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El Impenetrable sigue cayendo
07:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Continua la deforestación ilegal en El Impenetrable: Mega-desmonte en el Establecimiento “Las Rejas”
Fecha de Publicación: 29/07/2017
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco
Dimos a conocer a la opinión pública, a través de los medios masivos de comunicación, que el 14 de julio pasado se ejecutaba un gran desmonte en zona prohibida, según el Mapa de Zonificación del OTBN. La deforestación, a tala raza, se realizó en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown. El campo está ubicado sobre la Picada 82 y la ruta Juana Azurduy, tres kilómetros antes del empalme entre ambos caminos. Es un punto estratégico en esta región. El lote tiene una superficie de 4800 hectáreas, aproximadamente.
En la primera nota señalamos que se habían topado 2.600 hectáreas, a pesar de que el predio está ubicado en zona protegida (Zona Amarilla), en la que no se puede desmontar. La investigación que realizó el Centro Mandela en terreno se inició el sábado 17 de junio de este año.
Un testimonio desolador
La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas. Luego de que el Centro Mandela terminara su investigación en terreno, el desmonte continuó. Pese a la difusión que tuve el documento por los medios de comunicación, guardaron un estruendoso silencio el Subsecretario de Recursos Naturales y el Director de Bosques, que entre bambalinas y a hurtadillas venían barajando la habilitación de futuras chacras en Suelos Clase V, que no son aptos para la agricultura, para lo cual debían otorgar permisos de desmontes en zonas protegidas.
Según un testimonio que hemos recibido, los días 13 y 14 de julio continuaba el desmonte en el Establecimiento “Las Rejas”. Literalmente, las expresiones de nuestra fuente que es totalmente inobjetable, fue “dos días escuchando las cadenas de las topadoras en el campo de Las Rejas. No pude ir a ver. No tuve la fuerza para ir a ver. El ruido constante era impactante”.
Funcionarios y desmontadores al descubierto
El seguimiento de este desmonte, a través de imágenes satelitales secuenciadas, corrobora todo lo que se informó a la opinión pública, aunque el formato .JPG no permite trabajar con zoom adecuado. A través de las imágenes se comprobó que en la mitad sur del campo de “Las Rejas” se desmontaron 1151 hectáreas, y en la mitad norte se desforestaron -a tala raza- 1614 hectáreas.
Imágenes satelitales de los desmontes en el establecimiento “Las Rejas” corresponden al año 2016. En cuanto al estado de la cobertura boscosa, se mantuvo sin alteraciones hasta comienzos del año 2017. A febrero de 2017, la superficie boscosa disminuyó un 40% de su total reflejado en la imagen del año anterior. Desde mayo de este año el saldo o remanente del monte es de un 10% aproximadamente.
Ubicación del campo
El campo desmontado está ubicado en un lugar estratégico de El Impenetrable. El ícono señala la ubicación geográfica del predio donde se desmontó. Por el mismo motivo de que el formato JPG no permite trabajar con zoom adecuado, la ubicación no es absolutamente exacta pero es suficiente para reflejar que se desforestó en zona protegida.
El plan para favorecer a un fuerte grupo económico
Los propietarios del campo Las Rejas obtuvieron un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, que fue autorizado por disposición PF0513/2016, Permiso 0531004547 otorgado por la nefasta Dirección de Bosques. A pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, en la que no se debe desmontar, Bosques autorizó que se desmontaran 2905 hectáreas. La empresa que desmontó fue MT Agroservicios y el técnico responsable es el ingeniero agrónomo Diego Kalbermatter.
En este campo ya se viene trabajando en actividades agrícolas a pesar de que mayoritariamente presenta Suelos clases V y VI, muy volátiles y frágiles, en donde no se deben habilitar chacras. El desmonte reciente se produjo hace pocas semanas. Las imágenes ilustran el desastre ambiental que han efectuado.
Denuncia administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público, y se notifique al gobernador del Chaco para que tome intervención y actúe conforme esta previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
Grupo de empresas de la familia Andreoli
El mega-desmonte se produjo en el Establecimiento “Las Rejas”, propiedad de la familia Andreoli y asociados, que es un grupo potente y vigoroso que arrasa montes con mucho éxito a partir de relaciones trabadas con funcionarios públicos del área del Ministerio de la Producción. La figura insignia es Claudio Andreoli, un exitoso empresario agropecuario de Chivilcoy, que figura entre los primeros grandes exportadores de trigo y maíz, fuertemente cuestionado -en su momento- por acaparar permisos de exportación (ROE). Fue noticia por los manejos en materia de exportación.
Entre las empresas controladas figuran Andreoli Agro S.A., con base conocida en Ruta Nacional N° 16, Km 19, Resistencia-Chaco y Aromito S.A, con domicilio contractual en 9 de Julio N° 27 de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Se suman las empresas Pampa Agrícola S.A, Foagro SA, Cuenca Del Salado S.A, Campos Oeste S.A, Las Lechuzas S.A, Malkarre S.A, Mario Andreoli SA; todas estas empresas declaran como único domicilio fiscal Suipacha 1380, Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se agrega otra empresa, Cereales Don Luis S.A, con domicilio en Avenida Coronel Díaz 2142, Piso 23 de CABA.
Los asociados son Mario Andreoli, Florinda Andreoli, Silvana Elizabeth Andreoli, Nidia Anita Fiereder, Albina Zita Andreoli y Guillermo Abel Salaberry, que son socios cruzados en las distintas empresas mencionadas.
Todas las empresas, de una u otra manera, según sus contratos societarios se dedican a las actividades agropecuarias, explotación de campos, cría y engorde de ganado menor y mayor, explotación comercial, fruticultura, avicultura y tambo, hasta las etapas comerciales e industriales de los productos derivados de esa explotación, incluyendo lo relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y exportación. Actuan como acopiadora de cereales, oleaginosas y todo otro fruto de la agricultura. Compran, venden, importan, exportan e intervienen en, consignaciones, intermediaciones, distribuciones, representaciones, comisiones, mandatos y comercializaciones en todas sus formas de productos relacionados con la actividad agricologanadera. Arriendan campos o establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la preparación de alimentos para el ganado y aves.
Otorgan préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar financiaciones y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, otorga fianzas y avales a terceros, y realizar operaciones financieras en general vinculadas con la actividad agrícologanadera. Se excluye expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera el concurso público.
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Fecha de Publicación: 29/07/2017
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco
Dimos a conocer a la opinión pública, a través de los medios masivos de comunicación, que el 14 de julio pasado se ejecutaba un gran desmonte en zona prohibida, según el Mapa de Zonificación del OTBN. La deforestación, a tala raza, se realizó en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown. El campo está ubicado sobre la Picada 82 y la ruta Juana Azurduy, tres kilómetros antes del empalme entre ambos caminos. Es un punto estratégico en esta región. El lote tiene una superficie de 4800 hectáreas, aproximadamente.
En la primera nota señalamos que se habían topado 2.600 hectáreas, a pesar de que el predio está ubicado en zona protegida (Zona Amarilla), en la que no se puede desmontar. La investigación que realizó el Centro Mandela en terreno se inició el sábado 17 de junio de este año.
Un testimonio desolador
La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas. Luego de que el Centro Mandela terminara su investigación en terreno, el desmonte continuó. Pese a la difusión que tuve el documento por los medios de comunicación, guardaron un estruendoso silencio el Subsecretario de Recursos Naturales y el Director de Bosques, que entre bambalinas y a hurtadillas venían barajando la habilitación de futuras chacras en Suelos Clase V, que no son aptos para la agricultura, para lo cual debían otorgar permisos de desmontes en zonas protegidas.
Según un testimonio que hemos recibido, los días 13 y 14 de julio continuaba el desmonte en el Establecimiento “Las Rejas”. Literalmente, las expresiones de nuestra fuente que es totalmente inobjetable, fue “dos días escuchando las cadenas de las topadoras en el campo de Las Rejas. No pude ir a ver. No tuve la fuerza para ir a ver. El ruido constante era impactante”.
Funcionarios y desmontadores al descubierto
El seguimiento de este desmonte, a través de imágenes satelitales secuenciadas, corrobora todo lo que se informó a la opinión pública, aunque el formato .JPG no permite trabajar con zoom adecuado. A través de las imágenes se comprobó que en la mitad sur del campo de “Las Rejas” se desmontaron 1151 hectáreas, y en la mitad norte se desforestaron -a tala raza- 1614 hectáreas.
Imágenes satelitales de los desmontes en el establecimiento “Las Rejas” corresponden al año 2016. En cuanto al estado de la cobertura boscosa, se mantuvo sin alteraciones hasta comienzos del año 2017. A febrero de 2017, la superficie boscosa disminuyó un 40% de su total reflejado en la imagen del año anterior. Desde mayo de este año el saldo o remanente del monte es de un 10% aproximadamente.
Ubicación del campo
El campo desmontado está ubicado en un lugar estratégico de El Impenetrable. El ícono señala la ubicación geográfica del predio donde se desmontó. Por el mismo motivo de que el formato JPG no permite trabajar con zoom adecuado, la ubicación no es absolutamente exacta pero es suficiente para reflejar que se desforestó en zona protegida.
El plan para favorecer a un fuerte grupo económico
Los propietarios del campo Las Rejas obtuvieron un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, que fue autorizado por disposición PF0513/2016, Permiso 0531004547 otorgado por la nefasta Dirección de Bosques. A pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, en la que no se debe desmontar, Bosques autorizó que se desmontaran 2905 hectáreas. La empresa que desmontó fue MT Agroservicios y el técnico responsable es el ingeniero agrónomo Diego Kalbermatter.
En este campo ya se viene trabajando en actividades agrícolas a pesar de que mayoritariamente presenta Suelos clases V y VI, muy volátiles y frágiles, en donde no se deben habilitar chacras. El desmonte reciente se produjo hace pocas semanas. Las imágenes ilustran el desastre ambiental que han efectuado.
Denuncia administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público, y se notifique al gobernador del Chaco para que tome intervención y actúe conforme esta previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
Grupo de empresas de la familia Andreoli
El mega-desmonte se produjo en el Establecimiento “Las Rejas”, propiedad de la familia Andreoli y asociados, que es un grupo potente y vigoroso que arrasa montes con mucho éxito a partir de relaciones trabadas con funcionarios públicos del área del Ministerio de la Producción. La figura insignia es Claudio Andreoli, un exitoso empresario agropecuario de Chivilcoy, que figura entre los primeros grandes exportadores de trigo y maíz, fuertemente cuestionado -en su momento- por acaparar permisos de exportación (ROE). Fue noticia por los manejos en materia de exportación.
Entre las empresas controladas figuran Andreoli Agro S.A., con base conocida en Ruta Nacional N° 16, Km 19, Resistencia-Chaco y Aromito S.A, con domicilio contractual en 9 de Julio N° 27 de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Se suman las empresas Pampa Agrícola S.A, Foagro SA, Cuenca Del Salado S.A, Campos Oeste S.A, Las Lechuzas S.A, Malkarre S.A, Mario Andreoli SA; todas estas empresas declaran como único domicilio fiscal Suipacha 1380, Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se agrega otra empresa, Cereales Don Luis S.A, con domicilio en Avenida Coronel Díaz 2142, Piso 23 de CABA.
Los asociados son Mario Andreoli, Florinda Andreoli, Silvana Elizabeth Andreoli, Nidia Anita Fiereder, Albina Zita Andreoli y Guillermo Abel Salaberry, que son socios cruzados en las distintas empresas mencionadas.
Todas las empresas, de una u otra manera, según sus contratos societarios se dedican a las actividades agropecuarias, explotación de campos, cría y engorde de ganado menor y mayor, explotación comercial, fruticultura, avicultura y tambo, hasta las etapas comerciales e industriales de los productos derivados de esa explotación, incluyendo lo relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y exportación. Actuan como acopiadora de cereales, oleaginosas y todo otro fruto de la agricultura. Compran, venden, importan, exportan e intervienen en, consignaciones, intermediaciones, distribuciones, representaciones, comisiones, mandatos y comercializaciones en todas sus formas de productos relacionados con la actividad agricologanadera. Arriendan campos o establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la preparación de alimentos para el ganado y aves.
Otorgan préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar financiaciones y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, otorga fianzas y avales a terceros, y realizar operaciones financieras en general vinculadas con la actividad agrícologanadera. Se excluye expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera el concurso público.
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La mitad del área desmontada en zona roja
Donde pasa no crece más el verde
Fecha de Publicación: 28/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de Greenpeace denuncia que la mitad del área de desmonte avanzó sobre territorios prohibidos para realizarlo.
La superficie de bosques desmontada entre enero y junio de este año en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco superó la superficie de 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en regiones protegidas por la Ley de Bosques, según reveló ayer Greenpeace a través de un informe. La normativa sancionada a fines de 2007 protege a las regiones que forman parte de Parques Nacionales y Provinciales, zonas de bosques ribereños, lugares en los que habitan animales en peligro de extinción y áreas en donde viven comunidades, sobre las cuales continúa el avance del desmonte. “Lo más grave es que en ningún caso se está reforestando, por lo cual el bosque no vuelve a crecer. Se está avanzando de una manera muy alta”, advirtió en diálogo con PáginaI12 Noemí Cruz, vocera de la Campaña de Bosques de Greenpeace. Cruz aseguró, además, que desde el Estado nacional se impulsó un proyecto de ganadería que atenta contra la conservación de los bosques en la provincia de Chaco. Por todos estos motivos, según afirmó la activista, Greenpeace va a llevar al Congreso de la Nación una Ley de Delitos Forestales para frenar el desmonte.
En Chaco fueron desmontadas 17 mil hectáreas, de las cuales 10.718 mil eran bosques protegidos; en Santiago del Estero el total fue de 13.707, con 8.083 mil prohibidas; en Formosa de 7.754 hectáreas deforestadas, en 136 no estaba permitido; en tanto en Salta, de 7.009 hectáreas, 678 se desmontaron ilegalmente. Esos fueron los datos obtenidos en cada provincia por el relevamiento que realizó Greenpeace. Para ello utilizaron imágenes obtenidas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y finalmente comparadas y superpuestas a las imágenes de 2015 y 2016. “Lo que hacemos desde el año pasado es monitorear provincia por provincia, y vemos que la deforestación está avanzando sobre los bosques que la Ley de Bosques protege. Se está aumentando de una manera muy alta”, explicó Cruz, y denunció que existe “una clara complicidad de los funcionarios provinciales en la violación de la normativa”.
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Fecha de Publicación: 28/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de Greenpeace denuncia que la mitad del área de desmonte avanzó sobre territorios prohibidos para realizarlo.
La superficie de bosques desmontada entre enero y junio de este año en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco superó la superficie de 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en regiones protegidas por la Ley de Bosques, según reveló ayer Greenpeace a través de un informe. La normativa sancionada a fines de 2007 protege a las regiones que forman parte de Parques Nacionales y Provinciales, zonas de bosques ribereños, lugares en los que habitan animales en peligro de extinción y áreas en donde viven comunidades, sobre las cuales continúa el avance del desmonte. “Lo más grave es que en ningún caso se está reforestando, por lo cual el bosque no vuelve a crecer. Se está avanzando de una manera muy alta”, advirtió en diálogo con PáginaI12 Noemí Cruz, vocera de la Campaña de Bosques de Greenpeace. Cruz aseguró, además, que desde el Estado nacional se impulsó un proyecto de ganadería que atenta contra la conservación de los bosques en la provincia de Chaco. Por todos estos motivos, según afirmó la activista, Greenpeace va a llevar al Congreso de la Nación una Ley de Delitos Forestales para frenar el desmonte.
En Chaco fueron desmontadas 17 mil hectáreas, de las cuales 10.718 mil eran bosques protegidos; en Santiago del Estero el total fue de 13.707, con 8.083 mil prohibidas; en Formosa de 7.754 hectáreas deforestadas, en 136 no estaba permitido; en tanto en Salta, de 7.009 hectáreas, 678 se desmontaron ilegalmente. Esos fueron los datos obtenidos en cada provincia por el relevamiento que realizó Greenpeace. Para ello utilizaron imágenes obtenidas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y finalmente comparadas y superpuestas a las imágenes de 2015 y 2016. “Lo que hacemos desde el año pasado es monitorear provincia por provincia, y vemos que la deforestación está avanzando sobre los bosques que la Ley de Bosques protege. Se está aumentando de una manera muy alta”, explicó Cruz, y denunció que existe “una clara complicidad de los funcionarios provinciales en la violación de la normativa”.
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Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Nacional
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Estudian los bosques mixtos de Santa Fe
Estudian en detalle los bosques mixtos de Santa Fe
Fecha de Publicación: 27/07/2017
Fuente: Portal de la UNL
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y del CONICET realizan un estudio pormenorizado de los denominados bosques mixtos que se ubican en el noreste de la provincia de Santa Fe y cuya característica principal es la gran diversidad. De ese modo, se pueden establecer políticas de manejo y conservación.
Se trata de un trabajo encarado desde 2011 por un equipo interdisciplinario conformado por docentes e investigadores de las cátedras de Ecología, Botánica Sistemática y de Taxonomía de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL y del CONICET. Juntos intentan aportar una mirada distinta al concepto de bosque nativo, analizarlo desde el punto de vista de las especies que lo componen, pero sobre todo desde la integridad ecológica, desde la degradación que posee. Sabiendo en qué condiciones se encuentran los bosques se pueden determinar consejos para políticas de uso y conservación.
Según Andrés Bortoluzzi, que forma parte del equipo, la mayor superficie de bosque nativo que queda en la provincia se ubica principalmente en el noreste de Santa Fe, conformando el límite sur de la ecoregión chaqueña, una gran área que abarca parte de Paraguay, Bolivia y el Noroeste argentino. “Dentro de esos bosques diferenciamos tipos de bosques caracterizados por distintos tipos de suelo, topografía, pero sobre todo por las especies que los dominan. En nuestra investigación nos ocupamos de los bosques mixtos, que tienen una distribución un poco restringida, ya que son los que crecen en suelos muy buenos de la provincia y que tienen la mayor diversidad de Santa Fe”, describió.
Una gran diversidad
Los investigadores registraron más de 60 especies de arbustos y árboles que se encuentran en los bosques mixtos. Pudieron hallar individuos de guayacán (Caesalpinia paraguariensis), guayaibí (Cordia americana), espina corona (Gleditsia amorphoides), guayabo (Myrcianthes cisplatensis), viraró (Ruprechtia salicifolia), quebracho colorado (Schinopsis balasae), guaraniná (Sideroxylon obtusifolium), palo cruz (Tabebuia nodosa), molle (Schinus longifolius), garabato (Acacia praecox), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco) y urunday (Astronium balansae).
Integridad ecológica
Según Bortoluzzi, en un proyecto anterior habían realizado un “mapa” de la situación de los bosques de la zona en que se encuentran los bosques mixtos y los clasificaron entre “degradados” y “no degradados”. El primer tipo de bosque es el que ya fue intervenido por el hombre y que en esa intervención se fueron extrayendo ejemplares con algún tipo de interés económico: “Va quedando un remanente de bosques con individuos de menor valor comercial, pero aún se realizan actividades como la ganadería o la extracción de leña”, manifestó.
Conocer los niveles de degradación sirve para determinar si los bosques son más o menos íntegros, ya que así se puede saber la capacidad de los sistemas de perpetuarse en el tiempo. De acuerdo con el investigador, la degradación se puede determinar por medio de distintos parámetros, como la presencia o ausencia de especies. Sin embargo, con la idea de integridad pueden conocer cómo se encuentra un bosque a partir de su funcionamiento ecosistémico, de su relación con otros bosques, de su superficie, de qué especies están presentes, entre otras variables.
En este sentido, mientras un bosque sea menos íntegro tendrá más posibilidades de dejar de ser un bosque. “Se trata de una idea muy interesante para trabajar no sólo con bosques nativos, sino también con otros sistemas”, destacó.
Energía
Con esta idea de integridad, el grupo analizó los bosques a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel de ecosistemas, en cuanto al intercambio de energía y de materia con la atmósfera. Por eso estudiaron la estacionalidad de los bosques mixtos a lo largo del tiempo en cuanto a sus niveles de captación de energía solar. “Distintos bosques tienen distintas fechas en que comienzan a captar la energía solar y la derivan para el crecimiento. A la vez, unos tienen más tiempo de captación que otros. De esta manera, diferenciamos distintos patrones”, continuó Bortoluzzi.
Esos niveles de captación fueron analizados por medio de imágenes satelitales tomadas a lo largo de 20 años y que sirvieron para diferenciar cinco tipos de bosques mixtos. Con esa identificación fueron a los bosques a tomar muestras de la vegetación. Según Bortoluzzi, los resultados de los datos y del trabajo a campo fueron disímiles, por lo cual se encuentran ajustando los estudios.
“Ahora estamos viendo el comportamiento del ecosistema, pero también la estructura y composición de esos bosques. De esta manera, podemos describir qué variabilidad existe y saber si existe posibilidad de perduración en el tiempo, de adaptación a las condiciones cambiantes”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 27/07/2017
Fuente: Portal de la UNL
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y del CONICET realizan un estudio pormenorizado de los denominados bosques mixtos que se ubican en el noreste de la provincia de Santa Fe y cuya característica principal es la gran diversidad. De ese modo, se pueden establecer políticas de manejo y conservación.
Se trata de un trabajo encarado desde 2011 por un equipo interdisciplinario conformado por docentes e investigadores de las cátedras de Ecología, Botánica Sistemática y de Taxonomía de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL y del CONICET. Juntos intentan aportar una mirada distinta al concepto de bosque nativo, analizarlo desde el punto de vista de las especies que lo componen, pero sobre todo desde la integridad ecológica, desde la degradación que posee. Sabiendo en qué condiciones se encuentran los bosques se pueden determinar consejos para políticas de uso y conservación.
Según Andrés Bortoluzzi, que forma parte del equipo, la mayor superficie de bosque nativo que queda en la provincia se ubica principalmente en el noreste de Santa Fe, conformando el límite sur de la ecoregión chaqueña, una gran área que abarca parte de Paraguay, Bolivia y el Noroeste argentino. “Dentro de esos bosques diferenciamos tipos de bosques caracterizados por distintos tipos de suelo, topografía, pero sobre todo por las especies que los dominan. En nuestra investigación nos ocupamos de los bosques mixtos, que tienen una distribución un poco restringida, ya que son los que crecen en suelos muy buenos de la provincia y que tienen la mayor diversidad de Santa Fe”, describió.
Una gran diversidad
Los investigadores registraron más de 60 especies de arbustos y árboles que se encuentran en los bosques mixtos. Pudieron hallar individuos de guayacán (Caesalpinia paraguariensis), guayaibí (Cordia americana), espina corona (Gleditsia amorphoides), guayabo (Myrcianthes cisplatensis), viraró (Ruprechtia salicifolia), quebracho colorado (Schinopsis balasae), guaraniná (Sideroxylon obtusifolium), palo cruz (Tabebuia nodosa), molle (Schinus longifolius), garabato (Acacia praecox), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco) y urunday (Astronium balansae).
Integridad ecológica
Según Bortoluzzi, en un proyecto anterior habían realizado un “mapa” de la situación de los bosques de la zona en que se encuentran los bosques mixtos y los clasificaron entre “degradados” y “no degradados”. El primer tipo de bosque es el que ya fue intervenido por el hombre y que en esa intervención se fueron extrayendo ejemplares con algún tipo de interés económico: “Va quedando un remanente de bosques con individuos de menor valor comercial, pero aún se realizan actividades como la ganadería o la extracción de leña”, manifestó.
Conocer los niveles de degradación sirve para determinar si los bosques son más o menos íntegros, ya que así se puede saber la capacidad de los sistemas de perpetuarse en el tiempo. De acuerdo con el investigador, la degradación se puede determinar por medio de distintos parámetros, como la presencia o ausencia de especies. Sin embargo, con la idea de integridad pueden conocer cómo se encuentra un bosque a partir de su funcionamiento ecosistémico, de su relación con otros bosques, de su superficie, de qué especies están presentes, entre otras variables.
En este sentido, mientras un bosque sea menos íntegro tendrá más posibilidades de dejar de ser un bosque. “Se trata de una idea muy interesante para trabajar no sólo con bosques nativos, sino también con otros sistemas”, destacó.
Energía
Con esta idea de integridad, el grupo analizó los bosques a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel de ecosistemas, en cuanto al intercambio de energía y de materia con la atmósfera. Por eso estudiaron la estacionalidad de los bosques mixtos a lo largo del tiempo en cuanto a sus niveles de captación de energía solar. “Distintos bosques tienen distintas fechas en que comienzan a captar la energía solar y la derivan para el crecimiento. A la vez, unos tienen más tiempo de captación que otros. De esta manera, diferenciamos distintos patrones”, continuó Bortoluzzi.
Esos niveles de captación fueron analizados por medio de imágenes satelitales tomadas a lo largo de 20 años y que sirvieron para diferenciar cinco tipos de bosques mixtos. Con esa identificación fueron a los bosques a tomar muestras de la vegetación. Según Bortoluzzi, los resultados de los datos y del trabajo a campo fueron disímiles, por lo cual se encuentran ajustando los estudios.
“Ahora estamos viendo el comportamiento del ecosistema, pero también la estructura y composición de esos bosques. De esta manera, podemos describir qué variabilidad existe y saber si existe posibilidad de perduración en el tiempo, de adaptación a las condiciones cambiantes”, finalizó.
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Denuncian otro desmonte en El Impenetrable
Denuncian nuevo desmonte ilegal en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela expuso una deforestación en una zona prohibida en el departamento Brown.
El Centro de Estudios e Investigación Social "Centro Mandela DDHH" denunció un nuevo desmonte ilegal en zona prohibida de El Impenetrable.
La deforestación, a tala raza para hacer chacra, se realizó en las parcelas 225 y 226 del Departamento Almirante Brown. Este campo tiene una superficie estimada de 4.800 hectáreas, y habrían topado 2.600 hectáreas a pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, según el mapa de zonificación del OTBN.
El campo está sobre la Picada 82, tres kilómetros antes del empalme con la Ruta Juana Azurduy, que es un punto estratégico en esta región. El paraje es conocido como “El Kiosco” porque allí funciona un almacén que da de comer a los viajeros. Desde ese empalme, en distintas direcciones, se puede llegar a Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya y a Los Frentones/Río Muerto, que son localidades que se ubican a la vera de la Ruta Nacional Nº 16, que es el corredor bio-oceánico que une San Pablo-Brasil e Iquique-Chile.
El avance de los empresarios del agro en el Chaco Seco y de los explotadores forestales es un dato sumamente concreto, grave y preocupante. El ataque al monte son hechos repetidos que nos permite comprender que el Chaco -en el mediano plazo- se convertirá en lo que actualmente es el territorio/ambiente de la Provincia de Santiago del Estero, que está en situación de estrago ambiental y social, que para llegar a esa situación, en el curso de los últimos años, registró la tasa más alta y el máximo nivel de desmonte en el contexto internacional. Esto ha determinado que la población santiagueña sea la que presenta los peores indicadores de desarrollo humano y social, según el último informe brindado por Naciones Unidas, ocupando el último lugar en el ranking de provincias argentinas, seguidas por Chaco y Formosa, y los peores marcadores en materia económica, social, sanitaria, educativa y ambiental.
De acuerdo a la publicación, el anterior dueño fue Antonio Quejas. En la tranquera del campo está el cartel que indica que se trata del Establecimiento Las Rejas. En la zona se menciona que compró y topó la firma Aromito S.A., inscripta no hace mucho tiempo en el Registro de Comercio de Sáenz Peña, aunque en el cartel colocado en la tranquera del campo figura como titular la firma Cuenca del Salado S.A., cuyo titular más conocido es el italiano Claudio Andreoli, un exitoso empresario agropecuario de Chivilcoy, que figura entre los primeros grandes exportadores de trigo y maíz, fuertemente cuestionado –en su momento- por acaparar permisos de exportación (ROE).
El plan para favorecer a los empresarios del agro
Los propietarios del campo Las Rejas obtuvieron un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, que fue autorizado por disposición PF0513/2016, Permiso 0531004547 otorgado por la nefasta Dirección de Bosques. A pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, en la que no se debe desmontar, Bosques autorizó que se desmontaran 2905 hectáreas, que el Centro Mandela entiende corresponde a un desmonte anterior. La empresa que desmontó fue MT Agroservicios y el técnico responsable es el conocido ingeniero agronómo Diego Kalbermatter, quién evidentemente es un profesional privilegiado por la gran cantidad de permisos que tramita con éxito comparado con otros técnicos que deben enfrentar muchas dificultades para que avancen los expedientes y que prosperen los permisos que solicitan.
En este campo ya se viene trabajando en actividades agrícolas a pesar de que mayoritariamente presenta Suelos clases V y VI, muy volátiles y frágiles, en donde no se deben habilitar chacras. El desmonte reciente se produjo hace pocas semanas. Las imágenes ilustran el desastre ambiental que han efectuado.
Más desmontes de la empresa cuenca del Salado SA
A 80 kilómetros del establecimiento Las Rejas, en proximidades de la localidad Los Frentones, después de los establecimientos “La Ilusión” de Ana Victoria Hupaluk, presidente de la Asociación de Productores Forestales de Chaco, y del campo “Santa Rosa” de Hugo Cura, sobre la Picada YPF está el campo que también es de propiedad de la firma El Salado S.A., que anteriormente fuera de la empresa El Vence S.A. En el 2006 lograron que la Dirección de Bosques autorizara la forestación de 20.160 plantas de algarrobo, plan que no se ejecutó. Por el contrario, desmontaron una buena porción del campo.
En el año 2016, cuando el predio rural ya era de propiedad de Cuenca del Salado S.A., Bosques autorizó un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo. Permitió que se desmontaran 2452 hectáreas. Intervino la oficina forestal de Pampa del Infierno. El técnico responsable, nuevamente, fue el conocido ingeniero agrónomo Diego Kalbermatter. Los restos forestales, sin valor maderable, todavía están en el predio rural, lo que permite suponer que serán quemados apenas se produzcan las primeras heladas de esta temporada de invierno.
“Zonas liberadas ambientales”
En campos de la región del Chaco Seco, clasificada como zona amarilla donde está prohibido desmontar, la Dirección de Bosques no detectó las deforestaciones ilegales o clandestinas o concedió autorizaciones a través del programa de Cambios de Uso de Suelos para que las tierras fueran y sean destinadas a la agricultura.
De esta manera transformó este territorio en zona liberada ambiental, tal cual planteó la periodista Fernanda Sánchez en su artículo publicado en el Buenos Aires Herald, al señalar que el exauditor general de la Nación, doctor Leandro Despouy, acuñó la frase “zonas liberadas ambientales” en nuestro país cuando presentó sucesivos y, casi siempre, demoledores informes sobre el rol del Estado en el proceso de deterioro de la Naturaleza. Este exfuncionario, en una audiencia pública en el Congreso de la Nación, dijo que “el Estado no estuvo ausente, sino que estuvo presente como cómplice”.
Corroborando las expresiones del exauditor general de la Nación, vale la pena mencionar que la Subsecretaría de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques son organismos públicos que de ninguna manera funcionan para proteger el monte, asegurar su explotación racional y el correcto aprovechamiento socio-económico integral de la riqueza forestal y de bio-diversidad, que en el Chaco tiene su eje en el monte nativo, tal cual ordena la Constitución chaqueña.
De ninguna manera estos entes oficiales promovieron la conservación y mejora de las especies, con reposición obligatoria mediaste forestación y reforestación, ni nada parecido. Por el contario, funcionan bajo la influencia, persistente y determinante, de una marcada ineficiencia y un creciente tráfico de influencia y corrupción, hasta transformarse en comercializadoras de montes, en sintonía con los mandatos políticos de los sucesivos gobiernos locales.
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Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela expuso una deforestación en una zona prohibida en el departamento Brown.
El Centro de Estudios e Investigación Social "Centro Mandela DDHH" denunció un nuevo desmonte ilegal en zona prohibida de El Impenetrable.
La deforestación, a tala raza para hacer chacra, se realizó en las parcelas 225 y 226 del Departamento Almirante Brown. Este campo tiene una superficie estimada de 4.800 hectáreas, y habrían topado 2.600 hectáreas a pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, según el mapa de zonificación del OTBN.
El campo está sobre la Picada 82, tres kilómetros antes del empalme con la Ruta Juana Azurduy, que es un punto estratégico en esta región. El paraje es conocido como “El Kiosco” porque allí funciona un almacén que da de comer a los viajeros. Desde ese empalme, en distintas direcciones, se puede llegar a Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya y a Los Frentones/Río Muerto, que son localidades que se ubican a la vera de la Ruta Nacional Nº 16, que es el corredor bio-oceánico que une San Pablo-Brasil e Iquique-Chile.
El avance de los empresarios del agro en el Chaco Seco y de los explotadores forestales es un dato sumamente concreto, grave y preocupante. El ataque al monte son hechos repetidos que nos permite comprender que el Chaco -en el mediano plazo- se convertirá en lo que actualmente es el territorio/ambiente de la Provincia de Santiago del Estero, que está en situación de estrago ambiental y social, que para llegar a esa situación, en el curso de los últimos años, registró la tasa más alta y el máximo nivel de desmonte en el contexto internacional. Esto ha determinado que la población santiagueña sea la que presenta los peores indicadores de desarrollo humano y social, según el último informe brindado por Naciones Unidas, ocupando el último lugar en el ranking de provincias argentinas, seguidas por Chaco y Formosa, y los peores marcadores en materia económica, social, sanitaria, educativa y ambiental.
De acuerdo a la publicación, el anterior dueño fue Antonio Quejas. En la tranquera del campo está el cartel que indica que se trata del Establecimiento Las Rejas. En la zona se menciona que compró y topó la firma Aromito S.A., inscripta no hace mucho tiempo en el Registro de Comercio de Sáenz Peña, aunque en el cartel colocado en la tranquera del campo figura como titular la firma Cuenca del Salado S.A., cuyo titular más conocido es el italiano Claudio Andreoli, un exitoso empresario agropecuario de Chivilcoy, que figura entre los primeros grandes exportadores de trigo y maíz, fuertemente cuestionado –en su momento- por acaparar permisos de exportación (ROE).
El plan para favorecer a los empresarios del agro
Los propietarios del campo Las Rejas obtuvieron un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, que fue autorizado por disposición PF0513/2016, Permiso 0531004547 otorgado por la nefasta Dirección de Bosques. A pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, en la que no se debe desmontar, Bosques autorizó que se desmontaran 2905 hectáreas, que el Centro Mandela entiende corresponde a un desmonte anterior. La empresa que desmontó fue MT Agroservicios y el técnico responsable es el conocido ingeniero agronómo Diego Kalbermatter, quién evidentemente es un profesional privilegiado por la gran cantidad de permisos que tramita con éxito comparado con otros técnicos que deben enfrentar muchas dificultades para que avancen los expedientes y que prosperen los permisos que solicitan.
En este campo ya se viene trabajando en actividades agrícolas a pesar de que mayoritariamente presenta Suelos clases V y VI, muy volátiles y frágiles, en donde no se deben habilitar chacras. El desmonte reciente se produjo hace pocas semanas. Las imágenes ilustran el desastre ambiental que han efectuado.
Más desmontes de la empresa cuenca del Salado SA
A 80 kilómetros del establecimiento Las Rejas, en proximidades de la localidad Los Frentones, después de los establecimientos “La Ilusión” de Ana Victoria Hupaluk, presidente de la Asociación de Productores Forestales de Chaco, y del campo “Santa Rosa” de Hugo Cura, sobre la Picada YPF está el campo que también es de propiedad de la firma El Salado S.A., que anteriormente fuera de la empresa El Vence S.A. En el 2006 lograron que la Dirección de Bosques autorizara la forestación de 20.160 plantas de algarrobo, plan que no se ejecutó. Por el contrario, desmontaron una buena porción del campo.
En el año 2016, cuando el predio rural ya era de propiedad de Cuenca del Salado S.A., Bosques autorizó un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo. Permitió que se desmontaran 2452 hectáreas. Intervino la oficina forestal de Pampa del Infierno. El técnico responsable, nuevamente, fue el conocido ingeniero agrónomo Diego Kalbermatter. Los restos forestales, sin valor maderable, todavía están en el predio rural, lo que permite suponer que serán quemados apenas se produzcan las primeras heladas de esta temporada de invierno.
“Zonas liberadas ambientales”
En campos de la región del Chaco Seco, clasificada como zona amarilla donde está prohibido desmontar, la Dirección de Bosques no detectó las deforestaciones ilegales o clandestinas o concedió autorizaciones a través del programa de Cambios de Uso de Suelos para que las tierras fueran y sean destinadas a la agricultura.
De esta manera transformó este territorio en zona liberada ambiental, tal cual planteó la periodista Fernanda Sánchez en su artículo publicado en el Buenos Aires Herald, al señalar que el exauditor general de la Nación, doctor Leandro Despouy, acuñó la frase “zonas liberadas ambientales” en nuestro país cuando presentó sucesivos y, casi siempre, demoledores informes sobre el rol del Estado en el proceso de deterioro de la Naturaleza. Este exfuncionario, en una audiencia pública en el Congreso de la Nación, dijo que “el Estado no estuvo ausente, sino que estuvo presente como cómplice”.
Corroborando las expresiones del exauditor general de la Nación, vale la pena mencionar que la Subsecretaría de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques son organismos públicos que de ninguna manera funcionan para proteger el monte, asegurar su explotación racional y el correcto aprovechamiento socio-económico integral de la riqueza forestal y de bio-diversidad, que en el Chaco tiene su eje en el monte nativo, tal cual ordena la Constitución chaqueña.
De ninguna manera estos entes oficiales promovieron la conservación y mejora de las especies, con reposición obligatoria mediaste forestación y reforestación, ni nada parecido. Por el contario, funcionan bajo la influencia, persistente y determinante, de una marcada ineficiencia y un creciente tráfico de influencia y corrupción, hasta transformarse en comercializadoras de montes, en sintonía con los mandatos políticos de los sucesivos gobiernos locales.
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El camino en el Moconá frenado por la justicia
La Justicia dictaminó una medida de "no innovar" y frenó el camino en el Moconá
Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Las máquinas viales se retiraron del lugar este miércoles por la tarde. Los militantes ecologistas hacen guardia cerca del Parque. Presentarán firmas de rechazo en Casa de Gobierno y un proyecto en la Legislatura.
La Justicia dictó la medida de no innovar y ordenó suspender la construcción del camino en el Parque Provincial Moconá, para unir la ruta 2 con el Lote 8, en la reserva.
La medida fue solicitada el martes por dirigentes que se oponen al camino por el impacto ecológico que tendría. Sin embargo, las comunidades originarias que habitan el Lote 8 le solicitaron al Gobierno que avance con la obra para tener una salida más rápida y segura hacia la ruta 2, atravesando el Parque, para transportar mercadería y para que pueda ingresar una ambulancia en casos de emergencia.
La medida de no innovar fue resuelta este miércoles por el Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, hoy a cargo de Viviana Gamberale por subrogancia legal, ya que el mismo está vacante desde que Rossana Venchiarutti se convirtió en ministra del Superior Tribunal.
Este fallo judicial confronta con el decreto del Ejecutivo, que habilitó al Ministerio de Ecología a continuar con los trámites administrativos para la obra y con la resolución de la ministra, Verónica Derna, quien aprobó la viabilidad ambiental de un camino de cuatro metros de ancho y tres kilómetros de longitud.
El camino se inició el lunes a primera hora, con la participación de integrantes de las comunidades mbya guaraní del Lote 8, quienes realizaron las ampliaciones del trillo a machete.
El miércoles por la mañana se acercaron máquinas viales al lugar, con la intención de continuar la ampliación del sendero, que está proyectado en un ancho de cuatro metros. Pero por alguna razón, pasado el mediodía las máquinas se retiraron. PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva a la medida de no innovar que se redactó en el Juzgado ayer al filo del mediodía.
Posiblemente la información se filtró hasta los operarios viales quienes abandonaron el lugar sin dar explicaciones. Pero fuentes de la Justicia aseguran que todavía no se habían notificado y que era imposible que sepan de la medida.
Las organizaciones ambientalistas, los guardaparques y algunos referentes políticos de la oposición igualmente continúan con las acciones en contra de este camino. Hoy, por ejemplo, se presentarán en Casa de Gobierno las nueve mil firmas recolectadas esta semana para rechazar el proyecto.
También se elevaría a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir cualquier uso que no sea de parte de las comunidades.
Desde el domingo hay una decena de militantes ecologistas que están acampando en las inmediaciones del Parque para oponerse al ingreso de la maquinaria. Ayer, incluso luego de que las máquinas se retiraran, integrantes del grupo “Defensores de la Selva” se quedaron en las inmediaciones para observar que no regresen.
Los guardaparques acusan al Gobierno de tener la decisión tomada desde hace tiempo, sin respetar la categoría Roja del Parque. Creen que detrás del emprendimiento está la intención de beneficiar a un proyecto turístico privado de los propietarios del lote 8. Sin embargo, desde esta empresa aclararon que no harán ningún emprendimiento hotelero ni nada parecido.
Los opositores al camino aclaran que hay otras alternativas para ingresar al Lote 8 por afuera del Parque, sin dañar la vegetación; pero la respuesta del Gobierno es que se deberían construir puentes y sería una alternativa muy costosa, de muchos millones de pesos, en un momento donde no hay recursos suficientes para obras.
Todavía queda en la Justicia un recurso de amparo que no fue resuelto. Se presentó el año pasado pero quedó en suspenso cuando el Gobernador suspendió todas las acciones hasta tanto se realice una viabilidad ambiental.
La semana pasada el Ministerio de Ecología aprobó la viabilidad ambiental y la polémica volvió a estallar. Ahora, la acción de no innovar pone todo nuevamente en suspenso y restará esperar la definición de la Justicia provincial sobre la cuestión de fondo, que seguramente llevará algunos meses o incluso años.
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Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Las máquinas viales se retiraron del lugar este miércoles por la tarde. Los militantes ecologistas hacen guardia cerca del Parque. Presentarán firmas de rechazo en Casa de Gobierno y un proyecto en la Legislatura.
La Justicia dictó la medida de no innovar y ordenó suspender la construcción del camino en el Parque Provincial Moconá, para unir la ruta 2 con el Lote 8, en la reserva.
La medida fue solicitada el martes por dirigentes que se oponen al camino por el impacto ecológico que tendría. Sin embargo, las comunidades originarias que habitan el Lote 8 le solicitaron al Gobierno que avance con la obra para tener una salida más rápida y segura hacia la ruta 2, atravesando el Parque, para transportar mercadería y para que pueda ingresar una ambulancia en casos de emergencia.
La medida de no innovar fue resuelta este miércoles por el Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, hoy a cargo de Viviana Gamberale por subrogancia legal, ya que el mismo está vacante desde que Rossana Venchiarutti se convirtió en ministra del Superior Tribunal.
Este fallo judicial confronta con el decreto del Ejecutivo, que habilitó al Ministerio de Ecología a continuar con los trámites administrativos para la obra y con la resolución de la ministra, Verónica Derna, quien aprobó la viabilidad ambiental de un camino de cuatro metros de ancho y tres kilómetros de longitud.
El camino se inició el lunes a primera hora, con la participación de integrantes de las comunidades mbya guaraní del Lote 8, quienes realizaron las ampliaciones del trillo a machete.
El miércoles por la mañana se acercaron máquinas viales al lugar, con la intención de continuar la ampliación del sendero, que está proyectado en un ancho de cuatro metros. Pero por alguna razón, pasado el mediodía las máquinas se retiraron. PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva a la medida de no innovar que se redactó en el Juzgado ayer al filo del mediodía.
Posiblemente la información se filtró hasta los operarios viales quienes abandonaron el lugar sin dar explicaciones. Pero fuentes de la Justicia aseguran que todavía no se habían notificado y que era imposible que sepan de la medida.
Las organizaciones ambientalistas, los guardaparques y algunos referentes políticos de la oposición igualmente continúan con las acciones en contra de este camino. Hoy, por ejemplo, se presentarán en Casa de Gobierno las nueve mil firmas recolectadas esta semana para rechazar el proyecto.
También se elevaría a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir cualquier uso que no sea de parte de las comunidades.
Desde el domingo hay una decena de militantes ecologistas que están acampando en las inmediaciones del Parque para oponerse al ingreso de la maquinaria. Ayer, incluso luego de que las máquinas se retiraran, integrantes del grupo “Defensores de la Selva” se quedaron en las inmediaciones para observar que no regresen.
Los guardaparques acusan al Gobierno de tener la decisión tomada desde hace tiempo, sin respetar la categoría Roja del Parque. Creen que detrás del emprendimiento está la intención de beneficiar a un proyecto turístico privado de los propietarios del lote 8. Sin embargo, desde esta empresa aclararon que no harán ningún emprendimiento hotelero ni nada parecido.
Los opositores al camino aclaran que hay otras alternativas para ingresar al Lote 8 por afuera del Parque, sin dañar la vegetación; pero la respuesta del Gobierno es que se deberían construir puentes y sería una alternativa muy costosa, de muchos millones de pesos, en un momento donde no hay recursos suficientes para obras.
Todavía queda en la Justicia un recurso de amparo que no fue resuelto. Se presentó el año pasado pero quedó en suspenso cuando el Gobernador suspendió todas las acciones hasta tanto se realice una viabilidad ambiental.
La semana pasada el Ministerio de Ecología aprobó la viabilidad ambiental y la polémica volvió a estallar. Ahora, la acción de no innovar pone todo nuevamente en suspenso y restará esperar la definición de la Justicia provincial sobre la cuestión de fondo, que seguramente llevará algunos meses o incluso años.
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Neuquén planifica remediación de zonas incendiadas
Buscan plantar árboles nativos en zonas incendiadas
Fecha de Publicación: 03/07/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Jujuy es una de las seis que forman parte de un plan piloto que tiene por objeto la restauración de áreas degradadas por incendios forestales ocurridos en 2012 y 2013, y en donde se buscará plantar unos 10.000 árboles nativos en la cuenca de Caimancito, en el departamento Ledesma.
“A raíz de esos incendios se vieron afectadas todas las especies, pero lo que más se siente son aquellas de interés maderable, como cedro, lapacho, tipa blanca, quina, palo blanco y palo amarillo, todas especies de la selva pedemontana jujeña”, dijo José Minetti, director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto.
La experiencia piloto comenzó este mes. Se conformó una mesa tripartita de gestión, integrada por el Ministerio de Ambiente provincial, la Asociación Foresto Industrial de Jujuy y la Estación Expertimental de Yuto, que es la encargada de la ejecución técnica del proyecto. El trabajo se va a desarrollar en tres fincas de productores de la cuenca de Caimancito, al este de Jujuy, y que comprende 25.000 hectáreas de bosques que fueron arrasados por el fuego en 2012 y 2013.
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Fecha de Publicación: 03/07/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Jujuy es una de las seis que forman parte de un plan piloto que tiene por objeto la restauración de áreas degradadas por incendios forestales ocurridos en 2012 y 2013, y en donde se buscará plantar unos 10.000 árboles nativos en la cuenca de Caimancito, en el departamento Ledesma.
“A raíz de esos incendios se vieron afectadas todas las especies, pero lo que más se siente son aquellas de interés maderable, como cedro, lapacho, tipa blanca, quina, palo blanco y palo amarillo, todas especies de la selva pedemontana jujeña”, dijo José Minetti, director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto.
La experiencia piloto comenzó este mes. Se conformó una mesa tripartita de gestión, integrada por el Ministerio de Ambiente provincial, la Asociación Foresto Industrial de Jujuy y la Estación Expertimental de Yuto, que es la encargada de la ejecución técnica del proyecto. El trabajo se va a desarrollar en tres fincas de productores de la cuenca de Caimancito, al este de Jujuy, y que comprende 25.000 hectáreas de bosques que fueron arrasados por el fuego en 2012 y 2013.
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Córdoba nuevamente marchó para proteger su monte
Organizaciones ambientales marcharon en defensa de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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Jujuy: presentan actualización del mapa de bosques
Ambiente expuso el proyecto para un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia presentó oportunamente a la Legislatura de Jujuy para su tratamiento, tal como prevé la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, el proyecto de Ley que tiene por finalidad la "Actualización del Ordenamiento Territorial Adaptativo de Bosques Nativos de la Provincia de Jujuy”.
Este nuevo ordenamiento busca identificar las unidades ambientales y de uso del suelo presentes en las áreas boscosas de la Provincia, la distribución geográfica y la superficie; y presenta además la propuesta de un ordenamiento territorial que considera las áreas de bosques a proteger, las áreas sometidas a manejo forestal u otros tipos de usos que mantienen la cobertura del bosque y las áreas sujetas a transformación para actividades productivas agropecuarias.
Según explicó la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, "es importante que la Legislatura valide y legitime, a través del tratamiento en la cámara, un proceso que hemos llevado adelante de acuerdo a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección y preservación de los bosques nativos y en el marco de restricciones de tiempo ya que cuando asumimos la gestión el proceso de actualización de la masa boscosa estaba por vencer y pudimos conseguir ante el Ministerio de Ambiente de Nación una prórroga para llevarlo adelante”.
La funcionaria detalló en el mismo sentido la importancia de la validación del proceso de actualización: "significa una legitimación del trabajo realizado y el corolario de procedimientos que le dan a la provincia una herramienta técnica para continuar con un proceso que además siempre está abierto, porque la actualización debe hacerse cada cinco años y la información debe ser construida de manera permanente”, aclaró.
Es importante destacar que la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos se llevó adelante desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en conjunto con la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Unidad de Bosques Nativos, y la Dirección de Bosques, todas áreas del Ministerio de Ambiente. Además de contar con la participación de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, a cuyo cargo se encuentra Natalia Sarapura.
Un proceso técnico, participativo, y enriquecedor
La provincia recupera con la nueva actualización del OTBN, un proceso continuo y progresivo de actualización, optimizando la información de base, conformando la posibilidad de diálogo y consenso a través de un espacio integrado por diferentes actores públicos y privados, incluidas las comunidades originarias y campesinas.
Por otro lado, esta actualización se asienta fundamentalmente en los Planes de Ordenamientos Prediales generados y aprobados desde 2009 en adelante, en Planes de Cambio de Uso de Suelo aprobados, y los desmontes autorizados. La revisión realizada por los equipos técnicos del ministerio ha organizado, identificado y compilado la información sobre la que se ha construido la propuesta de zonificación de los bosques nativos, tomando de base el OTBN aprobado en 2011, con la incorporación de los bosquecillos de Churquis y Queñoas de Quebrada y Puna.
En este marco, el Ministerio de Ambiente de la Provincia ajustó la cobertura digital de bosques nativos del OTBN a las superficies de bosques no considerados en 2011 y detección de cambios en la superficie de bosque nativo por cambios de uso.
Luego de los estudios de revisión técnica registrados en expedientes que se gestionan por cada uno de los planes de ordenamiento predial y de los titulares de zonas que tienen presencia de masa boscosa, se llevó adelante un trabajo participativo con diversos actores.
Los referentes de Ambiente mantuvieron reuniones con representantes del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil, de entidades ambientalistas, del sector productivo, de los pueblos indígenas. Además de talleres, encuentros, y consultas con pueblos indígenas.
Se trató en definitiva de un proceso muy rico que además permitió considerar muchos de los aportes que en realidad tienen que ver con cuestiones que requieren la modificación de la Ley Nacional y que es competencia del Congreso de la Nación. No obstante desde el Ministerio de Ambiente asumieron el compromiso de discutir, en el contexto de los diez años de la Ley de Bosque, la necesidad de incorporar la perspectiva intercultural en la ley, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que es presidido por la ministra jujeña María Inés Zigarán.
"Hemos gestionado en el marco de esa diversidad de intereses, a veces contrapuestos porque naturalmente cada sector tiene una mirada propia de la gestión de los bosques nativos, tratando de recuperar aportes de todos los actores, y fundamentalmente desde un gran trabajo técnico en función de las restricciones que impone la ley”, ponderó la ministra Zigarán.
Al mismo tiempo, luego de aclarar que el proceso concluyó con una instancia de Audiencia Pública en noviembre del año pasado, insistió diciendo que "hemos dado un salto cualitativo en el proceso que ha sido altamente participativo, verdaderamente democrático; que ha tenido una gran calidad técnica por la información que se ha recabado y sobre todo un gran esfuerzo de los equipos del ministerio de ambiente”.
Desarrollo sustentable y alternativas de complementariedad
Las áreas boscosas naturales actuales de la Provincia de Jujuy, alrededor de un millón de hectáreas, representan ecosistemas ambientales y productivamente sensibles para el mantenimiento de la biodiversidad regional, para el desarrollo sustentable del sector forestal, mantenimiento de un conjunto de servicios ambientales como también es relevante para la obtención de recursos de subsistencia de comunidades indígenas, rurales y peri-urbanas ubicadas en las poblaciones del pedemonte, chaqueñas y las áreas montañosas de la provincia.
Finalmente, la Ministra de Ambiente de Jujuy dijo que pretenden seguir trabajando en la protección y conservación de los bosques nativos, más aun en un contexto de cambio climático donde es cada vez más importante la presencia de la masa boscosa. "Pero además también entendemos que el manejo sustentable de los bosques nativos puede ser una economía complementaria para las comunidades locales, que ayude también a la mejora en la calidad de vida, al desarrollo de productos forestales o no forestales, y no madereros”, valoró.
"Nuestra mirada es de conservación y protección pero también de un desarrollo sustentable, que se tiene que hacer en el marco de lo que permite la legislación y aquellas disposiciones que garanticen la sustentabilidad del bosque en nuestra provincia”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia presentó oportunamente a la Legislatura de Jujuy para su tratamiento, tal como prevé la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, el proyecto de Ley que tiene por finalidad la "Actualización del Ordenamiento Territorial Adaptativo de Bosques Nativos de la Provincia de Jujuy”.
Este nuevo ordenamiento busca identificar las unidades ambientales y de uso del suelo presentes en las áreas boscosas de la Provincia, la distribución geográfica y la superficie; y presenta además la propuesta de un ordenamiento territorial que considera las áreas de bosques a proteger, las áreas sometidas a manejo forestal u otros tipos de usos que mantienen la cobertura del bosque y las áreas sujetas a transformación para actividades productivas agropecuarias.
Según explicó la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, "es importante que la Legislatura valide y legitime, a través del tratamiento en la cámara, un proceso que hemos llevado adelante de acuerdo a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección y preservación de los bosques nativos y en el marco de restricciones de tiempo ya que cuando asumimos la gestión el proceso de actualización de la masa boscosa estaba por vencer y pudimos conseguir ante el Ministerio de Ambiente de Nación una prórroga para llevarlo adelante”.
La funcionaria detalló en el mismo sentido la importancia de la validación del proceso de actualización: "significa una legitimación del trabajo realizado y el corolario de procedimientos que le dan a la provincia una herramienta técnica para continuar con un proceso que además siempre está abierto, porque la actualización debe hacerse cada cinco años y la información debe ser construida de manera permanente”, aclaró.
Es importante destacar que la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos se llevó adelante desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en conjunto con la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Unidad de Bosques Nativos, y la Dirección de Bosques, todas áreas del Ministerio de Ambiente. Además de contar con la participación de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, a cuyo cargo se encuentra Natalia Sarapura.
Un proceso técnico, participativo, y enriquecedor
La provincia recupera con la nueva actualización del OTBN, un proceso continuo y progresivo de actualización, optimizando la información de base, conformando la posibilidad de diálogo y consenso a través de un espacio integrado por diferentes actores públicos y privados, incluidas las comunidades originarias y campesinas.
Por otro lado, esta actualización se asienta fundamentalmente en los Planes de Ordenamientos Prediales generados y aprobados desde 2009 en adelante, en Planes de Cambio de Uso de Suelo aprobados, y los desmontes autorizados. La revisión realizada por los equipos técnicos del ministerio ha organizado, identificado y compilado la información sobre la que se ha construido la propuesta de zonificación de los bosques nativos, tomando de base el OTBN aprobado en 2011, con la incorporación de los bosquecillos de Churquis y Queñoas de Quebrada y Puna.
En este marco, el Ministerio de Ambiente de la Provincia ajustó la cobertura digital de bosques nativos del OTBN a las superficies de bosques no considerados en 2011 y detección de cambios en la superficie de bosque nativo por cambios de uso.
Luego de los estudios de revisión técnica registrados en expedientes que se gestionan por cada uno de los planes de ordenamiento predial y de los titulares de zonas que tienen presencia de masa boscosa, se llevó adelante un trabajo participativo con diversos actores.
Los referentes de Ambiente mantuvieron reuniones con representantes del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil, de entidades ambientalistas, del sector productivo, de los pueblos indígenas. Además de talleres, encuentros, y consultas con pueblos indígenas.
Se trató en definitiva de un proceso muy rico que además permitió considerar muchos de los aportes que en realidad tienen que ver con cuestiones que requieren la modificación de la Ley Nacional y que es competencia del Congreso de la Nación. No obstante desde el Ministerio de Ambiente asumieron el compromiso de discutir, en el contexto de los diez años de la Ley de Bosque, la necesidad de incorporar la perspectiva intercultural en la ley, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que es presidido por la ministra jujeña María Inés Zigarán.
"Hemos gestionado en el marco de esa diversidad de intereses, a veces contrapuestos porque naturalmente cada sector tiene una mirada propia de la gestión de los bosques nativos, tratando de recuperar aportes de todos los actores, y fundamentalmente desde un gran trabajo técnico en función de las restricciones que impone la ley”, ponderó la ministra Zigarán.
Al mismo tiempo, luego de aclarar que el proceso concluyó con una instancia de Audiencia Pública en noviembre del año pasado, insistió diciendo que "hemos dado un salto cualitativo en el proceso que ha sido altamente participativo, verdaderamente democrático; que ha tenido una gran calidad técnica por la información que se ha recabado y sobre todo un gran esfuerzo de los equipos del ministerio de ambiente”.
Desarrollo sustentable y alternativas de complementariedad
Las áreas boscosas naturales actuales de la Provincia de Jujuy, alrededor de un millón de hectáreas, representan ecosistemas ambientales y productivamente sensibles para el mantenimiento de la biodiversidad regional, para el desarrollo sustentable del sector forestal, mantenimiento de un conjunto de servicios ambientales como también es relevante para la obtención de recursos de subsistencia de comunidades indígenas, rurales y peri-urbanas ubicadas en las poblaciones del pedemonte, chaqueñas y las áreas montañosas de la provincia.
Finalmente, la Ministra de Ambiente de Jujuy dijo que pretenden seguir trabajando en la protección y conservación de los bosques nativos, más aun en un contexto de cambio climático donde es cada vez más importante la presencia de la masa boscosa. "Pero además también entendemos que el manejo sustentable de los bosques nativos puede ser una economía complementaria para las comunidades locales, que ayude también a la mejora en la calidad de vida, al desarrollo de productos forestales o no forestales, y no madereros”, valoró.
"Nuestra mirada es de conservación y protección pero también de un desarrollo sustentable, que se tiene que hacer en el marco de lo que permite la legislación y aquellas disposiciones que garanticen la sustentabilidad del bosque en nuestra provincia”, concluyó.
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Misiones aumenta la superficie protegida de bosques
El ministerio de Ecología de Misiones presentó la actualización del ordenamiento de bosques nativos año 2017
Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Con la ministra Verónica Derna a la cabeza, funcionarios del ministerio de Ecología de la provincia presentaron la actualización del ordenamiento de bosques nativos para dar cumplimiento a lo normado por el Artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, XVI N° 105 ante la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Representantes.
Juan Solari, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, explicaron que se trata de una tarea que se realiza permanentemente, contabilizando el capital natural de los bosques nativos de Misiones, de acuerdo a las tres categorías que denotan la importancia y valor ecológico, cultural y económico de los montes misioneros, que se dividen en bosques de muy alto valor de conservación (Categoría I-Rojo), Bosques de mediano valor de conservación (Categoría II Amarilllo) y Bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente (Categoría III-Verde).
Como datos destacados cabe resaltar el aumento de la superficie de bosques de alto valor de conservación, en la Categoría I Rojo, los cuales han pasado de 223.468 has.a233.083has, reflejándose un aumento del 4.30 % en esta categoría, la de mayor importancia ecológica y cultural, siendo una de las tres provincias argentinas que verifican un aumento de esta categoría.
Estos aumentos corresponden principalmente a la incorporación a esta categoría de Reservas privadas, cuyos propietarios voluntariamente accedieron a incluir el monte nativo de estas parcelas en esta categoría, dado que cumplen con los requisitos legales, como ser su categoría de manejo como área natural protegida, su vinculación con otras áreas naturales protegidas y comunidades naturales presentes en la región, su estado de conservación, su potencial para la conservación de cuencas hidrográficas, entre otros.
El Mapa actualizado del Anexo A de la Ley XVI Nº 105, con ordenamiento a escala predial de 3740 parcelas, arroja los siguientes resultados: Categoría I-Rojo233.083, Categoría II-Amarillo901.617 has., Categoría III-Verde477.858 has., observándose un tasa anual de cambio de uso de suelo de 0.36%, únicamente en categorías verde y amarilla. El promedio a nivel país se encuentra en el 1.1% anual de acuerdo a datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación correspondientes al año 2015. Los datos anteriores fueron realizados para la puesta en marcha de la Ley XVI N° 105, en el año 2010. Esta Ley en su artículo 44 expresa que la Autoridad de Aplicación debe mantener actualizada en forma permanente y periódica la cartografía, a efectos de contar con la mayor aproximación exactitud, resolución y escala adecuada de los datos del bosque nativo. Esta actualización presenta los datos correspondientes al año 2017, se presenta sobre los datos del año 2010 que eran los siguientes Categoría I, 223.468 has. , Categoría II 967.192 has., Categoría III 447.487 has.
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Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Con la ministra Verónica Derna a la cabeza, funcionarios del ministerio de Ecología de la provincia presentaron la actualización del ordenamiento de bosques nativos para dar cumplimiento a lo normado por el Artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, XVI N° 105 ante la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Representantes.
Juan Solari, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, explicaron que se trata de una tarea que se realiza permanentemente, contabilizando el capital natural de los bosques nativos de Misiones, de acuerdo a las tres categorías que denotan la importancia y valor ecológico, cultural y económico de los montes misioneros, que se dividen en bosques de muy alto valor de conservación (Categoría I-Rojo), Bosques de mediano valor de conservación (Categoría II Amarilllo) y Bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente (Categoría III-Verde).
Como datos destacados cabe resaltar el aumento de la superficie de bosques de alto valor de conservación, en la Categoría I Rojo, los cuales han pasado de 223.468 has.a233.083has, reflejándose un aumento del 4.30 % en esta categoría, la de mayor importancia ecológica y cultural, siendo una de las tres provincias argentinas que verifican un aumento de esta categoría.
Estos aumentos corresponden principalmente a la incorporación a esta categoría de Reservas privadas, cuyos propietarios voluntariamente accedieron a incluir el monte nativo de estas parcelas en esta categoría, dado que cumplen con los requisitos legales, como ser su categoría de manejo como área natural protegida, su vinculación con otras áreas naturales protegidas y comunidades naturales presentes en la región, su estado de conservación, su potencial para la conservación de cuencas hidrográficas, entre otros.
El Mapa actualizado del Anexo A de la Ley XVI Nº 105, con ordenamiento a escala predial de 3740 parcelas, arroja los siguientes resultados: Categoría I-Rojo233.083, Categoría II-Amarillo901.617 has., Categoría III-Verde477.858 has., observándose un tasa anual de cambio de uso de suelo de 0.36%, únicamente en categorías verde y amarilla. El promedio a nivel país se encuentra en el 1.1% anual de acuerdo a datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación correspondientes al año 2015. Los datos anteriores fueron realizados para la puesta en marcha de la Ley XVI N° 105, en el año 2010. Esta Ley en su artículo 44 expresa que la Autoridad de Aplicación debe mantener actualizada en forma permanente y periódica la cartografía, a efectos de contar con la mayor aproximación exactitud, resolución y escala adecuada de los datos del bosque nativo. Esta actualización presenta los datos correspondientes al año 2017, se presenta sobre los datos del año 2010 que eran los siguientes Categoría I, 223.468 has. , Categoría II 967.192 has., Categoría III 447.487 has.
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Jujuy propone la restauración de bosques
Restauración de bosques degradados de la provincia
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de los componentes del “Programa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable se propone trabajar en un Plan Provincial de Restauración Forestal de áreas degradadas y recuperación de bosques nativos, como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese sentido, la cartera de Ambiente que es la autoridad provincial de aplicación de la Ley Nacional N° 26.331, participará del programa piloto denominado “Plan de restauración de áreas degradadas por incendios forestales”, para reforestar las áreas degradadas de bosques nativos afectadas por los incendios del 2012 y 2013. La ejecución técnica del proyecto estará a cargo del grupo forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Yuto.
El Secretario de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, Antonio Alejo, explicó en líneas generales que se trata de un proyecto piloto que tiende a establecer procedimientos y técnicas para la mejora y restauración de bosques nativos.
Precisó además que “forma parte de un sistema de gestión de una cuenca forestal en la provincia, que se corresponde con una línea de proyectos prioritarios de Nación. En Jujuy sobre este componente la prioridad será la cuenca Caimancito. Para esta primera fase, se intervendrá en parcelas pilotos que fueron seleccionadas de entre las fincas de productores que participaran en el proyecto”.
Mitigación de los efectos del cambio climático
Por otro lado, el funcionario agregó que el objetivo es también desarrollar el potencial forestal de la zona de Caimancito y mejorar las condiciones de empleabilidad, la trazabilidad de la madera, etc. Y, en este sentido, es fundamental y estratégico contar con una práctica para la restauración de bosques degradados por incendios forestales, y potenciarlos.
Estas acciones de restauración pueden incrementar la capacidad forestal para la captación de carbono, que además benefician los medios de vida de comunidades dependientes del bosque, e incluso favorecerá la conservación de la biodiversidad y el control de la erosión del suelo.
El Director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto, Ing. José Miguel Minetti, explicó que Jujuy se suma a otras cinco provincias para realizar esta experiencia piloto de recuperación de bosques degradados ya sea por incendios o por sobrepastoreo, explotación forestal, etc. La finalidad es que puedan recuperar sus servicios ambientales y producción forestal.
Minetti sostuvo que este proyecto “surge del trabajo conjunto entre la provincia y el INTA, con un compromiso muy grande de ambos equipos técnicos. Se sumó además la Asociación Foresto Industrial de Jujuy (AFIJUY), ya que este espacio interinstitucional es el ámbito ideal para buscar soluciones en conjunto a determinados problemas”.
El proyecto contempla ensayos de producción de plantas nativas y el cultivo en los bosques degradados; además de realizar cerramientos para que no ingresen animales, medición de resultados para la obtención de datos de experimentación concretos que permitan desarrollar recomendaciones técnicas a otros productores.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de los componentes del “Programa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable se propone trabajar en un Plan Provincial de Restauración Forestal de áreas degradadas y recuperación de bosques nativos, como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese sentido, la cartera de Ambiente que es la autoridad provincial de aplicación de la Ley Nacional N° 26.331, participará del programa piloto denominado “Plan de restauración de áreas degradadas por incendios forestales”, para reforestar las áreas degradadas de bosques nativos afectadas por los incendios del 2012 y 2013. La ejecución técnica del proyecto estará a cargo del grupo forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Yuto.
El Secretario de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, Antonio Alejo, explicó en líneas generales que se trata de un proyecto piloto que tiende a establecer procedimientos y técnicas para la mejora y restauración de bosques nativos.
Precisó además que “forma parte de un sistema de gestión de una cuenca forestal en la provincia, que se corresponde con una línea de proyectos prioritarios de Nación. En Jujuy sobre este componente la prioridad será la cuenca Caimancito. Para esta primera fase, se intervendrá en parcelas pilotos que fueron seleccionadas de entre las fincas de productores que participaran en el proyecto”.
Mitigación de los efectos del cambio climático
Por otro lado, el funcionario agregó que el objetivo es también desarrollar el potencial forestal de la zona de Caimancito y mejorar las condiciones de empleabilidad, la trazabilidad de la madera, etc. Y, en este sentido, es fundamental y estratégico contar con una práctica para la restauración de bosques degradados por incendios forestales, y potenciarlos.
Estas acciones de restauración pueden incrementar la capacidad forestal para la captación de carbono, que además benefician los medios de vida de comunidades dependientes del bosque, e incluso favorecerá la conservación de la biodiversidad y el control de la erosión del suelo.
El Director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto, Ing. José Miguel Minetti, explicó que Jujuy se suma a otras cinco provincias para realizar esta experiencia piloto de recuperación de bosques degradados ya sea por incendios o por sobrepastoreo, explotación forestal, etc. La finalidad es que puedan recuperar sus servicios ambientales y producción forestal.
Minetti sostuvo que este proyecto “surge del trabajo conjunto entre la provincia y el INTA, con un compromiso muy grande de ambos equipos técnicos. Se sumó además la Asociación Foresto Industrial de Jujuy (AFIJUY), ya que este espacio interinstitucional es el ámbito ideal para buscar soluciones en conjunto a determinados problemas”.
El proyecto contempla ensayos de producción de plantas nativas y el cultivo en los bosques degradados; además de realizar cerramientos para que no ingresen animales, medición de resultados para la obtención de datos de experimentación concretos que permitan desarrollar recomendaciones técnicas a otros productores.
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Desafíos climáticos nacionales
Lo que falta hacer frente al cambio climático
Fecha de Publicación: 11/06/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El país tiene varios desafíos que enfrentar ante el cada vez más preocupante fenómeno del cambio climático, como resolver el problema de la contaminación de reservorios de aguas y suelos, detener la inquietante pérdida de bosques que afectan a distintas regiones y promover un manejo sustentable de los residuos.
En los últimos días, integrantes de la comunidad científica nacional alertaron sobre el impacto negativo que tienen los eventos climáticos extremos, como las intensas lluvias que cayeron en varias provincias donde se registraron desbordes de ríos y lagunas que dejaron pueblos enteros bajo el agua y que, en el caso del Chaco, obligaron a decretar la emergencia agropecuaria en diez departamentos de la zona este de la provincia. Esta semana, con motivo de conmemorarse el Día del Medioambiente, fecha establecida en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas en ocasión del inicio de la Conferencia de Estocolmo, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación elaboró un informe que resume los principales desafíos que tiene el país en la materia. En este documento se advierte que solo el 12 por ciento del agua residual es tratada antes de su vuelco a cuerpos de agua, según se desprende de un relevamiento realizado en 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias; también se observa que la mayoría de las ciudades del país no tiene monitoreos continuos de la calidad del aire, mientras que son 106 millones las hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. Con respecto a la situación de los bosques, el informe señala que el país tiene 27,2 millones de hectáreas de bosques nativos y que entre los años 1998 y 2015 se perdieron 4,1 millones de hectáreas por deforestación, lo que revela la magnitud del problema. Por otro lado, el documento hace referencia a los humedales y observa que representan el 23 por ciento del territorio argentino siendo uno de los ecosistemas más degradados y amenazados del país. En el punto referido a la Antártida, explica que es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático, y que el aumento de la temperatura en ésa región del suelo argentino fue el más pronunciado de los últimos 50 años.
La Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo, de ahí la importancia de adoptar medidas concretas y urgentes para proteger la biodiversidad. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación puso en marcha el Programa Extinción Cero, que tiene como meta conservar seis especies nativas que están en estado crítico; y también lanzó la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, para hacer un uso racional de nuestros recursos naturales. En relación al manejo de residuos, se debe tener en cuenta que en nuestro país el promedio de generación de basura per cápita es de 1,02 kg, lo que representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. Para hacer frente al desafío que significa reducir el impacto de tan importante cantidad de residuos, se presentó el Programa Basura Cero, de la cartera de Ambiente, a través del cual se propone pasar del 61 por ciento de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 por ciento en el año 2019.
Se sabe también que el avance de la frontera agrícola tuvo un fuerte impacto en el ambiente de un país como el nuestro que tiene 35 millones de hectáreas cultivadas. Por esa razón, en 2016 se otorgó financiamiento para planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas. Este año, el Día Mundial del Medioambiente no tuvo motivos para festejar, ya que unas pocas horas antes de que comenzara esa jornada -el 5 de junio- el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión de su país de retirarse del Tratado de París, emblemático acuerdo firmado en 2015 en la capital francesa para luchar contra los efectos del calentamiento global, un fenómeno cada vez más preocupante y que se manifiesta en los eventos climáticos extremos. Debe señalarse que Argentina, cuya participación en las emisiones globales de gases de invernadero es de 0,7 por ciento, con un aumento promedio anual de 0,9 por ciento, ratificó su compromiso con el Acuerdo de Paris, de manera que es de esperar que se profundicen las acciones para alcanzar los objetivos propuestos por la mayoría de las naciones en la cumbre del clima que se celebrara en la capital francesa.
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Fecha de Publicación: 11/06/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El país tiene varios desafíos que enfrentar ante el cada vez más preocupante fenómeno del cambio climático, como resolver el problema de la contaminación de reservorios de aguas y suelos, detener la inquietante pérdida de bosques que afectan a distintas regiones y promover un manejo sustentable de los residuos.
En los últimos días, integrantes de la comunidad científica nacional alertaron sobre el impacto negativo que tienen los eventos climáticos extremos, como las intensas lluvias que cayeron en varias provincias donde se registraron desbordes de ríos y lagunas que dejaron pueblos enteros bajo el agua y que, en el caso del Chaco, obligaron a decretar la emergencia agropecuaria en diez departamentos de la zona este de la provincia. Esta semana, con motivo de conmemorarse el Día del Medioambiente, fecha establecida en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas en ocasión del inicio de la Conferencia de Estocolmo, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación elaboró un informe que resume los principales desafíos que tiene el país en la materia. En este documento se advierte que solo el 12 por ciento del agua residual es tratada antes de su vuelco a cuerpos de agua, según se desprende de un relevamiento realizado en 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias; también se observa que la mayoría de las ciudades del país no tiene monitoreos continuos de la calidad del aire, mientras que son 106 millones las hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. Con respecto a la situación de los bosques, el informe señala que el país tiene 27,2 millones de hectáreas de bosques nativos y que entre los años 1998 y 2015 se perdieron 4,1 millones de hectáreas por deforestación, lo que revela la magnitud del problema. Por otro lado, el documento hace referencia a los humedales y observa que representan el 23 por ciento del territorio argentino siendo uno de los ecosistemas más degradados y amenazados del país. En el punto referido a la Antártida, explica que es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático, y que el aumento de la temperatura en ésa región del suelo argentino fue el más pronunciado de los últimos 50 años.
La Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo, de ahí la importancia de adoptar medidas concretas y urgentes para proteger la biodiversidad. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación puso en marcha el Programa Extinción Cero, que tiene como meta conservar seis especies nativas que están en estado crítico; y también lanzó la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, para hacer un uso racional de nuestros recursos naturales. En relación al manejo de residuos, se debe tener en cuenta que en nuestro país el promedio de generación de basura per cápita es de 1,02 kg, lo que representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. Para hacer frente al desafío que significa reducir el impacto de tan importante cantidad de residuos, se presentó el Programa Basura Cero, de la cartera de Ambiente, a través del cual se propone pasar del 61 por ciento de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 por ciento en el año 2019.
Se sabe también que el avance de la frontera agrícola tuvo un fuerte impacto en el ambiente de un país como el nuestro que tiene 35 millones de hectáreas cultivadas. Por esa razón, en 2016 se otorgó financiamiento para planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas. Este año, el Día Mundial del Medioambiente no tuvo motivos para festejar, ya que unas pocas horas antes de que comenzara esa jornada -el 5 de junio- el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión de su país de retirarse del Tratado de París, emblemático acuerdo firmado en 2015 en la capital francesa para luchar contra los efectos del calentamiento global, un fenómeno cada vez más preocupante y que se manifiesta en los eventos climáticos extremos. Debe señalarse que Argentina, cuya participación en las emisiones globales de gases de invernadero es de 0,7 por ciento, con un aumento promedio anual de 0,9 por ciento, ratificó su compromiso con el Acuerdo de Paris, de manera que es de esperar que se profundicen las acciones para alcanzar los objetivos propuestos por la mayoría de las naciones en la cumbre del clima que se celebrara en la capital francesa.
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bosques nativos,
cambio climático,
Desmontes,
ecosistemas,
Nacional,
política ambiental
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Córdoba: científicos rechazan herramienta de bosques
Bosques: investigadores cuestionan el método propuesto para cambiar el mapa
Fecha de Publicación: 30/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia presentó en la UNC la metodología para actualizar el anexo de la ley de bosques que debe ser modificado. Algunos docentes aseguran que hay muchas dudas y que no tiene sustento científico.
Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba criticaron la herramienta que la Provincia quiere utilizar para crear el nuevo mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo.
La presentación de la herramienta estuvo a cargo de Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia el miércoles pasado. Los investigadores salieron con más dudas que certezas de la reunión.
La Provincia realizó presentaciones similares en las otras universidades nacionales de la provincia. “Están buscando que las universidades validen la posibilidad de sacar una ley en el corto plazo”, comentó Marcelo Cabido, docente e investigador de Conicet, experto en el tema.
La herramienta cuenta con 13 capas de diferentes variables georreferenciadas como la cobertura vegetal, la pendiente del suelo, recursos hídricos, fauna, capacidad de uso de los suelos y otras.
El objetivo es ponderar cada capa para determinar qué nivel de protección le corresponde a cada sector de bosque nativo. Cabido indicó que la metodología se trata de una “entelequia”. “Es una creación intelectual irreal sin sustento científico”, indicó.
Por su parte, Fernando Barri, docente de la UNC e investigador de Conicet, cuestionó que entre las capas no figurara ninguna con la superficie desmontada desde 2007 a la fecha. “Sin esa capa, la superficie desmontada ilegalmente pasaría a ser blanca en el nuevo mapa, con lo cual no tendría ninguna protección”, indicó Barri.
Según Cabido, crear esa capa sería sencillo de elaborar, al contrario de lo que aseguraron desde la Provincia. Según Barri, en la reunión Britch reconoció que no quieren sumar las capas que les indicó la Dirección de Bosques de Nación, entre ellas la de desmontes, porque se les complicaría la metodología.
Los investigadores preguntaron qué pasaría si el mapa resultante de esta herramienta tuviera menos hectáreas protegidas que el vigente y, por lo tanto, se violara el principio de no regresividad que prevé el cuerpo normativo. Aseguran que no hubo respuesta concreta desde la provincia.
En la reunión estaban presentes Hugo Juri, rector de la UNC, y los decanos de las facultades de Ciencias Exactas, Pablo Recabarren, y Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero. También asistieron varios legisladores y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina Hafford.
En el final, Juri indicó que la UNC elaboraría un documento “oficial”, donde se sumarán todas las voces de la Casa de Trejo que quieran opinar sobre el tema.
Un largo debate
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba ese plazo venció en 2015.
Durante 2016 la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo del norte cordobés.
Ahora, la Provincia entregó la herramienta técnica al Poder Legislativo para que elabore el mapa correspondiente. Tras varios intentos fallidos para sancionar la nueva ley y el mapa, debido a la presión ciudadana, intervino la Nación, quien le pidió a Córdoba que realice un proceso participativo para discutir la modificación del mapa, como prevé la norma nacional.
Entre las medidas, la Provincia y la Legislatura dispusieron realizar reuniones en las universidades de la provincia. También se prevén asambleas regionales.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos más precisos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir en su mapa unas dos millones de hectáreas.
La imparable sangría del monte cordobés
Antes de 2004. Sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental informó datos parciales.
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Fecha de Publicación: 30/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia presentó en la UNC la metodología para actualizar el anexo de la ley de bosques que debe ser modificado. Algunos docentes aseguran que hay muchas dudas y que no tiene sustento científico.
Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba criticaron la herramienta que la Provincia quiere utilizar para crear el nuevo mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo.
La presentación de la herramienta estuvo a cargo de Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia el miércoles pasado. Los investigadores salieron con más dudas que certezas de la reunión.
La Provincia realizó presentaciones similares en las otras universidades nacionales de la provincia. “Están buscando que las universidades validen la posibilidad de sacar una ley en el corto plazo”, comentó Marcelo Cabido, docente e investigador de Conicet, experto en el tema.
La herramienta cuenta con 13 capas de diferentes variables georreferenciadas como la cobertura vegetal, la pendiente del suelo, recursos hídricos, fauna, capacidad de uso de los suelos y otras.
El objetivo es ponderar cada capa para determinar qué nivel de protección le corresponde a cada sector de bosque nativo. Cabido indicó que la metodología se trata de una “entelequia”. “Es una creación intelectual irreal sin sustento científico”, indicó.
Por su parte, Fernando Barri, docente de la UNC e investigador de Conicet, cuestionó que entre las capas no figurara ninguna con la superficie desmontada desde 2007 a la fecha. “Sin esa capa, la superficie desmontada ilegalmente pasaría a ser blanca en el nuevo mapa, con lo cual no tendría ninguna protección”, indicó Barri.
Según Cabido, crear esa capa sería sencillo de elaborar, al contrario de lo que aseguraron desde la Provincia. Según Barri, en la reunión Britch reconoció que no quieren sumar las capas que les indicó la Dirección de Bosques de Nación, entre ellas la de desmontes, porque se les complicaría la metodología.
Los investigadores preguntaron qué pasaría si el mapa resultante de esta herramienta tuviera menos hectáreas protegidas que el vigente y, por lo tanto, se violara el principio de no regresividad que prevé el cuerpo normativo. Aseguran que no hubo respuesta concreta desde la provincia.
En la reunión estaban presentes Hugo Juri, rector de la UNC, y los decanos de las facultades de Ciencias Exactas, Pablo Recabarren, y Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero. También asistieron varios legisladores y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina Hafford.
En el final, Juri indicó que la UNC elaboraría un documento “oficial”, donde se sumarán todas las voces de la Casa de Trejo que quieran opinar sobre el tema.
Un largo debate
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba ese plazo venció en 2015.
Durante 2016 la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo del norte cordobés.
Ahora, la Provincia entregó la herramienta técnica al Poder Legislativo para que elabore el mapa correspondiente. Tras varios intentos fallidos para sancionar la nueva ley y el mapa, debido a la presión ciudadana, intervino la Nación, quien le pidió a Córdoba que realice un proceso participativo para discutir la modificación del mapa, como prevé la norma nacional.
Entre las medidas, la Provincia y la Legislatura dispusieron realizar reuniones en las universidades de la provincia. También se prevén asambleas regionales.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos más precisos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir en su mapa unas dos millones de hectáreas.
La imparable sangría del monte cordobés
Antes de 2004. Sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental informó datos parciales.
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Jujuy afirma que controla la Ley de Bosques
Ley de Bosques: Realizan inspecciones forestales y controles madereros
Fecha de Publicación: 17/05/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de Jujuy, se realizan permanentes inspecciones forestales y controles madereros en rutas y campos de la provincia, en el marco de las supervisiones para verificar el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Predial previstos por la Ley de Bosques (N° 26.331), entre otros propósitos.
En este sentido, se sabe que el propietario de una finca que posee bosques nativos, para la presentación de un Plan de Conservación, de Cambio de Uso del Suelo, de Aprovechamiento forestal, o de formulación, por ejemplo, previamente debe tener un Plan de Ordenamiento Predial (POP), aprobado por el Comité Evaluador de Bosques de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Ambiente.
El POP presentado por el productor se debe adecuar a la zoonificación establecida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el cual define zonas aptas o no aptas para determinadas actividades, lo que se delimitan a través de tres categorías establecidas: roja, que corresponde a zonas protegidas que no se pueden intervenir; amarilla, para las áreas de manejo forestal sustentable; y verde donde se pueden hacer cambios de uso del suelo si se cumple con determinados requisitos. También están las áreas que ya habían sido transformadas previamente.
Por otro lado, para la aprobación del POP, desde el comité se evalúa pendientes del lugar, cursos de agua, cuestiones geográficas y topográficas, y la adecuación a lo que establece la ley 26.331 de Conservación de Bosques Nativos. Luego se realizan inspecciones en campo, con el fin de corroborar la información presentada por el productor.
Con posterioridad se vuelven a hacer inspecciones para corroborar que los trabajos propuestos se estén realizando como corresponde; y una vez que terminan los trabajos, para inspeccionar que se haya hecho lo aprobado.
En la actualidad, técnicos del ministerio liderado por María Inés Zigarán, se encuentran realizando controles constantemente en firma conjunta con los equipos de la dirección de bosques nativos, para certificar tareas a quienes se les hizo entrega de fondos de conservación; y cotejar además la información digital presentada. Al mismo tiempo se realizan controles en ruta, se inspeccionan las guías de los transportistas de productos forestales madereros, se fiscaliza aserraderos, entre otras acciones simultáneas.
El Ing. Juan Carlos Figueroa, del Comité Evaluador de Bosques de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, relató que los resultados de las inspecciones son muy satisfactorios. "Esta semana se realizó un censo forestal –aclaró-, donde vemos por ejemplo que se respeten los diámetros mínimos de corta de las especies maderables que se van a sacar, qué especies y la cantidad que se va a extraer, datos con los que luego se hace una evaluación en gabinete, donde se ve a qué cuartel pertenece, para darles los cupos de habilitación y así realizar una resolución para el otorgamiento de guías al productor”.
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Fecha de Publicación: 17/05/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de Jujuy, se realizan permanentes inspecciones forestales y controles madereros en rutas y campos de la provincia, en el marco de las supervisiones para verificar el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Predial previstos por la Ley de Bosques (N° 26.331), entre otros propósitos.
En este sentido, se sabe que el propietario de una finca que posee bosques nativos, para la presentación de un Plan de Conservación, de Cambio de Uso del Suelo, de Aprovechamiento forestal, o de formulación, por ejemplo, previamente debe tener un Plan de Ordenamiento Predial (POP), aprobado por el Comité Evaluador de Bosques de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Ambiente.
El POP presentado por el productor se debe adecuar a la zoonificación establecida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el cual define zonas aptas o no aptas para determinadas actividades, lo que se delimitan a través de tres categorías establecidas: roja, que corresponde a zonas protegidas que no se pueden intervenir; amarilla, para las áreas de manejo forestal sustentable; y verde donde se pueden hacer cambios de uso del suelo si se cumple con determinados requisitos. También están las áreas que ya habían sido transformadas previamente.
Por otro lado, para la aprobación del POP, desde el comité se evalúa pendientes del lugar, cursos de agua, cuestiones geográficas y topográficas, y la adecuación a lo que establece la ley 26.331 de Conservación de Bosques Nativos. Luego se realizan inspecciones en campo, con el fin de corroborar la información presentada por el productor.
Con posterioridad se vuelven a hacer inspecciones para corroborar que los trabajos propuestos se estén realizando como corresponde; y una vez que terminan los trabajos, para inspeccionar que se haya hecho lo aprobado.
En la actualidad, técnicos del ministerio liderado por María Inés Zigarán, se encuentran realizando controles constantemente en firma conjunta con los equipos de la dirección de bosques nativos, para certificar tareas a quienes se les hizo entrega de fondos de conservación; y cotejar además la información digital presentada. Al mismo tiempo se realizan controles en ruta, se inspeccionan las guías de los transportistas de productos forestales madereros, se fiscaliza aserraderos, entre otras acciones simultáneas.
El Ing. Juan Carlos Figueroa, del Comité Evaluador de Bosques de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, relató que los resultados de las inspecciones son muy satisfactorios. "Esta semana se realizó un censo forestal –aclaró-, donde vemos por ejemplo que se respeten los diámetros mínimos de corta de las especies maderables que se van a sacar, qué especies y la cantidad que se va a extraer, datos con los que luego se hace una evaluación en gabinete, donde se ve a qué cuartel pertenece, para darles los cupos de habilitación y así realizar una resolución para el otorgamiento de guías al productor”.
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Ocho medidas para prevenir las inundaciones
Inundaciones: las ocho medidas para prevenirlas a largo plazo
Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".
De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.
Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".
Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.
Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".
Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".
Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".
Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".
Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.
Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".
De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.
Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".
Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.
Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".
Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".
Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".
Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".
Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.
Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor
Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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