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Entre Ríos: empresa vinculada a Bergman denunciada
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Bergman se desligó de las denuncias por contaminación en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Aim Digital
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, señalado como padrino de una cooperativa que contamina en Entre Ríos se desligó de las denuncias en su contra alegando que “son políticas”. El funcionario evitó dar respuestas concretas a AIM sobre la contaminación, desmontes y fumigaciones que hacen las fundaciones Raíces y Kosher.
Para evitar hacerse cargo de las denuncias por contaminación que vinculan al ministro de Ambiente, el funcionario dijo a esta Agencia que “son hechos individuales de una sola persona que financia un partido”.
“Hay que preguntarle a toda la comunidad”, aseguró -incómodo- el ministro, quien evitó hablar de las actas que constan en la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que exponen crudamente el desastre ambiental que generan las fundaciones (financiadas por Fundación Judaica de Bergman) en Colonia Avigdor, una localidad del departamento La Paz ubicada a 200 kilómetros de Paraná.
Precisamente, los activistas advierten que se vierten residuos tóxicos por parte de la industria láctea perteneciente a la Fundación Raíces, ubicada en Colonia Avigdor, a un arroyo, cuyo curso de agua corre a unos pocos metros de las viviendas de vecinos de la localidad, viviendas que se encuentran ubicadas frente a la industria.
En ese marco, la empresa apadrinada por el ministro no inició el estudio de impacto ambiental determinado por las Leyes vigentes, según establece el Decreto 497709, según se informó desde la secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
En ese marco, se realizaron inspecciones en las instalaciones y la provincia corroboró que la entidad no cumple con las condiciones adecuadas para su funcionamiento, por lo que se la intimó a realizar las obras necesarias y relocalizar el vertido de desechos, pero hasta la fecha la entidad no concretó lo que se le exigió.
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La multinacional Swift fue intimada por el Acumar
Riesgo ambiental: Intimamos a la firma Swift
Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La cámara de toma de muestras, los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.. Deberán presentar planos y adecuar todo en 5 días.
Una cuadrilla de inspectores de la Patrulla Ambiental realizaron este viernes 8 de febrero por la mañana una fiscalización -con toma de muestra de efluentes- en la planta de la firma alimenticia Swift, ubicada en Pontevedra, partido de Merlo.
Durante la inspección surgieron algunas cuestiones que llamaron la atención de los agentes, principalmente, en relación al estado de las instalaciones de tratamiento de los efluentes. Tanto la cámara de toma de muestras, como los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.
Además de la recorrida y la inspección ocular, uno de los equipos se avocó a tomar muestras de los efluentes líquidos de la planta, que serán llevados a laboratorio para determinar la composición de los mismos.
Más allá del resultado que arrojen estos análisis, ACUMAR intimó a la empresa a presentar planos del sector de tratamiento, tanto de conductos internos como de piletones y lagunas externas. La firma deberá acondicionar la cámara de toma de muestras y presentar además un proyecto para perimetrar el sector de lagunas que se encuentra fuera del predio, cercano a un barrio y sin ningún tipo de delimitación o contención para evitar posibles accidentes y/o intrusiones.
De la inspección participaron también promotores de salud que acudieron para corroborar el estado de la planta frente a reiteradas denuncias “por olores” que realizaban los vecinos y que afectaban la salud de la población.
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Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La cámara de toma de muestras, los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.. Deberán presentar planos y adecuar todo en 5 días.
Una cuadrilla de inspectores de la Patrulla Ambiental realizaron este viernes 8 de febrero por la mañana una fiscalización -con toma de muestra de efluentes- en la planta de la firma alimenticia Swift, ubicada en Pontevedra, partido de Merlo.
Durante la inspección surgieron algunas cuestiones que llamaron la atención de los agentes, principalmente, en relación al estado de las instalaciones de tratamiento de los efluentes. Tanto la cámara de toma de muestras, como los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.
Además de la recorrida y la inspección ocular, uno de los equipos se avocó a tomar muestras de los efluentes líquidos de la planta, que serán llevados a laboratorio para determinar la composición de los mismos.
Más allá del resultado que arrojen estos análisis, ACUMAR intimó a la empresa a presentar planos del sector de tratamiento, tanto de conductos internos como de piletones y lagunas externas. La firma deberá acondicionar la cámara de toma de muestras y presentar además un proyecto para perimetrar el sector de lagunas que se encuentra fuera del predio, cercano a un barrio y sin ningún tipo de delimitación o contención para evitar posibles accidentes y/o intrusiones.
De la inspección participaron también promotores de salud que acudieron para corroborar el estado de la planta frente a reiteradas denuncias “por olores” que realizaban los vecinos y que afectaban la salud de la población.
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Buenos Aires: suspenden tres canteras por daño ambiental
Suspenden tres canteras por el “daño ambiental” generado en dos barrios
Fecha de Publicación: 12/02/2019
Fuente: El Dia
Provincia/Región: Buenos Aires
Suspenden tres canteras por el “daño ambiental” generado en dos barrios los operativos, ayer, en altos de san lorenzo y villa elvira
Ya sea porque suelen convertirse en depósitos a cielo abierto de basura y de virtuales quemas, o porque su gran profundidad las ha convertido en lagunas que implican un riesgo permanente para la vida de los vecinos, las canteras de la Región, unas 70, llevan tiempo en la mira comunal. Y ayer, tras una serie de relevamientos y operativos de control, clausuraron tres predios ubicados en las localidades de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, por distintas irregularidades que, según el Municipio, “ocasionaban daño ambiental en la zona”.
Según informaron fuentes comunales, las tareas las llevó adelante la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano junto a efectivos de la Policía Ecológica, tras verificar que los predios ubicados en 619 y 122 y en 615 y 122 de Villa Elvira, no contaban con la habilitación municipal y provincial correspondiente para realizar la extracción de tierra.
Por otra parte, la cantera de Avenida 19 y 86 de Altos de San Lorenzo era utilizada para arrojar basura y quemar los residuos, provocando un foco de contaminación ambiental en la zona, se indicó.
El Secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, indicó que “los agentes especializados de la Dirección de Control Ambiental alertaron que ante la quema de residuos se podrían generar sustancias químicas contaminantes que afectarían el aire y el suelo, por eso se procedió a la clausura preventiva de dichos predios”.
“Estamos reforzando el proceso de capacitación de los inspectores especializados en la materia para que actúen ante estos casos y aplicando las sanciones correspondientes cuando se viole la Ordenanza Municipal 9790 y 10703, referida a los usos específicos, control y verificación de la cantera”, agregó.
Para denunciar irregularidades y malos manejos que ocasionen o pongan en riesgo el medio ambiente, los vecinos pueden contactarse con el área de Control Ambiental a través de la línea 147 del municipio.
Hay unas 70
En La Plata, como informó este diario en un reciente artículo, hay unas 70 canteras. Los enormes socavones se encuentran Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet, Gorina, Hernández, Los Hornos, Villa Elisa, Villa Alba, Abasto, Aeropuerto, Frisón, Melchor Romero, Colonia Urquiza, El Peligro y Altos de San Lorenzo, entre otros. Algunas de esas canteras superan con holgura las diez hectáreas de superficie.
Las canteras suelen ser fuente de diferentes riesgos y los especialistas han señalado que, esto se debe, entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente y la responsabilidad que eluden habitualmente tanto los propietarios de los predios como los canteristas, que una vez que culminan con la explotación de las cavas no aportan soluciones para su recuperación.
Como se ha indicado, los peligros y daños que originan las numerosas canteras existentes son tantos que en La Plata se decidió regular la actividad de esos predios en una ordenanza, la 9760 de 2004. Su texto determina que las empresas que realicen actividades extractivas de suelos deben rodear el predio con un alambrado olímpico, colocar carteles de alerta y tener custodia privada las 24 horas.
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Fecha de Publicación: 12/02/2019
Fuente: El Dia
Provincia/Región: Buenos Aires
Suspenden tres canteras por el “daño ambiental” generado en dos barrios los operativos, ayer, en altos de san lorenzo y villa elvira
Ya sea porque suelen convertirse en depósitos a cielo abierto de basura y de virtuales quemas, o porque su gran profundidad las ha convertido en lagunas que implican un riesgo permanente para la vida de los vecinos, las canteras de la Región, unas 70, llevan tiempo en la mira comunal. Y ayer, tras una serie de relevamientos y operativos de control, clausuraron tres predios ubicados en las localidades de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, por distintas irregularidades que, según el Municipio, “ocasionaban daño ambiental en la zona”.
Según informaron fuentes comunales, las tareas las llevó adelante la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano junto a efectivos de la Policía Ecológica, tras verificar que los predios ubicados en 619 y 122 y en 615 y 122 de Villa Elvira, no contaban con la habilitación municipal y provincial correspondiente para realizar la extracción de tierra.
Por otra parte, la cantera de Avenida 19 y 86 de Altos de San Lorenzo era utilizada para arrojar basura y quemar los residuos, provocando un foco de contaminación ambiental en la zona, se indicó.
El Secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, indicó que “los agentes especializados de la Dirección de Control Ambiental alertaron que ante la quema de residuos se podrían generar sustancias químicas contaminantes que afectarían el aire y el suelo, por eso se procedió a la clausura preventiva de dichos predios”.
“Estamos reforzando el proceso de capacitación de los inspectores especializados en la materia para que actúen ante estos casos y aplicando las sanciones correspondientes cuando se viole la Ordenanza Municipal 9790 y 10703, referida a los usos específicos, control y verificación de la cantera”, agregó.
Para denunciar irregularidades y malos manejos que ocasionen o pongan en riesgo el medio ambiente, los vecinos pueden contactarse con el área de Control Ambiental a través de la línea 147 del municipio.
Hay unas 70
En La Plata, como informó este diario en un reciente artículo, hay unas 70 canteras. Los enormes socavones se encuentran Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet, Gorina, Hernández, Los Hornos, Villa Elisa, Villa Alba, Abasto, Aeropuerto, Frisón, Melchor Romero, Colonia Urquiza, El Peligro y Altos de San Lorenzo, entre otros. Algunas de esas canteras superan con holgura las diez hectáreas de superficie.
Las canteras suelen ser fuente de diferentes riesgos y los especialistas han señalado que, esto se debe, entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente y la responsabilidad que eluden habitualmente tanto los propietarios de los predios como los canteristas, que una vez que culminan con la explotación de las cavas no aportan soluciones para su recuperación.
Como se ha indicado, los peligros y daños que originan las numerosas canteras existentes son tantos que en La Plata se decidió regular la actividad de esos predios en una ordenanza, la 9760 de 2004. Su texto determina que las empresas que realicen actividades extractivas de suelos deben rodear el predio con un alambrado olímpico, colocar carteles de alerta y tener custodia privada las 24 horas.
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Riachuelo y la eterna carga ambiental
El Riachuelo, la contaminación imparable y más de 5 millones de personas en riesgo
Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Cada día recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales y 368.000 de aguas servidas. Hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido. La salud de los pobladores, el plomo en la sangre de los niños y qué hace falta para sanear la Cuenca
La historia es vieja. Nadie la resuelve en su totalidad. Demuestra la fragmentación de poderes entre la Justicia, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y gran cantidad de municipios.
Hablamos de la Cuenca del Riachuelo, una cloaca abierta, una vergüenza argentina que muchas veces nos dejó sin argumento cuando, por ejemplo, se evidenciaron las protestas en el país contra las plantas de elaboración de papel frente al Uruguay. Tiene 64 kilómetros de extensión, atraviesa catorce municipios y cubre 2.000 kilómetros cuadrados.
Su permanente contaminación afecta a 5 millones y medio de habitantes, entre los cuales casi 4 de cada 10 no tienen agua potable y más de la mitad no posee cloacas. Cada día, históricamente hablando, el Riachuelo recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales de muchas de las fábricas instaladas en su orillas. En toda la Cuenca hay 13.000 establecimientos industriales.De ese total, 1397 han sido declarados agentes contaminantes.
A esos afluentes químicos se les suman 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales – según algunos organismos controladores- sólo 5 por ciento recibe tratamiento específico. Si se sigue la opinión de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), creada especialmente para que todas las jurisdicciones afectadas se pongan de acuerdo y no se peleen entre sí, un tercio del caudal intoxicador proviene de descargas industriales. Aseguraron en ACUMAR que de las industrias contaminantes 412 fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso.
En esa misma Cuenca hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido, usada por 13 villas de emergencia en la parte baja del río.
En Villa Inflamable, es el caso, los niños tienen 5 veces más plomo que lo aceptable.
El plomo enferma a quien lo padece, atrasa su crecimiento, lo lleva a comportamientos agresivos, afecta la piel y le produce consecuencias dolorosas hasta el día de su muerte.
Eso no es todo. En muestras recogidas en la zona se detectó en laboratorios especializados en el exterior la presencia de nonifenol, que va destruyendo el sistema reproductivo y la hormona estrógeno. También se encontraron rastros de insecticidas cancerígenos y el prohibido DDT. Se comprobó la presencia de elementos que afectan el cerebro y los riñones, otro que se ensaña con los riñones y el hígado.
Daños a la salud de tal magnitud que se asemeja a una guerra, con gente afectada de por vida, sin solución de continuidad.
La campaña por la limpieza urgente del Riachuelo se inició a comienzos se la década del 90. La solventó APOC, la asociación del personal de Organismos de Control, por sus propias investigaciones y la acción de asociaciones vecinales. APOC demostró entonces que con solo 50 millones de dólares Inglaterra había podido limpiar a fondo y para siempre el río Támesis, muy contaminado.
La extinta María Julia Alsogaray, alta funcionaria del gobierno de Carlos Menem, dijo con omnipotencia, que en un corto tiempo ella haría que se revirtiera el problema. No pasó nada. Fue una promesa tirada al viento.
El asunto fue tan relevante que llegó a la Corte Suprema quien ordenó la limpieza de la Cuenca sin resultado alguno: nadie obedeció. Como la acción no depende de un solo ente sino de varios (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y municipios, como ya dijimos) no había manera de unir criterios, presupuestos y conveniencias políticas. Un antiguo drama que es el desentendimiento argentino.
En un segundo tiempo, la Corte Suprema de Justicia decidió, en la causa caratulada "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/el Estado Nacional s/daños y perjuicios", condenar al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a ejecutar de una vez por todas un programa de saneamiento sobre la aguas del Riachuelo y alrededores del mismo.
La contienda tuvo su origen en el año 2006 cuando 17 damnificados promovieron demanda contra los poderes constituidos y contra 44 empresas. La Corte especificó un programa de acción que obligaba a codificar la partidas presupuestarios y asignar a la Auditoría General de la Nación la realización de un control permanente de la asignación de recursos y de ejecución presupuestaria.
Actuó ACUMAR a lo largo del tiempo pero los resultados dejan mucho que desear. Un grupo de ONGs acusó, precisamente a ACUMAR, de ser "incapaz" de limpiar el Riachuelo. Pedían enfrentar las problemáticas desde una mirada integral, multidisciplinaria y participativa.
Si bien ACUMAR organizó un encuentro con especialistas de Alemania, Colombia, España, Corea del Sur, Ecuador , Estados Unidos, Italia y Brasil donde se debatió sobre sanidad ambiental, las ONGs combativas cuestionaron la "falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Corte Suprema de Justicia" y reprobaron "el desempeño de ACUMAR por su vaciamiento". Exigieron trasparentar el funcionamiento de
ACUMAR en cuanto a su presupuesto y su ejecución.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, advirtió que el recorte presupuestario para cumplir el objetivo es muy evidente. En cuanto a la atención medica faltan personal y recursos. El Hospital Argerich está colapsado y los centros de salud de la zona no tienen capacidad. Las afecciones que más se registran en la zona -señaló Alberti- son las alergias en la piel y en las vías respiratorias. Lo recalcan los médicos de la zona y las farmacias.
La contaminación sigue omnipresente. En el segundo semestre del año pasado, en las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24 de Barracas, se detectaron restos de plomo.
En esa villa una muestra tomada sobre 962 niños menores de 6 años, el 25 por ciento tiene plomo en la sangre según todos los organismos y representaciones oficiales.
Y se aclaró : "El plomo compite en el organismo con el calcio y el hierro lo que puede predisponer a la persona a dos respuestas iniciales: trastorno en el desarrollo para el aprendizaje del niño y anemia. Puede afectar al sistema nervioso central en la forma de cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y la memoria, graves dolores en el cuerpo, cambios drásticos de humor". El padecimiento crónico es el "saturnismo".
Hay especialistas quienes aseguran que en tres años y un presupuesto de 300 millones de dólares para su limpieza total el Riachuelo pasaría a "ser apto para el desarrollo de actividades recreativas pasiva y de vida acuática". ¿ Sueños de una noche de verano ?
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La contaminación de Villa Inflamable no es generalizada
“Sin contaminación generalizada”
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Riachuelo
El informe preliminar del organismo sobre el monitoreo permanente de suelos indica ausencia de contaminación generalizada y de derrames contaminantes. Se tomaron 160 muestras.
El Director de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Económico de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Carlos Alberto Nadra, adelantó que desde el organismo se está realizando un monitoreo de suelos en Villa Inflamable, y anticipó que los datos preliminares indican la carencia de una contaminación generalizada y de derrames contaminantes en lagunas.
–¿Cuántas muestras se obtuvieron de Villa Inflamable?
–Ciento sesenta muestras de suelo superficial y subsuperficial obtenidas del muestreo de 80 puntos de sondeos, 10 muestras de agua superficial y sedimentos en lagunas, once muestras de agua subterránea de pozo de monitoreo instalados en los acuíferos freáticos.
–¿En qué consiste el estudio de Villa Inflamable?
–Es un estudio de caracterización de Villa Inflamable que comprende cuatro etapas, la primera es el análisis de toda la información que viene realizando Acumar. La segunda es el monitoreo de la zona, del suelo, agua superficial, agua subterránea y polvo atmosférico cubriendo todas las matrices. Eso arrojó que no existe contaminación generalizada, no hay derrames, hay algunos metales pesados, lo que estaría indicando escorias típicas del origen de estos suelos que tuvieron una actividad industrial. También se están evaluando las actividades informales que fueron comprobadas y sobre las cuales se va a trabajar en la etapa 4, como la quema de cables, la reventa de baterías, el desarme y reventa.
–¿Cómo se continuó luego de finalizada la etapa 2?
–Terminada la etapa 2 los resultados dieron muy por debajo de la 8.31 del suelo residencial, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces entramos a la etapa 3 que es lo que llamamos RBCA Tool Kit for Chemical Releases. La traducción es: Acciones Correctivas basadas en el Analisis de Riesgo. Y es un software.
–¿Qué es el índice de “la 8.31” y en qué consiste ese software?
–La 8.31 es el decreto reglamentario de la ley 24051 de residuos peligrosos, del año 2009, que fija los niveles guías para residencial, industrial y agrícola. Arroja los valores, cuáles son las concentraciones máximas permitidas o niveles guías. El software integral está basado en el riesgo de las rutas de exposición: contacto, ingestión, inhalación. Para ello es fundamental contar con antecedentes como los que posee Acumar de control y monitoreo de las diferentes matrices y de relevamiento social y de salud. Se hace el análisis de riesgo a la salud en donde no tiene mucho que ver la concentración de los analitos sino la evaluación de la exposición. Eso arroja un valor de riesgo para la salud que no tiene que ver con la concentración del analito sino con la vía de exposición, cuánto tiempo y de qué forma está expuesta la persona a ese analito.
–¿Qué es un analito?
–En química analito es un componente de interés. Puede ser un elemento, un compuesto o un ion. Por ejemplo, cuando decimos que hallamos cobre en suelo decimos que el analito Cobre se encontró presente en tal concentración.
–La Corte había definido en 2008 la relocalización de las personas que viven en Villa Inflamable, ¿tiene conocimiento en qué instancias está eso?
–Esa no es mi área sino de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Había un grupo de gente que se tenía que relocalizar pero no estaba relacionado en sí a contaminaciones del suelo específicamente. A parte eso es del año 2008 y yo llegué a la Dirección de Impacto Ambiental en el 2017, así que no tengo esa información. Justamente en Villa Inflamable tenés una estación de monitoreo continuo de calidad de aire que lleva más de siete años. También hicimos una caracterización en el Barrio Alianza, un área donde está programada la relocalización, que está al costado de la zona y pidieron, en su momento, que se haga un análisis de suelo. El estudio preliminar que hicimos desde la Dirección que dirijo dio que la totalidad de muestra de suelo, tanto superficiales como subsuperficiales, presentaron concentraciones por debajo de los niveles guías de la 8.31.
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Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Riachuelo
El informe preliminar del organismo sobre el monitoreo permanente de suelos indica ausencia de contaminación generalizada y de derrames contaminantes. Se tomaron 160 muestras.
El Director de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Económico de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Carlos Alberto Nadra, adelantó que desde el organismo se está realizando un monitoreo de suelos en Villa Inflamable, y anticipó que los datos preliminares indican la carencia de una contaminación generalizada y de derrames contaminantes en lagunas.
–¿Cuántas muestras se obtuvieron de Villa Inflamable?
–Ciento sesenta muestras de suelo superficial y subsuperficial obtenidas del muestreo de 80 puntos de sondeos, 10 muestras de agua superficial y sedimentos en lagunas, once muestras de agua subterránea de pozo de monitoreo instalados en los acuíferos freáticos.
–¿En qué consiste el estudio de Villa Inflamable?
–Es un estudio de caracterización de Villa Inflamable que comprende cuatro etapas, la primera es el análisis de toda la información que viene realizando Acumar. La segunda es el monitoreo de la zona, del suelo, agua superficial, agua subterránea y polvo atmosférico cubriendo todas las matrices. Eso arrojó que no existe contaminación generalizada, no hay derrames, hay algunos metales pesados, lo que estaría indicando escorias típicas del origen de estos suelos que tuvieron una actividad industrial. También se están evaluando las actividades informales que fueron comprobadas y sobre las cuales se va a trabajar en la etapa 4, como la quema de cables, la reventa de baterías, el desarme y reventa.
–¿Cómo se continuó luego de finalizada la etapa 2?
–Terminada la etapa 2 los resultados dieron muy por debajo de la 8.31 del suelo residencial, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces entramos a la etapa 3 que es lo que llamamos RBCA Tool Kit for Chemical Releases. La traducción es: Acciones Correctivas basadas en el Analisis de Riesgo. Y es un software.
–¿Qué es el índice de “la 8.31” y en qué consiste ese software?
–La 8.31 es el decreto reglamentario de la ley 24051 de residuos peligrosos, del año 2009, que fija los niveles guías para residencial, industrial y agrícola. Arroja los valores, cuáles son las concentraciones máximas permitidas o niveles guías. El software integral está basado en el riesgo de las rutas de exposición: contacto, ingestión, inhalación. Para ello es fundamental contar con antecedentes como los que posee Acumar de control y monitoreo de las diferentes matrices y de relevamiento social y de salud. Se hace el análisis de riesgo a la salud en donde no tiene mucho que ver la concentración de los analitos sino la evaluación de la exposición. Eso arroja un valor de riesgo para la salud que no tiene que ver con la concentración del analito sino con la vía de exposición, cuánto tiempo y de qué forma está expuesta la persona a ese analito.
–¿Qué es un analito?
–En química analito es un componente de interés. Puede ser un elemento, un compuesto o un ion. Por ejemplo, cuando decimos que hallamos cobre en suelo decimos que el analito Cobre se encontró presente en tal concentración.
–La Corte había definido en 2008 la relocalización de las personas que viven en Villa Inflamable, ¿tiene conocimiento en qué instancias está eso?
–Esa no es mi área sino de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Había un grupo de gente que se tenía que relocalizar pero no estaba relacionado en sí a contaminaciones del suelo específicamente. A parte eso es del año 2008 y yo llegué a la Dirección de Impacto Ambiental en el 2017, así que no tengo esa información. Justamente en Villa Inflamable tenés una estación de monitoreo continuo de calidad de aire que lleva más de siete años. También hicimos una caracterización en el Barrio Alianza, un área donde está programada la relocalización, que está al costado de la zona y pidieron, en su momento, que se haga un análisis de suelo. El estudio preliminar que hicimos desde la Dirección que dirijo dio que la totalidad de muestra de suelo, tanto superficiales como subsuperficiales, presentaron concentraciones por debajo de los niveles guías de la 8.31.
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Acumar pone la lupa en los countries
Countries en la mira: analizan contaminación en 74 barrios
Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Riachuelo
La Acumar, creada tras el fallo de la Corte de 2008, inspeccionó a los 74 conjuntos inmobiliarios de la cuenca Matanza Riachuela, en especial a los barrios cerrados que generan eluentes cloacales y deben tener plantas de tratamiento funcionando
La agencia ambiental Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo puso la lupa en los countries y sus efluentes cloacales. Hay 74 conjuntos inmobiliarios en la zona de influencia de la Acumar y todos tienen la obligación de tener plantas de tratamiento de estos residuos.
En los últimos meses todos fueron inspeccionados, se tomaron muestras de los cursos de agua de las cercanías, algunos fueron intimados para que corrigieran situaciones con sus plantas de tratamiento, sufrieron sanciones, y por último, resultaron incluidos en los establecimientos que debían empadronarse en el censo que realizó la Acumar y que terminó la semana pasada.
La cuenca Matanza Riachuelo sufre tres problemas puntuales: el principal por mucho es el de los efluentes cloacales, explicó Nicolás Bardella, director general de ambiente de la Acumar. Sólo 39% de la población de la cuenca tiene cloacas, aunque se están haciendo grandes trabajados para solucionar este problema, los que dependen en su mayoría de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El segundo problema es de los residuos urbanos, la Acumar retira 100.000 toneladas de basura sólida al año de la cuenca, comentó Bardella.
Y por último, los efluentes industriales, entre los que se cuentan los de industrias propiamente dichas y otros que se consideran como tales, por ejemplo, los lavaderos de autos y los propios countries.
Tampoco los countries de la cuenca tienen cloacas en su gran mayoría, pero sí tienen obligación de tener su propia planta de tratamiento de efluentes antes de volcar aguas a los cursos de agua.
De estos establecimientos variados, 831 fueron encontrados en falta con la normativa ambiental por Acumar, que realiza 6.000 inspecciones de la cuenca al año; declarados agentes contaminantes, e intimados a presentar un Plan de Adecuación, según una nueva normativa de inspección para Matanza Riachuelo, indicó Bardella.
Se trata de la Resolución 12/2019 de la Presidencia de la Acumar, del 14 de enero, que derogó 30 normas que tornaban burocrático todo el trabajo de la agencia ambiental.
Sobre todo, subió de 5 a 22 las infracciones asociadas al daño que realmente se genera a los cursos de agua de la cuenca y al aire, con efluentes gaseosos, y no tanto a cuestiones de presentaciones de papeles como eran las anteriores.
Las multas se gradúan ahora por fórmulas que tienen en cuenta los tipos de infracción, el nivel de incidencia de la industria (no es lo mismo una refinería que un lavadero de autos) y un coeficiente económico que diferencia pymes, monotributistas y grandes empresas.
Por una infracción formal un monotributista puede tener que pagar $ 5000 y una gran empresa que genere un vuelco al río con desvíos graves de la normativa ambiental, enfrentará una sanción de $ 6 millones, ejemplificó Bardella.
Para los countries no se utiliza el coeficiente económico, sino la cantidad de parcelas, ya que no es lo mismo un barrio cerrado donde viven 1000 personas que uno donde viven 10.000, y principalmente se sanciona con multas el vuelco de efluentes por fuera de los parámetros que para la Acumar son normales, expresó el funcionario.
También el no empadronamiento tiene sanción, que para los countries, al ser personas jurídicas es de $ 180.000, mientras que para las personas humanas de $ 50.000.
Este empadronamiento es el primero que se hace desde 2008, cuando se puso en funciones el sistema de control tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Además, sacó del listado de los candidato a peluquerías o carnicería de barrios, y añadió a lavaderos de autos y countries, que tienen riesgos más realistas.
Terminó el domingo 20 pasado pero sólo llegó a censarse 60% de los establecimientos que calcula la Acumar que hay en la cuenca gracias a cruces con los organismos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
Por ese motivo, ya está intimando a muchos a empadronarse. Si lo hacen dentro de los 10 días de notificados por carta documento, la multa se convierte en apercibimiento no monetario.
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Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Riachuelo
La Acumar, creada tras el fallo de la Corte de 2008, inspeccionó a los 74 conjuntos inmobiliarios de la cuenca Matanza Riachuela, en especial a los barrios cerrados que generan eluentes cloacales y deben tener plantas de tratamiento funcionando
La agencia ambiental Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo puso la lupa en los countries y sus efluentes cloacales. Hay 74 conjuntos inmobiliarios en la zona de influencia de la Acumar y todos tienen la obligación de tener plantas de tratamiento de estos residuos.
En los últimos meses todos fueron inspeccionados, se tomaron muestras de los cursos de agua de las cercanías, algunos fueron intimados para que corrigieran situaciones con sus plantas de tratamiento, sufrieron sanciones, y por último, resultaron incluidos en los establecimientos que debían empadronarse en el censo que realizó la Acumar y que terminó la semana pasada.
La cuenca Matanza Riachuelo sufre tres problemas puntuales: el principal por mucho es el de los efluentes cloacales, explicó Nicolás Bardella, director general de ambiente de la Acumar. Sólo 39% de la población de la cuenca tiene cloacas, aunque se están haciendo grandes trabajados para solucionar este problema, los que dependen en su mayoría de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El segundo problema es de los residuos urbanos, la Acumar retira 100.000 toneladas de basura sólida al año de la cuenca, comentó Bardella.
Y por último, los efluentes industriales, entre los que se cuentan los de industrias propiamente dichas y otros que se consideran como tales, por ejemplo, los lavaderos de autos y los propios countries.
Tampoco los countries de la cuenca tienen cloacas en su gran mayoría, pero sí tienen obligación de tener su propia planta de tratamiento de efluentes antes de volcar aguas a los cursos de agua.
De estos establecimientos variados, 831 fueron encontrados en falta con la normativa ambiental por Acumar, que realiza 6.000 inspecciones de la cuenca al año; declarados agentes contaminantes, e intimados a presentar un Plan de Adecuación, según una nueva normativa de inspección para Matanza Riachuelo, indicó Bardella.
Se trata de la Resolución 12/2019 de la Presidencia de la Acumar, del 14 de enero, que derogó 30 normas que tornaban burocrático todo el trabajo de la agencia ambiental.
Sobre todo, subió de 5 a 22 las infracciones asociadas al daño que realmente se genera a los cursos de agua de la cuenca y al aire, con efluentes gaseosos, y no tanto a cuestiones de presentaciones de papeles como eran las anteriores.
Las multas se gradúan ahora por fórmulas que tienen en cuenta los tipos de infracción, el nivel de incidencia de la industria (no es lo mismo una refinería que un lavadero de autos) y un coeficiente económico que diferencia pymes, monotributistas y grandes empresas.
Por una infracción formal un monotributista puede tener que pagar $ 5000 y una gran empresa que genere un vuelco al río con desvíos graves de la normativa ambiental, enfrentará una sanción de $ 6 millones, ejemplificó Bardella.
Para los countries no se utiliza el coeficiente económico, sino la cantidad de parcelas, ya que no es lo mismo un barrio cerrado donde viven 1000 personas que uno donde viven 10.000, y principalmente se sanciona con multas el vuelco de efluentes por fuera de los parámetros que para la Acumar son normales, expresó el funcionario.
También el no empadronamiento tiene sanción, que para los countries, al ser personas jurídicas es de $ 180.000, mientras que para las personas humanas de $ 50.000.
Este empadronamiento es el primero que se hace desde 2008, cuando se puso en funciones el sistema de control tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Además, sacó del listado de los candidato a peluquerías o carnicería de barrios, y añadió a lavaderos de autos y countries, que tienen riesgos más realistas.
Terminó el domingo 20 pasado pero sólo llegó a censarse 60% de los establecimientos que calcula la Acumar que hay en la cuenca gracias a cruces con los organismos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
Por ese motivo, ya está intimando a muchos a empadronarse. Si lo hacen dentro de los 10 días de notificados por carta documento, la multa se convierte en apercibimiento no monetario.
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Detectan disruptores endócrinos asociados a Botnia
La CARU oculta la severa contaminación provocada por Botnia en el río Uruguay
Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
Una investigación realizada entre 2006 y 2012 comprobó la presencia de índices de toxicidad en las aguas cercanas a Fray Bentos, próximas al efluente de la pastera
Una investigación de una científica uruguaya, efectuada entre 2006 y 2012 y publicada al año siguiente, reveló la presencia de disruptores endócrinos en el río Uruguay, “cerca de las zonas de descarga” del efluente de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos. La zona donde se realizó el estudio abarca desde las localidades de Nuevo Berlín a Las Cañas, incluyendo las playas Ubici, Anglo, la Bahía de Yaguareté y los arroyos Fray Bentos y Yaguareté.
Desde 2013 hasta ahora, los resultados de semejante investigación fueron ocultados al menos por dos organismos estatales del vecino país: la Delegación Uruguaya ante la CARU y la Gerencia de Agua Potable de Obras Sanitarias (OSE), máxime si se tiene en cuenta que, por un lado la autora del estudio científico es funcionaria de un importante organismo científico uruguayo y que por otro las comprobaciones alcanzadas afectan el agua del río tanto para su consumo, el uso recreativo y la pesca. Las sustancias halladas en las aguas del río Uruguay pueden causar desórdenes hormonales y enfermedades graves en seres vivos.
La investigación "Evaluación integrada de riesgos de disruptores endocrinos en el Río Uruguay" (1) fue la tesis de doctorado de la investigadora uruguaya Diana Míguez Caramés en el Instituto Cranfield del Agua, de la Escuela de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido. Actualmente Míguez Caramés es directora del Programa Agua y Medio Ambiente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Míguez Caramés realizó estudios de post grado en gestión de riesgos del agua y desde 2006 se dedicó a investigar los posibles efectos en el Río Uruguay de la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM). "Si bien los efluentes tratados de estas plantas no suelen ser tóxicos en forma aguda, internacionalmente se observó disrupción en peces cerca de las zonas de descarga", explicó.
La subcuenca delimitada para la investigación quedó entre las localidades de Nuevo Berlín y Las Cañas en Rio Negro. Se incluyeron puntos de muestreo frente a Fray Bentos sobre el Río Uruguay, en el canal divisorio en el río, cercano a Gualeguaychú, en las playas de Ubici y Anglo, en la Bahía de Yaguareté y en los arroyos Fray Bentos y Yaguareté, considerando aguas del río y arroyos, suelos y sedimentos.
Asimismo el estudio determinó que la “pluma” del efluente de Botnia en Fray Bentos se extiende hasta unos dos kilómetros y medio del lugar propiamente dicho de lugar de descarga sobre el curso del río Uruguay.
La tesis concluyó que efectivamente existe una mezcla de disruptores endocrinos en los peces del Río Uruguay provenientes de las fuentes estudiadas. En la fase cuantitativa se evaluó que, si bien la salud del río era en general buena, existían riesgos por la eutrofización (brotes de algas tóxicas) en algunas zonas.
Se analizaron cerca de mil ejemplares del pez mojarra (Astyanax fasciatus), elegida como especie centinela o bioindicadora. "Los ensayos con la mojarra mostraron que los órganos de reproducción de los machos pescados en Playa Ubici, con influencia probable de efluentes tratados de la planta de celulosa, y los obtenidos en Las Cañas, estaban en condiciones no óptimas, en cuanto a la relación entre el peso y el largo del pez", explica Míguez.
La investigación evaluó en ese momento que los riesgos eran de magnitud baja para el ser humano, pero que los riesgos para el ambiente llegaban a ser de magnitud en algunas zonas, pues se observaron alteraciones como en el caso de la mojarra.
La presencia de disruptores endócrinos hace necesarias medidas de tratamiento de las aguas destinadas a consumo y de las aguas residuales descargadas en el medio acuático.
En las aguas para consumo, por ejemplo, las estrategias más comunes son la absorción con carbón activo y, en menor medida, la filtración con membranas. Ninguno de estos mecanismos se han puestos en marcha hasta ahora.
Qué es un disruptor endócrino
Se denominan xenoestrógenos o disruptores endócrinos a ciertos compuestos diseñados y desarrollados por el ser humano que, al imitar o alterar el efecto de las hormonas, pueden enviar mensajes confusos al organismo, ocasionando diversas disfunciones. Todos estamos expuestos a sustancias químicas que pueden alterar nuestro sistema hormonal y causar numerosos problemas de salud de efectos irreversibles.
Un disruptor endócrino u hormonal Endocrine Disrupting Chemicals (EDC por sus siglas en inglés) es una sustancia química ajena al cuerpo humano o a la especie animal, capaz de alterar el equilibrio hormonal de los organismos de una especie. Es decir, generan la interrupción de algunos procesos fisiológicos controlados por hormonas o provocan una respuesta de mayor o menor intensidad que lo habitual o normal.
A su vez, la citotoxicidad es la cualidad que poseen algunas células para ser tóxicas frente a otras que están alteradas. Es uno de los mecanismos de defensa de ciertas células del sistema inmunitario, para interaccionar con otras células y destruirlas. Son sustancias tóxicas que pueden estar involucradas en la inmunidad o contenidas en venenos, como los agrotóxicos.
Habitualmente, cuando se considera la contaminación y sus fuentes se suele hablar solo del fenómeno a simple vista y sus efectos inmediatos sobre el ambiente y la salud humana. Sin embargo, existen otras formas y fuentes de contaminación, que son invisibles y de largo plazo, que pueden ser mucho más peligrosas, como es el caso de los efectos que provoca la pastera de Fray Bentos.
El empleo de sustancias que actúan como disruptores endócrinos en numerosos procesos industriales ha llevado a su dispersión en el ambiente, siendo el medio acuático uno de los más sensibles a la contaminación y a la alteración de organismos y sistemas por parte de estos compuestos.
Cuando se mencionan los EDC, se alude normalmente a sustancias que pueden provocar infertilidad o cambios de sexo en peces e invertebrados. En los seres humanos afectan la fertilidad y pueden provocar pequeñas alteraciones como genitales ambiguos o testículos que no bajan al escroto.
Los disruptores endócrinos se encuentran en hormonas, pesticidas, en varios compuestos usados en la fabricación de plásticos y también en las materias primas usadas para el blanqueo de pulpa de madera y en los subproductos y residuos generados por la industria de la pasta de celulosa. Su carácter persistente y facilidad de difusión, les hace estar distribuidos indiscriminadamente, más allá de divisiones geográficas.
La Unión Europea ha identificado unas 680 sustancias con efectos disruptores, entre las que se encuentran compuestos tales como dioxinas, furanos, bifenilos, policlorinados (o también conocidos como PCB), numerosos plaguicidas, hexaclorobenceno, ftalatos, alquilfenoles y bisfenol-A, entre otros.
La ciencia ha demostrado la vinculación de estas sustancias con infertilidad, obesidad, malformaciones y cáncer de órganos reproductores masculinos y femeninos, mala calidad del esperma y endometriosis, entre otras afecciones.
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El modelo agroindustrial sigue matando abejas
Apicultores indignados: murieron miles de abejas luego de ser fumigadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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Luminaria pública peligrosa
Advierten sobre posible contaminación con mercurio del alumbrado público en más de 30 municipios bonaerenses
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
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Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
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La FAUBA propone microalgas para limpiar el Riachuelo
Un equipo de Agronomía, detrás del sueño de limpiar el Riachuelo usando microalgas
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Riachuelo
Que la Cuenca Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del país, no caben dudas. Un basural a cielo abierto, cuyo saneamiento fue prometido por cuanto Gobierno hubo en las últimas décadas. La tarea de sanearlo está a cargo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada por ley, que hace 10 años puso en marcha el llamado Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se sumó a la titánica tarea de limpiar el Riachuelo. Asegura que probó con éxito una técnica novedosa, denominada “biosorción”, para sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados en la Cuenca.
“La investigación pasa por utilizar biomasa de microalgas para remover materiales pesados. Mezclamos esa biomasa, la cual tiene capacidad de retener los metales presentes en un efluente. Un caso es el del Zinc, generado por la industria de la galvanoplastia y que conlleva graves problemas para la salud humana”, comentó a Bichos de Campo, Agustín Rearte, docente e investigador de la cátedra de química inorgánica y analítica de la FAUBA.
El proyecto “AlgAr”, que busca la promoción de esta tecnología de microalgas para tratar efluentes, está liderado por alumnos y docentes de esa facultad, y cuenta además con el apoyo de IncUBAgro.
“Poner en funcionamiento una planta de tratamiento de microalgas para una empresa oscila desde los 500.000 pesos hasta el millón de pesos, intentando reducir al máximo los costos de inversión y de implementación. Y luego queda el costo operativo de la planta. Lo bueno es que cuanto más aumenta el volumen de tratamiento, mayor es la diferencia de reducción de costos. Por ende hay un beneficio económico para las empresas”, remarcó el investigador.
Rearte contó que “ya estamos tratando con municipios como el de Mercedes y con frigoríficos, pero aún no hay nada concreto. Estamos esperando a quien quiera invertir (en esta tecnología), el cuello de botella”, describió.
“Lo interesante es que esa biomasa la generamos a partir de otros tratamientos biológicos para remover materia orgánica de efluentes y con esos tratamientos generamos la biomasa de microalgas, la misma que utilizamos en nuestros experimentos para tratar efluentes con metales pesados. La idea era tratar 2 efluentes con diferentes tecnologías y evaluar su eficiencia. Hoy estamos tratando de llevar esas tecnologías a la industria”, agregó el investigador.
Rearte aseguró que también trabajan observando la acción de las microalgas en otros metales tales como Cromo, que se utiliza mucho en curtiembres, y Plomo, otro elemento contaminante presente en la Cuenca.
¿Entonces será posible poder sanear o reducir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo? Hay dos medidas, según Rearte, que deberían tomarse: “Una es la precautoria, y es que las industrias tomen conciencia ambiental y no viertan efluentes contaminados. Esa es la primera base. Y por otro lado están las estrategias de saneamiento in situ, en el Riachuelo, estudiando cómo mantener los márgenes vegetados, reducir la velocidad y erosión del río para que no haya sedimentos, etcétera. Lo que nos falta son industrias interesadas en aplicar los criterios de asesoramiento y en invertir”, aclaró.
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Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Riachuelo
Que la Cuenca Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del país, no caben dudas. Un basural a cielo abierto, cuyo saneamiento fue prometido por cuanto Gobierno hubo en las últimas décadas. La tarea de sanearlo está a cargo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada por ley, que hace 10 años puso en marcha el llamado Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se sumó a la titánica tarea de limpiar el Riachuelo. Asegura que probó con éxito una técnica novedosa, denominada “biosorción”, para sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados en la Cuenca.
“La investigación pasa por utilizar biomasa de microalgas para remover materiales pesados. Mezclamos esa biomasa, la cual tiene capacidad de retener los metales presentes en un efluente. Un caso es el del Zinc, generado por la industria de la galvanoplastia y que conlleva graves problemas para la salud humana”, comentó a Bichos de Campo, Agustín Rearte, docente e investigador de la cátedra de química inorgánica y analítica de la FAUBA.
El proyecto “AlgAr”, que busca la promoción de esta tecnología de microalgas para tratar efluentes, está liderado por alumnos y docentes de esa facultad, y cuenta además con el apoyo de IncUBAgro.
“Poner en funcionamiento una planta de tratamiento de microalgas para una empresa oscila desde los 500.000 pesos hasta el millón de pesos, intentando reducir al máximo los costos de inversión y de implementación. Y luego queda el costo operativo de la planta. Lo bueno es que cuanto más aumenta el volumen de tratamiento, mayor es la diferencia de reducción de costos. Por ende hay un beneficio económico para las empresas”, remarcó el investigador.
Rearte contó que “ya estamos tratando con municipios como el de Mercedes y con frigoríficos, pero aún no hay nada concreto. Estamos esperando a quien quiera invertir (en esta tecnología), el cuello de botella”, describió.
“Lo interesante es que esa biomasa la generamos a partir de otros tratamientos biológicos para remover materia orgánica de efluentes y con esos tratamientos generamos la biomasa de microalgas, la misma que utilizamos en nuestros experimentos para tratar efluentes con metales pesados. La idea era tratar 2 efluentes con diferentes tecnologías y evaluar su eficiencia. Hoy estamos tratando de llevar esas tecnologías a la industria”, agregó el investigador.
Rearte aseguró que también trabajan observando la acción de las microalgas en otros metales tales como Cromo, que se utiliza mucho en curtiembres, y Plomo, otro elemento contaminante presente en la Cuenca.
¿Entonces será posible poder sanear o reducir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo? Hay dos medidas, según Rearte, que deberían tomarse: “Una es la precautoria, y es que las industrias tomen conciencia ambiental y no viertan efluentes contaminados. Esa es la primera base. Y por otro lado están las estrategias de saneamiento in situ, en el Riachuelo, estudiando cómo mantener los márgenes vegetados, reducir la velocidad y erosión del río para que no haya sedimentos, etcétera. Lo que nos falta son industrias interesadas en aplicar los criterios de asesoramiento y en invertir”, aclaró.
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La fauna marina afectada por la acción del hombre
El 90% de la fauna marina asistida durante 2018 fue afectada directamente por la acción del hombre
Fecha de Publicación: 28/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 300 animales, entre mamíferos y reptiles marinos y aves, que fueron asistidos durante 2018 por la Fundación Mundo Marino evidenciaron algún tipo de afección vinculada directa o indirectamente a la interacción con el ser humano. Setenta y dos animales asistidos estaban desnutridos.
"El número sale del balance que desde sobre el registro total de animales hallados que requirieron asistencia profesional, o que, al ser hallados sin vida, se les tomaron muestras para analizar las causas de su deceso", detallan desde la entidad.
Uno de los relevamientos más preocupantes es la desnutrición registrada en 72 lobos marinos ya que en los últimos años aumentó la cantidad de estos animales que aparecieron en las costas con este tipo de cuadros.
"La falta de alimento puede estar ocasionada por la sobrepesca, incluso por el calentamiento global, que muchas veces altera la distribución de presas, y también podría estar generando floraciones algales tóxicas en lugares donde no solía haber", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación.
La especie más afectada por el enmalle fue el delfín franciscana: 41 ejemplares fueron encontrados sin vida durante el año pasado.
Para estudiar en profundidad lo que pasa allí están realizando junto a la Universidad de Mar del Plata una investigación mediante el monitoreo satelital de esta especie que permita conocer las causas de este fenómeno.
Esa amenaza no es la única: el enmalle en redes de pesca activas o en redes fantasmas también son causantes de una gran mortandad de diferentes especies marinas en todo el mundo.
"A pesar de la colaboración de diferentes pescadores artesanales de la región que traen ellos mismos los animales enmallados en sus redes, durante 2018 se registraron 58 casos con consecuencias derivadas de enmalles. La especie más afectada fue el delfín franciscana de los que se encontraron 41 ejemplares sin vida durante el año pasado. El caso más emblemático ocurrió en enero de 2018 con la aparición de un delfín franciscana y su cría atrapados en una red fantasma", recuerdan.
Plástico y censo de la basura
Una tercera amenaza para la vida de los animales fue la interacción negativa con plástico. "Históricamente, la tortuga marina fue la especie más afectada por esta situación porque confunden su alimento natural (medusas y fauna gelatinosa) con las bolsas plásticas. De hecho, hoy el 97 % de las tortugas que asistimos tiene plástico en sus sistemas digestivos. Pero, llamativamente, en los últimos años nos encontramos con mamíferos marinos y aves afectadas por plástico", aclaró Karina Álvarez.
Además, agregó: "Un caso muy llamativo durante el 2018 fue el hallazgo de un Albatros Real del Sur con más de la mitad de su cuerpo empetrolado, un ave que prácticamente no tiene contacto con humanos por su zona de distribución. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió. Se cree que la causa de su muerte no fue el petróleo: en la necropsia los veterinarios encontraron un plástico del tamaño de un botón que obstruía su intestino".
La problemática de la contaminación por plástico también se vio reflejada en el censo regional de basura (realizado entre septiembre y octubre de 2018) en el que la mencionada fundación trabajó en conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Surfrider, Fundación para la Asistencia y Recepción de Animales Marinos (FRAAM), Ecoparque Buenos Aires y Vida Silvestre.
En total 535 voluntarios censaron 81 hectáreas y registraron un total de 46.673 residuos no orgánicos, de los cuales el 82% estuvo constituido por plástico.
Según la ONU, 13 millones de toneladas de plásticos son arrojadas a los océanos cada año.
El 20% del plástico registrado estuvo conformado por "restos" plásticos, es decir, que podría provenir de bolsas, sorbetes o botellas, entre otros residuos del mismo material, pero que por la acción mecánica del sol, el viento y el mar se desintegran hasta convertirse en microplásticos.
"La iniciativa para este censo surgió a raíz de la problemática que representa el plástico para las tortugas marinas que habitan en nuestras costas", explicó Álvarez y añadió: "La acumulación de este material en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte".
Otros residuos abundantes encontrados durante el censo fueron las colillas de cigarrillo que representaron el 16% de los residuos totales detectados. Diversos estudios indican que cada una de éstos desechos puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua de mar y hasta 50 litros si se trata de agua dulce. Solamente en el ultimo censo se registraron más de 7.600 colillas.
Este residuo está compuesto principalmente por acetato de celulosa, un material no biodegradable encargado de absorber las sustancias tóxicas del humo de tabaco y que puede tardar hasta 10 años en descomponerse.
Los tipos de contaminantes que más se encuentran en nuestras costas son: plásticos (82%), papel y cartón (5%), vidrio (4,8%), residuos de construcción (3,4%), metales (2,5%), telas (1,5%) y otros (0,4%). Dentro del ítem plásticos los 6 contaminantes más abundantes son: restos de plástico (20%), colillas de cigarrillo (16%), restos de nylon (8,6%), bolsas plásticas (8,3%) , tapitas (6%) y botellas plásticas (5%).
Qué ocurre con los grandes cetáceos
Una situación preocupante durante 2018 fue el de los varamientos de grandes cetáceos. El primero ocurrió a mediados de agosto cuando una ballena jorobada quedó atrapada en una red de trasmallo en la zona de Punta Rasa, en San Clemente del Tuyú, y afortunadamente tras el operativo de rescate se pudo reinsertar al cetáceo al mar.
Durante el último fin de semana de ese mes seis orcas quedaron varadas: dos en el Partido de la Costa (Nueva Atlantis), dos en el partido de Villa Gesell (zona del faro Querandí) y dos en Mar del Plata.
Una de las halladas en Nueva Atlantis y las de Mar del Plata pudieron ser reinsertadas por los esfuerzos de los conservacionistas. El resto de las orcas aparecieron muertas.
Finalmente, tanto al inicio como al final de septiembre la citada institución asistió dos varamientos: el primero se trató de un cachorro de ballena minke hallado en Punta Rasa que también pudo ser reinsertado; y el segundo, fue el operativo que devolvió al mar a la ballena jorobada encontrada en las playas de Mar del Tuyú.
“La acumulación de plástico en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte”.
"Campaña Playas Limpias" y la necesidad de concientización sobre la importancia de no arrojar basura
Durante la temporada de verano, el equipo de esa fundación realiza la Campaña "Playas Limpias" y distribuye bolsas de papel reciclado y biodegradables a los visitantes de distintas localidades del Partido de la Costa buscando que no dejen sus residuos en las playas. Además se les brinda gratuitamente las mismas bolsas a los vendedores de churros para que reemplacen las de nylon.
"Esta temporada será la cuarta edición que ya lleva distribuidas más de 700.000 bolsas desde que lanzaron la primera edición en 2016. La acción es acompañada de juegos lúdicos y charlas educativas donde se trata de explicar el efecto nocivo que la basura tiene en la fauna marina, ilustrando especialmente el impacto directo que tiene en los animales de la zona", informaron desde la fundación.
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Fecha de Publicación: 28/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 300 animales, entre mamíferos y reptiles marinos y aves, que fueron asistidos durante 2018 por la Fundación Mundo Marino evidenciaron algún tipo de afección vinculada directa o indirectamente a la interacción con el ser humano. Setenta y dos animales asistidos estaban desnutridos.
"El número sale del balance que desde sobre el registro total de animales hallados que requirieron asistencia profesional, o que, al ser hallados sin vida, se les tomaron muestras para analizar las causas de su deceso", detallan desde la entidad.
Uno de los relevamientos más preocupantes es la desnutrición registrada en 72 lobos marinos ya que en los últimos años aumentó la cantidad de estos animales que aparecieron en las costas con este tipo de cuadros.
"La falta de alimento puede estar ocasionada por la sobrepesca, incluso por el calentamiento global, que muchas veces altera la distribución de presas, y también podría estar generando floraciones algales tóxicas en lugares donde no solía haber", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación.
La especie más afectada por el enmalle fue el delfín franciscana: 41 ejemplares fueron encontrados sin vida durante el año pasado.
Para estudiar en profundidad lo que pasa allí están realizando junto a la Universidad de Mar del Plata una investigación mediante el monitoreo satelital de esta especie que permita conocer las causas de este fenómeno.
Esa amenaza no es la única: el enmalle en redes de pesca activas o en redes fantasmas también son causantes de una gran mortandad de diferentes especies marinas en todo el mundo.
"A pesar de la colaboración de diferentes pescadores artesanales de la región que traen ellos mismos los animales enmallados en sus redes, durante 2018 se registraron 58 casos con consecuencias derivadas de enmalles. La especie más afectada fue el delfín franciscana de los que se encontraron 41 ejemplares sin vida durante el año pasado. El caso más emblemático ocurrió en enero de 2018 con la aparición de un delfín franciscana y su cría atrapados en una red fantasma", recuerdan.
Plástico y censo de la basura
Una tercera amenaza para la vida de los animales fue la interacción negativa con plástico. "Históricamente, la tortuga marina fue la especie más afectada por esta situación porque confunden su alimento natural (medusas y fauna gelatinosa) con las bolsas plásticas. De hecho, hoy el 97 % de las tortugas que asistimos tiene plástico en sus sistemas digestivos. Pero, llamativamente, en los últimos años nos encontramos con mamíferos marinos y aves afectadas por plástico", aclaró Karina Álvarez.
Además, agregó: "Un caso muy llamativo durante el 2018 fue el hallazgo de un Albatros Real del Sur con más de la mitad de su cuerpo empetrolado, un ave que prácticamente no tiene contacto con humanos por su zona de distribución. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió. Se cree que la causa de su muerte no fue el petróleo: en la necropsia los veterinarios encontraron un plástico del tamaño de un botón que obstruía su intestino".
La problemática de la contaminación por plástico también se vio reflejada en el censo regional de basura (realizado entre septiembre y octubre de 2018) en el que la mencionada fundación trabajó en conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Surfrider, Fundación para la Asistencia y Recepción de Animales Marinos (FRAAM), Ecoparque Buenos Aires y Vida Silvestre.
En total 535 voluntarios censaron 81 hectáreas y registraron un total de 46.673 residuos no orgánicos, de los cuales el 82% estuvo constituido por plástico.
Según la ONU, 13 millones de toneladas de plásticos son arrojadas a los océanos cada año.
El 20% del plástico registrado estuvo conformado por "restos" plásticos, es decir, que podría provenir de bolsas, sorbetes o botellas, entre otros residuos del mismo material, pero que por la acción mecánica del sol, el viento y el mar se desintegran hasta convertirse en microplásticos.
"La iniciativa para este censo surgió a raíz de la problemática que representa el plástico para las tortugas marinas que habitan en nuestras costas", explicó Álvarez y añadió: "La acumulación de este material en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte".
Otros residuos abundantes encontrados durante el censo fueron las colillas de cigarrillo que representaron el 16% de los residuos totales detectados. Diversos estudios indican que cada una de éstos desechos puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua de mar y hasta 50 litros si se trata de agua dulce. Solamente en el ultimo censo se registraron más de 7.600 colillas.
Este residuo está compuesto principalmente por acetato de celulosa, un material no biodegradable encargado de absorber las sustancias tóxicas del humo de tabaco y que puede tardar hasta 10 años en descomponerse.
Los tipos de contaminantes que más se encuentran en nuestras costas son: plásticos (82%), papel y cartón (5%), vidrio (4,8%), residuos de construcción (3,4%), metales (2,5%), telas (1,5%) y otros (0,4%). Dentro del ítem plásticos los 6 contaminantes más abundantes son: restos de plástico (20%), colillas de cigarrillo (16%), restos de nylon (8,6%), bolsas plásticas (8,3%) , tapitas (6%) y botellas plásticas (5%).
Qué ocurre con los grandes cetáceos
Una situación preocupante durante 2018 fue el de los varamientos de grandes cetáceos. El primero ocurrió a mediados de agosto cuando una ballena jorobada quedó atrapada en una red de trasmallo en la zona de Punta Rasa, en San Clemente del Tuyú, y afortunadamente tras el operativo de rescate se pudo reinsertar al cetáceo al mar.
Durante el último fin de semana de ese mes seis orcas quedaron varadas: dos en el Partido de la Costa (Nueva Atlantis), dos en el partido de Villa Gesell (zona del faro Querandí) y dos en Mar del Plata.
Una de las halladas en Nueva Atlantis y las de Mar del Plata pudieron ser reinsertadas por los esfuerzos de los conservacionistas. El resto de las orcas aparecieron muertas.
Finalmente, tanto al inicio como al final de septiembre la citada institución asistió dos varamientos: el primero se trató de un cachorro de ballena minke hallado en Punta Rasa que también pudo ser reinsertado; y el segundo, fue el operativo que devolvió al mar a la ballena jorobada encontrada en las playas de Mar del Tuyú.
“La acumulación de plástico en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte”.
"Campaña Playas Limpias" y la necesidad de concientización sobre la importancia de no arrojar basura
Durante la temporada de verano, el equipo de esa fundación realiza la Campaña "Playas Limpias" y distribuye bolsas de papel reciclado y biodegradables a los visitantes de distintas localidades del Partido de la Costa buscando que no dejen sus residuos en las playas. Además se les brinda gratuitamente las mismas bolsas a los vendedores de churros para que reemplacen las de nylon.
"Esta temporada será la cuarta edición que ya lleva distribuidas más de 700.000 bolsas desde que lanzaron la primera edición en 2016. La acción es acompañada de juegos lúdicos y charlas educativas donde se trata de explicar el efecto nocivo que la basura tiene en la fauna marina, ilustrando especialmente el impacto directo que tiene en los animales de la zona", informaron desde la fundación.
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Fipronil mata 500 colmenas en localidad cordobesa
Un insecticida, la causa de la muerte de 500 colmenas en Porteña
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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Riachuelo y su #10YearsChallenge ¿Cómo le fué?
El #10YearsChallenge de la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
A diez años de un fallo histórico, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la solución al grave problema ambiental y social de la cuenca más contaminada del país, los responsables de la gestión enumeran los logros recientes.
Hagamos un poco de historia. Con una causa iniciada en 2004 a raíz de una denuncia de los vecinos que demandaron por contaminación a 44 empresas, dos años después y por ley, fue creada ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional por los gobiernos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que resolviera de una vez por todas el problema.
Sin embargo, y ante la ausencia de resultados concretos, la Corte Suprema de Justicia tomó cartas en el asunto. En julio de 2008 y en un inédito fallo, ordenó a ACUMAR trabajar en la recomposición ambiental de la Cuenca, estableciendo plazos y políticas a seguir. Los números y datos del abandono ambiental eran elocuentes: tres millones de personas afectadas, 12.000 industrias vacíaban afluentes en sus aguas, sumados a los vertidos cloacales de los habitantes de sus márgenes y alrededor de 300 basurales a cielo abierto.
Un año después, fue elaborado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un documento para coordinar las acciones de los diversos actores que trabajan en la Región. La guía fue actualizada en 2016 sobre la base de los informes de especialistas y con el consenso de los involucrados para evaluar y reorientar los trabajos destinados a mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y tomar medidas de prevención. En pocas palabras, con un trabajo interdisciplinario conjunto, el PISA busca convertirse en un modelo de gestión avanzada y un organismo de referencia técnica con capacidad de planificar, coordinar y controlar.
Así las cosas y pese a que las ONG y diversas organizaciones de la sociedad civil encargadas de monitorear el saneamiento son críticas en cuanto a tiempos y plazos de las tareas emprendidas (entre ellas, la construcción de viviendas para dar una solución a los habitantes ribereños), las autoridades de ACUMAR consideran que están avanzando con las metas previstas.
El balance, 10 años después
La limpieza y la recolección son la principal estrategia utilizada para combatir la contaminación y recomponer el daño ambiental.
En 2018, según los datos brindados por ACUMAR, se retiraron más de 2600 toneladas de basura flotante en el Riachuelo y más de 120.000 toneladas de la cuenca (de los 14 municipios que la integran); además, se realizaron tareas de mantenimiento en más de 120 km de ambas márgenes y 1250 limpiezas para evitar la obstrucción de canales y las consecuentes inundaciones de los barrios aledaños. Y, sobre todo, según información de la autoridad de la Cuenca, se hizo especial hincapié en la educación, base fundamental en cualquier cambio ambiental.
En un trabajo conjunto con el ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, fueron capacitadas 1038 promotoras de 31 barrios de 12 municipios de la Cuenca para realizar actividades territoriales de promoción de la salud ambiental. Les brindaron contenidos teóricos, metodológicos y de práctica territorial en temas fundamentales como basura y salud, manejo seguro de alimentos, agua y salud, control del mosquito Aedes aegypti, control de roedores, zoonosis por animales domésticos y uso de agroquímicos, entre otros.
Estas promotoras cumplieron también tareas de diagnóstico y promoción de prácticas saludables con el objetivo de generar un efecto multiplicador, de modo que cada persona pudiese difundir lo aprendido entre los vecinos de los diferentes barrios.
En este mismo sentido, se llevó adelante el Programa Escuelas Verdes en 14 establecimientos educativos. Los docentes, alumnos y directivos trabajaron en la problemática ambiental, en especial la relacionada con el tema de residuos y la implementación de las 3 "R": reducir, reutilizar y reciclar. Como resultado de esta tarea, hicieron puffs con botellas, cartón y telas, lapiceros, portapavas, portaretratos y otros elementos para utilizar en el hogar.
Entre los objetivos del proyecto, se destaca la promoción del desarrollo sustentable a través de la educación y gestión ambiental para que los alumnos puedan difundir lo aprendido en su ámbito barrial y familiar.
En cuanto al control industrial, las empresas, establecimientos industriales, de servicios o comerciales radicados en la zona y con relación al saneamiento –cuyo empadronamiento estaba fijado entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre pasado–, podrán hacerlo hasta el 20 de enero inclusive.
La medida es obligatoria; tiene como meta que la Autoridad de Cuenca pueda ejercer un mayor control y cuente con información actualizada y segura sobre los establecimientos radicados en el territorio para hacer cumplir la normativa ambiental. Hasta ahora, 5800 establecimientos comenzaron el trámite, de los cuales más de 4000 ya están empadronados. Al respecto, se hicieron 5172 inspecciones, 24 clausuras efectivas y fueron recibidas 494 denuncias.
A fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y su entorno, se realizaron diversas obras de infraestructura entre las que se destacan 525 conexiones a redes cloacales; 11 barrios con proyectos de mudanza activos; 27, con mesas de participación permanentes; tres con obras de servicios. Por otra parte, se cerraron dos macrobasurales en Marcos Paz y Cañuelas.
En cuanto a las tareas de modernización, se digitalizaron todos los expedientes de más de diez años de trabajo (12.323 en total), hecho que busca simplificar los trámites y facilitar el acceso a la administración a través de medios electrónicos.
Dos miradas, una realidad
El 18 de diciembre último, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Rogelio Frigerio tuiteó: "Seguimos avanzando en esta megaobra que va por debajo del Río de la Plata y del Riachuelo y que mejorará la vida de más de 4 millones de vecinos".
Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, por su parte, afirmó: "A una década del dictado del fallo, no es admisible que los avances sean producto de las exigencias impuestas por la justicia o las demandas sociales. Estamos convencidos de que este caso judicial representa una gran oportunidad para saldar la mayor deuda socio-ambiental que tiene la Argentina, pero eso será posible solo si se avanza de manera decidida en la construcción de una política de Estado para el saneamiento del Riachuelo".
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La "nueva" Barrick, un Veladero “distinto” y el "viejo" discurso
Los dos motivos que impulsan el lanzamiento de un Veladero “distinto”
Fecha de Publicación: 21/01/2019
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Podrán significar la intensificación de la actividad y hasta su posible extensión. Su nuevo director ejecutivo, Marcelo Alvarez, lo explicó a Tiempo de San Juan.
Marcelo Alvarez llegó hace pocos meses a San Juan a hacerse cargo del proyecto minero más importante de la provincia, que hoy tiene su fecha de cierre más cercana que la de su inicio hace 12 años.
Pero las cosas pueden modificarse repentinamente como consecuencia de un par de hechos que se produjeron en los últimos días y que han significado su virtual relanzamiento para convertirla en una mina con más futuro que pasado.
Esos hechos son la ampliación del valle de lixiviación autorizado por la autoridad de aplicación a su fase 6 y la llegada de una renovación a la conducción de Barrick a nivel mundial (una de las dos compañías dueñas de Veladero junto a los chinos de Shandong).
En nuevo director ejecutivo de Veladero repasó con Tiempo de San Juan todos esos factores que estima significan un “relanzamiento” para el proyecto. “Viene un Veladero distinto”, dijo. Explicó que el desembarco del sudafricano Mark Bristow (quien ya estuvo en la provincia) como máxima autoridad de Barrick (como consecuencia de la fusión con Randgold) le ha dado un nuevo perfil a la empresa, con la intención de activar los proyectos en San Juan y Argentina hasta llevar a Veladero a categoría TIER 1, que identifica minas de clase mundial con más de 10 años de vida, más de 500.000 onzas de producción y bajo costo.
Marcelo Álvarez también habló sobre la aplicación de un nuevo protocolo ambiental para seguir en público los parámetros de la actividad desde un sitio web, del nuevo impulso de Barrick y de los temas políticos que afectan a la actividad como retenciones y ley de Glaciares. Esto fue lo que dijo:
-La situación y el futuro del proyecto Veladero: “El proyecto está en un momento muy interesante por dos situaciones: la primera es porque el año que viene es un año complejo, difícil pero también con una gran oportunidad que implica la expansión del valle de lixiviación con la fase 6 que aprobó el gobierno. Esto significa tener más espacio para apilar mineral y poder mantener el nivel de producción que hay en Veladero. Esto va a genera mayor empleo porque se va a contratar a más gente para este emprendimiento, es un emprendimiento que se va a financiar por la propia operación con lo cual desde el punto de vista de los costos es un año importante para la mina pero a partir del 2020 empieza a recuperarse”.
-El nuevo protocolo ambiental sustentable: “Con la nueva Barrick, a partir de la fusión que generaron con Randgold Gold, viene un Veladero distinto. Viene un Barrick distinto a San Juan con una impronta mucho más ligada al desarrollo geológico, de la exploración. Así que se aplican este año los más altos estándares internacionales porque Barrick se suscribió a la aplicación sustentable. Después de los incidentes (el último fue en marzo de 2017) va a transparentar la operación, a partir del protocolo por el que tenemos que publicar todos los años en la página web todos los procesos, la relación con las comunidades, lo que aportamos a las comunidades de cómo se maneja el agua, cómo se maneja la seguridad de los trabajadores, como se maneja la comunicación que hacemos para el desarrollo de las comunidades, todos estos protocolos van a ser subidos a la página, con lo cual vamos a tener totalmente transparentada la operación y poder relacionarnos con la comunidad y con el estado de una manera diferente.
- La posibilidad de extender la vida útil de Veladero: “Al haber un cambio en la percepción del negocio desde la aparición de Randgold se habla de la posibilidad de tener minería por muchos años más a partir de esta fusión y la impronta de cambio el paradigma de cómo encarar el asunto. Veladero estaba pensando tener su cierre normal y natural como estaba planteado en la evaluación de impacto ambiental a 2028 y Mark Bristow vino con la idea de revisar todas las áreas que tiene Barrick, en San Juan y otras áreas alrededor del cinturón del Indio y de lo que es alrededor de Lama, para poder llevar adelante más minería y llevar a ser Veladero lo que se considera a nivel mundial un TIER1, que es una minería de clase mundial que tiene una producción de más de 500 mil onzas. Las perspectivas de esta fusión de Barrick con Shandong y la impronta de geólogos que tiene Mark Bristow van a llevar a cambiar completamente el paradigma de la presencia de Barrick y Shandong Gold en San Juan”.
“Estos dos hechos que se han producido, tanto la aprobación de parte del gobierno de esta nueva área para la playa de lixiviación más la inclusión de Randgold y Bristow han relanzado el proyecto Veladero en San Juan. A partir de mañana (por el martes) nos visita el CEO, y empieza el relanzamiento de Barrick en San Juan y en Argentina. Es un relanzamiento de Barrick a nivel mundial con un firme compromiso. De alguna manera, por esa razón estoy hoy como director ejecutivo de Barrick, porque cuando estuve en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros como presidente, fui el creador de “Hacia una minería sustentable”, hacer las cosas bien es nuestro principal paradigma, relacionarnos de una manera distinta profesionalmente y transparente con el Estado y con nuestro stakeholders, y usar los más altos estándares internacionales”.
-Los incidentes ambientales: “A partir de la trascendencia puede tener un incidente, esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier industria, en cualquier empresa. Pero si uno actúa con transparencia, con honestidad y profesionalismo es más fácil cubrir cualquier situación sin descartar los eventos como los que ocurrieron en Veladero. Lo que hay que entender es dónde y cómo se desarrolla la minería. Veladero estaba a casi 5000 metros de altura en condiciones climáticas completamente difíciles en una zona muy difícil. Y por eso la minería se preocupa tanto e invierte tanto en las más altas tecnologías con los mejores sistemas para evitar cualquier tipo de incidentes en estas condiciones”.
“Uno nunca está exento ni acá ni en ningún lado pero tenemos que hacer las cosas bien, el Estado debe ser un Estado serio responsable y garante de la seguridad de la mina y de los trabajadores y nosotros respetarlo y manejarlo de la misma manera. Con este protocolo vamos a poder ver lo que estamos haciendo para superarnos y al mismo tiempo el Estado va a poder chequearlo con lo que ellos están estudiando. Y la sociedad va a poder tener la visión del estado de la empresa para poder tener la visión tranquila de que por lo menos las cosas se están haciendo bien”.
“Es un cambio muy importante para lo que fue Barrick para San Juan, lo que es Barrick para Argentina y creo que en términos de imagen nos va a ayudar a crear esa credibilidad que hoy necesita el sector para darle un empuje al desarrollo que tiene que ser en pos y beneficio del desarrollo de las comunidades”.
-El desarrollo de la actividad minera: “Yo siempre digo que no vengo de la minería pero cuando me encontré con la minería me di cuenta que es realmente un gran potenciador del desarrollo de los lugares más alejados del país, porque no hay otra industria que se vaya a radicar en eso lugares, en medio de la cordillera, en medio de la montaña, que tenga el músculo financiero para el desarrollo de las comunidades. Lo que reciben en términos de regalías no lo recibirían nunca por cualquier otro tipo de industria que haya alrededor de propio Estado”.
“A esto hay que apostarle y tengo mucha fe con esta nueva impronta, este relanzamiento de Barrick en San Juan y en Argentina. Con esto podemos ayudar a la industria minera a salir adelante porque tenemos que reconocer que Barrick ha sido un factor determinante para lo que está viviendo hoy la industria minera y tenemos que demostrar con hechos, con mucha humildad e institucionalizando a la empresa en el marco de la Cámara y en el marco del relacionamiento con el Estado. Empezar a demostrar de a poco porque esto lleva mucho tiempo, que las cosas se pueden hacer bien y que el país puede salir adelante”.
-La ley de Glaciares: “En la ley de glaciares, que en el ambiente minero es a veces un freno para recibir inversiones y acompañar el ritmo, el gran cambio que se dio en la Cámara Argentina de Inversores Mineros es que hoy se manejan de manera profesional y técnica con el Estado. Nosotros presentamos un modelo de reglamentación que pueda garantizar el cuidado de los glaciares, que pueda garantizar el cuidado de las reservas acuíferas de la Argentina pero también la posibilidad de generar desarrollo a partir de la minería”.
“Queremos como cualquier argentino el cuidado de los glaciares. La forma de hacerlo es hacerlo de una forma profesional ética, respetando las visiones del Estado, que pueden ser adversas a algún negocio. Lo estamos pensando como país y como sector, lo mismo con las retenciones”.
-La vuelta de las retenciones a la exportación: “No volvieron sólo para la minería, volvieron por una necesidad macroeconómica del país, para todos los exportadores de la Argentina. No podemos tener una excepción. Lo que sí, hemos trabajado con el Estado la necesidad de garantizar la estabilidad fiscal de los proyectos para mostrarle al inversor la seguridad jurídica de las Argentina. Y esto es un poco lo que hemos trabajado con el Estado. Sin duda aumenta la carga tributaria, por lo tanto baja el nivel de competitividad de la Argentina. Lo importante es que podamos respetar las leyes y podamos garantizar la estabilidad jurídica de un proyecto minero que demora entre 20, 30, 40 y hasta 50 años”.
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