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El Paraná recibió toneladas de aceite vegetal en un derrame
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Preocupación por el derrame de toneladas de aceite vegetal en el Paraná
Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Santa Fe
El derrame de toneladas de aceite vegetal en el Puerto San Martín, departamento santafesino de San Lorenzo, sobre el río Paraná, generó gran preocupación en la zona.
Si bien inicialmente trascendió que serían 1000 toneladas las derramadas, fuentes de la zona aclararon a El Cronista que, en realidad, se trata de 150 toneladas.
Tanto esas fuentes como el Gobierno de Santa Fe aseguraron que, más allá del daño, no se trata de un agente contaminante, con lo cual no están en peligro especies del río.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tomó intervención hoy para contener el derrame de aceite.
"El derrame, en su mayor parte, se contuvo en el sistema pluvial; el resto se trabajó a través del Plan Nacional de Contingencias (Planacon), con personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) y la empresa CleanSea que actuó de manera efectiva en la contención del aceite", precisó la directora provincial de la Delegación Zona Sur del Ministerio de Medio Ambiente, Liliana Boggio.
"Se trata de un producto no tóxico y se actuó correctamente en cuanto al plan de contingencia, se pusieron las barreras de contención en el río y se trabajó en la remediación de la zona", agregó la funcionaria.
El derrame se produjo en tanques pertenecientes a la empresa Buyatti. La empresa deberá realizar la presentación formal de un informe para determinar las causas que produjeron el hecho y las acciones a implementar para que no se repita, informaron desde el Gobierno de Santa Fe.
Según informaron fuentes de la zona a este diario, Bunge le estaba pasando aceite vegetal a la empresa Buyatti, pero sucedió algún problema durante el traspaso; en Buyatti no habrían ajustado bien una válvula y se produjo una pérdida que derivó en derrame.
Como consecuencia, parte del río se tiñó de naranja.
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Actualización de la fiscalización industrial en el Acumar
ACUMAR tendrá un nuevo régimen de control para las industrias en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo anunció la actualización de su normativa vinculada a la fiscalización industrial que simplificará el proceso de control industrial y promoverá el trabajo coordinado con otros organismos de control. Es más exigente y prevé sanciones que pueden superar los 6 millones de pesos. Estará vigente una vez que finalice el nuevo empadronamiento.
Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control en la Cuenca Matanza Riachuelo y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo alcanzó una nueva norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y largos tiempos administrativos que dificultaban la gestión de los establecimientos radicados en la Cuenca.
A partir de ahora, ACUMAR tendrá nuevos procedimientos y mecanismos de adecuación ambiental que nos permitirán un mejor y mayor control sobre los establecimientos radicados en nuestro territorio.
Además, endurecerá las sanciones para los infractores, con multas que van desde los 5 mil pesos hasta casi 6 millones, y que harán que este nuevo régimen sea más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental (un nuevo concepto que le permite a la Autoridad de Cuenta ordenar la real incidencia de los establecimientos sobre el río), la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción. [Incluye la posibilidad del pago en cuotas y destinar el 60% de la multa a mejoras que sean destinadas al cese de la causa de la sanción].
La nueva norma fortalece las funciones de los inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental (conceptos que no se encontraban en la legislación anterior) permitiendo mantener actualizados las bases de datos de infractores y evitando del deslinde de la responsabilidad de los pasivos ambientales.
Sobre los Planes de Adecuación Ambiental, establece tres categorías y posibilita la presentación de planes aprobados por otras autoridades de aplicación, algo que permite llevar un registro pormenorizado de los administrados que lleven adelante estas acciones, reduce tiempos y costos en la gestión.
Todo este conjunto de modificaciones en la normativa de fiscalización y control, la tornan flexible y dinámica dándole una capacidad de respuesta a ACUMAR acorde a la realidad industrial de la Cuenca, un territorio en constante evolución y desarrollo.
Mapa de Alertas
El nuevo régimen de fiscalización crea un Mapa de Alertas, en el cual los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos. Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma online disponible a toda la población.
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Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo anunció la actualización de su normativa vinculada a la fiscalización industrial que simplificará el proceso de control industrial y promoverá el trabajo coordinado con otros organismos de control. Es más exigente y prevé sanciones que pueden superar los 6 millones de pesos. Estará vigente una vez que finalice el nuevo empadronamiento.
Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control en la Cuenca Matanza Riachuelo y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo alcanzó una nueva norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y largos tiempos administrativos que dificultaban la gestión de los establecimientos radicados en la Cuenca.
A partir de ahora, ACUMAR tendrá nuevos procedimientos y mecanismos de adecuación ambiental que nos permitirán un mejor y mayor control sobre los establecimientos radicados en nuestro territorio.
Además, endurecerá las sanciones para los infractores, con multas que van desde los 5 mil pesos hasta casi 6 millones, y que harán que este nuevo régimen sea más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental (un nuevo concepto que le permite a la Autoridad de Cuenta ordenar la real incidencia de los establecimientos sobre el río), la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción. [Incluye la posibilidad del pago en cuotas y destinar el 60% de la multa a mejoras que sean destinadas al cese de la causa de la sanción].
La nueva norma fortalece las funciones de los inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental (conceptos que no se encontraban en la legislación anterior) permitiendo mantener actualizados las bases de datos de infractores y evitando del deslinde de la responsabilidad de los pasivos ambientales.
Sobre los Planes de Adecuación Ambiental, establece tres categorías y posibilita la presentación de planes aprobados por otras autoridades de aplicación, algo que permite llevar un registro pormenorizado de los administrados que lleven adelante estas acciones, reduce tiempos y costos en la gestión.
Todo este conjunto de modificaciones en la normativa de fiscalización y control, la tornan flexible y dinámica dándole una capacidad de respuesta a ACUMAR acorde a la realidad industrial de la Cuenca, un territorio en constante evolución y desarrollo.
Mapa de Alertas
El nuevo régimen de fiscalización crea un Mapa de Alertas, en el cual los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos. Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma online disponible a toda la población.
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Finalizó la travesía por el Limay
Una travesía por el Limay para denunciar la contaminación
Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Integrantes asociaciones ambientalistas recorrieron el río desde su naciente hasta Neuquén. Compararon la calidad del agua y ahora juntan firmas para impulsar la ley de “Vertido Cero”.
“¡Qué viajecito eh!”, les gritaron desde la costa a los siete kayakistas que recorrieron el Limay durante diez días con el propósito de concientizar sobre el cuidado del río. Hubo aplausos de bienvenida y abrazos eufóricos, esos que incluyen palmadas en la espalda. Partieron el 4 de enero pasado desde Dina Huapi, y llegaron ayer a las 11.02 al balneario Río Grande.
“En realidad vimos un paraíso. Desde el primer día en Dina Huapi pudimos disfrutar, vivir, sentir el Limay y sus lagos, sus represas y ha sido una experiencia realmente que te marca. Ver la generosidad que tiene la naturaleza con todos nosotros, lo que nos entrega en la boca del río, donde termina el lago Nahuel Huapi, es maravilloso. Pasamos momentos muy lindos. Un grupo bastante heterogéneo de gente más joven, gente mayor, de distintas extracciones, de distintas realidades, así que también fuimos aprendiendo en la convivencia”, aseguró Luis Arellano, uno de los organizadores e integrantes de la travesía del Limay.
Con uno de sus compañeros exhibieron las muestras de agua que tomaron en la naciente del río y la compararon con la extraída en la zona urbana.
“Los que tienen la responsabilidad desde hace muchos años, la gente de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), al gobernador, al intendente, a todos los que tienen responsabilidad ésta es el agua que recibieron de sus abuelos, de sus padres ( por la botella con agua cristalina), y ésta es el agua que le están dejando a sus hijos y a sus nietos (por el envase contaminado). Esta responsabilidad intergeneracional que tenemos hoy como neuquinos, como rionegrinos también, no le podemos esquivar el cuerpo”, planteó Arellano.
Dijo que el paso siguiente a esta travesía es avanzar en la confección de un proyecto de “Vertido Cero”. “Queremos para Neuquén que no se arrojen más aguas residuales a nuestros cuerpos de agua, no queremos más esto y es posible. Vamos a iniciar un petitorio de firmas para ver si juntamos las suficientes como para hacer una iniciativa legislativa”, agregó.
Arellano remarcó que fue “categórica la diferencia” en la calidad del agua que se percibe a simple vista a partir de Senillosa. “Yo no estoy hablando de cuestiones científicas, pero cambió el olor que se sentía en el ambiente. De ahí en más es agua como la que salía de los lavarropas de antes, que salía esa agua jabonosa. No queremos más eso. Hay un punto crítico que es donde empiezan los asentamientos urbanos, grandes, a partir de Senillosa, Plottier y Neuquén, y ni hablar luego del río Neuquén que tomamos el río como cloaca”, afirmó.
Relató que lo que más observaron en el río, en cuanto a residuos, fueron plásticos “en los lugares más recónditos”. “Hasta que nos acostumbramos al oleaje que genera el viento vivimos momentos de nerviosismo, por suerte nadie volcó, no tuvimos ningún incidente, en general todos son buenos kayakistas. Nos detuvimos en todos los camping agrestes”, contó.
La travesía fue motorizada por los grupos “Amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos” y “Amigos del Limay”. Se eligió esta fecha en conmemoración a los tres años de la primera marcha en defensa de los ríos que se realizó en la capital neuquina.
En 2016, debido al estado de contaminación de un brazo del río Limay, el municipio prohibió a la ciudadanía ingresar al agua en el balneario Albino Cotro. En 2017 la Legislatura de Neuquén declaró el alerta hídrica y ambiental en los cursos y cuerpos de agua de la provincia durante cinco años, un proyecto que fue motorizado por las organizaciones ambientalistas.
La iniciativa fue planificada y realizada por integrantes de los grupos “Amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos” y “Amigos del Limay”.
En números
550 kilómetros fueron los que recorrieron los kayakistas. Largaron en Dina Huapi, en la naciente del Limay.
10 días tardaron en hacer el circuito. Partieron el 4 de enero y llegaron el 14.
7 kayakistas fueron los que participaron de la travesía, cuyo propósito es concientizar sobre el cuidado del río.
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Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Integrantes asociaciones ambientalistas recorrieron el río desde su naciente hasta Neuquén. Compararon la calidad del agua y ahora juntan firmas para impulsar la ley de “Vertido Cero”.
“¡Qué viajecito eh!”, les gritaron desde la costa a los siete kayakistas que recorrieron el Limay durante diez días con el propósito de concientizar sobre el cuidado del río. Hubo aplausos de bienvenida y abrazos eufóricos, esos que incluyen palmadas en la espalda. Partieron el 4 de enero pasado desde Dina Huapi, y llegaron ayer a las 11.02 al balneario Río Grande.
“En realidad vimos un paraíso. Desde el primer día en Dina Huapi pudimos disfrutar, vivir, sentir el Limay y sus lagos, sus represas y ha sido una experiencia realmente que te marca. Ver la generosidad que tiene la naturaleza con todos nosotros, lo que nos entrega en la boca del río, donde termina el lago Nahuel Huapi, es maravilloso. Pasamos momentos muy lindos. Un grupo bastante heterogéneo de gente más joven, gente mayor, de distintas extracciones, de distintas realidades, así que también fuimos aprendiendo en la convivencia”, aseguró Luis Arellano, uno de los organizadores e integrantes de la travesía del Limay.
Con uno de sus compañeros exhibieron las muestras de agua que tomaron en la naciente del río y la compararon con la extraída en la zona urbana.
“Los que tienen la responsabilidad desde hace muchos años, la gente de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), al gobernador, al intendente, a todos los que tienen responsabilidad ésta es el agua que recibieron de sus abuelos, de sus padres ( por la botella con agua cristalina), y ésta es el agua que le están dejando a sus hijos y a sus nietos (por el envase contaminado). Esta responsabilidad intergeneracional que tenemos hoy como neuquinos, como rionegrinos también, no le podemos esquivar el cuerpo”, planteó Arellano.
Dijo que el paso siguiente a esta travesía es avanzar en la confección de un proyecto de “Vertido Cero”. “Queremos para Neuquén que no se arrojen más aguas residuales a nuestros cuerpos de agua, no queremos más esto y es posible. Vamos a iniciar un petitorio de firmas para ver si juntamos las suficientes como para hacer una iniciativa legislativa”, agregó.
Arellano remarcó que fue “categórica la diferencia” en la calidad del agua que se percibe a simple vista a partir de Senillosa. “Yo no estoy hablando de cuestiones científicas, pero cambió el olor que se sentía en el ambiente. De ahí en más es agua como la que salía de los lavarropas de antes, que salía esa agua jabonosa. No queremos más eso. Hay un punto crítico que es donde empiezan los asentamientos urbanos, grandes, a partir de Senillosa, Plottier y Neuquén, y ni hablar luego del río Neuquén que tomamos el río como cloaca”, afirmó.
Relató que lo que más observaron en el río, en cuanto a residuos, fueron plásticos “en los lugares más recónditos”. “Hasta que nos acostumbramos al oleaje que genera el viento vivimos momentos de nerviosismo, por suerte nadie volcó, no tuvimos ningún incidente, en general todos son buenos kayakistas. Nos detuvimos en todos los camping agrestes”, contó.
La travesía fue motorizada por los grupos “Amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos” y “Amigos del Limay”. Se eligió esta fecha en conmemoración a los tres años de la primera marcha en defensa de los ríos que se realizó en la capital neuquina.
En 2016, debido al estado de contaminación de un brazo del río Limay, el municipio prohibió a la ciudadanía ingresar al agua en el balneario Albino Cotro. En 2017 la Legislatura de Neuquén declaró el alerta hídrica y ambiental en los cursos y cuerpos de agua de la provincia durante cinco años, un proyecto que fue motorizado por las organizaciones ambientalistas.
La iniciativa fue planificada y realizada por integrantes de los grupos “Amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos” y “Amigos del Limay”.
En números
550 kilómetros fueron los que recorrieron los kayakistas. Largaron en Dina Huapi, en la naciente del Limay.
10 días tardaron en hacer el circuito. Partieron el 4 de enero y llegaron el 14.
7 kayakistas fueron los que participaron de la travesía, cuyo propósito es concientizar sobre el cuidado del río.
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El Río Arenales en Salta sigue esperando justicia
Río Arenales: Cuestionan que se cumpla el fallo de la Corte de Justicia
Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Las medidas previsionales que ordenó el juez Domínguez para evitar que la gente llegara hasta el río Arenales, tras la difusión del estudio del CIF sobre la contaminación de las aguas, se dieron unos meses antes de que la Corte de Justicia de la Provincia ratificara el fallo que había hecho este magistrado.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo del río Arenales y que hicieran un plan sanitario de emergencia y de monitoreo.
En el mismo fallo, la empresa Néstor A. Marozzi SA fue condenada a retirar el terraplén que hizo, avanzando sobre el cauce del río, en el sector del puente de la avenida Tavella. Según explicó el abogado Pedro Arancibia a El Tribuno, esto generó que se redujera el espacio para que el agua escurriera debidamente y provocó que el 31 de enero de 2011 se inundaran los barrios de la zona.
Esta resolución, que la Corte confirmó en noviembre del año pasado, surgió del amparo ambiental colectivo que presentaron 157 vecinos que sufrieron este anegamiento. La acción se inició por el nulo manejo del río, por la posibilidad de que la catástrofe se repitiera y por la contaminación de las aguas.
Con la única disidencia del juez Abel Cornejo, los restantes seis miembros de la Corte rechazaron las apelaciones que habían interpuesto la Provincia y Néstor A. Marozzi SA sobre el fallo de Domínguez.
La Municipalidad de Salta y Aguas del Norte no habían apelado la sentencia.
Arancibia consideró que, a pesar del fallo de la Corte, no aumentaron las acciones desde los estados provincial y municipal para sanear el río Arenales: "Es una negativa permanente. No hay nada significativo. Si se hace un relevamiento sobre qué obras o actividades se hicieron de entidad suficiente como para revertir el daño ambiental que hay, se va a ver que no hay ninguna significativa". El abogado denunció que "hay una falta de planificación total y un desinterés para con quienes viven cerca del río".
Acerca del terraplén que la empresa debía quitar, dijo: "Hizo una modificación pero fue un movimiento de tierra muy superficial, que no terminó de hacerse como corresponde".
El letrado consideró que es complicado definir quién determina lo que corresponde hacer: "Nosotros sabemos, por un perito de parte, que está hecho medio flojo, es lo mínimo, pero quien decide si está bien o mal hecho es una cuestión muy difícil. Tenemos que seguir discutiéndolo judicialmente porque van a hacer falta peritajes técnicos para determinar si una obra es suficiente o no para revertir el daño".
En relación con el control del cumplimiento de las medidas judiciales, el abogado analizó que es llamativo que la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, creada por decreto 3.249 de 2011 para monitorear las medidas dispuestas judicialmente, estuviera compuesta por la Provincia, el municipio y Aguas del Norte, "es decir, por quienes serían los que incumplieron el deber de mantener indemne el ambiente".
"Es muy difícil pedirle a quien generó el daño que ahora lo reconozca y lo cumpla a rajatabla", opinó.
En perjuicio de la gente
El promotor del amparo consideró que la inacción no es solo en las obras sino también en la falta de control del cumplimiento de la orden judicial de que nadie se puede meter en un río contaminado: "En esto no tiene nada que ver la gente, que es víctima de esta situación. (El río) debería ser un lugar de esparcimiento. La gente tiene todo el derecho del mundo de contar con un lugar -como era antes- para refrescarse y esparcirse con sus familiares y amigos. Sin embargo, no puede disfrutar de eso, además del riesgo que implica para su salud: los metales pesados se acumulan en el cuerpo y el vertido de líquidos cloacales no tratados genera enfermedades".
Arancibia insistió en la inacción estatal, y aseguró que seguirá exigiendo justicia: "Se desentienden olímpicamente de las obligaciones. Hacen todo a la fuerza. Se tiran la pelota entre todos. Nadie se quiere hacer cargo de esa situación. La lucha diaria está en lograr que obedezcan una orden judicial recontraconfirmada. Esto no está apelado y significa que, si continúan en esta actitud de hacer caso omiso a una orden judicial, que es clarísima, nosotros insistiremos en el pedido de sanciones económicas".
El abogado reveló que se hizo una denuncia penal por el delito de contaminación de las aguas y por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"En el primer caso, de tipo culposo, porque no hacen nada para revertir esa situación y, en el segundo caso, es doloso porque es intencional la negativa de cumplir con una obligación del Estado, que es cuidarnos a todos de una afectación a la salud pública, entre otras cosas", señaló.
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Persecución a reportero gráfico en Vaca Muerta
Un foco de contaminación
Fecha de Publicación: 15/01/2019
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El reportero gráfico Stefan Borghardt no llegó al basurero petrolero de la empresa de Treater S.A. en Vaca Muerta por casualidad. El depósito de los residuos de la explotación no convencional había sido denunciado por Greenpeace, a partir de un estudio independiente sobre muestras tomadas en el terreno, y penalmente por la Confederación Mapuche, la APDH y la Asociación de Abogados Ambientalistas. “Se encontraron altos niveles de polución que evidencian la falta de protección y una contaminación directa en los suelos y potencialmente en las napas”, señalaba el informe de Greenpeace publicado a principios de diciembre pasado y advertía que “lodos que conforman los residuos de la perforación hidráulica contienen metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio”.
El alarmante informe de Greenpeace impulso a la Confederación Mapuche a realizar una nueva denuncia por la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, que en noviembre ya había tenido como protagonista trágico al derrame ocurrido en el complejo Bandurria Sur, controlado por YPF, que llegó a cubrir 45 hectáreas. “Desde hace tiempo denunciamos los derrames en Vaca Muerta, no por estar en contra de su desarrollo sino porque el Estado y las empresas deben hacerse cargo del pasivo ambiental que genera. Si los derrames son una consecuencia estructural de la explotación, la prevención debe ser altísima, pero desde hace 15 años que no se hace nada”, señaló Emannuel Guagliardo, abogado de la Confederación, en diálogo con PáginaI12.
La nueva denuncia replicó a las anteriores por violación a la Ley de Residuos peligrosos y señaló como penalmente responsables a los funcionarios ambientales nequinos. Además, en el caso particular del vertedero solicitó que se investigue a las empresas petroleras que depositan sus residuos en el basurero de Treater S.A. También se solicitó la investigación sobre José Ignacio Lizarazu y Sebastián José Leis, titular de la empresa responsable del basurero petrolero. “La disposición final de esos residuos son responsabilidad tanto de la empresa que lo genera como de la empresa que lo trata”, resaltó Guagliardo.
El informe de Greenpeace que sirvió de base para la denuncia no sólo advierte sobre las deficiencias en la prevención del basurero y la peligrosidad de los residuos depositados “directamente en el suelo sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización” sino que también detalla las empresas contratistas de Treater S.A. YPF, Total Exxon, Pan American Energy, Pampa Energia son las que fueron denunciadas penalmente.
El cúmulo de causas y la cantidad de derrames registrados —cerca de mil incidentes ambientales solo entre enero y octubre de 2018, según un informe del Observatorio Petrolero Sur— obligó al titular del Ministerio Público Fiscal, José Gerez, a crear una Unidad Especial de Delitos Ambientales, que quedó a cargo de la investigación del basurero petrolero.
En la previa de la feria judicial, se ordenó un primer allanamiento sobre el predio de Treater S.A., donde se tomaron muestras de los residuos y documentación de la empresa, fundada en 2012 Lizarazu y Leis. La firma, según denunció el referente de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, cuenta con varios ex funcionario de Cambiemos dentro de su directorio. Para analizar los resultados de las muestras se contrató un equipo de peritos especializados que aportarán los resultados para analizar las responsabilidades penales en cumplimiento con la Ley de Residuos Peligrosos. El avance de la causa se conocerá una vez terminada la feria judicial, cuando la Confedaración, la APDH y la AAA se presentarán como querellantes en la causa.
Un primer acercamiento sobre la gravedad de lo investigado lo ofrece el informe elaborado por Greenpeace a partir del descubrimiento del depósito por parte de un equipo de investigación sobre el impacto de la explotación de petróleo y gas a través de la metodología del fracking. El basurero fue hallado a fines de 2017 y se comenzó a realizar un seguimiento hasta mayo de 2018, cuando se tomaron muestras, que fueron analizadas en los laboratorios de investigación de Greenpeace en la Universidad de Exeter en el Reino Unido y en otro laboratorio independiente.
A partir de informes documentales e imágenes satelitales, la organización ambiental pudo precisar que, entre diciembre de 2016 y octubre de 2018, el vertedero de residuos creció 6,3 a 13,6 hectáreas, el equivalente a 15 canchas de fútbol. También se realizó un seguimiento de los camiones que trasladaban los residuos tóxicos desde las zonas de explotación hasta el predio de Treater.
“La descarga tóxica se está depositando directamente en el suelo sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización”, señaló Greenpeace en su informe y resaltó que el basurero petrolero se encuentra a solo 5 kilómetros de la ciudad de Añelo, a 4,9 kilómetros de campos agrícolas y a 3,7 kilómetros del río Neuquén, a contramano del decreto 2263 de Neuquén y de la nacional de Residuos Peligrosos.
En tanto, el reporte científico hecho a partir de las muestras tomadas en mayo de 2018, arrojó que existen “altos niveles de polución que evidencian la falta de protección y una contaminación directa en los suelos y potencialmente en las napas”, mientras que “se hallaron presencia de hidrocarburos y componentes volátiles que podrían alcanzar a comunidades cercanas a la planta”.
En ese sentido, el informe alerta que “los lodos que conforman los residuos de la perforación hidráulica contienen metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio”, sustancias tóxicas que liberadas al aire o en el agua tienen impactos en la salud y el medioambiente. “Más del 40 por ciento de las sustancias causan impactos que dañan a la vida acuática y a la fauna”, precisó Greenpeace respecto de los residuos tratados en el vertedero.
Greenpeace también observó que la empresa “no tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores” y que los materiales de desecho, con elevadas concentraciones de hidrocarburo, no deben permanecer en sitios abiertos de fácil acceso, ya que “pueden llegar a generar molestias por olores, riesgo de incendios y posibles riesgos para la salud de las comunidades locales y la vida silvestre”.
“Que un reportero acceda hasta el lugar sin un cerco perimetral que le impida acercarse, demuestra que las autoridades responsables ni siquiera van a inspeccionar el terreno para ver cómo se están tratando los residuos, cuando los derrames son cuestiones de todos los días”, sentenció Guagliardo.
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Fecha de Publicación: 15/01/2019
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El reportero gráfico Stefan Borghardt no llegó al basurero petrolero de la empresa de Treater S.A. en Vaca Muerta por casualidad. El depósito de los residuos de la explotación no convencional había sido denunciado por Greenpeace, a partir de un estudio independiente sobre muestras tomadas en el terreno, y penalmente por la Confederación Mapuche, la APDH y la Asociación de Abogados Ambientalistas. “Se encontraron altos niveles de polución que evidencian la falta de protección y una contaminación directa en los suelos y potencialmente en las napas”, señalaba el informe de Greenpeace publicado a principios de diciembre pasado y advertía que “lodos que conforman los residuos de la perforación hidráulica contienen metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio”.
El alarmante informe de Greenpeace impulso a la Confederación Mapuche a realizar una nueva denuncia por la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, que en noviembre ya había tenido como protagonista trágico al derrame ocurrido en el complejo Bandurria Sur, controlado por YPF, que llegó a cubrir 45 hectáreas. “Desde hace tiempo denunciamos los derrames en Vaca Muerta, no por estar en contra de su desarrollo sino porque el Estado y las empresas deben hacerse cargo del pasivo ambiental que genera. Si los derrames son una consecuencia estructural de la explotación, la prevención debe ser altísima, pero desde hace 15 años que no se hace nada”, señaló Emannuel Guagliardo, abogado de la Confederación, en diálogo con PáginaI12.
La nueva denuncia replicó a las anteriores por violación a la Ley de Residuos peligrosos y señaló como penalmente responsables a los funcionarios ambientales nequinos. Además, en el caso particular del vertedero solicitó que se investigue a las empresas petroleras que depositan sus residuos en el basurero de Treater S.A. También se solicitó la investigación sobre José Ignacio Lizarazu y Sebastián José Leis, titular de la empresa responsable del basurero petrolero. “La disposición final de esos residuos son responsabilidad tanto de la empresa que lo genera como de la empresa que lo trata”, resaltó Guagliardo.
El informe de Greenpeace que sirvió de base para la denuncia no sólo advierte sobre las deficiencias en la prevención del basurero y la peligrosidad de los residuos depositados “directamente en el suelo sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización” sino que también detalla las empresas contratistas de Treater S.A. YPF, Total Exxon, Pan American Energy, Pampa Energia son las que fueron denunciadas penalmente.
El cúmulo de causas y la cantidad de derrames registrados —cerca de mil incidentes ambientales solo entre enero y octubre de 2018, según un informe del Observatorio Petrolero Sur— obligó al titular del Ministerio Público Fiscal, José Gerez, a crear una Unidad Especial de Delitos Ambientales, que quedó a cargo de la investigación del basurero petrolero.
En la previa de la feria judicial, se ordenó un primer allanamiento sobre el predio de Treater S.A., donde se tomaron muestras de los residuos y documentación de la empresa, fundada en 2012 Lizarazu y Leis. La firma, según denunció el referente de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, cuenta con varios ex funcionario de Cambiemos dentro de su directorio. Para analizar los resultados de las muestras se contrató un equipo de peritos especializados que aportarán los resultados para analizar las responsabilidades penales en cumplimiento con la Ley de Residuos Peligrosos. El avance de la causa se conocerá una vez terminada la feria judicial, cuando la Confedaración, la APDH y la AAA se presentarán como querellantes en la causa.
Un primer acercamiento sobre la gravedad de lo investigado lo ofrece el informe elaborado por Greenpeace a partir del descubrimiento del depósito por parte de un equipo de investigación sobre el impacto de la explotación de petróleo y gas a través de la metodología del fracking. El basurero fue hallado a fines de 2017 y se comenzó a realizar un seguimiento hasta mayo de 2018, cuando se tomaron muestras, que fueron analizadas en los laboratorios de investigación de Greenpeace en la Universidad de Exeter en el Reino Unido y en otro laboratorio independiente.
A partir de informes documentales e imágenes satelitales, la organización ambiental pudo precisar que, entre diciembre de 2016 y octubre de 2018, el vertedero de residuos creció 6,3 a 13,6 hectáreas, el equivalente a 15 canchas de fútbol. También se realizó un seguimiento de los camiones que trasladaban los residuos tóxicos desde las zonas de explotación hasta el predio de Treater.
“La descarga tóxica se está depositando directamente en el suelo sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización”, señaló Greenpeace en su informe y resaltó que el basurero petrolero se encuentra a solo 5 kilómetros de la ciudad de Añelo, a 4,9 kilómetros de campos agrícolas y a 3,7 kilómetros del río Neuquén, a contramano del decreto 2263 de Neuquén y de la nacional de Residuos Peligrosos.
En tanto, el reporte científico hecho a partir de las muestras tomadas en mayo de 2018, arrojó que existen “altos niveles de polución que evidencian la falta de protección y una contaminación directa en los suelos y potencialmente en las napas”, mientras que “se hallaron presencia de hidrocarburos y componentes volátiles que podrían alcanzar a comunidades cercanas a la planta”.
En ese sentido, el informe alerta que “los lodos que conforman los residuos de la perforación hidráulica contienen metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio”, sustancias tóxicas que liberadas al aire o en el agua tienen impactos en la salud y el medioambiente. “Más del 40 por ciento de las sustancias causan impactos que dañan a la vida acuática y a la fauna”, precisó Greenpeace respecto de los residuos tratados en el vertedero.
Greenpeace también observó que la empresa “no tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores” y que los materiales de desecho, con elevadas concentraciones de hidrocarburo, no deben permanecer en sitios abiertos de fácil acceso, ya que “pueden llegar a generar molestias por olores, riesgo de incendios y posibles riesgos para la salud de las comunidades locales y la vida silvestre”.
“Que un reportero acceda hasta el lugar sin un cerco perimetral que le impida acercarse, demuestra que las autoridades responsables ni siquiera van a inspeccionar el terreno para ver cómo se están tratando los residuos, cuando los derrames son cuestiones de todos los días”, sentenció Guagliardo.
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Sierra Pintada: audiencia por la remediación luego de 25 años
Se realizó la audiencia pública para retirar 14.000 kilos de uranio de Sierra Pintada
Fecha de Publicación: 14/01/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Se trata de una de las etapas para la remediación de estos pasivos que hace 25 años están en la mina. Aseguraron que el yacimiento no reabrirá la producción. Más de 500 personas asistieron al encuentro realizado este miércoles.
Este miércoles se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano la audiencia pública para la remediación de los pasivos que se encuentran en el yacimiento de uranio de Sierra Pintada.
Unos 78 expositores dieron su testimonio durante el encuentro que comenzó pasadas las 10 y que es una de las etapas necesarias para el inicio de la remediación de impacto ambiental que propuso el gobierno provincial a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Un tema que no fue resuelto en 25 años.
Antes del inicio de la audiencia hubo una conferencia de prensa en la que hablaron el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial Humberto Mingorance, el ingeniero Enrique Cinat (CNEA) y La directora provincial de Medio Ambiente Miriam Scalani.
Los tres funcionarios aseguraron que no se reabrirá el yacimiento de uranio y que la audiencia es una etapa más para concretar la remediación del impacto ambiental de estos pasivos en Sierra Pintada. Un proceso que podría durar más de 10 años según estimó Mingorance.
Lo cierto es que en la mina se calcula que hay 14.000 kilos de uranio que deben ser retirados y que se pueden reutilizar en las centrales atómicas del país.
En ese sentido confirmaron que la totalidad de estos residuos se retirará de suelo sanrafaelino como lo propone el plan de saneamiento que se elaboró y que contó con la ayuda de los ingenieros de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI).
En este marco, Mingorance señaló que "este es un día histórico para la provincia porque estamos dando el penúltimo paso para iniciar el proceso de remediación" y agregó que "en la zona hay 1.200.000 m3 de aguas contaminadas con el cianuro y más de 5.000 tachos que deben ser evacuados del lugar".
Ponderó la decisión del gobernador Alfredo Cornejo quien inició las gestiones ante la Comisión Nacional de Energía Atómica para concretar la remediación y dijo que "presentamos en el 2016 la propuesta para llevar adelante este proceso que tiene un dictamen técnico de los ingenieros de la FCAI que colaboraron y aportaron ideas nuevas para la remediación".
También explicó que en este proceso se involucró a los Municipios de San Rafael y Alvear y a Irrigación que luego se hará cargo del control de esta zona.
El funcionario calculó que "en principio la tarea puede demandar más de 10 años" y mencionó que "este material será trasladado en camiones especiales y retirado del lugar, Luego la Comisión decidirá su destino final". Volvió a confirmar que no habrá una reapertura de la mina.
Luego habló el ingeniero Cinta que hizo un resumen de lo sucedido en Sierra Pintada y recordó que la primera tarea de remediación que se hizo en Mendoza fue en Malargüe.
El funcionario nacional aseguró que "tomamos la decisión de solucionar este conflicto para evitar una eventual dispersión de este material" y agregó que "es muy bueno que distintos organismos y personas interesadas en el medio ambiente participen de esta audiencia pública".
Aseguró que "el plan de gestión ambiental que se impondrá para remediar los pasivos no va a contaminar los acuíferos cercanos" y reiteró que "no hay posibilidades de una reapertura".
Por último Miriam Scalani detalló que "en el lugar hay residuos de radio, uranio y arsénico que se tendrían que haber retirado a los 4 años" y agregó que "son 14.000 kilos de uranio que van a salir de suelo sanrafaelino".
En este marco los ambientalistas aceptaron la remediación pero algunos no estuvieron de acuerdo con el método que se utilizará para hacerla.
Lo cierto es que la audiencia no es vinculante pero algunos funcionarios ya anticiparon que , "si hubo propuestas interesantes se pueden tomar en cuenta para mejorar el proceso así como lo hicieron los ingenieros de la FCAI que propusieron modificaciones y se las aceptó".
Clima tranquilo
La audiencia se desarrolló en un clima de tranquilidad. No hubo conflictos y se montó un importante operativo de seguridad a cargo de la subcomisario de la UPAT, Marta Pedernera.
Loas ambientalistas colocaron algunas banderas al ingreso del Centro de Exposiciones pero no hubo manifestaciones ni agravios hacia los funcionarios.
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Fecha de Publicación: 14/01/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Se trata de una de las etapas para la remediación de estos pasivos que hace 25 años están en la mina. Aseguraron que el yacimiento no reabrirá la producción. Más de 500 personas asistieron al encuentro realizado este miércoles.
Este miércoles se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano la audiencia pública para la remediación de los pasivos que se encuentran en el yacimiento de uranio de Sierra Pintada.
Unos 78 expositores dieron su testimonio durante el encuentro que comenzó pasadas las 10 y que es una de las etapas necesarias para el inicio de la remediación de impacto ambiental que propuso el gobierno provincial a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Un tema que no fue resuelto en 25 años.
Antes del inicio de la audiencia hubo una conferencia de prensa en la que hablaron el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial Humberto Mingorance, el ingeniero Enrique Cinat (CNEA) y La directora provincial de Medio Ambiente Miriam Scalani.
Los tres funcionarios aseguraron que no se reabrirá el yacimiento de uranio y que la audiencia es una etapa más para concretar la remediación del impacto ambiental de estos pasivos en Sierra Pintada. Un proceso que podría durar más de 10 años según estimó Mingorance.
Lo cierto es que en la mina se calcula que hay 14.000 kilos de uranio que deben ser retirados y que se pueden reutilizar en las centrales atómicas del país.
En ese sentido confirmaron que la totalidad de estos residuos se retirará de suelo sanrafaelino como lo propone el plan de saneamiento que se elaboró y que contó con la ayuda de los ingenieros de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI).
En este marco, Mingorance señaló que "este es un día histórico para la provincia porque estamos dando el penúltimo paso para iniciar el proceso de remediación" y agregó que "en la zona hay 1.200.000 m3 de aguas contaminadas con el cianuro y más de 5.000 tachos que deben ser evacuados del lugar".
Ponderó la decisión del gobernador Alfredo Cornejo quien inició las gestiones ante la Comisión Nacional de Energía Atómica para concretar la remediación y dijo que "presentamos en el 2016 la propuesta para llevar adelante este proceso que tiene un dictamen técnico de los ingenieros de la FCAI que colaboraron y aportaron ideas nuevas para la remediación".
También explicó que en este proceso se involucró a los Municipios de San Rafael y Alvear y a Irrigación que luego se hará cargo del control de esta zona.
El funcionario calculó que "en principio la tarea puede demandar más de 10 años" y mencionó que "este material será trasladado en camiones especiales y retirado del lugar, Luego la Comisión decidirá su destino final". Volvió a confirmar que no habrá una reapertura de la mina.
Luego habló el ingeniero Cinta que hizo un resumen de lo sucedido en Sierra Pintada y recordó que la primera tarea de remediación que se hizo en Mendoza fue en Malargüe.
El funcionario nacional aseguró que "tomamos la decisión de solucionar este conflicto para evitar una eventual dispersión de este material" y agregó que "es muy bueno que distintos organismos y personas interesadas en el medio ambiente participen de esta audiencia pública".
Aseguró que "el plan de gestión ambiental que se impondrá para remediar los pasivos no va a contaminar los acuíferos cercanos" y reiteró que "no hay posibilidades de una reapertura".
Por último Miriam Scalani detalló que "en el lugar hay residuos de radio, uranio y arsénico que se tendrían que haber retirado a los 4 años" y agregó que "son 14.000 kilos de uranio que van a salir de suelo sanrafaelino".
En este marco los ambientalistas aceptaron la remediación pero algunos no estuvieron de acuerdo con el método que se utilizará para hacerla.
Lo cierto es que la audiencia no es vinculante pero algunos funcionarios ya anticiparon que , "si hubo propuestas interesantes se pueden tomar en cuenta para mejorar el proceso así como lo hicieron los ingenieros de la FCAI que propusieron modificaciones y se las aceptó".
Clima tranquilo
La audiencia se desarrolló en un clima de tranquilidad. No hubo conflictos y se montó un importante operativo de seguridad a cargo de la subcomisario de la UPAT, Marta Pedernera.
Loas ambientalistas colocaron algunas banderas al ingreso del Centro de Exposiciones pero no hubo manifestaciones ni agravios hacia los funcionarios.
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Sierra Pintada tuvo su audiencia pública para la remediación
Sierra Pintada: audiencia pública para remediar los pasivos ambientales
Fecha de Publicación: 12/01/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
El procedimiento, que no es vinculante pero que es el paso previo para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, estuvo postergado por años y ahora se destrabó para una primera etapa de remediación.
Lo que incluye esta primera fase es, en primer lugar, la denominada agua de cantera, que se acumula por un valor de 827.831 metros cúbicos. Es producto del proceso de lixiviación del mineral de uranio que produjo efluentes. Los líquidos reciclables eran enviados al denominado “dique pulmón”, desde donde se enviaban por bombeo a una planta de neutralización. Una vez neutralizados con cal se enviaban a las canteras. De acuerdo a la documentación existente, el contenido de uranio supera ampliamente los niveles guía, de ahí la importancia de su tratamiento.
También se incluirá en esta etapa la remediación de 5.223 tambores con residuos que fueron generados en el complejo minero de Córdoba y que a fines de la década del ’90 fueron traídos a San Rafael. Son residuos embalados en bolsas de plásticos y contenidos dentro de tambores de 200 litros, que fueron colocados en trincheras. El contenido total de uranio de los mismos es de 14 mil kilos.
Según el expediente 1.169 hay tres riesgos ambientales en el complejo minero fabril San Rafael. La emanación de gas radón desde las colas de mineral a la atmósfera, lo que si bien se encuentra dentro de los límites, debe ser minimizado. Segundo la radiación gamma proveniente de los productos radioactivos de la cola de mineral. Y tercero, la dispersión de las colas mediante el viento o el agua, o por disolución, ya que pueden trasladar partículas radiactivas y otros compuestos tóxicos a fuentes de agua superficiales y subterráneas, o a la atmósfera.
La prioridad establecida para la remediación es en primer lugar el agua de cantera y los residuos sólidos (primera fase). Luego las colas de tratamiento, minerales marginales y precipitados sólidos. Finalmente las escombreras areniscas, las canteras y las escombreras tobas. Esa primera fase podría demandar unos diez años en completarse.
Cabe recordar que en este complejo minero de San Rafael se llevó a cabo la explotación de yacimientos de uranio para obtener concentrado de uranio como producto final. La actividad minera fue suspendida en julio de 1995 cuando por el bajo precio del uranio se decidió importar ese concentrado.
El complejo tiene 2007 hectáreas de las cuales fueron afectadas por la infraestructura construida unas 437.
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Fecha de Publicación: 12/01/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
El procedimiento, que no es vinculante pero que es el paso previo para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, estuvo postergado por años y ahora se destrabó para una primera etapa de remediación.
Lo que incluye esta primera fase es, en primer lugar, la denominada agua de cantera, que se acumula por un valor de 827.831 metros cúbicos. Es producto del proceso de lixiviación del mineral de uranio que produjo efluentes. Los líquidos reciclables eran enviados al denominado “dique pulmón”, desde donde se enviaban por bombeo a una planta de neutralización. Una vez neutralizados con cal se enviaban a las canteras. De acuerdo a la documentación existente, el contenido de uranio supera ampliamente los niveles guía, de ahí la importancia de su tratamiento.
También se incluirá en esta etapa la remediación de 5.223 tambores con residuos que fueron generados en el complejo minero de Córdoba y que a fines de la década del ’90 fueron traídos a San Rafael. Son residuos embalados en bolsas de plásticos y contenidos dentro de tambores de 200 litros, que fueron colocados en trincheras. El contenido total de uranio de los mismos es de 14 mil kilos.
Según el expediente 1.169 hay tres riesgos ambientales en el complejo minero fabril San Rafael. La emanación de gas radón desde las colas de mineral a la atmósfera, lo que si bien se encuentra dentro de los límites, debe ser minimizado. Segundo la radiación gamma proveniente de los productos radioactivos de la cola de mineral. Y tercero, la dispersión de las colas mediante el viento o el agua, o por disolución, ya que pueden trasladar partículas radiactivas y otros compuestos tóxicos a fuentes de agua superficiales y subterráneas, o a la atmósfera.
La prioridad establecida para la remediación es en primer lugar el agua de cantera y los residuos sólidos (primera fase). Luego las colas de tratamiento, minerales marginales y precipitados sólidos. Finalmente las escombreras areniscas, las canteras y las escombreras tobas. Esa primera fase podría demandar unos diez años en completarse.
Cabe recordar que en este complejo minero de San Rafael se llevó a cabo la explotación de yacimientos de uranio para obtener concentrado de uranio como producto final. La actividad minera fue suspendida en julio de 1995 cuando por el bajo precio del uranio se decidió importar ese concentrado.
El complejo tiene 2007 hectáreas de las cuales fueron afectadas por la infraestructura construida unas 437.
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Rescate de lobos marinos por la contaminación del mar
Por la contaminación, cada año se rescatan entre 30 y 40 lobos marinos en la Costa Atlántica
Fecha de Publicación: 09/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El dato proviene de la Fundación Fauna Argentina, que trabaja para salvar a los mamíferos que quedan atrapados entre redes perdidas, sunchos de embalaje y una gran cantidad de residuos derivados de la actividad pesquera. El video que muestra como un lobo marino lucha por quitarse un desecho que lo lastima
En los últimos días circuló un video que muestra el vano intento de un lobo marino por liberarse de un aro de plástico incrustado en la zona del cuello en la Escollera Sur de Mar del Plata. Las imágenes pusieron en agenda nuevamente una problemática de larga data que se repite no solo en La Feliz sino a lo largo de toda la costa bonaerense.
El censo de basura costera 2018 realizado por la Fundación Vida Silvestre en 16 localidades, arrojó resultados preocupantes: en 81 héctareas de relevamiento recolectaron 46.673 piezas de residuos, entre colillas de cigarro, bolsas, restos de nylon, vidrios, telgopor, botellas, tapitad y demás. El 82% del total eran elementos de plástico.
Juan Antonio Lorenzani es coordinador de la Fundación Fauna Argentina, una organización que desde 1982 se encarga del cuidado de especies marinas, especialmente de los lobos marinos, símbolos de la ciudad costera.
En diálogo con Infobae, el experto comentó que debido a la contaminación ambiental por año deben rescatar a entre 30 y 40 ejemplares afectados por "pedazos de redes, nylon, sogas, tanzas", que se suman a restos de plásticos, aros de botellas, anzuelos, entre otros elementos.
Además, contó que a muchos de los mamíferos, al igual que el del video en cuestión difundido por el diario La Capital, los deben liberar de sunchos. "Son elementos de forma circular que caen al agua. Se usan generalmente para prensar las cajas en el área del puerto. Se lo enganchan cuando nadan, les cortan la piel y después van penetrando en la zona muscular", explicó.
Para ello desarrollaron una herramienta especial, "un tipo de vara larga y liviana -de 1,5, 2 y 5 metros- que permite acercarse al animal de un modo seguro y evitando el uso de dardos tranquilizantes", detalló.
"Hay épocas en las que se llegaron a cortar hasta tres o cuatro sunchos por animal", agregó Lorenzani y apuntó que en temporada de verano se produce una merma de trabajo porque "la colonia de la Escollera Sur es de machos que emigran a las colonias de Uruguay, a la isla de Lobos o hacia el sur hasta fines de febrero o principios de marzo, cuando regresan".
Los sunchos de embalajes y la mayoría de los productos que afectan a los lobos marinos provienen de la actividad pesquera, puntualizó el experto.
Guillermo Cañete, que es integrante del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre, consideró que esto se debe a un combo de causales. "Algunas son la falta de conciencia, las prácticas pesqueras no responsables y el no cumplimiento de algunas regulaciones", señaló a Infobae.
Cañete contó que mediante el programa de su organización trabajan en la conservación de la biodiversidad y la pesca sustentable, proponiendo por ejemplo, "mejorar los dispositivos de pesca para bajar esta incidencia de la actividad sobre albatros, petreles, tortugas, mamíferos marinos y otros".
Independientemente de la producción pesquera, el problema de la contaminación marina se eleva a escalas globales. Un análisis de Naciones Unidas alertó que por año se arrojan 13 millones de toneladas de plástico a las aguas y pronosticó que para 2050 se estima que podría haber más plástico que peces en los océanos.
Ante este contexto, Cañete sostiene que hay mucho por cambiar: "Si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo hoy seguramente los niveles de contaminación van a aumentar. Pero lo bueno es que se están llevando adelante iniciativas para frenar este problema. Por ejemplo, en Mar del Plata se trabaja en disminuir el ingreso de plástico al mar, controlando lo que pasa con los efluentes y desagües pluviales".
Por su parte, Lorenzani destacó que hace dos meses tuvieron reuniones con el consorcio regional puerto Mar del Plata, encargado del funcionamiento interno del puerto, en las que "se comprometieron a tener más cuidado" y hacer hincapié en que los residuos no caigan al agua.
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Fecha de Publicación: 09/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El dato proviene de la Fundación Fauna Argentina, que trabaja para salvar a los mamíferos que quedan atrapados entre redes perdidas, sunchos de embalaje y una gran cantidad de residuos derivados de la actividad pesquera. El video que muestra como un lobo marino lucha por quitarse un desecho que lo lastima
En los últimos días circuló un video que muestra el vano intento de un lobo marino por liberarse de un aro de plástico incrustado en la zona del cuello en la Escollera Sur de Mar del Plata. Las imágenes pusieron en agenda nuevamente una problemática de larga data que se repite no solo en La Feliz sino a lo largo de toda la costa bonaerense.
El censo de basura costera 2018 realizado por la Fundación Vida Silvestre en 16 localidades, arrojó resultados preocupantes: en 81 héctareas de relevamiento recolectaron 46.673 piezas de residuos, entre colillas de cigarro, bolsas, restos de nylon, vidrios, telgopor, botellas, tapitad y demás. El 82% del total eran elementos de plástico.
Juan Antonio Lorenzani es coordinador de la Fundación Fauna Argentina, una organización que desde 1982 se encarga del cuidado de especies marinas, especialmente de los lobos marinos, símbolos de la ciudad costera.
En diálogo con Infobae, el experto comentó que debido a la contaminación ambiental por año deben rescatar a entre 30 y 40 ejemplares afectados por "pedazos de redes, nylon, sogas, tanzas", que se suman a restos de plásticos, aros de botellas, anzuelos, entre otros elementos.
Además, contó que a muchos de los mamíferos, al igual que el del video en cuestión difundido por el diario La Capital, los deben liberar de sunchos. "Son elementos de forma circular que caen al agua. Se usan generalmente para prensar las cajas en el área del puerto. Se lo enganchan cuando nadan, les cortan la piel y después van penetrando en la zona muscular", explicó.
Para ello desarrollaron una herramienta especial, "un tipo de vara larga y liviana -de 1,5, 2 y 5 metros- que permite acercarse al animal de un modo seguro y evitando el uso de dardos tranquilizantes", detalló.
"Hay épocas en las que se llegaron a cortar hasta tres o cuatro sunchos por animal", agregó Lorenzani y apuntó que en temporada de verano se produce una merma de trabajo porque "la colonia de la Escollera Sur es de machos que emigran a las colonias de Uruguay, a la isla de Lobos o hacia el sur hasta fines de febrero o principios de marzo, cuando regresan".
Los sunchos de embalajes y la mayoría de los productos que afectan a los lobos marinos provienen de la actividad pesquera, puntualizó el experto.
Guillermo Cañete, que es integrante del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre, consideró que esto se debe a un combo de causales. "Algunas son la falta de conciencia, las prácticas pesqueras no responsables y el no cumplimiento de algunas regulaciones", señaló a Infobae.
Cañete contó que mediante el programa de su organización trabajan en la conservación de la biodiversidad y la pesca sustentable, proponiendo por ejemplo, "mejorar los dispositivos de pesca para bajar esta incidencia de la actividad sobre albatros, petreles, tortugas, mamíferos marinos y otros".
Independientemente de la producción pesquera, el problema de la contaminación marina se eleva a escalas globales. Un análisis de Naciones Unidas alertó que por año se arrojan 13 millones de toneladas de plástico a las aguas y pronosticó que para 2050 se estima que podría haber más plástico que peces en los océanos.
Ante este contexto, Cañete sostiene que hay mucho por cambiar: "Si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo hoy seguramente los niveles de contaminación van a aumentar. Pero lo bueno es que se están llevando adelante iniciativas para frenar este problema. Por ejemplo, en Mar del Plata se trabaja en disminuir el ingreso de plástico al mar, controlando lo que pasa con los efluentes y desagües pluviales".
Por su parte, Lorenzani destacó que hace dos meses tuvieron reuniones con el consorcio regional puerto Mar del Plata, encargado del funcionamiento interno del puerto, en las que "se comprometieron a tener más cuidado" y hacer hincapié en que los residuos no caigan al agua.
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Duro comunicado de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú
Asamblea Ambiental Gualeguaychú: “Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia”
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores -entre ellos Juan José Bahillo, Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda- y a los titulares de Producción y Ambiente de la provincia. También se refieren -aunque sin mencionar su nombre- al Intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Además, hacen foco en el accionar en materia ambiental de los Gobiernos provincial -particularmente en la figura del Gobernador Bordet- y en el orden municipal, en lo referido a la situación de la Planta de Efluentes Cloacales y el Ecoparque. El texto completo del documento es el siguiente:
Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública
1. BOTNIA
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos.
Al respecto, en junio de este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental alertó a las autoridades de la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La primera son los desechos industriales que dicha futura planta arrojará al río Negro, curso que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa y en el marco del actual PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa” sobre el río Uruguay, hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta de que una segunda pastera de Botnia termine instalándose Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una vez más, la Asamblea Ciudadana advirtió con mucha antelación, profusa documentación y datos técnicos que la posibilidad de que Botnia II se instale a orillas del río Negro uruguayo es técnica y ambientalmente imposible. Las autoridades nacionales, a través de la CARU deberían informar que temperamento adoptarán ante el severo alerta planteado y actuar a tiempo, porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al respecto.
2. MONITOREO DEL AIRE
Por otra parte, la Asamblea Ciudadana Ambiental desde hace más de dos años, viene realizando un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a día en Gualeguaychú.
3. FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las actividades productivas.
La Asamblea Ciudadana Ambiental reafirma que hasta que no se demuestre que alguna de estas sustancias que se utilizan en dichas actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen perímetros de seguridad en las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de escuelas y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa.
Es llamativo que a la responsable del Consejo General de Educación de la provincia, no se le haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados.
También resulta vergonzoso que el Senador Departamental de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda y el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con un Decreto del gobernador Bordet el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal respecto a las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en su voto particular llega a exhortar al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley en materia de agrotóxicos que sustituya la actual que rige en Entre Ríos. Si se produjera alguna norma regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno.
4. LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras que están activas en Uruguay. La vergonzante derogación de esa ley, impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la industria maderera entrerriana, la incorporación de valor agregado y la construcción de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.
5. GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia es impresentable y los responsables de dichos organismos, Barbieri y Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores. Asimismo aún no se ha reglamentado la Ordenanza, también ya aprobada, que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.
6. PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES
Otra de las cuestiones muy preocupante es el lamentable estado de funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era el adecuado. Pero pese a los Convenios firmados con Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú.
7. PLANTA EFLUENTES PIG
Celebramos la concreción de la nueva planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo de los vecinos del Barrio Don Pedro quienes lograron que interviniera la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada.
8. ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General de la Nación, en mayo de 2015, reveló que existieron irregularidades atribuibles a la anterior gestión municipal y que nunca se investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de su operación y ahora será necesario que la Municipalidad negocie un nuevo crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál será el accionar concreto que llevarán a cabo para lograr que el Ecoparque continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
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Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores -entre ellos Juan José Bahillo, Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda- y a los titulares de Producción y Ambiente de la provincia. También se refieren -aunque sin mencionar su nombre- al Intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Además, hacen foco en el accionar en materia ambiental de los Gobiernos provincial -particularmente en la figura del Gobernador Bordet- y en el orden municipal, en lo referido a la situación de la Planta de Efluentes Cloacales y el Ecoparque. El texto completo del documento es el siguiente:
Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública
1. BOTNIA
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos.
Al respecto, en junio de este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental alertó a las autoridades de la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La primera son los desechos industriales que dicha futura planta arrojará al río Negro, curso que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa y en el marco del actual PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa” sobre el río Uruguay, hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta de que una segunda pastera de Botnia termine instalándose Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una vez más, la Asamblea Ciudadana advirtió con mucha antelación, profusa documentación y datos técnicos que la posibilidad de que Botnia II se instale a orillas del río Negro uruguayo es técnica y ambientalmente imposible. Las autoridades nacionales, a través de la CARU deberían informar que temperamento adoptarán ante el severo alerta planteado y actuar a tiempo, porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al respecto.
2. MONITOREO DEL AIRE
Por otra parte, la Asamblea Ciudadana Ambiental desde hace más de dos años, viene realizando un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a día en Gualeguaychú.
3. FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las actividades productivas.
La Asamblea Ciudadana Ambiental reafirma que hasta que no se demuestre que alguna de estas sustancias que se utilizan en dichas actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen perímetros de seguridad en las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de escuelas y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa.
Es llamativo que a la responsable del Consejo General de Educación de la provincia, no se le haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados.
También resulta vergonzoso que el Senador Departamental de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda y el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con un Decreto del gobernador Bordet el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal respecto a las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en su voto particular llega a exhortar al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley en materia de agrotóxicos que sustituya la actual que rige en Entre Ríos. Si se produjera alguna norma regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno.
4. LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras que están activas en Uruguay. La vergonzante derogación de esa ley, impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la industria maderera entrerriana, la incorporación de valor agregado y la construcción de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.
5. GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia es impresentable y los responsables de dichos organismos, Barbieri y Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores. Asimismo aún no se ha reglamentado la Ordenanza, también ya aprobada, que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.
6. PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES
Otra de las cuestiones muy preocupante es el lamentable estado de funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era el adecuado. Pero pese a los Convenios firmados con Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú.
7. PLANTA EFLUENTES PIG
Celebramos la concreción de la nueva planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo de los vecinos del Barrio Don Pedro quienes lograron que interviniera la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada.
8. ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General de la Nación, en mayo de 2015, reveló que existieron irregularidades atribuibles a la anterior gestión municipal y que nunca se investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de su operación y ahora será necesario que la Municipalidad negocie un nuevo crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál será el accionar concreto que llevarán a cabo para lograr que el Ecoparque continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
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Recorrerán todo el Limay para mostrar la contaminación
Con una travesía de 11 días mostrarán cómo se contamina el Limay
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Compararán las imágenes y el agua de la naciente con la confluencia del Neuquén, para demostrar la necesidad de evitar un “Riachuelo” patagónico.
Los vecinos que reclaman las aguas limpias del Limay organizaron una travesía de once días por el río que lleva un mensaje de concientización a lo largo de 550 kilómetros sobre el espejo de agua.
Buscarán sortear las cinco presas que se cruzan su trayecto hasta la confluencia y navegarlo completo.
La actividad será un llamado de atención sobre cómo el agua que nace cristalina, inolora y sin bacterias muta a los pocos kilómetros aguas abajo en una curso de agua que se monitorea permanentemente porque se desconfía hasta la aptitud balnearia de su curso.
Se trata de un grupo de los “amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos”, “Amigos del Limay” o los vecinos de Neuquén que pelean por mantener las aguas lo más limpias posibles de los ríos que nacen de las vertientes de deshielo y que lamentablemente a Neuquén llegan a los balnearios con coliformes, entre otros residuos.
El resto de los vecinos que comparten la misma intención se reunirán en Olascoaga al fondo, en el balneario Río Grande, en un aniversario más de la multitudinaria marcha vecinal que espontáneamente nació de un posteo en las redes que interpeló: “vamos a dejar que el Limay se convierta en un Riachuelo?”
Se planea hacer una actividad con el arribo de los navegantes que además conmemore los tres años de la primera marchan en defensa de los ríos en la capital neuquina. Habría charlas con diferentes profesionales del ambiente y junta de firmas para exigir el vertido cero.
La “expedición” desde la naciente del Limay comenzará el 4 de enero y se estima termine el 14.
“Vamos a ver el río que recibimos de la naciente en el Nahuel Huapi y baja recorriendo lugares que muchos no conocen, a pesar de que se trata de toda gente preparada para hacer esta travesía”, dijo Luis Arellano, uno de los organizadores e integrantes de la travesía del Limay.
Explicó que pocos han realizado el trayecto aguas abajo debido a la dificultad de sortear 5 presas sobre el curso del Limay.
“La idea es mostrar cómo es aquello y documentarlo, y preguntarnos por los cambios que nosotros percibimos a través del río: las pisciculturas que están sobre el Alicura, el paso por Piedra y Picún; y las zonas que conocemos más como de Senillosa a Plottier y Neuquén”, dijo Luis Arellano, uno de los integrantes de la expedición.
Se pretenderá interpelar a los funcionarios sobre las diferencias que se perciben en los tramos “y qué harán para que esto termine y podamos volver a tener el río de generaciones anteriores”, dijo Arellano.
Habrá fotos, filmaciones y todo lo que sirva para “difundir cómo es el río Limay a lo largo de su recorrido y cómo lo estamos entregando a la provincia de Río Negro en la confluencia con el río Neuquén, que es casi una cloaca”, comentó.
Una aventura que incluye pasar por todas las presas
El viaje por el curso del Limay con 30 ó 40 kilómetros de avance diarios busca ser un aporte sobre el conocimiento del río. Desde la organización sostienen que nadie ama lo que no conoce, por eso esta premisa de recorrerlo desde adentro y hacer esta prueba que es exigente hasta para los más experimentados del remo.
Viajan kayaquistas que están en condiciones físicas y con embarcaciones aptas para el recorrido y que cumplan los requisitos de seguridad que exige Prefectura; sin embargo, muy pocas personas han realizado el viaje total por las complicaciones que involucra un viaje que debe sortear cinco represas.
“Hay que bajarse con el kayak y viajar por cañadones y la barda por sectores donde no hay camino, con todo el equipamiento de viaje a cuestas, para retomar el río aguas abajo de Alicura, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito”, describió Arellano.
Agregó que la travesía es poco realizada porque muchos de los deportistas o pescadores priorizan algún tramos: “se rema en el Limay medio desde Pichi Picún hasta donde nace el Chocón; otros desde Dina Huapi hasta confluencia Traful (confluencia Alicura). Hay sectores donde la ruta está a 40 kilómetros del lago, entonces cualquier asistencia por alguna emergencia se torna difícil, con poca comunicación y dificultades para el apoyo logístico, esto hace que la travesía total por el Limay sea incómoda”, describió Arellano.
En cada etapa los navegantes tendrán descansos con acampes agrestes. Por ahora hay un equipo de travesía conformado por 6 personas. Hay algunos sectores del río que será imperioso suspender cuando haya vientos de 60 ó 70 kilómetros “y por experiencia sabemos que hay que suspender por la peligrosidad, por esto se buscará ir con personas preparadas que puedan documentar en fotos e imágenes todo, para que la gente conozca y como dice el eslogan de la travesía, ame lo que tenemos a partir de que lo conoce”, sostuvo.
Arrelano agregó que con las acciones que se hicieron “algún éxito se tuvo” pero aún “ hay mucho más para hacer, e invertir en saneamiento y cuidado nuestros recursos”.
Son 550 km de travesía que va desde la naciente del río Limay en el lago Nahuel Huapi hasta su confluencia con el río Neuquén, con partida el 4 de enero.
“Para bajar por el Limay hay que sortear 5 represas. Es incómodo, muy complejo y pocos lo hacen entero, sí por tramos”.
Luis Arellano, integrante de la organización Salvemos los Ríos.
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Vaca Muerta y un 2018 que mostró lo que es
El 2018 en Vaca Muerta, donde la regla es ‘lo excepcional’
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta se ha convertido paulatinamente en el pleno de la ruleta económica macrista. Es la esperanza que todavía sigue en pié. En tanto, los territorios avasallados y sus poblaciones sufren el despojo, la degradación se profundiza pozo a pozo y los trabajadores petroleros comienzan a aparecer también como ‘afectados’ por la explotación.
El video tiembla y no fija el plano. Grabado por el celular de un obrero petrolero, ese registro fue central para conocer lo sucedido en el pozo YPF.Nq.LCav-26 que se descontroló en la madrugada del viernes 19 de octubre y se mantuvo surgente durante 36 horas. En ese momento la compañía Nabors realizaba las tareas de perforación en el área hidrocarburífera Bandurria Sur, que opera YPF asociada a la estadounidense Schlumberger.
Durante un día y medio el pozo escupió líquidos de perforación e hidrocarburos, entre otros tóxicos. FARN y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén aseguró que fueron 45. Finalmente, el organismo provincial suspendió la licencia ambiental de cuatro pozos e impuso una multa de 32.9 millones de pesos. En un cálculo conservador, ese monto implica menos del 0.5% de los 390 millones de dólares que en octubre de 2017 Schlumberger se comprometió a invertir en el desarrollo inicial del área.
Tras la surgencia, el subsecretario de Ambiente de Neuquén Juan Lucchelli se apuró a subrayar que hacía cuatro años que no se registraba un incidente de estas características. Una afirmación que debe, cuanto menos, ser matizada.
El evento anterior al que hacía referencia el responsable de la oficina ambiental de Neuquén sucedió en el área Loma Campana, al suroeste de Bandurria Sur, el 2 de septiembre de 2014. Loma Campana es operada por YPF asociada con Chevron. En aquella oportunidad la contratista DLS no pudo controlar la presión del pozo y la pérdida duró 16 horas. El área hidrocarburífera se asienta sobre el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe. Las imágenes difundidas por la organización indígena fueron fundamentales para conocer esa situación.
Entre los dos sucesos mencionados, el 2018 y el de 2014, respectivamente, registramos, también, por lo menos dos eventos de envergadura en la provincia de Río Negro. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280. En el área Estación Fernández Oro, YPF perfora en chacras que producían peras y manzanas, poniendo en jaque la economía del Alto Valle rionegrino. La explosión fue al lado del barrio Calle Ciega 10, cuyas vecinas dieron a conocer el hecho.
También en la misma área, y por la denuncia de quienes trabajan en las inmediaciones del lugar, en 2016, se conoció la magnitud de lo que YPF había informado como un “derrame menor”. Posteriormente el Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas.
A partir del 19 de octubre de 2018 los incidentes empezaron a difundirse como una serie. De repente era importante aquello de lo que habitualmente poco se conoce. Luego de la surgencia en Bandurria Sur, YPF hizo público un derrame menor (0.6 m3) en un pozo convencional de Loma la Lata. Mientras que en diciembre se registró en Allen una nueva surgencia, en el pozo EFO 355, los hidrocarburos llegaron a un curso de agua que se comunica con el río Negro, cauce en torno al cual se asentó la población y se desarrolló el complejo productivo de la región.
Los rumores de accidentes y los rumores sobre presiones para que los operarios no difundieran imágenes de los “eventos” se volvieron una constante. A raíz de la trascendencia de lo sucedido en Bandurria Sur, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Allí se constata que hay más de dos incidentes ambientales por día en esa provincia. Si bien los números varían año a año, solo en los primeros 10 meses de 2018 se identificaron 934 incidentes. En ese período, el 95% de las contingencias ambientales fueron catalogadas como “menores” y solo el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, de los que no trascendió ninguna información oficial 1 .
No hay capacidad de control estatal, no hay información ambiental adecuada y estas situaciones se conocen porque alguien las muestra. El celular obrero o mapuche, y las denuncias de trabajadores de la fruta o de vecinas han sido los vehículos para conocer los hechos. Los teléfonos se convierten así en un medio difuso de fiscalización que obliga a las empresas y a los funcionarios a tomar públicamente medidas en situaciones que antes dejaban libradas a, en el mejor de los casos, negociaciones no conocidas.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. “Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas”, sostuvo la médica Sandra Steingraber . En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio:en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la “adenda” del convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. “Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada”.
Los derrames y las muertes obreras tuvieron cierta repercusión en las agendas mediáticas. Fueron presentadas como problemas vinculados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las excepciones, los errores, los inconvenientes. Nos parecen pertinentes dos comentarios al respecto.
Por un lado, que lejos de la excepcionalidad que la cobertura mediática enfatizó y la información oficial propuso, las situaciones excepcionales son regulares. Por otro lado, el propio desarrollo de este tipo de explotación es nocivo. Cada perforación implica aproximadamente el desmonte de una hectárea de la ambiente frágil o de tierras transformadas en productivas por el acumulado de décadas de trabajo, millones de litros de agua (cada vez más, en la medida que extienden las perforaciones horizontales y los procesos de fracturas), multiplicar las emisiones de gases tóxicos que afectan las salud y el clima, y destrozar las economías regionales, que comienzan a palpitar su vida al calor del precio internacional del barril.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta se ha convertido paulatinamente en el pleno de la ruleta económica macrista. Es la esperanza que todavía sigue en pié. En tanto, los territorios avasallados y sus poblaciones sufren el despojo, la degradación se profundiza pozo a pozo y los trabajadores petroleros comienzan a aparecer también como ‘afectados’ por la explotación.
El video tiembla y no fija el plano. Grabado por el celular de un obrero petrolero, ese registro fue central para conocer lo sucedido en el pozo YPF.Nq.LCav-26 que se descontroló en la madrugada del viernes 19 de octubre y se mantuvo surgente durante 36 horas. En ese momento la compañía Nabors realizaba las tareas de perforación en el área hidrocarburífera Bandurria Sur, que opera YPF asociada a la estadounidense Schlumberger.
Durante un día y medio el pozo escupió líquidos de perforación e hidrocarburos, entre otros tóxicos. FARN y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén aseguró que fueron 45. Finalmente, el organismo provincial suspendió la licencia ambiental de cuatro pozos e impuso una multa de 32.9 millones de pesos. En un cálculo conservador, ese monto implica menos del 0.5% de los 390 millones de dólares que en octubre de 2017 Schlumberger se comprometió a invertir en el desarrollo inicial del área.
Tras la surgencia, el subsecretario de Ambiente de Neuquén Juan Lucchelli se apuró a subrayar que hacía cuatro años que no se registraba un incidente de estas características. Una afirmación que debe, cuanto menos, ser matizada.
El evento anterior al que hacía referencia el responsable de la oficina ambiental de Neuquén sucedió en el área Loma Campana, al suroeste de Bandurria Sur, el 2 de septiembre de 2014. Loma Campana es operada por YPF asociada con Chevron. En aquella oportunidad la contratista DLS no pudo controlar la presión del pozo y la pérdida duró 16 horas. El área hidrocarburífera se asienta sobre el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe. Las imágenes difundidas por la organización indígena fueron fundamentales para conocer esa situación.
Entre los dos sucesos mencionados, el 2018 y el de 2014, respectivamente, registramos, también, por lo menos dos eventos de envergadura en la provincia de Río Negro. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280. En el área Estación Fernández Oro, YPF perfora en chacras que producían peras y manzanas, poniendo en jaque la economía del Alto Valle rionegrino. La explosión fue al lado del barrio Calle Ciega 10, cuyas vecinas dieron a conocer el hecho.
También en la misma área, y por la denuncia de quienes trabajan en las inmediaciones del lugar, en 2016, se conoció la magnitud de lo que YPF había informado como un “derrame menor”. Posteriormente el Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas.
A partir del 19 de octubre de 2018 los incidentes empezaron a difundirse como una serie. De repente era importante aquello de lo que habitualmente poco se conoce. Luego de la surgencia en Bandurria Sur, YPF hizo público un derrame menor (0.6 m3) en un pozo convencional de Loma la Lata. Mientras que en diciembre se registró en Allen una nueva surgencia, en el pozo EFO 355, los hidrocarburos llegaron a un curso de agua que se comunica con el río Negro, cauce en torno al cual se asentó la población y se desarrolló el complejo productivo de la región.
Los rumores de accidentes y los rumores sobre presiones para que los operarios no difundieran imágenes de los “eventos” se volvieron una constante. A raíz de la trascendencia de lo sucedido en Bandurria Sur, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Allí se constata que hay más de dos incidentes ambientales por día en esa provincia. Si bien los números varían año a año, solo en los primeros 10 meses de 2018 se identificaron 934 incidentes. En ese período, el 95% de las contingencias ambientales fueron catalogadas como “menores” y solo el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, de los que no trascendió ninguna información oficial 1 .
No hay capacidad de control estatal, no hay información ambiental adecuada y estas situaciones se conocen porque alguien las muestra. El celular obrero o mapuche, y las denuncias de trabajadores de la fruta o de vecinas han sido los vehículos para conocer los hechos. Los teléfonos se convierten así en un medio difuso de fiscalización que obliga a las empresas y a los funcionarios a tomar públicamente medidas en situaciones que antes dejaban libradas a, en el mejor de los casos, negociaciones no conocidas.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. “Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas”, sostuvo la médica Sandra Steingraber . En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio:en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la “adenda” del convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. “Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada”.
Los derrames y las muertes obreras tuvieron cierta repercusión en las agendas mediáticas. Fueron presentadas como problemas vinculados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las excepciones, los errores, los inconvenientes. Nos parecen pertinentes dos comentarios al respecto.
Por un lado, que lejos de la excepcionalidad que la cobertura mediática enfatizó y la información oficial propuso, las situaciones excepcionales son regulares. Por otro lado, el propio desarrollo de este tipo de explotación es nocivo. Cada perforación implica aproximadamente el desmonte de una hectárea de la ambiente frágil o de tierras transformadas en productivas por el acumulado de décadas de trabajo, millones de litros de agua (cada vez más, en la medida que extienden las perforaciones horizontales y los procesos de fracturas), multiplicar las emisiones de gases tóxicos que afectan las salud y el clima, y destrozar las economías regionales, que comienzan a palpitar su vida al calor del precio internacional del barril.
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Buenos Aires: preocupa pla aplicación de agroquímicos
Preocupa en el interior la aplicación indiscriminada de agroquímicos sobre zonas urbanas y suburbanas
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Neuquén: aseguran que los ríos ahora están limpios
Aseguran que tres plantas cloacales ya no dañan los ríos
Fecha de Publicación: 26/12/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ambiente de la provincia hizo los análisis a las del PIN, Bardas Norte y Tronador. Los efluentes están dentro de los parámetros normales
La Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén realizó muestreos de control de calidad en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales que posee el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en la ciudad -Planta PIN, Bardas Norte y Tronador- y concluyó que funcionan correctamente y que los líquidos vertidos arrojan valores muy por debajo de las máximas permitidas en relación con parámetros como Escherichia coli, coliformes totales y DBO (demanda bioquímica de oxígeno).
El presidente del EPAS, Mauro Millán, aseguró que este análisis “cierra otro año más de buenos resultados” en lo que se refiere a las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. “Esto corrobora lo que hemos afirmado siempre sobre el buen funcionamiento, la calidad y la responsabilidad de nuestro trabajo, así como en octubre lo comprobara Prefectura Naval Argentina y en noviembre también hiciera lo mismo Recursos Hídricos a través de un prestigioso laboratorio privado, CIATI”. “Destacamos cuando un organismo externo al EPAS llega a los excelentes resultados que nosotros obtenemos en nuestros muestreos constantes”, concluyó Millán.
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Fecha de Publicación: 26/12/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ambiente de la provincia hizo los análisis a las del PIN, Bardas Norte y Tronador. Los efluentes están dentro de los parámetros normales
La Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén realizó muestreos de control de calidad en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales que posee el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en la ciudad -Planta PIN, Bardas Norte y Tronador- y concluyó que funcionan correctamente y que los líquidos vertidos arrojan valores muy por debajo de las máximas permitidas en relación con parámetros como Escherichia coli, coliformes totales y DBO (demanda bioquímica de oxígeno).
El presidente del EPAS, Mauro Millán, aseguró que este análisis “cierra otro año más de buenos resultados” en lo que se refiere a las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. “Esto corrobora lo que hemos afirmado siempre sobre el buen funcionamiento, la calidad y la responsabilidad de nuestro trabajo, así como en octubre lo comprobara Prefectura Naval Argentina y en noviembre también hiciera lo mismo Recursos Hídricos a través de un prestigioso laboratorio privado, CIATI”. “Destacamos cuando un organismo externo al EPAS llega a los excelentes resultados que nosotros obtenemos en nuestros muestreos constantes”, concluyó Millán.
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Multa récord a YPF por el derrame en Neuquén
Multa récord a YPF: casi $ 33 millones por el derrame de petróleo en Neuquén
Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
El gobierno de la provincia del Neuquén informó hoy que, como consecuencia del incidente ambiental ocurrido los días 19 y 20 de octubre de 2018 por la surgencia descontrolada en el área de concesión Bandurria Sur de la formación geológica Vaca Muerta, sancionó a YPF con 23.000 IUS, el rango más alto permitido por ley, lo que determina una multa de $ 32.936.690.
También se determinó la suspensión de la licencia ambiental, lo que constituye una sanción sin antecedentes en la industria hidrocarburífera local.
Desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén -autoridad de aplicación de la Ley de Ambiente-, explicaron que la multa se encuadra en lo dispuesto en el artículo 28 inc. 1 de la ley provincial 1875, por el incumplimiento a los deberes jurídicos contenidos en los artículos 10 y 15 de la norma.
La ley 1875 tiene como objetivo establecer dentro de la política de desarrollo integral de la provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes.
Asimismo, se dispuso suspender en forma definitiva la licencia ambiental respecto de la perforación de los pozos YPF.Nq.LCav-26(h), YPF.Nq.LCav-27(h), YPF.Nq.LCav-28(h) e YPF.Nq.LCav-29(h) en locación 8 del área de concesión Bandurria Sur.
El incidente que originó la multa, un “blowout” o descontrol de pozo, comenzó el 19 de octubre último y se extendió por unas 36 horas: Fueron en total 47,6 hectáreas afectadas en distintos niveles, que deberán ser remediadas por YPF, con un plan que demandará más de ocho meses de trabajos en el área.
En los últimos dos meses, YPF también debió soportar otros incidentes, como el del 2 de noviembre pasado en Loma La Lata, cuando se produjo una surgencia de gas y barro de perforación, en momentos en que se efectuaban labores de terminación (workover) de un pozo convencional.
Otro incidente se registró el 30 del mismo mes, en el yacimiento Estación Fernández Oro de Allen, donde se registró una fuga de gas con líquidos utilizados para perforación.
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Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
El gobierno de la provincia del Neuquén informó hoy que, como consecuencia del incidente ambiental ocurrido los días 19 y 20 de octubre de 2018 por la surgencia descontrolada en el área de concesión Bandurria Sur de la formación geológica Vaca Muerta, sancionó a YPF con 23.000 IUS, el rango más alto permitido por ley, lo que determina una multa de $ 32.936.690.
También se determinó la suspensión de la licencia ambiental, lo que constituye una sanción sin antecedentes en la industria hidrocarburífera local.
Desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén -autoridad de aplicación de la Ley de Ambiente-, explicaron que la multa se encuadra en lo dispuesto en el artículo 28 inc. 1 de la ley provincial 1875, por el incumplimiento a los deberes jurídicos contenidos en los artículos 10 y 15 de la norma.
La ley 1875 tiene como objetivo establecer dentro de la política de desarrollo integral de la provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes.
Asimismo, se dispuso suspender en forma definitiva la licencia ambiental respecto de la perforación de los pozos YPF.Nq.LCav-26(h), YPF.Nq.LCav-27(h), YPF.Nq.LCav-28(h) e YPF.Nq.LCav-29(h) en locación 8 del área de concesión Bandurria Sur.
El incidente que originó la multa, un “blowout” o descontrol de pozo, comenzó el 19 de octubre último y se extendió por unas 36 horas: Fueron en total 47,6 hectáreas afectadas en distintos niveles, que deberán ser remediadas por YPF, con un plan que demandará más de ocho meses de trabajos en el área.
En los últimos dos meses, YPF también debió soportar otros incidentes, como el del 2 de noviembre pasado en Loma La Lata, cuando se produjo una surgencia de gas y barro de perforación, en momentos en que se efectuaban labores de terminación (workover) de un pozo convencional.
Otro incidente se registró el 30 del mismo mes, en el yacimiento Estación Fernández Oro de Allen, donde se registró una fuga de gas con líquidos utilizados para perforación.
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Plaguicidas prohibidos en la UE pero en Argentina...
Argentina busca limitar la prohibición en el uso de agroquímicos que impuso la UE desde 2019
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Río Negro: tras denuncias auditarán basurero petrolero
Realizarán pruebas de contaminación en la petrolera denunciada por mapuches
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La base de Treater en Añelo fue allanada la semana pasada. Desde el organismo judicial buscan determinar si las piletas de lodo tienen filtraciones.
La investigación por presunta contaminación ambiental que surgió por denuncias de comunidades mapuches contra la empresa Treater SA tendrán un punto de inflexión en enero. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid, ordenó un estudio complejo del suelo para afirmar o desmentir la presencia de tóxicos debajo de las piletas de acopio de la compañía.
Según indicó el funcionario judicial se trata de un análisis “tricapa” que se extiende decenas de metros por debajo de la superficie para controlar el estado de las napas y el subsuelo. El estudio necesita de la aprobación de fondos para la contratación de un laboratorio especializado.
Con esa evaluación se podrá determinar si los depósitos de la empresa, que se conocieron tras una publicación de la organización ambientalista Greenpeace, contaban con la debida impermeabilización a través de membranas.
A partir de los resultados de esas pericias, se podrá avanzar penalmente solo en dos casos: si hubo contaminación de napas subterráneas y por otro lado si el acopio fue indebido y afectó la salud de pobladores. que viven a unos 3 kilómetros de distancia en terrenos municipales.
Acerca de la publicación de la organización ambientalista, el fiscal jefe Breide Obeid sostuvo que aún no han recibido tal denuncia y señaló que los allanamientos requeridos la semana pasada fueron a partir de las presentaciones que realizaron las comunidades neuquinas donde la prueba que presentaron fue únicamente un video.
Paso por paso
Breide Obeid señaló que por el momento solo hay “una sospecha de contaminación” y agregó que deben separarse los planteos porque por un lado su actividad está vinculada al tratamiento de material contaminado y, por otro, lo que tiene que ver con las piletas de acopio y posterior tratamiento.
En ese contexto explayó que para determinar esto “hay que hacer una toma de muestra al rededor del piletón y si dan positivo es que tenemos filtraciones y tenemos contaminación”.
En el lugar se realizó la inspección ocular la semana pasada y, según el fiscal, “lo único que se ve es una pileta de líquido negro pero no lo que hay debajo. La única forma de determinar la existencia de la membrana es tomar una tricapa, que es una toma de muestra a los costados de la pileta”.
Otro aspecto de relevancia fue la cantidad de desechos que se acopian en el predio de Treater. Para este tema sostuvo que “hay que ver si tienen la capacidad para procesar todo lo que ingresa. Durante la inspección pudimos constatar que hay un solo horno funcionando y está ingresando más de lo que pueden tratar. En ese caso lo que tenemos que determinar es si la pilas de tierra que tienen que tratar están contaminando al resto”.
Breide Obeid trazó distinguió entre las actuaciones penales y las administrativas. Explicó que “hay una cuestión que tiene que ver con lo administrativo y es que la secretaría de Ambiente de la provincia quien tiene el poder de disciplina, como ocurrió en Bandurria”. Por otro lado dijo que su intervención es solo a partir de un delito.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La base de Treater en Añelo fue allanada la semana pasada. Desde el organismo judicial buscan determinar si las piletas de lodo tienen filtraciones.
La investigación por presunta contaminación ambiental que surgió por denuncias de comunidades mapuches contra la empresa Treater SA tendrán un punto de inflexión en enero. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid, ordenó un estudio complejo del suelo para afirmar o desmentir la presencia de tóxicos debajo de las piletas de acopio de la compañía.
Según indicó el funcionario judicial se trata de un análisis “tricapa” que se extiende decenas de metros por debajo de la superficie para controlar el estado de las napas y el subsuelo. El estudio necesita de la aprobación de fondos para la contratación de un laboratorio especializado.
Con esa evaluación se podrá determinar si los depósitos de la empresa, que se conocieron tras una publicación de la organización ambientalista Greenpeace, contaban con la debida impermeabilización a través de membranas.
A partir de los resultados de esas pericias, se podrá avanzar penalmente solo en dos casos: si hubo contaminación de napas subterráneas y por otro lado si el acopio fue indebido y afectó la salud de pobladores. que viven a unos 3 kilómetros de distancia en terrenos municipales.
Acerca de la publicación de la organización ambientalista, el fiscal jefe Breide Obeid sostuvo que aún no han recibido tal denuncia y señaló que los allanamientos requeridos la semana pasada fueron a partir de las presentaciones que realizaron las comunidades neuquinas donde la prueba que presentaron fue únicamente un video.
Paso por paso
Breide Obeid señaló que por el momento solo hay “una sospecha de contaminación” y agregó que deben separarse los planteos porque por un lado su actividad está vinculada al tratamiento de material contaminado y, por otro, lo que tiene que ver con las piletas de acopio y posterior tratamiento.
En ese contexto explayó que para determinar esto “hay que hacer una toma de muestra al rededor del piletón y si dan positivo es que tenemos filtraciones y tenemos contaminación”.
En el lugar se realizó la inspección ocular la semana pasada y, según el fiscal, “lo único que se ve es una pileta de líquido negro pero no lo que hay debajo. La única forma de determinar la existencia de la membrana es tomar una tricapa, que es una toma de muestra a los costados de la pileta”.
Otro aspecto de relevancia fue la cantidad de desechos que se acopian en el predio de Treater. Para este tema sostuvo que “hay que ver si tienen la capacidad para procesar todo lo que ingresa. Durante la inspección pudimos constatar que hay un solo horno funcionando y está ingresando más de lo que pueden tratar. En ese caso lo que tenemos que determinar es si la pilas de tierra que tienen que tratar están contaminando al resto”.
Breide Obeid trazó distinguió entre las actuaciones penales y las administrativas. Explicó que “hay una cuestión que tiene que ver con lo administrativo y es que la secretaría de Ambiente de la provincia quien tiene el poder de disciplina, como ocurrió en Bandurria”. Por otro lado dijo que su intervención es solo a partir de un delito.
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Larreta pagó $S 20 millones por vagones con amianto
La Ciudad confirmó que los vagones comprados a España tienen asbesto
Fecha de Publicación: 23/12/2018
Fuente: Revista Que
Provincia/Región: CABA
Se trata de los trenes CAF 5000 que el Gobierno de la Ciudad adquirió en 2011 y 2012 al Metro de Madrid. Por las formaciones, que se adquirieron sin licitaciones, se habían pagado casi U$S 20 millones. En España fueron sacados de circulación por contener material altamente cancerígeno.
La empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), dio a conocer que los resultados de laboratorio encargados a la empresa Dicon Medioambiental arrojaron que hay presencia de asbesto -un material tóxico también conocido como amianto- en las formaciones CAF 5000 adquiridas al Metro de Madrid.
La administración Rodríguez Larreta informó que, una vez terminados los estudios en los vehículos restantes, se procederá a la descontaminación de los vagones y a la posterior compactación de los mismos.
Cabe recordar que en 2011 y 2012, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, el hoy presidente Mauricio Macri, compró las 6 formaciones compuestas por 36, sin la debida licitación pública, a U$S 550.000 por unidad. En total, de las arcas de los porteños se erogó un total de U$S 19.800.000 que pronto pasará a convertirse en chatarra.
El gobierno de Larreta anunció hoy que presentó el “Plan de gestión integral de asbesto de la red de subte”, en el marco de la comisión conformada junto con los gremios; Metrovías; la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio; y la Defensoría del Pueblo.
Según informó el GCBA el mismo “consiste en la revisión paulatina del material rodante y de la infraestructura de la red, y en dar solución a la problemática en caso de confirmarse una eventual presencia de asbesto. Además, expusimos los resultados del análisis de las formaciones CAF 5000, que confirmaron la presencia de amianto en distintos componentes, fuera de todo contacto con los pasajeros”.
Los análisis sobre los coches CAF 5000, sacados de circulación en febrero pasado, fueron realizados por la empresa DICON –un operador especializado en el tratamiento de este tipo de materiales- que con la presencia de los gremios y siguiendo los protocolos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental, tomó las muestras de los elementos sospechados, para luego analizarlos en un laboratorio.
El Gobierno porteño sostuvo que “los resultados obtenidos corresponden al estudio de piezas de dos coches, que se encontraban bajo bastidor, dentro de cofres, y dentro del tablero de baja tensión en la cabina de conducción. Esto quiere decir que, en ningún caso, estaban al alcance de los pasajeros”.
Y agregaron que una vez que la firma Dicon finalice el análisis del resto de los CAF 5000, será la encargada de hacer la descontaminación de los coches. Y añadieron que posteriormente, desde la Ciudad “nos encargaremos de establecer los mecanismos habituales de disposición de las formaciones”.
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Fecha de Publicación: 23/12/2018
Fuente: Revista Que
Provincia/Región: CABA
Se trata de los trenes CAF 5000 que el Gobierno de la Ciudad adquirió en 2011 y 2012 al Metro de Madrid. Por las formaciones, que se adquirieron sin licitaciones, se habían pagado casi U$S 20 millones. En España fueron sacados de circulación por contener material altamente cancerígeno.
La empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), dio a conocer que los resultados de laboratorio encargados a la empresa Dicon Medioambiental arrojaron que hay presencia de asbesto -un material tóxico también conocido como amianto- en las formaciones CAF 5000 adquiridas al Metro de Madrid.
La administración Rodríguez Larreta informó que, una vez terminados los estudios en los vehículos restantes, se procederá a la descontaminación de los vagones y a la posterior compactación de los mismos.
Cabe recordar que en 2011 y 2012, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, el hoy presidente Mauricio Macri, compró las 6 formaciones compuestas por 36, sin la debida licitación pública, a U$S 550.000 por unidad. En total, de las arcas de los porteños se erogó un total de U$S 19.800.000 que pronto pasará a convertirse en chatarra.
El gobierno de Larreta anunció hoy que presentó el “Plan de gestión integral de asbesto de la red de subte”, en el marco de la comisión conformada junto con los gremios; Metrovías; la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio; y la Defensoría del Pueblo.
Según informó el GCBA el mismo “consiste en la revisión paulatina del material rodante y de la infraestructura de la red, y en dar solución a la problemática en caso de confirmarse una eventual presencia de asbesto. Además, expusimos los resultados del análisis de las formaciones CAF 5000, que confirmaron la presencia de amianto en distintos componentes, fuera de todo contacto con los pasajeros”.
Los análisis sobre los coches CAF 5000, sacados de circulación en febrero pasado, fueron realizados por la empresa DICON –un operador especializado en el tratamiento de este tipo de materiales- que con la presencia de los gremios y siguiendo los protocolos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental, tomó las muestras de los elementos sospechados, para luego analizarlos en un laboratorio.
El Gobierno porteño sostuvo que “los resultados obtenidos corresponden al estudio de piezas de dos coches, que se encontraban bajo bastidor, dentro de cofres, y dentro del tablero de baja tensión en la cabina de conducción. Esto quiere decir que, en ningún caso, estaban al alcance de los pasajeros”.
Y agregaron que una vez que la firma Dicon finalice el análisis del resto de los CAF 5000, será la encargada de hacer la descontaminación de los coches. Y añadieron que posteriormente, desde la Ciudad “nos encargaremos de establecer los mecanismos habituales de disposición de las formaciones”.
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Una sentencia por arsénico que puede hacer historia
Una sentencia judicial dice que el agua de Chivilcoy es “no apta para el consumo humano”
Fecha de Publicación: 23/12/2018
Fuente: La Razón de Chivilcoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Ayer se dio a conocer las alternativas del fallo, que obliga a ABSA a terminar las obras de la planta de ósmosis inversa y al OCABA y la Autoridad del Agua a “informar si la obra resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino”.
La batalla entre vecinos de Chivilcoy y la empresa ABSA por una mejor calidad del agua tuvo su sentencia, aunque no definitiva. Tras varios meses, el juez Martín Cherubini, del Juzgado N° 6 de Mercedes, determinó que el agua que se consume en la ciudad es “no apta para el consumo humano”.
Asimismo, conmina a ABSA y a la provincia de Buenos Aires a que en un plazo de seis meses, esté terminada la planta de ósmosis inversa que se construye en la sede del polideportivo, al tiempo que obliga al Organismo de Control de Aguas Bonaerenses (OCABA) y la Autoridad del Agua, a controlar e informar de la utilidad de esta planta y el impacto ambiental que generará.
Así se informó en una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo, con la presencia de vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua de Chivilcoy; los abogados, Santilli y Caselles que llevaron adelante la causa e integrantes de la Mesa de Fiscalización por el Agua. Por el municipio estuvieron Matías Múo, coordinador de Gobierno y Cintia Satriano, coordinadora de la Secretaría de Calidad Alimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente.
Ezequiel Caselles, uno de los integrantes de la Asamblea por el Agua, manifestó en referencia a la sentencia que “es muy favorable para la comunidad en torno a este reclamo legítimo que venimos teniendo desde hace años en nuestra ciudad, ya que acarrea enfermedades”.
“Es un fallo que nos confirma, pero no nos conforma. Nos confirma el reclamo por el derecho que vemos vulnerado y creemos que esta sentencia nos da la razón”, dijo Caselles, al tiempo que agregó que “no nos conforma, en el sentido que tenemos que seguir trabajando y nos obliga a tomar más compromiso y responsabilidad para llegar a soluciones definitivas”.
Caselles señaló que “Hace más un año y medio demandamos a ABSA y a la provincia de Buenos Aires, a partir de los análisis que realizamos en nuestros hogares, que arrojaron altos niveles de arsénico, nitratos y nitritos en el agua de red. Después de varios idas y vueltas, propias de la justicia, recibimos la sentencia final sobre el asunto”.
“El fallo del juez Martín Cherubini del Juzgado 6 de Mercedes nos confirma lo que sabíamos y que ABSA negaba en un primer momento”, subrayó.
Sentencia textual
El texto del fallo, expresa: “La totalidad de los interesados ha reconocido la existencia del problema con la provisión de agua en la ciudad de Chivilcoy, lo cual, conforme surge de los informes realizados por el OCABA en el expediente administrativo acorallado, la torna no apta para consumo humano”.
“Las pretendidas, dice el Juez, ABSA y la provincia de Buenos Aires, han dado muestras de la necesidad de realizar obras para evitar este flagelo”.
Por lo tanto, “el decisorio que aquí se dicta, tiene entonces por objeto tal cometido cual es que, reconocido y probado el quebrantamiento del derecho fundamental invocado (a la salud) por los vecinos de Chivilcoy, su restitución se realice en un tiempo razonable”.
“Por esto el Juez resuelve: Estipula un plazo máximo de 6 meses para que ABSA termine la obra de Osmosis inversa. La Autoridad del Agua deberá realizar bimestralmente los estudios que ha ido efectuando, según obra en expediente administrativo, debiendo informar los resultados al Juez y a la Comisión fiscalizadora. (De este expediente aportado por la fiscaliza de estado de la provincia se desprende que el OCABA ha monitoreado entre los años 2012 y 2017 a la empresa ABSA en Chivilcoy y que la misma no cumple con lo requerido ni con los niveles permitidos en la normativa que la misma dice deben ser aplicados)”.
“A su vez deberá informar al Juez si la obra comprometida resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino y en su caso qué obras necesitan desarrollarse”.
Asamblea del agua
Caselles puntualizó que, “no nos conforma el fallo, hasta tanto tengamos la seguridad que los habitantes de Chivilcoy podamos tener un agua segura para nuestra salud. Porque hay personas en nuestra comunidad con serias enfermedades acarreadas por el Hacre (Hidroarsenisismo crónico regional endémico). Porque no confiamos en una empresa que ha dilatado tanto tiempo las obras y nos ha ocultado el problema por años”.
“Este fallo nos confirma el camino que decidimos tomar hace tiempo y nos obliga a seguir transitándolo con más compromiso y responsabilidad. A nosotros los asambleístas, a ustedes vecinos de la comunidad, a las autoridades municipales y a nuestros concejales”.
Seguidamente, convocó a la comunidad científica, a los médicos y los organismos de salud pública y privada “a que se comprometan con esta problemática. Que realicen simposios, que se instruyan al respecto y que nos ayuden a visualizar y trabajar para terminar con este flagelo”.
Defensoría del Pueblo
El responsable de la Defensoría del Pueblo, Facundo Banegas, valoró el trabajo y compromiso de los vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua, a los abogados que llevaron adelante la causa, a los concejales y a la Municipalidad.
“Fue vergonzosa la actitud de la empresa ABSA, porque después de un año y medio, la justicia termina confirmando la inquietud de los vecinos de Chivilcoy” y aseveró que “ahora es la justicia la que obliga a la empresa a realizar una planta potabilizadora, acorde a los valores mundiales del agua, que es 0,01 de arsénico”.
“Debe ser una de las primeras sentencias en que se reconocen los valores del Código Nacional y de la Organización Mundial de la Salud. Chivilcoy será un ejemplo en que se deje de lado la vieja ley provincial, que toleraba el 0,05 de arsénico y tendrá que tomar parámetros mundiales en defensa de la salud de los vecinos”.
“Los que integramos la Mesa Fiscalizadora –añadió Benegas- tenemos que ponernos a trabajar para el cumplimiento de este fallo, ABSA tiene seis meses para terminar la planta potabilizadora, pero creo que deberán hacer un estudio para ampliar esa planta y adecuar este fallo”.
No obstante, aclaró que “la sentencia no está firme, pero creemos que la provincia de Buenos Aires no apelará este fallo, así que hacemos un llamado al gobierno bonaerense para que acate la medida y trabaje en conjunto con la Municipalidad y los vecinos”.
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Fecha de Publicación: 23/12/2018
Fuente: La Razón de Chivilcoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Ayer se dio a conocer las alternativas del fallo, que obliga a ABSA a terminar las obras de la planta de ósmosis inversa y al OCABA y la Autoridad del Agua a “informar si la obra resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino”.
La batalla entre vecinos de Chivilcoy y la empresa ABSA por una mejor calidad del agua tuvo su sentencia, aunque no definitiva. Tras varios meses, el juez Martín Cherubini, del Juzgado N° 6 de Mercedes, determinó que el agua que se consume en la ciudad es “no apta para el consumo humano”.
Asimismo, conmina a ABSA y a la provincia de Buenos Aires a que en un plazo de seis meses, esté terminada la planta de ósmosis inversa que se construye en la sede del polideportivo, al tiempo que obliga al Organismo de Control de Aguas Bonaerenses (OCABA) y la Autoridad del Agua, a controlar e informar de la utilidad de esta planta y el impacto ambiental que generará.
Así se informó en una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo, con la presencia de vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua de Chivilcoy; los abogados, Santilli y Caselles que llevaron adelante la causa e integrantes de la Mesa de Fiscalización por el Agua. Por el municipio estuvieron Matías Múo, coordinador de Gobierno y Cintia Satriano, coordinadora de la Secretaría de Calidad Alimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente.
Ezequiel Caselles, uno de los integrantes de la Asamblea por el Agua, manifestó en referencia a la sentencia que “es muy favorable para la comunidad en torno a este reclamo legítimo que venimos teniendo desde hace años en nuestra ciudad, ya que acarrea enfermedades”.
“Es un fallo que nos confirma, pero no nos conforma. Nos confirma el reclamo por el derecho que vemos vulnerado y creemos que esta sentencia nos da la razón”, dijo Caselles, al tiempo que agregó que “no nos conforma, en el sentido que tenemos que seguir trabajando y nos obliga a tomar más compromiso y responsabilidad para llegar a soluciones definitivas”.
Caselles señaló que “Hace más un año y medio demandamos a ABSA y a la provincia de Buenos Aires, a partir de los análisis que realizamos en nuestros hogares, que arrojaron altos niveles de arsénico, nitratos y nitritos en el agua de red. Después de varios idas y vueltas, propias de la justicia, recibimos la sentencia final sobre el asunto”.
“El fallo del juez Martín Cherubini del Juzgado 6 de Mercedes nos confirma lo que sabíamos y que ABSA negaba en un primer momento”, subrayó.
Sentencia textual
El texto del fallo, expresa: “La totalidad de los interesados ha reconocido la existencia del problema con la provisión de agua en la ciudad de Chivilcoy, lo cual, conforme surge de los informes realizados por el OCABA en el expediente administrativo acorallado, la torna no apta para consumo humano”.
“Las pretendidas, dice el Juez, ABSA y la provincia de Buenos Aires, han dado muestras de la necesidad de realizar obras para evitar este flagelo”.
Por lo tanto, “el decisorio que aquí se dicta, tiene entonces por objeto tal cometido cual es que, reconocido y probado el quebrantamiento del derecho fundamental invocado (a la salud) por los vecinos de Chivilcoy, su restitución se realice en un tiempo razonable”.
“Por esto el Juez resuelve: Estipula un plazo máximo de 6 meses para que ABSA termine la obra de Osmosis inversa. La Autoridad del Agua deberá realizar bimestralmente los estudios que ha ido efectuando, según obra en expediente administrativo, debiendo informar los resultados al Juez y a la Comisión fiscalizadora. (De este expediente aportado por la fiscaliza de estado de la provincia se desprende que el OCABA ha monitoreado entre los años 2012 y 2017 a la empresa ABSA en Chivilcoy y que la misma no cumple con lo requerido ni con los niveles permitidos en la normativa que la misma dice deben ser aplicados)”.
“A su vez deberá informar al Juez si la obra comprometida resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino y en su caso qué obras necesitan desarrollarse”.
Asamblea del agua
Caselles puntualizó que, “no nos conforma el fallo, hasta tanto tengamos la seguridad que los habitantes de Chivilcoy podamos tener un agua segura para nuestra salud. Porque hay personas en nuestra comunidad con serias enfermedades acarreadas por el Hacre (Hidroarsenisismo crónico regional endémico). Porque no confiamos en una empresa que ha dilatado tanto tiempo las obras y nos ha ocultado el problema por años”.
“Este fallo nos confirma el camino que decidimos tomar hace tiempo y nos obliga a seguir transitándolo con más compromiso y responsabilidad. A nosotros los asambleístas, a ustedes vecinos de la comunidad, a las autoridades municipales y a nuestros concejales”.
Seguidamente, convocó a la comunidad científica, a los médicos y los organismos de salud pública y privada “a que se comprometan con esta problemática. Que realicen simposios, que se instruyan al respecto y que nos ayuden a visualizar y trabajar para terminar con este flagelo”.
Defensoría del Pueblo
El responsable de la Defensoría del Pueblo, Facundo Banegas, valoró el trabajo y compromiso de los vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua, a los abogados que llevaron adelante la causa, a los concejales y a la Municipalidad.
“Fue vergonzosa la actitud de la empresa ABSA, porque después de un año y medio, la justicia termina confirmando la inquietud de los vecinos de Chivilcoy” y aseveró que “ahora es la justicia la que obliga a la empresa a realizar una planta potabilizadora, acorde a los valores mundiales del agua, que es 0,01 de arsénico”.
“Debe ser una de las primeras sentencias en que se reconocen los valores del Código Nacional y de la Organización Mundial de la Salud. Chivilcoy será un ejemplo en que se deje de lado la vieja ley provincial, que toleraba el 0,05 de arsénico y tendrá que tomar parámetros mundiales en defensa de la salud de los vecinos”.
“Los que integramos la Mesa Fiscalizadora –añadió Benegas- tenemos que ponernos a trabajar para el cumplimiento de este fallo, ABSA tiene seis meses para terminar la planta potabilizadora, pero creo que deberán hacer un estudio para ampliar esa planta y adecuar este fallo”.
No obstante, aclaró que “la sentencia no está firme, pero creemos que la provincia de Buenos Aires no apelará este fallo, así que hacemos un llamado al gobierno bonaerense para que acate la medida y trabaje en conjunto con la Municipalidad y los vecinos”.
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