Sumar dólares: Gobierno negocia financiamiento climático con multilaterales y FMI

Fecha de Publicación: 23/03/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno espera anunciar en los próximos meses créditos con bancos multilaterales y el FMI para financiar acciones para mitigación del cambio climático. Buscan sumar dólares ante una sequía que podría tener un costo de casi u$s20.000 millones en exportaciones.
Con bajas reservas, una sequía histórica que golpea al principal complejo exportador y la orden política de que no haya un salto cambiario, el ministro de Economía, Sergio Massa, busca sumar financiamiento. Una alternativa que buscan desbloquear en el Palacio de Hacienda es la “financiación climática” por parte de bancos multilaterales y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno estableció un plan de mitigación del cambio climático de cara a 2030 con un costo superior a los u$s200.000 millones.
Si bien existe un abanico de alternativas de financiamiento para acciones climáticas, que van desde bonos verdes y hasta canjes de deudas, el Gobierno espera que en el corto plazo puedan destrabarse créditos con bancos multilaterales y con el Fondo de Resiliencia que creó el año pasado el FMI, con posibilidad de préstamos a 20 años, a través de Derechos Especiales de Giro (DEG).
Las gestiones las lleva a cabo una mesa de finanzas sostenibles que conforma el Ministerio de Economía, con Marco Lavagna a la cabeza, y la Secretaría de Cambio Climático, cuya titular es Cecilia Nicolini. Lo que piden es que los créditos para financiamiento climático sean “nuevos fondos”, y no los que suelen destinarse para el desarrollo de países emergentes.
Otra opción que se analiza para el corto plazo es la “estrategia de mercados de carbono”, que está en el artículo 6 del Acuerdo de París. Permite que durante un período de tiempo los países puedan intercambiar certificados de carbono, es decir, el compromiso de reducción de emisiones a cambio de financiamiento. “Y luego con esos dólares poder trabajar en la mitigación climática y transición energética”, explicó Nicolini en una entrevista en la TV Pública. “Estamos con algunos proyectos piloto y acuerdos bilaterales que esperamos en los próximos meses avanzar y anunciar”, anticipó.
Una de las discusiones que se plantean cuando se negocian este tipo de créditos, que pueden ser para cambiar métodos de producción de las empresas, es que haya lugar para la “transferencia tecnológica” y que no sean procesos de venta “llave en mano”, dado que el Gobierno considera que se necesita “desarrollar capacidades nacionales y científicas para que la transformación productiva genere más trabajo”, explicó Nicolini.
La posición de Argentina es que los acreedores financieros del país son deudores ambientales. Massa llevó ese concepto a las últimas giras internacionales. El mes pasado, en la cumbre de ministros de finanzas del G20 que se realizó en India, pidió “discutir otras alternativas de financiamiento”, además de las que otorgan los organismos multilaterales, y proporcionar “alivio financiero”, sobre todo en un contexto de creciente suba en las tasas de interés.
Así lo aseguró Massa frente a sus pares del G20: “Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económico-financieros y países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero pero es acreedor ambiental. El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros”, indicó.
En el Palacio de Hacienda buscan conseguir dólares para que no se frene la actividad. La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a recortar las proyecciones de la cosecha por la sequía, y la estimó en 50 millones menos de toneladas, un impacto en exportaciones de u$s19.000 millones. De no compensar la cantidad de dólares para abastecer las importaciones, la consultora PxQ estima una caída del PBI del 3%. Sin detallar medidas concretas, una alta fuente de Economía aseguró: “En el segundo trimestre va a haber medidas para compensar con otros instrumentos la menor entrada de dólares para que no haya caída en la actividad”.
En la Secretaría de Cambio Climático, que encabeza Nicolini, consideran que existe una correlación entre el cambio climático y la actual sequía, por cómo la suba de las temperaturas genera estrés hídrico, haciendo más extremos fenómenos como La Niña. A causa de las sequías, se estima que en las últimas dos décadas Argentina perdió más de u$s24.000 millones en la producción de soja y maíz.

Costos millonarios
A fines del año pasado, el Ministerio de Ambiente presentó un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, con 250 medidas para llevar a cabo de cara al 2030, y así avanzar en la transición energética, movilidad sostenible, innovación en procesos productivos y conservación de la biodiversidad. En diálogo con Ámbito, Nicolini explicó que estiman el costo total en más de u$s200.000 millones. “El costo de inacción puede ser muy elevado también”, explicó.
Nicolini señaló que existe una “deuda” de los países desarrollados que en 2009 se comprometieron a otorgar u$s100.000 millones para los países en desarrollo para financiamiento climático que no se cumplió. Actualmente, los países en desarrollo reclaman que esa cifra se triplique, y llegar al billón anual. “En las convenciones internacionales nos exigen más esfuerzo en acelerar la descarbonización, la respuesta es que sí, fantástico, estamos comprometidos, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un plan, pero para eso necesitamos fondos de cooperación”, explicó Nicolini.
Ante la consulta de este diario sobre si existe una contradicción entre los objetivos de descarbonización y los planes para desarrollar más la minería y los hidrocarburos en Vaca Muerta, Nicolini explicó que la clave no pasa por la “prohibición de actividades”, sino por buscar métodos de producción “más sostenibles”.
“Hay sectores que son funcionales para la transición ecológica, por ejemplo, la minería de litio y cobre se necesita para la electrificación, la electromovilidad y los parques eólicos y solares", explicó Nicolini. Sobre el caso puntual de Vaca Muerta, aseguró que “hay un consenso” sobre que el gas es importante para la transición energética, como una energía mucho menos contaminante que el carbón. “Hay países que tienen hasta el 50% de su matriz con carbón, exportando gas vamos a poder tener un impacto en la transición de nuestra matriz, pero también en la de otros países”, agregó.
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Es falso que un estudio de la NASA haya demostrado que la ganadería de nuestro país no contamina y derribado el mito sobre las vacas argentinas

Fecha de Publicación: 18/03/2023
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


En medios y en redes sociales se viralizaron esta semana diferentes publicaciones (ver acá, acá, acá, acá y acá) que refieren a las supuestas conclusiones de un estudio de la NASA sobre el sistema ganadero de la Argentina y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
Titulares y posteos afirman: “La NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas”, “La NASA demuestra que la ganadería de nuestro país no contamina el medio ambiente”, “El Observatorio Orbital 2 de Carbono de la NASA ha permitido verificar la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos”, entre otros.
Sin embargo, esto es falso. El estudio al que hacen referencia las publicaciones -que fue realizado por más de 60 científicos de todo el mundo usando datos satelitales del Orbiting Carbon Observatory-2 de la NASA, entre otros- no fundamenta ni concluye aquello que afirman las publicaciones. Así lo confirmó a Chequeado el propio autor de la investigación, Brendan Byrne.
“No es posible concluir a partir de nuestro estudio si la industria ganadera de un país concreto es una fuente o un sumidero neto de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que sólo estimamos las emisiones y absorciones netas de CO2 en todos los ecosistemas de un país”, explicó a este medio Byrne, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el sur de California.
Y agregó: “En otras palabras, nuestro estudio no incluye otros gases de efecto invernadero como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), que constituyen una fracción significativa de las emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes del ganado y otros rumiantes. Estos otros gases deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si la industria ganadera es una fuente neta de gases de efecto invernadero”.

Qué dicen las publicaciones y de dónde surgió la desinformación
En Twitter, un posteo de la Representación Permanente de la República Argentina ante las Organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Roma (FAO/FIDA/PMA) afirmó: “El Observatorio Orbital 2 de Carbono de la NASA ha permitido verificar la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos”.
También la Embajada argentina ante la Unión Europea sostuvo en un tuit: “¿El secreto de la carne Argentina? Alto en proteínas, bajo en emisiones. La producción ganadera como se hace en la Argentina es parte de la solución al cambio climático”. En ambos casos, los posteos citan el link al estudio de la NASA.
Por su parte, el diario La Nación tituló: “Una medición de la NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas” y Clarín publicó: “La NASA derribó un mito sobre las vacas (…) El estudio demuestra que la ganadería argentina no contamina el medio ambiente”.
Consultados por este medio, tanto Clarín como La Nación y la Embajada argentina ante la Unión Europea refirieron como fuente de la información un trabajo publicado por el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), un organismo público-privado.
“NASA: la Argentina tiene balance positivo de carbono. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. demuestra que la ganadería de nuestro país no contamina el medio ambiente”, es el título del artículo firmado por la economista Eugenia Brusca y el ingeniero agrónomo Adrian Bifaretti, ambos del IPCVA.
Chequeado se comunicó con el área de Prensa del IPCVA, desde donde enviaron un documento con aclaraciones respecto de la nota sobre el trabajo de la NASA. “El sistema de alimentación de nuestras vacas se apoya en sistemas pastoriles y es allí donde se puede hacer el link con los resultados de la NASA que menciona a las tierras de pastoreo como un factor que contribuye a mejorar positivamente los balances de carbono”, explicó Bifaretti.
Desde Clarín, Pablo Vaca, jefe de la Mesa Central del medio, respondió ante la consulta de este medio: “Publicamos la nota confiando en una fuente habitual nuestra. Una vez que nos alertaron de que la información era errónea, decidimos despublicar la nota y pedimos disculpas por el inconveniente”. La Nación, por su parte, corrigió su nota: modificó el título y el texto del artículo.

Qué dice (y que no dice) el estudio en cuestión
El estudio “Presupuestos nacionales de C02 (2015-2020) inferidos a partir de las observaciones de CO2 atmosférico en apoyo de los balances (stocktake) globales” fue publicado el 7 de marzo último por la revista científica Earth System Science Data.
Se trata de un estudio internacional, realizado por más de 60 investigadores, que utilizó mediciones realizadas por la misión Orbiting Carbon Observatory-2 de la NASA, así como una red de observaciones desde la superficie, para cuantificar los aumentos y descensos de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono entre 2015 y 2020.
La metodología que se utiliza habitualmente para la medición del carbono se basa en el recuento y la estimación de la cantidad de dióxido de carbono que se emite en todos los sectores de una economía, como el transporte y la agricultura. El estudio plantea como una prueba piloto un enfoque basado en mediciones de arriba hacia abajo (o top-down).
“Este análisis viene a complementar los procesos de inventarios nacionales, no reemplaza la actual metodología de abajo hacia arriba (bottom-up). Con una combinación de métodos y datos, los autores infieren el flujo de CO2 entre la Tierra y la atmósfera para una región determinada. Estas mediciones de CO2 atmosférico sirven más para estimar flujos de carbono a grandes escalas, por eso las limitaciones que mencionan los propios autores para países de menor superficie”, explicó a Chequeado Virginia Vilariño, una de las autoras del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC).
El comunicado de prensa del estudio incluye un mapa que muestra las emisiones y absorciones netas medias (promedio) de dióxido de carbono de 2015 a 2020. Los países en los que se eliminó más dióxido de carbono del que se emitió aparecen como depresiones verdes, mientras que los países con mayores emisiones son de color naranja o rojo.
En el caso de la Argentina, se encuentra en color verde. Esto significa que el consumo de combustibles fósiles y la actividad industrial emitieron en ese tiempo menos CO2 de lo que los sistemas naturales remueven de la atmósfera. “Pero no se puede atribuir ese cambio en el stock de carbono a un sector económico o actividad particular, ya que depende no sólo de tierras bajo manejo sino sobre todo de ecosistemas naturales (bosques, selvas, pastizales, ríos, lagos, etc), los cuales no pueden asociarse discrecionalmente a una actividad productiva en particular”, sostuvo Vilariño, licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad del Salvador (USAL).
Sin embargo, las desinformaciones circulantes concluyen erróneamente que “el balance positivo (color verde) es debido a la captura de carbono en las tierras de pastoreo”, cuando -como señaló Vilariño- el stock de carbono estimado en el estudio incluye tierras bajo manejo y tierras no manejadas (ecosistemas naturales).
“Aunque en algunos países de América del Sur se observa un aumento de las reservas de carbono terrestre, no es posible atribuirlo específicamente a los pastos utilizados para alimentar al ganado”, explicó a este medio Byrne, autor principal del estudio.
Y agregó: “En el documento afirmamos que existe una absorción neta en algunos países cuando se suman todos los ecosistemas, pero no estimamos las contribuciones de los distintos ecosistemas dentro de un mismo país ni atribuimos la absorción en un ecosistema concreto a factores específicos”.
Además, la investigación solo incluye emisiones de CO2, no toma en cuenta ni el metano (CH4) ni el óxido nitroso (N2O), que son los gases de efecto invernadero más relevantes de la actividad ganadera. Por lo tanto, es falso que la NASA haya derrumbado el mito sobre las vacas argentinas o demostrado que la ganadería de nuestro país no contamina el ambiente como afirman las publicaciones virales.

Un poco de contexto
De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en 2018 (último dato disponible) el sector ganadero contribuyó con un 18% de las emisiones de dióxido de carbono, principalmente a través del metano que se genera durante la digestión (fermentación entérica) de bovinos y el óxido nitroso de la excreta de pasturas de bovino de carne.
Desde el sector ganadero vienen abogando porque se revisen las metodologías utilizadas para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina y se contabilice a favor el carbono capturado en praderas y pastizales. Sin embargo, los ambientalistas denuncian que la estrategia de compensar las emisiones de ganado con la absorción por pastizales es un caso típico de lobby del sector para no asumir sus responsabilidades.
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Temperaturas extremas: el Servicio Meteorológico Nacional debió agregar un nuevo color

Fecha de Publicación: 13/03/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Tan extremo fue el fenómeno que en los mapas de anomalías de temperaturas máximas debieron sumar al color rojo, dos escalas de gris
Si vivís o estuviste en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la primera semana de marzo y sentiste que nunca habías padecido tanto calor, tu percepción no estuvo errada y hoy fue ratificada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que emitió el “Informe Especial N° 9 por ola de calor/altas temperaturas”.
Tan extremo fue el fenómeno, que afectó, además del AMBA, parcialmente el sur del Litoral, el norte de Buenos Aires, noroeste de Córdoba y norte de San Luis, que en los mapas de anomalías de temperaturas máximas debieron sumar al color rojo, dos escalas de gris.
En el informe, el SMN detalló que la localidad que más días tuvo ola de calor, es decir, temperatura mínima y máxima por encima del umbral para esa zona. Fue Ezeiza, con 8 jornadas y el segundo lugar lo compartieron: la Ciudad de Buenos Aires, El Palomar y La Plata.
“Durante el transcurso de este episodio varias localidades superaron los valores más altos de temperatura para un mes de marzo en los últimos 62 años, destacándose que para algunos casos también se superó el récord histórico, si lo hubiere, anterior a la década del ‘60. También es de remarcar que algunas localidades superaron en más de 1 día al récord anterior vigente, lo que acentúa lo extremo de esta situación de calor inusual”, detalló el organismo.

Las anomalías “grises” que coparon el AMBA
“Al registrarse tantos días con temperaturas máximas muy altas y en varias localidades del centroeste argentino varios de esos días superaron al récord histórico anterior, la temperatura máxima media de la primera semana de marzo fue excepcionalmente alta entre 30°S y 40°S alcanzándose, inusualmente, un máximo absoluto sobre el norte de la provincia de Buenos Aires. En concordancia, las anomalías más significativas se localizaron en la misma zona, con valores que oscilaron entre 8°C y 10°C por encima de lo normal para el inicio de marzo”, explicó el SMN que compartió dos mapas para graficar la diferencia en un marzo habitual y el actual.
El SMN, detalló: “Este patrón tan extremo en las temperaturas que se vuelve a repetir en el inicio del otoño climatológico es causado por un patrón de circulación semiestacionario, comúnmente denominado de bloqueo. El anticiclón del Atlántico sur se encuentra muy intensificado en superficie, aportando viento norte y humedad al centro del país y condiciones de bloqueo atmosférico en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la franja central del país, impiden el ingreso de aire más frío a la región promoviendo que las temperaturas sean persistentemente muy altas para la época del año y den lugar al desarrollo de esta ola de calor muy intensa y tardía”.

El pronóstico para los próximos días, sigue con calor extremo
En tanto, la ciudad de Buenos Aires, La Plata y varios municipios del conurbano bonaerense están afectados esta tarde por marcas de sensación térmica de entre 36 y 41 grados, mientras sigue en vigencia la alerta roja por temperaturas extremas “muy peligrosas” para la zona, en tanto que otras ciudades de la zona centro y este del país transitan también una jornada de calor sofocante, según informó el SMN.
La ciudad de Buenos Aires registra, a las 14, una temperatura de 36.8 grados, con una térmica de 40,8 grados; La Plata se ubica en 33 y 37.2 grados, respectivamente; y Morón, en el oeste del conurbano, una temperatura de 35.9 grados con una sensación térmica que sube a 39.3grados. En toda la región, la humedad se ubica en torno al 40 a 50%.
Por la intensidad del calor que no cesa desde hace más de una semana, el SMN mantiene alerta roja son la ciudad de Buenos Aires y las ciudades bonaerenses de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Merlo con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 37 grados, aunque con marcas de sensación térmica más altas.
De igual forma, en la zona sur del Gran Buenos Aires las áreas afectadas son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, donde se pronostican temperaturas que superarán los 35 grados.
El nivel rojo es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas en esa zona pueden ser “muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).
Por otro lado, el SMN mantiene una alerta naranja para el noreste de la provincia de Buenos Aires en localidades como Tigre, San Isidro, Campana y Zárate, y también para el oeste de Entre Ríos en Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, con máximas en torno a los 36 grados en esas ciudades del Litoral.
Además, el resto de Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires, todo el territorio de Corrientes y Santa Fe, el centro y sur de Misiones, el centro y norte de Córdoba y el sureste de Santiago del Estero están bajo alerta amarilla por temperaturas que tienen un “efecto leve a moderado en la salud”.
El nivel amarillo que puede “ser peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas” también comprende al noroeste de la provincia de Salta en la localidad de General José de San Martín y en las yungas de Orán, Iruya y Santa Victoria.
Ante las altas temperaturas que se registran desde hace días, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones para la población como usar protector solar, hidratarse, consumir agua aun cuando no se sienta sed, usar ropa holgada, evitar exponerse al sol, usar gorro, consumir frutas y verduras, y evitar la actividad física intensa.

Más Información:

- Página 12  La Niña y el cambio climático, las causas que están por detrás de las olas de calor
La extensión de la sequía y su impacto macroeconómico y sectorial, la tensión en la infraestructura eléctrica y en las escuelas son ejemplos del impacto de fenómenos climáticos que serán cada vez más recurrentes.

- La Voz del Interior. Sin vueltas: “Experimentamos las olas de calor más frescas del resto de nuestras vidas”
Especialistas señalaron que Argentina atraviesa el verano más cálido de su historia por varios factores. Y coincidieron que será cada vez más frecuente por la influencia humana en el clima.
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Qué les preocupa a los argentinos del cambio climático según la generación a la que pertenecen

Fecha de Publicación: 08/03/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires


La organización ambientalista Greenpeace realizó una encuesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires que indagó sobre la inquietud ante los problemas ambientales
La organización ambientalista Greenpeace difundió una encuesta de opinión pública realizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (c) que echa luz sobre un gran interrogante en materia ambiental: ¿cuánto nos preocupa el cambio climático?
“Ante los récords que se registran por las temperaturas elevadas en verano, las sequías extremas que afectan a gran parte del país, los incendios de bosques, humedales y pastizales y las inundaciones, nos interesaba conocer qué piensa la gente sobre el cambio climático y sobre cómo afecta a nuestro país, así como también su percepción sobre una de las industrias más contaminantes, los combustibles fósiles”, explica Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
El relevamiento, que se realizó durante el último trimestre del 2022, reveló que el 71% de los encuestados considera que el cambio climático es un problema actual. Mientras que el 90% considera que la Argentina está muy (42%) o algo (48%) afectada por la crisis climática, al 86% le preocupa mucho (58%) o algo (28%) el cambio climático.
El documento, que fue realizado en base a 1247 encuestas efectivas, contó con la participación de personas que representan a la generación llamada Baby Boomers (personas nacidas entre 1945 y 1964); la Generación X (nacidos entre 1965 y 1981), los Millennials (entre 1981 y 1996) y personas de la Generación Z (nacidos a partir de 1997 en adelante).
Cuando se preguntó “¿qué es para vos el cambio climático?”, los encuestados respondieron entre las primeras menciones: la actividad del ser humano (15%), cambios del clima (14%), destrucción, alteración del medio ambiente, planeta, naturaleza (14%), contaminación, emisión de gases (13%), cuestiones de desorden climáticas extremas, sequías, inundaciones, tormentas (9%). Cabe destacar que esta fue una pregunta con opción de respuesta múltiple.
Sobre las principales causas del cambio climático, las tres primeras respuestas fueron la deforestación y tala de bosques (77%), el exceso de basura generada por el hombre (60%) y el uso de las energías de origen fósil (49%). ¿Qué respondieron según cada generación? Quienes más condenan la deforestación son la Generación X (81%) y los Baby Boomers (84%). Por otro lado, también son los Baby Boomers los que más asocian el uso de las energías fósiles al cambio climático (55%).

Los peores efectos
Entre las consecuencias más graves del cambio climático las opciones más elegidas por los encuestados (con posibilidad de respuesta múltiple) fueron: pérdida de biodiversidad (46%), deshielo de los polos (45%), calores extremos (41%), sequías (40%) y disminución de reservas de agua potable (40%). Quienes pertenecen a la Generación Z y los Millennials fueron los que más se preocuparon por la pérdida de biodiversidad (52%), mientras los Baby Boomers ven con preocupación el deshielo de los polos (55%).
Por otro lado, la encuesta reveló opiniones sobre la industria de los combustibles fósiles y su relación con el cambio climático. Se les preguntó que es lo primero que piensan en relación con la actividad de exploración y extracción de petróleo y gas, y las más votadas fueron: destruye el medioambiente del lugar (59%), es peligrosa por potenciales derrames (54%) y altera la flora y fauna del lugar (52%). Esta pregunta también brindó la opción de respuesta múltiple.
Cuando se les preguntó sobre el daño que ocasionan las empresas que se dedican a la extracción de petróleo y gas, el 57% de los entrevistados consideraron que generan mucho daño al medio ambiente.
En referencia a lo que harían con la producción de petróleo, los participantes de la investigación aseguraron en un 49% que reduciría los niveles actuales de producción y aumentaría el de energías limpias, mientras que un 18% directamente prohibiría la producción de petróleo para reemplazarlos por energías limpias.
Sobre los proyectos de exploración y explotación offshore en el Mar Argentino, el 57% de los encuestados se mostró algo o muy en desacuerdo con la realización de esta actividad, que se concretaría a unos 300 kilómetros de la costa a la altura de Mar del Plata.
“Justamente, en nuestro país se ha habilitado la expansión de la industria hidrocarburífera en el mar. Algo que desde Greenpeace rechazamos rotundamente por sus impactos climáticos y en la biodiversidad que transita por el Mar Argentino y por los potenciales derrames que podría ocasionar la actividad. En esta encuesta se demuestra el rechazo de la actividad, donde casi el 60% los entrevistados expresaron su desacuerdo”, destaca la coordinadora de Greenpeace.

Conclusiones y acciones
El estudio de opinión pública fue realizado por la consultora Marketing y Estadística SRL, encargado por Greenpeace Argentina. Se realizó online, en una multiplataforma de redes sociales y el universo analizado fueron usuarios de internet mayores de 18 años residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se utilizaron para el análisis 1247 encuestas efectivas. El trabajo de campo se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 2022.
“La ciudadanía encuestada claramente identifica al cambio climático como un problema actual, que ya genera impactos graves sobre nuestros ecosistemas y amenaza el bienestar de las personas y las futuras generaciones. A su vez, la deforestación y las energías basadas en combustibles fósiles están dentro de las principales causas identificadas. También, se destaca que hay una preocupación en torno a los impactos del cambio climático y que se lo asocia a la pérdida de biodiversidad, las temperaturas extremas y al deshielo de polos como parte de esta crisis, ocasionada por la acción del hombre”, resume Vueso.
Según la especialista de Greenpeace, la percepción ciudadana coincide con lo que vienen alertando los científicos alrededor del mundo en relación con la emergencia climática. Ella resalta que el aumento de la deforestación y la continua promoción de combustibles fósiles, incluyendo nuevas fronteras hidrocarburíferas, no van en línea con las medidas necesarias de mitigación y adaptación al cambio climático. “La escasa acción estatal y la continua promoción de la industria de combustibles fósiles a nivel nacional no hacen más que profundizar los impactos directos e indirectos del cambio climático en nuestro país”, advierte la coordinadora de la campaña de océanos.
Por último Vueso observa una “luz” en medio del alarmante panorama actual del medioambiente: “En los últimos años, vimos cómo una juventud sumamente comprometida y las organizaciones civiles han impulsado la proliferación de huelgas climáticas en todo el globo, para demandar justicia climática”.
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Alerta roja en Buenos Aires por la ola de calor extremo, con récord de temperatura para marzo

Fecha de Publicación: 04/03/2023
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional - CABA


La ciudad de Buenos Aires ha sido declarada en alerta roja por la ola de calor extremo que desde hace varios días azota a la capital, donde este jueves se registraron 38 grados, récord de temperatura para marzo desde que se iniciaron los registros oficiales en 1906.
El Servicio Meteorológico de Argentina ha decretado además en alerta naranja a varios municipios de las provincias de Buenos aires y Entre Ríos, y en alerta amarillo a otras amplias zonas de esas dos provincias y de las de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis y Mendoza.
El alerta roja implica que las altas temperaturas pueden incluso dañar la salud de las personas saludables.
Otras ciudades del área central de Argentina han registrado este jueves temperaturas récord para marzo, pero la mayor marca la sufrió la ciudad bonaerense de 9 de Julio, con 40 grados.
Debido a la ola de calor, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, que depende del Ministerio de Seguridad, ha publicado en redes sociales una serie de recomendaciones, como hidratarse, comer alimentos frescos, como frutas y verduras, protegerse del sol, usar ropa suelta y prestar especial atención a las personas mayores y los niños.
La capital de Argentina padece además desde este jueves los efectos de la intensa humareda que llega desde los incendios forestales en las islas del río Paraná.
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Especialistas advierten que las olas de calor llegaron hasta a cuadruplicarse en los últimos años

Fecha de Publicación: 28/02/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Los efectos del cambio climático en la Argentina exacerban extremos climatológicos como las olas de calor, las cuales se "duplicaron o cuadruplicaron con respecto a la cantidad que hemos tenido en años anteriores", ya que son "cada vez más recurrentes, intensas y afectan a más personas", señalaron especialistas a raíz del pico histórico de calor que en febrero batió récords de 60 años en el país.
La última ola de calor que afectó a casi la totalidad del país entre el 2 y el 14 de febrero dejó récords de temperaturas en 27 aglomerados urbanos, entre las cuales la ciudad de Buenos Aires registró el evento de máximas agobiantes más largo durante ocho días con 38,1º, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En diálogo con Télam, la meteoróloga, docente e investigadora del Conicet, Matilde Rusticucci, explicó que "el cambio climático exacerba los extremos climáticos, que se producen más frecuentemente".
"En este verano en particular, venimos de una sequía importante que tuvo que ver con el fenómeno climático de La Niña, junto con la cantidad de días de olas de calor, que se duplicaron o incluso se cuadruplicaron en el norte del país", señaló la especialista.
En concordancia, Cindy Fernández, comunicadora meteoróloga del SMN, sostuvo que "este verano se está comportando de manera extremadamente cálida en Argentina, algo que no es novedad porque las temperaturas van en aumento".
Esto llevó a que las horas de calor sean "muy recurrentes", ya que en el país "desde finales de la primavera hasta ahora llevamos ocho olas de calor, que casi duplica la cantidad que hemos tenido en otros años muy cálidos", precisó.
Los efectos del cambio climático, entre los que se encuentra el aumento de las temperaturas a nivel global, "provocan que las olas de calor sean cada vez más frecuentes, recurrentes e intensas, con temperaturas más altas".
Además, estas olas de calor afectan a "zonas cada vez más amplias, y a mayor población, porque los fenómenos son más amplios", indistintamente de fenómenos climáticos como La Niña.
En ese sentido, "lo que ocurre es que en los años 'Niña', como el que llevamos en Argentina por tercer año consecutivo, no está tan relacionado con las temperaturas sino que lo que hace es modificar los patrones de lluvia".
De manera sencilla, explicó Fernández, "llueve menos, entonces si combinamos estos dos factores, falta de lluvias y temperaturas más altas, los efectos negativos se potencian".
En tanto, la especialista se refirió al estudio publicado por la World Weather Attribution (WWA) el 21 de diciembre pasado, que demostró que la ola de calor "con las magnitudes que tuvimos en el comienzo de la primavera, denominada ola de calor temprana, fue un 60% más probable debido al cambio climático y fue un grado y medio más alta de lo que tendría que haber sido sin cambio climático".
 Por otra parte, el estudio que mencionó Fernández "no pudo determinar si el cambio climático tuvo que ver con la sequía, de hecho está dentro de los parámetros, es congruente con un episodio de La Niña como el que estamos viviendo. Lo que sí determinó es que estas sucesivas olas de calor dejaron un escenario que agrava aún más las consecuencia de la sequía".
Luego de las altas temperaturas y en relación a la ola de frío que afectó el viernes pasado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Río Negro y Chubut, con registros térmicos menores a 15 grados, "el enfriamiento fue debido específicamente una situación sinóptica de uno o dos días que estableció un ciclón, o sea una formación particular en el aire que circula muy fuerte", explicó Rusticucci.
"Este ciclón fue causado en el Océano Atlántico e hizo que el aire frío entrara desde el sur muy cómodamente, lo que hizo bajar la temperatura", añadió.
Por su parte, Fernández sostuvo que "no se le puede atribuir por el momento las olas de frío intenso al cambio climático, que también las genera, puede ser un episodio normal en la variabilidad climática de Argentina, siempre que sea un caso aislado".
Sin embargo, la especialista aclaró que "si empieza a ser cada menos cantidad de años, ahí sí deberíamos empezar a ver la influencia del cambio climático en estos episodios. Años atrás han habido otras irrupciones que tienen un cierto tiempo de recurrencia, dependiendo del fenómeno y de un montón de cosas".
Y remarcó que "lo que hace el cambio climático es que la recurrencia se modifique y ahí es donde tenemos que ver cómo es el impacto".
Entre los impactos directos derivados en la salud de las personas debido a las altas temperaturas, Rusticucci enumeró la "mortalidad, ataques al corazón, estrés post calor, deshidratación, y por supuesto la propagación de enfermedades infecciosas, como el dengue, que no existía en nuestras latitudes y ahora es algo para lo que tenemos que estar preparados".
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Buenos Aires se encuentra entre las 50 ciudades que más daños materiales sufrirá por la crisis climática

Fecha de Publicación: 22/02/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Buenos Aires en el puesto 40 entre 2600 ciudades del mundo con más riesgos de daños
“Es la economía, estúpido”, fue una de las frases más utilizadas durante la campaña presidencial que llevó a Bill Clinton a la presidencia de los Estados Unidos. Al final del día, es el motor productivo y el bienestar o malestar económico el que termina decidiendo el futuro político de los estados democráticos. Un nuevo estudio sobre riesgos en las infraestructuras que genera la crisis climática muestra que la mayoría de las “locomotoras” de la economía mundial podrían estar en peligro antes de 2050. El ranking incluye a la Ciudad de Buenos Aires y la ubica en el puesto 40. Los daños se producirían por efecto de las inundaciones.
“Las locomotoras de la economía mundial se encuentran entre los estados y provincias más amenazados por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos”, según una nueva clasificación del riesgo climático físico de todos los estados, provincias y territorios del mundo publicada hoy por XDI (The Cross Dependency Initiative), líder mundial en análisis de riesgos climáticos físicos.
La clasificación de riesgo físico para el entorno construido fue derivado de ocho amenazas del cambio climático: inundaciones fluviales y superficiales, inundaciones costeras, calor extremo, incendios forestales, uso del suelo (relacionado con la sequía), viento extremo y deshielo por congelación.
El sistema utiliza modelos climáticos globales, combinados con datos meteorológicos y ambientales locales y arquetipos de ingeniería para calcular los daños probables en el entorno construido, según el escenario, con un calentamiento global medio de más de 3ºC por encima de las temperaturas preindustriales a finales de siglo.
Los resultados muestran que los estados y provincias de importancia mundial de China y Estados Unidos serán los más afectados, junto con las principales ciudades y centros de actividad económica de todo el mundo. “Publicamos este análisis en respuesta a la demanda de los inversores de datos sobre el riesgo subsoberano y regional”, declaró Rohan Hamden, Consejero Delegado de XDI.
“Es la primera vez que existe un análisis del riesgo climático físico centrado exclusivamente en el entorno construido, comparando cada estado, provincia y territorio del mundo. Dado que las grandes infraestructuras construidas suelen coincidir con altos niveles de actividad económica y valor del capital, es imperativo que el riesgo físico del cambio climático se comprenda y valore adecuadamente”, agregó.
La clasificación dada a conocer a los medios de comunicación se centra en una comparación de la cantidad total probable de daños físicos a edificios -denominados daños agregados- en cada estado, provincia y territorio en 2050. La comparación del riesgo climático físico para 2050 realizada por XDI Gross Domestic Climate Risk reveló lo siguiente:
-Dos de las mayores economías subnacionales de China -Jiangsu y Shandong- encabezan la clasificación global, en primer y segundo lugar. Más de la mitad de las provincias entre las 50 primeras del mundo se encuentran en China.
-Después de China, Estados Unidos tiene el mayor número de estados de alto riesgo, con 18 entre los 100 primeros. Florida es el estado estadounidense mejor clasificado, seguido de California y Texas.
-Juntos, China, India y EE.UU. suman más de la mitad de los estados y provincias entre los 100 primeros.
-Otros centros económicos de gran desarrollo y relevancia mundial que figuran entre los 100 primeros son Buenos Aires, São Paulo, Yakarta, Pekín, Hồ Chí Minh, Taiwán y Bombay.
La ciudad de Buenos Aires aparece en el puesto 40, entre las 100 ciudades más afectadas. La mayor amenaza, según este estudio, son las inundaciones. “A medida que las condiciones meteorológicas extremas se hacen más frecuentes, Buenos Aires se enfrenta a riesgos que amenazan a las poblaciones vulnerables de la ciudad, como olas de calor, crecidas de ríos, inundaciones costeras y enfermedades transmitidas por vectores”, advertía el reporte que se realizó en 2018.
“Las inundaciones son un grave motivo de preocupación. Buenos Aires está flanqueada por dos ríos, el Río de la Plata al este y el Río Matanza-Riachuelo al sur. La ciudad también está atravesada por 11 cuencas hidrográficas. Además, las precipitaciones han aumentado un 32% desde 1960, lo que agrava la amenaza de inundaciones. Para empeorar las cosas, un fenómeno meteorológico local conocido como la Sudestada, trae fuertes lluvias, alta mar e inundaciones costeras entre julio y octubre. Y aunque la ciudad no puede impedir que sople el viento, sí puede tomar medidas para mitigar los riesgos para los ciudadanos”, agregó aquel análisis.
El año pasado se conoció un estudio de simulación realizado por Climate Central, en el que se pueden ver cuáles serían las zonas más afectadas por inundaciones en CABA y en las zonas costeras, con un escenario de 4ºC de suba promedio de la temperatura. Se puede suponer, como sostiene el reporte que esas inundaciones provocarán severos y costosos daños materiales.
En el análisis también aparecen otras ciudades del país como son: Santa Fe, en el puesto 115; Córdoba, en el 145; Chaco, en el 193; Santiago del Estero, en el 236; Corrientes, en el 427; Entre Ríos, en el 434; Formosa, en el 493; Tucumán, en el 522 y Salta en el 544.

Costos financieros
El costo financiero de las condiciones meteorológicas extremas y el cambio climático ya se está dejando sentir en muchas de las economías que encabezan la clasificación de Riesgo Climático Interior Bruto del XDI. En junio de 2022, las inundaciones extremas en Guangdong, que ocupa el cuarto lugar en el análisis, causaron unas pérdidas económicas directas estimadas en 7.500 millones de yuanes (más de 1.000 millones de dólares).
El huracán Ian, que azotó zonas densamente pobladas de Florida a finales de septiembre de 2022, causó unas pérdidas aseguradas estimadas en 67.000 millones de dólares. Las previsiones apuntan a que los fenómenos meteorológicos extremos en regiones como éstas se intensificarán en los próximos años. Se calcula que Guangzhou, la capital de Guangdong, será “la ciudad económicamente más vulnerable del mundo” ante la subida del nivel del mar en 2050.
“Los resultados de la clasificación del riesgo climático nacional bruto de XDI subrayan la importancia de valorar el riesgo climático físico en los mercados financieros, incluidos los mercados de bonos, dada la cantidad de inversión de capital que representan los activos en riesgo en las provincias identificadas, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro mundiales y la necesidad de resiliencia climática para informar la inversión”, dijo Hamden.
“Es crucial que las empresas, los gobiernos y los inversores comprendan las implicaciones financieras y económicas del riesgo climático físico y sopesen este riesgo en su toma de decisiones antes de que estos costes se disparen más allá de los puntos de inflexión financieros”, añadió.

Los daños para los Estados Unidos
Después de China, Estados Unidos tiene el mayor número de estados de alto riesgo del mundo en 2050, con 18 entre los 100 primeros y 28 entre los 200 primeros. Tres estados estadounidenses aparecen entre los 20 primeros: Florida (10º), California (19º) y Texas (20º).
El aumento del nivel del mar es una amenaza para muchos estados. Según la Cuarta Evaluación Climática Nacional de Estados Unidos, las tasas de aumento del nivel del mar a lo largo de la costa del Atlántico Medio eran de tres a cuatro veces superiores a la tasa media mundial. En el Medio Oeste, los estados con mayor riesgo de inundaciones e incendios son los que presentan un riesgo creciente.
Desde 1980, Estados Unidos ha sufrido 332 catástrofes relacionadas con la variabilidad meteorológica y el clima en las que los daños totales alcanzaron o superaron los 1.000 millones de dólares, y la frecuencia de estos sucesos ha aumentado en los últimos años. En los últimos cinco años, se ha producido una media de 17,8 de estos sucesos al año, frente a una media anual de 7,9 sucesos entre 1980 y 2022.
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Clima, energía, medio ambiente y la deuda con la infancia en la Argentina

Fecha de Publicación: 20/02/2023
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


El informe de Unicef denominado “Análisis de riesgos relacionados con clima, energía y medio ambiente sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en la Argentina”, es una clara radiografía de lo mucho que se declama desde el Estado y desde el sector privado empresario y lo poco que se hace para un mejor equilibrio como sociedad y ya mejor calidad de vida.
En ese informe –al que accedió EL ARGENTINO- se reflejan los principales riesgos ambientales a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en la Argentina, incluyendo un análisis de su localización geográfica.
Asimismo, se identifican “los principales cuellos de botella y las barreras que afectan el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia vinculados con el clima, la energía y el medio ambiente, y la gestión de riesgos de desastres”; y en ese marco considera las “políticas, arreglos institucionales, presupuestos, capacidades, planificación y monitoreo, y acciones del sector privado”. Se trata de un estudio que debería incorporarse como un insumo indispensable para toda gestión de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal, especialmente de aquí al 2025 como mínimo.
En la Introducción del documento se admite que “Argentina es uno de los países de mayor extensión territorial en la región, el continente y el mundo. Esta gran extensión, particularmente en sentido latitudinal, le brinda una enorme diversidad de climas, recursos naturales y rasgos culturales que encierra el territorio y que dan origen a 18 diferentes ecorregiones terrestres más tres marinas, que van desde selvas subtropicales en el Nordeste y Noroeste del país, hasta desiertos como la región del Monte o los bosques fríos más australes del mundo”.
“Esta diversidad, junto con la multiplicidad de actividades productivas, idiosincrasias y población en cada región, genera también un amplio rango de problemáticas asociadas al cambio climático, el ambiente y la energía, con una variada incidencia sobre la población”, describe.
También recuerda que, en el plano político-institucional, el país tiene una organización federal en 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que en materia de recursos naturales y legislación ambiental tienen un alto grado de autonomía.

Riesgo ambiental y derechos de la niñez y la adolescencia
En relación a los derechos de la niñez y la adolescencia, la normativa nacional, tanto ambiental como de la niñez, reconoce el derecho de todos los habitantes y en particular de niños, niñas y adolescentes a gozar de un ambiente sano y equilibrado. “No obstante ello –señala el informe- el planeta enfrenta una crisis ambiental que se manifiesta a distintas escalas. Desde el cambio climático hasta la degradación del ambiente en sus diversas formas (deforestación, contaminación, degradación de suelos), tanto en el mundo como en la Argentina, se presentan escenarios donde estos derechos son vulnerados”.
Si bien es cierto que toda problemática ambiental incide en forma homogénea en la población, hay que observar –como lo hace la Encíclica del Papa Francisco Laudato, Sí- que es en los niños, niñas y adolescentes donde se observa un mayor grado de vulnerabilidad.
Entre los padecimientos y falta de respuesta, UNICEF (en base a datos de 2016, hoy la situación es más crítica porque no hubo remediación), señala que “la contaminación del aire y el agua, la falta de saneamiento adecuado, los riesgos de toxicidad y los vectores de enfermedades constituyen factores de riesgo para la salud materno-infantil”.
Se trata de riesgos y contaminación ambiental que claramente “contribuyen con la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad infantil, asociadas a las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, los traumatismos físicos, las intoxicaciones, las enfermedades transmitidas por insectos y las infecciones perinatales”, señala UNICEF.
Curiosamente –se advierte en el informe- son muy escasas las estadísticas que permiten vincular la mortalidad y la morbilidad infantil con causas ambientales en el país. No obstante, según cifras de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, “la mortalidad infantil posneonatal por causa respiratoria ocupa el segundo lugar”.
Una de estas afecciones respiratorias -la neumonía-, por sí sola se ubica en el quinto lugar. La mortalidad por diarrea y gastroenteritis, si bien representa un porcentaje bajo del total de muertes (1,5 por ciento), es marcador de inequidad en el acceso a medidas de promoción de la salud, de prevención y tratamiento adecuado, advirtió UNICEF.
A todas luces, se trata de problemáticas que directa o indirectamente permite relacionar la condición ambiental con la incidencia en la salud.
“Por otro lado –enseña UNICEF-, no es correcto asociar la problemática ambiental únicamente como causa de problemas sanitarios. La degradación del ambiente es causa (y también consecuencia) de procesos socioeconómicos y territoriales que directa o indirectamente tienen incidencia sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Cambio climático y vectores de enfermedades
“La Argentina no se encuentra entre el listado de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (Banco Mundial, 2018); su vulnerabilidad es media en relación al escenario global. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, tampoco es un país de peso en el escenario mundial, pues aporta solo un 0,7 por ciento de las emisiones globales (MAyDS, 2017)”, reconoce UNICEF. Pero, advierte que “los cambios observados al momento y, sobre todo, los escenarios proyectados para las próximas décadas muestran un potencial impacto significativo en varias áreas que van desde la salud hasta la economía, muchos de ellos con repercusiones directas sobre la niñez y la adolescencia”.
Y agrega algo más: “Los cambios en el clima en la Argentina se han observado a partir de la segunda mitad del Siglo XX y de acuerdo con las proyecciones de los modelos climáticos, se intensificarán o al menos no se revertirán en este siglo”.
En relación a los vectores de enfermedades, se indica que “el aumento en la temperatura en todo el territorio, junto con un eventual aumento de las precipitaciones en la región Central / Noreste Argentino (NEA) en el escenario de largo plazo, genera una condición propicia para una expansión geográfica e incremento de la abundancia de vectores de diferentes enfermedades con particular incidencia en niños, niñas y adolescentes”.
Como resultado se prevé una mayor exposición y probablemente incidencia de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti (vector de dengue, zika y chikungunya), Anopheles darlingi (vector de la malaria) y Triatoma infestans (vinchuca, vector del chagas). “En particular para el dengue, su distribución y abundancia podría avanzar hacia el sur y el oeste de su actual área de incidencia, favoreciendo la extensión del período de reproducción del vector y, en consecuencia, ampliando las épocas de potenciales brotes”, resalta el informe al que accedió EL ARGENTINO.
Y hace una advertencia que es necesario tomarla a tiempo: “se prevé que el número de habitantes en riesgo de exposición al dengue aumente en las próximas décadas, pasando de 10 millones de personas en la actualidad a 30 millones para el 2030. Otros casos de enfermedades vectoriales que podrían aumentar su incidencia son el hantavirus, transmitida por distintas especies de roedores, y la leishmaniasis, transmitida por distintos insectos flebótomos”.

Degradación y contaminación ambiental
Bajo este título se engloban dos grandes temáticas que actúan a nivel territorial en forma independiente. Ambas con efectos potenciales sobre la afectación de derechos humanos y en particular de la niñez y la adolescencia: 1) conversión de ecosistemas y degradación de recursos naturales (bosques, suelos, dinámica hídrica, humedales) y 2) contaminación ambiental derivada de la actividad producida por la actividad humana (actividad antrópica).
El documento señala que los ecosistemas naturales presentes en las distintas regiones del país han estado fuertemente influenciados por el modelo de desarrollo agroexportador y la gran incidencia de la producción primaria en la economía nacional. “Así es que actividades como la agricultura, la ganadería y la producción forestal ocupan hoy prácticamente la totalidad del territorio. En muchos casos, se desarrollan a expensas de los ecosistemas naturales. El reemplazo de los ecosistemas naturales (por deforestación o cambios de uso del suelo) tiene efecto directo sobre la regulación hídrica, el ciclado de nutrientes y la protección del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero, y el impacto directo sobre la economía y los valores culturales de comunidades que viven insertas en el medio natural y utilizan sus recursos”, destaca el informe.
En cuanto a la deforestación, resalta que su intensidad se debe a la incorporación de tierras para la producción agropecuaria que genera un impacto territorial relevante en varias regiones, pero particularmente, en las últimas décadas del siglo XX, sobre ecosistemas de bosques nativos.
“La incorporación de tierras agrícolas (en especial el cultivo de soja) a expensas del bosque nativo alcanzó cifras muy elevadas durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI (20,13% de su superficie transformada)”, advierte UNICEF.

Agrotóxicos y ausencia de agenda
Otro aspecto que aborda el documento está relacionado con los agrotóxicos, es decir, la contaminación por el uso inadecuado de estos productos.
El documento admite que la problemática asociada a la contaminación por uso de agrotóxicos es compleja y tiene diferentes aristas según las diferentes etapas de uso y aplicación de los productos. Y explica que, respecto a la habilitación del uso de determinados productos y principios activos, es el SENASA la autoridad competente, encargada de la autorización de comercialización y uso en todo el territorio nacional. “Este organismo, a su vez, autoriza el Límite Máximo de Residuos de agroquímicos permitido legalmente en un alimento, que se fija como dosis máxima para que su eventual consumo diario no genere efectos perjudiciales o daños a la salud (Resolución SENASA Nº 934/2010)”. Hay que observar que esta medida se establece sobre la base de tres aspectos fundamentales: la práctica agrícola, la toxicidad del plaguicida y la ingesta o dieta por parte del consumidor de un alimento (exposición).
Es evidente que hay una escasa interacción de las agendas de niñez y adolescencia con la agenda de ambiente, tanto en las políticas nacionales como en las sectoriales.
“Más allá de ello, cabe mencionar que las políticas públicas ambientales en un país federal como la Argentina dependen en gran medida de las definiciones y normativas de los gobiernos subnacionales. Se hace especial hincapié en las líneas de coordinación de políticas públicas ambientales y sectoriales a nivel nacional, entendiendo que muchas de ellas representan presupuestos mínimos ambientales que son complementados por las provincias en ejercicio de su dominio originario de los recursos naturales”, destaca el documento.
La agenda de niñez y adolescencia y la agenda de ambiente se inscriben en la agenda de Derechos Humanos, según reconoce el sistema jurídico del país. La agenda ambiental incorpora a las futuras generaciones como eje central de la política ambiental, al mismo tiempo que la política de derechos de niñez y adolescencia reconoce explícitamente el derecho a un ambiente sano como uno de los derechos fundamentales.
También enfatiza que “la agenda de niñez y adolescencia y la agenda de ambiente se inscriben en la agenda de Derechos Humanos”, según reconoce el sistema jurídico de Argentina.
De hecho, lla agenda ambiental incorpora a las futuras generaciones como eje central de la política ambiental, al mismo tiempo que la política de derechos de niñez y adolescencia reconoce explícitamente el derecho a un ambiente sano como uno de los derechos fundamentales.
También, como se desarrolló en el informe de UNICEF, “la vulneración o puesta en riesgo de los derechos de niños, niñas y adolescentes por razones de degradación del ambiente, cambio climático y energía tiene una fuerte incidencia fundamentalmente por la diversidad de amenazas a nivel territorial y la afectación diferencial sobre la población más vulnerable”.
“No obstante ello, ambas agendas (niñez y ambiente) no están siendo abordadas en las políticas públicas ni por los distintos actores de la sociedad (sector privado, sociedad civil) en forma integrada o articulada”, advierte UNICEF.
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Los científicos no hallan relación entre el cambio climático y la sequía en Argentina

Fecha de Publicación: 20/02/2023
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Argentina vive su peor sequía en 60 años. Un nuevo estudio reveló que aunque el cambio climático probablemente exacerbó la sequía, no necesariamente ha causado una disminución en las precipitaciones.
Científicos de World Weather Attribution (WWA) estudiaron la sequía en la zona central de Sudamérica durante los últimos tres meses de 2022. Descubrieron que las precipitaciones durante ese período fueron inferiores al promedio, pero dentro de las variaciones naturales esperadas. Como resultado, la sequía no podría vincularse directamente con el cambio climático causado por el hombre.
Aun así, el equipo concluyó que el calentamiento global probablemente contribuyó al clima seco. Las temperaturas más altas disminuyen la cantidad de agua disponible, en parte a través de una mayor tasa de evaporación, y probablemente empeoraron los efectos de la sequía.
A medida que los eventos climáticos severos se vuelven más comunes, los científicos han tratado de determinar exactamente cómo las acciones humanas están transformando el planeta. El hallazgo de WWA muestra cuán complicado puede ser lograr esa relación.
“Esa es una de las razones por las que hacemos estos estudios de atribución: para mostrar cuáles son los impactos realistas del cambio climático”, dijo Friederike Otto, científica climática del Imperial College London y codirectora de World Weather Attribution, una colaboración de investigación que se especializa en el análisis casi en tiempo real de los eventos meteorológicos.
“No todo lo malo que está sucediendo ahora se debe al cambio climático. Es realmente importante descubrir dónde el cambio climático es un verdadero punto de inflexión”, dijo Otto.
Los investigadores de WWA observaron las precipitaciones en una región que incluía gran parte de Argentina, Uruguay y una pequeña parte de Brasil. El grupo descubrió que los bajos niveles de precipitaciones a fines de 2022 tienen un 5% de probabilidad de ocurrir en un año determinado.
Como resultado, escribieron los autores, “no pueden estar seguros” de que la falta de lluvia se deba a la variabilidad natural de la región. El informe reconoce que La Niña, un fenómeno atmosférico que altera los patrones normales de viento, redujo al menos parcialmente la cantidad de lluvia.
Mientras tanto, el calor extremo atrofió la producción agrícola en la región. En conjunto, esas altas temperaturas y condiciones secas mermaron los rendimientos de los cultivos e inflaron los precios mundiales de los alimentos.
Estudios anteriores de WWA han establecido conexiones más directas entre los eventos meteorológicos observados y las actividades humanas. Un análisis realizado en septiembre determinó que el cambio climático intensificó las lluvias en Pakistán, lo que contribuyó a las letales inundaciones. Otro informe descubrió que las altas temperaturas en la costa del Pacífico de Norteamérica registradas en 2021 habrían sido “prácticamente imposibles” si no fuera por el cambio climático.
El estudio más reciente encontró una relación más compleja. Según Otto, ese trabajo es crucial. “La gente usa el clima como un arma. Si hay un día frío, la gente dice que no se debe al cambio climático, pero, por supuesto, eso no tiene nada que ver con la física o con el clima”, dijo Otto. “Lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo es mostrar cuáles son las consecuencias realistas del cambio climático y cómo afectan a las personas ahora”.
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¿Cuánto influye el cambio climático en las olas de calor cada vez más frecuentes en Argentina?

Fecha de Publicación: 16/02/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Con récords de temperaturas altas, en el último trimestre se duplicó la frecuencia de las olas de calor en el país. El Servicio Meteorológico registró marcas históricas en Buenos Aires y Rosario. Cuáles es el factor principal que causa estos fenómenos extremos
Desde noviembre de 2022, ya ocurrieron 8 episodios de ola de calor en diferentes zonas de la Argentina. Una cifra que duplica la frecuencia de olas de calor que se venían produciendo en los años más calurosos de la última década, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En diciembre pasado, también se había dado una ola de calor en el país que se atribuyó al cambio climático, provocado por las actividades humanas que generan emisiones de gases contaminantes, según determinó un estudio internacional.
Cada ola de calor es un período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad.
“Estudios anteriores a los recientes episodios han encontrado una tendencia hacia el aumento de la frecuencia de las olas de calor en la Argentina, que está asociada al problema del cambio climático global”, explicó a Infobae la científica Inés Camilloni, investigadora independiente en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet.
“También se ha registrado que las olas de calor son más severas y tienen una mayor extensión espacial”, agregó la especialista.
Se deberá esperar los resultados de un próximo estudio para determinar si la ola de calor actual que afecta al país también se debe al cambio climático.
Con respecto a la ola de calor que hubo en el norte del país a principios de diciembre, investigadores que forman parte de la red World Weather Attribution (WWA), que incluye al científico argentino Juan Rivera, descubrieron que se produjo por el cambio climático. El calentamiento global hizo que la ola de calor récord en el norte de Argentina a principios de diciembre fuera aproximadamente 60 veces más probable.
La WWA es una colaboración internacional que analiza y comunica la posible influencia del cambio climático en eventos climáticos extremos, como tormentas, lluvias extremas, olas de calor, olas de frío y sequías.
Ese análisis de atribución, como se los conoce a ese tipo de estudios, se centró en la temperatura máxima diaria para el período más caluroso de una semana, del 4 al 10 de diciembre de 2022.
Esa ola de calor registrada fue aproximadamente 60 veces más probable que ocurra por el cambio climático y 1,4 ºC más caliente. Además, se determinó que ahora se puede esperar un evento similar aproximadamente una vez cada 20 años, con un 5 % de posibilidades de ocurrir cada año. Sin los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas, ese evento hubiera sido extremadamente inusual.
Nuevamente, en febrero la población de varias zonas de la Argentina está enfrentando olas de calor: los que residen en el oeste y centro de provincia de Buenos Aires, el norte de Entre Ríos, sur de Corrientes, Mendoza, San Luis y La Pampa.
En ciudad de Buenos Aires, el domingo 12 de febrero se registró la temperatura más alta en febrero desde 1961: a las 16 horas alcanzó los 38,1°. “También tuvimos la noche más cálida de los últimos 60 años”, expresó el Servicio Meteorológico en su cuenta en Twitter. Rosario también tuvo su jornada más cálida desde 1961.
Sin embargo, a pesar del récord en cuanto su temperatura máxima, no se puede afirmar que la ciudad de Buenos Aires haya tenido una ola de calor en ese momento, según aclaró a Infobae la comunicadora meteorológica Cindy Fernández, del SMN.
“Para que se considere una ola de calor, hay que tener en cuenta que cada ciudad tiene sus propios umbrales -comentó Fernández- Durante el fin de semana pasado, no se cumplieron los criterios de la definición de ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires. Porque no fueron 3 días consecutivos con temperaturas mínimas por encima de los 22° y temperaturas máximas de 32,2°”.
En cambio, la semana pasada la ciudad de Buenos Aires sí había vivido una ola de calor porque fueron 3 días consecutivos en los que se registraron temperaturas mínimas y máximas por encima de los umbrales.
En cuanto a las temperaturas altas que se registran en todo el país, la comunicadora del SMN explicó cuál es una de las principales causas. “Desde noviembre, predomina un centro de alta presión sobre el Océano Atlántico a la altura de provincia de Buenos Aires y Patagonia. Ese centro favorece que en el territorio argentino circulen los vientos cálidos provenientes del Norte y bloquea vientos fríos provenientes de frentes fríos”, señaló Fernández.
En cuanto a la posibilidad de que las temperaturas altas estén asociadas al cambio climático, Fernández aclaró: “Hay evidencia científica que demuestra que el cambio climático hace que las olas de calor sean más frecuentes y que abarquen más zonas y a más personas. Las olas tienden a producirse alcanzan valores más elevados en cuanto a temperatura”.
Es el verano más caliente en la Argentina desde la década de los años sesenta. Se trata también del trimestre noviembre-diciembre y enero más caluroso. Pero aún no hay disponible un estudio que pueda confirmar la asociación entre las altas temperaturas con el fenómeno del cambio climático en Argentina.
“Desde noviembre pasado ya se vivieron 8 episodios de olas de calor en la Argentina. Es un fenómeno sumamente extremo. Antes en los años más calurosos de la última década, había 4 olas de calor en promedio. Si vemos la situación general, es posible que el cambio climático tenga que ver. Pero no se puede afirmar hasta que se haga un estudio de atribución”, reconoció Fernández.
La situación de calor extremo también está relacionada con el problema de sequía que sufre gran parte de la Argentina. Hubo escasez de precipitaciones y aumentó la cantidad de incendios de vegetación. Eso ha provocado que el humo de los incendios llegue a las ciudades.
“Se recomienda a la población seguir las medidas de cuidado en tanto puede estar expuesta al humo de incendios y a los efectos de las altas temperaturas”, aconsejó Fernández.
Las olas de calor puede tener un impacto en la salud de leve a alto especialmente en grupos de riesgo (niños y niñas, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas como cardiovasculares, respiratorias, diabetes y obesidad). Los efectos van desde deshidratación, golpes de calor o complicaciones hasta un aumento de la mortalidad.
El Ministerio de Salud de la Nación recomendó especial cuidado con personas mayores, bebés, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, personas expuestas al calor en su ambiente laboral, quienes viven en situación de calle, y aquellas personas que consideren que pueden estar más expuestos por el impacto de la ola de calor.
Las recomendaciones para evitar un golpe de calor cuando las personas se encuentran en la casa, el trabajo o en lugares cerrados son: hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia (aun cuando no se sienta sed), y procurar siempre consumir agua segura, evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.
También es recomendable incorporar frutas y verduras a la alimentación y evitar las comidas abundantes y así como realizar actividad física intensa.
Para el cuidado de la salud en la vía pública se sugiere evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor temperatura (de 10 a 16 horas), en especial bebés, niñas pequeñas y niños pequeños. Además, es importante utilizar protección solar, mantenerse hidratado y consumir agua segura con mayor frecuencia (aun cuando no se sienta sed).
Se recomienda prestar atención a signos como: sed intensa y sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de sofocación, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.
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Larga y costosa sequía enfrenta a Argentina con la crisis climática

Fecha de Publicación: 04/02/2023
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Martín Rapetti, cuarta generación de productores agropecuarios en la provincia de Corrientes, en el noreste de la Argentina, ya perdió más de 30 vacas por falta de alimento y agua, debido a la larga sequía que castiga gran parte del territorio del país. “No hay pasto; los animales tienen que meter los dientes en la tierra seca”, cuenta con resignación.
Este fenómeno climático extremo, que según los expertos será cada vez más común, es mucho más que una amenaza de cara a un futuro impreciso y ya representa un daño concreto: le hará perder este año a Argentina, potencia mundial en la producción de alimentos, miles de millones de dólares en exportaciones y profundizará su crisis económica.
“La acumulación de tres años con escasez de lluvias hace que la situación sea cada vez peor. Los arroyos y los ríos se nos han quedado sin agua y ahora se nos están secando también las napas subterráneas”, relató Rapetti a IPS desde la localidad de Curuzú Cuatía.
“Las vacas están en muy mala condición corporal. Y están sufriendo las producciones de granos, de cítricos, de hortalizas… De las 300 hectáreas que tenemos de capacidad en arroz, pudimos sembrar solo 35 por falta de agua”, agregó este mediano productor agropecuario.
Las consecuencias van mucho más allá de las zonas rurales porque este país sudamericano, que afronta una delicada situación económica, con una inflación disparada hasta casi 100 % anual y 40 % de su población viviendo en la pobreza, depende fuertemente del campo para conseguir divisas y sostener el valor de su devaluada moneda.
Durante el primer semestre de 2022, el último dato oficial, 57,6 % de sus exportaciones nacionales proviene de la producción de los principales granos (soja, maíz, trigo, girasol y cebada) y de la ganadería bovina (carne, cueros y lácteos).
Así, la sequía hará que dejen de ingresar en 2023 cerca de 8000 millones de dólares en ventas al exterior y esto generará un fuerte perjuicio directo a las arcas estatales, que dejarán de percibir más de 1000 millones de dólares en impuestos a las exportaciones de soja, maíz y trigo, los tres cultivos que ocupan la mayor superficie.
Las cifras las reveló el 17 de enero la Bolsa de Comercio de Rosario, entidad de referencia en la economía agropecuaria argentina.
Este país sudamericano, de 46,2 millones de habitantes, depende en gran medida del campo para sostener su economía. Argentina es el tercer productor mundial de soja, detrás de Estados Unidos y Brasil, y el segundo productor de carne vacuna, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Solo la soja, que es la actual reina de las exportaciones argentinas, generó ventas por 12 113 millones de dólares, (27,3 % de las exportaciones totales), según el organismo oficial de estadísticas. Ello incluye al grano y sus aceites y harinas.

¿Cómo prepararse?
A causa del cambio climático, los eventos extremos como las sequías o las inundaciones van a darse cada vez con mayor frecuencia e intensidad, advirtió a IPS la secretaria nacional de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.
“Pero estas problemáticas no son escenarios a los que tengamos que acostumbrarnos ni resignarnos. Necesitamos adaptarnos a sus efectos y transformar nuestros sectores productivos para que sean más resilientes, mientras reducimos sus emisiones de gases de efecto invernadero”, añadió.
Argentina presentó en noviembre su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Es un documento de más de 400 páginas, que, entre otras medidas, propone gestionar los riesgos climáticos agroforestales (a partir de inversiones en infraestructura o promoviendo seguros para pequeños productores), impulsar la eficiencia hídrica en industrias y fortalecer la red de monitoreo meteorológico.
“Tenemos que avanzar también con acciones que vayan más allá de la inmediatez y que incorporen una perspectiva climática. Necesitamos también respuestas políticas que fortalezcan nuestras capacidades, que promuevan la innovación y, en definitiva, que impulsen el desarrollo sostenible”, reconoció la funcionaria.
Tal vez el punto más delicado de toda esta historia es que la propia Nicolini cuantificó en 185.000 millones de dólares el financiamiento que el país necesita hasta 2030 para implementar el plan.
Es cuatro veces más que el préstamo record que en 2018 le dio a Argentina el Fondo Monetario Internacional y que desde entonces es una deuda que ha estrangulado el crecimiento económico. Nadie sabe de dónde va a salir ese financiamiento, que Argentina reclamó a los países desarrollados en la última Conferencia de las Partes (COP27) sobre Cambio Climático, celebrada en noviembre en Egipto.

Ayuda económica
El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió el jueves 20 a la Mesa de Enlace, que agrupa a las principales cámaras empresarias agropecuarias, y prometió estudiar un paquete de medidas de alivio económico y anunciarlo el 1 de febrero.
De todas maneras, advirtió sobre los límites que enfrenta el gobierno para dar respuestas: “A lo mejor hay soluciones que se nos escapan. La Argentina no es un país con grandes capacidades para intervención del Estado, por razones que ya conocemos: endeudamiento y dificultades de acceso a los mercados».
Más allá de la difícil situación coyuntural, hoy los propios productores agropecuarios saben que se necesitarán estrategias de fondo para hacer frente a fenómenos extremos que llegaron para quedarse.
Mario Raiteri, mediano productor de papa, carne, trigo, maíz soja y girasol en la localidad de Mechongué, 460 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuenta a IPS que se crió escuchando a su abuelo hablar de grandes inundaciones en la década de 1940 y fulminantes sequías en la década de 1950, pero que él nunca había vivido un fenómeno como el de los últimos tres años.
“Mi mayor preocupación es si esto es solo de ocurrencia ocasional o si realmente empieza a haber una repetición más seguida de estos hechos”, dijo.
“En el segundo caso necesitamos que los organismos científicos nos den nuevas tecnologías diseñadas para adaptarnos El conocimiento va a jugar un papel muy importante, más allá  de otras cuestiones necesarias, como un seguro agrícola integral para la agricultura familiar, porque los productores chicos son los que más van a sufrir”, señaló.
El 54,48 % de la superficie argentina ha sido afectada por el estrés hídrico, de acuerdo al Sistema de Información sobre Sequias para el Sur de Sudamérica (SISSA), institución creada por gobiernos y organizaciones para aportar información y reducir la vulnerabilidad a este tipo de fenómenos.
Sin embargo, para el hidrólogo Juan Borus, subgerente de Sistemas de Información del Instituto Nacional del Agua (INA), en los últimos tres años “no hay un solo centímetro cuadrado del territorio que no haya enfrentado escasez”.
Borus advierte a IPS que el país está hoy plagado de ríos secos, lagunas que se redujeron y desaparecieron y que la situación no tiene visos de mejora para lo que resta del verano y para el otoño austral.
El especialista alerta también sobre el impacto en cuestiones que se han difundido menos que la producción agropecuaria. Una es la generación de energía eléctrica por falta de agua en las represas, en un país que se ha comprometido a aumentar su generación hidráulica como parte de sus objetivos de mitigación del cambio climático.

Otra es la cuestión del agua potable.
“Las ciudades grandes, que están a las veras de los ríos, deben invertir más dinero en bombeo y en potabilización del agua, porque con niveles más bajos del cauce es mayor la cantidad de contaminantes y sedimentos. Y las localidades chicas, que toman agua de perforaciones, deben lidiar con la depresión de las napas”, dijo Borus.
La crisis, para Borus, presenta una gran oportunidad: “Es el momento de que quienes viven en la parte húmeda del país tomen conciencia de la necesidad de cuidar el agua potable”.
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Los desafíos ambientales de Argentina en 2023: frenar la deforestación y poner en marcha la lucha contra el cambio climático durante un año electoral

Fecha de Publicación: 16/01/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


En 2023 Argentina vivirá las diferentes etapas de unos comicios donde se elegirán presidente de la Nación, gobernadores de varias provincias, intendentes [alcaldes] de miles de municipios y se renovará parcialmente el Congreso. Entre agosto y noviembre habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, primera vuelta y, de ser necesario, un ballotage o segunda vuelta, para decidir quién ocupará la Casa Rosada.
Este dato pone en contexto todo lo que puede suceder —o no suceder— en torno a los asuntos socioambientales del año que comienza. Las campañas electorales son particularmente largas en Argentina y tienden a concentrar todo el interés y los esfuerzos de la clase política, eclipsando cualquier otra iniciativa a largo y mediano plazo.
De esa manera, temas que deberían considerarse prioritarios corren riesgo de quedar aparcados al borde del camino. En esa lista se encuentran la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático presentado por Argentina en la COP27 de Egipto; la aprobación y ejecución de leyes que detengan el imparable deterioro de humedales y bosques, la creación de criterios para efectuar estudios de impacto ambiental de participación ciudadana en la ejecución de proyectos industriales; y la decisión sobre el manejo que tendrá la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, arteria vital por la que circulan los principales productos de exportación del país.
Estas elecciones, además, llegan envueltas en un clima político y una situación económico-financiera complicada. Por un lado, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, máxima referente del oficialismo, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y anunció su renuncia a presentarse como candidata en las listas de su partido, lo cual altera aún más las discusiones internas, tanto en su sector político como en la principal oposición.
Por otro lado, el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares obliga a recortes y ajustes presupuestarios que pueden aumentar unos índices de pobreza y marginalidad que ya afectan al 40 % de la población del país.
Este es el contexto que enmarca a algunos de los desafíos ambientales que tendrá Argentina en 2023 y que aquí presentamos.

1. Adaptarse y mitigar para sobrevivir
Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir de manera notoria en Argentina. Tres años de sequía, bajantes pronunciadas de los ríos, olas de calor cada vez más intensas y frecuentes en el norte del país, tormentas de tierra de tonos apocalípticos, continuos incendios forestales e inundaciones periódicas componen un panorama que impulsa a tomar decisiones inmediatas.
“Hemos cuantificado lo que nos costaría ahora mismo alcanzar todos los objetivos expuestos en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que presentamos en la COP27. Serían 185 000 millones de dólares”, dice Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del gobierno nacional. En su conversación con Mongabay Latam también indica que “la inacción tendría un costo adicional. Viendo la virulencia de los impactos del cambio climático en nuestro territorio, todo lo que no se invierta ahora se irá agravando y la cifra se irá encareciendo”.
El Plan es, sin duda, ambicioso y contempla más de 250 medidas. Entre las seis líneas estratégicas de trabajo que componen su núcleo central se incluyen la conservación de la biodiversidad; la gestión alimentaria, de los bosques, los residuos y las infraestructuras urbanas; y las transiciones en materia energética, productiva y de movilidad. A su vez, estas estrategias se complementan con enfoques que atraviesan temas de género, diversidad, salud, empleo y líneas instrumentales referidas a la financiación, investigación y desarrollo, innovación y fortalecimiento de las instituciones.
Si bien no se establecen resultados parciales que permitan conocer los avances en cada etapa del proceso, sus metas finales son cumplir con los compromisos adquiridos por el país: reducir a 349 Mt de dióxido de carbono las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Cómo llegar a esos puntos y qué avances podrán apreciarse a finales de 2023 son los grandes interrogantes.
“Argentina tiene una enorme biocapacidad”, afirma Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, quien puntualiza: “Podemos colaborar con la transición energética global aportando gas natural (y planificando el cierre de su utilización en 2050); alimentar a una población creciente con modelos de producción agrícola y ganadera libre de deforestación; modificar la matriz energética del país hacia las energías renovables. Incluso, regenerar los suelos y la capacidad productiva de bosques, pastizales, humedales y de nuestro mar para aumentar nuestra resiliencia. Lo que debemos hacer es pasar de una vez por todas de los compromisos a la acción”.
Por supuesto, el Plan no está exento de críticas. “En un contexto global que requiere una transición en dirección contraria a los combustibles fósiles, resulta complejo entender cómo insertar la expansión de la frontera hidrocarburífera [que plantea el gobierno] en la transformación integral del sector energético”, señala Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde su posición, la secretaria Nicolini explica los motivos: “Soy la primera que firmaría producir energía solo con renovables, pero no podemos abrir 30 o 40 parques eólicos o importar miles de placas solares de la noche a la mañana. La transición energética necesita financiarse y el gas es un combustible fósil que a largo plazo no soluciona el problema pero, debido al papel que está teniendo en el mundo a corto y mediano plazo, es una herramienta funcional a esa transición”.
La funcionaria del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va más lejos: “Hoy Argentina importa gas y el que tenemos en el yacimiento de Vaca Muerta nos permitirá dejar de comprar y tener un saldo exportable. Queremos usar esos dólares para financiar las renovables y desarrollar el hidrógeno verde”.
La realidad indica que Argentina ha hecho muy poco para implementar planes de mitigación desde la firma del Acuerdo de París hasta la fecha. La matriz energética sigue dependiendo en más de un 80 % de los combustibles fósiles y el uso de la energía mantiene altos niveles de ineficiencia. Las dificultades políticas en un año electoral solo suman un obstáculo más.
“2023 tendría que ser el año en el que el sector político tome el cambio climático y la conservación de la biodiversidad como banderas centrales para atraer a los votantes que estén realmente preocupados y comprometidos con la naturaleza”, comenta Jaramillo, mientras que Nicolini aspira a activar todas las líneas estratégicas del Plan: “Me gustaría conseguir unos porcentajes de generación eléctrica a través de energías renovables cada vez más altos y reducir la emisión de GEI por causa de la deforestación, que es uno de los principales déficits que tenemos. Y que en diciembre [de 2023] podamos ver claramente que una política climática robusta tiene un impacto ambiental, económico, social y en términos de empleo. Sería la manera de comprobar que el desarrollo de un país es completamente compatible con la sostenibilidad”.

2. Aprobar varias leyes que son imprescindibles
El 2022 fue el décimo año que transcurrió sin que se llegara a sancionar la Ley de Humedales, tal vez la más emblemática de las normas ambientales que una y otra vez ve frustrada su sanción en el Congreso. En este caso, y luego de muchas discusiones y postergaciones, dos proyectos fueron aprobados por las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de estudiar el tema, pero las divergencias entre oficialismo y oposición impidieron que fueran tratados en el recinto y todo quedó postergado para el periodo de sesiones que comenzará el próximo 1 de marzo. Las perspectivas, en todo caso, no resultan halagüeñas.
“Lo ideal hubiera sido tener la aprobación en Diputados y que en 2023 la discusión ya estuviera en el Senado. El año electoral acortará los tiempos y pondrá la mayor atención en la campaña”, se lamenta Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN. Casi sin excepción, la ley encuentra teóricos apoyos a uno y otro lado del arco político, pero al mismo tiempo genera resistencias insalvables. Los intereses mineros, agropecuarios, forestales e inmobiliarios influyen y logran poner obstáculos que atraviesan las cuestiones ideológicas. “Me pregunto por qué les resulta tan inconveniente aprobar la ley cuando muchos puntos de los que se plantean deberían estar cumpliéndose a partir de las normas que tienen las provincias”, se cuestiona Enrique Derlindati, doctor en biología, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Salta.
El sistema federal que rige en la Argentina, que brinda a los 24 distritos provinciales amplias competencias en el uso y regulación de sus bienes y recursos naturales, se encuentra detrás de estas dificultades. Las disposiciones que surgen del Parlamento nacional o del Poder Ejecutivo brindan un marco jurídico general pero son implementadas, ejecutadas y controladas en cada distrito, y allí los objetivos y niveles de cumplimiento tienden a diluirse en función de necesidades, acuerdos o grises entramados locales.
“Cuando la potestad queda solo en manos de las provincias un gobernador puede decidir sustraer varios miles de hectáreas de un área protegida para transformarla en otra cosa”, aclara Derlindati. “El gobierno nacional hace sobreabuso de los artículos de la Constitución que otorgan a las provincias la explotación de los recursos que se encuentran dentro de sus límites”, explica Manuel Jaramillo, refiriéndose a la muy escasa o nula intervención del Poder Ejecutivo respecto a las decisiones que toman las autoridades de los diferentes distritos, incluso cuando estas incumplen parcial o totalmente las leyes del Congreso Nacional.
Los sectores ambientalistas y el propio gobierno nacional impulsan que una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental también vea la luz en 2023. “Necesitamos una norma de este tipo para que todos los procesos de ejecución de un proyecto industrial sean transparentes y rigurosos”, manifiesta Nicolini. Y es que lo ocurrido en la represa Presidente Néstor Kirchner, una de las dos que se están construyendo sobre el río Santa Cruz en el extremo sur del país, así lo demuestra.
Los trabajos, que comenzaron en 2017, sufrieron varias interrupciones por procesos judiciales y falta de financiamiento, y continuaron avanzando con tareas menores pese a las denuncias de inconsistencia del informe de impacto ambiental presentado por la sociedad chino-argentina encargada de las obras. Un informe posterior del Instituto Nacional de Previsión Sísmica manifestó sus inseguridades respecto al lugar de emplazamiento de la represa, cercano a una falla geológica que atraviesa el río, y la aparición de una grieta de 20 metros en un muro de hormigón obligará a cambiar la ubicación. Teniendo en cuenta esta modificación, la coalición de ONG Río Santa Cruz Libre, demandante en la principal causa legal contra el proyecto, solicitó un pedido de reajuste del estudio de impacto ambiental. Hasta la fecha no obtuvo respuesta.
El caso anterior es solo una muestra de la urgencia de sancionar —y después implementar y hacer cumplir— las leyes ambientales que permitan controlar con mayor eficiencia los recursos naturales del país.

3. Mayor participación ciudadana en la toma de decisiones
En enero de 2021 se realizó en la ciudad de Buenos Aires la audiencia pública destinada a debatir el proyecto de edificación de dos nuevos barrios de torres residenciales junto al Río de la Plata. Este tipo de convocatorias, en la que puede participar libremente cualquier ciudadano, están contempladas en la Ley General del Ambiente aprobada en 2002. En teoría deben ser realizadas antes de que se autorice cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente. Sin embargo, no siempre ocurre así, y además, no son vinculantes. En esa ocasión participaron 2057 personas, de las cuales el 97 % se manifestó en contra. A pesar de esto, en diciembre de ese año, la Legislatura porteña aprobó los nuevos barrios.
Casi simultáneamente, en julio, tuvo lugar una primera audiencia pública para debatir el proyecto de prospección de pozos de gas y petróleo en un área del mar argentino situada a unos 300 kilómetros de distancia de Mar del Plata, el principal centro de vacaciones del país. Hubo 373 intervenciones de las cuales 345 se mostraron contrarias al proyecto y solo 12 a favor. Seis meses más tarde, el gobierno nacional, de signo político contrario al que dirige los destinos en la capital del país, autorizaba las prospecciones. La coincidencia en desoír la voz popular es toda una muestra de que la grieta ideológica que divide el país se difumina cuando se trata de tomar decisiones que afectan el medio ambiente.
Casos semejantes se reproducen a lo largo y ancho del país, fundamentalmente en relación a proyectos mineros, del agronegocio o inmobiliarios. Y se agravan en ámbitos rurales, donde los afectados son menos o pertenecen a comunidades indígenas. “Los gobiernos ni siquiera nos llaman cuando deben decidir la entrada de alguna empresa a nuestros territorios, llevan a cabo lo que quieren hacer sin ninguna consulta previa”, confirma Evis Millán, integrante de la comunidad mapuche-tehuelche Pillan Mahuiza y activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas del Buen Vivir.
Las convocatorias para las audiencias suelen ser irregulares, ya sea porque se anuncian tarde, se realizan en lugares de difícil acceso para los pobladores, los interesados acuden sin haber recibido antes la información necesaria para conocer el asunto que se debate, o porque las audiencias no se traducen a las lenguas de los pueblos originarios en los casos donde están implicados.
El fondo de la cuestión se resume en dos palabras: “licencia social”, es decir, el aval de la mayoría de la sociedad para que una obra se lleve a cabo. “La destrucción del bosque chaqueño, por ejemplo, no la tiene. Los habitantes del monte, ya sean de pueblos originarios o campesinos criollos no son los que deforestan”, afirma Micaela Camino, bióloga, integrante de la plataforma Somos Monte y ganadora del Premio Whitley 2022.
Incrementar y mejorar la calidad de la participación ciudadana para fortalecer esa licencia social en cuestiones ambientales es otro de los desafíos del año. También en este punto existe una propuesta de ley para que en todo el país se unifique la forma de actuar en cuestiones concretas relacionadas con la utilización de recursos naturales. Fue presentada por el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo en 2021 y el punto más conflictivo para los intereses del poder económico y político es la posibilidad de que los resultados que se produzcan pasen a ser vinculantes. “No se le da a la participación ciudadana el lugar central que debería tener a la hora de desarrollar cualquier proyecto extractivista”, explicó el legislador al presentar su propuesta. Hasta el momento, la idea fue archivada y nunca avanzó un solo centímetro.

4. Frenar la deforestación y apagar los incendios
“En la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no hemos planteado desmonte cero, pero sí un ordenamiento que de manera progresiva va en favor del ambiente”, dice Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia del Chaco. Lo que ocurre con los bosques en ese distrito es posiblemente el mejor ejemplo de las tensiones que convierten a la deforestación en uno de los grandes dramas ambientales del país.
Solo en la región del Chaco argentino, que comprende cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco), se perdieron 80 938 hectáreas en 2019, 114 716 en 2020 y 110 180 en 2021. El 54 % de ellas de forma ilegal según los datos oficiales. En 2022 Soneira acepta la pérdida de otras 26 000 hectáreas en su distrito —la organización Greenpeace amplía ese número hasta las 47 000—, incluso pese a que una medida judicial prohíbe, desde octubre de 2020, los cambios de uso de suelo que impliquen reducir la masa boscosa.
Pendiente desde 2013, la actualización del OTBN chaqueño es centro de una discusión que lleva más de dos años y  ha ido en aumento de manera progresiva. Científicos, ONG y diferentes expresiones de la sociedad civil manifiestan su inconformidad con las propuestas oficiales, a las que califican de “regresivas”, ya que “blanquea los desmontes ilegales producidos sin sancionar económicamente a los propietarios ni obligarlos a restaurar esas áreas”, sostiene Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Desde el mundo empresarial, por el contrario, entienden que la última proposición de diciembre de 2022, mencionada por Soneira, es una marcha atrás que afectaría la producción y la economía: “Frena el desarrollo productivo y tendría consecuencias negativas para la provincia”, afirma un comunicado de la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales.
En el resto del país son los incendios forestales los que concentran la atención pues, en los últimos años, han sido los promotores de pérdidas de zonas de bosques, pastizales y humedales, además de plantaciones de la industria forestal. “El 2022 ha sido un año muy crítico en esa materia”, admite Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación.
Según los datos oficiales, incompletos aún para el 2022, las llamas consumieron 490 000 hectáreas en 2019; 1 167 985 en 2020; 326 000 en 2021; y hasta agosto de 2022 habían ardido otras 375 000, aunque otras mediciones de ONG ambientalistas, pero también de una entidad estatal como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablan de 800 000 solo en los incendios ocurridos en febrero en la provincia de Corrientes.
La lucha contra la deforestación y los incendios, en la que conviven las quemas voluntarias para provocar el rebrote de pastos tiernos para el ganado (por ejemplo, en las islas el Delta del río Paraná, una de las zonas más afectadas), la negligencia y los efectos de tres años continuos de sequía se encuentra, nuevamente, entre los grandes retos de Argentina para 2023.

5. Un rumbo claro para la Hidrovía
El río Paraná y su afluente del norte, el Paraguay, constituyen la ruta central de salida de los buques que transportan los granos y las carnes que conforman el 60 % de las exportaciones argentinas. Sin embargo, la gestión presente y futura de la denominada Hidrovía se encuentra en estado provisional desde el 2020. Ese año caducó el contrato con la empresa que se ocupaba de las tareas de mantenimiento —dragado, balizamiento y señalización—, y del cobro de peajes a los más de 4500 buques que recorren el río.
Después de algunas idas y vueltas, el gobierno creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía y le entregó a la Administración Nacional de Puertos la gestión de las tareas más técnicas. Lo que se espera para 2023 es que el Estado presente los pliegos de una segunda y definitiva licitación internacional (la primera quedó sin efecto) para resolver la situación. De las condiciones que se planteen dependerá en buena medida el futuro ambiental de un sitio especialmente sensible. En el contexto del cambio climático, el Paraná sufrió en 2021 la segunda bajante más severa de la historia y en las orillas e islas de los tramos medio e inferior del cauce se mantiene un alto nivel de estrés hídrico que alimenta los constantes y voraces incendios que se presentan en la zona.
“Habría que adecuar las vías navegables para optimizar la carga potencial transportada de los buques modernos de mayores dimensiones y calado”, proponía en su momento Daniel Nasini, expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Necesitamos más profundidad y zonas de cruce”, afirman los actuales directivos del ente que reúne a las grandes industrias cerealeras nacionales y multinacionales que operan en las más de 80 terminales portuarias distribuidas a lo largo del río. El propósito: permitir la entrada de buques cuya capacidad de carga sea de hasta 70 mil toneladas en lugar de las actuales 48 mil. Sin embargo, este objetivo encuentra resistencias entre los defensores socioambientales.
“Cada sector busca su beneficio. Los armadores quieren reactivar la marina mercante y los astilleros; los patrones y capitanes de barcos pretenden una traza de doble vía para mejorar la seguridad… Nadie hace un balance ni incluye a los grupos sociales más desprotegidos; tampoco se preocupan por las cuestiones ambientales, que es donde recaen los mayores impactos”, opina Nadia Boscarol, coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales.
La contaminación que dejan los residuos que arrojan los barcos, el polvillo que desprenden los cereales durante el proceso de carga en los puertos, los desagües cloacales sin tratamiento previo de ciudades y pueblos al río y los efectos que el dragado permanente produce sobre los micoorganismos que habitan en el fondo de las aguas son solo algunos de los inconvenientes que se han ido creando en las orillas y en el lecho del río durante lo últimos 25 años, cuando comenzó su transformación en Hidrovía. Seis provincias tienen acceso directo al complejo Paraná-Paraguay y su participación en las discusiones le añaden complejidad a lo que vaya a determinarse.
Como en el resto de los temas, la política tendrá la última palabra. “Todo es un rompecabezas muy complejo que necesita de muchísimo trabajo, consenso y también de dejar el cinismo de lado”, resume Cecilia Nicolini. En un año electoral la tarea se antoja doblemente difícil.
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