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Campesinado salteño, nuevamente denuncia desmontes
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Desmontes en el norte provincial generan cruces entre el gobierno y originarios
Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Ambiente explicó su "trabajo" sobre los glaciares
Ambiente avanza en la protección de glaciares
Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce el rabino Sergio Bergman, realizó el “Taller de capacitación sobre monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial”, los días 19 y 20 de octubre.
Durante el encuentro, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, destacó “la importancia de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas de agua, por los valiosos servicios que prestan para la biodiversidad y el bienestar de la sociedad, sobre todo en las zonas áridas del oeste argentino”. “El primer paso para proteger los glaciares es conocerlos. Por eso hemos realizado las acciones necesarias para terminar este año el Inventario Nacional de Glaciares, y así saldar una deuda pendiente desde la sanción de la Ley N ° 26639 en el 2010”, declaró. Asimismo, señaló que “la información del inventario es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio y las políticas ambientales”, y que “las provincias cuentan con el apoyo y la asistencia de la Nación para proteger los glaciares y el ambiente periglacial en sus territorios”.
Por su parte, Javier García Espil, director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos de la cartera ambiental, remarcó que “la preservación de los glaciares en un contexto de cambio climático es un desafío mayúsculo que requiere el aporte de todos los sectores y jurisdicciones”. “Con el Inventario Nacional de Glaciares ponemos a disposición de las autoridades y la ciudadanía información de calidad para profundizar la implementación de los demás instrumentos protectorios de la ley: la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental, las auditorías ambientales, la participación social y el control sobre las actividades que podrían afectar a estas reservas de agua estratégicas”, concluyó García Espil.
También participaron del encuentro representantes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), del Ministerio de Energía y Minería, del Instituto Nacional del Agua (INA), del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), autoridades provinciales con competencia en materia ambiental e hídrica, universidades y centros de investigación especializados.
Inventario Nacional de Glaciares
Es la herramienta creada por la Ley N° 26639 para individualizar los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el país, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Su realización se encuentra a cargo del IANIGLA-CONICET, con la coordinación del Ministerio de Ambiente de la Nación. Intervienen también el Instituto Geográfico Nacional, en materia cartográfica, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto respecto de las zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional.
Los trabajos se organizan en tres niveles de estudio y se llevan a cabo por regiones, focalizándose en las 69 subcuencas hídricas que poseen aporte de cuerpos de hielo permanentes. Actualmente se encuentran publicadas 42 subcuencas. De las 27 restantes, 7 se encuentran próximas a su publicación, 4 a consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 16 con trabajos en campo a cargo del IANIGLA-CONICET.
Toda la información disponible puede ser consultada en: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
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Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce el rabino Sergio Bergman, realizó el “Taller de capacitación sobre monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial”, los días 19 y 20 de octubre.
Durante el encuentro, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, destacó “la importancia de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas de agua, por los valiosos servicios que prestan para la biodiversidad y el bienestar de la sociedad, sobre todo en las zonas áridas del oeste argentino”. “El primer paso para proteger los glaciares es conocerlos. Por eso hemos realizado las acciones necesarias para terminar este año el Inventario Nacional de Glaciares, y así saldar una deuda pendiente desde la sanción de la Ley N ° 26639 en el 2010”, declaró. Asimismo, señaló que “la información del inventario es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio y las políticas ambientales”, y que “las provincias cuentan con el apoyo y la asistencia de la Nación para proteger los glaciares y el ambiente periglacial en sus territorios”.
Por su parte, Javier García Espil, director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos de la cartera ambiental, remarcó que “la preservación de los glaciares en un contexto de cambio climático es un desafío mayúsculo que requiere el aporte de todos los sectores y jurisdicciones”. “Con el Inventario Nacional de Glaciares ponemos a disposición de las autoridades y la ciudadanía información de calidad para profundizar la implementación de los demás instrumentos protectorios de la ley: la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental, las auditorías ambientales, la participación social y el control sobre las actividades que podrían afectar a estas reservas de agua estratégicas”, concluyó García Espil.
También participaron del encuentro representantes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), del Ministerio de Energía y Minería, del Instituto Nacional del Agua (INA), del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), autoridades provinciales con competencia en materia ambiental e hídrica, universidades y centros de investigación especializados.
Inventario Nacional de Glaciares
Es la herramienta creada por la Ley N° 26639 para individualizar los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el país, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Su realización se encuentra a cargo del IANIGLA-CONICET, con la coordinación del Ministerio de Ambiente de la Nación. Intervienen también el Instituto Geográfico Nacional, en materia cartográfica, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto respecto de las zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional.
Los trabajos se organizan en tres niveles de estudio y se llevan a cabo por regiones, focalizándose en las 69 subcuencas hídricas que poseen aporte de cuerpos de hielo permanentes. Actualmente se encuentran publicadas 42 subcuencas. De las 27 restantes, 7 se encuentran próximas a su publicación, 4 a consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 16 con trabajos en campo a cargo del IANIGLA-CONICET.
Toda la información disponible puede ser consultada en: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
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Desmonte en Córdoba para un canal ilegal en zona protegida
Desmonte de bosque nativo en Córdoba para construir un canal ilegal
Fecha de Publicación: 25/10/2017
Fuente: Ecoportal
Provincia/Región: Córdoba
El desmonte se está produciendo de manera silenciosa e ilegal en zona protegida para desviar agua hacia la laguna Mar Chiquita.
No hay anuncios ni permisos sobre la obra. El canal tiene un ancho de veinte metros y atraviesa un bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina.
A pesar de que aún no se ha reglamentado una nueva Ley de Bosques, este bosque nativo se halla en el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la zonificación Roja, es decir que no se puede hacer allí ninguna intervención, y en el caso de que así sea, debe estar autorizada por el gobierno provincial.
La construcción de este canal afectaría gravemente la vegetación y la biodiversidad de el bosque nativo más grande de esa región cordobesa y que debería ser protegido. El bosque de Tinoco es una zona virgen donde la mano del hombre todavía no había accionado. Entre las especies que se pueden encontrar en el bosque se destacan el quebracho blanco, algarrobo, tala, sombrero de todo, piquillín y otros nativas.
Estudios hechos por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal han determinado que este bosque es el hábitat de una rica biodiversidad en donde viven gran variedad de especies vegetales y animales. Fundamentalmente se trata de una morada de por lo menos cien especies de aves. Se estudia postular al bosque de Tinoco como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), siguiendo los protocolos de Aves Argentinas.
El bosque nativo de Tinoco se halla en una transición entre el bosque espinal y el chaqueño. El ecosistema que allí se encuentra está amenazado en toda la provincia por el desmonte que produce la especulación inmobiliaria, la ganadería y el avance de la frontera sojera.
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Fecha de Publicación: 25/10/2017
Fuente: Ecoportal
Provincia/Región: Córdoba
El desmonte se está produciendo de manera silenciosa e ilegal en zona protegida para desviar agua hacia la laguna Mar Chiquita.
No hay anuncios ni permisos sobre la obra. El canal tiene un ancho de veinte metros y atraviesa un bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina.
A pesar de que aún no se ha reglamentado una nueva Ley de Bosques, este bosque nativo se halla en el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la zonificación Roja, es decir que no se puede hacer allí ninguna intervención, y en el caso de que así sea, debe estar autorizada por el gobierno provincial.
La construcción de este canal afectaría gravemente la vegetación y la biodiversidad de el bosque nativo más grande de esa región cordobesa y que debería ser protegido. El bosque de Tinoco es una zona virgen donde la mano del hombre todavía no había accionado. Entre las especies que se pueden encontrar en el bosque se destacan el quebracho blanco, algarrobo, tala, sombrero de todo, piquillín y otros nativas.
Estudios hechos por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal han determinado que este bosque es el hábitat de una rica biodiversidad en donde viven gran variedad de especies vegetales y animales. Fundamentalmente se trata de una morada de por lo menos cien especies de aves. Se estudia postular al bosque de Tinoco como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), siguiendo los protocolos de Aves Argentinas.
El bosque nativo de Tinoco se halla en una transición entre el bosque espinal y el chaqueño. El ecosistema que allí se encuentra está amenazado en toda la provincia por el desmonte que produce la especulación inmobiliaria, la ganadería y el avance de la frontera sojera.
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bosques nativos,
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ecosistemas,
Reservas Naturales - Parques
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Desmontan area protegida de Neuquén
Por el desmonte se perdieron casi 4.000 metros cuadrados de barda en Neuquén
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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En 80 años Santa Fe pierde el 82% de sus bosques
Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos en los últimos 80 años
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Rechazo de amparo contra las represas de Santa Cruz
Fallo a favor de que se hagan las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 25/09/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Una jueza rechazó uno de los amparos de ambientalistas que se oponen; prometen apelar y hay otra cautelar pendiente; optimismo en el Gobierno
Un fallo judicial dejó ahora al Gobierno más cerca de retomar la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, una de las obras más controvertidas del kirchnerismo, que fueron aprobadas en el último año de gestión de Cristina Kirchner. Los ambientalistas, a quienes les rechazaron el amparo, apelarán pasado mañana. Sin embargo, la obra aún está trabada por la cautelar de la Fundación Banco de Bosques presentada en la Justicia contra el Gobierno y la administración provincial.
Ayer, la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 12 de la Capital Federal, rechazó un amparo ambiental que impedía la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, y que fue impulsado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques. Las medidas habían logrado que en diciembre pasado la Corte Suprema diera lugar a las dos cautelares y suspendiera las obras.
Mientras desde el gobierno nacional el fallo judicial fue recibido con optimismo, consultados por LA NACION desistieron de realizar declaraciones debido a que aún pesa la resolución de la otra medida cautelar que traba la obra.
Por otro lado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia confirmó que pasado mañana apelarán la medida.
En la sentencia, de sólo nueve páginas, Marra Giménez sostiene: "No subsisten al presente las objeciones y cuestionamientos en que se sustentó la presentación de la asociación actora", y aclara que "las deficiencias u omisiones en que basó sus quejas en cuanto a la ausencia de estudios de impacto ambiental o de la audiencia pública previos a la construcción de las obras suspendidas por la cautelar ordenada por la C.S. [Corte Suprema] han sido subsanadas por las autoridades nacionales competentes".
En diciembre, la Corte Suprema basó la suspensión de las obras en el incumplimiento de la medición de impacto ambiental y en la falta de audiencias públicas previstos en la ley de obras hidráulicas.
El 28 de agosto pasado el gobierno nacional aprobó la polémica construcción del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mientras que dispuso se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras las audiencias públicas de julio pasado, que había ordenado la Corte Suprema.
Críticas ambientalistas
"El fallo significa un ataque al derecho ambiental, dado que manifiesta una conducta apegada al criterio economicista que lo que busca es construir la represas y quedar bien con los capitales chinos, y lamentablemente una vez más el ambiente va a estar afectado", afirmó a LA NACION Mariano Aguilar, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
Aguilar agregó además que la jueza no contempla "ninguno de los puntos que le hemos planteado, no hizo más que legalizar judicialmente el estudio de impacto ambiental, amañado y tendencioso".
La administración del presidente Mauricio Macri tomó la determinación de avalar el megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China, como el Belgrano Cargas.
En Santa Cruz, en especial en El Calafate, hay ciudadanos que realizan marchas y actividades que se oponen a las represas, dado que no sólo temen por el medio ambiente, sino también por cómo puedan verse afectados los glaciares. Por su parte, Pedro Fiedrich, director ejecutivo de la Fundación Banco de Bosques, recordó ante LA NACION que la entidad presentó un extenso informe realizado por expertos que fundamentan la importancia de frenar las obras, sobre el que tendrá que expresarse la Justicia.
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Fecha de Publicación: 25/09/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Una jueza rechazó uno de los amparos de ambientalistas que se oponen; prometen apelar y hay otra cautelar pendiente; optimismo en el Gobierno
Un fallo judicial dejó ahora al Gobierno más cerca de retomar la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, una de las obras más controvertidas del kirchnerismo, que fueron aprobadas en el último año de gestión de Cristina Kirchner. Los ambientalistas, a quienes les rechazaron el amparo, apelarán pasado mañana. Sin embargo, la obra aún está trabada por la cautelar de la Fundación Banco de Bosques presentada en la Justicia contra el Gobierno y la administración provincial.
Ayer, la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 12 de la Capital Federal, rechazó un amparo ambiental que impedía la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, y que fue impulsado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques. Las medidas habían logrado que en diciembre pasado la Corte Suprema diera lugar a las dos cautelares y suspendiera las obras.
Mientras desde el gobierno nacional el fallo judicial fue recibido con optimismo, consultados por LA NACION desistieron de realizar declaraciones debido a que aún pesa la resolución de la otra medida cautelar que traba la obra.
Por otro lado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia confirmó que pasado mañana apelarán la medida.
En la sentencia, de sólo nueve páginas, Marra Giménez sostiene: "No subsisten al presente las objeciones y cuestionamientos en que se sustentó la presentación de la asociación actora", y aclara que "las deficiencias u omisiones en que basó sus quejas en cuanto a la ausencia de estudios de impacto ambiental o de la audiencia pública previos a la construcción de las obras suspendidas por la cautelar ordenada por la C.S. [Corte Suprema] han sido subsanadas por las autoridades nacionales competentes".
En diciembre, la Corte Suprema basó la suspensión de las obras en el incumplimiento de la medición de impacto ambiental y en la falta de audiencias públicas previstos en la ley de obras hidráulicas.
El 28 de agosto pasado el gobierno nacional aprobó la polémica construcción del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mientras que dispuso se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras las audiencias públicas de julio pasado, que había ordenado la Corte Suprema.
Críticas ambientalistas
"El fallo significa un ataque al derecho ambiental, dado que manifiesta una conducta apegada al criterio economicista que lo que busca es construir la represas y quedar bien con los capitales chinos, y lamentablemente una vez más el ambiente va a estar afectado", afirmó a LA NACION Mariano Aguilar, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
Aguilar agregó además que la jueza no contempla "ninguno de los puntos que le hemos planteado, no hizo más que legalizar judicialmente el estudio de impacto ambiental, amañado y tendencioso".
La administración del presidente Mauricio Macri tomó la determinación de avalar el megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China, como el Belgrano Cargas.
En Santa Cruz, en especial en El Calafate, hay ciudadanos que realizan marchas y actividades que se oponen a las represas, dado que no sólo temen por el medio ambiente, sino también por cómo puedan verse afectados los glaciares. Por su parte, Pedro Fiedrich, director ejecutivo de la Fundación Banco de Bosques, recordó ante LA NACION que la entidad presentó un extenso informe realizado por expertos que fundamentan la importancia de frenar las obras, sobre el que tendrá que expresarse la Justicia.
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Represas en Santa Cruz avanzan desoyendo advertencias
Aguas divididas por las represas en Santa Cruz
Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
La resolución conjunta de los ministerios de Energía y Ambiente para avanzar con el proyecto hidroeléctrico generó reacciones encontradas. Cuestionan la validez del proceso. Advierten por el impacto irreversible en el ambiente.
Para algunos, ya se hizo todo lo que había que hacer. Para otros, los vicios son evidentes. Los primeros dicen que los procedimientos previstos en la normativa vigente se cumplieron. Los segundos, que los pasos dados fueron pour la galerie. Aquellos esperan inversiones (se habla de unos u$s 4.500 millones). Estos, un fuerte impacto ambiental.
La resolución conjunta de los ministerios nacionales de Energía y Ambiente, que aprobó las obras para los "aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz" (represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), dispuso que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras la audiencia pública de julio pasado, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, repasan Marcelo Tavarone y Julieta de Ruggiero, integrantes de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados.
"La Resolución Conjunta 3-E/2017 concluye este proceso que estaba pendiente de cumplimiento con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y así avanzar con la etapa de obras principales", enmarcan.
En su momento, amplía Héctor Pozo Gowland, titular de la firma que lleva por nombre a su apellido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques habían promovido acciones contra el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisión en la realización de los estudios de impacto ambiental (EIA).
"En atención a la medida cautelar, el Estado nacional elaboró los estudios ambientales. (En cuanto a) la audiencia pública, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptos", agrega.
Forma y fondo
Cristian Fernández, asesor legal de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas y parte del Estudio Sabsay Neimark Abogados, entiende que, con su resolución, "los ministerios de Energía y Ambiente han decidido desoír lo expuesto en la audiencia pública". Allí, dice, "la sociedad civil se pronunció con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyecto". La Ley General del Ambiente establece que, si bien las objeciones planteadas durante la audiencia pública no son vinculantes, el Estado tiene la obligación de publicar las críticas y brindar una respuesta fundada. "La participación ciudadana ha sido vaciada de contenido por las autoridades", contrasta.
El director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, enfatiza que la resolución "de manera alguna implica dar la autorización directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que ordenó detener la construcción de las represas) o se debe seguir sosteniendo la misma".
Al cierre de esta edición, la cuestión estaba a estudio de los magistrados.
Pasos
"El Gobierno nacional ha dado un paso fundamental en el avance de las obras de este proyecto tan importante para la matriz energética argentina, el cual ya cuenta con financiamiento disponible y empresas contratistas tanto nacionales como chinas listas para comenzar a trabajar", dice Tavarone. "Las adaptaciones técnicas realizadas al proyecto inicial (modificación en cantidad de turbinas y conexión al Sistema Argentino de Interconexión, SADI, principalmente) demuestran el enorme interés por llevar adelante estas obras", agrega.
Para Pozo Gowland, con el dictado de la Resolución Conjunta 3-E/2017, más la declaración de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, "deberían tenerse por cumplidos todos los trámites necesarios para continuar con las obras".
Fernández disiente. "El EIA fue concebido como un mero obstáculo para avanzar con la obra, en lugar de ser considerado un análisis integral de riesgos ambientales. Presenta numerosos vicios, inexactitudes y omisiones", denuncia.
No se evaluó el impacto ambiental del tendido eléctrico de alta tensión en relación a las aves migratorias, el análisis de alternativas de proyectos, la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares, ni se completaron los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica, enumera.
Tampoco se analizó el proceso de "sismicidad inducida", no se completaron las tareas de rescate arqueológico, no se efectuó la consulta previa a las comunidades originarias ni se elaboraron proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático, añade. Y lo mismo sucede con el impacto en los glaciares que conforman el Campo de Hielo Patagónico Sur, hecho que encendió el alerta en la comunidad glaciológica internacional, abunda.
Desde FARN coinciden. "El proyecto para la construcción de estas represas ha estado plagado de irregularidades desde el momento mismo de la licitación", dicen. En su explicación aparecen tres licitaciones, los nombres Lázaro Báez y Cristóbal López, Electroingeniería y la afectación irreversible del Glaciar Perito Moreno. Por eso se llegó a la Corte Suprema, que había ordenado la paralización de la obra y una revisión integral del EIA, lo que incluía la realización de una audiencia pública. "Si bien ambas cuestiones ya fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de Energía, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista técnico y está hecho a medida para que se logre la aprobación del proyecto", acusa Nápoli. Horacio Franco, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, señala que quienes se opusieron al proyecto objetaron que la resolución conjunta invoque mayormente el testimonio brindado en la audiencia pública por la quincena de participantes que apoyaron el proyecto, indicando que la mayoría de los participantes se pronunció en contra.
"Una audiencia pública no se gana ni se pierde por la cantidad de voces a favor o en contra del proyecto puesto a consideración. No hay votación ni debate, porque no es un acto de naturaleza asamblearia. Por eso, las audiencias públicas no son ni podrían ser vinculantes. Su objetivo es otro: recabar opiniones que puedan ser tenidas en cuenta para enriquecer el acto administrativo que aprobará, desechará o modificará el proyecto en cuestión", redondea.
Empresas cuestionadas
Las firmas que van a desarrollar la obra, advierten desde FARN, son Electroingeniería, "sin ningún tipo de antecedentes en la construcción de represas", y Gezhouba Group Corporation, "empresa china que ha sido sancionada por el Banco Mundial por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones, y también vetada por el BID por prácticas fraudulentas".
Desde Aves Argentinas acompañan el informe de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas, que resume los errores encontrados en el proyecto. Entre ellos: el EIA impugnado fue elaborado por EBISA, sociedad anónima de capital estatal cuya titularidad es del Ministerio de Energía (99%) y Nucleoeléctrica Argentina (1%). Su presidente, además, es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica a cargo de la revisión del proyecto.
"Los daños ambientales que ocasionará la obra no son susceptibles de mitigación ni compensación", alerta la coalición. Son "permanentes e irreversibles".
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Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
La resolución conjunta de los ministerios de Energía y Ambiente para avanzar con el proyecto hidroeléctrico generó reacciones encontradas. Cuestionan la validez del proceso. Advierten por el impacto irreversible en el ambiente.
Para algunos, ya se hizo todo lo que había que hacer. Para otros, los vicios son evidentes. Los primeros dicen que los procedimientos previstos en la normativa vigente se cumplieron. Los segundos, que los pasos dados fueron pour la galerie. Aquellos esperan inversiones (se habla de unos u$s 4.500 millones). Estos, un fuerte impacto ambiental.
La resolución conjunta de los ministerios nacionales de Energía y Ambiente, que aprobó las obras para los "aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz" (represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), dispuso que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras la audiencia pública de julio pasado, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, repasan Marcelo Tavarone y Julieta de Ruggiero, integrantes de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados.
"La Resolución Conjunta 3-E/2017 concluye este proceso que estaba pendiente de cumplimiento con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y así avanzar con la etapa de obras principales", enmarcan.
En su momento, amplía Héctor Pozo Gowland, titular de la firma que lleva por nombre a su apellido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques habían promovido acciones contra el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisión en la realización de los estudios de impacto ambiental (EIA).
"En atención a la medida cautelar, el Estado nacional elaboró los estudios ambientales. (En cuanto a) la audiencia pública, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptos", agrega.
Forma y fondo
Cristian Fernández, asesor legal de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas y parte del Estudio Sabsay Neimark Abogados, entiende que, con su resolución, "los ministerios de Energía y Ambiente han decidido desoír lo expuesto en la audiencia pública". Allí, dice, "la sociedad civil se pronunció con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyecto". La Ley General del Ambiente establece que, si bien las objeciones planteadas durante la audiencia pública no son vinculantes, el Estado tiene la obligación de publicar las críticas y brindar una respuesta fundada. "La participación ciudadana ha sido vaciada de contenido por las autoridades", contrasta.
El director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, enfatiza que la resolución "de manera alguna implica dar la autorización directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que ordenó detener la construcción de las represas) o se debe seguir sosteniendo la misma".
Al cierre de esta edición, la cuestión estaba a estudio de los magistrados.
Pasos
"El Gobierno nacional ha dado un paso fundamental en el avance de las obras de este proyecto tan importante para la matriz energética argentina, el cual ya cuenta con financiamiento disponible y empresas contratistas tanto nacionales como chinas listas para comenzar a trabajar", dice Tavarone. "Las adaptaciones técnicas realizadas al proyecto inicial (modificación en cantidad de turbinas y conexión al Sistema Argentino de Interconexión, SADI, principalmente) demuestran el enorme interés por llevar adelante estas obras", agrega.
Para Pozo Gowland, con el dictado de la Resolución Conjunta 3-E/2017, más la declaración de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, "deberían tenerse por cumplidos todos los trámites necesarios para continuar con las obras".
Fernández disiente. "El EIA fue concebido como un mero obstáculo para avanzar con la obra, en lugar de ser considerado un análisis integral de riesgos ambientales. Presenta numerosos vicios, inexactitudes y omisiones", denuncia.
No se evaluó el impacto ambiental del tendido eléctrico de alta tensión en relación a las aves migratorias, el análisis de alternativas de proyectos, la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares, ni se completaron los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica, enumera.
Tampoco se analizó el proceso de "sismicidad inducida", no se completaron las tareas de rescate arqueológico, no se efectuó la consulta previa a las comunidades originarias ni se elaboraron proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático, añade. Y lo mismo sucede con el impacto en los glaciares que conforman el Campo de Hielo Patagónico Sur, hecho que encendió el alerta en la comunidad glaciológica internacional, abunda.
Desde FARN coinciden. "El proyecto para la construcción de estas represas ha estado plagado de irregularidades desde el momento mismo de la licitación", dicen. En su explicación aparecen tres licitaciones, los nombres Lázaro Báez y Cristóbal López, Electroingeniería y la afectación irreversible del Glaciar Perito Moreno. Por eso se llegó a la Corte Suprema, que había ordenado la paralización de la obra y una revisión integral del EIA, lo que incluía la realización de una audiencia pública. "Si bien ambas cuestiones ya fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de Energía, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista técnico y está hecho a medida para que se logre la aprobación del proyecto", acusa Nápoli. Horacio Franco, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, señala que quienes se opusieron al proyecto objetaron que la resolución conjunta invoque mayormente el testimonio brindado en la audiencia pública por la quincena de participantes que apoyaron el proyecto, indicando que la mayoría de los participantes se pronunció en contra.
"Una audiencia pública no se gana ni se pierde por la cantidad de voces a favor o en contra del proyecto puesto a consideración. No hay votación ni debate, porque no es un acto de naturaleza asamblearia. Por eso, las audiencias públicas no son ni podrían ser vinculantes. Su objetivo es otro: recabar opiniones que puedan ser tenidas en cuenta para enriquecer el acto administrativo que aprobará, desechará o modificará el proyecto en cuestión", redondea.
Empresas cuestionadas
Las firmas que van a desarrollar la obra, advierten desde FARN, son Electroingeniería, "sin ningún tipo de antecedentes en la construcción de represas", y Gezhouba Group Corporation, "empresa china que ha sido sancionada por el Banco Mundial por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones, y también vetada por el BID por prácticas fraudulentas".
Desde Aves Argentinas acompañan el informe de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas, que resume los errores encontrados en el proyecto. Entre ellos: el EIA impugnado fue elaborado por EBISA, sociedad anónima de capital estatal cuya titularidad es del Ministerio de Energía (99%) y Nucleoeléctrica Argentina (1%). Su presidente, además, es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica a cargo de la revisión del proyecto.
"Los daños ambientales que ocasionará la obra no son susceptibles de mitigación ni compensación", alerta la coalición. Son "permanentes e irreversibles".
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Cada vez menos fondos para los bosques en Nación
La poda de Cambiemos
Fecha de Publicación: 22/09/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En el presupuesto de 2018 el Gobierno asignó solo el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques para su conservación. “Están propiciando una nueva oleada de desforestaciones”, denunció Greenpeace.
Las asociaciones ambientalistas advirtieron que la alianza gobernante prevé un fuerte recorte del presupuesto para la conservación de bosques nativos, que se encuentran protegidos por la Ley 26.331, sancionada en 2007.
Según denunció la ONG Vida Silvestre el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo le asigna apenas el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques, que ordena destinar el 0,3 por ciento del total del Presupuesto. El año pasado, el Gobierno había destinado el 8 por ciento del total. “Estamos en una verdadera emergencia forestal: Argentina conserva el 27 por ciento de la superficie ocupada originalmente por bosques nativos”, advirtió la ONG.
La situación es compleja, sobre todo en las provincias del norte donde existe una creciente puja por la expansión de la frontera agrícola. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió que el Gobierno tomó una serie de medidas que hacen “un combo peligroso para nuestros bosques”.
“La primera fue una devolución de retenciones para productores de soja del norte, del 5 por ciento. Eso genera una presión en la frontera agrícola porque la primera amenaza es la soja, seguida de la ganadería. Están fomentando la desforestación indirectamente”, explicó a Página/12.
Con el recorte presupuestario, continuó Giardini, el principal riesgo es la falta de financiamiento para controles y la puesta en riesgo de los planes de manejo sustentable. “No están mandando plata a las provincias para que haya mayores controles (con menos dinero, menos controles) y para que quienes tengan bosques reciban un incentivo para no desforestar. Hay una tentación muy grande y el mensaje es que si ponen soja, van a ganar más plata seguro”, advirtió.
La perspectiva se agrava con el cajoneo de un proyecto de ley presentado el año pasado para aumentar las penas por delitos forestales. “Está parado por la diputada jujeña de Cambiemos María Gabriela Burgos. Esa ley pondría presos a todos los que desforestan ilegalmente. Hay que tener en cuenta que por lo menos la mitad de los desmontes son ilegales”, denunció Giardini.
A principios del Siglo XX, la Argentina tenía más de 100 millones de hectáreas de bosques y hoy le quedan apenas 30 millones. "El patrimonio forestal fue bastante maltratado y fue una política poco inteligente: se redujo en superficie y calidad. Hay provincias como Buenos Aires y Córdoba, que les quedan el 5 por ciento de la superficie que tenían de bosque. Cuando a uno le queda el 5 por ciento de un capital, lo que tiene que hacer es cuidarlo y hacer inversiones para cumplir con eso. La Ley de Bosques apunta a esa cuestión", explicó a Página/12 el museólogo, naturalista y docente, Claudio Bertonatti.
Para el especialista, el desafío "no es sólo cumplir con la Ley, sino crear nuevas áreas protegidas y crear corredores biológicos para aumentar su potencial. Lo que hizo durante años fue extraer lo mejor de esos bosques y dejar lo peor. Hay que trabajar mucho para restaurar superficies y calidades de los bosques".
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Fecha de Publicación: 22/09/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En el presupuesto de 2018 el Gobierno asignó solo el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques para su conservación. “Están propiciando una nueva oleada de desforestaciones”, denunció Greenpeace.
Las asociaciones ambientalistas advirtieron que la alianza gobernante prevé un fuerte recorte del presupuesto para la conservación de bosques nativos, que se encuentran protegidos por la Ley 26.331, sancionada en 2007.
Según denunció la ONG Vida Silvestre el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo le asigna apenas el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques, que ordena destinar el 0,3 por ciento del total del Presupuesto. El año pasado, el Gobierno había destinado el 8 por ciento del total. “Estamos en una verdadera emergencia forestal: Argentina conserva el 27 por ciento de la superficie ocupada originalmente por bosques nativos”, advirtió la ONG.
La situación es compleja, sobre todo en las provincias del norte donde existe una creciente puja por la expansión de la frontera agrícola. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió que el Gobierno tomó una serie de medidas que hacen “un combo peligroso para nuestros bosques”.
“La primera fue una devolución de retenciones para productores de soja del norte, del 5 por ciento. Eso genera una presión en la frontera agrícola porque la primera amenaza es la soja, seguida de la ganadería. Están fomentando la desforestación indirectamente”, explicó a Página/12.
Con el recorte presupuestario, continuó Giardini, el principal riesgo es la falta de financiamiento para controles y la puesta en riesgo de los planes de manejo sustentable. “No están mandando plata a las provincias para que haya mayores controles (con menos dinero, menos controles) y para que quienes tengan bosques reciban un incentivo para no desforestar. Hay una tentación muy grande y el mensaje es que si ponen soja, van a ganar más plata seguro”, advirtió.
La perspectiva se agrava con el cajoneo de un proyecto de ley presentado el año pasado para aumentar las penas por delitos forestales. “Está parado por la diputada jujeña de Cambiemos María Gabriela Burgos. Esa ley pondría presos a todos los que desforestan ilegalmente. Hay que tener en cuenta que por lo menos la mitad de los desmontes son ilegales”, denunció Giardini.
A principios del Siglo XX, la Argentina tenía más de 100 millones de hectáreas de bosques y hoy le quedan apenas 30 millones. "El patrimonio forestal fue bastante maltratado y fue una política poco inteligente: se redujo en superficie y calidad. Hay provincias como Buenos Aires y Córdoba, que les quedan el 5 por ciento de la superficie que tenían de bosque. Cuando a uno le queda el 5 por ciento de un capital, lo que tiene que hacer es cuidarlo y hacer inversiones para cumplir con eso. La Ley de Bosques apunta a esa cuestión", explicó a Página/12 el museólogo, naturalista y docente, Claudio Bertonatti.
Para el especialista, el desafío "no es sólo cumplir con la Ley, sino crear nuevas áreas protegidas y crear corredores biológicos para aumentar su potencial. Lo que hizo durante años fue extraer lo mejor de esos bosques y dejar lo peor. Hay que trabajar mucho para restaurar superficies y calidades de los bosques".
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Reconocimientos al Corredor Biológico Urugua-í – Foerster
Reconocimientos y apoyos nacionales e internacionales al proyecto de Corredor Biológico Urugua-í – Foerster
Fecha de Publicación: 18/09/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El proyecto recibió numerosos apoyos nacionales e internacionales en sus 15 años de historia. En 2002 recibió el primer premio en Liderazgo a la Conservación, un programa de apoyo a equipos de jóvenes conservacionistas, con sede en Inglaterra, que reúne algunas de las ONGs de conservación más importantes del mundo (BirdLife, Conservation International, WildlifeConservationSociety y Fauna & Flora International), que dio apoyo al proyecto por 6 años.
Entre 2006-2010 fue muy importante el apoyo del comité holandés de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
Entre las organizaciones locales, la Fundación Vida Silvestre Argentina fue un aliado muy importante en el proceso de consolidación del corredor biológico, y también recibimos apoyo de Aves Argentinas y del Ministerio de Ecología de Misiones. La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID).
La Dirección Provincial de Vialidad de Misiones financio el monitoreo de pasos de fauna y ecoducto en la Ruta Nacional 101, en el corredor biológico. Durante los últimos 2 años, fue muy importante para la continuidad de este proyecto, el apoyo de la Fundación Banco de Bosques, a través de la campaña “Dejá tu Huella” de la empresa Villavicencio.
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Fecha de Publicación: 18/09/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El proyecto recibió numerosos apoyos nacionales e internacionales en sus 15 años de historia. En 2002 recibió el primer premio en Liderazgo a la Conservación, un programa de apoyo a equipos de jóvenes conservacionistas, con sede en Inglaterra, que reúne algunas de las ONGs de conservación más importantes del mundo (BirdLife, Conservation International, WildlifeConservationSociety y Fauna & Flora International), que dio apoyo al proyecto por 6 años.
Entre 2006-2010 fue muy importante el apoyo del comité holandés de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
Entre las organizaciones locales, la Fundación Vida Silvestre Argentina fue un aliado muy importante en el proceso de consolidación del corredor biológico, y también recibimos apoyo de Aves Argentinas y del Ministerio de Ecología de Misiones. La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID).
La Dirección Provincial de Vialidad de Misiones financio el monitoreo de pasos de fauna y ecoducto en la Ruta Nacional 101, en el corredor biológico. Durante los últimos 2 años, fue muy importante para la continuidad de este proyecto, el apoyo de la Fundación Banco de Bosques, a través de la campaña “Dejá tu Huella” de la empresa Villavicencio.
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El Proyecto Aconquija y la necesidad de proteger las Yungas
El NOA contará con un nuevo Parque Nacional
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Proyecto Aconquija apunta a la protección de la región subtropical de las yungas, uno de los ecosistemas más amenazados del continente. Sus 77 mil hectáreas se extienden en el sudoeste de Tucumán.
Parte de la ecorregión de yungas que florece en las sierras del sudoeste de Tucumán (muy cerca del límite con Catamarca) fue transformada en un área protegida por una ley nacional, lo que brinda el marco necesario para la creación del Parque Nacional Aconquija. El plan de conservación abarca 77 mil hectáreas ricas en biodiversidad, donde se apuntará a asegurar la sustentabilidad de las actividades tradicionales del pedemonte y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Además, la medida oficial tiende a favorecer la preservación de las principales cuencas hídricas de la provincia y más de dos mil especies de plantas vasculares, registradas en bosques, selvas húmedas subtropicales, pastizales de neblina y altoandinos, montes de árboles recubiertos de helechos y musgos y las estepas arbustivas de la prepuna, que crecen en las laderas occidentales de la sierra de Aconquija. En cuanto a la fauna local, aquí conviven osos meleros con cóndores, felinos y ejemplares de pecarí, corzuela, guanaco, taruca (también conocida como venado andino) y una amplia variedad de aves.
El Proyecto Aconquija fue firmado el 23 de junio pasado en la sede de la Fundación Miguel Lillo, en San Miguel de Tucumán, antes de ser girado a tres comisiones para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Una vez que se concrete, el futuro Parque Nacional será una novedosa área natural protegida con selva y nieve en una misma zona de conservación. “El Aconquija se destaca porque es naturaleza en los distintos estratos, desde su selva con toda la riqueza de flora y fauna hasta sus glaciares subterráneos a más de 4 mil metros de altura”, señaló Gerardo Carreras, jefe de guardaparques del Parque Nacional Campo de los Alisos, lindero a la porción más austral de selva subtropical a ser protegida. El programa de preservación conjunta se extenderá a las reservas provinciales Santa Ana y La Florida.
Una imperdible panorámica de esta región se aprecia desde el mirador de La Banderita, a 48 kilómetros de Concepción, erigido a un costado de la ruta 65, frente a las cumbres del Clavillo y a 1.846 metros de altura. El nuevo Parque Nacional cristalizará una iniciativa por la protección de la vegetación y las cuencas hídricas de la región, impulsada a principios del siglo XX por Miguel Lillo, un célebre naturalista, docente, ornitólogo y ex director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tucumán.
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Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Proyecto Aconquija apunta a la protección de la región subtropical de las yungas, uno de los ecosistemas más amenazados del continente. Sus 77 mil hectáreas se extienden en el sudoeste de Tucumán.
Parte de la ecorregión de yungas que florece en las sierras del sudoeste de Tucumán (muy cerca del límite con Catamarca) fue transformada en un área protegida por una ley nacional, lo que brinda el marco necesario para la creación del Parque Nacional Aconquija. El plan de conservación abarca 77 mil hectáreas ricas en biodiversidad, donde se apuntará a asegurar la sustentabilidad de las actividades tradicionales del pedemonte y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Además, la medida oficial tiende a favorecer la preservación de las principales cuencas hídricas de la provincia y más de dos mil especies de plantas vasculares, registradas en bosques, selvas húmedas subtropicales, pastizales de neblina y altoandinos, montes de árboles recubiertos de helechos y musgos y las estepas arbustivas de la prepuna, que crecen en las laderas occidentales de la sierra de Aconquija. En cuanto a la fauna local, aquí conviven osos meleros con cóndores, felinos y ejemplares de pecarí, corzuela, guanaco, taruca (también conocida como venado andino) y una amplia variedad de aves.
El Proyecto Aconquija fue firmado el 23 de junio pasado en la sede de la Fundación Miguel Lillo, en San Miguel de Tucumán, antes de ser girado a tres comisiones para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Una vez que se concrete, el futuro Parque Nacional será una novedosa área natural protegida con selva y nieve en una misma zona de conservación. “El Aconquija se destaca porque es naturaleza en los distintos estratos, desde su selva con toda la riqueza de flora y fauna hasta sus glaciares subterráneos a más de 4 mil metros de altura”, señaló Gerardo Carreras, jefe de guardaparques del Parque Nacional Campo de los Alisos, lindero a la porción más austral de selva subtropical a ser protegida. El programa de preservación conjunta se extenderá a las reservas provinciales Santa Ana y La Florida.
Una imperdible panorámica de esta región se aprecia desde el mirador de La Banderita, a 48 kilómetros de Concepción, erigido a un costado de la ruta 65, frente a las cumbres del Clavillo y a 1.846 metros de altura. El nuevo Parque Nacional cristalizará una iniciativa por la protección de la vegetación y las cuencas hídricas de la región, impulsada a principios del siglo XX por Miguel Lillo, un célebre naturalista, docente, ornitólogo y ex director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tucumán.
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Planifican un Centro de Interpretación Ambiental en Salta
Crearán un Centro de Interpretación Ambiental
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
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Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
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En Córdoba, las Universidades defienden los bosques
Rechazo unánime de las universidades a la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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Quejas de Misiones por la demora de fondos para Bosques
Quejas contra la Nación por la demora de $18 millones de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Es parte del presupuesto 2017 que debe llegar para proteger los bosques y evitar la degradación. Hay otras provincias que ya tienen sus fondos aprobados, pero Misiones todavía no.
La ministra de Ecología, Verónica Derna, señaló que están esperando que la Nación desembolse unos 18 millones de pesos que están incluidos en el presupuesto de este año para la Ley de Bosques, pero que se encuentran demorados a causa de la burocracia nacional.
La ministra realizó este planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Misiones, realizada el lunes para analizar el presupuesto 2018.
Al mismo tiempo, Derna destacó el trabajo de los legisladores nacionales por la provincia que lograron un incremento en el monto de la Ley de Bosques “porque en años anteriores nos venía siete u ocho millones; y este año se logró 18 millones”.
Pero se quejó por la demora porque “todavía no han llegado los fondos, estamos esperando. Hemos actualizado la Ley de Bosques y rendimos todo lo necesario para recibir los fondos, pero dijeron que estaba aprobada la resolución para desembolsar el 30% y que la otra resolución por el 70% estaba para dictamen del área de Jurídicos”.
La Ley de Bosques 26.331 es de vital importancia para Misiones porque regula el uso de los Bosques Nativos y promueve la gestión forestal sustentable para frenar el avance descontrolado de la explotación forestal y la frontera agropecuaria. Sin esos fondos, la ley es letra muerta porque no pueden cumplirse los objetivos.
Los puntos centrales son: cada provincia debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, obligación de realizar Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte y respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. También se zonifica los bosques en categorías de muy alto valor de conservación, de alto o medio valor de conservación y de bajo valor de conservación.
El monto calculado por el Ministerio de Ecología para el año próximo es de 423 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15% respecto al presupuesto que se ejecuta este año y que está actualmente con un 62% de ejecución. Según la funcionaria, la mayor inversión apunta a lograr la comunicación fluida entre cuatro parques (Esmeralda, Caa Yarí, Araucarea y Moconá) con antenas, camionetas, radios y otros dispositivos de seguridad y comunicación.
50 mil títulos en trámite
Hace 20 meses, cuando asumió el nuevo Gobierno provincial hubo una autocrítica muy fuerte del gobernador Hugo Passalacqua al respecto de la existencia de 70 mil expedientes en trámite referidos a la tenencia de tierras, principalmente en las zonas rurales.
En la reunión del lunes, la Subsecretaría de Tierras informó que se brindaron 12 mil soluciones (permisos o títulos) y que se eliminaron los trámites duplicados o repetidos. Igualmente, difundió un dato que sigue siendo preocupante porque quedan pendientes 50 mil títulos de propiedad por entregar o continuar el trámite iniciado.
122 guardaparques para 460 mil hectáreas
Otro de los datos que le preguntaron los diputados opositores a Derna, y que estaba pendiente desde el año pasado era la cantidad de guardaparques que tiene el Ministerio. En ese momento fue el subsecretario Juan Manuel Díaz quien explicó que toda la provincia de Misiones tiene solo 122 guardaparques para custodiar 22 áreas naturales protegidas que totalizan 460 mil hectáreas.
Se debe tener en cuenta que los guardaparques trabajan la mitad del mes de corrido y la otra mitad descansan, por lo tanto, en actividad se encuentran solo la mitad: 61 guardaparques por turno, un promedio de tres guardaparques por cada parque provincial, sin contar los que tengan licencia, enfermedad o realicen solamente tareas administrativas.
No habló del Lote 8
Ante la consulta de un diputado opositor, la ministra Derna no contestó acerca de la intención de continuar con el camino en el Parque Provincial Moconá, para llegar al Lote 8, afectando un área natural protegida.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Es parte del presupuesto 2017 que debe llegar para proteger los bosques y evitar la degradación. Hay otras provincias que ya tienen sus fondos aprobados, pero Misiones todavía no.
La ministra de Ecología, Verónica Derna, señaló que están esperando que la Nación desembolse unos 18 millones de pesos que están incluidos en el presupuesto de este año para la Ley de Bosques, pero que se encuentran demorados a causa de la burocracia nacional.
La ministra realizó este planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Misiones, realizada el lunes para analizar el presupuesto 2018.
Al mismo tiempo, Derna destacó el trabajo de los legisladores nacionales por la provincia que lograron un incremento en el monto de la Ley de Bosques “porque en años anteriores nos venía siete u ocho millones; y este año se logró 18 millones”.
Pero se quejó por la demora porque “todavía no han llegado los fondos, estamos esperando. Hemos actualizado la Ley de Bosques y rendimos todo lo necesario para recibir los fondos, pero dijeron que estaba aprobada la resolución para desembolsar el 30% y que la otra resolución por el 70% estaba para dictamen del área de Jurídicos”.
La Ley de Bosques 26.331 es de vital importancia para Misiones porque regula el uso de los Bosques Nativos y promueve la gestión forestal sustentable para frenar el avance descontrolado de la explotación forestal y la frontera agropecuaria. Sin esos fondos, la ley es letra muerta porque no pueden cumplirse los objetivos.
Los puntos centrales son: cada provincia debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, obligación de realizar Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte y respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. También se zonifica los bosques en categorías de muy alto valor de conservación, de alto o medio valor de conservación y de bajo valor de conservación.
El monto calculado por el Ministerio de Ecología para el año próximo es de 423 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15% respecto al presupuesto que se ejecuta este año y que está actualmente con un 62% de ejecución. Según la funcionaria, la mayor inversión apunta a lograr la comunicación fluida entre cuatro parques (Esmeralda, Caa Yarí, Araucarea y Moconá) con antenas, camionetas, radios y otros dispositivos de seguridad y comunicación.
50 mil títulos en trámite
Hace 20 meses, cuando asumió el nuevo Gobierno provincial hubo una autocrítica muy fuerte del gobernador Hugo Passalacqua al respecto de la existencia de 70 mil expedientes en trámite referidos a la tenencia de tierras, principalmente en las zonas rurales.
En la reunión del lunes, la Subsecretaría de Tierras informó que se brindaron 12 mil soluciones (permisos o títulos) y que se eliminaron los trámites duplicados o repetidos. Igualmente, difundió un dato que sigue siendo preocupante porque quedan pendientes 50 mil títulos de propiedad por entregar o continuar el trámite iniciado.
122 guardaparques para 460 mil hectáreas
Otro de los datos que le preguntaron los diputados opositores a Derna, y que estaba pendiente desde el año pasado era la cantidad de guardaparques que tiene el Ministerio. En ese momento fue el subsecretario Juan Manuel Díaz quien explicó que toda la provincia de Misiones tiene solo 122 guardaparques para custodiar 22 áreas naturales protegidas que totalizan 460 mil hectáreas.
Se debe tener en cuenta que los guardaparques trabajan la mitad del mes de corrido y la otra mitad descansan, por lo tanto, en actividad se encuentran solo la mitad: 61 guardaparques por turno, un promedio de tres guardaparques por cada parque provincial, sin contar los que tengan licencia, enfermedad o realicen solamente tareas administrativas.
No habló del Lote 8
Ante la consulta de un diputado opositor, la ministra Derna no contestó acerca de la intención de continuar con el camino en el Parque Provincial Moconá, para llegar al Lote 8, afectando un área natural protegida.
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Nulidad declarada por la CS de desmontes en Jujuy
La Corte Suprema declaró la nulidad de las autorizaciones de desmonte de bosques nativos en Jujuy por graves irregularidades en el proceso de estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema, por mayoría, compuesta por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, declaró la nulidad de dos resoluciones de la provincia de Jujuy por las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada.
Consideró que las irregularidades del procedimiento de estudio de impacto ambiental (EIA) que caracterizaron el pedido de desmonte revisten suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones. Para resolver de ese modo, estimó que las resoluciones cuestionadas omiten la mención de las observaciones que surgen de las inspecciones previas realizadas en el predio, y que dan cuenta, por ejemplo, de un bañado que no figura en el plano presentado con el EIA. Precisó que dichas resoluciones tampoco consideraron la advertencia sobre el peligro de erosión si no se respetan las cortinas de los cursos de agua.
Además de las irregularidades señaladas, el Tribunal observó, por un lado, que las autorizaciones de desmonte comprenden una superficie de 1470 hectáreas frente a las 1200 objeto del EIA y, por el otro, que solamente se fiscalizaron 600 hectáreas, es decir, menos del 50% del área autorizada para el desmonte.
Finalmente, la Corte Suprema advirtió que no surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes de otorgar la autorización, lo cual resulta contrario a la cláusula ambiental de la Constitución Nacional (art. 41), a la Ley General del Ambiente (artículos 19 a 21), a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos (art. 26), y a la normativa de Jujuy que instrumenta la audiencia pública previa al EIA, como forma de canalizar la participación ciudadana.
Por estas razones concluyó que las autorizaciones de desmonte son nulas.
El Dr. Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, votó por hacer lugar a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Puso de resalto que la sentencia de dicho tribunal había resuelto rechazar la demanda sin dar respuesta a uno de los principales fundamentos, más precisamente, la ausencia de participación de la comunidad potencialmente afectada por los actos administrativos que aprobaron la factibilidad ambiental de los desmontes antes de que aquellos fueran dictados. Por tal razón, y a la luz de la jurisprudencia del tribunal que considera arbitrarios los pronunciamientos que omiten el tratamiento de una cuestión oportunamente planteada por la parte contra quien se dirige la sentencia y que resulta relevante para la solución del caso, concluyó que la sentencia dictada por el tribunal provincial no podía ser validada.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema, por mayoría, compuesta por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, declaró la nulidad de dos resoluciones de la provincia de Jujuy por las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada.
Consideró que las irregularidades del procedimiento de estudio de impacto ambiental (EIA) que caracterizaron el pedido de desmonte revisten suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones. Para resolver de ese modo, estimó que las resoluciones cuestionadas omiten la mención de las observaciones que surgen de las inspecciones previas realizadas en el predio, y que dan cuenta, por ejemplo, de un bañado que no figura en el plano presentado con el EIA. Precisó que dichas resoluciones tampoco consideraron la advertencia sobre el peligro de erosión si no se respetan las cortinas de los cursos de agua.
Además de las irregularidades señaladas, el Tribunal observó, por un lado, que las autorizaciones de desmonte comprenden una superficie de 1470 hectáreas frente a las 1200 objeto del EIA y, por el otro, que solamente se fiscalizaron 600 hectáreas, es decir, menos del 50% del área autorizada para el desmonte.
Finalmente, la Corte Suprema advirtió que no surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes de otorgar la autorización, lo cual resulta contrario a la cláusula ambiental de la Constitución Nacional (art. 41), a la Ley General del Ambiente (artículos 19 a 21), a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos (art. 26), y a la normativa de Jujuy que instrumenta la audiencia pública previa al EIA, como forma de canalizar la participación ciudadana.
Por estas razones concluyó que las autorizaciones de desmonte son nulas.
El Dr. Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, votó por hacer lugar a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Puso de resalto que la sentencia de dicho tribunal había resuelto rechazar la demanda sin dar respuesta a uno de los principales fundamentos, más precisamente, la ausencia de participación de la comunidad potencialmente afectada por los actos administrativos que aprobaron la factibilidad ambiental de los desmontes antes de que aquellos fueran dictados. Por tal razón, y a la luz de la jurisprudencia del tribunal que considera arbitrarios los pronunciamientos que omiten el tratamiento de una cuestión oportunamente planteada por la parte contra quien se dirige la sentencia y que resulta relevante para la solución del caso, concluyó que la sentencia dictada por el tribunal provincial no podía ser validada.
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Misiones y jurisdicciones puestas a debate
La preservación del medio ambiente, patrimonio de los misioneros
Fecha de Publicación: 31/08/2017
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
La razón se pierde en el papeleo, el derecho se degrada y el máximo tribunal de justicia del país pretende fijar jurisprudencia en arena movediza. Porque el centralismo porteño se niega a dar cauce a la jurisdicción soberana de las Provincias sobre sus recursos naturales. Y Misiones plantaría el “mal ejemplo”, para colmo de males –según esa arbitraria visión- con el antecedente irrefutable de una política ambientalista como pocas jurisdicciones pueden exhibir. Mucho menos la Nación que tiene reservas naturales provinciales en su aventurada jurisdicción y poco y nada exhibe. Como no sea un secretario de medio ambiente disfrazado de árbol.
Sin ir más lejos, la reserva del Campo San Juan quitada de las manos provinciales para entregársela a la Nación está en estado de abandono. Nada se ha hecho para avanzar en su protección y al igual que el río Iguazú forma parte entrañable de Misiones. Está en sus orígenes como Provincia, cuando era de las Unidas del Río de la Plata. Cuando fue la primera en dar el Si independendista para conformar una Nación, que hoy por vía de su Poder Judicial se niega a reconocerle entidad. Injusticia como pocas. Porque además involucra a quien ha de administrarla. El Poder que sentará jurisprudencia con un sentido de equidad igualitaria y que, sin embargo, no duda en ejercer una preeminencia infundada de la jurisdicción nacional dentro de la provincial, cual Estado dentro del Estado.
Lo hace cuando niega a Misiones la soberanía provincial sobre sus recursos, al rechazar la creación del Parque Provincial Iguazú, pretendiendo desviar la atención en una cuestión absolutamente menor, el enclave de la Administración de Parques Nacionales, cual si a la Provincia le interesara gestionarla. Haciendo caso omiso, inclusive, a la expresa aclaración que hizo Misiones al respecto.
La Cámara de Representantes por unanimidad rechazó el fallo e insistió en las leyes calificadas sin fundamento como “inconstitucionales”. Y deja al Parque Provincial como objetivo por alcanzar en algún momento.
De la misma manera como Misiones admitió la injerencia nacional y acordó resguardar la reserva del Campo San Juan. Nada hizo a cambio la Nación y otra vez la Provincia se encuentra con sus recursos afrontándolo todo. Porque esas reservas naturales que ha venido preservando la han significado un gran esfuerzo provincial, de resignación de espacios, de cuidados contra los depredadores. Sumó a cuantos quisieron ayudarla. Y ha tenido resultados que en ningún otro lugar del país pueden exhibirse. Por citar un caso: la preservación del yaguareté, su reproducción, sus avistajes en las áreas protegidas. O la preservación del 52% de la biodiversidad del país. Todavía hoy descubrimos nuevas especies.
Todo esto y tanto es desconocido absolutamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una verdadera vergüenza para tan alto tribunal.
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Fecha de Publicación: 31/08/2017
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
La razón se pierde en el papeleo, el derecho se degrada y el máximo tribunal de justicia del país pretende fijar jurisprudencia en arena movediza. Porque el centralismo porteño se niega a dar cauce a la jurisdicción soberana de las Provincias sobre sus recursos naturales. Y Misiones plantaría el “mal ejemplo”, para colmo de males –según esa arbitraria visión- con el antecedente irrefutable de una política ambientalista como pocas jurisdicciones pueden exhibir. Mucho menos la Nación que tiene reservas naturales provinciales en su aventurada jurisdicción y poco y nada exhibe. Como no sea un secretario de medio ambiente disfrazado de árbol.
Sin ir más lejos, la reserva del Campo San Juan quitada de las manos provinciales para entregársela a la Nación está en estado de abandono. Nada se ha hecho para avanzar en su protección y al igual que el río Iguazú forma parte entrañable de Misiones. Está en sus orígenes como Provincia, cuando era de las Unidas del Río de la Plata. Cuando fue la primera en dar el Si independendista para conformar una Nación, que hoy por vía de su Poder Judicial se niega a reconocerle entidad. Injusticia como pocas. Porque además involucra a quien ha de administrarla. El Poder que sentará jurisprudencia con un sentido de equidad igualitaria y que, sin embargo, no duda en ejercer una preeminencia infundada de la jurisdicción nacional dentro de la provincial, cual Estado dentro del Estado.
Lo hace cuando niega a Misiones la soberanía provincial sobre sus recursos, al rechazar la creación del Parque Provincial Iguazú, pretendiendo desviar la atención en una cuestión absolutamente menor, el enclave de la Administración de Parques Nacionales, cual si a la Provincia le interesara gestionarla. Haciendo caso omiso, inclusive, a la expresa aclaración que hizo Misiones al respecto.
La Cámara de Representantes por unanimidad rechazó el fallo e insistió en las leyes calificadas sin fundamento como “inconstitucionales”. Y deja al Parque Provincial como objetivo por alcanzar en algún momento.
De la misma manera como Misiones admitió la injerencia nacional y acordó resguardar la reserva del Campo San Juan. Nada hizo a cambio la Nación y otra vez la Provincia se encuentra con sus recursos afrontándolo todo. Porque esas reservas naturales que ha venido preservando la han significado un gran esfuerzo provincial, de resignación de espacios, de cuidados contra los depredadores. Sumó a cuantos quisieron ayudarla. Y ha tenido resultados que en ningún otro lugar del país pueden exhibirse. Por citar un caso: la preservación del yaguareté, su reproducción, sus avistajes en las áreas protegidas. O la preservación del 52% de la biodiversidad del país. Todavía hoy descubrimos nuevas especies.
Todo esto y tanto es desconocido absolutamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una verdadera vergüenza para tan alto tribunal.
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Aprobaron las represas, mirá los impactos ambientales
Aprueban la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz
Fecha de Publicación: 29/08/2017
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El gobierno nacional aprobó la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial que además dispone que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado en audiencias públicas.
"La evaluación de las consecuencias ambientales de las obras es una política nacional que el Estado ejercita y fomenta tanto en proyectos privados como públicos, como garante del derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y sustentable", indica la resolución conjunta 3-E 2017.
Agrega que "de los informes recibidos de los senadores y diputados de la Nación se desprende el muy amplio consenso político" sobre el estudio de impacto ambiental y señala que los funcionarios intervinientes en el análisis de factibilidad de las obras "han presentado argumentos sólidos" que avalan su ejecución.
La resolución señala además que las organizaciones no gubernamentales ambientalistas y los ciudadanos que participaron de la audiencia pública aportaron "elementos de juicio relevantes", en particular sobre los aspectos del desacople hidráulico entre la represa Kirchner y el Lago Argentino; los posibles impactos sobre los glaciares; el estudio específico de impacto ambiental sobre la línea de alta tensión que conectará a las represas con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI); y la necesidad de diálogo con las comunidades aborígenes, entre otros.
En uno de sus dos anexos, la resolución recuerda que los aprovechamientos implican incorporar al parque de generación eléctrica del país 1.310 Mw de capacidad hidroeléctrica, que representan aproximadamente un 5% de la capacidad disponible de generación existente.
La generación hidroeléctrica prevista se estima en un promedio de 5.171 GWh de energía firme, que representa también un 5% de la demanda eléctrica del país, y es "de carácter eminentemente renovable que, por definición, resulta energía producida a partir de un recurso que no se agota por su utilización".
"Desde el punto de vista de la matriz energética del país, las obras mencionadas contribuyen a la diversificación, reemplazando una parte de lo producido a partir de combustibles fósiles que, en la actualidad, representa el 87% de la energía primaria consumida", agrega la resolución.
De este modo se contribuirá a "generar condiciones óptimas para incorporar al Sistema Argentino de Interconexión otras fuentes de generación energéticas renovables, tales como la eólica, que requieren la existencia de fuentes de generación continua que otorgue estabilidad y confiabilidad al sistema".
La resolución estima que los aprovechamientos sobre el río Santa Cruz permitirán la incorporación de unos 2.200 GWh de energía media anual adicional de origen eólico y compensará su oferta, de carácter intermitente.
A la vez, la medida de las carteras de Energía y Ambiente resalta que la no utilización de combustibles fósiles para le generación de energía eléctrica evitará la emisión de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y permitirá dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
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Cinco críticas ambientales a las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 29/08/2017
Fuente: La Voz del Interio
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
Fecha de Publicación: 29/08/2017
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El gobierno nacional aprobó la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial que además dispone que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado en audiencias públicas.
"La evaluación de las consecuencias ambientales de las obras es una política nacional que el Estado ejercita y fomenta tanto en proyectos privados como públicos, como garante del derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y sustentable", indica la resolución conjunta 3-E 2017.
Agrega que "de los informes recibidos de los senadores y diputados de la Nación se desprende el muy amplio consenso político" sobre el estudio de impacto ambiental y señala que los funcionarios intervinientes en el análisis de factibilidad de las obras "han presentado argumentos sólidos" que avalan su ejecución.
La resolución señala además que las organizaciones no gubernamentales ambientalistas y los ciudadanos que participaron de la audiencia pública aportaron "elementos de juicio relevantes", en particular sobre los aspectos del desacople hidráulico entre la represa Kirchner y el Lago Argentino; los posibles impactos sobre los glaciares; el estudio específico de impacto ambiental sobre la línea de alta tensión que conectará a las represas con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI); y la necesidad de diálogo con las comunidades aborígenes, entre otros.
En uno de sus dos anexos, la resolución recuerda que los aprovechamientos implican incorporar al parque de generación eléctrica del país 1.310 Mw de capacidad hidroeléctrica, que representan aproximadamente un 5% de la capacidad disponible de generación existente.
La generación hidroeléctrica prevista se estima en un promedio de 5.171 GWh de energía firme, que representa también un 5% de la demanda eléctrica del país, y es "de carácter eminentemente renovable que, por definición, resulta energía producida a partir de un recurso que no se agota por su utilización".
"Desde el punto de vista de la matriz energética del país, las obras mencionadas contribuyen a la diversificación, reemplazando una parte de lo producido a partir de combustibles fósiles que, en la actualidad, representa el 87% de la energía primaria consumida", agrega la resolución.
De este modo se contribuirá a "generar condiciones óptimas para incorporar al Sistema Argentino de Interconexión otras fuentes de generación energéticas renovables, tales como la eólica, que requieren la existencia de fuentes de generación continua que otorgue estabilidad y confiabilidad al sistema".
La resolución estima que los aprovechamientos sobre el río Santa Cruz permitirán la incorporación de unos 2.200 GWh de energía media anual adicional de origen eólico y compensará su oferta, de carácter intermitente.
A la vez, la medida de las carteras de Energía y Ambiente resalta que la no utilización de combustibles fósiles para le generación de energía eléctrica evitará la emisión de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y permitirá dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
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Cinco críticas ambientales a las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 29/08/2017
Fuente: La Voz del Interio
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El Gobierno aprobó este lunes la construcción del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz y dispuso que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras las audiencias públicas de julio pasado, que había ordenado la Corte Suprema de Justicia. Para el ambientalismo, esas recomendaciones son insuficientes. Ver Galería
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Córdoba: incendios afectó ecosistema clave
Incendios: el fuego afectó a un pulmón verde clave del Gran Córdoba
Fecha de Publicación: 29/08/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras seis días agitados por los vientos que avivaron los fuegos de varios incendios complicados en la provincia, ayer se vivió una mayor calma tras haberse controlado los dos focos más complejos (cerca de Malagueño y de Falda del Carmen). Ambos podrían quedar realmente extinguidos hoy.
De todos modos, el riesgo alto se mantiene al menos hasta que aparezcan lluvias generalizadas, que no asoman en los pronósticos para la zona con más carga combustible (las sierras y el noroeste provincial). Ayer, como es habitual para estos meses, hubo varios incendios que fueron sofocados antes de expandirse. El que más inquietó, y requirió del apoyo de aviones hidrantes, fue uno en la zona del Camino del Cuadrado, cerca de La Falda.
Bosque maduroLos seis días de fuego dejan secuelas donde las llamas se descontrolaron. De las tres mil hectáreas quemadas en toda la provincia, dos mil se concentraron en los terrenos militares que van desde la ciudad de Córdoba y La Calera hasta el dique San Roque y Malagueño. Desde 2009, esas 13.800 hectáreas del Ejército pasaron a ser una “Reserva Natural de la Defensa”. Siguen siendo militares, pero son gestionados mediante un acuerdo con la Dirección de Parques Nacionales. En 2012, cuando se creó su comité de gestión, se resolvió que serán preservados como bosque nativo, sin posibilidad de uso futuro para cultivos agrícolas ni para urbanizaciones.
Se trata del mayor pulmón verde de la muy poblada región del Gran Córdoba, que cuenta con uno de los bosques autóctonos mejor conservados de toda la provincia. Ahora, dos mil de sus hectáreas acaban de ser arrasadas por las llamas y tardarán largos años en recuperarse.
“No es cualquier monte, había zonas bajo fuego con muchos árboles de gran tamaño. Por eso también fue tan agresivo”, relató Diego Concha, director de Defensa Civil de la Provincia. Bomberos de la zona aseguran que hacía unos 30 años que no se quemaba esa geografía serrana.
Fuentes ligadas al lugar marcaron una hipótesis como origen del fuego: señalan que hubo testigos que vieron que, con el fuerte viento, cables de Epec que cruzan el cerro Mogote habrían caído y aportado las chispas iniciales. Sólo las pericias, si se hacen, podrían determinar el origen.
Impacto
Esa área de reserva natural, además de pulmón verde, ofrece otros servicios ambientales. Entre otros, por su vegetación regula los aportes hídricos en la época de lluvias, impidiendo que se generen crecidas más graves del río Suquía en verano, y evitando que su cauce se reduzca a un extremo mínimo en la temporada seca. También la fauna silvestre sufre las consecuencias.
Entre los impactos inmediatos, con las próximas lluvias buena parte de las cenizas que dejó el fuego como herencia terminarán afectando las aguas del lago San Roque y del río Suquía.
La reserva que el Ejército ahora comparte con Parques Nacionales se ubica entre el río Suquía y la ruta E 55 al norte y la autopista Córdoba–Carlos Paz al sur.
Según se precisó desde Parques Nacionales, algunos espacios internos menores quedaron fuera del criterio de preservación: el sector de La Perla (excentro clandestino de la dictadura y hoy “espacio de la memoria”), un área de uso de la Fuerza Aérea, los terrenos ya privados donde se construyeron las torres Milénica y un sector cedido a Villa Carlos Paz para que monte una nueva planta de tratamiento de residuos.
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Fecha de Publicación: 29/08/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras seis días agitados por los vientos que avivaron los fuegos de varios incendios complicados en la provincia, ayer se vivió una mayor calma tras haberse controlado los dos focos más complejos (cerca de Malagueño y de Falda del Carmen). Ambos podrían quedar realmente extinguidos hoy.
De todos modos, el riesgo alto se mantiene al menos hasta que aparezcan lluvias generalizadas, que no asoman en los pronósticos para la zona con más carga combustible (las sierras y el noroeste provincial). Ayer, como es habitual para estos meses, hubo varios incendios que fueron sofocados antes de expandirse. El que más inquietó, y requirió del apoyo de aviones hidrantes, fue uno en la zona del Camino del Cuadrado, cerca de La Falda.
Bosque maduroLos seis días de fuego dejan secuelas donde las llamas se descontrolaron. De las tres mil hectáreas quemadas en toda la provincia, dos mil se concentraron en los terrenos militares que van desde la ciudad de Córdoba y La Calera hasta el dique San Roque y Malagueño. Desde 2009, esas 13.800 hectáreas del Ejército pasaron a ser una “Reserva Natural de la Defensa”. Siguen siendo militares, pero son gestionados mediante un acuerdo con la Dirección de Parques Nacionales. En 2012, cuando se creó su comité de gestión, se resolvió que serán preservados como bosque nativo, sin posibilidad de uso futuro para cultivos agrícolas ni para urbanizaciones.
Se trata del mayor pulmón verde de la muy poblada región del Gran Córdoba, que cuenta con uno de los bosques autóctonos mejor conservados de toda la provincia. Ahora, dos mil de sus hectáreas acaban de ser arrasadas por las llamas y tardarán largos años en recuperarse.
“No es cualquier monte, había zonas bajo fuego con muchos árboles de gran tamaño. Por eso también fue tan agresivo”, relató Diego Concha, director de Defensa Civil de la Provincia. Bomberos de la zona aseguran que hacía unos 30 años que no se quemaba esa geografía serrana.
Fuentes ligadas al lugar marcaron una hipótesis como origen del fuego: señalan que hubo testigos que vieron que, con el fuerte viento, cables de Epec que cruzan el cerro Mogote habrían caído y aportado las chispas iniciales. Sólo las pericias, si se hacen, podrían determinar el origen.
Impacto
Esa área de reserva natural, además de pulmón verde, ofrece otros servicios ambientales. Entre otros, por su vegetación regula los aportes hídricos en la época de lluvias, impidiendo que se generen crecidas más graves del río Suquía en verano, y evitando que su cauce se reduzca a un extremo mínimo en la temporada seca. También la fauna silvestre sufre las consecuencias.
Entre los impactos inmediatos, con las próximas lluvias buena parte de las cenizas que dejó el fuego como herencia terminarán afectando las aguas del lago San Roque y del río Suquía.
La reserva que el Ejército ahora comparte con Parques Nacionales se ubica entre el río Suquía y la ruta E 55 al norte y la autopista Córdoba–Carlos Paz al sur.
Según se precisó desde Parques Nacionales, algunos espacios internos menores quedaron fuera del criterio de preservación: el sector de La Perla (excentro clandestino de la dictadura y hoy “espacio de la memoria”), un área de uso de la Fuerza Aérea, los terrenos ya privados donde se construyeron las torres Milénica y un sector cedido a Villa Carlos Paz para que monte una nueva planta de tratamiento de residuos.
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El Gran Chaco Americano en desmonte
Detener el desmonte indiscriminado
Fecha de Publicación: 28/08/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: NOA
Un reciente trabajo de monitoreo realizado por expertos internacionales y representantes de la organización Guyra Paraguay, que promueve la protección de la diversidad biológica, comprobó que continúan las prácticas de deforestación sin control en amplias zonas de Argentina, Paraguay y Bolivia que forman parte de la región boscosa más extensa del continente después del Amazonas, conocida como el Gran Chaco Americano.
Según el último informe publicado por Guyra Paraguay, en mayo pasado se detectaron significativos cambios en la cubierta natural de la región del Gran Chaco Americano, que sufrió cambio de usos en 18.278 hectáreas. Si bien en comparación con las 18.320 hectáreas afectadas en abril de este mismo año, se observó una disminución de hectáreas deforestadas, no deja de preocupar la tensión creciente que existe entre la necesidad de conservar los ecosistemas y el continuo avance de las actividades agropecuarias. Los ambientalistas paraguayos observan que a modo de comparación, esas 18.278 hectáreas desmontadas equivalen a un área de más de 1.6 veces la ciudad de Asunción y a más de 0.9 veces la ciudad de Buenos Aires. Según el reciente reporte de la organización, del total de hectáreas de bosques o tierras forestales que registraron cambio a otros usos en mayo pasado, Argentina registró el mayor porcentaje de deforestación con 38 por ciento de áreas de desmonte, seguido por Bolivia con 35 por ciento y Paraguay con 27 por ciento. En el caso específico de Paraguay, el promedio de deforestación fue de 162 hectáreas por día, mientras que Argentina registró un promedio de 224 y Bolivia 204.
Vale recordar que el Gran Chaco Americano es la región boscosa más extensa del continente después del Amazonas y la más grande de bosques secos de América del Sur. Abarca parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil. En su gran extensión, de más 1.000.000 kilómetros cuadrados, se presenta una gran variedad de climas y relieves que dan origen a una amplia diversidad de ambientes.
De acuerdo con Guyra Paraguay, que desde hace siete años realiza tareas de monitoreos en el Gran Chaco Americano, el distrito de la región que mayor cambio de cobertura presentó en mayo de este año fue Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Alto Paraguay, con unas 4.848 hectáreas; mientras que en Argentina, la máxima se registró en Anta, en la provincia del Salta, con unas 1.714 hectáreas y en Bolivia, Charagua (Santa Cruz) obtuvo el área de cambio más extensa, con 4.751 hectáreas de cambio.
Pero en marzo pasado, la situación era aún más grave: Paraguay había registrado el mayor porcentaje de deforestación, con 56 por ciento de áreas de desmonte, seguido por Bolivia, con 27 por ciento, y Argentina, con 17 por ciento. En cuanto a los distritos con mayores cambios en marzo de este año, Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Alto Paraguay, se mantuvo en el primer lugar de las áreas más afectadas con 5.863 hectáreas de cambio; mientras que en Argentina la máxima se registró en el Departamento Almirante Brown de la provincia del Chaco, con unas 1.340 hectáreas. En Bolivia, en tanto, la localidad de Pailón, en Santa Cruz, fue el área que registró el cambio más extenso con 4.046 hectáreas.
En nuestro país está vigente la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, también conocida como ley Bonasso, que estableció que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos. La norma fijó categorías para los usos posibles de las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. De esa manera, se zonificó los bosques en zonas de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse (zona roja); zonas de alto o medio valor de conservación que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación (zona amarilla), y los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una evaluación de impacto ambiental (zona amarilla).
Es imprescindible que se respeten todas estas zonas, fundamentalmente las áreas rojas, como lo establece la ley. Es necesario consolidar un modelo de gestión de los recursos que sea sostenible, avanzando en la aplicación efectiva de la Ley nacional de Bosques Nativos.
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Fecha de Publicación: 28/08/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: NOA
Un reciente trabajo de monitoreo realizado por expertos internacionales y representantes de la organización Guyra Paraguay, que promueve la protección de la diversidad biológica, comprobó que continúan las prácticas de deforestación sin control en amplias zonas de Argentina, Paraguay y Bolivia que forman parte de la región boscosa más extensa del continente después del Amazonas, conocida como el Gran Chaco Americano.
Según el último informe publicado por Guyra Paraguay, en mayo pasado se detectaron significativos cambios en la cubierta natural de la región del Gran Chaco Americano, que sufrió cambio de usos en 18.278 hectáreas. Si bien en comparación con las 18.320 hectáreas afectadas en abril de este mismo año, se observó una disminución de hectáreas deforestadas, no deja de preocupar la tensión creciente que existe entre la necesidad de conservar los ecosistemas y el continuo avance de las actividades agropecuarias. Los ambientalistas paraguayos observan que a modo de comparación, esas 18.278 hectáreas desmontadas equivalen a un área de más de 1.6 veces la ciudad de Asunción y a más de 0.9 veces la ciudad de Buenos Aires. Según el reciente reporte de la organización, del total de hectáreas de bosques o tierras forestales que registraron cambio a otros usos en mayo pasado, Argentina registró el mayor porcentaje de deforestación con 38 por ciento de áreas de desmonte, seguido por Bolivia con 35 por ciento y Paraguay con 27 por ciento. En el caso específico de Paraguay, el promedio de deforestación fue de 162 hectáreas por día, mientras que Argentina registró un promedio de 224 y Bolivia 204.
Vale recordar que el Gran Chaco Americano es la región boscosa más extensa del continente después del Amazonas y la más grande de bosques secos de América del Sur. Abarca parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil. En su gran extensión, de más 1.000.000 kilómetros cuadrados, se presenta una gran variedad de climas y relieves que dan origen a una amplia diversidad de ambientes.
De acuerdo con Guyra Paraguay, que desde hace siete años realiza tareas de monitoreos en el Gran Chaco Americano, el distrito de la región que mayor cambio de cobertura presentó en mayo de este año fue Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Alto Paraguay, con unas 4.848 hectáreas; mientras que en Argentina, la máxima se registró en Anta, en la provincia del Salta, con unas 1.714 hectáreas y en Bolivia, Charagua (Santa Cruz) obtuvo el área de cambio más extensa, con 4.751 hectáreas de cambio.
Pero en marzo pasado, la situación era aún más grave: Paraguay había registrado el mayor porcentaje de deforestación, con 56 por ciento de áreas de desmonte, seguido por Bolivia, con 27 por ciento, y Argentina, con 17 por ciento. En cuanto a los distritos con mayores cambios en marzo de este año, Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Alto Paraguay, se mantuvo en el primer lugar de las áreas más afectadas con 5.863 hectáreas de cambio; mientras que en Argentina la máxima se registró en el Departamento Almirante Brown de la provincia del Chaco, con unas 1.340 hectáreas. En Bolivia, en tanto, la localidad de Pailón, en Santa Cruz, fue el área que registró el cambio más extenso con 4.046 hectáreas.
En nuestro país está vigente la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, también conocida como ley Bonasso, que estableció que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos. La norma fijó categorías para los usos posibles de las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. De esa manera, se zonificó los bosques en zonas de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse (zona roja); zonas de alto o medio valor de conservación que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación (zona amarilla), y los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una evaluación de impacto ambiental (zona amarilla).
Es imprescindible que se respeten todas estas zonas, fundamentalmente las áreas rojas, como lo establece la ley. Es necesario consolidar un modelo de gestión de los recursos que sea sostenible, avanzando en la aplicación efectiva de la Ley nacional de Bosques Nativos.
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Represas: Congreso envió al Ejecutivo los informes
El Congreso envió al Poder Ejecutivo los informes por las represas hidroeléctricas
Fecha de Publicación: 27/08/2017
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional
Gabriela Michetti y Emilio Monzó remitieron las conclusiones de las audiencias públicas de los días 20 y 21 de julio donde se debatió sobre la construcción de represas en Santa Cruz. Allí aparecen las conclusiones del Ministerio de Energía de la Nación, el de Medio Ambiente, la posición de Santa Cruz y los bloques parlamentarios.
Los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, elevaron el martes al Poder Ejecutivo un informe con las conclusiones de las audiencias públicas realizadas los pasados 20 y 21 de julio, sobre la construcción de represas en la provincia de Santa Cruz y su impacto ambiental.
Lo hicieron para cumplir con lo que establece el artículo 10 del anexo de la resolución 52/17, por el que el Congreso notificó al Ejecutivo sobre los resultados de las dos jornadas consecutivas realizadas en el Salón Azul por exigencia de la Corte Suprema de Justicia para habilitar la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.
El documento contiene los informes de los legisladores integrantes de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado; y de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano y de Energía y Combustibles de Diputados.
Los cambios a las represas
TiempoSur accedió al documento elevado por el Congreso donde consta que la audiencia pública se llevó a cabo entre los días 20 y 21 de julio en el Congreso de la Nación y que para facilitar la participación de los ciudadanos de Santa Cruz la audiencia fue trasmitida en simultáneo por videoconferencia a El Calafate.
En cuando a las conclusiones de este procedimiento, las autoridades del Congreso de la Nación manifestaron que la mayoría de los participantes rescató como muy positiva la utilización de la audiencia pública para debatir este tema y “el clima de amplio respeto, profesionalismo, y dominio de los diversos temas por parte de todos los participantes”.
Más adelante, el informe destacó al inicio de la audiencia, los representantes del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, además de presentar la evaluación de factibilidad del proyecto y de resaltar la importancia del mismo para cubrir la demanda futura y diversificar la matriz energética, se focalizaron en describir las modificaciones realizadas al proyecto original para reducir su impacto sobre el medio ambiente.
Entre los principales cambios se resaltó la importante reducción de la cota de la represa NK ole 178.9 msnm a 176.5 msnm para evitar cualquier influencia del proyecto sobre el Lago Argentino y los glaciares adyacentes y el cambio en la operación de la represa JC que pasa a operar en modo de paso para no afectar el comportamiento 1 del Río Santa Cruz aguas abajo de esa presa y tampoco el estuario. También se brindaron detalles del EIA y de las acciones definidas para mitigar los impactos sobre el medio ambiente y un ambicioso programa de compensaciones. Los Legisladores integrantes de las comisiones de energía y medio ambiente de ambas cámaras han evaluado mayoritariamente en forma positiva estos cambios en sus respectivos informes que se adjuntan al presente.
La posición de Santa Cruz
En cuanto a la exposición de los representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se focalizó en el análisis realizado sobre el EIA como parte del proceso de aprobación de su factibilidad. Entre las acciones efectuadas se destacaron las consultas efectuadas a organismos públicos como el IANIGLIA, Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos y la Administración de Parques Nacionales. Estos organismos emitieron dictámenes sobre distintos aspectos del EIA que fueron incorporados a la evaluación de la factibilidad que realizó el Ministerio para cumplir con los requerimientos de la Ley 23.879. Legisladores integrantes de las distintas comisiones consideran que los aspectos técnicos han sido cubiertos con solvencia por los organismos correspondientes.
Los representantes de la Provincia de Santa Cruz encabezados por su vicegobernador Pablo González, expusieron a su turno argumentos muy favorables a la construcción de los aprovechamientos sobre el río Santa Cruz, entre los cuáles destacaron el aporte de energía limpia; que este proyecto es clave para impulsar el desarrollo económico de la provincia; la importancia social relacionada con la generación de aproximadamente 6000 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos en la zona; etc.
También se destaca que la mayor parte de los informes de los miembros de las comisiones de energía de ambas cámaras y muchas de las instituciones que expusieron en la audiencia coinciden en los aspectos positivos enunciados.
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Fecha de Publicación: 27/08/2017
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional
Gabriela Michetti y Emilio Monzó remitieron las conclusiones de las audiencias públicas de los días 20 y 21 de julio donde se debatió sobre la construcción de represas en Santa Cruz. Allí aparecen las conclusiones del Ministerio de Energía de la Nación, el de Medio Ambiente, la posición de Santa Cruz y los bloques parlamentarios.
Los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, elevaron el martes al Poder Ejecutivo un informe con las conclusiones de las audiencias públicas realizadas los pasados 20 y 21 de julio, sobre la construcción de represas en la provincia de Santa Cruz y su impacto ambiental.
Lo hicieron para cumplir con lo que establece el artículo 10 del anexo de la resolución 52/17, por el que el Congreso notificó al Ejecutivo sobre los resultados de las dos jornadas consecutivas realizadas en el Salón Azul por exigencia de la Corte Suprema de Justicia para habilitar la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.
El documento contiene los informes de los legisladores integrantes de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado; y de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano y de Energía y Combustibles de Diputados.
Los cambios a las represas
TiempoSur accedió al documento elevado por el Congreso donde consta que la audiencia pública se llevó a cabo entre los días 20 y 21 de julio en el Congreso de la Nación y que para facilitar la participación de los ciudadanos de Santa Cruz la audiencia fue trasmitida en simultáneo por videoconferencia a El Calafate.
En cuando a las conclusiones de este procedimiento, las autoridades del Congreso de la Nación manifestaron que la mayoría de los participantes rescató como muy positiva la utilización de la audiencia pública para debatir este tema y “el clima de amplio respeto, profesionalismo, y dominio de los diversos temas por parte de todos los participantes”.
Más adelante, el informe destacó al inicio de la audiencia, los representantes del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, además de presentar la evaluación de factibilidad del proyecto y de resaltar la importancia del mismo para cubrir la demanda futura y diversificar la matriz energética, se focalizaron en describir las modificaciones realizadas al proyecto original para reducir su impacto sobre el medio ambiente.
Entre los principales cambios se resaltó la importante reducción de la cota de la represa NK ole 178.9 msnm a 176.5 msnm para evitar cualquier influencia del proyecto sobre el Lago Argentino y los glaciares adyacentes y el cambio en la operación de la represa JC que pasa a operar en modo de paso para no afectar el comportamiento 1 del Río Santa Cruz aguas abajo de esa presa y tampoco el estuario. También se brindaron detalles del EIA y de las acciones definidas para mitigar los impactos sobre el medio ambiente y un ambicioso programa de compensaciones. Los Legisladores integrantes de las comisiones de energía y medio ambiente de ambas cámaras han evaluado mayoritariamente en forma positiva estos cambios en sus respectivos informes que se adjuntan al presente.
La posición de Santa Cruz
En cuanto a la exposición de los representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se focalizó en el análisis realizado sobre el EIA como parte del proceso de aprobación de su factibilidad. Entre las acciones efectuadas se destacaron las consultas efectuadas a organismos públicos como el IANIGLIA, Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos y la Administración de Parques Nacionales. Estos organismos emitieron dictámenes sobre distintos aspectos del EIA que fueron incorporados a la evaluación de la factibilidad que realizó el Ministerio para cumplir con los requerimientos de la Ley 23.879. Legisladores integrantes de las distintas comisiones consideran que los aspectos técnicos han sido cubiertos con solvencia por los organismos correspondientes.
Los representantes de la Provincia de Santa Cruz encabezados por su vicegobernador Pablo González, expusieron a su turno argumentos muy favorables a la construcción de los aprovechamientos sobre el río Santa Cruz, entre los cuáles destacaron el aporte de energía limpia; que este proyecto es clave para impulsar el desarrollo económico de la provincia; la importancia social relacionada con la generación de aproximadamente 6000 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos en la zona; etc.
También se destaca que la mayor parte de los informes de los miembros de las comisiones de energía de ambas cámaras y muchas de las instituciones que expusieron en la audiencia coinciden en los aspectos positivos enunciados.
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Córdoba bajo fuego
En los últimos 15 años hubo 6,5 incendios por día en Córdoba
Fecha de Publicación: 24/08/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El fuego no da tregua en Córdoba: las condiciones climáticas de los últimos días, y especialmente las de ayer, facilitaron una sucesión de incendios en todo el mapa provincial que, desde el viernes, está pintado en “alerta extrema”. La misma condición de muy alto riesgo se mantendrá para hoy.
Alrededor de un centenar de puntos con fuego rural o forestal se registraron ayer, en medio de un intenso viento norte, con escasa humedad. Algunos se sofocaron rápidamente pero otros escaparon de control y se transformaron en serios problemas. Anoche había evidente preocupación por cuatro focos que seguían activos.
Un temor adicional en todos los sectores ligados al Plan Provincial de Manejo del Fuego es que los focos complejos se sumen en forma simultánea en otras regiones, con recursos humanos de bomberos voluntarios que se verían ya al borde del agotamiento tras varias jornadas de esfuerzo.
En este marco de los peores días del año para el fuego en Córdoba, se conoció un estudio, realizado en base a relevamientos satelitales, que precisa que en Córdoba se registraron en 15 años (entre 2001 y 2016) un total de 35.366 focos de calor. La cifra suma incendios forestales o serranos que tuvieron alguna envergadura y las quemas más acotadas en zonas rurales.
El número representa 2.357 focos por año, que es decir 196 por mes o 6,5 por día. Se trata de un promedio, y la prevalencia se da en los meses de estación seca, entre mayo y octubre de cada año.
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Cuatro puntos complicados
De los 35 mil focos, el 30 por ciento se detectó en zonas de forestación natural (sierras y noroeste) y el 70 en regiones agrícolas (generalmente pastizales periurbanos o rastrojos secos de cultivos). Los más graves son los alrededor de 10 mil focos sumados en 15 años en zonas de montes y pastizales serranos, por el mayor daño ambiental que ocasionan.
Los datos fueron publicados ayer por el sitio UNCiencia, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se corresponden a un informe elaborado en base a un nuevo sistema de alerta y monitoreo de incendios, creado por investigadores del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, que depende de la UNC y de la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), a pedido del Sistema de Parques Nacionales.
Hace un mes, este diario publicó la puesta en marcha de ese sistema, que funciona operativamente en la sede cordobesa de la Conae, en Falda del Carmen. Además del monitoreo satelital de los focos de calor y de las superficies quemadas, el sistema suma herramientas para prevenir incendios.
Para comparar: en Argentina, se detectan por año unos 400 mil focos de fuego, según datos de Ambiente de la Nación.
Mucho en cuatro días
Hasta hace cuatro días, en 2017 Córdoba acumulaba unas 1.100 hectáreas quemadas. Hoy, la cifra se elevaría a unas tres mil. Sólo el incendio de la reserva militar La Calera afectó, entre viernes y domingo, unas 1.300 hectáreas.
En 2016 se habían quemado unas 10.300 hectáreas en toda la provincia, la menor cifra de la última década, según datos del Plan de Manejo del Fuego.
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Fecha de Publicación: 24/08/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El fuego no da tregua en Córdoba: las condiciones climáticas de los últimos días, y especialmente las de ayer, facilitaron una sucesión de incendios en todo el mapa provincial que, desde el viernes, está pintado en “alerta extrema”. La misma condición de muy alto riesgo se mantendrá para hoy.
Alrededor de un centenar de puntos con fuego rural o forestal se registraron ayer, en medio de un intenso viento norte, con escasa humedad. Algunos se sofocaron rápidamente pero otros escaparon de control y se transformaron en serios problemas. Anoche había evidente preocupación por cuatro focos que seguían activos.
Un temor adicional en todos los sectores ligados al Plan Provincial de Manejo del Fuego es que los focos complejos se sumen en forma simultánea en otras regiones, con recursos humanos de bomberos voluntarios que se verían ya al borde del agotamiento tras varias jornadas de esfuerzo.
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El número representa 2.357 focos por año, que es decir 196 por mes o 6,5 por día. Se trata de un promedio, y la prevalencia se da en los meses de estación seca, entre mayo y octubre de cada año.
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Los datos fueron publicados ayer por el sitio UNCiencia, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se corresponden a un informe elaborado en base a un nuevo sistema de alerta y monitoreo de incendios, creado por investigadores del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, que depende de la UNC y de la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), a pedido del Sistema de Parques Nacionales.
Hace un mes, este diario publicó la puesta en marcha de ese sistema, que funciona operativamente en la sede cordobesa de la Conae, en Falda del Carmen. Además del monitoreo satelital de los focos de calor y de las superficies quemadas, el sistema suma herramientas para prevenir incendios.
Para comparar: en Argentina, se detectan por año unos 400 mil focos de fuego, según datos de Ambiente de la Nación.
Mucho en cuatro días
Hasta hace cuatro días, en 2017 Córdoba acumulaba unas 1.100 hectáreas quemadas. Hoy, la cifra se elevaría a unas tres mil. Sólo el incendio de la reserva militar La Calera afectó, entre viernes y domingo, unas 1.300 hectáreas.
En 2016 se habían quemado unas 10.300 hectáreas en toda la provincia, la menor cifra de la última década, según datos del Plan de Manejo del Fuego.
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