Ordenamiento territorial: no suman hectáreas para producir y definirán reubicaciones

Fecha de Publicación: 28/10/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


En la revisión del mapa que determina zonas verdes, amarillas y rojas aplican criterio de no regresividad.Presentan cuatro escenarios con opiniones de todos los participantes del Consejo Asesor.
Más de 130 representantes de distintas instituciones se reunieron ayer para actualizar el mapa provincial de áreas protegidas que dispone la ley nacional de bosques. Se confirmó que no sumarán áreas para producir más, solo se podrán cambiar ubicaciones.
Académicos, comunidades indígenas y actividades productivas, legislativo, gubernamental y judicial, reunidos por el Consejo Asesor de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), tuvieron la tarea de presentar cuatro escenarios en los que quedarán reflejadas de manera vinculante las opiniones de todos los participantes.
De los cuatro saldrá el mapa definitivo, que se confeccionará bajo un sistema en el que primará la posición mayoritaria de los grupos, y en el caso de empate de posiciones el color asignado se definirá bajo un criterio técnico, que será puesta a consideración.
Organizados en grupos acordes a cuatro perspectivas, trabajaron para consensuar mapas de zonificación, donde queda reflejada su opinión vinculante. Cada representante de institución asignó valores de cero a cien, según la mirada de la organización a la que representa, a los colores amarillo, verde y rojo. Al finalizar se labró el acta correspondiente con el mapa unificado por grupo.
José Volante, parte del equipo técnico del OTBN, expresó que la ley de bosques prevé que el ordenamiento debe basarse en un principio de no regresividad. Esto significa que se debe avanzar hacia un medio ambiente sano, saludable y no se puede volver a etapas de menor calidad ambiental que la que había anteriormente.
Afirmó que en el ordenamiento territorial del año 2008 había en rojo 1.278.000 hectáreas, en amarillo 5.333.000 hectáreas y en verde 1.000.000 de hectáreas aproximadamente. El principio de no regresividad menciona que no puede haber más zonas verdes, o sea, más hectáreas agropecuarias que las que ya estaban en el 2008. Además, no pueden haber menos hectáreas de las categorías rojas y amarillas.
"Entonces, podemos ir a tener más áreas amarillas y más áreas rojas, pero no menos. Entonces, ¿qué estamos discutiendo acá? Lo que estamos discutiendo es la ubicación de estas hectáreas. De ese millón de hectáreas que quedan para ordenar, para replanificar, lo que estamos haciendo acá ahora es, con toda esta información nueva que hemos compilado, viendo una reubicación de esas hectáreas", explicó el técnico del INTA.
José Volante detalló que hay criterios que la ley menciona que tienen que ver con tres condiciones. Una que tiene que ver con una calidad vinculada con la protección de la biodiversidad, otra una calidad de sitio o aptitud para la producción forestal sustentable y otra con una aptitud para la producción agropecuaria.
"En las 5 millones de hectáreas de amarillas se pueden hacer proyectos sustentables productivos. En esas áreas se puede hacer hasta ganadería. La ley junto con un decreto y un acuerdo que se hizo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente de la Nación llegaron a un acuerdo para permitir hacer ganadería bajo monte con un sistema que se llama manejo de bosque, con ganadería integrada que permite la desarbustización, o sea quitar los arbustos, conservar los árboles y hacer producción silvopastoril con unas condiciones técnicas que deben cumplir, pero se puede hacer producción ganadera en la amarilla", remarcó el técnico del INTA José Volante.
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"En Misiones, el control de la deforestación se da por las denuncias de las comunidades indígenas"

Fecha de Publicación: 16/10/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Misiones


El Pueblo Mbya Guaraní es el garante del monte nativo en Misiones, donde las empresas multinacionales Arauco y Carba avanzan con el monocultivo de pinos detrás de las políticas de “bonos verdes”. La responsabilidad del Gobierno provincial y el incumplimiento de las leyes de Bosques y Emergencia Territorial Indígena. Diálogo con una abogada del equipo Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
Según estudios y relevamientos oficiales, la tasa de deforestación en la provincia de Misiones ha disminuido debido a la aplicación de la Ley de Bosques y el interés por la biodiversidad. Sin embargo, desde las comunidades originarias que allí residen señalan que se oculta el fenómeno de la plantación del monocultivo de pinos, que ha provocado la sustitución del monte nativo. Para contarnos cómo es el panorama sobre el avance de la deforestación en territorio ancestral de las comunidades Mbya guaraní, entrevistamos a Roxana Rivas abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y miembro del equipo misionero de Derechos Humanos Justicia y Género. La falta control por parte de los organismos y el Estado, en particular el Ministerio de Ecología provincial, a pesar de las denuncias de las comunidades indígenas; el rol de las empresas extractivas Arauco y Carba con la excusa de los proyectos de bonos verdes y la falta de políticas concretas para frenar la deforestación ilegal.

—¿Cómo es la situación ambiental en relación a la  deforestación a nivel general en la provincia?
—La provincia viene en teoría con una disminución de tasa de deforestación en términos generales, esto tiene que ver con la aplicación de la Ley de Bosques, con la declaración de "interés por la biodiversidad" a nivel provincial. También hay que decir que, en este último tiempo, apareció el negocio de los bonos verdes (mecanismo financiero establecidos en el Acuerdo de París en 2015 para financiar proyectos "sustentables" que tienen como parámetro "preservar el medioambiente"). Por eso se muestra un cierto atisbo de que se está frenando la deforestación. Sin embargo, la realidad es que cuando se habla de los procesos de deforestación en la provincia se oculta, hace mucho tiempo, que este mecanismo financiero es una propaganda política para hablar de la plantación de pinos como forestación. En realidad, lo que hubo fue una sustitución importante de lo que es la selva y el monte nativo a partir de la extensiva plantación de los pinos que son, principalmente, de propiedad de la multinacional Arauco, antes era Alto Paraná. Arauco es la principal empresa con la que hay conflictos en la defensa de los territorios.  En cuanto a la aplicación de la Ley de Bosques, están haciendo bandera con la recuperación de zonas de conservación, asignándoles valores alto, medio o bajo por zonificación, que hace que una parte del monte sea plausible de algún tipo de actividad forestal o ganadera o cambio de uso de suelo y cuáles no.

—¿Cuál es el control que realiza el  Estado de estas actividades productivas en las zonas de conservación?
—Con el trabajo en territorio notamos que hay una ausencia notoria de los organismos de control estatales. Más allá de los permisos de deforestación que se autorizan, en las cuales desde Emipa intervenimos frenando por un sinfín de situaciones, lo cierto es que en las zonas de conservación está presente la actividad extractivista de las grandes empresas y también la deforestación furtiva, ilegal. En el departamento de San Pedro, por ejemplo, que sería la zona norte o Alto Paraná, el desmonte está absolutamente sin control, a pesar de las denuncias que se vienen haciendo y es sobre el monte nativo. Es un fenómeno que, se supone, el Ministerio de Ecología provincial debe controlar y, en teoría, lo hacen a través de sus mapeos satelitales, pero no da información cierta, lo que significa que ahí no interviene ningún organismo para su autorización o control sino que es puramente furtivo.  Es notoria la ausencia del Estado porque, a pesar que se denuncien y se hagan todos los reclamos habidos y por haber, no hay una política pública concreta para frenar esto. El problema es que esta madera sin registrar circula en camiones y hay todo un negocio alrededor de eso.

—¿De qué manera intervienen ustedes junto a las comunidades frente a esta situación de desmonte?
—Las comunidades Mbya guaraní que viven en la provincia son la única etnia que, mayoritariamente, residen dentro de territorios en los que todavía hay monte nativo. Entonces, el control que nosotros hacemos del desmonte, de la deforestación, viene a partir de la denuncia que las comunidades hacen. Ellos son los verdaderos efectores de ese control, y en nuestros casos, por ejemplo, los conflictos más importantes que venimos trabajando son con empresas como Carba y Arauco. Estas empresas son multinacionales conocidas, que tienen diferentes inversiones en la provincia. Carba, por ejemplo, una empresa que en provincias como Mendoza y Córdoba tienen mineras, en Misiones tienen una actividad forestal muy ínfima en relación a lo que sería Arauco. Pero tienen grandes extensiones de territorio de monte nativo, que es sumamente apreciable y en la cual además conviven con las comunidades indígenas, que reclaman y reivindican estas extensiones como su territorio ancestral. Muchas de las comunidades cuentan con los relevamientos territoriales, que otorga la Ley 26.660 de Emergencia Territorial Indígena.

—¿Cómo se plantea la defensa de estos territorios?
—En esos escenarios, donde convive una empresa que tiene un título registral y las comunidades que tienen su relevamiento territorial,  tenemos más herramientas para la defensa. Son zonas de conservación de monte nativo, donde toda actividad que se desarrolle dentro de ese territorio debe ser a través de un proceso que se lleva adelante bajo supervisión del Ministerio de Ecología. En este proceso se ponen en discusión lo que se llaman proyectos o planes de manejo "sustentable o sostenible", que tienen que pasar una serie de pasos inevitables, entre ellos la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas que habitan ese territorio y de ahí recién salen las resoluciones que habilitan o no estos proyectos.  Desde Emipa, hemos podido frenar, durante más de cuatro años, un proyecto de Carba en el municipio de Ruiz Montoya, porque las cinco comunidades indígenas que vive ahí, entre las cuales la más intensa en la defensa es la comunidad de Ka’a Kupe, apoyada por las autoridades asamblearias de todos los pueblos indígenas de Misiones, ya no conciben ningún tipo de desmonte.

—¿Cuál es el posicionamiento de las comunidades frente a estos planteos de manejos "sustentables" de las empresas?
—Para las comunidades esto de lo "sustentable" dentro del mapeo de conservación de la zonificación de bosques y en sus territorios no tiene ningún tipo de significación ni ecológica ni económica. Ellos no quieren que se toque un árbol más. Y esa lucha es bastante intensa. Nosotros pudimos lograr la declaración de nulidad de un plan de manejo del monte nativo a través de recursos jurídicos, administrativos y también de la presencia de las comunidades frenando el desmonte. Ahora estamos en proceso de realización la consulta, que el Ministerio de Ecología no había hecho en aquel proyecto de Carba. A su vez, lo que fuimos haciendo con el equipo que acompaña las luchas territoriales, fue iniciar una demanda de titularización a partir del relevamiento con el que cuenta la comunidad de acuerdo a Ley de Emergencia Territorial Indígena. Llevamos esta discusión al escenario judicial, porque hasta ahora veníamos esperando la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que no salió nunca y que difícilmente en este contexto político se dé.

—¿Cómo está distribuido el territorio en el que operan las empresas extractivas forestales y cuáles son los conflictos con las comunidades indígenas?
—Aproximadamente cinco comunidades indígenas conviven dentro del territorio ancestral con la empresa Carba. Con Arauco son más de 14, o sea, son muchas comunidades y Arauco tiene muchísimas extensiones, alrededor del 20 o 25 por ciento de la superficie forestada, porque monte ya casi no queda, lo tiene Arauco, la principal empresa forestal que explota la selva misionera con el monocultivo de pino. Arauco sí tiene como principal actividad económica en la provincia la extractivista a diferencia con Carba, que sus negocios estaban también en otro lado. Entonces, con Arauco la pelea es un poco más compleja porque ellos han logrado durante este último tiempo, históricamente, ir avanzando con la forestación de pino en lo que antes era el monte nativo. Entonces, las comunidades indígenas con las que conviven, la mayoría tienen muy poco monte nativo. En San Pedro Pozo Azul, que limita al norte con Brasil, parte de ese territorio que está siendo desmontado ilegalmente, también es propiedad de Arauco y otros, como, por ejemplo, la empresa Harriet, una empresa de negocios forestales que ha abandonado la zona por la Ley de Bosques. Entonces, para ellos pareciera que es más fácil dejar que se desmonte por desmonte ilegal. Y cuando ya esté perdido el monte, ellos podrán eventualmente ingresar y será más fácil aprobarse los proyectos de reforestación con la aplicación de proyectos de bonos verdes. Por eso, la convivencia es un poco más compleja.

—¿Nos podemos explicar más sobre la mecánica de proyectos con bonos verdes?
—Los bonos verdes son un sistema de compensación de carbono o carbono "cero neto". Arauco es una de las pocas empresas en las que esta compensación le da cero. Ellos tienen una cantidad suficiente de forestación y de propiedades, ya sea por monte nativo o por su propia forestación, ya que el monocutivo de pino califica para los bonos verdes, que no estaría debiéndole nada, de compensación en ese sentido a la provincia. Por eso, ellos pueden deforestar tranquilamente en otros territorios. Entonces es una empresa que tiene poder, entre otras cosas, con incursiones complejas en el territorio.

—¿Cómo describirías esas incursiones de la empresa en el territorio?
—Ellos cuentan con un equipo de profesionales que están abocados a la cuestión de la comunidad Mbya guaraní. Entonces, están todo el tiempo supervisando, visitando a las comunidades, asumiendo ese rol un poco paternalista, si se quiere. Siempre como dueños, ofreciendo agua, luz, o sea, tratando de tener un vínculo más clientelar, que les habrá servido para disminuir cualquier tipo de conflicto. Pero hoy la situación de las comunidades Mbya guaraní es que no están tolerando ni siquiera las visitas, porque lo que hay es un empoderamiento, si se quiere, de la titularidad que tienen sobre ese territorio. Por ejemplo, en las que nosotros acompañamos, en la zona de Arauco, como las comunidades de Andrés Guasurari, de Tacuapi Merí y Puente Quemado 2, que son las que se están confrontando con esta empresa. En Puente Quemado 2, hace dos años hubo incendios que casi destruyeron el poco monte que había en la comunidad, dentro de un proceso de reforestación que incluía, por ejemplo, un proyecto de una universidad nacional para reimplantar monte nativo. La comunidad la rechazó reafirmando que es necesario dejar que el monte se restablezca por sí mismo, porque además tienen los elementos para poder hacerlo, para que se restaure naturalmente.  Desde Emipa, hicimos todo un informe con un especialista, con un ingeniero agroforestal, que dio cuenta exactamente de eso, que esa zona tiene la posibilidad de restablecerse. Eso implicó que esta comunidad, que es muy pequeña, pero que está muy fortalecida, esté rechazando la presencia constante que tenía Arauco sobre su comunidad.

—¿De qué manera se vinculan desde Emipa con las comunidades para enfrentar a las empresas extractivas?
—Una de las cuestiones interesantes es el proceso de empoderamiento que tienen las comunidades. Nosotros trabajamos con ellos desde el equipo de pastoral aborigen. Aclaro que es un equipo que pertenece a la Iglesia, pero es ecuménico, que tiene premisa ética, la no evangelización. Nosotros solo intervenimos en cuestiones vinculadas a su territorio y cuando nos lo demandan. Las demandas han sido, durante estos últimos años, la obtención del título de propiedad comunal y la no incursión de ningún tipo de actividades dentro de su territorio ancestral, aún en los casos en los que ya esos territorios tenían pino implantado por las empresas, por ejemplo. Entonces ellos dicen que saquen el pino, que se regenere, o que ellos se encargarán de eso. Por ejemplo, para la comunidad de Puente Quemado, el incendio para ellos fue un signo. Porque lo que se incendió masivamente fue el pino, ¿no? Y una vez que se incendió, empezó a brotar la capuera, como le dicen ellos a los brotes en la tierra desmontada, con los árboles que son los ancestrales. Entonces todo eso es un proceso sumamente interesante y que demanda mucho trabajo y mucho compromiso y también mucha resistencia al sistema.

—¿Cómo continúa el acompañamiento de Emipa a las comunidades?
—Actualmente, tenemos cuatro demandas iniciadas por escrituración y tenemos una en la que ya se obtuvo la devolución de tierras por parte de la Universidad de La Plata. Se trata de más de 6.000 hectáreas en una zona de reserva, que es la del Valle del Cuñapirú, en la que estamos ahora haciendo otro proceso judicial para reivindicar lo que pasó en el tiempo en el que se estuvo discutiendo la devolución del territorio a las comunidades. El poder político, sobre todo de esa zona, agitó mucho la usurpación. Entonces también la usurpación implica que las personas que ingresan, muchas de ellas ni siquiera respetan que eso era una reserva ecológica. Y bueno, empiezan los conflictos de convivencia.
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Por qué la Argentina avanza hacia una posible catástrofe ambiental

Fecha de Publicación: 09/10/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


La falta de políticas adecuadas y de controles facilitan las prácticas ilegales que atentan contra el medio ambiente. Un informe revela la grave situación que enfrenta el país
Mientras los problemas urgentes concentran la atención de los políticos y la sociedad, la crisis ambiental que vive el mundo avanza en silencio. El cambio climático es consecuencia, en gran medida, del accionar del hombre y la falta de controles.
Hay motivos que tienen que ver con el desarrollo industrial inevitable que marcha a la par del crecimiento de la población en detrimento de los recursos naturales. Pero hay también una parte de ese accionar que es resultado de prácticas ilegales y falta de controles que provocan daños irreparables para el medio ambiente.
La Argentina no está ajena a esa problemática y se manifiesta en distintas áreas que la llevan hacia un colapso ecológico. Por ejemplo, la organización Greenpeace elaboró un informe que señala que en el norte del país se deforestaron 90.755 hectáreas  en lo que va de este año, un 21% más que en el mismo período de 2022. La sequía que afectó en los últimos años la región productiva del país es una muestra del efecto de estas prácticas.
La situación más grave se produjo en Chaco y Santiago del Estero, donde casi todos los desmontes son ilegales, ante la pasividad de los gobiernos locales.
“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estimó que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas.  El total es de 90.755 hectáreas, una superficie equivalente a 4,5 veces la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el mismo período en 2022, fue de 74.698 hectáreas.
La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco - el segundo ecosistema forestal más grande del continente - es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exportan a Asia y Europa.
“Es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques. Convocamos a la gente a participar de la consulta popular para votar si está de acuerdo con penalizar a los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales. La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Giardini
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Activistas y dos comunidades Mbya Guaraní realizaron una protesta contra Arauco Argentina “reforestando con especies nativas”

Fecha de Publicación: 23/09/2023
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


La semana pasada, ArgentinaForestal.com publicó la política empresaria que lleva adelante Arauco Argentina SA con los avances del Programa Paisaje Productivo Protegido, en conjunto con la Fundación ProYungas que lidera el proceso con componentes socioambientales, de planificación territorial, comunicación y alianzas estratégicas para mejorar el diálogo con la comunidad donde está inserta.
En la oportunidad, directivos de la compañía informaron el patrimonio actual de tierras, explicaron que no se realiza operaciones forestales en áreas de Selva Misionera ya que la provincia tiene legislación vigente al respecto y también los estándares internacionales de servicios ecosistémicos y manejo forestal sustentable de FSC se los exige, entre otros aspectos socioambientales que están llevando adelante.
Arauco tiene en el país en total una superficie de 262.500 hectáreas, de las cuales 232.900 están en Misiones y 29.600 en el Delta del Paraná (Buenos Aires y Entre Ríos). De ellas, destina un 45% en forma voluntaria a la conservación de reservas naturales y áreas de bosques nativos, lo que representa 115.000 hectáreas, principalmente de Selva Misionera, un ambiente amenazado a nivel mundial.
La compañía no tiene planes de expandirse en Misiones tras la ultima aprobación de compra de los activos de la ex Pecom Forestal en 2004, desde entonces, su meta es lograr mayor eficiencia productiva en la misma superficie y avanzar para ello en la mejora continua de los aspectos socioambientales en el territorio.
Sin embargo, las preocupaciones siguen vigentes en el territorio. La Comunidad de Puente Quemado II  viene escalando en denuncias desde el 2022, cuando un incendio afectó las plantaciones de la empresa y también llegó hasta la zona de viviendas de los indígenas. Desde entonces, la comunidad reclama que se reforeste el área con bosques nativos: “No queremos pinos”, dicen.
Desde Greenpeace difundieron este martes un comunicado reflejando el reclamo que llevaron adelante junto a dos comunidades Mbya en la zona norte de Misiones. “Arauco es una corporación que opera en treinta países y en la provincia de Misiones tiene unas 230.000 hectáreas – NdR: un 45% en conservación voluntaria- , de las cuales cerca de 120.000 son plantaciones de especies exóticas donde antes había Selva Paranaense”.
En Misiones, según legislación vigente y datos oficiales del Ministerio del Agro y Producción hay 419 mil hectáreas forestadas de pino, eucalipto y araucarias , entre otras especies, en propiedades privadas con destino a uso de producción de madera renovable. Hoy, de la producción forestal se abastecen más de 600 industrias medianas, pequeñas y micro.
La provincia de Misiones es líder en el país en el desarrollo de la cadena de valor de la foresto-industria, y junto a la actividad del Turismo de naturaleza, se posiciona a nivel global por su desarrollo sostenible donde encontró un equilibrio entre la producción y el ambiente, con la aplicación de normativas y legislación vigente.
También tiene otras actividades productivas como té, yerba mate, tabaco, y otros cultivos agrícolas, donde antiguamente hubo selva.
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Tierra roja y desmontada: tala ilegal de árboles en Misiones

Fecha de Publicación: 20/09/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Misiones


El escenario de desmonte es propicio para la erosión hídrica, la propagación de grandes incendios, a la vez que afecta el alimento y la salud de la población, la generación de energía, el turismo y otras producciones.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denunció un desmonte ilegal en Misiones. Fue el mes pasado en la comunidad indígena de Tacuapí Miní,a 230 kilómetros al norte de Posadas en Puerto Mado, municipio de Colonia Delicia. Los inspectores del Ministerio de Ecología que llegaron al territorio no pudieron identificar a los autores materiales. Se sospecha que se trata de empresas debido a la cantidad y el tamaño de las maquinarias utilizadas.
Desde la comunidad apuntan la intervención de la empresa Petrovalle, de la familia Closs, dueña de varias estaciones de YPF y también camiones de transporte de madera, entre otros negocios en las provincia. “Estamos preocupados porque han desmontado nuestro territorio", relata Francisco Silva, cacique de Tacuapí Miní e integrante de la UTT. El suelo de la comunidad está en el marco de la Ley 26.160 de relevamiento de comunidades. En un recorrido por su territorio el 23 de agosto se encontraron aproximadamente 10 hectáreas con árboles talados, "los mas valiosos ya sacaron. Estamos reclamando que paren de destruir donde hay monte, en esta y otras comunidades de Misiones”, continuó Silva que escuchó en primera persona los ruidos de motosierras y maquinarias a la madrugada.
"Estamos en un momento crucial para nuestras comunidades y nuestro entorno, donde más que nunca debemos proteger la biodiversidad y el patrimonio natural. Es muy doloroso ver cómo este desmonte afecta de forma irreversible al ambiente donde habitamos y producimos”, agrega Miriam Samudio, delegada provincial UTT Misiones e integrante de Productores Independientes de Piray (PIP).

El monte es alimento
“Hoy nos encontramos con este panorama desolador y sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. El monte es una parte esencial de nuestra identidad y subsistencia, y esto es una condena a la desaparición para nuestro pueblo", explica Silva. “Es una comunidad de más de sesenta familias. Han arrasado con árboles nativos y frutales. Era una tristeza ver en el suelo todos esos árboles que tanto cuidaron, que le dan fruto, que le dan comida”, agrega Samudio.
La UTT en Misiones, dentro de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), cuenta con 14 bases que nuclean 430 familias entre asociaciones de pequeños productores, cooperativas y cuatro comunidades indígenas. “Venimos trabajando como organización en el sentido de cómo planificar la producción de las familia dentro de sus chacras buscando, como primera meta, que no nos falte el pan. Pero también que podamos compartir el alimento a la mesa de las familias consumidoras a un precio justo y con producciones sin químicos, sanas”, explica Samudio. “Incluso en épocas de pandemia, nos organizamos con todo el protocolo para llevar más de 7000 mil kilos de alimento de puerta en puerta, en los barrios, con un micrófono diciendo: ¡Hola, llegó la soberanía alimentaria!”, relata.
“No es la primera vez que ocurre en las aldeas de los pueblos originarios. Hay varias que tuvieron ese problema con grandes empresas. Hay una ley que supuestamente ampara a las comunidades reconociendo sus tierras. Pero ante el desmonte nadie respeta”, explica Zamudio.

Políticas en retroceso
En su Informe Anual de Deforestación 2021, Greenpeace calculó a través de la comparación de imágenes satelitales que la deforestación en el norte de Argentina alcanzó las 110.180 hectáreas, lo que equivale a más de cinco veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien Misiones ha sido un ejemplo de políticas ambientales y economía social, esa tendencia viene en retroceso ante el avance del extractivismo y la concentración económica.
“Las imágenes satelitales muestran que el desmonte no se detiene en Misiones y por lo tanto, el escenario que se profundiza es el de supresión de los bienes naturales imprescindibles para todas las formas de vida. El Corredor Verde, establecido por ley para conservar el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo, no existe más como tal. Está severamente fracturado”, señalaron una decena de organizaciones sociales y ambientales en un informe enviado al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.
El gobierno de Misiones viene reclamando al Estado Nacional una deuda de 114.000 millones de pesos por los servicios ambientales, ya que la provincia es carbono negativo con un saldo positivo es de 2049 toneladas de dióxido carbono al año. Además, tiene bajo resguardo alrededor del 52 por ciento de la biodiversidad de Argentina.
Luego de casi una década (2004-2010) en que la tasa anual de deforestación por año se redujo de 18.800 a 6700 hectáreas, el proceso parece haberse revertido. El escenario de desmonte, explica el informe, es propicio para la erosión hídrica, la propagación de grandes incendios (como ocurrió en el verano de 2021), a la vez que afecta el alimento y la salud de la población, la generación de energía, el turismo y otras producciones.
“La decisión de detener el desmonte y proteger las tierras de las comunidades originarias no solo es un acto de justicia, sino un paso fundamental hacia un futuro posible”, declara el comunicado emitido por la UTT.
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Santiago del Estero: desalojo de comunidades, desmonte y violencia habilitada por el Estado

Fecha de Publicación: 18/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El conflicto de tierras ocurrido la semana pasada en el departamento Figueroa finalizó con un fallecido, heridos y tres detenidos. La violencia es consecuencia de un modelo de negocio que cruza a empresas extranjeras, intermediarios locales, avales del gobierno provincial, discursos “verdes” y violación de la Ley de Bosques. Tierra Viva viajó monte adentro para escuchar las voces de las comunidades que enfrentan a las topadoras.
“Tengo 45 años, soy nacida y criada en esta comunidad y quiero morir en este lugar”, dice Angélica Serrano, camache (autoridad) del Pueblo Tonokoté en el departamento Figueroa, Santiago del Estero. Anochece en la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Figueroa, en el centro oeste santiagueño. Algunos vinales, árboles autóctonos del lugar, juegan con los débiles rayos del sol y proyectan las últimas sombras de la tarde. Serrano habla con calma, sonríe cuando cuenta sobre los alimentos que produce y se vuelve enfática cuando denuncia la responsabilidad del gobierno provincial en el conflicto territorial que ya llevan años con la empresa Concept Nature, de capitales alemanes y argentinos, y que sigue perjudicando a las comunidades nativas que viven en cada uno de los parajes monte adentro.
La semana pasada el paraje San Roque, de Figueroa, fue escenario de un enfrentamiento que terminó con un muerto, tres heridos y detenidos. Los medios locales presentaron el caso como "una pelea entre vecinos", pero en verdad fue otro episodio de defensa del territorio que terminó con un fallecido en un contexto de inacción del Gobierno de Santiago del Estero, a cargo de Gerardo Zamora.
Según un informe de Greenpeace, Santiago del Estero es la provincia que más deforestación registró en las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La organización ambientalista señala que la principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria, para ganadería y cultivo de soja.
El desmonte no sólo arrasa los árboles autóctonos, como el algarrobo, el chañar o el vinal, sino las formas de vida de las comunidades que habitan el monte nativo. Es el caso que viven las familias del departamento Figueroa, ubicado en la zona seca del centro oeste provincial. Allí, distribuidas en diez parajes rurales, viven cien familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, a la agricultura en pequeña escala y a la recolección de los frutos del monte. “Es una zona donde se han relevado y están registradas muchas comunidades originarias e incluso afrodescendientes”, contextualiza Victoria Escobar, integrante de la UTT de Santiago del Estero.
La productora cuenta la situación del conflicto de tierras mientras lleva plantines para la feria que se realizará en la capital santiagueña. Allí, las y los productores de la zona venden sus verduras, conservas, algarroba, arropes de chañar o de tunas. Son alimentos elaborados agroecológicamente, a precios accesibles para la población urbana.
“Figueroa es un lugar muy montuoso. Está alejado de los centros urbanos y eso genera mucha vulnerabilidad”, continúa Escobar. Sobre la tenencia de la tierra, explica que es un problema en ese territorio porque “las familias no cuentan con papeles que reafirmen su posesión veinteañal (de más de dos décadas), lo que las coloca en una situación vulnerable frente a los empresarios”. Pero subraya: “Sin embargo, es un departamento de mucha historia de organización de las familias campesinas y de las comunidades que vienen resistiendo a estos desalojos y atropellos”.
En esa zona de monte virgen y sinuosos caminos de ripio, alejada de las ciudades, opera la empresa Concept Nature Mangagment S.A. La firma tiene negocios en Misiones y también, específicamente, en Figueroa. En su sitio web da cuenta de sus objetivos: “Nuestras forestaciones son trabajadas preservando todos los componentes del medio ambiente e incluyen una diversidad de especies nativas y exóticas de alto valor las cuales fueron plantadas luego de la preparación del terreno y cuyo crecimiento es optimizado por medio del control de malezas, raleos y podas”.
El relato corporativo se condice con lo que cuentan los propios campesinos sobre lo acontecido en las últimas semanas: “Desmontaron todo y empezaron a colocar plantines de almendras”, dice un lugareño, que no da su nombre para evitar reprimendas.

"Las familias campesinas están refugiadas en sus propios territorios"
Todas las personas consultadas para esta nota coinciden en algo: lo de Figueroa no es un hecho aislado. Los números lo comprueban. En 2022, según Greenpeace, se deforestaron en esa provincia 38.492 hectáreas. Y entre enero y junio de 2023, las máquinas avanzaron sobre 19.040 hectáreas. “Resulta grave que más del 80 por ciento de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”, denuncian desde Greenpeace. Y señalan que el gobierno provincial “viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido“.
La modalidad que tienen empresas como Concept Nature es asociarse con firmas nacionales, como Santiago S.A. o Figueroa S.A., que a su vez le pagan a intermediarios para conseguir la propiedad de las tierras para las empresas. Estos intermediarios son personas del lugar, que conocen el territorio y rastrean ―a través de la Dirección de Catastro provincial― a los herederos de los antiguos dueños de las tierras, que hace generaciones que no viven en el lugar y que muchas veces desconocen que poseen por herencia esos campos. A ellos les ofrecen la compra de las tierras y luego usan esos títulos en contra de las comunidades que, por inacción del gobierno, no cuentan con elementos para hacer valer su posesión veinteañal.
En 2017, en el Boletín Oficial de la provincia, se publicó la aprobación de los planos de agrimensura enviados por la empresa alemana-argentina en la zona de Rodeo Grande, otro paraje de Figueroa, donde también viven comunidades campesinas e indígenas. Una vez que se hacen con los campos, los cercan para sus planes de negocios, obstruyendo el modo de vida y de producción que ancestralmente realizan las familias del lugar.
Ese entramado económico y burocrático tiene como consecuencia lo que ocurre en Figueroa. “Después de lo ocurrido la semana pasada, las familias campesinas están en calidad de refugiadas en sus propios territorios, por temor a las represalias. Son familias que viven allí hace tres o cuatro generaciones. Viven, producen: viven por y para la tierra”, dicen desde la UTT.
Serrano, la camache del Pueblo Tonokoté, describe las tareas de cría que realizan: “Producimos alimentos agroecológicos, tenemos huertas y animales de granja como gallinas o patos. También hacemos producción caprina y porcina. Hacemos conservas, de conejo por ejemplo. Si bien no tenemos producción de conejos, los cazamos en el monte. Hacemos escabeches de conejos, de perdices, de gallina y de gallina casera criolla. Tenemos verduras para el autoconsumo y para llevar a las ferias, para intercambiar con otras hermanas y hermanos de la comunidad”. El monte nativo es para esas familias fuente de alimento y de vida.
Mariela Campos, delegada provincial de UTT, describe con angustia: "Es muy triste esta situación, ver cómo las familias tienen que irse y dejar sus casas, sus animales, todo".

Desmontes ilegales y armas para apropiarse de tierras campesinas en San Roque
En las últimas semanas, un grupo de operarios con máquinas topadoras ―que trabajan para las empresas intermediarias Santiago S.A. o Figueroa S.A.― comenzaron a abrir caminos en el bosque nativo del paraje San Roque. Cansados por la situación, un grupo de campesinos fue a pedirle a quien manejaba una de las máquinas que cese en su trabajo. La charla, que comenzó en la mañana del martes 5, fue pacífica. El operario se retiró del lugar y se comprometió a quitar una suerte de obrador que estaba en ese sitio.
Pero las horas pasaban y esas casillas seguían en su puesto. Ese mismo martes, los lugareños regresaron a pedir que las saquen. Fue en ese momento que llegó Edgardo Ledesma ―jefe del grupo de operarios― en una camioneta, con varias armas, y diciéndole a los campesinos: "¿Quién es el pelotudo que me quiere quemar las casillas?". Luego comenzó a disparar e hirió de bala a uno de los campesinos. La situación devino en un tiroteo en el que Ledesma fue herido de muerte. Mientras se investiga quién hizo el disparo que terminó con su vida, algunos campesinos y otros peones de Ledesma fueron detenidos de manera preventiva por el Poder Judicial santiagueño.
Desde entonces, la situación en San Roque es tensa. Una mujer, que pide que se preserve su identidad por las amenazas recibidas, relata: "Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias". Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte".
La tensión producida en las zonas rurales donde se disputa el monte nativo trae a la memoria otros hechos, como el asesinato de Cristian Ferreyra, de la comunidad Lule Vilela de San Antonio, en 2011. En el momento del crimen, Ferreyra participaba de una actividad en defensa de su territorio, situado en el oeste santiagueño. Por el hecho, se condenó a diez años de prisión a Javier Juárez, como autor material del homicidio; y se exculpó al empresario sojero Jorge Ciccioli, denunciado como presunto autor intelectual.

Un discurso verde que entra con topadoras
En su sitio web, Concept Nature afirma: “Nuestra compañía se encuentra evaluando y comenzando a incursionar en estrategias para maximizar la capacidad de sus bosques de quitar dióxido de carbono de la atmósfera a fin de participar del mercado de bonos de carbono, el cual incentiva la lucha contra el cambio climático”. Los bonos de carbono, o "bonos verdes", son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto ligado a reducir el impacto del cambio climático.
Por eso, Concept Nature inició hace tres años un proyecto de “recuperación de áreas forestales degradadas”. Y dan cuenta explícitamente de cómo se apoderan de las tierras de las comunidades: “Identificando las áreas de una explotación comercial realizada previamente a la adquisición de las propiedades por la firma y enriqueciendo el monte con especies nativas para producir de forma sustentable madera de alta calidad".
Respecto a la intención de reforestar campos que ya están densamente forestado, por ser zonas vírgenes, Escobar explica que “se enmarcan en la corriente verde de lo sustentable, que es parte también de la estrategia de los extractivismos del agronegocio: vestirse de verde, de orgánico, de sostenible”.
La productora de UTT añade: “Estas empresas vienen con un plan de negocios diciendo que va a convertir ese monte en un monte productivo, sustentable, orgánico, verde. Pero vienen a lavar sus culpas de haber contaminado en otros países, de haber emitido un montón de gases de efecto invernadero. Vienen con el eslogan de reforestar un monte que ya existe, un monte vivo que ya alberga a muchas familias trabajadoras”.

Desalojar a los pueblos indígenas para beneficiar a las empresas
Serrano cuenta cómo fue el proceso de reconocimiento del Pueblo Tonokoté en Santiago del Estero. Ella es camache de su comunidad en el paraje San Felipe. “Nuestra comunidad originaria es el Pueblo Tonokoté, cuyo nombre ancestral es el Iacumuchuna, que se identifica con la zona de escasez de agua”, explica. Agrega que las familias de la zona aún hablan esa lengua para que no muera. “Mis abuelos fueron nacidos y criados en este lugar y ellos me transmitieron la lengua, la cultura, la identidad y todo lo que sabemos”, sostiene la mujer.
En 2009, se autorreconocieron como integrantes del Pueblo Tonokoté, ya que son herederos de su lengua, su cultura y su historia. Con la Ley 26.160, el Estado Nacional reconoció las tierras que ancestralmente habitan los pueblos originarios. El relevamiento del Pueblo Tonokoté llevó varios años, y finalmente les fueron reconocidas 10.000 hectáreas. “Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que esa ley tampoco era la solución, porque aún tenemos que seguir peleando en las provincias para que los gobiernos nos reconozcan”, dice Serrano.
En 2013, la empresa MIJOVI S. R. L., propiedad de la familia Sarquíz, beneficiada con la licitación de obras públicas en la provincia, intentó despojarlos de cinco mil hectáreas. Fue gracias a la organización comunitaria que lograron frenar las topadoras. La autoridad indígena denuncia: “Los empresarios ocupan nuestros territorios y queremos estar organizados, buscando nuevas estrategias ante tantos gobiernos que nos invisibilizan. El último conflicto, en la comunidad hermana de San Roque, ocurrió en un territorio que también está relevado. Allí hay una empresa que viene intentando despojarlos”.
La entrevistada apunta al gobierno de Gerardo Zamora: “Queremos que el Estado a través de la organización reconozca el territorio para vivir tranquilos, para producir alimentos sanos y cuidar el monte”. Sobre la responsabilidad del gobierno en los hechos, manifiesta: “Siempre hago responsable al gobierno porque tiene vínculos con el Poder Judicial. Estas grandes empresas vienen con el aval del gobierno, que no piensa si habrá en esas tierras comunidades, si existirán allí pueblos originarios”. Y recuerda: “El año pasado hicimos una marcha por un hermano que estaba preso por un conflicto de tierras y el gobierno provincial nos mandó a reprimir. Esa es la respuesta que tenemos del gobierno: apoyar a las grandes empresas y ser ajeno a los problemas de las organizaciones”.
“En 2022 nos sumamos a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, para hacer visible la realidad de las comunidades campesinas e indígenas en el interior de Santiago del Estero. Porque somos invisibles, esa es la realidad. Y también para mejorar la producción, fortalecer la defensa del territorio y apostar a la agroecología”, cuenta Serrano. Y asegura: “Estamos convencidos de que necesitamos espacios de territorio y también resguardar lo que hay en el territorio”.
Serrano señala la importancia de defender el monte para decirle “no” al narcotráfico, a la contaminación del ambiente y a las enfermedades que producen los agrotóxicos. “Queremos vivir tranquilos y sanos. Queremos vivir en el territorio donde nacimos”, argumenta. E insiste: “Quiero morir en mi comunidad produciendo, transmitiendo nuestras luchas cotidianas y también buscando mejorar nuestra comunidad, haciendo tomar conciencia a nuestros hermanos y hermanas de que debemos producir la tierra en la que vivimos y justamente resguardarla para producir en ella”.
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Sangre en el monte de Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 14/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El avance del agronegocio no se detiene en Santiago del Estero y brinda otra muestra de violencia extrema: un fallecido y al menos tres heridos de bala. El matrimonio Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala se alterna en el poder desde 2005, con políticas que apoyan el corrimiento de la frontera agropecuaria sobre campesinos y pueblos indígenas.
El avance del desmonte, la avaricia de las empresas y la inacción del gobierno provincial convierten a Santiago del Estero en escenario frecuente de conflictos por la tierra. El martes pasado hubo un muerto y tres heridos de bala cuando un grupo de vecinos del departamento Figueroa —en el centro oeste santiagueño— se acercó a hablar con quien manejaba una máquina abriendo picadas (caminos) en el monte natural de algarrobos, vinales y chañares de la zona.
La situación, que era de diálogo entre los lugareños que defienden el territorio y los lugareños que trabajan para la empresa, terminó en un tiroteo cuando Edgardo Ledesma (el jefe del personal a cargo de las máquinas) llegó fuertemente armado e increpó a quienes pedían que se retiren las máquinas. El saldo de esa situación fue la muerte del propio Ledesma y tres heridos con bala de plomo. Por los hechos, que se están investigando, hay varios detenidos. La situación se produjo en San Roque, uno de los once parajes rurales de Figueroa.
Durante esta semana, quienes viven en el lugar y se oponen al avance del desmonte, recibieron amenazas de todo tipo. Desde el lugar donde ocurrió el conflicto, las familias piden presencial del Estado para resguardar su integridad.
Para llegar al paraje San Roque desde la capital de Santiago del Estero hay que viajar hacia el este 115 kilómetros, con destino a la localidad de Bandera Bajada, ubicada sobre la Ruta Provincial 2. Al costado del camino los cactus conviven con los algarrobos, que muchas veces crecen enroscados en sus troncos. El monte santiagueño es pura vida, aún con el calor, en tierras blancas o rojizas.
En Bandera Bajada hay que desviar por un camino de ripio y andar otros 50 kilómetros monte adentro, pasando por el dique Figueroa, construido sobre el río Salado. En 2011, con esa obra —inaugurada por el actual gobernador Gerardo Zamora— se anunció el abastecimiento de agua para las familias campesinas de la zona. Pero la promesa quedó estancada: hoy sólo sirve para el riego de los campos de grandes terratenientes. En la profundidad de la noche la ruta sólo se ilumina cuando pasa, de vez en cuando, algún auto o alguna moto. A los costados, sólo se ve la densidad del monte virgen.
Al llegar a la casa de una de las familias que participaron de los hechos del martes se percibe el temor. En la oscuridad se habla bajito, giran los mates y el repaso de lo ocurrido. Las personas que trabajan para los empresarios son vecinos del lugar y en cualquier momento alguien puede llegar a continuar lo que empezó en la semana. La luz de la casa ilumina la ronda y hay que esforzarse por adivinar en las penumbras la construcción de madera, el techo de paja, el patio de tierra.
Una mujer, que pide que no se cite su nombre por temor a las represalias, afirma: “Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias”. Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte". Y la mujer agrega: "Esto ya ha pasado antes, era obvio que iba a ocurrir de nuevo".
En el departamento Figueroa viven desde hace varias generaciones cien familias agricultoras y crianceras, sobre todo de caprinos. En los últimos años comenzaron a organizarse en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). También allí hay comunidades del Pueblo Tonokoté, cuyas tierras figuran dentro del relevamiento de tierras indígenas previsto por la Ley 26.160. La prórroga de esa ley impide el desalojo de las familias originarias. Sin embargo, empresas como Concept Nature Management S.A avanza con sus máquinas, con el aval del Gobierno y una red de cómplices locales que se encargan de conseguir los papeles de titularidad de las tierras para poder apropiarse de ellas.
Concept Nature está formada por socios argentinos y alemanes. En su propio sitio web anuncian que su objetivo es “desarrollar proyectos forestales y silvo-pastoriles en Argentina”. La firma opera en el sur de Misiones y en el departamento Figueroa de Santiago del Estero. En los hechos, pretende “reforestar” campos que ya están forestados, alambrar los campos y —en ese proceso— dejar sin su fuente de sustento a las familias que habitan en el lugar. Pero sin un nexo local, la entrada al territorio no es posible.
En ese punto es donde comienzan a trabajar personas como Edgardo Ledesma o Carlos Budán. Son “intermediarios” que se ocupan de rastrear a los anteriores dueños de los terrenos y comprarles los títulos de propiedad, que a su vez venden a firmas locales (como Santiago S.A. o Figueroa S.A.). Con esos papeles, los empresarios buscan legitimar su acción de desalojo de familias que hace cincuenta o cien años que habitan el lugar de manera pacífica, produciendo en el lugar y a las que el Estado no da respuestas para garantizarles las escrituras que les reconozcan formalmente sus derechos.
Pero además de ese artilugio legal, también apelan a la fuerza. Los lugareños contaron a este medio que el requisito para trabajar para las empresas intermediarias es “usar armas para defender los campos ante las comunidades”.
Las familias denunciaron en varias oportunidades ante la comisaría de Bandera Bajada que hay máquinas trabajando en los territorios indígenas. Sin embargo, esas denuncias —según ellas mismas comprobaron— nunca llegaron a la Fiscalía de Santiago del Estero. Señalan la responsabilidad del Gobierno en “dejar hacer”. El Comité de Emergencia, creado por el gobierno de Zamora para prevenir o intervenir en los conflictos de tierras, brilla por su ausencia.
En 2009 se organizó la comunidad Tonokoté de Santiago del Estero. El relevamiento de sus tierras llevó doce años y se contaron 37.000 mil hectáreas (parte de ellas, ubicadas en el departamento Figueroa). Si bien se hizo el relevamiento, no hay una política estatal de protección ante los privados. En todo caso, el Estado llega con represión. En 2022, la Policía de Santiago del Estero reprimió un corte de ruta que realizaban familias de esa comunidad en Bandera Bajada (departamento Figueroa).
Angélica Serrano, de la comunidad Tonokoté, cuenta: “Mis abuelos son nacidos y criados en este lugar. Ellos me transmitieron la lengua, la cultura y la identidad de nuestro pueblo. Tengo 45 años, soy nacida y criada aquí y aquí quiero morir, en mi comunidad. Produciendo y también transmitiendo nuestras luchas cotidianas”.
Sobre lo ocurrido en los últimos días en la comunidad de San Roque, Serrano recuerda que ese territorio es parte del relevamiento territorial indígena: “Este territorio también está relevado y hoy están peleando por su territorio, pero hay una empresa intentando despojarlos. Así ocurrió lo del martes, donde hubo un enfrentamiento entre los empleados de la empresa con los hermanos de las comunidades”.
Serrano afirma: “No queremos llegar a eso, queremos que el Estado reconozca el territorio para poder vivir y producir tranquilos nuestros alimentos, transmitiendo nuestros saberes y cuidando el monte, las plantas naturales, las hierbas medicinales, la miel silvestre y los animales que están en peligro de extinción”.
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Desmonte ilegal en Chaco: los infractores no cumplen con la restauración correspondiente

Fecha de Publicación: 05/09/2023
Fuente: Portal diariotag.com
Provincia/Región: Chaco


En multas por desmontes se recaudó más de 900 millones, pero los infractores no cumplen con la restauración
Se están realizando distintos operativos en el marco de la fiscalización forestal, sobre todo en los relacionado a desmontes, ya que este último año empezó a tener mucha relevancia lo que es la cuestión de los desmontes "ilegales", dijo el director de Bosque de la Provincia Emanuel Carrocino.
En relación a la cantidad de hectáreas desmontadas dijo "en el mes de junio en la provincia se tenía contabilizado unas 22.000 hectáreas de desmontes ilegales, en los cuales, a medida que van surgiendo, los vamos detectando a través de la utilización de las imágenes satelitales y después se hace el procedimiento correspondiente".
El operativo empieza con una detección y en la mayoría de los casos, como son campos cerrados y privados se pide una orden de allanamiento en el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña.   
"Los procedimientos los seguimos realizando y con eso hasta el mes de julio tenemos contabilizado una recaudación casi de 950 millones de pesos en multas, monto que ya superó en los primeros siete meses todo lo que recaudamos el año pasado, que fue durante el 2022 unos casi 600 millones ", dijo Carrocino al tiempo que remarcó que: "En siete meses ya superamos ese monto y seguramente en lo que va del año por todas las multas pagadas y cheque en cartera  superaremos los 1.500, los 2.000 millones en multa de este año".
Recordó el Director de Bosques en los predios donde se detecta el desmonte ilegal se procede también al secuestro de las maquinarias que están trabajando, "en algunos casos pudimos lograr sacar la topadora del predio, otros casos se nos complican porque es todo un proceso el traslado de un carretón o la contratación de un carretón, por eso estamos procediendo a través de fiduciaria comprar un carretón para la institución".
Por otro lado, explicó que en el marco de estos operativos de fiscalización forestal están en proceso de aplicar el decreto 2039. "Es un decreto que firmó el gobernador, que está vigente desde el 14 de agosto, donde se duplican los valores de las multas, sobre todo en lo que son zonas amarillas y en tierras fiscales, los desmontes que se hacen en tierras fiscales".
En este sentido dijo Carrocino que "es importante que se penalice este tipo de cuestiones porque hoy no es un delito el desmonte es una contravención que tiene una multa administrativa que en este caso la aplicamos nosotros, que va hasta dos salarios mínimo vital y móvil por hectárea".
Asimismo, agregó: "Con este decreto se duplican, o sea, que un desmonte en zona amarilla sería cinco salarios. Nosotros, aparte de eso, aplicamos la cuestión de la restauración, pero lamentablemente hasta ahora no pudimos - salvo algunos sirvo pastoriles- la restauración, no pudimos lograr en los expedientes de desmonte por la vía administrativa la restauración, así que estamos trabajando con la fiscalía para lograrlo por la vía judicial", señaló.
Recordó el director de Bósques que "cuando se detecta un desmonte se aplican dos sanciones por un lado es la multa, que muchas veces la pagan, o la mayoría de las veces la están pagando", y después hay una cuestión de restauración que en la mayoría de los casos no la están cumpliendo. "Nosotros agotamos la instancia administrativa y la idea es pasar a Fiscalía de Estado para que ejerza a través de la justicia esa cuestión".
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Deforestación ilegal: 50.000 hectáreas de bosque fueron arrasados en el norte argentino en lo que va del año

Fecha de Publicación: 28/08/2023
Fuente: Portal primerplanoonline.com.ar
Provincia/Región: NOA - NEA


Esta problemática en la región chaqueña es realmente significativa: cuenta con una superficie de más de 60 millones de hectáreas y representa el 60 % del Gran Chaco de América, siendo después del Amazonas el segundo pulmón verde más importante del continente.
La deforestación ilegal en Argentina no se detiene. En el norte del país se han registrado pérdidas de bosques enteros. La provincia de Chaco evidenció la pérdida de 51.600 hectáreas de bosques debido a la deforestación intensiva en el primer semestre de 2023.
El problema de la deforestación proviene del sector privado, donde se destruyen áreas naturales y bosques completos para generar espacios donde se pueda disponer de suelo para la cría de ganado y la plantación de soja.
Los registros evidenciaron que ha habido un aumento en la tasa de deforestación en comparación con el año pasado: un 25% más que en el mismo período de 2022, cuando se deforestaron 41.332 hectáreas.
La mayoría de los desmontes son ilegales, lo cual agrava aún más la situación, ya que la deforestación sigue aumentando y se genera una destrucción continua del ambiente.
Organizaciones sociales y ecologistas llevaron a cabo relevamientos a través de imágenes satelitales, mediante las cuales se pudo registrar lo siguiente:
- Entre enero y junio de 2023 la deforestación en Chaco fue de 24.522 hectáreas.
- Santiago del Estero registró 19.040 hectáreas deforestadas.
- En Formosa se registró 5.804 hectáreas deforestadas y en la provincia de Salta, 2.234 hectáreas.
Las consecuencias de la deforestación son múltiples, provoca desaparición de especies de flora y fauna, contribuye al aceleramiento del cambio climático, ocasiona inundaciones en zonas afectadas,  promueve la desertificación del ambiente y genera enfermedades en las poblaciones más vulnerables.
Por otro lado, hablar de problemas ambientales es sinónimo de problemáticas sociales. Los desmontes y la deforestación ilegal conllevan el  desalojo de comunidades indígenas y campesinas, la pérdida de fuentes de alimentos, y el uso de la naturaleza con fines medicinales.
La deforestación en la región chaqueña es una emergencia ambiental y  se debe actuar en consecuencia. A pesar de las normativas ambientales a nivel nacional y provincial, las topadoras siguen avanzando sin pausa, y las multas y sanciones ya no son suficientes para poner fin a este ecocidio.
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Convocaron a dos audiencias de desmonte sin tener listo el OTBN

Fecha de Publicación: 26/08/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es para concluir el procedimiento del cambio de uso de suelo (que implica muchas veces desmonte) en Rosario de la Frontera y Cafayate.
Entre el viernes y ayer se publicó en el Boletín Oficial de Salta la convocatoria a dos audiencias públicas para revisar el uso de tierras en los deparatamentos de Rosario de la Frontera y Cafayate, pese a que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) continúa sin ser actualizado oficialmente.
Fuentes de la Secretaría de Ambiente afirmaron que ambos procesos serán suspendidos dado que tras la publicación de ambas audiencias se pusieron en marcha acciones para tal fin. Sin embargo, no existe aún instrumento oficial que valide tal versión.
“Se suspendieron las audiencias hasta tanto tengamos el mapa definitivo”, dijeron desde Ambiente al sostener que de todas maneras los edictos debían llegar al organismo y desde allí la directiva era suspender el procedimiento.
Nadie supo responder con certeza cuál fue la situación que generó la convocatoria pese a faltar los mapas que indicarán cuáles son bosques nativos a proteger y cuáles las tierras destinadas a la producción.
La convocatoria a la primera audiencia fue publicada en el Boletín Oficial del viernes último y se trata de un pedido de autorización del “cambio de uso de suelo con fines de agricultura en una superficie de 114.5 hectáreas netas a habilitar y 51 hectáreas de protección en finca ‘La Rural’, inmueble matrícula N° 6.449”, de Cafayate. La convocatoria está prevista en este caso para el 22 de septiembre próximo, a las 10, en la escuela N° 4355 "María Luisa López", de la localidad de Tolombón, en donde se encuentra el predio en el que cual se prevé la producción. El expediente del proyecto se puede ver en “oficina de la empresa Establecimiento Bodega Tolombón SA”, y en la sede del Programa de Audiencias Públicas, en la calle Santiago de Estero 2245, 1o piso, Departamento 12, en días hábiles entre las 9 y las 14.
Cafayate, y otros departamentos de los Valles Calchaquíes, no fueron incorporados al OTBN que rigió hasta 2014, que, a falta de uno nuevo, hay quienes lo interpretan como “vigente” todavía. Sin embargo, se pudo conocer que en el actual mapa se prevé que los bosques nativos de esta región sean incorporados en su totalidad como zona roja, es decir, de total protección.
Sin embargo, una fuente de la repartición a cargo de ambiente en la municipalidad de Cafayate, desestimó que se con esta iniciativa de producción se pudiera afectar bosques nativos. “No hay bosques nativos en esa zona”, afirmó.
Este miércoles, en tanto, se publicó la convocatoria a otra audiencia pública, en este caso en Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia. En este caso la “autorización de Cambio de Uso de Suelo” se pide con el objetivo de habilitar tierras para ganadería en “una superficie de 541 hectáreas netas de desbajerado a habilitar (una suerte de desmonte selectivo), y 399 hectáreas de protección y reserva, en finca ‘Estancia Aragón’, inmueble matrícula Nº 8.572”, de la firma Río Horcones SA. En este caso la audiencia está prevista para el próximo 5 de octubre, a las 11, en el Colegio secundario rural San Felipe, del paraje del mismo nombre. Quienes quieran ver el expediente y sean de la zona pueden dirigirse al establecimiento a solicitar el expediente o, en su defecto, en el programa de Audiencias Públicas.
En el caso de Rosario de la Frontera, el mapa del Ordenamiento lo indica como un departamento con parte de verde (en donde se puede desmontar) y parte de amarillo.

Mapa vencido y audiencias suspendidas
En noviembre de 2021 fue la última vez anterior que se conoció la convocatoria a audiencias públicas de desmonte. En aquel año se habían publicado casi una decena de convocatorias para la puesta en producción de 25 mil hectáreas.
En ese entonces, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, había afirmado que ninguno de los procedimientos expuestos en las audiencias públicas que involucren desmontes iba a contar con los certificados para iniciar los trabajos. Ello en tanto que el mapa de OTBN estaba (y sigue) desactualizado desde 2014 y se debía establecer en cuáles zonas producir y en cuáles no.
Aunque en las dos publicaciones aquí expuestas se indica que la convocatoria es realizada por “el Secretario de Ambiente”, las fuentes del organismo que fueron consultadas sostuvieron que las publicaciones surgen directamente desde el Programa de Audiencias Públicas y no pasan antes por la vista del titular del organismo, en este caso, Aldazábal.
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La reserva forestal Santa Ana en las Yungas fue declarada nuevo parque provincial

Fecha de Publicación: 15/08/2023
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Tucumán


El gobierno de la provincia de Tucumán avanzó en la recategorización del Área Natural Protegida Santa Ana, de 14.500 hectáreas, resultado del esfuerzo  en las gestiones entre el Ministerio de Desarrollo Productivo tucumano, legisladores provinciales y la Fundación Rewilding Argentina. Es una de las áreas naturales protegidas más grandes de Tucumán, así como la zona protegida yungueña más austral.
El Gobierno de Tucumán publicó a fines de julio en el Boletín Oficial la Ley 9.698  que eleva la Reserva Santa Ana -situada en el departamento Río Chico- a la categoría de parque provincial. La normativa, que declara este territorio de 14.500 hectáreas como “área natural protegida”, prevé además distintas acciones tendientes a “lograr la recomposición paulatina de la biodiversidad del ecosistema de Las Yungas”.
Lindante con el Parque Nacional Aconquija y ubicado en lo que fue la Reserva Santa Ana, creada en 1972 sobre tierras de un antiguo ingenio azucarero, este nuevo Parque Provincial elevó así la protección de una de las porciones más australes e importantes de las selvas de montaña o yungas, incluyendo sectores altamente amenazados de bosque pedemontano.
“El proyecto ambiental también contempla la restauración ecológica del lugar, mediante la reintroducción de especies extintas y la recuperación de especies amenazadas, a fin de lograr recomponer la vida silvestre del ecosistema de yungas y favorecer al corredor de biodiversidad que forman las dos áreas protegidas”, indicaron desde la ONG Rewilding Argentina.
Además, el nuevo parque prevé el uso público del área, que requerirá planificar el desarrollo de infraestructura de turismo de naturaleza y brindará nuevas oportunidades de desarrollo a las comunidades vecinas.

Breve descripción
Se encuentra localizada en el Departamento Río Chico, al sur de Tucumán, en las inmediaciones del Ingenio Santa Ana, que fue en su momento (fines de 1800) el complejo agroindustrial de mayor envergadura en la Argentina. El Ingenio y el pueblo de Santa Ana fueron fundados el 11 de enero de 1889 por Clodomiro Ernesto Hileret Balin, de origen francés, quien murió en Febrero de 1909, durante uno de sus viajes a Francia.
“Originalmente poseía 27.000 hectáreas. De éstas, 7.000 fueron loteadas y continúan dedicándose actualmente al cultivo de la caña de azúcar y recientemente de cítricos. Las restantes casi 20.000 ha fueron destinadas a la creación de la reserva que resguarda una de
las porciones más australes e importantes de Selvas de Montañas o Yungas, incluyendo en las áreas cumbrales superficies menores de Pastizales de Neblina”, publicaron en una guía del Ministerio de Turismo de Tucumán.
El gradiente altitudinal se da entre 450 y 2.050 m s.n.m., representando todos los pisos altitudinales de Yungas, aunque escasamente los superiores y sin llegar a alturas altoandinas. El clima es templado cálido, húmedo, con veranos calurosos y una temperatura media anual de aproximadamente 18 oC.
Las precipitaciones son fundamentalmente estivales, oscilando entre 1.200 y 1.800 mm según la altura. Se encuentra bien representada la selva basal, tanto con especies perennifolias como caducifolias, así como la selva de Mirtáceas. Los bosques montanos también están presentes aunque menos desarrollados, al igual que los pastizales de altura confinados a sectores de mayor pendiente, disturbados, y cerros más altos.
Además de su importante superficie de selvas continuas, la reserva forma parte del bloque más austral de estas selvas que como una cuña acompañan los Andes y formaciones orográficas relacionadas desde Venezuela y Colombia hasta justamente este sector. Si bien las especies arbóreas presentes son las típicas de las Yungas como tipa blanca (Tipuana tipu), cebil (Anadenanthera colubrina), laurel (Cinnamomun porphyrium), horco molle (Blepharocalyx salicifolium), virarú (Ruprechtia laxiflora), ramo (Cupania vernalis), nogal (Juglans australis), cedro (Cedrela lilloi), la particularidad de esta reserva es que estaría resguardando genotipos, es decir variedades adaptadas a las condiciones más extremas de todo su rango de distribución geográfica.
Estas características permiten la preservación de la fauna tropical y subtropical muy cerca de su límite de distribución sur, incluyendo especies que necesitan grandes superficies para la supervivencia de sus poblaciones. Sin bien no hay muchos estudios en la zona, se han registrado especies de mamíferos que constituyen citas nuevas para la provincia e incluso se menciona una especie nueva para la ciencia. En relación a las aves, el sitio constituye un lugar ideal para la observación de especies típicas de Yungas.
La nueva normativa encomienda a la Secretaría de Desarrollo Productivo, a través de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, el rol de “autoridad de aplicación”, que deberá “asignar un Cuerpo de Guardaparques con la misión de gestionar y custodiar la Reserva de manera que garantice la conservación, a largo plazo, de los ecosistemas naturales”, y tendrá a su cargo la “custodia, monitoreo ambiental, promoción y atención al visitante”.
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Greenpeace denuncia un aumento de la deforestación en Argentina

Fecha de Publicación: 31/07/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista Greenpeace denunció este jueves un aumento de la superficie deforestada en Argentina durante la primera mitad de este año, sobre todo a causa de desmontes ilegales.
En un informe, Greenpeace dijo que detectó mediante el uso de imágenes de satélite que durante el primer semestre del año 51.600 hectáreas del norte argentino fueron deforestadas, un 25 % más que en el mismo período de 2022.
Según la organización, la situación más grave se da en las norteñas provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales.
Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, resulta "preocupante el aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal".
"En Santiago del Estero el Gobierno viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido. Mientras que en Chaco la Justicia provincial suspendió los desmontes a fines de 2020, pero las topadoras avanzan cada vez más. El Gobierno controla poco y es evidente que las multas no son suficientes para terminar con este ecocidio. Penalizar los desmontes ilegales parece la única solución", afirmó Giardini.
Según la organización ambientalista, la principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y el cultivo soja que en gran medida Argentina exporta a Asia y Europa.
Este fenómeno se da sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de América.
"La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad", señaló Giardini.
Greenpeace impulsa en Argentina una consulta popular sobre la penalización de la destrucción ilegal de bosques nativos que estará abierta a la participación hasta el próximo el 10 de octubre y cuyos resultados se presentarán en el Parlamento argentino.
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Para qué Mendoza creó un Registro de Infractores de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 25/07/2023
Fuente: Portal memo.com.ar
Provincia/Región: Mendoza


Así lo dispuso la Secretaría de Ambiente de Mendoza. El registro será de acceso público. Qué utilidad le dará el Gobierno.
Con el objetivo de adecuarse a lo determinado por una ley de protección de bosques nativos, el Gobierno de Mendoza creó un Registro Provincial de Infractores de Bosques Nativos.
La ley 8195 establece que toda persona que haya sido infractora a regímenes o leyes, forestal o ambiental, nacional o provincial, en la medida que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible.
Es por eso que Mendoza crea un registro de infractores: quienes allí aparezcan no podrán hacer tareas de desmonte o aprovechamiento sostenible.
Esta decisión, de crear un registro de infractores, se tomó 13 años después de la sanción de la ley,
La resolución de la Secretaría de Ambiente señala que "el Departamento de Flora Nativa en base a la normativa establecida por la Ley N° 26.331 y la Ley N° 8195, y para cumplir con los objetivos de la misma y de los recomendados por el Tribunal de Cuentas, solicita la Creación del Registro Provincial de Infractores de Bosque Nativos".
Entonces, se ordenó: "Créase el Registro Provincial de Infractores de Bosques Nativos de la Provincia de Mendoza, conforme a los lineamientos de la Ley Provincial N° 8.195 y los requisitos establecidos por el organismo de aplicación".
"La Dirección de Recursos Naturales Renovables será la autoridad provincial encargada de remitir la información sobre infractores de su jurisdicción a la autoridad nacional de aplicación y verificar su inclusión en el Registro Nacional de infractores", completa.
Surge de la resolución que "el Registro Provincial de Infractores de Bosques Nativos será de acceso público".
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Renuevan la protesta por desmonte en el norte de Salta

Fecha de Publicación: 20/07/2023
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta


Activistas ambientales desplegaron ayer en Salta un nuevo cartel gigante en medio de una finca de casi 12.000 hectáreas, ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones, en el norte de esta provincia.
Según se informó, esta propiedad pertenece al empresario agropecuario Juan José Karlen, que ya fue denunciado por Greenpeace Salta mediante el informe "El festival de los desmontes no se detiene" en 2013 y 2016.
De la protesta con el despliegue de la bandera participaron 33 activistas de varias provincias, quienes desplegaron dentro de la finca un cartel con un signo de pregunta gigante y la frase "¿Y el bosque?" y otros dos carteles en forma de cinta métrica para delimitar la superficie de una hectárea (100 metros x 100 metros), como una pequeña muestra de las 11.875 que allí se deforestaron ilegalmente.
El tamaño de este desmonte ilegal equivale a media ciudad de Buenos Aires.
Con esta nueva protesta, activistas de la organización ecologista Greenpeace vuelven a denunciar que "su dueño lleva impunemente 10 años sin restaurar el bosque y con producción agropecuaria", afirman desde la organización.
Asimismo invitan a la ciudadanía a votar una consulta popular sobre "si hay que penalizar desmontes ilegales e incendios forestales". Para este fin se habilitó la web: votaporlosbosques.org, donde se puede participar de la consulta. Los resultados serán entregados al Congreso de la Nación.
Desde la organización se asegura que este flagelo de la deforestación no se soluciona con multas.
“Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación ilegal, y los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción. La gente votará si considera que se debe penalizar su destrucción

“Debe ser un delito penal”
“El desmonte ilegal debe ser un delito penal”, afirmó a Nuevo Diario, Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
"Se trata del desmonte ilegal más grande del país de las últimas décadas. Un ecocidio que realizaron durante varios meses con 18 topadoras, y la AFIP los denunció por trabajo esclavo", añadió.
Hace una década, luego de la denuncia, les aplicaron una multa por el desmonte, "pero terminaron acordando un plan de remediación del bosque que nunca se concretó, y siguen con su negocio agropecuario como si nada. Este es un claro ejemplo de la impunidad con la que se viola la Ley de Bosques", enfatizó Cruz.
 "Los bosques son fundamentales para la regulación climática e hídrica, y contienen la mayor cantidad de especies del planeta. Nos brindan recursos claves como alimentos, medicinas y maderas, y son el sustento y territorio de comunidades indígenas y campesinas, concluyó Cruz.
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Estiman que Entre Ríos pierde más de 7 mil hectáreas de monte nativo por año

Fecha de Publicación: 12/07/2023
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El avance del desmonte en Entre Ríos sigue generando gran preocupación, registrándose año a año la pérdida de bosques nativos. Pero además, en la provincia la incidencia de la pérdida de extensiones y masa vegetal es mayor a lo que se compensa por las infraccionadas cuando se interviene con procedimientos oficiales. Datos de Greenpeace arrojan una deforestación en los últimos años de entre 2.300 y 3.500 hectáreas, con un pico en 2021 de 9.024 hectáreas perdidas de árboles. Un científico especialista de Conicet señala más de 7.000 hectáreas. La estadística es variable ya que el registro territorial de bosques no está actualizado.
El doctor Pablo Aceñolaza, Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesor de Forestales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), señaló que la tasa de desmonte (velocidad con que los bosques se van perdiendo), “no es lineal, sino que se da como si fueran pulsos. Hay estudios hechos para nuestra región que muestran que lo que incide en esos pulsos de desmonte es el precio de soja. Los momentos de mayor desmonte se produjeron cuando la soja valía mucho. Al contrario, cuando la soja no valía nada, el interés por la nueva tierra cultivable disminuía y por lo tanto disminuía la tasa de desmonte”, explicó al programa “Cuestión de Fondo”, de Canal 9 Litoral.
Sin embargo, el profesional aclaró: hay un parámetro que no se visualiza y que debe ser tenido en cuenta: “El monte nativo no debe ser visto como que está o no está, ya que posee muchas etapas intermedias: entre ellas, la recuperación de desmonte, o la degradación en montes que son mejor conservados. Y esa degradación es mucho más difícil de visualizar que el propio desmonte. Hoy día, uno podría saber en tiempo casi real donde se está desmontando mediante las herramientas tecnológicas. En cambio, es mucho más difícil saber dónde y cuánto se está degradando el monte; cuánto se está entresacando leña; cuánto se está perdiendo biomasa o vegetación; o degradando por una carga excesiva ganadera o mal uso del pastero. Todo esto es más difícil de evaluar”.

Detección
Si bien las tareas de desmontes siguen en varios sectores de la provincia, hay métodos que posee el Estado que buscan detectar con la mayor prontitud posible las talas. Sin embargo, coinciden distintos profesionales consultados por Canal 9, no siempre se llega a tiempo.
En cuanto a dispositivos tecnológicos, la Nación y la Provincia poseen herramientas de control y relevamiento del monte nativo. En tanto, desde el Conicet local también se está trabajando en un proyecto que, confían, pronto pueda estar funcionando.
Aceñolaza explicó que Entre Ríos posee 1,4 millones de hectáreas de monte denominado “Del Espinal” y que “la tasa de deforestación o de pérdida constatada por Ambiente de la Nación, es de aproximadamente entre el 0,5 y 1 por ciento por año. Uno puede decir que es bajo, pero no lo es: En diez años es haber perdido entre el 5% y el 10% de lo que nos está quedando del monte nativo. Y, encima, lo que queda es monte que está degradado, y ahí se debe trabajar mucho”.
Traducido el cálculo al que hace referencia Aceñolaza, estaríamos hablando que Entre Ríos podría estar perdiendo más de 7 mil hectáreas de monte nativo por año.
Por su parte, la organización internacional Greenpeace, publica en su informe 2022 sobre deforestación, un cuadro sobre “Pérdida de Tierras Forestales” en todas las provincias argentinas. Este trabajo detalla que estos últimos años (de 2016 a 2020), se han perdido en promedio en nuestra provincia entre 2.300 y 3.500 hectáreas de bosques nativos por año. Y en 2021, la estadística hace un pico de 9.024 hectáreas perdidas por deforestación en Entre Ríos.
“El Estado muchas veces no tiene todas las herramientas. Posee una serie de problemas estructurales que no le permite llegar a tiempo y obtener un resultado final de evaluación que logre frenar un desmonte, o solicitar una recomposición del daño. Esto sucede porque hay poca gente en los entes gubernamentales, y porque esos entes no poseen una estructura de financiamiento que no le da autarquía y cuando esos entes necesitan recursos, les cuesta mucho. En el momento que se produce un desmonte, hay que mover un vehículo de inmediato, llevar tres personas, contar con personal policial, un drone y demás herramientas que puedan obtener información que luego sea utilizada por la justicia para determinar si el daño ambiental fue ese o no. También sucede que hay miles de situaciones en las cuales se pudo comprobar que no hubo desmonte de bosque nativo”, explicó Aceñolaza.

Feliciano, La Paz y Federal los más afectados
La coordinadora de Bosques Nativos de Entre Ríos, Andrea Cislaghi, explicó a “Cuestión de Fondo” que la zona más afectada por los desmontes es el centro-norte provincial, con los Departamentos Feliciano, La Paz y Federal a la cabeza.
La funcionaria explicó que cuando reciben una denuncia anónima o en base a informantes claves del organismo, se procede a actuar en territorio, labrándose un acta. Allí consta las especies afectadas, la titularidad de la maquinaria utilizada y se deja copia a quien esté en ese momento en el campo. Posteriormente, se le da un plazo razonable para que ellos puedan realizar su descargo. Luego de realiza un dictamen técnico, además de un informe legal y donde se los notifica de la multa o un plan de reparación o restauración. “Actualmente, estamos con varios expedientes en conclusión, con multas de alto valor monetario, así como también la aplicación de planes de restauración o recomposición para que se repare el daño y planes de manejos de suelo”, sostuvo.
Cislaghi destacó que el monitoreo es constante y de manera interinstitucional, donde se trabaja en conjunto entre esta Coordinación, la Secretaría de Ambiente y el área de Delitos Rurales de la policía. Hace un tiempo se establecieron los protocolos para que cuando surge una alerta, se pueda actuar en territorio y de manera inmediata para evitar el desmonte”.
Cislaghi explicó que desde hace unos años existe una normativa mediante la cual se establecen tres categorías relacionadas al monte: La roja, la amarilla y la verde. Los montes de la primera categoría no pueden tocarse ni intervenirse en absoluto, ya que deben conservarse. La amarilla es la que permite realizar algunas intervenciones, siempre y cuando se presente (y autorice) un plan ambiental sostenible para una posible intervención. Finalmente, la categoría verde es la categoría que permite una intervención.
Sin embargo, hoy por hoy no se está aprobando el cambio de uso del suelo. En otras palabras, en la actualidad se encuentran prohibidos los desmontes en nuestra provincia. Ello sucede a raíz que está vencido el Ordenamiento territorial de Bosques nativos, por lo que se espera y trabaja en una pronta actualización.
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