otras sustancias provocan daños sobre el medio ambiente. Además, esos contaminantes pueden tener un riesgo sanitario para los humanos si los sistemas de depuración no alcanzan a retenerlos o inactivarlos y pueden ser reciclados en las redes de distribución de agua potable.
La reglamentación ambiental y sanitaria no los controla porque, hasta ahora, no se han considerado como una amenaza, pero, debido a recientes investigaciones sobre sus efectos, se han empezado a tener en cuenta.
Es así como desde la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en el Programama de Ecofisiología Aplicada perteneciente al Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), la doctora Bettina Eissa y el equipo de investigación de ese laboratorio decidieron investigar la presencia de fármacos en los cuerpos de agua, puntualmente del ibuprofeno, y el correspondiente impacto ambiental que generan. ¿Las principales víctimas? Los peces.
La selección del compuesto a estudiar no fue azarosa. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en 2017 se vendieron unas 34 millones de cajas de ibuprofeno en el país (incluyendo las versiones de venta libre y de venta bajo receta de los 7 productos más vendidos). Ante estas abultadas cifras de consumo, la presencia de ibuprofeno en el agua es mucho más pronunciada que otros compuestos.
“El ibuprofeno tiene una estructura química que no se degrada fácilmente, por lo que, a través de la orina, es eliminado del cuerpo casi igual que como cuando lo consumimos, es decir entre el 30 y el 90 por ciento de las dosis de fármacos ingeridos por humanos son excretados en la orina como sustancias activas”, explica la doctora Eissa.
En el caso de este medicamento, los investigadores han observado que, más allá de lo que proviene de inodoros y lavabos o de su imprudente descarte cuando llegan a la fecha de vencimiento, otra situación preocupante se da en las plantas de depuración de efluentes donde esta droga puede traspasar las barreras de las farmacéuticas y llegar a los cursos de agua sin mayores dificultades.
Si bien el ibuprofeno no es el más tóxico, al tener niveles de consumo tan altos, sus efectos en la fauna acuática ya son visibles. “Según lo observado en nuestros estudios –plantea la investigadora de la UNLu– estos desechos afectan la capacidad de natación de la especie y, por ende, su capacidad de trasladarse, alimentarse e incluso reproducirse”.
Además, en términos reproductivos, se encuentra una proporción poco equitativa entre machos y hembras; hay muchos menos machos. Esta situación es responsabilidad de los anticonceptivos que tienen un alto nivel de estrógeno, desecho también presente en los cursos de agua.
En torno al ibuprofeno, a nivel de genotoxicidad y de comportamiento, hay resultados variables, pero en las madrecitas de agua –la especie analizada, nativa de la fauna pampeana– hay cambios en los comportamientos de cortejo. “Los que eran expuestos a ibuprofeno no tenían intentos de copula, por ende, si esto es verdaderamente así en la naturaleza, se afecta directamente la actividad y estrategia reproductiva de la especie”, alerta Bettina Eissa. “También observamos efectos sobre la natación en las carpas, especie con la que recientemente iniciamos estudios con ibuprofeno”
El consumo incesante de medicamentos es un problema que ya puso en alerta a las máximas autoridades de salud a nivel mundial. Tal vez, parte del desafío sea entender que aquella inocente pastilla, tan a mano en la cartera y en cualquier oficina, no es inocua para el ser humano y mucho menos para el ambiente en el que está inmerso.
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Córdoba sigue perdiendo monte
Creció el desmonte en 2017
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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Etiquetas:
bosques nativos,
Córdoba,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
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San Luis perdió 18 mil hectáreas en los últimos incendios
Los últimos incendios arrasaron con casi 18 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 29/08/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
La zona más castigada fue el sur de Zanjitas. Parte del terreno tardará décadas en recuperarse y otro tanto solo podrá hacerlo con tareas de restauración.
La postal es gris; el panorama, desolador. Desde el Medio Ambiente, Campo y Producción informaron que los incendios en la zona sur de Zanjitas y en La Bolsa, entre Río Grande y Nogolí, arrasaron con 17.700 hectáreas de bosque nativo y pastizales. Y aún resta evaluar el daño que el fuego causó en la zona de Las Chacras y Pampa del Tamboreo.
“A los sectores donde las llamas alcanzaron grandes temperaturas, les tomará varias décadas recuperarse. En otros sectores, por las altas temperaturas que soportaron, no se recuperarán salvo que se realicen acciones de restauración”, explicaron desde el ministerio.
Sin duda, la región que peor padeció el fuego fue Zanjitas, con un total de 14 mil hectáreas quemadas. En La Bolsa fueron 3.700
Desde Medio Ambiente detallaron que continuarán con el relevamiento satelital y en campo “a fin de evaluar y medir de forma detallada el impacto de las llamas en la vegetación que habita las sierras puntanas”.
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Fecha de Publicación: 29/08/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
La zona más castigada fue el sur de Zanjitas. Parte del terreno tardará décadas en recuperarse y otro tanto solo podrá hacerlo con tareas de restauración.
La postal es gris; el panorama, desolador. Desde el Medio Ambiente, Campo y Producción informaron que los incendios en la zona sur de Zanjitas y en La Bolsa, entre Río Grande y Nogolí, arrasaron con 17.700 hectáreas de bosque nativo y pastizales. Y aún resta evaluar el daño que el fuego causó en la zona de Las Chacras y Pampa del Tamboreo.
“A los sectores donde las llamas alcanzaron grandes temperaturas, les tomará varias décadas recuperarse. En otros sectores, por las altas temperaturas que soportaron, no se recuperarán salvo que se realicen acciones de restauración”, explicaron desde el ministerio.
Sin duda, la región que peor padeció el fuego fue Zanjitas, con un total de 14 mil hectáreas quemadas. En La Bolsa fueron 3.700
Desde Medio Ambiente detallaron que continuarán con el relevamiento satelital y en campo “a fin de evaluar y medir de forma detallada el impacto de las llamas en la vegetación que habita las sierras puntanas”.
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Nación afirma que avanza en implementar la Ley de Bosques
La Nación y las provincias avanzan con la implementación de la Ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 27/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, organizó una jornada de intercambio con autoridades ambientales de todo el país para avanzar en el ordenamiento territorial y la gestión de planes de bosques nativos. En ese sentido, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, señaló: “Este taller es parte del trabajo conjunto que venimos haciendo con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos en todos sus aspectos”.
El encuentro se realizó en formato de taller. Durante el desarrollo de tres jornadas, se abordaron los aspectos destacados sobre la aplicación de la norma de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. El mismo tuvo lugar en un hotel del centro porteño.
“En estos días, y con la participación de representantes de todas las provincias del país, logramos profundizar y llegar a recomendaciones específicas para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos en sus distintas escalas y los planes de manejo y de conservación, para la gestión sustentable de estos ecosistemas”, agregó Cano.
Por su parte, el director general de Bosques de Tierra del Fuego, Leonardo Collado, celebró: "Siempre es interesante producir estos encuentros entre las provincias porque estamos todos en el proceso de actualización de revisión de los ordenamientos y es buenos compartir inquietudes y conocer cuál es la situación de las demás provincias. Es un buen intercambio".
En el cierre del presente Encuentro Nacional sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Gestión de Planes se realizó la firma de dos actas acuerdo con todas las autoridades de aplicación de la Ley N.° 26331. Así, los representantes de la Comisión de Bosques del COFEMA suscribieron la primera acta vinculada al ordenamiento territorial (ajustes de mapeo del bosque nativo, categorización a nivel predial, no regresividad); mientras que la otra se refiere a la gestión de planes de la Ley de Bosques (contenidos mínimos y nuevos contenidos de planes, pautas de conservación de fauna, planes institucionales).
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Fecha de Publicación: 27/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, organizó una jornada de intercambio con autoridades ambientales de todo el país para avanzar en el ordenamiento territorial y la gestión de planes de bosques nativos. En ese sentido, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, señaló: “Este taller es parte del trabajo conjunto que venimos haciendo con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos en todos sus aspectos”.
El encuentro se realizó en formato de taller. Durante el desarrollo de tres jornadas, se abordaron los aspectos destacados sobre la aplicación de la norma de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. El mismo tuvo lugar en un hotel del centro porteño.
“En estos días, y con la participación de representantes de todas las provincias del país, logramos profundizar y llegar a recomendaciones específicas para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos en sus distintas escalas y los planes de manejo y de conservación, para la gestión sustentable de estos ecosistemas”, agregó Cano.
Por su parte, el director general de Bosques de Tierra del Fuego, Leonardo Collado, celebró: "Siempre es interesante producir estos encuentros entre las provincias porque estamos todos en el proceso de actualización de revisión de los ordenamientos y es buenos compartir inquietudes y conocer cuál es la situación de las demás provincias. Es un buen intercambio".
En el cierre del presente Encuentro Nacional sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Gestión de Planes se realizó la firma de dos actas acuerdo con todas las autoridades de aplicación de la Ley N.° 26331. Así, los representantes de la Comisión de Bosques del COFEMA suscribieron la primera acta vinculada al ordenamiento territorial (ajustes de mapeo del bosque nativo, categorización a nivel predial, no regresividad); mientras que la otra se refiere a la gestión de planes de la Ley de Bosques (contenidos mínimos y nuevos contenidos de planes, pautas de conservación de fauna, planes institucionales).
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La región boscosa del caldenal en peligro
El caldenal pampeano en riesgo
Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un estudio reveló que la región boscosa del caldenal, que abarca gran parte de nuestra provincia, Buenos Aires y San Luis; se encuentra en estado de alerta. Una especie de hierba exótica, conocida también como invasora, logró fortalecerse en las últimas décadas por sobre las especies nativas de la zona gracias a la acción de la actividad ganadera y del árbol dominante del ecosistema, el caldén.
Según publicó el sitio Infobae, la especialista María Eugenia Estanga Mollica investigó cómo la acción del ganado, junto con la presencia del caldén -árbol endémico de La Pampa- propicia el establecimiento, crecimiento y persistencia de la hierba invasora exótica Chenopodium album, o quínoa blanca, en zonas rurales boscosas cercanas a la ciudad de Santa Rosa.
Sin embargo, las especies exóticas no sólo afectan a nuestra región, sino que es un tipo de hierba invasora que genera problema en todo el mundo. El daño total causado por este tipo de plantas asciende a unos 1,4 trillones de dólares anuales, según indicó Infobae. En Argentina, se estima que las pérdidas originadas rondan en los 3.400 millones de dólares, representando un 0,63% del PBI de nuestro país. Estas cifras dan una idea de la magnitud del problema, las cuales fueron dadas a conocer la semana pasada en un taller que se realizó en Buenos Aires.
Aunque el estudio en el caldenal no calcula el impacto en términos económicos, la investigadora le indicó a Infobae que la situación empeora el panorama general: “Es necesario conservar el bosque y si bien existe una ley, se está degradando mucho, por el uso de la ganadería intensiva, por el avance de la frontera agrícola”.
El ecosistema del caldenal está conformado por varias especies, tanto de flora como fauna, por lo cual la invasión de este tipo de especie pone en riesgo a la región. “Nuestros resultados sugieren que los pastos nativos son la principal resistencia a la hierba invasora”, señaló la investigadora.
“Sin embargo, la quínoa blanca encuentra la forma de establecerse y prosperar bajo los caldenes. Esto sucede ya que las vacas del bosque buscan la sombra del árbol y dañan las gramíneas nativas con su pisoteo. Así, la quínoa blanca sacaría ventaja de las condiciones ambientales favorables que genera el caldén”, explicó.
La procedencia de esta hierba invasora a nuestro país data de a fines del siglo XIX, se cree que como muchas otras especies con semillas de interés económico de forraje, como la alfalfa, por ejemplo. “Ya se sabe que provienen de Europa, por su tamaño pueden haber mezclado con otras en forma accidental y luego haber sido sembradas, por eso los problemas se relacionan con las pasturas”, apuntó la investigadora.
La posibilidad de su expansión en la región, según develó el estudio, se debe en que el suelo bajo los árboles es más rico en materia orgánica, agua y nutrientes, así como también a que la sombra de los caldenes amortigua la temperatura y la radiación.
“Estas condiciones ambientales son favorables para la invasora. Para invadir la quínoa blanca necesita espacios libres de vegetación herbácea o, al menos, niveles bajos de abundancia de gramíneas nativas”, señaló la especialista.
Preocupación.
Consultado por la problemática, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera nacional de Ambiente, comentó a Infobae que la semana pasada se desarrolló un taller con representantes provinciales para poner en común la preocupación por la temática.
En ese sentido, argumentó que es “fundamental trabajar en forma más integrada la temática porque lo que necesitamos es instalar el tema como un problema en la sociedad; y también comunicar mejor iniciativas que se proponen, sobre todo cuando hay acciones de control o erradicación que se deben abordar anticipadamente desde la comunicación”.
Según informó el medio porteño, durante el encuentro se introdujo a los participación las consecuencias que acarrea el avance de este tipo de especies exóticas invasoras en los diferentes ecosistemas argentinos, ya que atentan contra la conservación de la biodiversidad de las diferentes regiones. Se trata de unas 716 especies registradas de plantas, animales algas y hongos con potencial invasor y capaces de generar impactos negativos.
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Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un estudio reveló que la región boscosa del caldenal, que abarca gran parte de nuestra provincia, Buenos Aires y San Luis; se encuentra en estado de alerta. Una especie de hierba exótica, conocida también como invasora, logró fortalecerse en las últimas décadas por sobre las especies nativas de la zona gracias a la acción de la actividad ganadera y del árbol dominante del ecosistema, el caldén.
Según publicó el sitio Infobae, la especialista María Eugenia Estanga Mollica investigó cómo la acción del ganado, junto con la presencia del caldén -árbol endémico de La Pampa- propicia el establecimiento, crecimiento y persistencia de la hierba invasora exótica Chenopodium album, o quínoa blanca, en zonas rurales boscosas cercanas a la ciudad de Santa Rosa.
Sin embargo, las especies exóticas no sólo afectan a nuestra región, sino que es un tipo de hierba invasora que genera problema en todo el mundo. El daño total causado por este tipo de plantas asciende a unos 1,4 trillones de dólares anuales, según indicó Infobae. En Argentina, se estima que las pérdidas originadas rondan en los 3.400 millones de dólares, representando un 0,63% del PBI de nuestro país. Estas cifras dan una idea de la magnitud del problema, las cuales fueron dadas a conocer la semana pasada en un taller que se realizó en Buenos Aires.
Aunque el estudio en el caldenal no calcula el impacto en términos económicos, la investigadora le indicó a Infobae que la situación empeora el panorama general: “Es necesario conservar el bosque y si bien existe una ley, se está degradando mucho, por el uso de la ganadería intensiva, por el avance de la frontera agrícola”.
El ecosistema del caldenal está conformado por varias especies, tanto de flora como fauna, por lo cual la invasión de este tipo de especie pone en riesgo a la región. “Nuestros resultados sugieren que los pastos nativos son la principal resistencia a la hierba invasora”, señaló la investigadora.
“Sin embargo, la quínoa blanca encuentra la forma de establecerse y prosperar bajo los caldenes. Esto sucede ya que las vacas del bosque buscan la sombra del árbol y dañan las gramíneas nativas con su pisoteo. Así, la quínoa blanca sacaría ventaja de las condiciones ambientales favorables que genera el caldén”, explicó.
La procedencia de esta hierba invasora a nuestro país data de a fines del siglo XIX, se cree que como muchas otras especies con semillas de interés económico de forraje, como la alfalfa, por ejemplo. “Ya se sabe que provienen de Europa, por su tamaño pueden haber mezclado con otras en forma accidental y luego haber sido sembradas, por eso los problemas se relacionan con las pasturas”, apuntó la investigadora.
La posibilidad de su expansión en la región, según develó el estudio, se debe en que el suelo bajo los árboles es más rico en materia orgánica, agua y nutrientes, así como también a que la sombra de los caldenes amortigua la temperatura y la radiación.
“Estas condiciones ambientales son favorables para la invasora. Para invadir la quínoa blanca necesita espacios libres de vegetación herbácea o, al menos, niveles bajos de abundancia de gramíneas nativas”, señaló la especialista.
Preocupación.
Consultado por la problemática, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera nacional de Ambiente, comentó a Infobae que la semana pasada se desarrolló un taller con representantes provinciales para poner en común la preocupación por la temática.
En ese sentido, argumentó que es “fundamental trabajar en forma más integrada la temática porque lo que necesitamos es instalar el tema como un problema en la sociedad; y también comunicar mejor iniciativas que se proponen, sobre todo cuando hay acciones de control o erradicación que se deben abordar anticipadamente desde la comunicación”.
Según informó el medio porteño, durante el encuentro se introdujo a los participación las consecuencias que acarrea el avance de este tipo de especies exóticas invasoras en los diferentes ecosistemas argentinos, ya que atentan contra la conservación de la biodiversidad de las diferentes regiones. Se trata de unas 716 especies registradas de plantas, animales algas y hongos con potencial invasor y capaces de generar impactos negativos.
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Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Avanza la implementación del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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San Juan monitorea los ecosistemas acuáticos
Medio Ambiente comenzó con un monitoreo a ecosistemas acuáticos
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
En la jornada de hoy, el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, comenzó con una campaña de monitoreo ictícola en río Castaño.
Los monitoreos son campañas estacionales que permiten la obtención de muestras, con cuyo análisis se obtienen datos que permiten conocer los ecosistemas acuáticos, determinar predominancia de especies, dieta de cada una, evaluación de la cadena trófica, también se busca medir parámetros fisicoquímicos para determinar si se encuentran dentro de la normalidad.
Todos los resultados obtenidos durante los tres días de monitoreos, son procesados por especialistas de la Secretaría, que entre otros aspectos, permiten conocer los recursos pesqueros, es decir, si los ejemplares que se encuentran en cada cauce son juveniles o adultos, qué población predomina y realizar una evaluación de la cadena trófica.
Con los resultados obtenidos, se definirá el plan a ejecutar en los próximos meses.
Los monitoreos continuarán desarrollándose en diferentes ríos de San Juan para definir políticas que permitan mantener el equilibrio adecuado en los ecosistemas acuáticos.
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Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
En la jornada de hoy, el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, comenzó con una campaña de monitoreo ictícola en río Castaño.
Los monitoreos son campañas estacionales que permiten la obtención de muestras, con cuyo análisis se obtienen datos que permiten conocer los ecosistemas acuáticos, determinar predominancia de especies, dieta de cada una, evaluación de la cadena trófica, también se busca medir parámetros fisicoquímicos para determinar si se encuentran dentro de la normalidad.
Todos los resultados obtenidos durante los tres días de monitoreos, son procesados por especialistas de la Secretaría, que entre otros aspectos, permiten conocer los recursos pesqueros, es decir, si los ejemplares que se encuentran en cada cauce son juveniles o adultos, qué población predomina y realizar una evaluación de la cadena trófica.
Con los resultados obtenidos, se definirá el plan a ejecutar en los próximos meses.
Los monitoreos continuarán desarrollándose en diferentes ríos de San Juan para definir políticas que permitan mantener el equilibrio adecuado en los ecosistemas acuáticos.
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Piden frenan desmontes costeros en Corrientes
Solicitan que se detenga el desmonte en la zona del arroyo Riachuelo
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial
El mortífero avance de la frontera agrícola argentina
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo
Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo y retiene fondos
Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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San Luis plantea más acciones para preservar los bosques
Nuevas acciones en pos de preservar los bosques nativos de la provincia
Fecha de Publicación: 02/08/2018
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis
Se trata de un trabajo de sistematización y organización general de la información de base de la actividad forestal del territorio sanluiseño para así optimizar los sistemas de monitoreo, control y seguimiento de esta actividad.
Como parte de la Ley de Bosques Nativos y con el objetivo de mejorar la gestión y administración de los recursos forestales de la provincia, el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, trabaja en lo que será la sistematización de la información de base de la actividad forestal.
“Apuntamos a lograr una organización general de toda la información para optimizar los sistemas de monitoreo, control y seguimiento de la actividad forestal”, expresó la jefa del Subprograma Biodiversidad, María Julia Veinticinco.
Asimismo, la funcionaria amplió el objetivo de estas acciones: “Pretendemos mejorar los sistemas de aprovechamiento actuales, promoviendo intervenciones de bajo impacto, aumentando la seguridad e higiene de los operarios forestales y generando negociaciones justas entre los diferentes actores en toda la cadena forestal. Así lograremos disminuir los impactos negativos que esta produce sobre los bosques nativos y el medioambiente”.
Cabe destacar que para alcanzar los estándares y lineamientos básicos de manejo sostenible de los bosques nativos, es necesario un proceso de modernización y adaptación a los nuevos marcos legales y normativos que se aplican a nivel nacional e internacional en materia forestal.
Respecto a esta instancia, el Ministerio trabaja en dos aspectos básicos de la actividad: la identificación y ubicación geográfica de los establecimientos rurales y “corralones” que cuentan con matrícula forestal; y en la obtención y análisis temporal de las guías forestales en los últimos 2 años por cada establecimiento.
A su vez, Veinticinco comentó que toda la información está siendo volcada en un Sistema de Información Geográfico que permite procesar datos del territorio y de imágenes satelitales actuales para monitorear la actividad en general.
“Además, estamos trabajando la posibilidad de dar visibilidad a los actores intermedios que operan en la cadena forestal, como los contratistas y hacheros, mediante un registro provincial que nos permitirá integrarlos a un sistema más transparente y equitativo en relación al acceso a los recursos forestales”, concluyó la responsable del Subprograma Biodiversidad.
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Fecha de Publicación: 02/08/2018
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis
Se trata de un trabajo de sistematización y organización general de la información de base de la actividad forestal del territorio sanluiseño para así optimizar los sistemas de monitoreo, control y seguimiento de esta actividad.
Como parte de la Ley de Bosques Nativos y con el objetivo de mejorar la gestión y administración de los recursos forestales de la provincia, el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, trabaja en lo que será la sistematización de la información de base de la actividad forestal.
“Apuntamos a lograr una organización general de toda la información para optimizar los sistemas de monitoreo, control y seguimiento de la actividad forestal”, expresó la jefa del Subprograma Biodiversidad, María Julia Veinticinco.
Asimismo, la funcionaria amplió el objetivo de estas acciones: “Pretendemos mejorar los sistemas de aprovechamiento actuales, promoviendo intervenciones de bajo impacto, aumentando la seguridad e higiene de los operarios forestales y generando negociaciones justas entre los diferentes actores en toda la cadena forestal. Así lograremos disminuir los impactos negativos que esta produce sobre los bosques nativos y el medioambiente”.
Cabe destacar que para alcanzar los estándares y lineamientos básicos de manejo sostenible de los bosques nativos, es necesario un proceso de modernización y adaptación a los nuevos marcos legales y normativos que se aplican a nivel nacional e internacional en materia forestal.
Respecto a esta instancia, el Ministerio trabaja en dos aspectos básicos de la actividad: la identificación y ubicación geográfica de los establecimientos rurales y “corralones” que cuentan con matrícula forestal; y en la obtención y análisis temporal de las guías forestales en los últimos 2 años por cada establecimiento.
A su vez, Veinticinco comentó que toda la información está siendo volcada en un Sistema de Información Geográfico que permite procesar datos del territorio y de imágenes satelitales actuales para monitorear la actividad en general.
“Además, estamos trabajando la posibilidad de dar visibilidad a los actores intermedios que operan en la cadena forestal, como los contratistas y hacheros, mediante un registro provincial que nos permitirá integrarlos a un sistema más transparente y equitativo en relación al acceso a los recursos forestales”, concluyó la responsable del Subprograma Biodiversidad.
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En Ambiente definen metodología del Inventario de Humedales
El Ministerio de Ambiente avanza en el Inventario Nacional de Humedales
Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una reunión de especialistas que buscan definir las metodologías del Inventario Nacional de Humedales tuvo lugar ayer en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La cartera —a cargo de Sergio Bergman— es la institución que lidera el proceso de construcción del inventario, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (N.° 25675) y la Convención sobre los Humedales.
La complejidad y heterogeneidad de los ecosistemas de humedales determinan la necesidad de un desarrollo conceptual y metodológico específico para implementar los relevamientos en las diversas regiones del país. En ese sentido, la cartera ambiental convocó a especialistas de los ámbitos científico técnicos con el objetivo de establecer el marco conceptual y los lineamientos metodológicos del inventario.
En el encuentro, los expertos abordaron diversos aspectos técnicos y operativos, incluyendo cuestiones asociadas a la terminología, escalas y enfoques. También propusieron y debatieron sobre las estrategias y desafíos de su implementación, analizando las capacidades existentes en el país para la ejecución de los trabajos. Asimismo, remarcaron la continuidad del proceso con relación a los talleres y experiencias demostrativas anteriormente realizados, como plataforma para la profundización de las tareas de inventario y la consolidación de una red de instituciones involucradas.
El secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, presente en la reunión, destacó que “la generación de información pública de calidad es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio”. Enfatizó además “el compromiso del ministro Bergman, y de todo el Gobierno nacional, para contar con un relevamiento de los humedales en el país, acorde al mejor conocimiento y tecnologías disponibles, para fortalecer las políticas de conservación y uso sustentable de estos ecosistemas”.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló a su turno que “las recientes publicaciones del Informe del Estado del Ambiente y el Inventario Nacional de Glaciares, entre otros, dan cuenta de la relevancia de estos instrumentos para profundizar la coordinación de acciones con las provincias y los diversos sectores involucrados”. Finalmente explicó que “la mesa de expertos tendrá continuidad con un taller participativo que permitirá consolidar los consensos metodológicos para la realización del inventario en todo el país”.
Participaron en el encuentro: Patricia Kandus y Priscilla Minotti, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín; Rubén Quintana, de CONICET, Elizabeth Mazzoni, de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Carlos Ramonell, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral; Clara Rubio, del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas; y José Volante, de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
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Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una reunión de especialistas que buscan definir las metodologías del Inventario Nacional de Humedales tuvo lugar ayer en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La cartera —a cargo de Sergio Bergman— es la institución que lidera el proceso de construcción del inventario, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (N.° 25675) y la Convención sobre los Humedales.
La complejidad y heterogeneidad de los ecosistemas de humedales determinan la necesidad de un desarrollo conceptual y metodológico específico para implementar los relevamientos en las diversas regiones del país. En ese sentido, la cartera ambiental convocó a especialistas de los ámbitos científico técnicos con el objetivo de establecer el marco conceptual y los lineamientos metodológicos del inventario.
En el encuentro, los expertos abordaron diversos aspectos técnicos y operativos, incluyendo cuestiones asociadas a la terminología, escalas y enfoques. También propusieron y debatieron sobre las estrategias y desafíos de su implementación, analizando las capacidades existentes en el país para la ejecución de los trabajos. Asimismo, remarcaron la continuidad del proceso con relación a los talleres y experiencias demostrativas anteriormente realizados, como plataforma para la profundización de las tareas de inventario y la consolidación de una red de instituciones involucradas.
El secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, presente en la reunión, destacó que “la generación de información pública de calidad es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio”. Enfatizó además “el compromiso del ministro Bergman, y de todo el Gobierno nacional, para contar con un relevamiento de los humedales en el país, acorde al mejor conocimiento y tecnologías disponibles, para fortalecer las políticas de conservación y uso sustentable de estos ecosistemas”.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló a su turno que “las recientes publicaciones del Informe del Estado del Ambiente y el Inventario Nacional de Glaciares, entre otros, dan cuenta de la relevancia de estos instrumentos para profundizar la coordinación de acciones con las provincias y los diversos sectores involucrados”. Finalmente explicó que “la mesa de expertos tendrá continuidad con un taller participativo que permitirá consolidar los consensos metodológicos para la realización del inventario en todo el país”.
Participaron en el encuentro: Patricia Kandus y Priscilla Minotti, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín; Rubén Quintana, de CONICET, Elizabeth Mazzoni, de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Carlos Ramonell, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral; Clara Rubio, del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas; y José Volante, de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
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Ahora si... hay Parque Nacional Aconquija aprobado por ley
La creación del Parque Nacional Aconquija fue aprobada por ley
Fecha de Publicación: 15/07/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad la ley de creación del Parque Nacional Aconquija, por 205 votos positivos.
El proyecto contaba con media sanción de la Diputados, pero fue modificado por el Senado y, por lo tanto, volvió a Diputados para su aprobación final, lo que ocurrió hoy. Los autores del proyecto fueron el tucumano Miguel Nacul y técnicos de la Administración de Parques Nacionales.
El diputado nacional por Tucumán Marcelo Santillán (FPV) celebró la sanción de la ley a través de su cuenta de Twitter.
Entre tanto, el jefe de Gabinte, Marcos Peña, expresó en Twitter su satisfacción por la ley. "Hoy la Cámara de Diputados aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán. ¡Una gran noticia para seguir cuidando los recursos naturales de nuestro país!", publicó en funcionario.
Cambios
La senadora radical por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, explicó cuáles fueron las dos modificaciones introducidas al texto aprobado en primera instancia por Diputados. “La Legislatura de Tucumán sanciona dos leyes. En la primera ley cede la jurisdicción de las hectáreas necesarias para la creación del Parque Nacional, y en la segunda ley que se sanciona al poco tiempo, se la modifica porque había algunos errores en la nomenclatura catastral, y también la Provincia se reserva la jurisdicción ambiental en todo lo que se refiere a las obras hídricas de los ríos Las Cañas, Gastona, Medinas, para poder realizar un proyecto que viene de hace mucho tiempo, como es el dique Potrero del Clavillo, y por el que tanto Tucumán como Catamarca han trabajando arduamente”, describió la parlamentaria tucumana en la reunión de comisiones.
La Cámara de Diputados, al darle media sanción, no tuvo en cuenta la segunda ley provincial, pese a que ya estaba sancionada. Tras la modificación en el Senado, Diputados aprobó la norma con los cambios.
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Fecha de Publicación: 15/07/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad la ley de creación del Parque Nacional Aconquija, por 205 votos positivos.
El proyecto contaba con media sanción de la Diputados, pero fue modificado por el Senado y, por lo tanto, volvió a Diputados para su aprobación final, lo que ocurrió hoy. Los autores del proyecto fueron el tucumano Miguel Nacul y técnicos de la Administración de Parques Nacionales.
El diputado nacional por Tucumán Marcelo Santillán (FPV) celebró la sanción de la ley a través de su cuenta de Twitter.
Entre tanto, el jefe de Gabinte, Marcos Peña, expresó en Twitter su satisfacción por la ley. "Hoy la Cámara de Diputados aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán. ¡Una gran noticia para seguir cuidando los recursos naturales de nuestro país!", publicó en funcionario.
Cambios
La senadora radical por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, explicó cuáles fueron las dos modificaciones introducidas al texto aprobado en primera instancia por Diputados. “La Legislatura de Tucumán sanciona dos leyes. En la primera ley cede la jurisdicción de las hectáreas necesarias para la creación del Parque Nacional, y en la segunda ley que se sanciona al poco tiempo, se la modifica porque había algunos errores en la nomenclatura catastral, y también la Provincia se reserva la jurisdicción ambiental en todo lo que se refiere a las obras hídricas de los ríos Las Cañas, Gastona, Medinas, para poder realizar un proyecto que viene de hace mucho tiempo, como es el dique Potrero del Clavillo, y por el que tanto Tucumán como Catamarca han trabajando arduamente”, describió la parlamentaria tucumana en la reunión de comisiones.
La Cámara de Diputados, al darle media sanción, no tuvo en cuenta la segunda ley provincial, pese a que ya estaba sancionada. Tras la modificación en el Senado, Diputados aprobó la norma con los cambios.
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Increíble: Ordenaza permite un barrio privado en una reserva
Permiten barrios privados en un área protegida de Berazategui y hay fuerte polémica
Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay 900 hectáreas de la Costa de Berazategui que acaban de cambiar. Pero no se trata, por ahora, de un tema de paisaje o de alguna construcción monumental. Las transformaron “en papeles”, porque modificaron lo que se puede hacer en ellas. Pasaron de ser reserva natural a zona residencial, a partir de una ordenanza que aprobó el Concejo con los votos del oficialismo y aliados. En ellas ya comenzaron a construir un barrio cerrado, Lagoon Hudson, con lagunas artificiales, y dieron el permiso para hacer otros dos. Los vecinos podrían reclamar ante la Justicia.
La medida ya empezó a generar fuertes reclamos de organizaciones locales, que temen tanto por la destrucción del ambiente como por el riesgo de inundaciones. Las hectáreas están en Hudson, en un rectángulo delimitado por la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Calle 63, el arroyo Baldovino y el Camino de las Rosas, un acceso de tierra que corre paralelo a la Autopista pero cerca del río, y que tradicionalmente marcó el comienzo del bosque húmedo de la ribera. Además incluye un triángulo de 18 hectáreas que está dentro de ese bosque, entre el Camino de las Rosas y el río, casi llegando al arroyo.
La ordenanza es la N° 5594, aprobada el mes pasado. Es una continuación de otra de 2013, en la que también se trató la rezonificación de parte de la costa que era reserva. La nueva medida habilita la construcción de tres desarrollos inmobiliarios por etapas: una vez que completen el 70% de uno pueden empezar el segundo, y así sucesivamente. Hoy en esas tierras no hay prácticamente nada más que vegetación. Sólo construcciones a medio hacer en una porción del terreno, que es donde está Lagoon Hudson, sobre la Calle 63. Eso fue lo que se inició tras la ordenanza de 2013.
Ahora, la nueva aprobación del Concejo habilita que las 900 hectáreas corran el mismo destino: que comiencen a ser modificadas para que se conviertan en una zona residencial de barrios cerrados. “El principal problema es que esa zona de humedales es un valle de inundación. Contiene el agua de las crecidas del Río de la Plata y, a la vez, el agua que baja desde los arroyos al río. Si construyen ahí no solo van a afectar la biodiversidad, también puede generarse un riesgo de inundaciones”, explica Ernesto Salgado, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.
“Esta semana vamos a presentar un pedido de investigación en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para que se determine cómo puede afectar la zona. Porque la Costa está dividida en tres zonas: verde, amarilla (donde solo se puede intervenir con determinados permisos) y roja (que debe preservarse totalmente), hay que ver qué va a pasar con esta protección, si se va a respetar o no. Si no tenemos respuesta, vamos a ir a la Justicia”, afirma.
La ordenanza se aprobó con los votos del oficialismo y aliados, pero sin los de Cambiemos. El bloque tuvo dos ausentes y una abstención, y el resto se opuso. “Es una zona de mucho valor natural, como para que se utilice para un emprendimiento privado. Tenemos otros lugares donde se puede construir. No estamos de acuerdo con intervenir la costa así”, afirma la concejal Vanina Passalacqua, de Cambiemos, que votó en contra.
Por ahora, el único proyecto confirmado para ese predio es Lagoon Hudson, un barrio privado que ya se construye y que a partir de la aprobación podría ampliarse. Tendrá una laguna artificial. El proyecto pertenece al Grupo Monarca SA, que está haciendo uno similar en Pilar. Se espera que el mismo grupo sea el que inicie otro proyecto en el área.
Al lado del predio, en la Calle 63 y también en la franja costera, ya hay varios barrios cerrados similares, como Villalobos y Magallanes. La zona es muy buscada por inversores: está pegada al río y tiene acceso directo desde la Autopista Buenos Aires- La Plata. Apuestan a que ahí se puede formar un polo de countries similar a Nordelta y alrededores.
En el OPDS, el organismo bonaerense que tiene que determinar si las construcciones que puedan hacerse allí afectarán o no los humedales, explicaron que todavía deben hacer la evaluación de impacto ambiental. “Una vez que esté aprobado el cambio de uso de suelo (lo hace la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Infraestructura y luego la gobernadora María Eugenia Vidal debe emitir un decreto), el OPDS realizará la evaluación de impacto ambiental y se expedirá al respecto”, precisaron en el organismo. El Zonal se comunicó con el presidente del Concejo Deliberante y ex intendente Juan José Mussi, cuyo bloque aprobó la rezonificación del área de reserva, pero no quiso contestar sobre la ordenanza. En el Municipio tampoco dieron respuesta.
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Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay 900 hectáreas de la Costa de Berazategui que acaban de cambiar. Pero no se trata, por ahora, de un tema de paisaje o de alguna construcción monumental. Las transformaron “en papeles”, porque modificaron lo que se puede hacer en ellas. Pasaron de ser reserva natural a zona residencial, a partir de una ordenanza que aprobó el Concejo con los votos del oficialismo y aliados. En ellas ya comenzaron a construir un barrio cerrado, Lagoon Hudson, con lagunas artificiales, y dieron el permiso para hacer otros dos. Los vecinos podrían reclamar ante la Justicia.
La medida ya empezó a generar fuertes reclamos de organizaciones locales, que temen tanto por la destrucción del ambiente como por el riesgo de inundaciones. Las hectáreas están en Hudson, en un rectángulo delimitado por la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Calle 63, el arroyo Baldovino y el Camino de las Rosas, un acceso de tierra que corre paralelo a la Autopista pero cerca del río, y que tradicionalmente marcó el comienzo del bosque húmedo de la ribera. Además incluye un triángulo de 18 hectáreas que está dentro de ese bosque, entre el Camino de las Rosas y el río, casi llegando al arroyo.
La ordenanza es la N° 5594, aprobada el mes pasado. Es una continuación de otra de 2013, en la que también se trató la rezonificación de parte de la costa que era reserva. La nueva medida habilita la construcción de tres desarrollos inmobiliarios por etapas: una vez que completen el 70% de uno pueden empezar el segundo, y así sucesivamente. Hoy en esas tierras no hay prácticamente nada más que vegetación. Sólo construcciones a medio hacer en una porción del terreno, que es donde está Lagoon Hudson, sobre la Calle 63. Eso fue lo que se inició tras la ordenanza de 2013.
Ahora, la nueva aprobación del Concejo habilita que las 900 hectáreas corran el mismo destino: que comiencen a ser modificadas para que se conviertan en una zona residencial de barrios cerrados. “El principal problema es que esa zona de humedales es un valle de inundación. Contiene el agua de las crecidas del Río de la Plata y, a la vez, el agua que baja desde los arroyos al río. Si construyen ahí no solo van a afectar la biodiversidad, también puede generarse un riesgo de inundaciones”, explica Ernesto Salgado, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.
“Esta semana vamos a presentar un pedido de investigación en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para que se determine cómo puede afectar la zona. Porque la Costa está dividida en tres zonas: verde, amarilla (donde solo se puede intervenir con determinados permisos) y roja (que debe preservarse totalmente), hay que ver qué va a pasar con esta protección, si se va a respetar o no. Si no tenemos respuesta, vamos a ir a la Justicia”, afirma.
La ordenanza se aprobó con los votos del oficialismo y aliados, pero sin los de Cambiemos. El bloque tuvo dos ausentes y una abstención, y el resto se opuso. “Es una zona de mucho valor natural, como para que se utilice para un emprendimiento privado. Tenemos otros lugares donde se puede construir. No estamos de acuerdo con intervenir la costa así”, afirma la concejal Vanina Passalacqua, de Cambiemos, que votó en contra.
Por ahora, el único proyecto confirmado para ese predio es Lagoon Hudson, un barrio privado que ya se construye y que a partir de la aprobación podría ampliarse. Tendrá una laguna artificial. El proyecto pertenece al Grupo Monarca SA, que está haciendo uno similar en Pilar. Se espera que el mismo grupo sea el que inicie otro proyecto en el área.
Al lado del predio, en la Calle 63 y también en la franja costera, ya hay varios barrios cerrados similares, como Villalobos y Magallanes. La zona es muy buscada por inversores: está pegada al río y tiene acceso directo desde la Autopista Buenos Aires- La Plata. Apuestan a que ahí se puede formar un polo de countries similar a Nordelta y alrededores.
En el OPDS, el organismo bonaerense que tiene que determinar si las construcciones que puedan hacerse allí afectarán o no los humedales, explicaron que todavía deben hacer la evaluación de impacto ambiental. “Una vez que esté aprobado el cambio de uso de suelo (lo hace la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Infraestructura y luego la gobernadora María Eugenia Vidal debe emitir un decreto), el OPDS realizará la evaluación de impacto ambiental y se expedirá al respecto”, precisaron en el organismo. El Zonal se comunicó con el presidente del Concejo Deliberante y ex intendente Juan José Mussi, cuyo bloque aprobó la rezonificación del área de reserva, pero no quiso contestar sobre la ordenanza. En el Municipio tampoco dieron respuesta.
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Caputo sigue sumando causas por desmontes ilegales
Otra denuncia contra Caputo, ahora por desmontes ilegales en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Córdoba: 100 mil ha de bosque menos en 10 años
Por el fuego, Córdoba perdió 100 mil hectáreas de bosque nativo en 10 años
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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Golpe al tráfico de madera talada ilegalmente
Desarticularon una banda que talaba especies protegidas
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
Los procedimientos se realizaron en Orán, Tartagal y en otras ciudades del país. Hubo 24 allanamientos simultáneos.
Personal de la Policía Federal Argentina desbarató a una banda delictiva con ramificaciones en distintos puntos del país, que se dedicaba a la tala ilegal de especies protegidas y a la venta ilegal de madera por una suma millonaria. Con tal motivo se realizaron 24 allanamientos en las ciudades de Orán y Tartagal, además en Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe) y Capital Federal.
Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes del Departamento Delitos Ambientales, quienes fueron especialmente destacados a los sitios previamente investigados. Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Sergio Torres. Las tareas de campo realizadas por el personal policial permitieron establecer que dicha organización operaba de manera sincronizada en los citados lugares, según consigna un cable de la agencia Noticias Argentinas.
De las investigaciones se pudo determinar que la banda plantaba especies protegidas y en peligro de extinción, luego las talaban y las exportaban a China. El mercado asiático es el más apetecible de los mercaderes de la madera, debido al alto precio que pagan por el palo santo, el quebracho colorado y otras especies autóctonas de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, en la provincia de Salta.
A raíz de ello el juez Torres ordenó los allanamientos en simultáneo en estudios jurídicos y contables, escribanías, campos, aserraderos y viviendas particulares. Con esta medida se evitó que el grupo pudiera hacer desaparecer las pruebas que lo comprometían.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron 125 toneladas de palo santo, 28 toneladas de esta especie en formato de madera para piso embaladas y listas para ser exportadas. En los sitios allanados por los federales la policía encontró depósitos perfectamente acondicionados para el acopio del producto. También se decomisaron ocho toneladas de pino del cerro (especie en peligro de extinción cuya explotación está prohibida) y más de 3.000 toneladas de palo santo talado. Como prueba del poder económico de la organización se verificó que tenía en producción 45.000 hectáreas de palo santo plantados en el lugar.
Hasta ayer los efectivos federales se encontraban recolectando pruebas en distintos empredimientos allanados. Si bien no se dio a conocer la cantidad de personas involucradas, se supo que la banda contaba con un grupo de contadores, abogados y escribanos para realizar las maniobras. La documentación secuestrada en los estudios fue determinante, dijo una fuente.
Desde el juzgado se informó que, además, se incautaron cinco armas de fuego, munición, una granada de gas, cuatro computadoras, 14 cuños para marcar la madera, una piel de yaguareté, 52 planchetas de cerámica que los canes antidrogas que asistieron en el lugar señalaron como sospechosas y documentación de todo tipo que prueba el delito.
Los investigadores pudieron verificar que la organización realizó, al menos, 430 operaciones ilegales de exportaciones de madera a China, por un valor de 6.000.000 de dólares. Se informó que en las requisas se lograron detectar que 15 lugareños de pueblos originarios, wichis, eran explotados laboralmente en la tala de árboles a cambio de comida.
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Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
Los procedimientos se realizaron en Orán, Tartagal y en otras ciudades del país. Hubo 24 allanamientos simultáneos.
Personal de la Policía Federal Argentina desbarató a una banda delictiva con ramificaciones en distintos puntos del país, que se dedicaba a la tala ilegal de especies protegidas y a la venta ilegal de madera por una suma millonaria. Con tal motivo se realizaron 24 allanamientos en las ciudades de Orán y Tartagal, además en Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe) y Capital Federal.
Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes del Departamento Delitos Ambientales, quienes fueron especialmente destacados a los sitios previamente investigados. Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Sergio Torres. Las tareas de campo realizadas por el personal policial permitieron establecer que dicha organización operaba de manera sincronizada en los citados lugares, según consigna un cable de la agencia Noticias Argentinas.
De las investigaciones se pudo determinar que la banda plantaba especies protegidas y en peligro de extinción, luego las talaban y las exportaban a China. El mercado asiático es el más apetecible de los mercaderes de la madera, debido al alto precio que pagan por el palo santo, el quebracho colorado y otras especies autóctonas de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, en la provincia de Salta.
A raíz de ello el juez Torres ordenó los allanamientos en simultáneo en estudios jurídicos y contables, escribanías, campos, aserraderos y viviendas particulares. Con esta medida se evitó que el grupo pudiera hacer desaparecer las pruebas que lo comprometían.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron 125 toneladas de palo santo, 28 toneladas de esta especie en formato de madera para piso embaladas y listas para ser exportadas. En los sitios allanados por los federales la policía encontró depósitos perfectamente acondicionados para el acopio del producto. También se decomisaron ocho toneladas de pino del cerro (especie en peligro de extinción cuya explotación está prohibida) y más de 3.000 toneladas de palo santo talado. Como prueba del poder económico de la organización se verificó que tenía en producción 45.000 hectáreas de palo santo plantados en el lugar.
Hasta ayer los efectivos federales se encontraban recolectando pruebas en distintos empredimientos allanados. Si bien no se dio a conocer la cantidad de personas involucradas, se supo que la banda contaba con un grupo de contadores, abogados y escribanos para realizar las maniobras. La documentación secuestrada en los estudios fue determinante, dijo una fuente.
Desde el juzgado se informó que, además, se incautaron cinco armas de fuego, munición, una granada de gas, cuatro computadoras, 14 cuños para marcar la madera, una piel de yaguareté, 52 planchetas de cerámica que los canes antidrogas que asistieron en el lugar señalaron como sospechosas y documentación de todo tipo que prueba el delito.
Los investigadores pudieron verificar que la organización realizó, al menos, 430 operaciones ilegales de exportaciones de madera a China, por un valor de 6.000.000 de dólares. Se informó que en las requisas se lograron detectar que 15 lugareños de pueblos originarios, wichis, eran explotados laboralmente en la tala de árboles a cambio de comida.
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Chaco: desmontes en zona roja, denuncian a autoridades
Denuncian a Bosques por autorizar desmontes en una zona protegida del Departamento Brown
Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
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Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
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Humedales de Santa Fe: suman a las ONGs en su gestión
Los humedales de Santa Fe suman nuevas instancias de gestión
Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: La Capital de Rosario
Provincia/Región: Santa Fe
Esta semana se creó un comité intersectorial de manejo del área, con representación de las ONG que trabajan en la problemática.
Los Humedales son sistemas ambientales únicos por su biodiversidad y los beneficios que aportan al entorno. Algunos de esos aportes son moderar las temperaturas extremas y atemperar los pulsos de las inundaciones, dos situaciones que mejoran de forma natural la calidad de vida de las ciudades construidas cerca de esos ecosistemas.
Rosario está bajo la órbita de un Humedal de rango internacional, el sitio Ramsar Delta del Paraná, que si bien en rigor se extiende desde Desvío Arijón hasta Puerto Gaboto extiende sus efectos a toda la zona costera santafesina.
Con el objetivo de mejorar la gestión de un sitio considerado único por sus atributos naturales, la semana pasada se creó un comité intersectorial de manejo del sitio conformado por representantes de los gobiernos santafesino y entrerriano, académicos y grupos ambientalistas de las dos orillas.
La idea es que a partir del comité, las decisiones sobre la gestión del sitio sean participativas e incluyan a sectores no gubernamentales como las organizaciones ambientalistas y las universidades. Trabajarán junto a otros tres comités que asesorarán en temas de producción, turismo y académicos.
Guillermo Martín, de la administración de Parques Nacionales, recordó que dentro del sitio Ramsar existen dos parques: el Pre Delta con sede en Diamante, y el Islas de Santa Fe, que aún no se puede visitar (ver recuadro).
"Con los parques buscamos proveer servicios ambientales, preservar tierras y producir desarrollo con ecoturismo", dijo el funcionario, quien detalló que en los años en que no se registran indundaciones, el Pre Delta recibe en promedio alrededor de 78 mil visitantes.
Martín recordó que el Delta del Paraná tiene 240 mil hectáreas y que su protección (los sitios Ramsar tienen importancia global) tiene rango legal constitucional: "protegerlo es una obligación constitucional del estado argentino". También explicó que se trata de lugares difíciles de manejar que precisan tecnologías apropiadas y recursos.
Por su parte, Vanesa Paccotti, de El Paraná No Se Toca (que junto al Taller Ecologista y Guardianes de Victoria se sumaron a la convocatoria) señaló que harán todo lo que esté a su alcance "para participar en la gestión para la conservación de los humedales y de la gente que los habita tradicionalmente en forma armónica con el ambiente". También dijo que desde los grupos ambientalistas "bregarán para que no sea sólo un «sitio de papel» como muchos otros que a pesar de sus declaraciones formales como áreas protegidas no tienen ningún tipo de efectivización en la protección".
Plan de manejo
Beatriz Giacosa, que tiene a su cargo la coordinación del plan de manejo del sitio, señaló que la idea es generar una propuesta de plan de manejo que estipule "qué se puede hacer, cómo, dónde y con quienes. Esto se hará a través de una planificación participativa, es un proceso de trabajo en conjunto".
Para eso se conformará un equipo de trabajo que estará a cargo de la planificación y de garantizar la participación de los actores civiles. El objetivo es contar con un plan de manejo para el año 2019 que sirva como guía para la gestión del sitio.
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Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: La Capital de Rosario
Provincia/Región: Santa Fe
Esta semana se creó un comité intersectorial de manejo del área, con representación de las ONG que trabajan en la problemática.
Los Humedales son sistemas ambientales únicos por su biodiversidad y los beneficios que aportan al entorno. Algunos de esos aportes son moderar las temperaturas extremas y atemperar los pulsos de las inundaciones, dos situaciones que mejoran de forma natural la calidad de vida de las ciudades construidas cerca de esos ecosistemas.
Rosario está bajo la órbita de un Humedal de rango internacional, el sitio Ramsar Delta del Paraná, que si bien en rigor se extiende desde Desvío Arijón hasta Puerto Gaboto extiende sus efectos a toda la zona costera santafesina.
Con el objetivo de mejorar la gestión de un sitio considerado único por sus atributos naturales, la semana pasada se creó un comité intersectorial de manejo del sitio conformado por representantes de los gobiernos santafesino y entrerriano, académicos y grupos ambientalistas de las dos orillas.
La idea es que a partir del comité, las decisiones sobre la gestión del sitio sean participativas e incluyan a sectores no gubernamentales como las organizaciones ambientalistas y las universidades. Trabajarán junto a otros tres comités que asesorarán en temas de producción, turismo y académicos.
Guillermo Martín, de la administración de Parques Nacionales, recordó que dentro del sitio Ramsar existen dos parques: el Pre Delta con sede en Diamante, y el Islas de Santa Fe, que aún no se puede visitar (ver recuadro).
"Con los parques buscamos proveer servicios ambientales, preservar tierras y producir desarrollo con ecoturismo", dijo el funcionario, quien detalló que en los años en que no se registran indundaciones, el Pre Delta recibe en promedio alrededor de 78 mil visitantes.
Martín recordó que el Delta del Paraná tiene 240 mil hectáreas y que su protección (los sitios Ramsar tienen importancia global) tiene rango legal constitucional: "protegerlo es una obligación constitucional del estado argentino". También explicó que se trata de lugares difíciles de manejar que precisan tecnologías apropiadas y recursos.
Por su parte, Vanesa Paccotti, de El Paraná No Se Toca (que junto al Taller Ecologista y Guardianes de Victoria se sumaron a la convocatoria) señaló que harán todo lo que esté a su alcance "para participar en la gestión para la conservación de los humedales y de la gente que los habita tradicionalmente en forma armónica con el ambiente". También dijo que desde los grupos ambientalistas "bregarán para que no sea sólo un «sitio de papel» como muchos otros que a pesar de sus declaraciones formales como áreas protegidas no tienen ningún tipo de efectivización en la protección".
Plan de manejo
Beatriz Giacosa, que tiene a su cargo la coordinación del plan de manejo del sitio, señaló que la idea es generar una propuesta de plan de manejo que estipule "qué se puede hacer, cómo, dónde y con quienes. Esto se hará a través de una planificación participativa, es un proceso de trabajo en conjunto".
Para eso se conformará un equipo de trabajo que estará a cargo de la planificación y de garantizar la participación de los actores civiles. El objetivo es contar con un plan de manejo para el año 2019 que sirva como guía para la gestión del sitio.
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23 proyectos aprobados para restaurar bosques
Son 23 los proyectos que restaurarán 1.700 hectáreas de bosques en el norte y el sur
Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Veintitrés fueron los proyectos ganadores que se encargarán de restaurar 1.720 hectáreas de bosques nativos en zonas del norte y el sur del país, como parte del plan para recuperar unas 20 mil hectáreas de aquí al año 2023. Alrededor de unos 10 millones de árboles que buscarán contribuir al control de las inundaciones y las sequías, la recuperación de suelos salinos y la restauración de áreas incendiadas. Un guiño al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático, ya que los bosques atrapan y almacenan dióxido de carbono y contribuyen a mitigar el calentamiento global.
La iniciativa es parte de la plataforma de reforestación creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de ForestAr 2030. "Los últimos tres años logramos una reducción paulatina de la tasa de deforestación, pasamos de 600 mil hectáreas anuales a 150.000. Marca una tendencia que esperamos sostener, porque las estadísticas demuestran que es una de nuestras principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, durante la presentación en Casa de Gobierno.
La convocatoria estuvo abierta a instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades y pymes. Los adjudicatarios de los 23 proyectos se ubican en tres sitios: la Cuenca Salí Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero), Monte y Espinal (Mendoza y San Luis) y Bosque Andino Patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), que se suman a las ocho experiencias de restauración que se encuentran vigentes en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires y Chubut.
"Junto con las provincias desarrollamos mapas para definir los sitios prioritarios y elaboramos una red de contactos con instituciones públicas y privadas. Después de estas 1.700 hectáreas, queremos seguir impulsando muchas más para llegar a las 20.000 hectáreas anuales. Es importante la puesta en valor del potencial productivo de esos bosques", agregó Moreno.
Zonas vulnerables
Los proyectos adjudicados apuntan a restaurar áreas afectadas en zonas disímiles pero con una coincidencia: su vulnerabilidad.
"En condiciones naturales, solo una semilla de cada 10 millones se transformará en una planta adulta de algarrobo", grafica Mariano Cony, uno de los ganadores, quien se propone restaurar bosques de esa especie en Mendoza. Para contrarrestar estas condiciones adversas, trabajará con semillas mejoradas y evaluadas en distintos ambientes y zonas áridas del país.
Cony señala que las precipitaciones en esa provincia son unas 10 veces menores a las de Buenos Aires, sumado a la humedad relativa muy baja que originan fenómenos como el viento Zonda. La provincia tiene solo 3% de su área cultivada y entre 2017 y 2018 perdió 200.000 hectáreas de bosques por incendios. Los proyectos se desarrollan en campos ganaderos porque, aclara, "la ganadería degrada los bosques, pero también nos puede ayudar a restaurarlos".
Rodrigo Ordoñez García, adjudicatario de uno de los proyectos en la Cuenca Salí Dulce, apunta a "recuperar áreas críticas del sur de Tucumán como un punto de partida para alcanzar una solución. La idea es poner en marcha, junto a actores de la sociedad civil y del ámbito de la educación, un proyecto de forestación para recuperar bosques en degradación,".
Bariloche es la casa del investigador del INTA Mario Pastorino, quien participará de la restauración de aéreas incendiadas. "Ganamos proyectos de alto impacto. Uno en isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El otro es en el cerro Otto, donde recuperaremos sitios quemados plantando lengas y otras especies nativas. En un núcleo turístico tan importante, trascienden el impacto local", afirmó.
La iniciativa, que estima crear 5 mil puestos de trabajo en los próximos años, cuenta con una inversión superior a $30 millones provenientes del Programa Nacional de Bosques Nativos, administrados junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo que sigue es una nueva convocatoria, para la segunda mitad del año, destinada al Noroeste y Noreste del país.
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Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Veintitrés fueron los proyectos ganadores que se encargarán de restaurar 1.720 hectáreas de bosques nativos en zonas del norte y el sur del país, como parte del plan para recuperar unas 20 mil hectáreas de aquí al año 2023. Alrededor de unos 10 millones de árboles que buscarán contribuir al control de las inundaciones y las sequías, la recuperación de suelos salinos y la restauración de áreas incendiadas. Un guiño al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático, ya que los bosques atrapan y almacenan dióxido de carbono y contribuyen a mitigar el calentamiento global.
La iniciativa es parte de la plataforma de reforestación creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de ForestAr 2030. "Los últimos tres años logramos una reducción paulatina de la tasa de deforestación, pasamos de 600 mil hectáreas anuales a 150.000. Marca una tendencia que esperamos sostener, porque las estadísticas demuestran que es una de nuestras principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, durante la presentación en Casa de Gobierno.
La convocatoria estuvo abierta a instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades y pymes. Los adjudicatarios de los 23 proyectos se ubican en tres sitios: la Cuenca Salí Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero), Monte y Espinal (Mendoza y San Luis) y Bosque Andino Patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), que se suman a las ocho experiencias de restauración que se encuentran vigentes en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires y Chubut.
"Junto con las provincias desarrollamos mapas para definir los sitios prioritarios y elaboramos una red de contactos con instituciones públicas y privadas. Después de estas 1.700 hectáreas, queremos seguir impulsando muchas más para llegar a las 20.000 hectáreas anuales. Es importante la puesta en valor del potencial productivo de esos bosques", agregó Moreno.
Zonas vulnerables
Los proyectos adjudicados apuntan a restaurar áreas afectadas en zonas disímiles pero con una coincidencia: su vulnerabilidad.
"En condiciones naturales, solo una semilla de cada 10 millones se transformará en una planta adulta de algarrobo", grafica Mariano Cony, uno de los ganadores, quien se propone restaurar bosques de esa especie en Mendoza. Para contrarrestar estas condiciones adversas, trabajará con semillas mejoradas y evaluadas en distintos ambientes y zonas áridas del país.
Cony señala que las precipitaciones en esa provincia son unas 10 veces menores a las de Buenos Aires, sumado a la humedad relativa muy baja que originan fenómenos como el viento Zonda. La provincia tiene solo 3% de su área cultivada y entre 2017 y 2018 perdió 200.000 hectáreas de bosques por incendios. Los proyectos se desarrollan en campos ganaderos porque, aclara, "la ganadería degrada los bosques, pero también nos puede ayudar a restaurarlos".
Rodrigo Ordoñez García, adjudicatario de uno de los proyectos en la Cuenca Salí Dulce, apunta a "recuperar áreas críticas del sur de Tucumán como un punto de partida para alcanzar una solución. La idea es poner en marcha, junto a actores de la sociedad civil y del ámbito de la educación, un proyecto de forestación para recuperar bosques en degradación,".
Bariloche es la casa del investigador del INTA Mario Pastorino, quien participará de la restauración de aéreas incendiadas. "Ganamos proyectos de alto impacto. Uno en isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El otro es en el cerro Otto, donde recuperaremos sitios quemados plantando lengas y otras especies nativas. En un núcleo turístico tan importante, trascienden el impacto local", afirmó.
La iniciativa, que estima crear 5 mil puestos de trabajo en los próximos años, cuenta con una inversión superior a $30 millones provenientes del Programa Nacional de Bosques Nativos, administrados junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo que sigue es una nueva convocatoria, para la segunda mitad del año, destinada al Noroeste y Noreste del país.
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