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A 10 años de la Ley de Bosques: sabor agridulce



Argentina mira a sus bosques, pero aún no los cuida bien

Fecha de Publicación
: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional


Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Cambiar la la ley de glaciares para más minería



Para impulsar la minería, buscan cambiar la ley de glaciares

Fecha de Publicación
: 20/01/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".

Informe
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".

Consecuencias
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
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Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña



Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta

Fecha de Publicación
: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta


Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.

Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Humedales de la región bonaerense en serio riesgo



Alertan sobre extinción de humedales en la Región

Fecha de Publicación
: 10/01/2018
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires


Cien investigadores compartieron en La Plata estudios sobre esos ecosistemas y pusieron como un ejemplo de la gravedad de su deterioro la cuenca del arroyo del Gato. Consecuencias en las inundaciones y sequías
La definición según el Convenio de Ramsar (Irán, 2 de febrero de 1971) está siendo pisoteada día a día, con el efecto que ello provoca sobre la calidad de vida. Cien científicos lo advirtieron hace unos días, durante un encuentro realizado en La Plata. Y tres ejemplos que pusieron sobre el “creciente deterioro y destrucción” de estos “ecosistemas acuáticos y sus consecuencias ambientales” fueron “la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato”.
“Los bañados de desborde de ríos y arroyos son terrenos bajos e inundables asociados al curso de agua principal, capaces de acumular y retener agua durante eventos de excesos hídricos (inundaciones). Constituyen uno de los distintos tipos de humedales, junto con los pantanos, ciénagas, marismas y otros ecosistemas, que ofrecen invalorables beneficios a las sociedades. Realizan una contribución fundamental a la salud y el bienestar humano”, explicaron a este diario la directora del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (Conicet-UNLP), Nora Gómez, y el investigador principal de ese centro, Alberto Rodrígues Capítulo, al presentar tiempo atrás los resultados de un estudio que demostró que el bañado de la cuenca alta del arroyo del Gato, en Abasto, está “al límite” a raíz de la creciente y cercana presencia de invernáculos. La cuenca media ya está complicada y la baja, en terapia intensiva (ver infografía).


Alerta roja
Fue precisamente en el Instituto “Ringuelet” donde un centenar de científicos mostraron su profunda preocupación por la creciente “reducción y destrucción de los humedales en la llanura pampeana y sus consecuencias en las inundaciones y sequías”, en base a las conclusiones de diferentes trabajos.
En el reciente “Congreso de ecología y manejo de ecosistemas acuáticos pampeanos”, especialistas en el manejo de humedales presentaron los resultados de diferentes estudios que demuestran que “el inapropiado manejo de los suelos y de los cuerpos de agua ha conducido a secar humedales y aumentar la contaminación”. Entre las principales causas se señaló “el avance de las urbanizaciones sobre los humedales y el incremento en el uso de fertilizantes y pesticidas”.
La fuerte alteración de los cursos de agua acentuará los riesgos ambientales en el corto plazo
En tal sentido, como se indicó, se señalaron los casos de la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato como algunos ejemplos de una “creciente alteración de los cursos agua a través de canalizaciones, rectificaciones, desvinculación con el valle aluvial (valle de inundación de un curso de agua) y con el agua subterránea, e incluso la disposición de sedimentos sin un claro criterio que respete el funcionamiento de dichos cursos de agua. Estas situaciones conducen a soluciones a corto plazo pero, en realidad, acentuarán los problemas en un tiempo no muy lejano”, enfatizaron.

Fertilizantes
A lo largo del encuentro también se alertó acerca de “las consecuencias que está teniendo el manejo inadecuado de fertilizantes, que ha llevado a que aumentaran significativamente las concentraciones de fósforo en los últimos 10 años”.
Describieron: “Ese elemento, al llegar a ríos, arroyos, lagunas, e inclusive al sector costero del río de La Plata, aumenta la producción excesiva de plantas acuáticas o algas, promoviendo consecuencias negativas en los recursos bióticos (los que brinda la naturaleza y se regeneran por la ley natural)”. Asimismo se expusieron resultados sobre los efectos del “intenso y poco regulado uso de pesticidas, debido al notable crecimiento de la actividad hortícola y el sostenido aumento de superficies cultivadas en valles aluviales”.

Especies en extinción
Los científicos expusieron, en otro tramo del encuentro, los resultados de estudios que evidenciaron claras consecuencias sobre la biodiversidad. “Un llamado de atención, ya que la desaparición de especies altera el funcionamiento equilibrado de los cursos de agua, disminuyendo los procesos de autodepuración y favoreciendo los de acumulación en la cadena trófica (cadena alimentaria) de compuestos contaminantes” (ver nota aparte).
Se enfatizó también sobre las consecuencias de la “sobreexplotación del agua subterránea y la destrucción de sitios de recarga por el avance de la urbanización, como es el caso de los barrios privados instalados en los valles aluviales o en bañados, a los cuales se los rellena para tal fin, aumentando la impermeabilización del suelo y contribuyendo así a la desconexión del agua superficial con el agua subterránea que naturalmente los alimenta”.
Se resaltó el rol de los reservorios naturales durante los eventos de inundación y, a la vez, se comentó sobre sus consecuencias durante los períodos de sequía, aumentando las condiciones de “estrés ambiental” y la “desaparición de especies vitales para mantener la biodiversidad y el funcionamiento” de ríos, canales y arroyos.
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Bosques: crean Fondo Fiduciario, pero siguen sin cumplir la ley



Se creó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos

Fecha de Publicación
: 10/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional


Facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, anuncia que incorporará en su órbita al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que acaba de ser creado mediante el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018. Su implementación, que se realizará próximamente, lo convertirá en una herramienta eficaz para la preservación de dichos ecosistemas y para el fortalecimiento de la Ley de Bosques Nativos, a 10 años de su sanción.
“Es un gran logro contar con un fideicomiso para la gestión del fondo de la Ley de Bosques como parte de la estrategia integral que implementamos para mejorar y agilizar su administración”, aseguró el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos de la cartera de Ambiente, Juan Pedro Cano. “Esto acortará los tiempos administrativos a nivel nacional y permitirá que los fondos asignados cumplan su objeto y lleguen al bosque y a quienes viven de él de manera sustentable”, agregó.
El instrumento servirá para administrar y financiar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, instaurado por la Ley N.° 26331, de presupuestos mínimos para protección de estos espacios. De acuerdo con la norma, los saldos remanentes de un ejercicio anterior integrarán el fondo del ejercicio siguiente. En la actualidad, los fondos de la ley mencionada están integrados con partidas presupuestarias anuales; a futuro el fideicomiso asegurará la ejecución plurianual y estratégica de los recursos y evitará que los remanentes sean reasignados a otras actividades.
El fideicomiso se integrará con capitales públicos y privados y estará sometido a los controles establecidos en la normativa aplicable, como también a cualquier otro mecanismo de supervisión que se considere pertinente para garantizar la protección del interés público y la transparencia de su gestión.
Cabe señalar que ambos fondos quedarán eximidos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias —de conformidad con las disposiciones de la Ley N.° 25413 de competitividad y la normativa complementaria—, así como también de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Es por esto que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos.
Todo esto facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, el fideicomiso administrará además los fondos climáticos canalizados para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del Acuerdo de París, al que suscribió nuestro país.
La iniciativa evidencia el compromiso del Gobierno nacional con el logro de una política ambiental eficaz y sostenida de protección de los bosques nativos de nuestro país.
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Lavando la cara al Dakar




La seguridad y el impacto ambiental del Dakar

Fecha de Publicación
: 29/12/2017
Fuente: MundoD
Provincia/Región: Nacional


La llegada de la 10ª edición de la carrera-aventura por tierras sudamericanas vuelve a poner en debate los dos temas que afectan a esta dura travesía.
Para festejar sus 10 años en Sudamérica, el Dakar preparó para 2018 lo que ellos llaman una edición con “un recorrido denso, con todos los ingredientes del Dakar, pero muy concentrados”.
Y como si la frase no fuera menor para elevar el calor de los fanáticos locales de los motores, la competencia termina en Córdoba, una especie de premio para el único país que se mantuvo fiel durante todas las ediciones y para la provincia del rally.
Sin embargo, existen variables del Dakar que los fanáticos dejan de lado, pero los detractores toman fuertemente para repudiar la llegada de la carrera: seguridad y medio ambiente.
Jean-Marc Aublanc-Piolot, coordinador del Dakar con los comités de los países anfitriones habló al respecto, sosteniendo el compromiso de la organización con ambos temas y quitándole responsabilidad.

La muerte, presente
“En el Dakar se producen de promedio tres muertes por competencia. No quiero ser morboso, pero ojalá que algunos de los accidentes fatales se produzcan acá (en La Pampa)”, expresó antes de la primera edición en Sudamérica Oscar Folmer, funcionario de Turismo de dicha provincia y coordinador de etapa.
El objetivo era que el lugar tomara notoriedad a nivel mundial. Folmer aclaró luego que la frase había sido sacada de contexto, aunque sus explicaciones no fueron aclaratorias. “Lo que yo dije textualmente fue: si uno quisiera hacer un chiste morboso, diría que uno de esos accidentes esperaría que sucedan en La Pampa”, sintetizó según La Nación.
Tanto la frase supuestamente sacada de contexto, como la vaga justificación, llevan en su raíz una realidad dolorosa.
Durante el Dakar el espectador tiene la parcial certeza de que en algún momento los medios van a informar una muerte, incluso parece parte del deporte, del “juego”. No sería de extrañar que las casas de apuestas empiecen –si es que aún no lo hicieron– a poner la categoría dentro de su gran abanico de posibilidades.
“Tenemos una preocupación máxima en el tema seguridad. La edición 2017 no tuvo muertes, lo que va en contra de la idea de que el Dakar va a tener fallecidos. Pero los pilotos se obsesionan por competir y llegar a la meta, y eso hace que como evento extremo tengamos dramas, pese a que intentemos reducir esos riesgos al mínimo”, explicó Jean-Marc.
No sólo personas que son parte activa de la competencia han fallecido –75 por ciento de los deportistas muertos son motociclistas–, sino también personas que fueron arrolladas por un vehículo que era parte de la carrera.
“Una vez definido el trazado se buscan zonas de espectadores y lugares donde se está muy expuesto. Se sensibiliza sobre los riesgos para que el espectador sea consiente. El público debería ver la carrera en los lugares donde está permitido”, agregó.
Pilotos y navegantes circulan a cientos de kilómetros por hora en caminos rodeados por los espectadores, elevando a niveles sin precedentes la adrenalina de esas personas que apuestan sus cuerpos a la destreza de los conductores.
“En 9 mil kilómetros es muy difícil impedir que las personas no se acerquen a ciertas curvas peligrosas. Trabajamos con gente propia y personas de las fuerzas de los gobiernos –22 mil policías, gendarmes y militares– prohibiendo los accesos a las zonas de peligro para que el riesgo sea mínimo, pero el riesgo cero no puede existir”, sintetizó Aublanc-Piolot.
Cuando se habla de seguridad, la misma organización se encarga de remarcar que el público argentino es “más apasionado”, suponiendo esto que se lo debe cuidar de manera más puntual que en el resto de los países.

La huella medioambiental
Cientos de pilotos recorriendo miles de kilómetros, sus equipos de asistencia, organización y público que se desplaza para ver el paso de los vehículos conforman una gran preocupación para las organizaciones de protección del medio ambiente y el patrimonio arqueológico.
“Nosotros tenemos vínculo sólo con las organizaciones gubernamentales porque una vez que tenemos el visto bueno para el recorrido y la carrera, no estamos expuestos a tener la relación con las organizaciones no gubernamentales que puedan manifestarse en contra”, indicó el miembro de la organización.
El francés no habla de manera agresiva ni soberbia, es puramente protocolar lo suyo. Las críticas sobre el trazado de la carrera no los afectan, ya que la carrera no pasa por ningún punto que no esté validado.
“Las instituciones de medio ambiente y cultura están detrás de nosotros, trabajamos en conjunto y ven que respetemos todas las medidas de mitigaciones que ellos imponen. Hay un trabajo muy meticuloso para no afectar a los parques nacionales, cambiar hojas de ruta para evitar las evidencias arqueológicas, no pasar por ningún lugar que tenga restricciones especiales por fauna”, apreció.
Además, la organización del Dakar sostiene que realizan estudios de impacto ambiental en cada una de las provincias por las que pasan y estas se encargan de validarlo.
“El impacto de una carrera de autos no lo podemos negar. Sin embargo, el Dakar toma medidas de compensación sobre este, desde la adecuación del trazado a lo que deciden las instituciones a la compensación de la huella carbono generada por la competencia y eso es para nosotros muy importante”, añadió.
La compensación de emisiones de dióxido de carbono (CO2) consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica, proporcional a las toneladas de CO2 generadas aquí, para un proyecto ambiental.
En el caso del Dakar, su aporte va a la protección de la Selva Amazonas realizada por Greenoxx que permite salvar cerca de 120 mil hectáreas de bosque que si no estarían destruidos en los próximos 10 años.
Sin embargo, distintas organizaciones a lo largo de los países que el rally atravesó en los últimos años han denunciado que la compensación no es total como se sostiene, además de garantizar que se destruyeron sitios arqueológicos y paleontológicos, como también de flora y fauna.
La postura es clara. El Dakar realiza el trazado con la aprobación de los gobiernos, basados en los estudios de impacto ambiental que se presentan y lo que se realiza para compensar el daño causado es voluntario, por lo que consideran que si hay críticas, no deberían ser para ellos.
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Piden contrucción ambiental para una nueva ruta en Misiones



Solicitan que la construcción de la Autovía Norte de la Ruta 12 sea Ecológica

Fecha de Publicación
: 28/12/2017
Fuente: Iguazú Noticias
Provincia/Región: Misiones


Por iniciativa del Bloque de diputados provinciales de Cambiemos, se solicitaron obras para preservar la fauna y selva paranaense en los pliegos de construcción de la Autovía sobre la Ruta 12, entre ellos los pasafaunas.
El diputado Gustavo González, uno de los promotores de la iniciativa, manifestó que “Se trata de una región protegida que integra la Reserva Privada San Jorge, el Parque Provincial Península y el Parque Nacional Iguazú que son atravesados por 34 Kilómetros de Ruta Nacional, por eso solicitamos que en la construcción de la futura autovía se realicen las obras necesarias para preservar el ambiente evitando el atropellamiento de animales y mejorando de esta manera el tránsito por la zona".
La solicitud fue elevada a la Dirección Nacional de Vialidad, luego del anuncio realizado por el Gobierno Nacional del primer tramo de licitaciones que se van a realizar en la Argentina a través del Sistema de Participación Pública Privada (PPP) entre los que se encuentra la concreción de la Autovía sobre la Ruta Nacional Nº 12, del denominado Corredor “G” que va desde Roque Sanz Peña en la Provincia del Chacho hasta la ciudad de Puerto Iguazú.
“La construcción de pasafaunas y demás obras necesarias que solicitamos, contribuirá de manera notoria para proteger la biodiversidad de nuestra selva y de esta manera preservarla para el futuro” agregó Gonzalez.
En los fundamentos de la solicitud, los legisladores manifiestan que “Nuestro objetivo es generar conciencia sobre la necesidad de realizar obras de infraestructura para evitar los atropellamientos de animales en nuestra Provincia, específicamente en el área indicada que constituye un sistema de áreas protegidas que se conectan entre sí con corredores biológicos. Esta región de nuestra Provincia, debería contar con una Autovía Ecológica que reduciría los tiempos de viaje, disminuyendo la contaminación, reduciendo los accidentes viales y permitiendo el paso de la fauna de un lado al otro de la misma sin riesgo de ser atropellados"
Los pasafaunas son estructuras que evitan el efecto “isla” que se produce entre los distintos bloques en que queda dividida un área natural al estar atravesada por rutas.
Existen distintos tipos de pasafaunas, entre los que se pueden mencionar a los denominados de pastoreo, en zonas de riveras con diversas medidas, con vallados, con rampas de escape, de roturación de franja a cada lado del vallado, de unión de caminos que se comunican entre sí de forma paralela a la ruta, por el exterior y junto a la valla, los denominados pasos canadienses, puentes, pasos elevados para fauna, pasos subterráneos para la fauna, encausamiento por vaguada y canales de cunetas.
Según las estadísticas tomadas de la Red Yaguareté, solamente el 5 % de los automovilistas respetan los límites de velocidad. "El desafío que tenemos por delante, es el desarrollo de una red de transporte más segura y con el mínimo impacto sobre el medio ambiente".
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TdF comienza a remediar el desastre de los castores



Trabajan en la reforestación del bosque afectado por los castores

Fecha de Publicación
: 25/12/2017
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego


Se realiza en el marco del Acuerdo Binacional firmado entre Argentina y Chile para la Restauración de los Ecosistemas Australes afectados por el castor. Funcionarios de ambos países participaron de un taller para intercambiar las experiencias alcanzadas entre los grupos técnicos.
Argentina y Chile trabajan en conjunto para restaurar los ambientes afectados por el castor, principalmente en la zona de Tierra del Fuego, donde la plaga ha derivado en incontables colonias de dichos roedores.
Las acciones forman parte del componente Castor del Proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) - (GCP/ARG/023/GEF), que lleva  adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto al Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (SADSyCC). En Chile el proceso es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente de ese país. Ambos proyectos cuentan con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.
De este encuentro participaron la representante de la FAO para el proyecto, Oficial Técnico Líder, Hivy Ortiz; en representación de la Argentina estuvieron presentes el Director Nacional de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, el Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego, Mauro Pérez Toscani. Por parte de Chile, asistieron representando al Ministerio de Ambiente, el Director Nacional del Proyecto, Charif Tala y el Secretario Regional Ministerial de Magallanes, Juan Marcos Henríquez.
En el Taller que se realizó en Ushuaia, los días 14 y 15 de diciembre, además  del intercambio de experiencias se acordaron y coordinaron acciones conjuntas para enriquecer los trabajos financiados parcialmente por el Fondo para el Medio Ambiente (GEF) de las contrapartes como nacionales, regionales, provinciales y municipales de cada país.
El Componente Castor del proyecto argentino para la elaboración de la ENEEI se encuentra avanzado en la fase de ejecución, mientras que proyecto Castor chileno, está transitando su etapa inicial. En ese sentido, durante el taller los asistentes conocieron la experiencia lograda por el proyecto argentino a través del intercambio de las prácticas adquiridas por técnicos especializados en instrumentos para el manejo, prevención y control del castor, con el propósito es demostrar la viabilidad de la erradicación del castor en las áreas pilotos, que tiene como fin último la restauración del ecosistema fueguino. También realizaron un recorrido por las áreas piloto donde se trabajó, ubicadas en el Valle de Tierra Mayor y en el Parque Nacional Tierra del Fuego.      
Los representantes de ambos países manifestaron que este trabajo cooperativo es fundamental para lograr los objetivos planteados.
El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Pérez Toscani destacó que “es importante resaltar que todas estas acciones que se están llevando adelante de forma satisfactoria, son el resultado de un trabajo en equipo e interdisciplinario entre la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Dirección General de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente en, por ejemplo, el análisis de la definición de indicadores de la calidad del agua de los diferentes ambientes, y en todo el despliegue técnico y operativo, que todos los días se realiza para lograr los objetivos planteados”. También subrayó que “este proyecto nos está permitiendo desarrollar nuevas capacidades y mejorar fortalezas dentro de la Secretaría, adquiriendo todo un equipamiento especial que nos permite continuar trabajando más eficientemente en esta importante tarea de restaurar los ecosistemas dañados por el castor”.
En relación al encuentro remarcó que “iniciamos una nueva etapa de cooperación sobre esta problemática con Chile, algo que nunca se había realizado, donde todos los aprendizajes y lecciones sobre las actividades de control del castor adquiridas por nosotros en el terreno, las compartiremos con los técnicos chilenos, para luego establecer líneas estratégicas de acción conjuntas, que nos permitirán ser más efectivos en las tareas de erradicación y restauración”.
Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) son animales, plantas o microorganismos transportados voluntaria o accidentalmente por las personas fuera de su área de distribución natural, cuya introducción y propagación causan severos impactos sobre los recursos naturales, la diversidad biológica, la economía, la salud pública y la cultura.
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Buenos Aires quiere poner un freno a la ardilla de vientre rojo

Buscan frenar la expansión de la especie exótica ardilla de vientre rojo

Fecha de Publicación
: 25/12/2017
Fuente: lujanenlinea.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires


La Dirección de Prensa Municipal difundió un informe que busca frenar la expansión de la ardilla de vientre rojo

Todos somos parte de la solución. Frenemos su expansión
La ardilla de vientre rojo (Callosciurus erythraeus) es una especie originaria del sudeste de Asia que fue introducida con fines ornamentales en el partido de Luján, Provincia de Buenos Aires hace 50 años, logrando establecerse e invadir, amenazando la biodiversidad, la salud, la producción y los servicios.
Este roedor silvestre se expande de manera exponencial de la mano de las personas que la trasladan a nuevos sitios por considerarla atractiva. Así se crean nuevos focos de invasión y se acelera su expansión en ambientes urbanos y rurales de la Argentina.
Según estudios del Grupo de Ecología de Mamíferos Introducidos (EMI) de la Universidad Nacional de Luján, la población de esta ardilla supera los 100 mil individuos e “invaden” más de 2.200 kilómetros cuadrados, un área que equivale a diez veces la Ciudad de Buenos Aires. Ya está presente en al menos 15 partidos de la provincia de Buenos Aires, en parques de la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Daños causados por la ardilla de vientre rojo
Al encontrar condiciones adecuadas para sobrevivir y reproducirse, su abundancia aumenta y generan daños como:
- Efectos sobre la salud: al igual que otros roedores silvestres pueden transmitir a las personas parásitos y enfermedades tan graves como la leptospirosis. La estrecha cercanía de esta ardilla con el hombre y sus animales domésticos resalta la necesidad de generar conciencia acerca de las zoonosis que puede transmitir.
- Impactos sobre las especies nativas: la presencia de las ardillas exóticas causa impactos negativos sobre la biodiversidad nativa, afectando especies vegetales y actuando como predador o competidor de la fauna silvestre. Entre las amenazas potenciales se encuentra el hecho de que pueden afectar a la diversidad de aves y podrían afectar a las ardillas nativas de Argentina, si llegaran a la Selva Paranaense y las Yungas.
- Efectos en la producción: el consumo de una gran variedad de frutos y semillas (por ejemplo, cítricos, nueces, duraznos, higos, kiwis, manzanas y peras) afecta plantaciones comerciales y familiares. Además, esta especie descorteza árboles favoreciendo que el tronco o las ramas se sequen, se infecten de hongos, y disminuya la calidad de la madera destinada a la producción forestal. La rotura de sistemas de riego por el roído de mangueras también afecta varios cultivos y la producción avícola.
- Impactos en servicios: rotura de cableado. Roen cables de electricidad, TV y telefonía y transformadores eléctricos.

La clave: prevenir su expansión
Todos los años se detectan nuevos sitios donde la ardilla de vientre rojo se ha establecido.
Es clave generar conciencia y trabajar fuertemente en PREVENCIÓN para limitar la captura, tenencia, traslado y liberación de ardillas. Esto no sólo será beneficioso para prevenir la creación de nuevos focos de invasión de esta especie sino que también permitirá enfrentar la problemática de otras especies carismáticas (exóticas y nativas) capturadas y comerciadas ilegalmente.
La tenencia responsable de mascotas incluye saber qué tipo de animales de compañía se pueden tener. En este caso, vale considerar que la ardilla no es una mascota ni un adorno y que todos podemos ayudar a frenar su expansión para proteger la biodiversidad de nuestros ecosistemas, la salud y la producción.

Proyecto Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)
Las especies exóticas invasoras son plantas, animales o microorganismos que fueron trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, y lograron establecerse y expandirse en los nuevos ambientes donde fueron introducidas. Muchas de ellas causan impactos severos sobre la producción, servicios, biodiversidad, cultura y salud.
Desde 2015 se trabaja en un Proyecto Nacional para armar una Estrategia Nacional sobre
Especies Exóticas Invasoras (Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la Biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)”). El mismo está coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Se encuentra bajo la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como agencia de implementación.
El Proyecto ENEEI refleja la decisión de abordar la problemática de especies exóticas invasoras a partir de trabajar de manera interinstitucional e interjurisdiccional, participativa y federal, con el apoyo de organismos internacionales, como un desafío para valorar lo nuestro.
Una de las líneas de trabajo del Proyecto ENEEI se refiere a la problemática que plantea la invasión de la ardilla de vientre rojo, que tiene una fuerte componente social ya que se trata de una especie carismática.
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Midieron el impacto de la Megaminería en los glaciares



Impacto de la Megaminería en los glaciares andinos  

Fecha de Publicación
: 24/12/2017
Fuente: Agencia CTyS-UNLaM
Provincia/Región: Nacional


Tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas para conocer los cambios producidos en el ambiente de los Andes desérticos en los últimos 17 años.
El principal objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto de las minas Veladero y Pascua Lama, ubicadas al noroeste de la provincia de San Juan, sobre los glaciares y diversas geoformas del ambiente glacial y periglacial de esas latitudes. La glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo, dialogó con Agencia CTyS-UNLaM sobre los resultados.
“El impacto –señaló Forte- es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras que el ambiente periglacial, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones.”
Según la investigadora, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glacial y periglacial, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.
A través de imágenes satelitales, los investigadores observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0°c por dos años consecutivos.
Por otro lado, constataron que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión, y que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciales y periglaciales.
Los integrantes del equipo y becarios de CONICET, Cristian Villarroel, Flavia Tejada y Ana Paula Forte, realizaron el estudio de forma independiente y en diálogo con la Asamblea Jáchal No Se Toca, que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glacial y periglacial, y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante para las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.
Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el investigador de CONICET y ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), Ricardo Villalba.
El investigador fue procesado por no haber cumplido en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas “prioritarias”, pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en septiembre de 2015, todavía no se había terminado.
La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el Doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes.
Al respecto, Forte menciona: “El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar un trabajo así acá también”.
La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados periodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.
Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.
En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. “En lugares como la Patagonia y los Alpes –ejemplifica Forte- se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea, allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglacial”.
Si bien Forte indica que el trabajo que realizó IANIGLA es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciales que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glacial y periglacial deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.
En ese sentido, reflexiona: “Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiese concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ese era el espíritu de la ley”.
El fallo del juez Casanello sostiene que, de haberse cumplido la Ley, los sucesivos derrames de cianuro podrían haberse evitado, al igual que la actividad extractiva en esa región. En esta línea, Forte considera que el mayor limitante radica en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.
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El "Cordobés del Año" vinculador a la defensa de los bosques



José Luis Serrano recibió el premio Cordobés del Año 2017

Fecha de Publicación
: 20/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Fue otorgado en el acto de fin de año de la escuela que dirige otra de las candidatas al premio, Alicia Ceballos. Franco Piccato, secretario de Redacción de La Voz del Interior le entregó la estatuilla luego de la actuación de Doña Jovita.
José Luis Serrano recibió este jueves la distinción Cordobés del Año 2017 que surge luego del voto de la gente y del jurado conformado por los ganadores de las ediciones anteriores.
Serrano recibió la estatuilla de manos del secretario de Redacción de La Voz del Interior, Franco Piccato, en el acto de fin de año de la escuela donde trabaja Alicia Ceballos –otra de las candidatas- en el barrio-ciudad Sol Naciente de Córdoba.
Los niños se sentaron alrededor del escenario y escucharon atentos a “Doña Jovita” que empezó a cantar canciones e interactuar con los chicos. Después de hacer reír a todos, “Jovita” pidió a uno de ellos que le quitara la peluca para recibir el premio.
En el acto también estuvieron presentes los otros dos finalistas, Germán Laborda Soler y Liliana González que junto a Alicia Ceballos recibieron un certificado de reconocimiento a sus trabajo por los que fueron distinguidos.
Algunos miembros del jurado también se llegaron a la escuela Jorge Raúl Recalde para participar de la entrega del premio y los diplomas: Marta Pons (ganadora 2003), Silvia Vélez Funes (ganadora 2011) e Ignacio Aguirre (ganador 2012).
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Ley de Bosques: a 10 años, algunos lo ven positivo



Cayó a una sexta parte la superficie anual deforestada a 10 años de la Ley de Bosques  

Fecha de Publicación
: 18/12/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%. Esto sucede a diez años de la sanción de la Ley de Bosques. No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
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Córdoba: sociedad pudo frenar una ley del desmonte



Ley de Bosques: el proyecto fue archivado y en 2018 evaluarán insistir en la Unicameral

Fecha de Publicación
: 14/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El controvertido proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que estaba en pausa desde junio cuando el oficialismo decidió postergar su tratamiento hasta después de las elecciones, finalmente quedó en el olvido del trámite legislativo.
Resistido por organizaciones ambientalistas, la propuesta impulsada por legisladores de Unión Por Córdoba (UPC) y de la Unión Cívica Radical (UCR) buscaba la aprobación de un mapa que está fuera de regla desde agosto de 2015.  El proyecto tomó estado parlamentario en 2016 y el jueves pasado lo perdió. Esto es, según el reglamento interno de la Unicameral, caducó por no haber obtenido sanción en el término de 12 meses corridos.
Desde la secretaría Legislativa del parlamento provincial confirmaron que automáticamente el proyecto pasó a archivo. Esto no significa que no pueda ser rehabilitado por alguno de los legisladores firmantes, por lo que habrá que esperar una definición sobre lo que pueda llegar a pasar. Para esto "no hay plazo", mediante una nota con el pedido de rehabilitación el proyecto 20.811 puede seguir siendo tratado en comisiones.
Fuentes del bloque oficialista adelantaron que por estos días se evalúa qué hacer con el proyecto que durante todo 2017 tuvo puntos calientes de resistencia en las calles. En tal caso, aseguran, cualquier decisión no se tomará sino hasta el año que viene. 
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Quieren un bosque en Vaca Muerta



En Vaca Muerta crece un bosque de 130 hectáreas  

Fecha de Publicación
: 14/12/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Es mediodía y el sol lanza aguijonazos al semidesierto ubicado sobre Vaca Muerta. Hay, en el ambiente, sobre todo tres colores: el turquesa de ensueño del cielo, el rojo marciano de la arcilla y el verde de las líneas de una alameda incipiente que es puro desafío. Son centenares de metros a la redonda que arrojan preguntas acerca de lo que es posible: hay miles de álamos y pinos que crecen en el mismo lugar donde comenzó la fiebre shale, ese nuevo paradigma energético del país. De a ratos parece una ilusión (el desierto es casi la ilusión por definición), pero lo cierto es que en Loma Campana está naciendo un bosque.
El proyecto se llama Pulmón Verde y es una derivación de la construcción de la Central Térmica Loma Campana. Había dos posibilidades: que el agua usada en la refrigeración durante el proceso de generación eléctrica vuelva al río Neuquén, o derivarla a través de un entramado de cañerías primarias y secundarias a unas 130 hectáreas para generar esta inédita arboleda. Y lo bueno es que la opción haya sido la segunda. “Es el último eslabón del proceso de generación de energía eléctrica. Está concebido así. Una solución para miles de litros de agua que impacta en una alternativa para Añelo”, dice Aníbal Lazarte, el gerente de operaciones Oeste de Generación Eléctrica de YPF, clave en los proyectos eléctricos de la compañía, rebosante de orgullo y calidez en sus tucumanos modos.
En rigor, el área útil de forestación es de 72 hectáreas. Se llega a 132 sumando la tierra reservada para cortafuegos y, aunque parezca muy loco, las áreas de seguridad de pozos perforados. Sí, hay árboles al lado de donde hubo torres de perforación, encima del principal desarrollo shale del país y el más importante del mundo fuera de Estados Unidos y Canadá.
Lazarte cuenta que hay un acuerdo con el Municipio de Añelo, que se hicieron los estudios de impacto ambiental, y que las autoridades de Medio Ambiente provincial dieron el OK para este desarrollo ubicado frente al pueblo y que marcará una suerte de división entre lo estrictamente urbano y el área productiva de no convencionales.
La siembra de este gran bosque (no es fácil ver sus límites desde dentro de su perímetro) implicó infraestructura nueva. Hay una pileta de almacenamiento para el riego por goteo, que está automatizado. Se utilizan 60 mil litros por hora que se bombean 24 horas al día, todo el año, para los álamos de Vaca Muerta.
Al costado, en el ingreso a la plantación, hay un pequeño invernadero donde en una primera instancia los plantines se acostumbran al rigor de la estepa patagónica. Luego son plantados, dos mil de ellos por día. Ese fue el ritmo que imprimió un puñado de operarios a la iniciativa.
“Yo estoy en proyectos de generación. Pero este también es un proyecto prioritario para mí y para la empresa. Tengo esta responsabilidad. Estamos tratando de dejar algo más en la comunidad, entendiendo que parte del proceso de generación puede incluir aportes de este tipo. Es el salto que ahora da la empresa”, explica Lazarte, ante la pregunta-sospecha de por qué alguien se tomaría este trabajo en una meseta desértica.
De fondo, hacia todos los puntos cardinales, desafiando la hosquedad de la geografía, miles de arbolitos se consolidan, sus ramas bailoteando por el rigor del viento. En un puñado de años, los futuros habitantes de Añelo también se darán una vuelta por el pulmón verde de Loma Campana.
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Famatina podria ser PN luego de la amenaza minera



Famatina: del rechazo a la megaminería a un proyecto de parque nacional

Fecha de Publicación
: 13/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: La Rioja


Junto a Chilecito, los dos pueblos riojanos que durante años resistieron el desarrollo de esa actividad en la zona ahora trabajan para lograr la protección de su biodiversidad
Pasaron de la resistencia a un proyecto en pos de la ecología. Hace dos años los pobladores de Famatina y Chilecito expulsaron a la cuarta minera que pretendía explotar el oro de la zona. Y ahora, estos dos pueblos riojanos lanzan su campaña para que la zona se convierta en un parque nacional, lo que permitiría no sólo preservar a perpetuidad los recursos naturales sino que abriría una alternativa para vivir del turismo sustentable.
Desde la Administración de Parques Nacionales dijeron a LA NACION que la zona reúne las características para alcanzar el mayor nivel de protección. Los límites potenciales, diseñados con el asesoramiento de ONGs, universidades, biólogos y arqueólogos, cubren unas 90.000 hectáreas Estos son: al oeste los departamentos Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina; al este, la curva de nivel próxima a los 2000 metros de altura; al norte, el río El Durazno y al sur, el río Miranda. Allí se eleva el Famatina, la sierra extra andina más alta de América latina, con 6180 metros.
Once años atrás los pobladores de las 30 localidades que reciben el agua que baja desde el Famatina empezaron a movilizarse preocupados por la cantidad que demandaría la minera Barrick Gold para explotar el oro en las alturas. Allí mismo, a principios de 1900, los ingleses abrieron La Mejicana, una mina cuyas instalaciones hoy subsisten como atractivo turístico.
Los vecinos lograron frenarlo, pero hubo otros intentos que desencadenaron nuevas marchas, campañas de difusión, acampes y cortes de caminos para impedir el paso de las mineras hacia el oro. La movilización hizo que las empresas Osisko Mining Corporation, la Shandong Gold y la salteña Midais, y hasta el propio gobierno provincial, abandonaran sus planes.
Ahora todo el esfuerzo está dirigido a que prospere el proyecto de parque nacional, figura que se complementaría con la de reserva (menos restrictiva, permite por ejemplo la ganadería de baja carga, como la de los puesteros que están en la zona).
"No podemos dejarle el palo y el corte de ruta a nuestros hijos y nietos, sino el disfrute de recursos naturales maravillosos", dice Laura Mierez, integrante de la asamblea de Chilecito. "Un parque revaloriza las economías regionales, la producción local, y permitirá el desarrollo de las comunidades", completa Carolina Sufich, de la Asamblea de Famatina que, desde hace un tiempo, se concentra en "trabajar con la gente y crear conciencia de lo que implica esta posibilidad".
Los pobladores admiten que, cuando hace varios años, algunos plantearon esta idea -con la gente todavía concentrada en la lucha antiminera- se generó desconfianza. "No conocíamos los detalles de la figura, si podía ser otra oportunidad para que algunos sacaran ventaja. Ya vimos que no es así, que nos vamos a beneficiar todos", comenta Celia Smith, miembro de la Cámara de Turismo de Famatina.
Sofía Heinonen, directora de The Conservation Land Trust (fundación del fallecido Douglas Tompkins) recorrió el lugar y está en contacto con su gente. Ella entiende que avanzar con esta protección es la solución "a largo plazo" para generar un salto pro positivo para la región. "Una propuesta superadora que cuida la naturaleza y promueve el desarrollo local con una comunidad integrada, la define.
Para que el proyecto prospere, el gobierno provincial debería ceder el cuidado ambiental de los territorios a la Nación. Hay una ley riojana (la 7292 de 2002) que declaró "parques naturales provinciales" a las "serranías del Famatina", pero fue vetada por el Ejecutivo a los 15 días de su sanción.
Sin embargo, el gobernador Sergio Casas dijo días atrás que la idea es importante: "Hay que debatirla. Nosotros queremos la protección, el cuidado de las bellezas naturales y arqueológicas. Si hay consenso, se avanzará. Eso es lo primordial".

Biodiversidad
Los expertos de la ONG Pacific Biodiversity Institute empezaron a estudiar la biodiversidad de la región en 2013, después de definirla como una de las áreas silvestres sudamericanas prioritaria, y determinaron que requería una "estrategia de conservación a largo plazo" que la protegiera y potenciara.
Una ventaja en términos de burocracia que tiene la zona es que los puesteros que hay no son más de 50, entre los de Famatina y Chilecito. Crían cabras, cerdos, gallinas y algunas vacas, todas actividades que, adaptándose a algunos criterios, podrían continuar en el esquema de "reserva nacional", que sería el que se aplicaría en las tierras que están entre los 2300 y los 4000 metros de altura. Más arriba, para cuidar glaciares y periglaciares, sería "parque".
Mario Villalba vive con sus padres en el puesto que lleva casi medio siglo en Vallecito (Chilecito). "Si hay más gente que viene, vamos a estar mejor. Nosotros a los jóvenes que hacen bici o moto por acá les preparamos algún chivito asado y comen acá", dice. Ese tipo de servicios es el que podrían, los que quisieran, prestar. No se requiere expropiarles las tierras, sino que se las delimita en la reserva.
Paulo D'Alessandro, uno de los activistas más reconocidos en la lucha contra las mineras -una estrategia que unió a gente de las más diversas corrientes ideológicas y partidarias- insiste en que la explotación turística debe ser "sustentable, controlada, y con parámetros a respetar".
En la región, conviven el monte, la prepuna y la puna altoandina. La diversidad de alturas genera una fauna y una flora muy rica y variada. Entre los mamíferos, vive la taruca (el ciervo de altura que es la imagen de los billetes de $100), que es "monumento natural nacional" y está "en peligro" de extinción.
Además, en el área a conservar está el "Camino del Inca" (Qhapaq Ñan), declarado por la Unesco "patrimonio de la humanidad" en 2014. Comienza en el paraje Los Corrales, pasa por la Tambería de Chilitanca, los caminos dobles en la Pampa del Ajencal, la cuesta del Tocino y la del Inca. Abarca también la Tambería de Pampa Real, a 4200 metros de altura y dos "santuarios" ubicados en los cerros General Belgrano (6180 metros) y el Negro Overo.
"Estos pueblos tienen un espíritu ambientalista como lo demostraron en la lucha para cuidar el Famatina. Que el área se proteja hará que no vivamos siempre con el Jesús en la boca", dice Francisco Peralta, presidente de la Cámara de Turismo de Famatina. Para él, aumentar el nivel de protección será también una defensa contra los incendios que se repiten en la zona.

Protecciones
El proyecto del Parque Nacional Famatina tiene como pilares, aseguran sus impulsores, la protección biológica y el desarrollo de las comunidades locales. En el primer caso, entre los mamíferos de importancia, además de la taruca, hay guanacos, zorros, zorrinos, gatos monteses, pumas y chanchos del monte. Entre los roedores, chinchillas, tucu-tucu, cuises y ratones pericotes.
Los reptiles también representan un grupo muy importante ya que se identificaron algunos endémicos, explica Lucila Castro, bióloga de la ONG Pacific Biodiversity. Entre las serpientes hay coral, yarará chica, ñata y falsa yarará. Además, pueden encontrarse anfibios hasta los 3500 metros: entre las especies más llamativas están el escuercito común y el riojano, la ranita fantasma y la trepadora riojana.
Hay unas 290 especies de aves, de todos los tamaños y colores. El cóndor andino y el águila mora son las más importantes. Es común ver también jotes, aguiluchos y halconcitos. Entre las más chicas, están la remolinera común, el piquito de oro, el comecebo puneño, zorzales, calandrias, palomas, bandurritas , dormilonas y catas. Los picaflores también vuelan entre las flores que crecen en las quebradas,
El área de Famatina, en lo que hace a la vegetación, es atravesada por el dominio chaqueño (monte y prepuna), y el andino patagónico. Hay unas 906 especies, subespecies, variedades y formas, con 35 especies endémicas. Las plantas medicinales son muy usadas por la población.
Cuenta Castro que han trabajado con cámaras trampas y redes de niebla durante varios meses para poder identificar la riqueza de la biodiversidad de la zona que hoy busca su protección a largo plazo.
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Localidades cordilleranas movilizados por los glaciares



En defensa de los glaciares

Fecha de Publicación
: 12/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional


Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.
El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.
El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.
El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.
La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.
El 4 de diciembre se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace quince años.
“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.
En Catamarca conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).
Las asambleas catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.
Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.
Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.
Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.
La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.
Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”.
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