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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial
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Eco Sitio |
El mortífero avance de la frontera agrícola argentina
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo
Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo y retiene fondos
Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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San Luis plantea más acciones para preservar los bosques
Nuevas acciones en pos de preservar los bosques nativos de la provincia
Fecha de Publicación: 02/08/2018
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis
Se trata de un trabajo de sistematización y organización general de la información de base de la actividad forestal del territorio sanluiseño para así optimizar los sistemas de monitoreo, control y seguimiento de esta actividad.
Como parte de la Ley de Bosques Nativos y con el objetivo de mejorar la gestión y administración de los recursos forestales de la provincia, el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, trabaja en lo que será la sistematización de la información de base de la actividad forestal.
“Apuntamos a lograr una organización general de toda la información para optimizar los sistemas de monitoreo, control y seguimiento de la actividad forestal”, expresó la jefa del Subprograma Biodiversidad, María Julia Veinticinco.
Asimismo, la funcionaria amplió el objetivo de estas acciones: “Pretendemos mejorar los sistemas de aprovechamiento actuales, promoviendo intervenciones de bajo impacto, aumentando la seguridad e higiene de los operarios forestales y generando negociaciones justas entre los diferentes actores en toda la cadena forestal. Así lograremos disminuir los impactos negativos que esta produce sobre los bosques nativos y el medioambiente”.
Cabe destacar que para alcanzar los estándares y lineamientos básicos de manejo sostenible de los bosques nativos, es necesario un proceso de modernización y adaptación a los nuevos marcos legales y normativos que se aplican a nivel nacional e internacional en materia forestal.
Respecto a esta instancia, el Ministerio trabaja en dos aspectos básicos de la actividad: la identificación y ubicación geográfica de los establecimientos rurales y “corralones” que cuentan con matrícula forestal; y en la obtención y análisis temporal de las guías forestales en los últimos 2 años por cada establecimiento.
A su vez, Veinticinco comentó que toda la información está siendo volcada en un Sistema de Información Geográfico que permite procesar datos del territorio y de imágenes satelitales actuales para monitorear la actividad en general.
“Además, estamos trabajando la posibilidad de dar visibilidad a los actores intermedios que operan en la cadena forestal, como los contratistas y hacheros, mediante un registro provincial que nos permitirá integrarlos a un sistema más transparente y equitativo en relación al acceso a los recursos forestales”, concluyó la responsable del Subprograma Biodiversidad.
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Fecha de Publicación: 02/08/2018
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis
Se trata de un trabajo de sistematización y organización general de la información de base de la actividad forestal del territorio sanluiseño para así optimizar los sistemas de monitoreo, control y seguimiento de esta actividad.
Como parte de la Ley de Bosques Nativos y con el objetivo de mejorar la gestión y administración de los recursos forestales de la provincia, el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, trabaja en lo que será la sistematización de la información de base de la actividad forestal.
“Apuntamos a lograr una organización general de toda la información para optimizar los sistemas de monitoreo, control y seguimiento de la actividad forestal”, expresó la jefa del Subprograma Biodiversidad, María Julia Veinticinco.
Asimismo, la funcionaria amplió el objetivo de estas acciones: “Pretendemos mejorar los sistemas de aprovechamiento actuales, promoviendo intervenciones de bajo impacto, aumentando la seguridad e higiene de los operarios forestales y generando negociaciones justas entre los diferentes actores en toda la cadena forestal. Así lograremos disminuir los impactos negativos que esta produce sobre los bosques nativos y el medioambiente”.
Cabe destacar que para alcanzar los estándares y lineamientos básicos de manejo sostenible de los bosques nativos, es necesario un proceso de modernización y adaptación a los nuevos marcos legales y normativos que se aplican a nivel nacional e internacional en materia forestal.
Respecto a esta instancia, el Ministerio trabaja en dos aspectos básicos de la actividad: la identificación y ubicación geográfica de los establecimientos rurales y “corralones” que cuentan con matrícula forestal; y en la obtención y análisis temporal de las guías forestales en los últimos 2 años por cada establecimiento.
A su vez, Veinticinco comentó que toda la información está siendo volcada en un Sistema de Información Geográfico que permite procesar datos del territorio y de imágenes satelitales actuales para monitorear la actividad en general.
“Además, estamos trabajando la posibilidad de dar visibilidad a los actores intermedios que operan en la cadena forestal, como los contratistas y hacheros, mediante un registro provincial que nos permitirá integrarlos a un sistema más transparente y equitativo en relación al acceso a los recursos forestales”, concluyó la responsable del Subprograma Biodiversidad.
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En Ambiente definen metodología del Inventario de Humedales
El Ministerio de Ambiente avanza en el Inventario Nacional de Humedales
Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una reunión de especialistas que buscan definir las metodologías del Inventario Nacional de Humedales tuvo lugar ayer en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La cartera —a cargo de Sergio Bergman— es la institución que lidera el proceso de construcción del inventario, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (N.° 25675) y la Convención sobre los Humedales.
La complejidad y heterogeneidad de los ecosistemas de humedales determinan la necesidad de un desarrollo conceptual y metodológico específico para implementar los relevamientos en las diversas regiones del país. En ese sentido, la cartera ambiental convocó a especialistas de los ámbitos científico técnicos con el objetivo de establecer el marco conceptual y los lineamientos metodológicos del inventario.
En el encuentro, los expertos abordaron diversos aspectos técnicos y operativos, incluyendo cuestiones asociadas a la terminología, escalas y enfoques. También propusieron y debatieron sobre las estrategias y desafíos de su implementación, analizando las capacidades existentes en el país para la ejecución de los trabajos. Asimismo, remarcaron la continuidad del proceso con relación a los talleres y experiencias demostrativas anteriormente realizados, como plataforma para la profundización de las tareas de inventario y la consolidación de una red de instituciones involucradas.
El secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, presente en la reunión, destacó que “la generación de información pública de calidad es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio”. Enfatizó además “el compromiso del ministro Bergman, y de todo el Gobierno nacional, para contar con un relevamiento de los humedales en el país, acorde al mejor conocimiento y tecnologías disponibles, para fortalecer las políticas de conservación y uso sustentable de estos ecosistemas”.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló a su turno que “las recientes publicaciones del Informe del Estado del Ambiente y el Inventario Nacional de Glaciares, entre otros, dan cuenta de la relevancia de estos instrumentos para profundizar la coordinación de acciones con las provincias y los diversos sectores involucrados”. Finalmente explicó que “la mesa de expertos tendrá continuidad con un taller participativo que permitirá consolidar los consensos metodológicos para la realización del inventario en todo el país”.
Participaron en el encuentro: Patricia Kandus y Priscilla Minotti, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín; Rubén Quintana, de CONICET, Elizabeth Mazzoni, de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Carlos Ramonell, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral; Clara Rubio, del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas; y José Volante, de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
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Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una reunión de especialistas que buscan definir las metodologías del Inventario Nacional de Humedales tuvo lugar ayer en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La cartera —a cargo de Sergio Bergman— es la institución que lidera el proceso de construcción del inventario, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (N.° 25675) y la Convención sobre los Humedales.
La complejidad y heterogeneidad de los ecosistemas de humedales determinan la necesidad de un desarrollo conceptual y metodológico específico para implementar los relevamientos en las diversas regiones del país. En ese sentido, la cartera ambiental convocó a especialistas de los ámbitos científico técnicos con el objetivo de establecer el marco conceptual y los lineamientos metodológicos del inventario.
En el encuentro, los expertos abordaron diversos aspectos técnicos y operativos, incluyendo cuestiones asociadas a la terminología, escalas y enfoques. También propusieron y debatieron sobre las estrategias y desafíos de su implementación, analizando las capacidades existentes en el país para la ejecución de los trabajos. Asimismo, remarcaron la continuidad del proceso con relación a los talleres y experiencias demostrativas anteriormente realizados, como plataforma para la profundización de las tareas de inventario y la consolidación de una red de instituciones involucradas.
El secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, presente en la reunión, destacó que “la generación de información pública de calidad es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio”. Enfatizó además “el compromiso del ministro Bergman, y de todo el Gobierno nacional, para contar con un relevamiento de los humedales en el país, acorde al mejor conocimiento y tecnologías disponibles, para fortalecer las políticas de conservación y uso sustentable de estos ecosistemas”.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló a su turno que “las recientes publicaciones del Informe del Estado del Ambiente y el Inventario Nacional de Glaciares, entre otros, dan cuenta de la relevancia de estos instrumentos para profundizar la coordinación de acciones con las provincias y los diversos sectores involucrados”. Finalmente explicó que “la mesa de expertos tendrá continuidad con un taller participativo que permitirá consolidar los consensos metodológicos para la realización del inventario en todo el país”.
Participaron en el encuentro: Patricia Kandus y Priscilla Minotti, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín; Rubén Quintana, de CONICET, Elizabeth Mazzoni, de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Carlos Ramonell, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral; Clara Rubio, del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas; y José Volante, de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
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Ahora si... hay Parque Nacional Aconquija aprobado por ley
La creación del Parque Nacional Aconquija fue aprobada por ley
Fecha de Publicación: 15/07/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad la ley de creación del Parque Nacional Aconquija, por 205 votos positivos.
El proyecto contaba con media sanción de la Diputados, pero fue modificado por el Senado y, por lo tanto, volvió a Diputados para su aprobación final, lo que ocurrió hoy. Los autores del proyecto fueron el tucumano Miguel Nacul y técnicos de la Administración de Parques Nacionales.
El diputado nacional por Tucumán Marcelo Santillán (FPV) celebró la sanción de la ley a través de su cuenta de Twitter.
Entre tanto, el jefe de Gabinte, Marcos Peña, expresó en Twitter su satisfacción por la ley. "Hoy la Cámara de Diputados aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán. ¡Una gran noticia para seguir cuidando los recursos naturales de nuestro país!", publicó en funcionario.
Cambios
La senadora radical por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, explicó cuáles fueron las dos modificaciones introducidas al texto aprobado en primera instancia por Diputados. “La Legislatura de Tucumán sanciona dos leyes. En la primera ley cede la jurisdicción de las hectáreas necesarias para la creación del Parque Nacional, y en la segunda ley que se sanciona al poco tiempo, se la modifica porque había algunos errores en la nomenclatura catastral, y también la Provincia se reserva la jurisdicción ambiental en todo lo que se refiere a las obras hídricas de los ríos Las Cañas, Gastona, Medinas, para poder realizar un proyecto que viene de hace mucho tiempo, como es el dique Potrero del Clavillo, y por el que tanto Tucumán como Catamarca han trabajando arduamente”, describió la parlamentaria tucumana en la reunión de comisiones.
La Cámara de Diputados, al darle media sanción, no tuvo en cuenta la segunda ley provincial, pese a que ya estaba sancionada. Tras la modificación en el Senado, Diputados aprobó la norma con los cambios.
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Fecha de Publicación: 15/07/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad la ley de creación del Parque Nacional Aconquija, por 205 votos positivos.
El proyecto contaba con media sanción de la Diputados, pero fue modificado por el Senado y, por lo tanto, volvió a Diputados para su aprobación final, lo que ocurrió hoy. Los autores del proyecto fueron el tucumano Miguel Nacul y técnicos de la Administración de Parques Nacionales.
El diputado nacional por Tucumán Marcelo Santillán (FPV) celebró la sanción de la ley a través de su cuenta de Twitter.
Entre tanto, el jefe de Gabinte, Marcos Peña, expresó en Twitter su satisfacción por la ley. "Hoy la Cámara de Diputados aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán. ¡Una gran noticia para seguir cuidando los recursos naturales de nuestro país!", publicó en funcionario.
Cambios
La senadora radical por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, explicó cuáles fueron las dos modificaciones introducidas al texto aprobado en primera instancia por Diputados. “La Legislatura de Tucumán sanciona dos leyes. En la primera ley cede la jurisdicción de las hectáreas necesarias para la creación del Parque Nacional, y en la segunda ley que se sanciona al poco tiempo, se la modifica porque había algunos errores en la nomenclatura catastral, y también la Provincia se reserva la jurisdicción ambiental en todo lo que se refiere a las obras hídricas de los ríos Las Cañas, Gastona, Medinas, para poder realizar un proyecto que viene de hace mucho tiempo, como es el dique Potrero del Clavillo, y por el que tanto Tucumán como Catamarca han trabajando arduamente”, describió la parlamentaria tucumana en la reunión de comisiones.
La Cámara de Diputados, al darle media sanción, no tuvo en cuenta la segunda ley provincial, pese a que ya estaba sancionada. Tras la modificación en el Senado, Diputados aprobó la norma con los cambios.
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Increíble: Ordenaza permite un barrio privado en una reserva
Permiten barrios privados en un área protegida de Berazategui y hay fuerte polémica
Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay 900 hectáreas de la Costa de Berazategui que acaban de cambiar. Pero no se trata, por ahora, de un tema de paisaje o de alguna construcción monumental. Las transformaron “en papeles”, porque modificaron lo que se puede hacer en ellas. Pasaron de ser reserva natural a zona residencial, a partir de una ordenanza que aprobó el Concejo con los votos del oficialismo y aliados. En ellas ya comenzaron a construir un barrio cerrado, Lagoon Hudson, con lagunas artificiales, y dieron el permiso para hacer otros dos. Los vecinos podrían reclamar ante la Justicia.
La medida ya empezó a generar fuertes reclamos de organizaciones locales, que temen tanto por la destrucción del ambiente como por el riesgo de inundaciones. Las hectáreas están en Hudson, en un rectángulo delimitado por la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Calle 63, el arroyo Baldovino y el Camino de las Rosas, un acceso de tierra que corre paralelo a la Autopista pero cerca del río, y que tradicionalmente marcó el comienzo del bosque húmedo de la ribera. Además incluye un triángulo de 18 hectáreas que está dentro de ese bosque, entre el Camino de las Rosas y el río, casi llegando al arroyo.
La ordenanza es la N° 5594, aprobada el mes pasado. Es una continuación de otra de 2013, en la que también se trató la rezonificación de parte de la costa que era reserva. La nueva medida habilita la construcción de tres desarrollos inmobiliarios por etapas: una vez que completen el 70% de uno pueden empezar el segundo, y así sucesivamente. Hoy en esas tierras no hay prácticamente nada más que vegetación. Sólo construcciones a medio hacer en una porción del terreno, que es donde está Lagoon Hudson, sobre la Calle 63. Eso fue lo que se inició tras la ordenanza de 2013.
Ahora, la nueva aprobación del Concejo habilita que las 900 hectáreas corran el mismo destino: que comiencen a ser modificadas para que se conviertan en una zona residencial de barrios cerrados. “El principal problema es que esa zona de humedales es un valle de inundación. Contiene el agua de las crecidas del Río de la Plata y, a la vez, el agua que baja desde los arroyos al río. Si construyen ahí no solo van a afectar la biodiversidad, también puede generarse un riesgo de inundaciones”, explica Ernesto Salgado, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.
“Esta semana vamos a presentar un pedido de investigación en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para que se determine cómo puede afectar la zona. Porque la Costa está dividida en tres zonas: verde, amarilla (donde solo se puede intervenir con determinados permisos) y roja (que debe preservarse totalmente), hay que ver qué va a pasar con esta protección, si se va a respetar o no. Si no tenemos respuesta, vamos a ir a la Justicia”, afirma.
La ordenanza se aprobó con los votos del oficialismo y aliados, pero sin los de Cambiemos. El bloque tuvo dos ausentes y una abstención, y el resto se opuso. “Es una zona de mucho valor natural, como para que se utilice para un emprendimiento privado. Tenemos otros lugares donde se puede construir. No estamos de acuerdo con intervenir la costa así”, afirma la concejal Vanina Passalacqua, de Cambiemos, que votó en contra.
Por ahora, el único proyecto confirmado para ese predio es Lagoon Hudson, un barrio privado que ya se construye y que a partir de la aprobación podría ampliarse. Tendrá una laguna artificial. El proyecto pertenece al Grupo Monarca SA, que está haciendo uno similar en Pilar. Se espera que el mismo grupo sea el que inicie otro proyecto en el área.
Al lado del predio, en la Calle 63 y también en la franja costera, ya hay varios barrios cerrados similares, como Villalobos y Magallanes. La zona es muy buscada por inversores: está pegada al río y tiene acceso directo desde la Autopista Buenos Aires- La Plata. Apuestan a que ahí se puede formar un polo de countries similar a Nordelta y alrededores.
En el OPDS, el organismo bonaerense que tiene que determinar si las construcciones que puedan hacerse allí afectarán o no los humedales, explicaron que todavía deben hacer la evaluación de impacto ambiental. “Una vez que esté aprobado el cambio de uso de suelo (lo hace la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Infraestructura y luego la gobernadora María Eugenia Vidal debe emitir un decreto), el OPDS realizará la evaluación de impacto ambiental y se expedirá al respecto”, precisaron en el organismo. El Zonal se comunicó con el presidente del Concejo Deliberante y ex intendente Juan José Mussi, cuyo bloque aprobó la rezonificación del área de reserva, pero no quiso contestar sobre la ordenanza. En el Municipio tampoco dieron respuesta.
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Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay 900 hectáreas de la Costa de Berazategui que acaban de cambiar. Pero no se trata, por ahora, de un tema de paisaje o de alguna construcción monumental. Las transformaron “en papeles”, porque modificaron lo que se puede hacer en ellas. Pasaron de ser reserva natural a zona residencial, a partir de una ordenanza que aprobó el Concejo con los votos del oficialismo y aliados. En ellas ya comenzaron a construir un barrio cerrado, Lagoon Hudson, con lagunas artificiales, y dieron el permiso para hacer otros dos. Los vecinos podrían reclamar ante la Justicia.
La medida ya empezó a generar fuertes reclamos de organizaciones locales, que temen tanto por la destrucción del ambiente como por el riesgo de inundaciones. Las hectáreas están en Hudson, en un rectángulo delimitado por la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Calle 63, el arroyo Baldovino y el Camino de las Rosas, un acceso de tierra que corre paralelo a la Autopista pero cerca del río, y que tradicionalmente marcó el comienzo del bosque húmedo de la ribera. Además incluye un triángulo de 18 hectáreas que está dentro de ese bosque, entre el Camino de las Rosas y el río, casi llegando al arroyo.
La ordenanza es la N° 5594, aprobada el mes pasado. Es una continuación de otra de 2013, en la que también se trató la rezonificación de parte de la costa que era reserva. La nueva medida habilita la construcción de tres desarrollos inmobiliarios por etapas: una vez que completen el 70% de uno pueden empezar el segundo, y así sucesivamente. Hoy en esas tierras no hay prácticamente nada más que vegetación. Sólo construcciones a medio hacer en una porción del terreno, que es donde está Lagoon Hudson, sobre la Calle 63. Eso fue lo que se inició tras la ordenanza de 2013.
Ahora, la nueva aprobación del Concejo habilita que las 900 hectáreas corran el mismo destino: que comiencen a ser modificadas para que se conviertan en una zona residencial de barrios cerrados. “El principal problema es que esa zona de humedales es un valle de inundación. Contiene el agua de las crecidas del Río de la Plata y, a la vez, el agua que baja desde los arroyos al río. Si construyen ahí no solo van a afectar la biodiversidad, también puede generarse un riesgo de inundaciones”, explica Ernesto Salgado, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.
“Esta semana vamos a presentar un pedido de investigación en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para que se determine cómo puede afectar la zona. Porque la Costa está dividida en tres zonas: verde, amarilla (donde solo se puede intervenir con determinados permisos) y roja (que debe preservarse totalmente), hay que ver qué va a pasar con esta protección, si se va a respetar o no. Si no tenemos respuesta, vamos a ir a la Justicia”, afirma.
La ordenanza se aprobó con los votos del oficialismo y aliados, pero sin los de Cambiemos. El bloque tuvo dos ausentes y una abstención, y el resto se opuso. “Es una zona de mucho valor natural, como para que se utilice para un emprendimiento privado. Tenemos otros lugares donde se puede construir. No estamos de acuerdo con intervenir la costa así”, afirma la concejal Vanina Passalacqua, de Cambiemos, que votó en contra.
Por ahora, el único proyecto confirmado para ese predio es Lagoon Hudson, un barrio privado que ya se construye y que a partir de la aprobación podría ampliarse. Tendrá una laguna artificial. El proyecto pertenece al Grupo Monarca SA, que está haciendo uno similar en Pilar. Se espera que el mismo grupo sea el que inicie otro proyecto en el área.
Al lado del predio, en la Calle 63 y también en la franja costera, ya hay varios barrios cerrados similares, como Villalobos y Magallanes. La zona es muy buscada por inversores: está pegada al río y tiene acceso directo desde la Autopista Buenos Aires- La Plata. Apuestan a que ahí se puede formar un polo de countries similar a Nordelta y alrededores.
En el OPDS, el organismo bonaerense que tiene que determinar si las construcciones que puedan hacerse allí afectarán o no los humedales, explicaron que todavía deben hacer la evaluación de impacto ambiental. “Una vez que esté aprobado el cambio de uso de suelo (lo hace la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Infraestructura y luego la gobernadora María Eugenia Vidal debe emitir un decreto), el OPDS realizará la evaluación de impacto ambiental y se expedirá al respecto”, precisaron en el organismo. El Zonal se comunicó con el presidente del Concejo Deliberante y ex intendente Juan José Mussi, cuyo bloque aprobó la rezonificación del área de reserva, pero no quiso contestar sobre la ordenanza. En el Municipio tampoco dieron respuesta.
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Caputo sigue sumando causas por desmontes ilegales
Otra denuncia contra Caputo, ahora por desmontes ilegales en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Córdoba: 100 mil ha de bosque menos en 10 años
Por el fuego, Córdoba perdió 100 mil hectáreas de bosque nativo en 10 años
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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Golpe al tráfico de madera talada ilegalmente
Desarticularon una banda que talaba especies protegidas
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
Los procedimientos se realizaron en Orán, Tartagal y en otras ciudades del país. Hubo 24 allanamientos simultáneos.
Personal de la Policía Federal Argentina desbarató a una banda delictiva con ramificaciones en distintos puntos del país, que se dedicaba a la tala ilegal de especies protegidas y a la venta ilegal de madera por una suma millonaria. Con tal motivo se realizaron 24 allanamientos en las ciudades de Orán y Tartagal, además en Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe) y Capital Federal.
Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes del Departamento Delitos Ambientales, quienes fueron especialmente destacados a los sitios previamente investigados. Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Sergio Torres. Las tareas de campo realizadas por el personal policial permitieron establecer que dicha organización operaba de manera sincronizada en los citados lugares, según consigna un cable de la agencia Noticias Argentinas.
De las investigaciones se pudo determinar que la banda plantaba especies protegidas y en peligro de extinción, luego las talaban y las exportaban a China. El mercado asiático es el más apetecible de los mercaderes de la madera, debido al alto precio que pagan por el palo santo, el quebracho colorado y otras especies autóctonas de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, en la provincia de Salta.
A raíz de ello el juez Torres ordenó los allanamientos en simultáneo en estudios jurídicos y contables, escribanías, campos, aserraderos y viviendas particulares. Con esta medida se evitó que el grupo pudiera hacer desaparecer las pruebas que lo comprometían.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron 125 toneladas de palo santo, 28 toneladas de esta especie en formato de madera para piso embaladas y listas para ser exportadas. En los sitios allanados por los federales la policía encontró depósitos perfectamente acondicionados para el acopio del producto. También se decomisaron ocho toneladas de pino del cerro (especie en peligro de extinción cuya explotación está prohibida) y más de 3.000 toneladas de palo santo talado. Como prueba del poder económico de la organización se verificó que tenía en producción 45.000 hectáreas de palo santo plantados en el lugar.
Hasta ayer los efectivos federales se encontraban recolectando pruebas en distintos empredimientos allanados. Si bien no se dio a conocer la cantidad de personas involucradas, se supo que la banda contaba con un grupo de contadores, abogados y escribanos para realizar las maniobras. La documentación secuestrada en los estudios fue determinante, dijo una fuente.
Desde el juzgado se informó que, además, se incautaron cinco armas de fuego, munición, una granada de gas, cuatro computadoras, 14 cuños para marcar la madera, una piel de yaguareté, 52 planchetas de cerámica que los canes antidrogas que asistieron en el lugar señalaron como sospechosas y documentación de todo tipo que prueba el delito.
Los investigadores pudieron verificar que la organización realizó, al menos, 430 operaciones ilegales de exportaciones de madera a China, por un valor de 6.000.000 de dólares. Se informó que en las requisas se lograron detectar que 15 lugareños de pueblos originarios, wichis, eran explotados laboralmente en la tala de árboles a cambio de comida.
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Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
Los procedimientos se realizaron en Orán, Tartagal y en otras ciudades del país. Hubo 24 allanamientos simultáneos.
Personal de la Policía Federal Argentina desbarató a una banda delictiva con ramificaciones en distintos puntos del país, que se dedicaba a la tala ilegal de especies protegidas y a la venta ilegal de madera por una suma millonaria. Con tal motivo se realizaron 24 allanamientos en las ciudades de Orán y Tartagal, además en Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe) y Capital Federal.
Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes del Departamento Delitos Ambientales, quienes fueron especialmente destacados a los sitios previamente investigados. Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Sergio Torres. Las tareas de campo realizadas por el personal policial permitieron establecer que dicha organización operaba de manera sincronizada en los citados lugares, según consigna un cable de la agencia Noticias Argentinas.
De las investigaciones se pudo determinar que la banda plantaba especies protegidas y en peligro de extinción, luego las talaban y las exportaban a China. El mercado asiático es el más apetecible de los mercaderes de la madera, debido al alto precio que pagan por el palo santo, el quebracho colorado y otras especies autóctonas de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, en la provincia de Salta.
A raíz de ello el juez Torres ordenó los allanamientos en simultáneo en estudios jurídicos y contables, escribanías, campos, aserraderos y viviendas particulares. Con esta medida se evitó que el grupo pudiera hacer desaparecer las pruebas que lo comprometían.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron 125 toneladas de palo santo, 28 toneladas de esta especie en formato de madera para piso embaladas y listas para ser exportadas. En los sitios allanados por los federales la policía encontró depósitos perfectamente acondicionados para el acopio del producto. También se decomisaron ocho toneladas de pino del cerro (especie en peligro de extinción cuya explotación está prohibida) y más de 3.000 toneladas de palo santo talado. Como prueba del poder económico de la organización se verificó que tenía en producción 45.000 hectáreas de palo santo plantados en el lugar.
Hasta ayer los efectivos federales se encontraban recolectando pruebas en distintos empredimientos allanados. Si bien no se dio a conocer la cantidad de personas involucradas, se supo que la banda contaba con un grupo de contadores, abogados y escribanos para realizar las maniobras. La documentación secuestrada en los estudios fue determinante, dijo una fuente.
Desde el juzgado se informó que, además, se incautaron cinco armas de fuego, munición, una granada de gas, cuatro computadoras, 14 cuños para marcar la madera, una piel de yaguareté, 52 planchetas de cerámica que los canes antidrogas que asistieron en el lugar señalaron como sospechosas y documentación de todo tipo que prueba el delito.
Los investigadores pudieron verificar que la organización realizó, al menos, 430 operaciones ilegales de exportaciones de madera a China, por un valor de 6.000.000 de dólares. Se informó que en las requisas se lograron detectar que 15 lugareños de pueblos originarios, wichis, eran explotados laboralmente en la tala de árboles a cambio de comida.
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Chaco: desmontes en zona roja, denuncian a autoridades
Denuncian a Bosques por autorizar desmontes en una zona protegida del Departamento Brown
Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
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Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
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Humedales de Santa Fe: suman a las ONGs en su gestión
Los humedales de Santa Fe suman nuevas instancias de gestión
Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: La Capital de Rosario
Provincia/Región: Santa Fe
Esta semana se creó un comité intersectorial de manejo del área, con representación de las ONG que trabajan en la problemática.
Los Humedales son sistemas ambientales únicos por su biodiversidad y los beneficios que aportan al entorno. Algunos de esos aportes son moderar las temperaturas extremas y atemperar los pulsos de las inundaciones, dos situaciones que mejoran de forma natural la calidad de vida de las ciudades construidas cerca de esos ecosistemas.
Rosario está bajo la órbita de un Humedal de rango internacional, el sitio Ramsar Delta del Paraná, que si bien en rigor se extiende desde Desvío Arijón hasta Puerto Gaboto extiende sus efectos a toda la zona costera santafesina.
Con el objetivo de mejorar la gestión de un sitio considerado único por sus atributos naturales, la semana pasada se creó un comité intersectorial de manejo del sitio conformado por representantes de los gobiernos santafesino y entrerriano, académicos y grupos ambientalistas de las dos orillas.
La idea es que a partir del comité, las decisiones sobre la gestión del sitio sean participativas e incluyan a sectores no gubernamentales como las organizaciones ambientalistas y las universidades. Trabajarán junto a otros tres comités que asesorarán en temas de producción, turismo y académicos.
Guillermo Martín, de la administración de Parques Nacionales, recordó que dentro del sitio Ramsar existen dos parques: el Pre Delta con sede en Diamante, y el Islas de Santa Fe, que aún no se puede visitar (ver recuadro).
"Con los parques buscamos proveer servicios ambientales, preservar tierras y producir desarrollo con ecoturismo", dijo el funcionario, quien detalló que en los años en que no se registran indundaciones, el Pre Delta recibe en promedio alrededor de 78 mil visitantes.
Martín recordó que el Delta del Paraná tiene 240 mil hectáreas y que su protección (los sitios Ramsar tienen importancia global) tiene rango legal constitucional: "protegerlo es una obligación constitucional del estado argentino". También explicó que se trata de lugares difíciles de manejar que precisan tecnologías apropiadas y recursos.
Por su parte, Vanesa Paccotti, de El Paraná No Se Toca (que junto al Taller Ecologista y Guardianes de Victoria se sumaron a la convocatoria) señaló que harán todo lo que esté a su alcance "para participar en la gestión para la conservación de los humedales y de la gente que los habita tradicionalmente en forma armónica con el ambiente". También dijo que desde los grupos ambientalistas "bregarán para que no sea sólo un «sitio de papel» como muchos otros que a pesar de sus declaraciones formales como áreas protegidas no tienen ningún tipo de efectivización en la protección".
Plan de manejo
Beatriz Giacosa, que tiene a su cargo la coordinación del plan de manejo del sitio, señaló que la idea es generar una propuesta de plan de manejo que estipule "qué se puede hacer, cómo, dónde y con quienes. Esto se hará a través de una planificación participativa, es un proceso de trabajo en conjunto".
Para eso se conformará un equipo de trabajo que estará a cargo de la planificación y de garantizar la participación de los actores civiles. El objetivo es contar con un plan de manejo para el año 2019 que sirva como guía para la gestión del sitio.
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Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: La Capital de Rosario
Provincia/Región: Santa Fe
Esta semana se creó un comité intersectorial de manejo del área, con representación de las ONG que trabajan en la problemática.
Los Humedales son sistemas ambientales únicos por su biodiversidad y los beneficios que aportan al entorno. Algunos de esos aportes son moderar las temperaturas extremas y atemperar los pulsos de las inundaciones, dos situaciones que mejoran de forma natural la calidad de vida de las ciudades construidas cerca de esos ecosistemas.
Rosario está bajo la órbita de un Humedal de rango internacional, el sitio Ramsar Delta del Paraná, que si bien en rigor se extiende desde Desvío Arijón hasta Puerto Gaboto extiende sus efectos a toda la zona costera santafesina.
Con el objetivo de mejorar la gestión de un sitio considerado único por sus atributos naturales, la semana pasada se creó un comité intersectorial de manejo del sitio conformado por representantes de los gobiernos santafesino y entrerriano, académicos y grupos ambientalistas de las dos orillas.
La idea es que a partir del comité, las decisiones sobre la gestión del sitio sean participativas e incluyan a sectores no gubernamentales como las organizaciones ambientalistas y las universidades. Trabajarán junto a otros tres comités que asesorarán en temas de producción, turismo y académicos.
Guillermo Martín, de la administración de Parques Nacionales, recordó que dentro del sitio Ramsar existen dos parques: el Pre Delta con sede en Diamante, y el Islas de Santa Fe, que aún no se puede visitar (ver recuadro).
"Con los parques buscamos proveer servicios ambientales, preservar tierras y producir desarrollo con ecoturismo", dijo el funcionario, quien detalló que en los años en que no se registran indundaciones, el Pre Delta recibe en promedio alrededor de 78 mil visitantes.
Martín recordó que el Delta del Paraná tiene 240 mil hectáreas y que su protección (los sitios Ramsar tienen importancia global) tiene rango legal constitucional: "protegerlo es una obligación constitucional del estado argentino". También explicó que se trata de lugares difíciles de manejar que precisan tecnologías apropiadas y recursos.
Por su parte, Vanesa Paccotti, de El Paraná No Se Toca (que junto al Taller Ecologista y Guardianes de Victoria se sumaron a la convocatoria) señaló que harán todo lo que esté a su alcance "para participar en la gestión para la conservación de los humedales y de la gente que los habita tradicionalmente en forma armónica con el ambiente". También dijo que desde los grupos ambientalistas "bregarán para que no sea sólo un «sitio de papel» como muchos otros que a pesar de sus declaraciones formales como áreas protegidas no tienen ningún tipo de efectivización en la protección".
Plan de manejo
Beatriz Giacosa, que tiene a su cargo la coordinación del plan de manejo del sitio, señaló que la idea es generar una propuesta de plan de manejo que estipule "qué se puede hacer, cómo, dónde y con quienes. Esto se hará a través de una planificación participativa, es un proceso de trabajo en conjunto".
Para eso se conformará un equipo de trabajo que estará a cargo de la planificación y de garantizar la participación de los actores civiles. El objetivo es contar con un plan de manejo para el año 2019 que sirva como guía para la gestión del sitio.
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23 proyectos aprobados para restaurar bosques
Son 23 los proyectos que restaurarán 1.700 hectáreas de bosques en el norte y el sur
Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Veintitrés fueron los proyectos ganadores que se encargarán de restaurar 1.720 hectáreas de bosques nativos en zonas del norte y el sur del país, como parte del plan para recuperar unas 20 mil hectáreas de aquí al año 2023. Alrededor de unos 10 millones de árboles que buscarán contribuir al control de las inundaciones y las sequías, la recuperación de suelos salinos y la restauración de áreas incendiadas. Un guiño al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático, ya que los bosques atrapan y almacenan dióxido de carbono y contribuyen a mitigar el calentamiento global.
La iniciativa es parte de la plataforma de reforestación creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de ForestAr 2030. "Los últimos tres años logramos una reducción paulatina de la tasa de deforestación, pasamos de 600 mil hectáreas anuales a 150.000. Marca una tendencia que esperamos sostener, porque las estadísticas demuestran que es una de nuestras principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, durante la presentación en Casa de Gobierno.
La convocatoria estuvo abierta a instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades y pymes. Los adjudicatarios de los 23 proyectos se ubican en tres sitios: la Cuenca Salí Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero), Monte y Espinal (Mendoza y San Luis) y Bosque Andino Patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), que se suman a las ocho experiencias de restauración que se encuentran vigentes en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires y Chubut.
"Junto con las provincias desarrollamos mapas para definir los sitios prioritarios y elaboramos una red de contactos con instituciones públicas y privadas. Después de estas 1.700 hectáreas, queremos seguir impulsando muchas más para llegar a las 20.000 hectáreas anuales. Es importante la puesta en valor del potencial productivo de esos bosques", agregó Moreno.
Zonas vulnerables
Los proyectos adjudicados apuntan a restaurar áreas afectadas en zonas disímiles pero con una coincidencia: su vulnerabilidad.
"En condiciones naturales, solo una semilla de cada 10 millones se transformará en una planta adulta de algarrobo", grafica Mariano Cony, uno de los ganadores, quien se propone restaurar bosques de esa especie en Mendoza. Para contrarrestar estas condiciones adversas, trabajará con semillas mejoradas y evaluadas en distintos ambientes y zonas áridas del país.
Cony señala que las precipitaciones en esa provincia son unas 10 veces menores a las de Buenos Aires, sumado a la humedad relativa muy baja que originan fenómenos como el viento Zonda. La provincia tiene solo 3% de su área cultivada y entre 2017 y 2018 perdió 200.000 hectáreas de bosques por incendios. Los proyectos se desarrollan en campos ganaderos porque, aclara, "la ganadería degrada los bosques, pero también nos puede ayudar a restaurarlos".
Rodrigo Ordoñez García, adjudicatario de uno de los proyectos en la Cuenca Salí Dulce, apunta a "recuperar áreas críticas del sur de Tucumán como un punto de partida para alcanzar una solución. La idea es poner en marcha, junto a actores de la sociedad civil y del ámbito de la educación, un proyecto de forestación para recuperar bosques en degradación,".
Bariloche es la casa del investigador del INTA Mario Pastorino, quien participará de la restauración de aéreas incendiadas. "Ganamos proyectos de alto impacto. Uno en isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El otro es en el cerro Otto, donde recuperaremos sitios quemados plantando lengas y otras especies nativas. En un núcleo turístico tan importante, trascienden el impacto local", afirmó.
La iniciativa, que estima crear 5 mil puestos de trabajo en los próximos años, cuenta con una inversión superior a $30 millones provenientes del Programa Nacional de Bosques Nativos, administrados junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo que sigue es una nueva convocatoria, para la segunda mitad del año, destinada al Noroeste y Noreste del país.
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Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Veintitrés fueron los proyectos ganadores que se encargarán de restaurar 1.720 hectáreas de bosques nativos en zonas del norte y el sur del país, como parte del plan para recuperar unas 20 mil hectáreas de aquí al año 2023. Alrededor de unos 10 millones de árboles que buscarán contribuir al control de las inundaciones y las sequías, la recuperación de suelos salinos y la restauración de áreas incendiadas. Un guiño al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático, ya que los bosques atrapan y almacenan dióxido de carbono y contribuyen a mitigar el calentamiento global.
La iniciativa es parte de la plataforma de reforestación creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de ForestAr 2030. "Los últimos tres años logramos una reducción paulatina de la tasa de deforestación, pasamos de 600 mil hectáreas anuales a 150.000. Marca una tendencia que esperamos sostener, porque las estadísticas demuestran que es una de nuestras principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, durante la presentación en Casa de Gobierno.
La convocatoria estuvo abierta a instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades y pymes. Los adjudicatarios de los 23 proyectos se ubican en tres sitios: la Cuenca Salí Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero), Monte y Espinal (Mendoza y San Luis) y Bosque Andino Patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), que se suman a las ocho experiencias de restauración que se encuentran vigentes en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires y Chubut.
"Junto con las provincias desarrollamos mapas para definir los sitios prioritarios y elaboramos una red de contactos con instituciones públicas y privadas. Después de estas 1.700 hectáreas, queremos seguir impulsando muchas más para llegar a las 20.000 hectáreas anuales. Es importante la puesta en valor del potencial productivo de esos bosques", agregó Moreno.
Zonas vulnerables
Los proyectos adjudicados apuntan a restaurar áreas afectadas en zonas disímiles pero con una coincidencia: su vulnerabilidad.
"En condiciones naturales, solo una semilla de cada 10 millones se transformará en una planta adulta de algarrobo", grafica Mariano Cony, uno de los ganadores, quien se propone restaurar bosques de esa especie en Mendoza. Para contrarrestar estas condiciones adversas, trabajará con semillas mejoradas y evaluadas en distintos ambientes y zonas áridas del país.
Cony señala que las precipitaciones en esa provincia son unas 10 veces menores a las de Buenos Aires, sumado a la humedad relativa muy baja que originan fenómenos como el viento Zonda. La provincia tiene solo 3% de su área cultivada y entre 2017 y 2018 perdió 200.000 hectáreas de bosques por incendios. Los proyectos se desarrollan en campos ganaderos porque, aclara, "la ganadería degrada los bosques, pero también nos puede ayudar a restaurarlos".
Rodrigo Ordoñez García, adjudicatario de uno de los proyectos en la Cuenca Salí Dulce, apunta a "recuperar áreas críticas del sur de Tucumán como un punto de partida para alcanzar una solución. La idea es poner en marcha, junto a actores de la sociedad civil y del ámbito de la educación, un proyecto de forestación para recuperar bosques en degradación,".
Bariloche es la casa del investigador del INTA Mario Pastorino, quien participará de la restauración de aéreas incendiadas. "Ganamos proyectos de alto impacto. Uno en isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El otro es en el cerro Otto, donde recuperaremos sitios quemados plantando lengas y otras especies nativas. En un núcleo turístico tan importante, trascienden el impacto local", afirmó.
La iniciativa, que estima crear 5 mil puestos de trabajo en los próximos años, cuenta con una inversión superior a $30 millones provenientes del Programa Nacional de Bosques Nativos, administrados junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo que sigue es una nueva convocatoria, para la segunda mitad del año, destinada al Noroeste y Noreste del país.
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Restaurarán cuenca de Catamarca
Financiamiento para restaurar la cuenca del río El Abra
Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Mañana se firmará en Casa Rosada un convenio en el marco del “Programa Nacional de Restauración de Cuencas mediante Reforestación”, que financia el PNUD, organismo dependiente de las Naciones Unidas, donde se fijó como una de las prioridades a nivel nacional, la cuenca del Río Salí o Dulce, del que Catamarca forma parte.
Al encuentro asistirá el secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Rosales, junto a funcionarios y responsables de proyectos de las otras provincias intervinientes en este programa.
Catamarca presentó un proyecto relativo a la reforestación de la cuenca del Río El Abra, en el departamento Santa Rosa, en el sector del pueblo de La Bajada. Este sector se tomó como prioritario a trabajar, porque es donde hubo mayores inconvenientes en los procesos de erosión, sedimentación e inundación, por las crecidas del Río El Abra.
Para ello, la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un proyecto, a través de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, para ser ejecutado por el “Consorcio de Cooperación del Río El Abra”, en virtud que los procesos erosivos que se pretenden detener, se dan mayoritariamente en los campos de productores de la zona de influencia de los miembros de este consorcio.
Este proyecto incluye diversas etapas que irán avanzando y cumpliendo los objetivos. La primera es reforestación de las cabeceras de cárcavas, mediante ejemplares provenientes del Vivero Provincial de la Secretaría de Ambiente, para frenar la erosión hídrica que se produce todos los años, la limpieza de un tramo del cauce del Río El Abra y la formación de un vivero para producir las plantas que se necesitarán en las etapas siguientes, en los planes de reforestación.
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Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Mañana se firmará en Casa Rosada un convenio en el marco del “Programa Nacional de Restauración de Cuencas mediante Reforestación”, que financia el PNUD, organismo dependiente de las Naciones Unidas, donde se fijó como una de las prioridades a nivel nacional, la cuenca del Río Salí o Dulce, del que Catamarca forma parte.
Al encuentro asistirá el secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Rosales, junto a funcionarios y responsables de proyectos de las otras provincias intervinientes en este programa.
Catamarca presentó un proyecto relativo a la reforestación de la cuenca del Río El Abra, en el departamento Santa Rosa, en el sector del pueblo de La Bajada. Este sector se tomó como prioritario a trabajar, porque es donde hubo mayores inconvenientes en los procesos de erosión, sedimentación e inundación, por las crecidas del Río El Abra.
Para ello, la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un proyecto, a través de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, para ser ejecutado por el “Consorcio de Cooperación del Río El Abra”, en virtud que los procesos erosivos que se pretenden detener, se dan mayoritariamente en los campos de productores de la zona de influencia de los miembros de este consorcio.
Este proyecto incluye diversas etapas que irán avanzando y cumpliendo los objetivos. La primera es reforestación de las cabeceras de cárcavas, mediante ejemplares provenientes del Vivero Provincial de la Secretaría de Ambiente, para frenar la erosión hídrica que se produce todos los años, la limpieza de un tramo del cauce del Río El Abra y la formación de un vivero para producir las plantas que se necesitarán en las etapas siguientes, en los planes de reforestación.
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Futuro puente Santa Fe-Paraná sin muchos datos ambientales
Vecinos de la Costa quieren conocer el impacto del futuro puente Santa Fe-Paraná
Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Activistas de la Coordinadora del corredor costero entregaron una carta formal con la petición a las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura de la provincia de Santa Fe.
Haciendo ejercicio del derecho de requerir información pública y acceder a ella –de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, Ley General del Ambiente N° 25.675 y decretos provinciales N° 0692/2009 y N° 1774/2009– activistas de la Coordinadora de la Costa, integrada por vecinas y vecinos de la costa santafesina y organizaciones sociales e instituciones de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y la comuna de Arroyo Leyes (vecinal Colastiné Sur, vecinal de Colastiné Norte, vecinal de Alto Verde, vecinal Villa California, Club Social y Deportivo Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas de Rincón, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío, Cultural de la Costa y Tramas Derecho en Movimiento) presentaron cartas formales a los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura exigiendo datos en miras a la concreción de una futura conexión vial entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
En ese texto entregado a las autoridades, al que UNO tuvo acceso, se asevera que "de acuerdo a los muy escasos datos que se brindaron en anuncios públicos sobre esta obra, queda claro que las obras impulsadas impactan ambiental y socialmente en las localidades de pertenencia de nuestras organizaciones", y en esa línea los integrantes de las mencionadas organizaciones reclaman con urgencia contar con información respecto de:
1) Número/s de expediente/s administrativo/s donde tramita la proyección de la obra con copia íntegra de este, incluyendo dictámenes, mapas, planos y/o cualquier otra actuación obrante en el mismo o en expediente vinculado y/o anexo respecto de: a) traza designada para la futura conexión vial; b) características del puente principal, con ubicación de cabeceras y puentes secundarios; c) características y conexiones del puente con las rutas; d) características de obras conexas y/o accesorias al puente principal.
2) Términos de referencia, bases y condiciones que surgen del pliego licitatorio de la obra nombrada.
3) Estudio de Impacto Ambiental, Hídrico y Urbano y estudio de Impacto Ambiental e Hídrico Acumulativo de las obras proyectadas para la traza elegida.
4) Evaluación Ambiental e Hídrico Estratégica que involucra al proyecto integral de conexión interprovincial.
5) Plan de Manejo Ambiental para las etapas de construcción, operación y mantenimiento del megaproyecto.
6) Estudios de evaluación de inundaciones.
7) Estudios de impacto hídrico y socio-espacial que la obra referida desplegará sobre la ciudad de Santa Fe y localidades aledañas tales como San José del Rincón, Arroyo Leyes, Santo Tomé y Recreo.
"No estamos en contra del puente, sino de la supuesta traza elegida, ya que entendemos que es una traza modificada que nadie sabe cuál es y tememos que pueda estar a una distancia menor de la permitida para una obra en relación al Túnel Subfluvial", explicó en diálogo con UNO, Antonio Yapur, uno de los referentes de la coordinadora, quien aseguró que esperan pronto tener alguna respuesta al respecto.
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Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Activistas de la Coordinadora del corredor costero entregaron una carta formal con la petición a las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura de la provincia de Santa Fe.
Haciendo ejercicio del derecho de requerir información pública y acceder a ella –de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, Ley General del Ambiente N° 25.675 y decretos provinciales N° 0692/2009 y N° 1774/2009– activistas de la Coordinadora de la Costa, integrada por vecinas y vecinos de la costa santafesina y organizaciones sociales e instituciones de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y la comuna de Arroyo Leyes (vecinal Colastiné Sur, vecinal de Colastiné Norte, vecinal de Alto Verde, vecinal Villa California, Club Social y Deportivo Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas de Rincón, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío, Cultural de la Costa y Tramas Derecho en Movimiento) presentaron cartas formales a los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura exigiendo datos en miras a la concreción de una futura conexión vial entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
En ese texto entregado a las autoridades, al que UNO tuvo acceso, se asevera que "de acuerdo a los muy escasos datos que se brindaron en anuncios públicos sobre esta obra, queda claro que las obras impulsadas impactan ambiental y socialmente en las localidades de pertenencia de nuestras organizaciones", y en esa línea los integrantes de las mencionadas organizaciones reclaman con urgencia contar con información respecto de:
1) Número/s de expediente/s administrativo/s donde tramita la proyección de la obra con copia íntegra de este, incluyendo dictámenes, mapas, planos y/o cualquier otra actuación obrante en el mismo o en expediente vinculado y/o anexo respecto de: a) traza designada para la futura conexión vial; b) características del puente principal, con ubicación de cabeceras y puentes secundarios; c) características y conexiones del puente con las rutas; d) características de obras conexas y/o accesorias al puente principal.
2) Términos de referencia, bases y condiciones que surgen del pliego licitatorio de la obra nombrada.
3) Estudio de Impacto Ambiental, Hídrico y Urbano y estudio de Impacto Ambiental e Hídrico Acumulativo de las obras proyectadas para la traza elegida.
4) Evaluación Ambiental e Hídrico Estratégica que involucra al proyecto integral de conexión interprovincial.
5) Plan de Manejo Ambiental para las etapas de construcción, operación y mantenimiento del megaproyecto.
6) Estudios de evaluación de inundaciones.
7) Estudios de impacto hídrico y socio-espacial que la obra referida desplegará sobre la ciudad de Santa Fe y localidades aledañas tales como San José del Rincón, Arroyo Leyes, Santo Tomé y Recreo.
"No estamos en contra del puente, sino de la supuesta traza elegida, ya que entendemos que es una traza modificada que nadie sabe cuál es y tememos que pueda estar a una distancia menor de la permitida para una obra en relación al Túnel Subfluvial", explicó en diálogo con UNO, Antonio Yapur, uno de los referentes de la coordinadora, quien aseguró que esperan pronto tener alguna respuesta al respecto.
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Restauración hidrológica de turberas en el sur
Logran la restauración hidrológica de humedales impactados por actividades productivas
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego llevó adelante el primer Proyecto de Restauración Hidrológica de Turberas que se realizó en el país. Destacan el valor ecológico de esta acción de mitigación
Los humedales constituyen ecosistemas muy valiosos, desde un punto de vista hidrológico, ecológico y económico. Además de los servicios ambientales que cumplen, como la regulación del ciclo del agua y la fijación del carbono atmosférico, son componentes paisajísticos, constituyen reservas de aguas para distintos usos y tienen valor productivo.
Las turberas son humedales característicos de Tierra del Fuego que cubren una extensión del 13% del territorio de la Provincia. En muchos de estos casos han sido intervenidas e impactadas para la explotación de turba por parte de establecimientos que operan bajo concesiones mineras. El drenaje de las turberas es una práctica normalmente implementada para facilitar la explotación; estos drenajes suelen quedar abiertos luego de la actividad extractiva, lo cual inhabilita la reinstalación de la vegetación propia de estos ecosistemas y adicionalmente da lugar a riesgos de incendio forestal, por cuanto toda turbera drenada es materia orgánica seca fácilmente combustible.
En este marco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), conjuntamente con la Fundación Humedales, lideró un Proyecto de Restauración Hidrológica de una Turbera ubicada sobre una extensión natural de 15 hectáreas de un área protegida del centro de la Isla, que fuera abandonada en los últimos veinte años sin que se hubieran cerrado los drenajes, dando lugar así a un ambiente altamente degradado en plena reserva natural.
Los trabajos implicaron el desarrollo de experiencias de instalación de obras de cierre de los drenajes de la turbera piloto usando materiales de bajo costo, como placas de fibrocemento, madera o simplemente con relleno de turba, dependiendo de las características de las zanjas de drenaje. La eficiencia de estos bloqueos del drenaje permitió dar lugar al inicio del restablecimiento de los niveles de agua en el humedal.
El proyecto fue ganador del concurso “Proyectos de Agua 9ª Edición” organizado por Coca Cola, Fundación Vida Silvestre y la Universidad de San Andrés. Fue ejecutado con la participación de la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego.
El Ingeniero Rodolfo Iturraspe, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF, en su rol de coordinador de las actividades explicó que “hemos logrado concluir con éxito este proyecto, que es la primera experiencia de restauración hidrológica de una turbera que se realiza en la Argentina, con resultados que son replicables en otros humedales drenados”.
En diálogo con Argentina Investiga, Iturraspe analizó que “esta acción de mitigación es necesaria para continuar a largo plazo los trabajos de restauración integral de estos ecosistemas naturales, ya que sabemos que una turbera demora entre 10 mil y 12 mil años en alcanzar el desarrollo que observamos en el presente”.
En ese sentido, enfatizó que “a partir de este trabajo buscamos promover un uso apropiado y responsable de las turberas. Hemos editado la ‘Guía Práctica para la obturación de drenajes en turberas intervenidas’, que se distribuirá gratuitamente, con el fin de facilitar y alentar acciones elementales tendientes a la recuperación de estos humedales por parte de los responsables de las actividades extractivas, para que los sitios intervenidos puedan regenerarse como humedales y se mitigue en alguna medida los efectos negativos que resultan de la extracción de turba’, concluyó.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego llevó adelante el primer Proyecto de Restauración Hidrológica de Turberas que se realizó en el país. Destacan el valor ecológico de esta acción de mitigación
Los humedales constituyen ecosistemas muy valiosos, desde un punto de vista hidrológico, ecológico y económico. Además de los servicios ambientales que cumplen, como la regulación del ciclo del agua y la fijación del carbono atmosférico, son componentes paisajísticos, constituyen reservas de aguas para distintos usos y tienen valor productivo.
Las turberas son humedales característicos de Tierra del Fuego que cubren una extensión del 13% del territorio de la Provincia. En muchos de estos casos han sido intervenidas e impactadas para la explotación de turba por parte de establecimientos que operan bajo concesiones mineras. El drenaje de las turberas es una práctica normalmente implementada para facilitar la explotación; estos drenajes suelen quedar abiertos luego de la actividad extractiva, lo cual inhabilita la reinstalación de la vegetación propia de estos ecosistemas y adicionalmente da lugar a riesgos de incendio forestal, por cuanto toda turbera drenada es materia orgánica seca fácilmente combustible.
En este marco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), conjuntamente con la Fundación Humedales, lideró un Proyecto de Restauración Hidrológica de una Turbera ubicada sobre una extensión natural de 15 hectáreas de un área protegida del centro de la Isla, que fuera abandonada en los últimos veinte años sin que se hubieran cerrado los drenajes, dando lugar así a un ambiente altamente degradado en plena reserva natural.
Los trabajos implicaron el desarrollo de experiencias de instalación de obras de cierre de los drenajes de la turbera piloto usando materiales de bajo costo, como placas de fibrocemento, madera o simplemente con relleno de turba, dependiendo de las características de las zanjas de drenaje. La eficiencia de estos bloqueos del drenaje permitió dar lugar al inicio del restablecimiento de los niveles de agua en el humedal.
El proyecto fue ganador del concurso “Proyectos de Agua 9ª Edición” organizado por Coca Cola, Fundación Vida Silvestre y la Universidad de San Andrés. Fue ejecutado con la participación de la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego.
El Ingeniero Rodolfo Iturraspe, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF, en su rol de coordinador de las actividades explicó que “hemos logrado concluir con éxito este proyecto, que es la primera experiencia de restauración hidrológica de una turbera que se realiza en la Argentina, con resultados que son replicables en otros humedales drenados”.
En diálogo con Argentina Investiga, Iturraspe analizó que “esta acción de mitigación es necesaria para continuar a largo plazo los trabajos de restauración integral de estos ecosistemas naturales, ya que sabemos que una turbera demora entre 10 mil y 12 mil años en alcanzar el desarrollo que observamos en el presente”.
En ese sentido, enfatizó que “a partir de este trabajo buscamos promover un uso apropiado y responsable de las turberas. Hemos editado la ‘Guía Práctica para la obturación de drenajes en turberas intervenidas’, que se distribuirá gratuitamente, con el fin de facilitar y alentar acciones elementales tendientes a la recuperación de estos humedales por parte de los responsables de las actividades extractivas, para que los sitios intervenidos puedan regenerarse como humedales y se mitigue en alguna medida los efectos negativos que resultan de la extracción de turba’, concluyó.
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Proyectan un corredor ecológico en la Ruta 114 de Corrientes
Proyectan crear un corredor ecológico en la Ruta 114 para proteger la flora y fauna
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una fundación y una empresa forestal expusieron ayer ante autoridades de La Cruz y otros privados la iniciativa para trabajar en conjunto para regular la velocidad en dicha carretera y la caza furtiva, entre otras medidas.
Se realizó ayer en La Cruz la presentación del proyecto “Aguará Guazú” para la creación de un corredor ecológico en la Ruta Provincial Nº 114, tendiente a la preservación de la fauna y la flora, y buscan sumar la participación de diferentes sectores públicos y privados.
La cita fue en la Casa de las Culturas del Municipio, en la cual el intendente Luis Calomarde, la secretaria de Educación y Cultura, Flavia Luján, entre otros, estuvieron en la presentación de la iniciativa conservacionista por parte de representantes de la fundación Hábitat y Desarrollo y la empresa forestal Masisa.
Consultado al respecto, Calomarde dijo a El Litoral que “se trata de una idea incipiente, es la primera presentación del proyecto Aguará Guazú que impulsa la fundación Hábitat y Desarrollo que trabaja con la empresa Masisa, que en nuestra zona tiene más de 20 mil hectáreas de forestación. Están planteando la posibilidad de que la Ruta (Provincial) 114 sea un corredor y junto a los propietarios de las estancias y producciones que hay en la zona, junto al Municipio, la Provincia y organismos como Senasa e Inta, trabajemos articuladamente para proteger todas las especies”.
En cuanto al alcance de dicho proyecto, indicó que “está pensado en toda la Ruta 114, entre la nacional 14 y la provincial 40, camino a los Esteros del Iberá”. Seguidamente resaltó que “afortunadamente es una zona muy conservada, tiene una riqueza importante en aves y muchas especies, así que la intención es sostener y reforzar esto”.
Tras ratificar que “es recién el inicio”, aclaró que el propósito es “concientizar a los propietarios de los campos y poder tomar medidas en común como, por ejemplo, controlar la prohibición de la caza furtiva; también se charló la posibilidad de instalar reductores de velocidad, ya que comentaron que en algunos tramos los vehículos pasan rápido. Es una ruta que se terminó de enripiar hace poco”, refirió.
Entre los inconvenientes advertidos en la zona, explicó que “es una preocupación lo de los chanchos salvajes, que están avanzando cada vez más rápido, desde la zona del (río) Miriñay hacia el Uruguay. Comen cualquier cosa que encuentran en su camino y si bien la gente suele cazarlos para chacinados, es un riesgo por la posible triquinosis”, agregó.
Tras lo cual expresó que “la fundación Hábitat y Desarrollo suele organizar cazas para estos animales, ya que al estar considerados plagas se los puede capturar y se los somete a análisis por triquinosis y en caso de estar la carne en buen estado, suelen donar a la comunidad”.
Por otro lado destacó que del cónclave participaron “representantes de la fundación Amado Bonpland y propietarios de los campos donde se encuentran los tres cerros, así que es muy positiva la posibilidad de trabajar en conjunto y que se puedan seguir sumando actores locales y de la Provincia, como el área de Recursos Naturales para proteger nuestra ecología. En una próxima reunión se continuarán sumando aportes”.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una fundación y una empresa forestal expusieron ayer ante autoridades de La Cruz y otros privados la iniciativa para trabajar en conjunto para regular la velocidad en dicha carretera y la caza furtiva, entre otras medidas.
Se realizó ayer en La Cruz la presentación del proyecto “Aguará Guazú” para la creación de un corredor ecológico en la Ruta Provincial Nº 114, tendiente a la preservación de la fauna y la flora, y buscan sumar la participación de diferentes sectores públicos y privados.
La cita fue en la Casa de las Culturas del Municipio, en la cual el intendente Luis Calomarde, la secretaria de Educación y Cultura, Flavia Luján, entre otros, estuvieron en la presentación de la iniciativa conservacionista por parte de representantes de la fundación Hábitat y Desarrollo y la empresa forestal Masisa.
Consultado al respecto, Calomarde dijo a El Litoral que “se trata de una idea incipiente, es la primera presentación del proyecto Aguará Guazú que impulsa la fundación Hábitat y Desarrollo que trabaja con la empresa Masisa, que en nuestra zona tiene más de 20 mil hectáreas de forestación. Están planteando la posibilidad de que la Ruta (Provincial) 114 sea un corredor y junto a los propietarios de las estancias y producciones que hay en la zona, junto al Municipio, la Provincia y organismos como Senasa e Inta, trabajemos articuladamente para proteger todas las especies”.
En cuanto al alcance de dicho proyecto, indicó que “está pensado en toda la Ruta 114, entre la nacional 14 y la provincial 40, camino a los Esteros del Iberá”. Seguidamente resaltó que “afortunadamente es una zona muy conservada, tiene una riqueza importante en aves y muchas especies, así que la intención es sostener y reforzar esto”.
Tras ratificar que “es recién el inicio”, aclaró que el propósito es “concientizar a los propietarios de los campos y poder tomar medidas en común como, por ejemplo, controlar la prohibición de la caza furtiva; también se charló la posibilidad de instalar reductores de velocidad, ya que comentaron que en algunos tramos los vehículos pasan rápido. Es una ruta que se terminó de enripiar hace poco”, refirió.
Entre los inconvenientes advertidos en la zona, explicó que “es una preocupación lo de los chanchos salvajes, que están avanzando cada vez más rápido, desde la zona del (río) Miriñay hacia el Uruguay. Comen cualquier cosa que encuentran en su camino y si bien la gente suele cazarlos para chacinados, es un riesgo por la posible triquinosis”, agregó.
Tras lo cual expresó que “la fundación Hábitat y Desarrollo suele organizar cazas para estos animales, ya que al estar considerados plagas se los puede capturar y se los somete a análisis por triquinosis y en caso de estar la carne en buen estado, suelen donar a la comunidad”.
Por otro lado destacó que del cónclave participaron “representantes de la fundación Amado Bonpland y propietarios de los campos donde se encuentran los tres cerros, así que es muy positiva la posibilidad de trabajar en conjunto y que se puedan seguir sumando actores locales y de la Provincia, como el área de Recursos Naturales para proteger nuestra ecología. En una próxima reunión se continuarán sumando aportes”.
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Un chiste: Urtubey crea agencia para controlar los desmontes
Urtubey creará una agencia para controlar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
Salta
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Acabemos con los bosques
Acabemos con los bosques
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
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