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El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
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El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Córdoba tendrá un nuevo gran parque nacional
La estancia más grande de la región será parque nacional
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Pinas, en Córdoba, perteneció a Lisandro de la Torre y a Manubens Calvet; tuvo 50 kilómetros de ferrocarril propio y una producción ganadera de 23.000 animales
Las 105.000 hectáreas que hace 37 años son parte de la discusión de la herencia del político y empresario cordobés Feliciano Manubens Calvet (el reparto de bienes pendiente más importante de la Argentina) se convertirán en el parque nacional Traslasierra. Las tierras son parte de la ecorregión del Chaco seco y conservan varias especies en vía de extinción.
Las hectáreas, donde hay unas 7000 cabezas de ganado, el casco de la estancia, las ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela, fueron compradas por Manubens Calvet -intendente en dos oportunidades de Villa Dolores, diputado provincial y terrateniente- en un remate del Banco Español en 1941, con dinero que pusieron sus socios de entonces.
La estancia Pinas, como se llama el lugar en el límite entre Córdoba y La Rioja, perteneció antes a Lisandro de la Torre, que vivió allí entre 1926 y 1930. Cuando Manubens Calvet -que no tuvo hijos ni se casó- la explotaba contaba con 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América latina.
Este año la Legislatura cordobesa aprobó la expropiación de las tierras y la cesión de los terrenos a la Nación; el proyecto de creación del parque nacional ya está en el Congreso y lo analizan distintas comisiones. Los herederos no consensuaron la venta con el Estado, pero tienen voluntad de terminar la sucesión, por lo que buscarán acordar. "No queremos pleitear", dijo uno de ellos a LA NACION, aunque esperan que el precio que les reconozcan sea "adecuado".
Los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio; se espera la definición. El dinero lo pondrán la fundación Aves Argentinas (organización nacional, miembro de BirdLife International, que lleva un siglo de trabajo para proteger las aves silvestres y la naturaleza) y la Nación; el valor debe ser aceptado por la comisión de administración de la herencia.
En Córdoba, los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio.
Francisco González Taboas, integrante de Aves Argentinas, explicó a LA NACION que las tierras son de "significativa" importancia biológica; son refugio natural para unas 160 especies de aves, 34 de mamíferos y 30 de reptiles. "Muchas de las especies están en alguna categoría de riesgo a nivel nacional", señaló.
La fundación, que figura como "entidad asesora" en el acuerdo firmado entre el gobierno cordobés y el Ministerio de Ambiente nacional, desarrolla un trabajo con las comunidades locales "de difusión y divulgación, para que empiecen a asimilar el concepto de parque".
Capacidad de regeneración
Pinas integra las áreas consideradas de "conservación prioritaria" por el Proyecto de Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, que llevan adelante las fundaciones The Nature Conservancy (Estados Unidos), Vida Silvestre (Argentina) y Wildlife Conservation Society (Bolivia). Se trata de la zona considerada la ecorregión boscosa más grande del continente luego del Amazonas y la más grande de América del Sur en lo referido a bosques secos.
Entre los quebrachos, los molles y los algarrobos andan pumas, corzuelas, hurones, maras, gatos monteses y de los pajonales. Decenas de aves surcan el aire -en dos días Aves Argentinas identificó 100- y en las caminatas los paseantes se tropiezan con máquinas y durmientes de la época en que De la Torre y Manubens Calvet explotaban el lugar.
El secretario de Ambiente cordobés, Javier Britch, admitió que es una "felicidad enorme" convertir la zona en parque nacional "en el marco de las buenas relaciones con la Nación". "Hay legisladores que hicieron un trabajo muy interesante, igual que las ONG. Todas las partes entendieron que es importante y bueno que se concrete", agregó.
Lucila Castro, becaria doctoral del Conicet y presidenta para la Argentina de la Pacific Biodiversity Institute (ONG que trabaja en la protección de grandes áreas silvestres sudamericanas), investiga la fauna de la zona con muestreo de cámaras trampa en tierras aledañas a la estancia.
"Es muy importante que se convierta en parque nacional -sostuvo-. Por la preservación del bosque (en Córdoba queda menos de 3% del bosque nativo), por la conservación de las especies y porque es un camino para ayudar a los habitantes de las zonas más pobres".
La bióloga se entusiasmó por la "riqueza" de la fauna chaqueña que se registra. Por ejemplo, hay guanacos chaqueños, una población aislada en el bosque seco: "No se ven fácilmente; estamos tratando de estudiarlos y de determinar su cantidad". Después de 18 meses de trabajo, su equipo divisó en un campo un chancho quimilero o pecarí chaqueño, animal también en peligro de extinción. Entre las aves, en esa condición está el tucu-tucu cordobés.
"Esta zona es el límite sur de su distribución; si desaparece aquí, su expansión se achicará hacia el norte. Por eso el esfuerzo de avanzar en el muestreo; lo mismo que con el quirquincho blanco y las águilas coronadas".
Castro entiende que hay una nueva era en la práctica de la conservación: "Buscamos el desarrollo sustentable de las zonas, darle salida laboral a la gente, ayudar a las comunidades locales, mostrar sus economías regionales sin que destruyan su medio ambiente".
Britch planteó que las tierras están "muy bien conservadas": desde décadas la ganadería es de baja carga, lo que favorece la conservación de especies. "Hay un desarrollo exuberante, lo que ejemplifica la capacidad de recuperación del bosque y de reconstitución de la fauna".
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Pinas, en Córdoba, perteneció a Lisandro de la Torre y a Manubens Calvet; tuvo 50 kilómetros de ferrocarril propio y una producción ganadera de 23.000 animales
Las 105.000 hectáreas que hace 37 años son parte de la discusión de la herencia del político y empresario cordobés Feliciano Manubens Calvet (el reparto de bienes pendiente más importante de la Argentina) se convertirán en el parque nacional Traslasierra. Las tierras son parte de la ecorregión del Chaco seco y conservan varias especies en vía de extinción.
Las hectáreas, donde hay unas 7000 cabezas de ganado, el casco de la estancia, las ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela, fueron compradas por Manubens Calvet -intendente en dos oportunidades de Villa Dolores, diputado provincial y terrateniente- en un remate del Banco Español en 1941, con dinero que pusieron sus socios de entonces.
La estancia Pinas, como se llama el lugar en el límite entre Córdoba y La Rioja, perteneció antes a Lisandro de la Torre, que vivió allí entre 1926 y 1930. Cuando Manubens Calvet -que no tuvo hijos ni se casó- la explotaba contaba con 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América latina.
Este año la Legislatura cordobesa aprobó la expropiación de las tierras y la cesión de los terrenos a la Nación; el proyecto de creación del parque nacional ya está en el Congreso y lo analizan distintas comisiones. Los herederos no consensuaron la venta con el Estado, pero tienen voluntad de terminar la sucesión, por lo que buscarán acordar. "No queremos pleitear", dijo uno de ellos a LA NACION, aunque esperan que el precio que les reconozcan sea "adecuado".
Los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio; se espera la definición. El dinero lo pondrán la fundación Aves Argentinas (organización nacional, miembro de BirdLife International, que lleva un siglo de trabajo para proteger las aves silvestres y la naturaleza) y la Nación; el valor debe ser aceptado por la comisión de administración de la herencia.
En Córdoba, los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio.
Francisco González Taboas, integrante de Aves Argentinas, explicó a LA NACION que las tierras son de "significativa" importancia biológica; son refugio natural para unas 160 especies de aves, 34 de mamíferos y 30 de reptiles. "Muchas de las especies están en alguna categoría de riesgo a nivel nacional", señaló.
La fundación, que figura como "entidad asesora" en el acuerdo firmado entre el gobierno cordobés y el Ministerio de Ambiente nacional, desarrolla un trabajo con las comunidades locales "de difusión y divulgación, para que empiecen a asimilar el concepto de parque".
Capacidad de regeneración
Pinas integra las áreas consideradas de "conservación prioritaria" por el Proyecto de Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, que llevan adelante las fundaciones The Nature Conservancy (Estados Unidos), Vida Silvestre (Argentina) y Wildlife Conservation Society (Bolivia). Se trata de la zona considerada la ecorregión boscosa más grande del continente luego del Amazonas y la más grande de América del Sur en lo referido a bosques secos.
Entre los quebrachos, los molles y los algarrobos andan pumas, corzuelas, hurones, maras, gatos monteses y de los pajonales. Decenas de aves surcan el aire -en dos días Aves Argentinas identificó 100- y en las caminatas los paseantes se tropiezan con máquinas y durmientes de la época en que De la Torre y Manubens Calvet explotaban el lugar.
El secretario de Ambiente cordobés, Javier Britch, admitió que es una "felicidad enorme" convertir la zona en parque nacional "en el marco de las buenas relaciones con la Nación". "Hay legisladores que hicieron un trabajo muy interesante, igual que las ONG. Todas las partes entendieron que es importante y bueno que se concrete", agregó.
Lucila Castro, becaria doctoral del Conicet y presidenta para la Argentina de la Pacific Biodiversity Institute (ONG que trabaja en la protección de grandes áreas silvestres sudamericanas), investiga la fauna de la zona con muestreo de cámaras trampa en tierras aledañas a la estancia.
"Es muy importante que se convierta en parque nacional -sostuvo-. Por la preservación del bosque (en Córdoba queda menos de 3% del bosque nativo), por la conservación de las especies y porque es un camino para ayudar a los habitantes de las zonas más pobres".
La bióloga se entusiasmó por la "riqueza" de la fauna chaqueña que se registra. Por ejemplo, hay guanacos chaqueños, una población aislada en el bosque seco: "No se ven fácilmente; estamos tratando de estudiarlos y de determinar su cantidad". Después de 18 meses de trabajo, su equipo divisó en un campo un chancho quimilero o pecarí chaqueño, animal también en peligro de extinción. Entre las aves, en esa condición está el tucu-tucu cordobés.
"Esta zona es el límite sur de su distribución; si desaparece aquí, su expansión se achicará hacia el norte. Por eso el esfuerzo de avanzar en el muestreo; lo mismo que con el quirquincho blanco y las águilas coronadas".
Castro entiende que hay una nueva era en la práctica de la conservación: "Buscamos el desarrollo sustentable de las zonas, darle salida laboral a la gente, ayudar a las comunidades locales, mostrar sus economías regionales sin que destruyan su medio ambiente".
Britch planteó que las tierras están "muy bien conservadas": desde décadas la ganadería es de baja carga, lo que favorece la conservación de especies. "Hay un desarrollo exuberante, lo que ejemplifica la capacidad de recuperación del bosque y de reconstitución de la fauna".
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Las multas son insuficientes para frenar los desmontes
Desmontes en el Chaco: cuando las multas son insuficientes
Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Chaco
La sanción en 2007 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la ley de bosques, fue el acontecimiento más relevante en material ambiental en el país.
Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones sumado a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y lograron que el Congreso la sancionara. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente en la protección de nuestros bosques.
“En Argentina, la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar la deforestación significativamente. Sin embargo, en la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante los últimos tres años, la deforestación disminuyó notoriamente comparado a la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300.000 hectàreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas).
“Ya son insuficientes las multas por desmontar ilegalmente o por generar incendios de manera intencional. En la mayoría de los casos, no se reforestan las hectáreas destruidas. Esto lo posibilita, en gran parte, la complicidad de funcionarios públicos que cambian arbitrariamente los ordenamientos territoriales y otorgan licencias de desmonte en áreas que deberían estar protegidas. Por eso, necesitamos la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice esta situación”, finalizó Giardini.
Greenpeace informa que entre enero y octubre de 2017 en el Chaco se deforestaron 32.061 hectáreas. En ese contexto, precisa que del total de hectáreas deforestadas 21.882 fueron ilegales.
En el documento se describe que en el período que va del 2007 al 2013 se perdieron más de 290 mil hectáreas de tierras forestales; el número descendió a 19 mil en 2014 y comenzó a subir nuevamente en 2015 hasta alcanzar más de 28 mil hectáreas en 2016.
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Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Chaco
La sanción en 2007 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la ley de bosques, fue el acontecimiento más relevante en material ambiental en el país.
Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones sumado a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y lograron que el Congreso la sancionara. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente en la protección de nuestros bosques.
“En Argentina, la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar la deforestación significativamente. Sin embargo, en la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante los últimos tres años, la deforestación disminuyó notoriamente comparado a la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300.000 hectàreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas).
“Ya son insuficientes las multas por desmontar ilegalmente o por generar incendios de manera intencional. En la mayoría de los casos, no se reforestan las hectáreas destruidas. Esto lo posibilita, en gran parte, la complicidad de funcionarios públicos que cambian arbitrariamente los ordenamientos territoriales y otorgan licencias de desmonte en áreas que deberían estar protegidas. Por eso, necesitamos la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice esta situación”, finalizó Giardini.
Greenpeace informa que entre enero y octubre de 2017 en el Chaco se deforestaron 32.061 hectáreas. En ese contexto, precisa que del total de hectáreas deforestadas 21.882 fueron ilegales.
En el documento se describe que en el período que va del 2007 al 2013 se perdieron más de 290 mil hectáreas de tierras forestales; el número descendió a 19 mil en 2014 y comenzó a subir nuevamente en 2015 hasta alcanzar más de 28 mil hectáreas en 2016.
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Glaciares: Villalba apoyado por científicos
Apoyo de científicos al responsable del inventario de glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El investigador fue procesado por el juez federal Casanello que le fijó un embargo de 5 millones de pesos.
Docentes, investigadores y becarios han organizado un abrazo al Conicet para hoy a las 12 en defensa de Ricardo Villalba y la ciencia pública. Esto, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dictara el procesamiento del investigador y ex director del Ianigla, le fijara un embargo por 5 millones de pesos y le prohibiera salir del país.
En agosto, el magistrado lo había citado a declarar, acusado de “abuso de autoridad”, junto con Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi, ex secretarios de Medio Ambiente.
La causa nació a partir de una denuncia de la asamblea “Jachal no se toca”, quienes entendieron que los derrames de agua cianurada del emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold ocurrieron porque los hoy procesados incumplieron con su deber.
Concretamente, a Villalba, quien fue director del Inventario Nacional de Glaciares, se le acusa de no haber incluido en su relevamiento a los cuerpos de hielo de un tamaño menor a una hectárea, y de no haber realizado el trabajo en el plazo en que correspondía terminarlo.
En un comunicado, becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla, plantean que el área mínima de mapeo (una hectárea) se fijó siguiendo estándares internacionales.
Además, con esa extensión se aseguraba que prácticamente la totalidad de las reservas de agua en estado sólido del país estarían incluidas.
Facundo Rojas, investigador asistente del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), planteó que nadie está seguro de que en Veladero hubiera glaciares más pequeños, como tampoco que Barrick Gold los haya dañado.
Pero sobre todo, resaltó que la minera empezó a trabajar en la zona en 2005 y la ley de glaciares, que estipula que debe realizarse un inventario, se aprobó en 2010, y el relevamiento no tiene carácter retroactivo.
En cuanto a los plazos, Rojas indicó que tres provincias apelaron por considerar inconstitucional la ley, lo que provocó una demora, y que luego la Secretaría de Ambiente de la Nación se tomó un tiempo para subir el inventario a la web.
Apoyo de la comunidad
La noticia del procesamiento de Ricardo Villalba generó diversos pronunciamientos de la comunidad científica. El Colectivo Ciencia y Universidad, junto con Docentes e Investigadores de Izquierda, expresó su “solidaridad y preocupación ante la embestida del Poder Judicial sobre el sistema científico nacional”.
También advierten que se trata de una muestra del poder de las empresas mineras para intentar avasallar la Ley Nacional de Glaciares, que el Gobierno nacional ya ha anunciado quiere revisar.
Los becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla plantean que se pone en tela de juicio la actuación del científico pero “ningún directivo de la empresa Barrick, responsable directo del derrame de agua cianurada, ha sido procesado en la causa judicial”.
“Esta injusta acusación ha tenido además el efecto inmediato de desacreditar ante la sociedad el trabajo realizado por el Ianigla, institución del Conicet abocada desde hace más de 40 años al estudio y conservación de los recursos naturales de nuestra cordillera”, agregan y señalan que Ricardo Villalba fue uno de los principales promotores de la Ley Nacional de Glaciares.
La Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico (CCT-Conicet) también manifestaron su apoyo al científico. “Los cuestionamientos emitidos por el señor juez están basados en un dictamen con argumentos falaces, incongruentes y absolutamente cuestionables, y no sólo representan un agravio hacia Ricardo Villalba, sino también al sistema científico argentino en su conjunto”, indicaron en un comunicado.
Investigadores, becarios y profesionales del grupo Ciudad y Territorio del Incihusa en tanto plantearon que les “llama poderosamente la atención que en un fallo paralelo de la Justicia de San Juan, la empresa Barrick Gold sea sobreseída de los delitos ambientales que se le imputaban (contaminación con solución cianurada del río “Jáchal en tres oportunidades)".
Además, advierten que el Gobierno nacional y el sector minero “vienen cuestionando la Ley de Glaciares con los argumentos de que es 'confusa', 'inaplicable' y 'obstáculo al desarrollo'”. Y concluyen que “si el juez y los denunciantes buscaban mayor protección, al destruirse la legitimidad y capacidad institucional, lo que vendrá es menos control, menos protección”.
“Es un paso más"
"A los procesamientos los hemos tomado como un paso más. Sabíamos de una maniobra que se hizo para dejar afuera del censo a 700 glaciares de la cordillera sanjuanina", destacó Domingo Jofré, uno de los integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca”, quienes impulsaron la denuncia contra Villalba (entre otros).
"Todo se inició en 2015, luego de un gran derrame en el río. Después hubo 2 derrames más; y para nosotros estuvo vinculado a un incumplimiento en la Ley de glaciares", explicó uno de los abogados de la asamblea, Diego Seguí.
"La ley ordenaba al Ianigla y a la Secretaría de Ambiente hacer una auditoría, que nunca hicieron. De haberse hecho esa auditoría, hoy Veladero estaría suspendido o clausurado", cerró el abogado.
Mensajes que se viralizaron en las redes
Ni bien se conoció el procesamiento de Ricardo Villalba se fueron sucediendo los mensajes de apoyo público.
Uno de las más llamativos fue la de su hija Ayelén, quien en su cuenta de Facebook -aclaraba que sólo se registró para hacer esta defensa pública- compartió unas líneas contando quién es su papá.
Luego de rememorar algunos momentos de su infancia (haciendo hincapié en los valores con que la criaron), la joven detallaba además la permanente preocupación de Villalba por el medio ambiente y el amor por enseñar.
"Gracias papá por ser quien sos y por haberme criado como lo hiciste. Sólo deseo que nuestro país nos trate con verdadera justicia, a vos y a todos", cerraba la carta, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
No obstante, durante los últimos días la publicación original y el perfil personal de la joven desaparecieron.
“Por lo que ella me contó, como recién se había registrado y eso fue compartido muchas veces, la cuenta fue inhabilitada por temor a que se trate de un robot. Pero ya está en trámite de recuperarla”, explicó Villalba a Los Andes.
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El investigador fue procesado por el juez federal Casanello que le fijó un embargo de 5 millones de pesos.
Docentes, investigadores y becarios han organizado un abrazo al Conicet para hoy a las 12 en defensa de Ricardo Villalba y la ciencia pública. Esto, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dictara el procesamiento del investigador y ex director del Ianigla, le fijara un embargo por 5 millones de pesos y le prohibiera salir del país.
En agosto, el magistrado lo había citado a declarar, acusado de “abuso de autoridad”, junto con Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi, ex secretarios de Medio Ambiente.
La causa nació a partir de una denuncia de la asamblea “Jachal no se toca”, quienes entendieron que los derrames de agua cianurada del emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold ocurrieron porque los hoy procesados incumplieron con su deber.
Concretamente, a Villalba, quien fue director del Inventario Nacional de Glaciares, se le acusa de no haber incluido en su relevamiento a los cuerpos de hielo de un tamaño menor a una hectárea, y de no haber realizado el trabajo en el plazo en que correspondía terminarlo.
En un comunicado, becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla, plantean que el área mínima de mapeo (una hectárea) se fijó siguiendo estándares internacionales.
Además, con esa extensión se aseguraba que prácticamente la totalidad de las reservas de agua en estado sólido del país estarían incluidas.
Facundo Rojas, investigador asistente del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), planteó que nadie está seguro de que en Veladero hubiera glaciares más pequeños, como tampoco que Barrick Gold los haya dañado.
Pero sobre todo, resaltó que la minera empezó a trabajar en la zona en 2005 y la ley de glaciares, que estipula que debe realizarse un inventario, se aprobó en 2010, y el relevamiento no tiene carácter retroactivo.
En cuanto a los plazos, Rojas indicó que tres provincias apelaron por considerar inconstitucional la ley, lo que provocó una demora, y que luego la Secretaría de Ambiente de la Nación se tomó un tiempo para subir el inventario a la web.
Apoyo de la comunidad
La noticia del procesamiento de Ricardo Villalba generó diversos pronunciamientos de la comunidad científica. El Colectivo Ciencia y Universidad, junto con Docentes e Investigadores de Izquierda, expresó su “solidaridad y preocupación ante la embestida del Poder Judicial sobre el sistema científico nacional”.
También advierten que se trata de una muestra del poder de las empresas mineras para intentar avasallar la Ley Nacional de Glaciares, que el Gobierno nacional ya ha anunciado quiere revisar.
Los becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla plantean que se pone en tela de juicio la actuación del científico pero “ningún directivo de la empresa Barrick, responsable directo del derrame de agua cianurada, ha sido procesado en la causa judicial”.
“Esta injusta acusación ha tenido además el efecto inmediato de desacreditar ante la sociedad el trabajo realizado por el Ianigla, institución del Conicet abocada desde hace más de 40 años al estudio y conservación de los recursos naturales de nuestra cordillera”, agregan y señalan que Ricardo Villalba fue uno de los principales promotores de la Ley Nacional de Glaciares.
La Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico (CCT-Conicet) también manifestaron su apoyo al científico. “Los cuestionamientos emitidos por el señor juez están basados en un dictamen con argumentos falaces, incongruentes y absolutamente cuestionables, y no sólo representan un agravio hacia Ricardo Villalba, sino también al sistema científico argentino en su conjunto”, indicaron en un comunicado.
Investigadores, becarios y profesionales del grupo Ciudad y Territorio del Incihusa en tanto plantearon que les “llama poderosamente la atención que en un fallo paralelo de la Justicia de San Juan, la empresa Barrick Gold sea sobreseída de los delitos ambientales que se le imputaban (contaminación con solución cianurada del río “Jáchal en tres oportunidades)".
Además, advierten que el Gobierno nacional y el sector minero “vienen cuestionando la Ley de Glaciares con los argumentos de que es 'confusa', 'inaplicable' y 'obstáculo al desarrollo'”. Y concluyen que “si el juez y los denunciantes buscaban mayor protección, al destruirse la legitimidad y capacidad institucional, lo que vendrá es menos control, menos protección”.
“Es un paso más"
"A los procesamientos los hemos tomado como un paso más. Sabíamos de una maniobra que se hizo para dejar afuera del censo a 700 glaciares de la cordillera sanjuanina", destacó Domingo Jofré, uno de los integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca”, quienes impulsaron la denuncia contra Villalba (entre otros).
"Todo se inició en 2015, luego de un gran derrame en el río. Después hubo 2 derrames más; y para nosotros estuvo vinculado a un incumplimiento en la Ley de glaciares", explicó uno de los abogados de la asamblea, Diego Seguí.
"La ley ordenaba al Ianigla y a la Secretaría de Ambiente hacer una auditoría, que nunca hicieron. De haberse hecho esa auditoría, hoy Veladero estaría suspendido o clausurado", cerró el abogado.
Mensajes que se viralizaron en las redes
Ni bien se conoció el procesamiento de Ricardo Villalba se fueron sucediendo los mensajes de apoyo público.
Uno de las más llamativos fue la de su hija Ayelén, quien en su cuenta de Facebook -aclaraba que sólo se registró para hacer esta defensa pública- compartió unas líneas contando quién es su papá.
Luego de rememorar algunos momentos de su infancia (haciendo hincapié en los valores con que la criaron), la joven detallaba además la permanente preocupación de Villalba por el medio ambiente y el amor por enseñar.
"Gracias papá por ser quien sos y por haberme criado como lo hiciste. Sólo deseo que nuestro país nos trate con verdadera justicia, a vos y a todos", cerraba la carta, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
No obstante, durante los últimos días la publicación original y el perfil personal de la joven desaparecieron.
“Por lo que ella me contó, como recién se había registrado y eso fue compartido muchas veces, la cuenta fue inhabilitada por temor a que se trate de un robot. Pero ya está en trámite de recuperarla”, explicó Villalba a Los Andes.
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La minería o el medio ambiente y glaciares
La minería o el medio ambiente: la discusión de fondo en las reformas a la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Chubut quiere recomponer los bosques nativos junto a Nación
Nación trabaja con Chubut para recomponer los bosques nativos
Fecha de Publicación: 21/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut - Nacional
En el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados altos funcionarios de la cartera ambiental viajaron a la Patagonia .
La jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Patricia Holzman, junto al secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, visitaron Chubut en el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados que busca recomponer los bosques nativos.
En Esquel, Holzman y Moreno firmaron un acuerdo con el gobernador chubutense Mariano Arcioni, por aportes de la Ley N.º 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y participaron en la presentación referida a las áreas naturales protegidas, que busca elevar el estatus de protección de las mismas por la ley provincial. En ese marco, Moreno explicó: “Estamos fortaleciendo el mensaje de empezar a trabajar con la inversión de los fondos de la ley de bosques nativos,en inversiones más estratégicas. Una de ellas es la recuperación de áreas degradadas, y otra tiene que ver con la promoción del uso de los recursos en forma sustentable, la conservación de áreas protegidas y la prevención de incendios forestales”.
Los funcionarios también recorrieron el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) donde se realizan proyectos para la construcción de muebles de forma sustentable que trabaja con madera, sin recurrir a la deforestación.
El Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados tiene como objetivo recomponer los bosques degradados del país, restablecer y crear bosques degradados, restaurar suelos, prevenir inundaciones y fortalecer manejo del agua mediante forestación, ampliar la superficie del bosque nativo y ampliar la captura de emisiones de efecto invernadero para aportar a los compromisos de disminución de emisiones de la estrategia nacional de cambio climático.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente giró fondos por $9.000.000 para la implementación (restauración, prevención de incendios y equipos contra incendios) del “Programa Integral de manejo y restauración de las grandes áreas afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015” de la provincia del Chubut, y trabajó con los técnicos de la Subsecretaría de Bosques e Incendios de la provincia del Chubut (SSBel) así como también de otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y la Fundación Bosques de la Patagonia. Se estima que en total se realizaron 72, 5 ha de plantaciones.
Los incendios producidos en la temporada 2014- 2015 en la provincia del Chubut abarcaron 3 grandes zonas. La zona de Cholila, con 28.960,3 ha afectadas; la zona de El Turbio, en donde se quemaron 7.758,6 ha; y la zona de Lago Puelo – Epuyén, con 5.457,6 ha quemadas de bosques nativos.
Para completar su agenda, Holzman y Moreno realizaron la plantación de árboles en las cercanías de Cholila donde los incendios arrasaron con la vegetación del lugar.
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Fecha de Publicación: 21/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut - Nacional
En el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados altos funcionarios de la cartera ambiental viajaron a la Patagonia .
La jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Patricia Holzman, junto al secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, visitaron Chubut en el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados que busca recomponer los bosques nativos.
En Esquel, Holzman y Moreno firmaron un acuerdo con el gobernador chubutense Mariano Arcioni, por aportes de la Ley N.º 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y participaron en la presentación referida a las áreas naturales protegidas, que busca elevar el estatus de protección de las mismas por la ley provincial. En ese marco, Moreno explicó: “Estamos fortaleciendo el mensaje de empezar a trabajar con la inversión de los fondos de la ley de bosques nativos,en inversiones más estratégicas. Una de ellas es la recuperación de áreas degradadas, y otra tiene que ver con la promoción del uso de los recursos en forma sustentable, la conservación de áreas protegidas y la prevención de incendios forestales”.
Los funcionarios también recorrieron el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) donde se realizan proyectos para la construcción de muebles de forma sustentable que trabaja con madera, sin recurrir a la deforestación.
El Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados tiene como objetivo recomponer los bosques degradados del país, restablecer y crear bosques degradados, restaurar suelos, prevenir inundaciones y fortalecer manejo del agua mediante forestación, ampliar la superficie del bosque nativo y ampliar la captura de emisiones de efecto invernadero para aportar a los compromisos de disminución de emisiones de la estrategia nacional de cambio climático.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente giró fondos por $9.000.000 para la implementación (restauración, prevención de incendios y equipos contra incendios) del “Programa Integral de manejo y restauración de las grandes áreas afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015” de la provincia del Chubut, y trabajó con los técnicos de la Subsecretaría de Bosques e Incendios de la provincia del Chubut (SSBel) así como también de otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y la Fundación Bosques de la Patagonia. Se estima que en total se realizaron 72, 5 ha de plantaciones.
Los incendios producidos en la temporada 2014- 2015 en la provincia del Chubut abarcaron 3 grandes zonas. La zona de Cholila, con 28.960,3 ha afectadas; la zona de El Turbio, en donde se quemaron 7.758,6 ha; y la zona de Lago Puelo – Epuyén, con 5.457,6 ha quemadas de bosques nativos.
Para completar su agenda, Holzman y Moreno realizaron la plantación de árboles en las cercanías de Cholila donde los incendios arrasaron con la vegetación del lugar.
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El plan de Ambiente para proteger los bosques
Cinco planes oficiales para proteger los bosques
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Córdoba pierde 16 mil hectáreas por los incendios este año
Más de 16 mil hectáreas quemadas en lo que va de 2017
Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace varios años, la época de riesgos de incendios parece estirarse en Córdoba. En pleno octubre, cuando antes parecían desaparecer las condiciones que facilitaban los fuegos, se siguen sumando ahora. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego anticipan, además, que este año el riesgo se mantendrá alto casi hasta diciembre, sobre todo en el oeste y el noroeste provincial, con una sequía que los complica.
Las lluvias de los últimos días trajeron algún alivio, pero en ciertas zonas harían falta varias precipitaciones sucesivas más para alejar riesgos. Es más: entre viernes y sábado se combatió un foco complicado en Las Palmas (Traslasierra), entre otros varios en el norte.
En la primera quincena de octubre se sumaron varios incendios complejos y expandidos. Uno inquietó por su avance durante dos días, sobre montes y pastizales entre Cruz del Eje y Deán Funes. Allí, unas 2.500 hectáreas ardieron, según los primeros cálculos preliminares.
Días antes, un foco en el Valle de Traslasierra demandó un esforzado trabajo, también de dos días, pero dejó unas 1.200 hectáreas de montes hechas humo. El foco se expandió entre cerros y quebradas casi deshabitadas y de difícil acceso, al norte de Panaholma y al este de Ambul.
El ya acotado bosque nativo cordobés tiene, sólo por lo quemado en una semana de octubre, unas 2.500 hectáreas menos de superficie. No es poco, ante el escaso bosque remanente en Córdoba.
En la semana que pasó, los cordobeses pudieron además comprobar cómo los incendios serranos los afectaban en forma directa y en su vida cotidiana: las cenizas que dejaron como herencia las llamas de dos de esos grandes incendios cercanos al cauce del río Suquía fueron las que provocaron que la Capital y otras localidades se quedaran durante dos días sin agua potable.
La suma del año
De enero a agosto, el año 2017 había tenido muy pocos incendios rurales en Córdoba: apenas unas 1.500 hectáreas en ocho meses, sumando áreas llanas y serranas.
En agosto, las condiciones variaron y se sumaron cientos de focos. Pero siete fueron los más expandidos y complejos.
Llamativamente, en apenas dos semanas, tres grandes incendios complicaron la zona donde limitan el Valle de Punilla y las Sierras Chicas. Allí se sumaron 2.500 hectáreas en la reserva militar La Calera, 3.700 en un foco iniciado en Santa María de Punilla y otras 3.750 entre Cosquín y el Camino del Cuadrado. Entre los tres sumaron 10 mil hectáreas casi encadenadas, en una misma región. Fueron los dos primeros de esos focos.
Por esos mismos días, hubo incendios complejos en Luyaba (Traslasierra) y en Avellaneda (Totoral). Luego, entre cientos de pequeños focos controlados antes de su expansión, se agregaron los de Ambul (Traslasierra) y de Chuña (Cruz del Eje).
La suma estimada para lo que va del año se ubica ahora sobre las 16 mil hectáreas. La precisión oficial se tendrá luego de los relevamientos satelitales actualizados. Es más que lo quemado en los tres años anteriores.
En 2014 y 2016, la superficie anual quemada fue de entre 10 mil y 11 mil hectáreas, de las más bajas de las dos últimas décadas. En 2015 fueron 17 mil. En cambio, 2013 había sido de los peores, con 151 mil hectáreas bajo fuego.
Foco extinguido: las Palmas
Hicieron falta bomberos de 23 cuarteles cordobeses.
Bomberos voluntarios de 23 cuarteles de la provincia pudieron extinguir un incendio de campos en la zona del paraje Las Palmas, en jurisdicción de Salsacate.
Alrededor de 80 bomberos y tres aviones hidrantes, dos pertenecientes a la provincia y uno a la Nación, trabajaron para las tareas de extinción del siniestro en esa zona del Valle de Traslasierra, 205 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba. Anoche sólo quedaba una guardia de cenizas.
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Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace varios años, la época de riesgos de incendios parece estirarse en Córdoba. En pleno octubre, cuando antes parecían desaparecer las condiciones que facilitaban los fuegos, se siguen sumando ahora. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego anticipan, además, que este año el riesgo se mantendrá alto casi hasta diciembre, sobre todo en el oeste y el noroeste provincial, con una sequía que los complica.
Las lluvias de los últimos días trajeron algún alivio, pero en ciertas zonas harían falta varias precipitaciones sucesivas más para alejar riesgos. Es más: entre viernes y sábado se combatió un foco complicado en Las Palmas (Traslasierra), entre otros varios en el norte.
En la primera quincena de octubre se sumaron varios incendios complejos y expandidos. Uno inquietó por su avance durante dos días, sobre montes y pastizales entre Cruz del Eje y Deán Funes. Allí, unas 2.500 hectáreas ardieron, según los primeros cálculos preliminares.
Días antes, un foco en el Valle de Traslasierra demandó un esforzado trabajo, también de dos días, pero dejó unas 1.200 hectáreas de montes hechas humo. El foco se expandió entre cerros y quebradas casi deshabitadas y de difícil acceso, al norte de Panaholma y al este de Ambul.
El ya acotado bosque nativo cordobés tiene, sólo por lo quemado en una semana de octubre, unas 2.500 hectáreas menos de superficie. No es poco, ante el escaso bosque remanente en Córdoba.
En la semana que pasó, los cordobeses pudieron además comprobar cómo los incendios serranos los afectaban en forma directa y en su vida cotidiana: las cenizas que dejaron como herencia las llamas de dos de esos grandes incendios cercanos al cauce del río Suquía fueron las que provocaron que la Capital y otras localidades se quedaran durante dos días sin agua potable.
La suma del año
De enero a agosto, el año 2017 había tenido muy pocos incendios rurales en Córdoba: apenas unas 1.500 hectáreas en ocho meses, sumando áreas llanas y serranas.
En agosto, las condiciones variaron y se sumaron cientos de focos. Pero siete fueron los más expandidos y complejos.
Llamativamente, en apenas dos semanas, tres grandes incendios complicaron la zona donde limitan el Valle de Punilla y las Sierras Chicas. Allí se sumaron 2.500 hectáreas en la reserva militar La Calera, 3.700 en un foco iniciado en Santa María de Punilla y otras 3.750 entre Cosquín y el Camino del Cuadrado. Entre los tres sumaron 10 mil hectáreas casi encadenadas, en una misma región. Fueron los dos primeros de esos focos.
Por esos mismos días, hubo incendios complejos en Luyaba (Traslasierra) y en Avellaneda (Totoral). Luego, entre cientos de pequeños focos controlados antes de su expansión, se agregaron los de Ambul (Traslasierra) y de Chuña (Cruz del Eje).
La suma estimada para lo que va del año se ubica ahora sobre las 16 mil hectáreas. La precisión oficial se tendrá luego de los relevamientos satelitales actualizados. Es más que lo quemado en los tres años anteriores.
En 2014 y 2016, la superficie anual quemada fue de entre 10 mil y 11 mil hectáreas, de las más bajas de las dos últimas décadas. En 2015 fueron 17 mil. En cambio, 2013 había sido de los peores, con 151 mil hectáreas bajo fuego.
Foco extinguido: las Palmas
Hicieron falta bomberos de 23 cuarteles cordobeses.
Bomberos voluntarios de 23 cuarteles de la provincia pudieron extinguir un incendio de campos en la zona del paraje Las Palmas, en jurisdicción de Salsacate.
Alrededor de 80 bomberos y tres aviones hidrantes, dos pertenecientes a la provincia y uno a la Nación, trabajaron para las tareas de extinción del siniestro en esa zona del Valle de Traslasierra, 205 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba. Anoche sólo quedaba una guardia de cenizas.
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Campesinado salteño, nuevamente denuncia desmontes
Desmontes en el norte provincial generan cruces entre el gobierno y originarios
Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Ambiente explicó su "trabajo" sobre los glaciares
Ambiente avanza en la protección de glaciares
Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce el rabino Sergio Bergman, realizó el “Taller de capacitación sobre monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial”, los días 19 y 20 de octubre.
Durante el encuentro, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, destacó “la importancia de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas de agua, por los valiosos servicios que prestan para la biodiversidad y el bienestar de la sociedad, sobre todo en las zonas áridas del oeste argentino”. “El primer paso para proteger los glaciares es conocerlos. Por eso hemos realizado las acciones necesarias para terminar este año el Inventario Nacional de Glaciares, y así saldar una deuda pendiente desde la sanción de la Ley N ° 26639 en el 2010”, declaró. Asimismo, señaló que “la información del inventario es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio y las políticas ambientales”, y que “las provincias cuentan con el apoyo y la asistencia de la Nación para proteger los glaciares y el ambiente periglacial en sus territorios”.
Por su parte, Javier García Espil, director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos de la cartera ambiental, remarcó que “la preservación de los glaciares en un contexto de cambio climático es un desafío mayúsculo que requiere el aporte de todos los sectores y jurisdicciones”. “Con el Inventario Nacional de Glaciares ponemos a disposición de las autoridades y la ciudadanía información de calidad para profundizar la implementación de los demás instrumentos protectorios de la ley: la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental, las auditorías ambientales, la participación social y el control sobre las actividades que podrían afectar a estas reservas de agua estratégicas”, concluyó García Espil.
También participaron del encuentro representantes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), del Ministerio de Energía y Minería, del Instituto Nacional del Agua (INA), del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), autoridades provinciales con competencia en materia ambiental e hídrica, universidades y centros de investigación especializados.
Inventario Nacional de Glaciares
Es la herramienta creada por la Ley N° 26639 para individualizar los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el país, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Su realización se encuentra a cargo del IANIGLA-CONICET, con la coordinación del Ministerio de Ambiente de la Nación. Intervienen también el Instituto Geográfico Nacional, en materia cartográfica, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto respecto de las zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional.
Los trabajos se organizan en tres niveles de estudio y se llevan a cabo por regiones, focalizándose en las 69 subcuencas hídricas que poseen aporte de cuerpos de hielo permanentes. Actualmente se encuentran publicadas 42 subcuencas. De las 27 restantes, 7 se encuentran próximas a su publicación, 4 a consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 16 con trabajos en campo a cargo del IANIGLA-CONICET.
Toda la información disponible puede ser consultada en: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
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Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce el rabino Sergio Bergman, realizó el “Taller de capacitación sobre monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial”, los días 19 y 20 de octubre.
Durante el encuentro, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, destacó “la importancia de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas de agua, por los valiosos servicios que prestan para la biodiversidad y el bienestar de la sociedad, sobre todo en las zonas áridas del oeste argentino”. “El primer paso para proteger los glaciares es conocerlos. Por eso hemos realizado las acciones necesarias para terminar este año el Inventario Nacional de Glaciares, y así saldar una deuda pendiente desde la sanción de la Ley N ° 26639 en el 2010”, declaró. Asimismo, señaló que “la información del inventario es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio y las políticas ambientales”, y que “las provincias cuentan con el apoyo y la asistencia de la Nación para proteger los glaciares y el ambiente periglacial en sus territorios”.
Por su parte, Javier García Espil, director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos de la cartera ambiental, remarcó que “la preservación de los glaciares en un contexto de cambio climático es un desafío mayúsculo que requiere el aporte de todos los sectores y jurisdicciones”. “Con el Inventario Nacional de Glaciares ponemos a disposición de las autoridades y la ciudadanía información de calidad para profundizar la implementación de los demás instrumentos protectorios de la ley: la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental, las auditorías ambientales, la participación social y el control sobre las actividades que podrían afectar a estas reservas de agua estratégicas”, concluyó García Espil.
También participaron del encuentro representantes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), del Ministerio de Energía y Minería, del Instituto Nacional del Agua (INA), del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), autoridades provinciales con competencia en materia ambiental e hídrica, universidades y centros de investigación especializados.
Inventario Nacional de Glaciares
Es la herramienta creada por la Ley N° 26639 para individualizar los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el país, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Su realización se encuentra a cargo del IANIGLA-CONICET, con la coordinación del Ministerio de Ambiente de la Nación. Intervienen también el Instituto Geográfico Nacional, en materia cartográfica, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto respecto de las zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional.
Los trabajos se organizan en tres niveles de estudio y se llevan a cabo por regiones, focalizándose en las 69 subcuencas hídricas que poseen aporte de cuerpos de hielo permanentes. Actualmente se encuentran publicadas 42 subcuencas. De las 27 restantes, 7 se encuentran próximas a su publicación, 4 a consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 16 con trabajos en campo a cargo del IANIGLA-CONICET.
Toda la información disponible puede ser consultada en: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
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Desmonte en Córdoba para un canal ilegal en zona protegida
Desmonte de bosque nativo en Córdoba para construir un canal ilegal
Fecha de Publicación: 25/10/2017
Fuente: Ecoportal
Provincia/Región: Córdoba
El desmonte se está produciendo de manera silenciosa e ilegal en zona protegida para desviar agua hacia la laguna Mar Chiquita.
No hay anuncios ni permisos sobre la obra. El canal tiene un ancho de veinte metros y atraviesa un bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina.
A pesar de que aún no se ha reglamentado una nueva Ley de Bosques, este bosque nativo se halla en el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la zonificación Roja, es decir que no se puede hacer allí ninguna intervención, y en el caso de que así sea, debe estar autorizada por el gobierno provincial.
La construcción de este canal afectaría gravemente la vegetación y la biodiversidad de el bosque nativo más grande de esa región cordobesa y que debería ser protegido. El bosque de Tinoco es una zona virgen donde la mano del hombre todavía no había accionado. Entre las especies que se pueden encontrar en el bosque se destacan el quebracho blanco, algarrobo, tala, sombrero de todo, piquillín y otros nativas.
Estudios hechos por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal han determinado que este bosque es el hábitat de una rica biodiversidad en donde viven gran variedad de especies vegetales y animales. Fundamentalmente se trata de una morada de por lo menos cien especies de aves. Se estudia postular al bosque de Tinoco como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), siguiendo los protocolos de Aves Argentinas.
El bosque nativo de Tinoco se halla en una transición entre el bosque espinal y el chaqueño. El ecosistema que allí se encuentra está amenazado en toda la provincia por el desmonte que produce la especulación inmobiliaria, la ganadería y el avance de la frontera sojera.
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Fecha de Publicación: 25/10/2017
Fuente: Ecoportal
Provincia/Región: Córdoba
El desmonte se está produciendo de manera silenciosa e ilegal en zona protegida para desviar agua hacia la laguna Mar Chiquita.
No hay anuncios ni permisos sobre la obra. El canal tiene un ancho de veinte metros y atraviesa un bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina.
A pesar de que aún no se ha reglamentado una nueva Ley de Bosques, este bosque nativo se halla en el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la zonificación Roja, es decir que no se puede hacer allí ninguna intervención, y en el caso de que así sea, debe estar autorizada por el gobierno provincial.
La construcción de este canal afectaría gravemente la vegetación y la biodiversidad de el bosque nativo más grande de esa región cordobesa y que debería ser protegido. El bosque de Tinoco es una zona virgen donde la mano del hombre todavía no había accionado. Entre las especies que se pueden encontrar en el bosque se destacan el quebracho blanco, algarrobo, tala, sombrero de todo, piquillín y otros nativas.
Estudios hechos por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal han determinado que este bosque es el hábitat de una rica biodiversidad en donde viven gran variedad de especies vegetales y animales. Fundamentalmente se trata de una morada de por lo menos cien especies de aves. Se estudia postular al bosque de Tinoco como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), siguiendo los protocolos de Aves Argentinas.
El bosque nativo de Tinoco se halla en una transición entre el bosque espinal y el chaqueño. El ecosistema que allí se encuentra está amenazado en toda la provincia por el desmonte que produce la especulación inmobiliaria, la ganadería y el avance de la frontera sojera.
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Desmontan area protegida de Neuquén
Por el desmonte se perdieron casi 4.000 metros cuadrados de barda en Neuquén
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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En 80 años Santa Fe pierde el 82% de sus bosques
Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos en los últimos 80 años
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Rechazo de amparo contra las represas de Santa Cruz
Fallo a favor de que se hagan las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 25/09/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Una jueza rechazó uno de los amparos de ambientalistas que se oponen; prometen apelar y hay otra cautelar pendiente; optimismo en el Gobierno
Un fallo judicial dejó ahora al Gobierno más cerca de retomar la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, una de las obras más controvertidas del kirchnerismo, que fueron aprobadas en el último año de gestión de Cristina Kirchner. Los ambientalistas, a quienes les rechazaron el amparo, apelarán pasado mañana. Sin embargo, la obra aún está trabada por la cautelar de la Fundación Banco de Bosques presentada en la Justicia contra el Gobierno y la administración provincial.
Ayer, la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 12 de la Capital Federal, rechazó un amparo ambiental que impedía la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, y que fue impulsado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques. Las medidas habían logrado que en diciembre pasado la Corte Suprema diera lugar a las dos cautelares y suspendiera las obras.
Mientras desde el gobierno nacional el fallo judicial fue recibido con optimismo, consultados por LA NACION desistieron de realizar declaraciones debido a que aún pesa la resolución de la otra medida cautelar que traba la obra.
Por otro lado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia confirmó que pasado mañana apelarán la medida.
En la sentencia, de sólo nueve páginas, Marra Giménez sostiene: "No subsisten al presente las objeciones y cuestionamientos en que se sustentó la presentación de la asociación actora", y aclara que "las deficiencias u omisiones en que basó sus quejas en cuanto a la ausencia de estudios de impacto ambiental o de la audiencia pública previos a la construcción de las obras suspendidas por la cautelar ordenada por la C.S. [Corte Suprema] han sido subsanadas por las autoridades nacionales competentes".
En diciembre, la Corte Suprema basó la suspensión de las obras en el incumplimiento de la medición de impacto ambiental y en la falta de audiencias públicas previstos en la ley de obras hidráulicas.
El 28 de agosto pasado el gobierno nacional aprobó la polémica construcción del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mientras que dispuso se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras las audiencias públicas de julio pasado, que había ordenado la Corte Suprema.
Críticas ambientalistas
"El fallo significa un ataque al derecho ambiental, dado que manifiesta una conducta apegada al criterio economicista que lo que busca es construir la represas y quedar bien con los capitales chinos, y lamentablemente una vez más el ambiente va a estar afectado", afirmó a LA NACION Mariano Aguilar, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
Aguilar agregó además que la jueza no contempla "ninguno de los puntos que le hemos planteado, no hizo más que legalizar judicialmente el estudio de impacto ambiental, amañado y tendencioso".
La administración del presidente Mauricio Macri tomó la determinación de avalar el megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China, como el Belgrano Cargas.
En Santa Cruz, en especial en El Calafate, hay ciudadanos que realizan marchas y actividades que se oponen a las represas, dado que no sólo temen por el medio ambiente, sino también por cómo puedan verse afectados los glaciares. Por su parte, Pedro Fiedrich, director ejecutivo de la Fundación Banco de Bosques, recordó ante LA NACION que la entidad presentó un extenso informe realizado por expertos que fundamentan la importancia de frenar las obras, sobre el que tendrá que expresarse la Justicia.
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Fecha de Publicación: 25/09/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Una jueza rechazó uno de los amparos de ambientalistas que se oponen; prometen apelar y hay otra cautelar pendiente; optimismo en el Gobierno
Un fallo judicial dejó ahora al Gobierno más cerca de retomar la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, una de las obras más controvertidas del kirchnerismo, que fueron aprobadas en el último año de gestión de Cristina Kirchner. Los ambientalistas, a quienes les rechazaron el amparo, apelarán pasado mañana. Sin embargo, la obra aún está trabada por la cautelar de la Fundación Banco de Bosques presentada en la Justicia contra el Gobierno y la administración provincial.
Ayer, la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 12 de la Capital Federal, rechazó un amparo ambiental que impedía la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, y que fue impulsado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques. Las medidas habían logrado que en diciembre pasado la Corte Suprema diera lugar a las dos cautelares y suspendiera las obras.
Mientras desde el gobierno nacional el fallo judicial fue recibido con optimismo, consultados por LA NACION desistieron de realizar declaraciones debido a que aún pesa la resolución de la otra medida cautelar que traba la obra.
Por otro lado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia confirmó que pasado mañana apelarán la medida.
En la sentencia, de sólo nueve páginas, Marra Giménez sostiene: "No subsisten al presente las objeciones y cuestionamientos en que se sustentó la presentación de la asociación actora", y aclara que "las deficiencias u omisiones en que basó sus quejas en cuanto a la ausencia de estudios de impacto ambiental o de la audiencia pública previos a la construcción de las obras suspendidas por la cautelar ordenada por la C.S. [Corte Suprema] han sido subsanadas por las autoridades nacionales competentes".
En diciembre, la Corte Suprema basó la suspensión de las obras en el incumplimiento de la medición de impacto ambiental y en la falta de audiencias públicas previstos en la ley de obras hidráulicas.
El 28 de agosto pasado el gobierno nacional aprobó la polémica construcción del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mientras que dispuso se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras las audiencias públicas de julio pasado, que había ordenado la Corte Suprema.
Críticas ambientalistas
"El fallo significa un ataque al derecho ambiental, dado que manifiesta una conducta apegada al criterio economicista que lo que busca es construir la represas y quedar bien con los capitales chinos, y lamentablemente una vez más el ambiente va a estar afectado", afirmó a LA NACION Mariano Aguilar, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
Aguilar agregó además que la jueza no contempla "ninguno de los puntos que le hemos planteado, no hizo más que legalizar judicialmente el estudio de impacto ambiental, amañado y tendencioso".
La administración del presidente Mauricio Macri tomó la determinación de avalar el megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China, como el Belgrano Cargas.
En Santa Cruz, en especial en El Calafate, hay ciudadanos que realizan marchas y actividades que se oponen a las represas, dado que no sólo temen por el medio ambiente, sino también por cómo puedan verse afectados los glaciares. Por su parte, Pedro Fiedrich, director ejecutivo de la Fundación Banco de Bosques, recordó ante LA NACION que la entidad presentó un extenso informe realizado por expertos que fundamentan la importancia de frenar las obras, sobre el que tendrá que expresarse la Justicia.
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Represas en Santa Cruz avanzan desoyendo advertencias
Aguas divididas por las represas en Santa Cruz
Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
La resolución conjunta de los ministerios de Energía y Ambiente para avanzar con el proyecto hidroeléctrico generó reacciones encontradas. Cuestionan la validez del proceso. Advierten por el impacto irreversible en el ambiente.
Para algunos, ya se hizo todo lo que había que hacer. Para otros, los vicios son evidentes. Los primeros dicen que los procedimientos previstos en la normativa vigente se cumplieron. Los segundos, que los pasos dados fueron pour la galerie. Aquellos esperan inversiones (se habla de unos u$s 4.500 millones). Estos, un fuerte impacto ambiental.
La resolución conjunta de los ministerios nacionales de Energía y Ambiente, que aprobó las obras para los "aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz" (represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), dispuso que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras la audiencia pública de julio pasado, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, repasan Marcelo Tavarone y Julieta de Ruggiero, integrantes de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados.
"La Resolución Conjunta 3-E/2017 concluye este proceso que estaba pendiente de cumplimiento con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y así avanzar con la etapa de obras principales", enmarcan.
En su momento, amplía Héctor Pozo Gowland, titular de la firma que lleva por nombre a su apellido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques habían promovido acciones contra el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisión en la realización de los estudios de impacto ambiental (EIA).
"En atención a la medida cautelar, el Estado nacional elaboró los estudios ambientales. (En cuanto a) la audiencia pública, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptos", agrega.
Forma y fondo
Cristian Fernández, asesor legal de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas y parte del Estudio Sabsay Neimark Abogados, entiende que, con su resolución, "los ministerios de Energía y Ambiente han decidido desoír lo expuesto en la audiencia pública". Allí, dice, "la sociedad civil se pronunció con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyecto". La Ley General del Ambiente establece que, si bien las objeciones planteadas durante la audiencia pública no son vinculantes, el Estado tiene la obligación de publicar las críticas y brindar una respuesta fundada. "La participación ciudadana ha sido vaciada de contenido por las autoridades", contrasta.
El director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, enfatiza que la resolución "de manera alguna implica dar la autorización directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que ordenó detener la construcción de las represas) o se debe seguir sosteniendo la misma".
Al cierre de esta edición, la cuestión estaba a estudio de los magistrados.
Pasos
"El Gobierno nacional ha dado un paso fundamental en el avance de las obras de este proyecto tan importante para la matriz energética argentina, el cual ya cuenta con financiamiento disponible y empresas contratistas tanto nacionales como chinas listas para comenzar a trabajar", dice Tavarone. "Las adaptaciones técnicas realizadas al proyecto inicial (modificación en cantidad de turbinas y conexión al Sistema Argentino de Interconexión, SADI, principalmente) demuestran el enorme interés por llevar adelante estas obras", agrega.
Para Pozo Gowland, con el dictado de la Resolución Conjunta 3-E/2017, más la declaración de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, "deberían tenerse por cumplidos todos los trámites necesarios para continuar con las obras".
Fernández disiente. "El EIA fue concebido como un mero obstáculo para avanzar con la obra, en lugar de ser considerado un análisis integral de riesgos ambientales. Presenta numerosos vicios, inexactitudes y omisiones", denuncia.
No se evaluó el impacto ambiental del tendido eléctrico de alta tensión en relación a las aves migratorias, el análisis de alternativas de proyectos, la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares, ni se completaron los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica, enumera.
Tampoco se analizó el proceso de "sismicidad inducida", no se completaron las tareas de rescate arqueológico, no se efectuó la consulta previa a las comunidades originarias ni se elaboraron proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático, añade. Y lo mismo sucede con el impacto en los glaciares que conforman el Campo de Hielo Patagónico Sur, hecho que encendió el alerta en la comunidad glaciológica internacional, abunda.
Desde FARN coinciden. "El proyecto para la construcción de estas represas ha estado plagado de irregularidades desde el momento mismo de la licitación", dicen. En su explicación aparecen tres licitaciones, los nombres Lázaro Báez y Cristóbal López, Electroingeniería y la afectación irreversible del Glaciar Perito Moreno. Por eso se llegó a la Corte Suprema, que había ordenado la paralización de la obra y una revisión integral del EIA, lo que incluía la realización de una audiencia pública. "Si bien ambas cuestiones ya fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de Energía, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista técnico y está hecho a medida para que se logre la aprobación del proyecto", acusa Nápoli. Horacio Franco, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, señala que quienes se opusieron al proyecto objetaron que la resolución conjunta invoque mayormente el testimonio brindado en la audiencia pública por la quincena de participantes que apoyaron el proyecto, indicando que la mayoría de los participantes se pronunció en contra.
"Una audiencia pública no se gana ni se pierde por la cantidad de voces a favor o en contra del proyecto puesto a consideración. No hay votación ni debate, porque no es un acto de naturaleza asamblearia. Por eso, las audiencias públicas no son ni podrían ser vinculantes. Su objetivo es otro: recabar opiniones que puedan ser tenidas en cuenta para enriquecer el acto administrativo que aprobará, desechará o modificará el proyecto en cuestión", redondea.
Empresas cuestionadas
Las firmas que van a desarrollar la obra, advierten desde FARN, son Electroingeniería, "sin ningún tipo de antecedentes en la construcción de represas", y Gezhouba Group Corporation, "empresa china que ha sido sancionada por el Banco Mundial por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones, y también vetada por el BID por prácticas fraudulentas".
Desde Aves Argentinas acompañan el informe de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas, que resume los errores encontrados en el proyecto. Entre ellos: el EIA impugnado fue elaborado por EBISA, sociedad anónima de capital estatal cuya titularidad es del Ministerio de Energía (99%) y Nucleoeléctrica Argentina (1%). Su presidente, además, es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica a cargo de la revisión del proyecto.
"Los daños ambientales que ocasionará la obra no son susceptibles de mitigación ni compensación", alerta la coalición. Son "permanentes e irreversibles".
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Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
La resolución conjunta de los ministerios de Energía y Ambiente para avanzar con el proyecto hidroeléctrico generó reacciones encontradas. Cuestionan la validez del proceso. Advierten por el impacto irreversible en el ambiente.
Para algunos, ya se hizo todo lo que había que hacer. Para otros, los vicios son evidentes. Los primeros dicen que los procedimientos previstos en la normativa vigente se cumplieron. Los segundos, que los pasos dados fueron pour la galerie. Aquellos esperan inversiones (se habla de unos u$s 4.500 millones). Estos, un fuerte impacto ambiental.
La resolución conjunta de los ministerios nacionales de Energía y Ambiente, que aprobó las obras para los "aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz" (represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), dispuso que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras la audiencia pública de julio pasado, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, repasan Marcelo Tavarone y Julieta de Ruggiero, integrantes de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados.
"La Resolución Conjunta 3-E/2017 concluye este proceso que estaba pendiente de cumplimiento con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y así avanzar con la etapa de obras principales", enmarcan.
En su momento, amplía Héctor Pozo Gowland, titular de la firma que lleva por nombre a su apellido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques habían promovido acciones contra el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisión en la realización de los estudios de impacto ambiental (EIA).
"En atención a la medida cautelar, el Estado nacional elaboró los estudios ambientales. (En cuanto a) la audiencia pública, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptos", agrega.
Forma y fondo
Cristian Fernández, asesor legal de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas y parte del Estudio Sabsay Neimark Abogados, entiende que, con su resolución, "los ministerios de Energía y Ambiente han decidido desoír lo expuesto en la audiencia pública". Allí, dice, "la sociedad civil se pronunció con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyecto". La Ley General del Ambiente establece que, si bien las objeciones planteadas durante la audiencia pública no son vinculantes, el Estado tiene la obligación de publicar las críticas y brindar una respuesta fundada. "La participación ciudadana ha sido vaciada de contenido por las autoridades", contrasta.
El director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, enfatiza que la resolución "de manera alguna implica dar la autorización directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que ordenó detener la construcción de las represas) o se debe seguir sosteniendo la misma".
Al cierre de esta edición, la cuestión estaba a estudio de los magistrados.
Pasos
"El Gobierno nacional ha dado un paso fundamental en el avance de las obras de este proyecto tan importante para la matriz energética argentina, el cual ya cuenta con financiamiento disponible y empresas contratistas tanto nacionales como chinas listas para comenzar a trabajar", dice Tavarone. "Las adaptaciones técnicas realizadas al proyecto inicial (modificación en cantidad de turbinas y conexión al Sistema Argentino de Interconexión, SADI, principalmente) demuestran el enorme interés por llevar adelante estas obras", agrega.
Para Pozo Gowland, con el dictado de la Resolución Conjunta 3-E/2017, más la declaración de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, "deberían tenerse por cumplidos todos los trámites necesarios para continuar con las obras".
Fernández disiente. "El EIA fue concebido como un mero obstáculo para avanzar con la obra, en lugar de ser considerado un análisis integral de riesgos ambientales. Presenta numerosos vicios, inexactitudes y omisiones", denuncia.
No se evaluó el impacto ambiental del tendido eléctrico de alta tensión en relación a las aves migratorias, el análisis de alternativas de proyectos, la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares, ni se completaron los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica, enumera.
Tampoco se analizó el proceso de "sismicidad inducida", no se completaron las tareas de rescate arqueológico, no se efectuó la consulta previa a las comunidades originarias ni se elaboraron proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático, añade. Y lo mismo sucede con el impacto en los glaciares que conforman el Campo de Hielo Patagónico Sur, hecho que encendió el alerta en la comunidad glaciológica internacional, abunda.
Desde FARN coinciden. "El proyecto para la construcción de estas represas ha estado plagado de irregularidades desde el momento mismo de la licitación", dicen. En su explicación aparecen tres licitaciones, los nombres Lázaro Báez y Cristóbal López, Electroingeniería y la afectación irreversible del Glaciar Perito Moreno. Por eso se llegó a la Corte Suprema, que había ordenado la paralización de la obra y una revisión integral del EIA, lo que incluía la realización de una audiencia pública. "Si bien ambas cuestiones ya fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de Energía, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista técnico y está hecho a medida para que se logre la aprobación del proyecto", acusa Nápoli. Horacio Franco, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, señala que quienes se opusieron al proyecto objetaron que la resolución conjunta invoque mayormente el testimonio brindado en la audiencia pública por la quincena de participantes que apoyaron el proyecto, indicando que la mayoría de los participantes se pronunció en contra.
"Una audiencia pública no se gana ni se pierde por la cantidad de voces a favor o en contra del proyecto puesto a consideración. No hay votación ni debate, porque no es un acto de naturaleza asamblearia. Por eso, las audiencias públicas no son ni podrían ser vinculantes. Su objetivo es otro: recabar opiniones que puedan ser tenidas en cuenta para enriquecer el acto administrativo que aprobará, desechará o modificará el proyecto en cuestión", redondea.
Empresas cuestionadas
Las firmas que van a desarrollar la obra, advierten desde FARN, son Electroingeniería, "sin ningún tipo de antecedentes en la construcción de represas", y Gezhouba Group Corporation, "empresa china que ha sido sancionada por el Banco Mundial por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones, y también vetada por el BID por prácticas fraudulentas".
Desde Aves Argentinas acompañan el informe de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas, que resume los errores encontrados en el proyecto. Entre ellos: el EIA impugnado fue elaborado por EBISA, sociedad anónima de capital estatal cuya titularidad es del Ministerio de Energía (99%) y Nucleoeléctrica Argentina (1%). Su presidente, además, es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica a cargo de la revisión del proyecto.
"Los daños ambientales que ocasionará la obra no son susceptibles de mitigación ni compensación", alerta la coalición. Son "permanentes e irreversibles".
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Cada vez menos fondos para los bosques en Nación
La poda de Cambiemos
Fecha de Publicación: 22/09/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En el presupuesto de 2018 el Gobierno asignó solo el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques para su conservación. “Están propiciando una nueva oleada de desforestaciones”, denunció Greenpeace.
Las asociaciones ambientalistas advirtieron que la alianza gobernante prevé un fuerte recorte del presupuesto para la conservación de bosques nativos, que se encuentran protegidos por la Ley 26.331, sancionada en 2007.
Según denunció la ONG Vida Silvestre el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo le asigna apenas el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques, que ordena destinar el 0,3 por ciento del total del Presupuesto. El año pasado, el Gobierno había destinado el 8 por ciento del total. “Estamos en una verdadera emergencia forestal: Argentina conserva el 27 por ciento de la superficie ocupada originalmente por bosques nativos”, advirtió la ONG.
La situación es compleja, sobre todo en las provincias del norte donde existe una creciente puja por la expansión de la frontera agrícola. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió que el Gobierno tomó una serie de medidas que hacen “un combo peligroso para nuestros bosques”.
“La primera fue una devolución de retenciones para productores de soja del norte, del 5 por ciento. Eso genera una presión en la frontera agrícola porque la primera amenaza es la soja, seguida de la ganadería. Están fomentando la desforestación indirectamente”, explicó a Página/12.
Con el recorte presupuestario, continuó Giardini, el principal riesgo es la falta de financiamiento para controles y la puesta en riesgo de los planes de manejo sustentable. “No están mandando plata a las provincias para que haya mayores controles (con menos dinero, menos controles) y para que quienes tengan bosques reciban un incentivo para no desforestar. Hay una tentación muy grande y el mensaje es que si ponen soja, van a ganar más plata seguro”, advirtió.
La perspectiva se agrava con el cajoneo de un proyecto de ley presentado el año pasado para aumentar las penas por delitos forestales. “Está parado por la diputada jujeña de Cambiemos María Gabriela Burgos. Esa ley pondría presos a todos los que desforestan ilegalmente. Hay que tener en cuenta que por lo menos la mitad de los desmontes son ilegales”, denunció Giardini.
A principios del Siglo XX, la Argentina tenía más de 100 millones de hectáreas de bosques y hoy le quedan apenas 30 millones. "El patrimonio forestal fue bastante maltratado y fue una política poco inteligente: se redujo en superficie y calidad. Hay provincias como Buenos Aires y Córdoba, que les quedan el 5 por ciento de la superficie que tenían de bosque. Cuando a uno le queda el 5 por ciento de un capital, lo que tiene que hacer es cuidarlo y hacer inversiones para cumplir con eso. La Ley de Bosques apunta a esa cuestión", explicó a Página/12 el museólogo, naturalista y docente, Claudio Bertonatti.
Para el especialista, el desafío "no es sólo cumplir con la Ley, sino crear nuevas áreas protegidas y crear corredores biológicos para aumentar su potencial. Lo que hizo durante años fue extraer lo mejor de esos bosques y dejar lo peor. Hay que trabajar mucho para restaurar superficies y calidades de los bosques".
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Fecha de Publicación: 22/09/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En el presupuesto de 2018 el Gobierno asignó solo el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques para su conservación. “Están propiciando una nueva oleada de desforestaciones”, denunció Greenpeace.
Las asociaciones ambientalistas advirtieron que la alianza gobernante prevé un fuerte recorte del presupuesto para la conservación de bosques nativos, que se encuentran protegidos por la Ley 26.331, sancionada en 2007.
Según denunció la ONG Vida Silvestre el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo le asigna apenas el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques, que ordena destinar el 0,3 por ciento del total del Presupuesto. El año pasado, el Gobierno había destinado el 8 por ciento del total. “Estamos en una verdadera emergencia forestal: Argentina conserva el 27 por ciento de la superficie ocupada originalmente por bosques nativos”, advirtió la ONG.
La situación es compleja, sobre todo en las provincias del norte donde existe una creciente puja por la expansión de la frontera agrícola. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió que el Gobierno tomó una serie de medidas que hacen “un combo peligroso para nuestros bosques”.
“La primera fue una devolución de retenciones para productores de soja del norte, del 5 por ciento. Eso genera una presión en la frontera agrícola porque la primera amenaza es la soja, seguida de la ganadería. Están fomentando la desforestación indirectamente”, explicó a Página/12.
Con el recorte presupuestario, continuó Giardini, el principal riesgo es la falta de financiamiento para controles y la puesta en riesgo de los planes de manejo sustentable. “No están mandando plata a las provincias para que haya mayores controles (con menos dinero, menos controles) y para que quienes tengan bosques reciban un incentivo para no desforestar. Hay una tentación muy grande y el mensaje es que si ponen soja, van a ganar más plata seguro”, advirtió.
La perspectiva se agrava con el cajoneo de un proyecto de ley presentado el año pasado para aumentar las penas por delitos forestales. “Está parado por la diputada jujeña de Cambiemos María Gabriela Burgos. Esa ley pondría presos a todos los que desforestan ilegalmente. Hay que tener en cuenta que por lo menos la mitad de los desmontes son ilegales”, denunció Giardini.
A principios del Siglo XX, la Argentina tenía más de 100 millones de hectáreas de bosques y hoy le quedan apenas 30 millones. "El patrimonio forestal fue bastante maltratado y fue una política poco inteligente: se redujo en superficie y calidad. Hay provincias como Buenos Aires y Córdoba, que les quedan el 5 por ciento de la superficie que tenían de bosque. Cuando a uno le queda el 5 por ciento de un capital, lo que tiene que hacer es cuidarlo y hacer inversiones para cumplir con eso. La Ley de Bosques apunta a esa cuestión", explicó a Página/12 el museólogo, naturalista y docente, Claudio Bertonatti.
Para el especialista, el desafío "no es sólo cumplir con la Ley, sino crear nuevas áreas protegidas y crear corredores biológicos para aumentar su potencial. Lo que hizo durante años fue extraer lo mejor de esos bosques y dejar lo peor. Hay que trabajar mucho para restaurar superficies y calidades de los bosques".
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Reconocimientos al Corredor Biológico Urugua-í – Foerster
Reconocimientos y apoyos nacionales e internacionales al proyecto de Corredor Biológico Urugua-í – Foerster
Fecha de Publicación: 18/09/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El proyecto recibió numerosos apoyos nacionales e internacionales en sus 15 años de historia. En 2002 recibió el primer premio en Liderazgo a la Conservación, un programa de apoyo a equipos de jóvenes conservacionistas, con sede en Inglaterra, que reúne algunas de las ONGs de conservación más importantes del mundo (BirdLife, Conservation International, WildlifeConservationSociety y Fauna & Flora International), que dio apoyo al proyecto por 6 años.
Entre 2006-2010 fue muy importante el apoyo del comité holandés de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
Entre las organizaciones locales, la Fundación Vida Silvestre Argentina fue un aliado muy importante en el proceso de consolidación del corredor biológico, y también recibimos apoyo de Aves Argentinas y del Ministerio de Ecología de Misiones. La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID).
La Dirección Provincial de Vialidad de Misiones financio el monitoreo de pasos de fauna y ecoducto en la Ruta Nacional 101, en el corredor biológico. Durante los últimos 2 años, fue muy importante para la continuidad de este proyecto, el apoyo de la Fundación Banco de Bosques, a través de la campaña “Dejá tu Huella” de la empresa Villavicencio.
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Fecha de Publicación: 18/09/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El proyecto recibió numerosos apoyos nacionales e internacionales en sus 15 años de historia. En 2002 recibió el primer premio en Liderazgo a la Conservación, un programa de apoyo a equipos de jóvenes conservacionistas, con sede en Inglaterra, que reúne algunas de las ONGs de conservación más importantes del mundo (BirdLife, Conservation International, WildlifeConservationSociety y Fauna & Flora International), que dio apoyo al proyecto por 6 años.
Entre 2006-2010 fue muy importante el apoyo del comité holandés de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
Entre las organizaciones locales, la Fundación Vida Silvestre Argentina fue un aliado muy importante en el proceso de consolidación del corredor biológico, y también recibimos apoyo de Aves Argentinas y del Ministerio de Ecología de Misiones. La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID).
La Dirección Provincial de Vialidad de Misiones financio el monitoreo de pasos de fauna y ecoducto en la Ruta Nacional 101, en el corredor biológico. Durante los últimos 2 años, fue muy importante para la continuidad de este proyecto, el apoyo de la Fundación Banco de Bosques, a través de la campaña “Dejá tu Huella” de la empresa Villavicencio.
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El Proyecto Aconquija y la necesidad de proteger las Yungas
El NOA contará con un nuevo Parque Nacional
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Proyecto Aconquija apunta a la protección de la región subtropical de las yungas, uno de los ecosistemas más amenazados del continente. Sus 77 mil hectáreas se extienden en el sudoeste de Tucumán.
Parte de la ecorregión de yungas que florece en las sierras del sudoeste de Tucumán (muy cerca del límite con Catamarca) fue transformada en un área protegida por una ley nacional, lo que brinda el marco necesario para la creación del Parque Nacional Aconquija. El plan de conservación abarca 77 mil hectáreas ricas en biodiversidad, donde se apuntará a asegurar la sustentabilidad de las actividades tradicionales del pedemonte y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Además, la medida oficial tiende a favorecer la preservación de las principales cuencas hídricas de la provincia y más de dos mil especies de plantas vasculares, registradas en bosques, selvas húmedas subtropicales, pastizales de neblina y altoandinos, montes de árboles recubiertos de helechos y musgos y las estepas arbustivas de la prepuna, que crecen en las laderas occidentales de la sierra de Aconquija. En cuanto a la fauna local, aquí conviven osos meleros con cóndores, felinos y ejemplares de pecarí, corzuela, guanaco, taruca (también conocida como venado andino) y una amplia variedad de aves.
El Proyecto Aconquija fue firmado el 23 de junio pasado en la sede de la Fundación Miguel Lillo, en San Miguel de Tucumán, antes de ser girado a tres comisiones para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Una vez que se concrete, el futuro Parque Nacional será una novedosa área natural protegida con selva y nieve en una misma zona de conservación. “El Aconquija se destaca porque es naturaleza en los distintos estratos, desde su selva con toda la riqueza de flora y fauna hasta sus glaciares subterráneos a más de 4 mil metros de altura”, señaló Gerardo Carreras, jefe de guardaparques del Parque Nacional Campo de los Alisos, lindero a la porción más austral de selva subtropical a ser protegida. El programa de preservación conjunta se extenderá a las reservas provinciales Santa Ana y La Florida.
Una imperdible panorámica de esta región se aprecia desde el mirador de La Banderita, a 48 kilómetros de Concepción, erigido a un costado de la ruta 65, frente a las cumbres del Clavillo y a 1.846 metros de altura. El nuevo Parque Nacional cristalizará una iniciativa por la protección de la vegetación y las cuencas hídricas de la región, impulsada a principios del siglo XX por Miguel Lillo, un célebre naturalista, docente, ornitólogo y ex director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tucumán.
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Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Proyecto Aconquija apunta a la protección de la región subtropical de las yungas, uno de los ecosistemas más amenazados del continente. Sus 77 mil hectáreas se extienden en el sudoeste de Tucumán.
Parte de la ecorregión de yungas que florece en las sierras del sudoeste de Tucumán (muy cerca del límite con Catamarca) fue transformada en un área protegida por una ley nacional, lo que brinda el marco necesario para la creación del Parque Nacional Aconquija. El plan de conservación abarca 77 mil hectáreas ricas en biodiversidad, donde se apuntará a asegurar la sustentabilidad de las actividades tradicionales del pedemonte y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Además, la medida oficial tiende a favorecer la preservación de las principales cuencas hídricas de la provincia y más de dos mil especies de plantas vasculares, registradas en bosques, selvas húmedas subtropicales, pastizales de neblina y altoandinos, montes de árboles recubiertos de helechos y musgos y las estepas arbustivas de la prepuna, que crecen en las laderas occidentales de la sierra de Aconquija. En cuanto a la fauna local, aquí conviven osos meleros con cóndores, felinos y ejemplares de pecarí, corzuela, guanaco, taruca (también conocida como venado andino) y una amplia variedad de aves.
El Proyecto Aconquija fue firmado el 23 de junio pasado en la sede de la Fundación Miguel Lillo, en San Miguel de Tucumán, antes de ser girado a tres comisiones para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Una vez que se concrete, el futuro Parque Nacional será una novedosa área natural protegida con selva y nieve en una misma zona de conservación. “El Aconquija se destaca porque es naturaleza en los distintos estratos, desde su selva con toda la riqueza de flora y fauna hasta sus glaciares subterráneos a más de 4 mil metros de altura”, señaló Gerardo Carreras, jefe de guardaparques del Parque Nacional Campo de los Alisos, lindero a la porción más austral de selva subtropical a ser protegida. El programa de preservación conjunta se extenderá a las reservas provinciales Santa Ana y La Florida.
Una imperdible panorámica de esta región se aprecia desde el mirador de La Banderita, a 48 kilómetros de Concepción, erigido a un costado de la ruta 65, frente a las cumbres del Clavillo y a 1.846 metros de altura. El nuevo Parque Nacional cristalizará una iniciativa por la protección de la vegetación y las cuencas hídricas de la región, impulsada a principios del siglo XX por Miguel Lillo, un célebre naturalista, docente, ornitólogo y ex director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tucumán.
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Planifican un Centro de Interpretación Ambiental en Salta
Crearán un Centro de Interpretación Ambiental
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
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Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
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