Atanor deberá pagar una millonaria indemnización al Estado argentino por contaminar el río Paraná

Fecha de Publicación: 15/05/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires


La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás impuso a la empresa productora de herbicidas Atanor SCA el pago de 150 millones de pesos de indemnización al Estado Argentino por contaminar de manera "irreversible" el río Paraná.
El monto será destinado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para que lo invierta en programas de control, protección y conservación del ecosistema dañado, indicó el dictamen judicial.
El fallo se conoció, luego de que la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás, aceptara el pedido de indemnización sustitutiva solicitada en una demanda ambiental interpuesta por la Asociación Civil Foro Medio Ambiente (Fomea).
"Se trata del primer fallo de la historia que impone una condena de indemnización sustitutiva de estas características por el daño causado al río Paraná", afirmó a Télam, el abogado patrocinante, Fabian Maggi.
Para fijar el monto de la indemnización que la empresa deberá pagar, la Cámara ponderó en su fallo que fue probado que el daño al río Paraná es "irreparable o irreversible".
A su vez, precisó que la empresa mantuvo un accionar ilegal de manera sostenida durante varios años, "pese a las medidas cautelares que se dictaron, a los apercibimientos de aplicar sanciones pecuniarias para disuadirla y para evitar el agravamiento en el recurso natural del Río Paraná que baña las costas de importantes zonas urbanas, exhibiendo un obrar negligente por parte de una empresa".
En ese sentido, Maggi apuntó: "La conducta negativa de la empresa que lejos de buscar solucionar el problema, siempre presentó trabas dentro del expediente con falsedades y datos erróneos", y consideró que "en definitiva, siempre trató de ocultar la contaminación que ellos sabían que generaban".
Durante los ocho años que tramitó la causa judicial, los numerosos análisis realizados por el Conicet, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Policía Federal Argentina, determinaron que Atanor funcionaba en un marco de "ilegalidad", y que la contaminación del río Paraná se produjo a través del vuelco de los efluentes líquidos industriales.
La prueba recabada demostró la presencia de la sustancia química Atrazina "en valores superiores a los permitidos para protección de la biota acuática en aguas superficiales del río Paraná".
La pericia llegó a la conclusión de que la planta de agroquímicos volcó "desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río y afectan la biota acuática", todo ello considerando los Niveles Guías de Calidad de Agua de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina (2003) que establece el nivel guía de calidad para Atrazina en cursos de aguas superficiales.
"La reciente sentencia de la Cámara va a traer repercusiones a nivel productivo en muchas industrias que están ubicadas sobre el río Paraná y que sabemos que contaminan -muchas de ellas ya están judicializadas- de igual manera que Atanor o incluso con mayor gravedad", apuntó Maggi.
Para el abogado de Fomea, la importancia de la sentencia judicial, "permitirá trabajar con mayor potencia en la protección del medioambiente y el cuidado de los recursos naturales".
"Se sienta un precedente judicial, pero que también extiende su influencia a otros campos, porque presuponemos que muchas de las empresas importantes sobre las que pesan denuncias por contaminación, tendrán que reevaluar su situación ante la consolidación de este tipo de penalidades", indicó.
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Pocos avances a siete años de la Ley de Envases Vacíos de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 12/05/2023
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


Los referentes del tema resaltaron la importancia de no volver atrás, sin embargo hay provincias que todavía no se adhirieron a la ley. En 2022 se rescataron casi 4 mil toneladas de bidones de los campos del país.
Allá por 2016 se reglamentó la Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, dado su nombre, que establece un orden respecto de los residuos de los envases de productos fitosanitarios, principalmente usados en la agroindustria de nuestro país.
Dicha ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada, quedando comprendidos en los alcances de la presente ley todos los envases vacíos de fitosanitarios utilizados en el territorio nacional, los que deberán ingresar a un Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios de acuerdo a los lineamientos establecidos en el articulado siguiente.
Entre otras cosas, la ley tiene como objetivo garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no afecte a la salud de las personas ni al ambiente y asegurar que el material recuperado de los envases que hayan contenido fitosanitarios no sea empleado en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos negativos sobre el ambiente.
A poco de cumplirse 7 años desde su reglamentación, la Asociación Civil Campo Limpio, junto a la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) realizó un cónclave donde participaron diversos integrantes de la cadena productiva argentina para evaluar la implementación de dicha ley y los pasos a seguir.
Durante el mismo, disertaron el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky; el presidente del INTA, Mariano Garmendia, el presidente de AIDIS Argentina, Christian Taylor, y el director ejecutivo de Campo Limpio, Ignacio Stegmann. También estuvieron presentes del debate la senadora nacional Gladys González, la jefa de gabinete de la Secretaría de Control Ambiental de la Nación, Candela Nassi; y el diputado Nacional Jorge Vara.
En este contexto, Sergio Federovisky remarcó que la Ley establece una necesidad ambiental inocultable, pero adolece de algunos aspectos: “Cómo hacemos para lograr la responsabilidad extendida del productor, y que todos los envases sean tratados como corresponde. Veníamos de la nada y hoy levantamos toneladas de plástico junto a Campo Limpio. Es responsabilidad de todos no volver atrás”, subrayó.
El titular del INTA, Mariano Garmendia habló de la necesidad de trabajar de manera integral. Sobre eso declaró: “Necesitamos un sistema de trazabilidad para los productores. Es responsabilidad de todos que se cumpla la Ley y que el plástico no quede en el juguete de un chico”.
El presidente de AIDIS, Christian Taylor comentó: “Tenemos el desafío de reducir los residuos. Hay que pensar en reciclar, en reutilizar y en descarbonizar para pensar en la sostenibilidad futura”.
Por su parte, Ignacio Stegmann, director Ejecutivo de Campo Limpio contó que hoy cuentan con más de 60 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) de envases vacíos de fitosanitarios en todo el país. “Los productores tienen que dejarnos los envases triple lavados así nos aseguramos de que no contaminen. Ya recuperamos más de un millón de kilos de envases vacíos de fitosanitarios en lo que va del año, y cada año esperamos recuperar más, con trabajo articulado y en cumplimiento de la Ley” explicó.
Hasta el momento, 111 empresas del sector ya están adheridas al Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios de Campo Limpio, que representan más del 90% de los envases que se utilizan en el campo.

Casi 4 mil toneladas en 2022
Casi 4 mil toneladas de envases plásticos de agroquímicos fueron recolectados en todo el país durante el año 2022 por el Programa de Gestión Ambiental Campo Limpio, cuyo material reciclado -luego- es utilizado por la industria plástica para fabricar distintos insumos-.
Campo Limpio es un Programa de Gestión Ambiental de envases vacíos de fitosanitarios, que se implementa a partir de la Ley 27.279, sancionada en 2016 y reglamentada en 2018.
La organización nace del trabajo conjunto de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el Ministerio de Agricultura de Nación, la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (que fiscalizan el sistema) y las provincias.
“Con la recuperación de los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino promovemos la sustentabilidad y el cuidado del ambiente”, comentó a la agencia Télam el gerente de Relaciones Institucionales de Campo Limpio, Juan Manuel Medina.
“Nos faltan que nos aprueben dos provincias significativas en términos agropecuarios como Santa Fe y Santiago del Estero. Hoy tenemos además 70 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) de envases en todo el país”, precisó.
Luego reveló que desde su creación en 2019, hasta diciembre del año pasado “se recuperaron más de 7,1 millones de kilos de envases vacíos de agroquímicos”.
Explicó que los bidones vacíos de fitosanitarios, terminan “en los usos habilitados por la Ley Nacional Nro. 27279, es decir, en varillas, postes, tejas para techos, cañería para electrificación, tritubos para fibra óptica y video”.
“Actualmente estamos en 18 provincias, faltan que nos aprueben el plan dos provincias significativas en términos agropecuarias como Santa Fe y Santiago del Estero. También Chubut, Tierra del Fuego y CABA”.
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Detectaron 18 agroquímicos en aguas de escuelas rurales de Piñero y Villa Amelia

Fecha de Publicación: 01/05/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El estudio incluye muestras obtenidas en las escuelas Nº 1135 "Estanislao López" de La Carolina, Nº 126 "Miguel de Azcuénaga" del paraje El Carmelo y del barrio Los Pinos de Álvarez
Un estudio realizado sobre muestras de agua extraídas de tres localidades del departamento Rosario se dio a conocer a la sociedad durante un encuentro realizado en el Centro de Salud Los Pinos, en el kilómetro 10,5 de la ruta provincial 18 en Villa Amelia. Los resultados correspondientes a los análisis de agua de napa que se llevaron adelante en el laboratorio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agroindustrial (Inta) Balcarce, determinaron la existencia de 18 agroquímicos, de los 50 que se buscaron en las muestras.
La investigación, impulsada por la agrupación de vecinos autoconvocados “Asamblea la 18”, se centró en analizar el agua de la Escuela N° 1135 “Estanislao López” de Estación La Carolina, en Piñero; de la Escuela 126 “Miguel de Azcuénaga” del Paraje El Caramelo en Villa Amelia, otra muestra de este mismo sitio geográfico y la restante de barrio Los Pinos, en Álvarez. En estas muestras se analizaron 50 moléculas de plaguicidas de uso actual y algunos de sus metabolitos, de las cuales se encontraron 18, algunas de ellas prohibidas en la actualidad.
El informe del laboratorio detalló el hallazgo de moléculas de Imidacloprid, Imazapir, Atz-OH, Imazetapir, Atz-desetil, Diclosulman, Carbofurman, Metalaxil, Atrazina, Halauxifen-M, Metolaclor, Tebuconazol, Pirimifos-M, Piperonil butóxido, Dicamba, Fipronil, 2,4DB y 2,4D.
La presentación fue realizada por representantes de la organización de vecinos acompañados por la coordinadora del Taller Ecologista Rosario, Cecilia Bianco, la abogada ambientalista de Pergamino, Sabrina Ortiz y la médica de atención primaria de la salud en territorio fumigado, Antonella Reinhartt.

Aguas contaminadas
Como conclusión de la jornada, se pudo poner de manifiesto la preocupación por tener aguas contaminadas con distintas moléculas de plaguicidas, agua que muchas familias la usan para su consumo y que el total la utilizan en sus vidas y quehaceres diarios. “Sabemos que al momento de utilizar el agua no separamos las moléculas que diariamente se van acumulando en nuestros cuerpos, por tal motivo se consumen litros y litros de agua contaminada con agrotóxicos”, explicaron y destacaron que “una vez más queda expuesta la necesidad de llevar a cabo políticas que pongan en primer plano la salud de las personas y del ambiente”.
Desde hace cinco años esta asamblea, no solo realizó denuncias sobre fumigaciones por fuera de la ley, también vienen presentando distintas propuestas para que las comunas modifiquen las ordenanzas que regulan las aspersiones de químicos agrarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de las distintas comunidades.
“También seguimos exigiendo, junto a otras organizaciones ambientalistas y sociales, la actualización de la ley 11273, modificación que permita alejar la línea agronómica generando otras formas de producción que estén lejos de utilizar venenos”, señalaron y añadieron que “distintos trabajos científicos revelan que estamos enfermando y muriendo y estos análisis son una prueba más de lo que venimos remarcando”.

Brillaron por su ausencia
El integrante de la Asamblea la 18, Gustavo Ludueña, manifestó a La Capital que “el grupo de vecinos lamenta profundamente la ausencia de la mayoría de las autoridades comunales involucradas. El único presente fue el presidente comunal y parte de la comisión comunal de Villa Amelia, quienes aseguraron que tomarán el compromiso de abordar la problemática”.
“También lamentamos profundamente la ausencia total de la Legislatura provincial, en donde cada bloque la de Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, como así también el Senado provincial, fueron invitados para ser parte de esta realidad”, reforzó Ludueña y adelantó que “seguiremos insistiendo para que haya una ley que cuide la salud de los territorios, para que las comunas mejoren las ordenanzas vigentes y para que la población tome conciencia de la situación”.

En todas partes
“Están en el aire, en el suelo, en los alimentos y también en el agua. Cómo no van a llegar a nuestros cuerpos”, sostuvo Ludueña y consideró que “esta situación no se soluciona con un bidón de agua mineral, con una nueva perforación o con traer agua de otras comunidades. Es necesario aplicar políticas públicas que permitan alejar los venenos de las comunidades para la protección de toda la población”.
Lo anecdótico es que tanto la iniciativa como el costo de traslado de las muestras surgió tras la decisión y el esfuerzo de los vecinos y ese proceso llevó a conocer una realidad que apuntala el resultado de otros estudios académicos que demostraron que los contaminantes agrarios están presentes en el suelo, el aire y en el agua. “Por eso es importante que de una buena vez por todas se entienda que la situación es delicada, tenemos que pensar en correr la línea agronómica y en otro modelo de producción, al menos para los periurbanos", dijo Ludueña.

Al límite de la vida
Ludueña precisó que otro dato que están trabajando y que sorprende a los vecinos es la cantidad de personas con enfermedades crónicas. “Es muy doloroso porque cuando observamos las poblaciones de la zona notamos que en ellas hay muchos casos de cáncer, incluso numerosas personas al límite de la vida. Y eso hace pensar en que es muy triste que en materia de salud no haya informes ni estadísticas de lo que está ocurriendo. El estado es el gran ausente en esta problemática”.
“Ahora vamos a llevarle un informe a las comunas involucradas y también a la Legislatura y luego veremos cómo actúan. Pero creemos que es urgente que tomen el tema ya que acá nos alarman los índices de las poblaciones que estudiamos, pero seguramente es un problema que se replica en las 365 poblaciones de la provincia”, reforzó Ludueña.

Doblemente doloroso
El vecino dijo que este modo de producción tiene impactos altamente negativos en numerosos aspectos. “Pero también hay un alto costo social. Las personas que comenzamos a exponer y denunciar estos temas a los cuatro vientos seguramente tomamos la bandera a partir de una cuestión de salud muy dolorosa propia, de un familiar, amigo o vecino. Pero además del flagelo debe afrontar que el modelo se sostenga desde las políticas públicas”, concluyó.
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Un secreto a voces: alto riesgo por el mal uso de agroquímicos en Mendoza

Fecha de Publicación: 19/04/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Una investigación realizada en el Cinturón Verde de la provincia dejó entrever la necesidad de incrementar los controles y el conocimiento sobre el tema en el interior de las fincas. Las pruebas del impacto en la salud y los riesgos a largo plazo. El proyecto que debe ser revisado en la Legislatura.
En su testimonio, la mujer hecha luz sobre un “secreto a voces” del que se habla con cautela pero que a la vez genera preocupación. Cuenta que su esposo, quien había llegado desde Bolivia a Mendoza en la adolescencia para trabajar en la chacra, murió como consecuencia de un cáncer fulminante, que en la voz del médico tratante, pudo haber sido causado por los agroquímicos que manipulaba sin la protección adecuada. “Le hacían mal los herbicidas, los venenos. Se enfermaba, se intoxicaba. Él no tomaba, no fumaba. Pero bajaba de peso. Comía bien, saludable”, expresa textual el relato que se destaca como una de las pruebas que forma parte de un informe casi único en su tipo y que fue presentado por un equipo de investigación del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de las UNCuyo.
Fue entre 2019 y 2021, cuando el equipo coordinado por la docente, investigadora y doctora en Geografía especializada en Geografía de la Salud y Epidemiología, Ana Carolina Beceyro, efectuó el trabajo de campo en la zona conocida como el Cinturón Verde de Mendoza. Se trata nada menos, que uno de los espacios de producción de frutas y verduras en los cuales se cultivan y cosechan los productos de chacra que llegan a las ferias y luego a las verdulerías.
El objetivo de esa investigación consistió en obtener información concreta relacionada a la problemática muchas veces invisibilizada desde el punto de vista técnico y también social: el manejo de agroquímicos en las zonas destinadas a cultivos necesita de una revisión que sea complementada, en un principio, por un cambio urgente en las reglamentaciones vigentes relativas a la cadena de comercialización, distribución y aplicación de compuestos que si son mal utilizados representan un grave riesgo para la salud pública. "Veníamos desde hace tiempo con esta duda. En el mapa de Argentina están especificados sitios, como la zona sojera donde el uso de agroquímicos está más visibilizado, pero no contábamos con material disponible en la zona oeste del país. El planteo estuvo diseñado para ir directamente a la fuente, hablar con la gente y conocer de cerca la situación", indicó a MDZ Beceyro.

El riesgo latente e "invisible"
En este sentido, la investigación del grupo mendocino arrojó luz sobre esta controvertida temática. Implicó la puesta en marcha de un complejo trabajo de campo que en un principio incluyó a la zona de Kilómetro 8, Los Corralitos, La Primavera (Guaymallén) y que luego se extendió a los distritos Las Violetas, Pedregal, Colonia Bombal, Rodeo del Medio, Los Álamos y Fray Luis Beltrán (Maipú) y Chapanay (San Martín) en el marco de los momentos más complejos de la pandemia de covid. Incluyó la realización de entrevistas personalizadas a las familias agricultoras y también se efectuaron recorridos de observación y encuestas a pequeños productores que permitieron obtener información testimonial de primera mano: el 98% dijo utilizar agroquímicos peligrosos.
La realidad muestra que desde distintos frentes, la preocupación sobre la temática es compartida. Pediatras, especialistas en toxicología e incluso el propio Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) han insistido en la necesidad de actualizar el sistema de control relacionado al tema y de hecho en la Legislatura Provincial aún descansa un proyecto que aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados para regular con mayor rigurosidad la comercialización, uso y aplicación de pesticidas, fertilizantes y fungicidas con efectos tóxicos agudos y crónicos en la salud de la población. A nivel mundial los estudios realizados sobre los compuestos dan cuenta del riesgo potencial de desarrollar enfermedades que van desde alergias o complicaciones  sobre del sistema endócrino, hasta leucemias, malformaciones o patologías neurológicas -tales como el Parkinson- solo por mencionar algunas.
Pero además, se advirtió gracias a este trabajo, que la población expuesta a los agroquímicos no solo se limita a los agricultores, sino que también involucra a quienes manipulan los productos, tales como el productor propio rural y su familia, el fumigador, los comerciantes, los exportadores y quienes consumen los alimentos fumigados, es decir, la población en general. "Dependiendo del nivel de peligrosidad del producto aplicado, de las dosis, tipo de producto, del grado y tiempo de exposición, del uso o no de elementos de protección personal, los riesgos pueden variar", se desprende del informe mendocino.

La "plaga que no muere" y el desconocimiento
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y como así también el Iscamen son los órganos a cargo de controlar y efectuar los seguimientos correspondientes relacionados a la distribución, venta y aplicación de los productos de origen artificial que se utilizan en el campo. Desde el Iscamen aseguran que los estudios en los cultivos como así también en los ambientes en los que se usan agroquímicos arrojan resultados alentadores en lo referido a la trazabilidad de los alimentos. Sin embargo, las nuevas tendencias en lo que a seguridad alimentaria se refiere dan cuenta de la necesidad de profundizar los mecanismos que tienen que ver con el manejo de esos productos en las propias fincas de manera que se respeten a raja tabla aspectos clave.
Uno de ellos es el referido al período de carencia (tiempo que debe transcurrir para desde que un pesticida o plaguicida es aplicado en la planta para que esta logre eliminar los vestigios de producto antes de ser consumida. Otro punto fundamental es el relativo a la cantidad y clase de agroquímico a utilizar de acuerdo a las necesidades del cultivo, su época de crecimiento, el tipo de plaga (en el caso de querer minimizar el impacto de alguna de ellas) y aspectos ambientales, tales como la temperatura y humedad del ambiente como así también la intensidad del viento que sopla en el instante de aplicar estos productos. Sobre ello, el informe liderado por Beceyro da cuenta de una realidad, cuando menos preocupante. Es que en las encuestas efectuadas por el equipo de investigación, también se desprendió que algunos productores mencionaron que "ahora utilizan mayor cantidad de agroquímicos que antes, en tanto que siete de cada diez reconoció mezclar productos para ahorrar tiempo o para agilizar la siembra.
Entre los argumentos usados por los propios encuestados surgió, por ejemplo, que estos recursos se aplican en la chacra "porque la plaga no muere" o "para curar las hojas cuando hay más bichos". En tanto que el 89,8 % dijo utilizar la cantidad de producto indicada en  de  indicada en los los marbetes de seguridad para evitar dañar o quemar los cultivos. "Sin embargo, en general no hacen referencia a los peligros toxicológicos y ecotoxicológicos de su uso indiscriminado", advierte el informe inédito en la región oeste argentina e indica que además, la mayoría de los productores poseen un nivel bajo de tecnificación y aún se valen de una mochila para realizar la fumigación en forma manual. Solo 34% utiliza elementos de protección personal para efectuar esas actividades y el 17% reconoce utilizarlos “a veces”.

Escasa protección y conocimientos
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores al relevar los resultados de esta encuesta consistió en que el 84% de los encuestados expresó no tener el hábito de realizar prácticas ecológicas en cuanto al descarte de bidones de agroquímicos: los juntan en la en la propiedad y/o los queman, los reciclan (sin aclarar el destino final) y los tira en un basural o en la vía pública. Un productor, inclusive, mencionó que “se queman para evitar el contacto con la gente”. Sólo un 13 % respondió que los lleva a una planta de reciclado en donde realizan el lavado o los embolsa y lleva a un depósito de agroquímicos.
Gracias a esta investigación se supo, además, que los tipos de agroquímicos más utilizados por los productores del cinturón verde de Mendoza son los insecticidas, herbicidas y fungicidas (en un 88 %). En tanto que una minoría está conformada por fertilizantes y acaricidas. "Entre los productos mencionados se destacan tres agroquímicos por el elevado riesgo de toxicidad aguda que presentan sus principios activos- según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OPS, 2019)-, así como por las consecuencias ambientales que tienen: éstos son: carbofurano, aldicarb y abamectina (banda roja, clase I)", detalla textual la investigación y aclara que los dos primeros han sido prohibidos por el Convenio de Rotterdam, vigente desde 2004 y al cual Argentina adhiere.
El equipo a cargo de este exhaustivo estudio también puso el foco en las sustancias activas cuya elaboración, importación y fraccionamiento están prohibidas en el país. Menciona en este sentido una resolución del Senasa, la N°262 que está vigente desde octubre del 2018, en la cual se mencionan las siguientes: carbofurán, carbosulfán, diazinón, aldicarb y dicofol y sus productos formulados.
En tanto que otros productos de uso habitual mencionados por los productores incluidos en la encuesta son de clase II (banda amarilla) e incluyen las siguientes sustancias: clorpirifos, imidacloprid, lambda cyhalotrina, pendimetalina, paraquat, clorfenapir, cyproconazole, sulfentranzone- metribuzina, miclobutanilo, cipermetrina, dimetoato y clomazone. La investigación hace referencia además al uso del glifosato, "agroquímico que se encuentra en el centro de controversias existentes debido al bajo riesgo toxicológico declarado por sus fabricantes vs. los impactos en la salud constatados por investigaciones clínicas y epidemiológicas. Se ha comprobado que los problemas de salud pueden ir desde intoxicaciones leves a graves y se ha constatado el riesgo de que la población se vea afectada por diversas enfermedades", advierte el trabajo inédito en su tipo hasta ahora.

Incertidumbre que persiste pese a las pruebas científicas
Una de las preocupaciones más fuertes en relación al uso de agroquímicos a la hora de cultivar y cosechar frutas, verduras y hortalizas que luego llegan a la mesa familiar tras pasar por un complejo proceso, tiene que ver justamente con las dudas relativas a si contienen o no sustancias activas que podrían originar problemas en la salud de la población. En este sentido, en el interior de los consultorios pediátricos, las dudas son profundas y de hecho, desde hace años hay profesionales que abogan por ir al fondo de las investigaciones relacionadas al tema.
En 2021, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó una guía en la que emitió su advertencia y fue contundente al explicar que los grupos poblacionales expuestos al modelo agropecuario intensivo son más propensos a desarrollar enfermedades y alertan sobre la urgencia de contar con estadísticas fehacientes sobre el tema al tiempo que solicitan informes epidemiológicos que permitan cuantificar la dimensión del problema. Ese documento fue impulsado por la Comisión de Salud Ambiental de la SAP, para su elaboración contó con la intervención de un equipo multidisciplinario integrado por médicos, investigadores y científicos involucrados en la temática.
La coordinadora del documento, María Gracia Caletti (pediatra nefróloga, consultora del Hospital Garrahan e integrante de la Comité de Salud Ambiental de la SAP), detalló en ese mismo informe que "es de conocimiento público el efecto perjudicial de los agrotóxicos sobre la salud humana tanto a nivel agudo como crónico. Este efecto sobre la salud tiene una sólida fundamentación científica". Caletti calificó en este sentido el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil como “un problema de salud pública que en la Argentina adquiere una dimensión muy grande, y que no está siendo resuelto de una manera adecuada”. Al referirse a la problemática relativa al uso de agroquímicos en Argentina, el documento de la SAP expresa que el riesgo es evidente tanto entre las poblaciones expuestas de manera directa a estos productos como entre la población general que consume frutas y verduras que no cuentan con los debidos controles previos que colaboren a prevenir patologías a corto y largo plazo.

El debate que Mendoza se merece
Sergio Saracco es el Presidente de la  Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y uno de los investigadores que fue consultado por el equipo de investigadores mendocinos. "Una intoxicación de tipo aguda se produce cuando hay un evento de exposición concreta al producto y se vuelve crónica cuando hay una exposición prolongada a través del tiempo. En el caso de las intoxicaciones agudas son las que motivan la consulta de urgencia, en tanto que las crónicas son las que no se manifiestan en el tiempo en que se produce la exposición, pero que se manifiestan con enfermedades complejas a nivel orgánico cuyas causas luego son complejas de determinar, como por ejemplo, el cáncer", explicó el especialista a MDZ.
Saracco aclaró que en el caso de Mendoza si bien se realizan los controles relacionados a la distribución de los agroquímicos y su comercialización, en lo concreto es fundamental que la Legislatura vuelva a tratar el proyecto que aspira a que los productos agroquímicos que se comercializan sean previamente autorizados y "recetados" por un ingeniero agrónomo especializado, quien deberá establecer las pautas concretas a aplicar por cada uno de los productores que use esas sustancias. "Al igual que un medicamento no se puede llevar de la farmacia sin una receta médica, es preciso que los agroquímicos no se comercialicen sin la debida certificación por parte de un experto", dijo Saracco al comparar que por ejemplo, en el caso de las carnes, los consumidores cuentan con un sello de calidad que comprueba esos controles, mientras que en el caso de las frutas y verduras, esto no ocurre.
La coordinadora del documento, María Gracia Caletti (pediatra nefróloga, consultora del Hospital Garrahan e integrante de la Comité de Salud Ambiental de la SAP), detalló en ese mismo informe que "es de conocimiento público el efecto perjudicial de los agrotóxicos sobre la salud humana tanto a nivel agudo como crónico. Este efecto sobre la salud tiene una sólida fundamentación científica". Caletti calificó en este sentido el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil como “un problema de salud pública que en la Argentina adquiere una dimensión muy grande, y que no está siendo resuelto de una manera adecuada”. Al referirse a la problemática relativa al uso de agroquímicos en Argentina, el documento de la SAP expresa que el riesgo es evidente tanto entre las poblaciones expuestas de manera directa a estos productos como entre la población general que consume frutas y verduras que no cuentan con los debidos controles previos que colaboren a prevenir patologías a corto y largo plazo.

El debate que Mendoza se merece
Sergio Saracco es el Presidente de la  Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y uno de los investigadores que fue consultado por el equipo de investigadores mendocinos. "Una intoxicación de tipo aguda se produce cuando hay un evento de exposición concreta al producto y se vuelve crónica cuando hay una exposición prolongada a través del tiempo. En el caso de las intoxicaciones agudas son las que motivan la consulta de urgencia, en tanto que las crónicas son las que no se manifiestan en el tiempo en que se produce la exposición, pero que se manifiestan con enfermedades complejas a nivel orgánico cuyas causas luego son complejas de determinar, como por ejemplo, el cáncer", explicó el especialista a MDZ.
Saracco aclaró que en el caso de Mendoza si bien se realizan los controles relacionados a la distribución de los agroquímicos y su comercialización, en lo concreto es fundamental que la Legislatura vuelva a tratar el proyecto que aspira a que los productos agroquímicos que se comercializan sean previamente autorizados y "recetados" por un ingeniero agrónomo especializado, quien deberá establecer las pautas concretas a aplicar por cada uno de los productores que use esas sustancias. "Al igual que un medicamento no se puede llevar de la farmacia sin una receta médica, es preciso que los agroquímicos no se comercialicen sin la debida certificación por parte de un experto", dijo Saracco al comparar que por ejemplo, en el caso de las carnes, los consumidores cuentan con un sello de calidad que comprueba esos controles, mientras que en el caso de las frutas y verduras, esto no ocurre.

Las sustancias y su efecto en la salud
(Fuente: Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de las UNCuyo)
Aldicarb. Sumamente peligroso. Toxicología: neurotóxico, disruptor endócrino (inhibidor de la acetilcolinesterasa); efectos crónicos: depresión del sistema inmunológico, nefrotóxico, anemia aplásica; toxicidad dermatológica y muy tóxico por
inhalación e ingestión.
Carbofurano. Muy peligroso. Toxicología: disruptor endócrino y posible efectos sobre el sistema reproductivo y el desarrollo. Mutagénico. Muy tóxico por inhalación e ingestión.
Abamectina: Muy peligroso. Toxicología: teratogénico (paladar hendido), disruptor endócrino, genotóxico (aberraciones cromosómicas); muy tóxico por inhalación e ingestión.
Clorpirifos: Moderadamente peligroso. Toxicología: capacidad irritativa ocular y dérmica. Neurotóxico (inhibidor de la colinesterasa), disruptor endócrino y genotóxico (aberraciones cromosómicas). Evidencias de positividad para Parkinson. Alteraciones reproductivas. Otros efectos crónicos: debilidad, anorexia y malestar general, desorientación, pérdida de memoria, irritabilidad, insomnio, dificultad para hablar, depresión severa. Tóxico por ingestión.
Imidacloprid: Moderadamente peligroso. Toxicología: teratogenicidad no es clara, positivo para mutagenicidad. Se vincula a incrementos de colesterol en sangre y afectación de glándulas tiroides. Nocivo por ingestión.
Paraquat: Moderadamente peligroso”. Toxicología: irritante dérmico (corrosivo severo), ocular (corrosivo severo) y respiratorio. Capacidad alergénica positiva. Teratogénico (anormalidades esqueléticas). Mutagénico, disruptor endócrino, genotóxico. Parkinson: positivo. Antecedentes: exposición de los padres en casos de hijos con leucemia infantil
Glifosato: Poco probable que presenten un peligro agudo. Toxicología: capacidad irritativa ocular y dérmica débil. Probable carcinogenicidad. Disruptor endócrino. Efectos reproductivos: ductos de ADN. Parkinson: positivo. Otros efectos crónicos.
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La UNLP creó mapas temáticos que reflejan el impacto de los agroquímicos en el suelo

Fecha de Publicación: 11/04/2023
Fuente: Codigo Baires
Provincia/Región: Buenos Aires


Desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) avanzaron en el desarrollo de mapas temáticos que reflejan cambios ambientales producidos por la actividad agropecuaria.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), continúa avanzando en el desarrollo de nuevas tecnologías para la comunidad. En ese marco un grupo de investigadores del diseñaron, a partir de diferentes índices calculados, nuevos mapas temáticos que permiten visualizar el riesgo ambiental de las actividades agropecuarias en la Provincia, mostrando el impacto de los agroquímicos en el suelo.
De esta manera, estos mapas temáticos elaborados mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) permitirán ayudar en la toma de decisiones para definir políticas públicas a nivel provincial y municipal. Actualmente, los índices y mapas son elaborados en el marco de un proyecto PPID de la Universidad Nacional de La Plata.
Cuando se habla de riesgo, entran en juego factores como la actividad productiva que se realice, sea agricultura extensiva (soja, maíz, trigo, etc.), horticultura, ganadería o producción mixta (ganadería y cultivos extensivos). También influyen entre las variables el modo o estilo de producción con el cual se realiza la actividad.
“El equipo viene trabajando en la elaboración de índices y mapas temáticos que permitan visualizar de manera clara el riesgo ambiental por el uso de pesticidas. Este riesgo está directamente asociado a la cantidad y toxicidad de los productos liberados y del planteo técnico asociado”, explicó el doctor e Ingeniero Agrónomo Esteban Abbona, Director del equipo del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología (LIRA), de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.

¿Cómo se realizan estos mapas?
Desde la UNLP informaron que para la construcción de los índices de riesgo ambiental se realiza una recopilación, elaboración y validación de los planteos técnicos de los diferentes cultivos mediante consulta a expertos y referentes de la provincia.
Con esa información se construye un índice de riesgo para cada cultivo y, posteriormente, un índice para cada partido en función de las proporciones de las superficies sembradas de cada cultivo. En estos índices se combina información de fuentes oficiales obtenida a través de censos, como también de revisión bibliográfica. Con los índices calculados se elaboran los mapas temáticos.
Además, los índices se están actualizando en función de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018. Una de las mayores dificultades de trabajar en esta temática es que las fuentes de información empleadas muchas veces provienen de elevamientos de organismos privados, de difícil acceso.
“Por eso es necesario avanzar con una política pública que permita relevar la información pertinente para estimar diferentes índices de riesgo ambiental en la provincia de Buenos Aires”, detallaron desde la Alta Casa de Estudios.
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Tandil: Cinco productores en la mira por fumigar con agroquímicos cerca de tres escuelas

Fecha de Publicación: 01/04/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia investiga a propietarios o arrendatarios de Tandil por utilizar agroquímicos en campos linderos a escuelas rurales y a la localidad de Gardey.
A poco menos de tres años de la presentación de un estudio científico que reveló la presencia de sustancias peligrosas por el uso de agroquímicos en campos linderos a tres escuelas rurales de Tandil y en la localidad de Gardey – un pueblo de 1300 habitantes-, la Justicia tomará declaración indagatoria a cinco productores señalados por fumigar con productos contaminantes en zonas prohibidas por ordenanza municipal.
La novedad fue dada a conocer desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a partir de un requerimiento realizado al juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio. En ese marco, el magistrado citó a prestar testimonio a cinco personas, catalogadas como responsables o arrendatarias de predios rurales lindantes a los establecimientos educativos y a la localidad rural de Gardey.
Según indicó el sitio Fiscales.Org, la investigación fiscal logró probar la presencia de sustancias peligrosas en las muestras de suelo - tierra y de sustancia vegetal- obtenidas en sitios donde la aplicación se encuentra prohibida, la actividad agrícola previa y el carácter nocivo de esos productos para la salud y el ambiente.

Tandil: Un estudio científico de la UNICEN que reveló el uso prohibido e agroquímicos
La investigación salió a la luz tras una denuncia de la organización ambientalista BIOS, que es querellante en la causa, y avanzó con instrucción de la Fiscalía Federal de Tandil, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide.
La acusación fue presentada en agosto de 2020 por el coordinador del nodo Tandil de esa organización, Ingeniero Claudio Lowy y se basó en los resultados plasmados en el Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil realizado por la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), con apoyo de los establecimientos educativos.
El estudio daba cuenta de la “detección de residuos de agroquímicos biocidas hallados en muestras obtenidas en los patios de recreo y en el agua de pozo que abastecen a las instituciones educativas de la zona”.
Desde entonces se llevaron adelante diferentes medidas de prueba que dieron cuerpo a la denuncia inicial. En base a esos elementos, la justicia ratificó el hallazgo de cultivos y de sustancias calificadas normativamente como residuos peligrosos a través de un estudio técnico realizado en el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Balcarce.
 “Esta fiscalía entiende pertinente y útil para la pesquisa hacer referencia a los valores de agroquímicos detectados en las muestras, porque constituyen el indicador contundente de la aplicación en una porción de suelo no habilitada para esa actividad, o para hacerla sin el aviso previo exigido normativamente”, destaca el dictamen.
La fiscalía pudo dar cuenta también de la nocividad para el ambiente y la salud de las sustancias halladas, por su inclusión en la nómina de residuos peligrosos incorporados a la legislación a través de la ley 24.051 y como consecuencia de los estudios científicos que demuestran el impacto negativo de su utilización.
“Sin perjuicio de encontrarse habilitada la comercialización y aplicación de estos productos en observancia de la normativa que así lo regula, cuando esa actividad trasciende el límite de lo permitido, su utilización puede producir un impacto negativo en la salud de las personas y el ambiente en el que desarrollan su vida, por ejemplo, en el ámbito de las escuelas a donde concurren niños, niñas y adolescentes, como se presenta en este caso”, señalaron desde Fiscalía.
En este sentido, los investigadores realizaron una pormenorizada caracterización de algunas de las sustancias encontradas y sus posibles efectos en la salud y el ambiente, como el herbicida Atrazina y sus metabolitos, cuyo uso está restringido en Estados Unidos y prohibido en varios países de la Comunidad Europea; el insecticida Imidacloprid; los herbicidas Diclosulam; Metsulfurón Metil; el 2,4-D; y el Glifosato y su metabolito AMPA.
“No se trata aquí de una valoración abstracta, ni siquiera del complemento de los niveles de riesgo permitido o desaprobado por medio de baremos indeterminados, sino lisa y llanamente de la violación de una norma jurídica, pública, y en sí misma de máxima taxatividad", remarcó la fiscalía en la imputación.

Encuadre legal y posibles penas
Los hechos delictivos se encuentran previstos y penados en el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos 24.051, “a la luz de la prohibición de efectuar aplicaciones de productos agroquímicos prevista para el espacio territorial determinado, establecida tanto por la derogada ordenanza local 12.316 como por la vigente 17.404 del año 2021”.
La ley nacional establece la misma escala penal que la prevista en el artículo 200 del Código Penal (de tres a diez años de prisión) para quien, utilizando los residuos a que se refiere esa norma, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
El dictamen fiscal señala que “si bien la utilización de los mencionados agroquímicos se encuentra autorizada por el Senasa [Servicio Nacional de Sanidad Animal] para su uso en producciones agropecuarias, los mismos mediante una práctica sin control del estado municipal y con parámetros que no responden adecuadamente bajo los cuidados que requieren estrictos márgenes de adecuación, su utilización puede afectar la salud de las personas que se encuentran expuestas a ellos debido a la toxicidad de sus formulaciones, y a otras circunstancias destacadas por los especialistas”.
El MPF refirió que, al infringir la norma jurídica que regula preventivamente la actividad (ordenanza municipal 12.316/2011), se aumentó el riesgo a niveles jurídicamente desaprobados.
Cabe recordar que este caso de contaminación no es el único que se investiga en Tandil. Meses atrás, un informe ambiental encargado por la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil reveló presencia de"ocho agrotóxicos" en el agua de red local.
En medio de esas denuncias, hubo una reciente sanción de una ordenanza sobre agroquímicos en Tandil, que derivó en fuertes cuestionamientos: “A fines del año pasado se votó una ordenanza de manera unánime donde habilita las fumigaciones con 60 metros de exclusión de poblaciones y 150 de escuelitas rurales. Es una distancia irrisoria y nosotros presentamos un montón de información de cómo actúan las derivas de agrotóxicos. Y se habilita su uso en parques, jardines, plazas de manera que cualquier vecino puede conseguir y comprar estos venenos y aplicarlos de manera irresponsable” explicó a Infocielo Pablo Orcajo, uno de los integrantes de la Junta Vecinal local.
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Reverdece la Justicia: fallo en Rafaela antepuso salud y ambiente por sobre una avanzada “productiva”

Fecha de Publicación: 14/03/2023
Fuente: Portal elciudadanoweb.com
Provincia/Región: Santa Fe


“No hay garantía que los productos orgánicos y biológicos sean inocuos, seguros para la salud y medio ambiente. Si la intención es hacer algo de agroecología como dicen los considerandos, debe extenderse y no reducirse la zona de resguardo. Para votar esto así no lo hagan, revísenlo con tiempo, pues, así como está es inaplicable, inviable y regresivo”, les advirtió en noviembre de 2021 el ingeniero químico Horacio Beldoménico a integrantes del Concejo Municipal de Rafaela. Apenas un mes después, las cosas tomaban dos carriles diametralmente opuestos: en uno, el docente y director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos, que funciona en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) publicaba un crítico y alarmante informe titulado “Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina”, con una revisión de la bibliografía existente y una serie de propuestas para remediar la situación. Mientras tanto, en el otro, el cuerpo legislativo aprobaba la reducción de 200 metros a 50 metros de la franja que rodea a la zona urbana de la ciudad, libre de cualquier tipo de aspersión de fertilizantes, funguicidas, plaguicidas y más. Y aunque la nueva ordenanza establece parámetros de producción agroecológica, organizaciones ambientalistas y particulares rafaelinos no se dejaron convencer y acudieron a la Justicia. Este jueves 9, a poco más de un año de iniciarse una acción de protección de intereses difusos –a partir de la ley 10.000– el juez en lo Civil y Comercial Matías Colón dispuso la nulidad del artículo que permitía fumigar a corta distancia de la zona urbana, y reimplantó el límite de 200 metros que establecía la ordenanza anterior, que estuvo vigente por más de dos décadas.
Aunque el flamante fallo judicial puede ser apelado, lo cierto es que las organizaciones locales y las personas que en forma particular iniciaron la acción colectiva celebraron, como también lo hicieron colectivos ambientalistas de toda la provincia.
Hecha la ley…
El fallo de la Justicia de Rafaela vuelve a poner sobre la mesa una tensión que recorre todo el territorio santafesino y los de otras jurisdicciones: un cúmulo de intereses que tienen como eje el derecho constitucional a la salud y a un medioambiente sano, y otra conjunción que reúne a los intereses económicos de las explotaciones agropecuarias, de los emprendimientos inmobiliarios, o de servicios de entretenimiento y turismo, que además suelen presionar a sus trabajadores para alinearlos con ellos. En ese marco, la nueva batalla, que se comenzó a dirimir ahora, es otro mojón en un camino esquivo, el de alcanzar un equilibrio entre los dos entramados.
Los recurrentes desmontes para ampliar la frontera agroganadera, las quemas intencionales en el Alto Delta del río Paraná, y también las fiestas masivas dentro o próximas a áreas protegidas en als islas son pruebas cotidianas de que continúa primando el conflicto por sobre los acuerdos multisectoriales de aprovechamiento sostenible, como lo es el plan Piecas-DP en el Humedal.
La misma disputa se replica en la “Perla del Oeste”, una ciudad de más de 100 mil habitantes, cuyo nombre remite a Rafaela Rodríguez de Egusquiza, esposa de un comerciante amigo de su fundador, el empresario suizo-alemán Guillermo Lehmann. Pero allí la puja central ya no es por la tenencia de la tierra –hace largo tiempo se completó el despojo a sus legítimos propietarios, las comunidades nativas– sino por su uso. En ese marco el ingeniero Beldoménico expuso como invitado por el Concejo rafaelino durante el tratamiento en comisiones de diferentes iniciativas para reimpulsar el llamado “cinturón verde” de Rafaela, con la concepción de una producción agroecológica y de cercanía.
Así lo establecía un proyecto firmado por la concejala perottista Brenda Vimo, médica de profesión. Pero sorpresivamente se fue imponiendo otra iniciativa, la presentada por Leonardo “Leo” Viotti, un joven edil del bloque Cambiemos-UCR. Esta es la que después se convertiría en la ordenanza 5.331, hoy vigente, y cuyos artículos 3º (en forma parcial) y 4º (íntegramente) acaba de voltear el juez Colón.
La razón de ser de una nueva ordenanza se expone con total transparencia en uno de sus considerandos: “Actualmente los campos linderos al ejido urbano que se encuentran afectados por el actual límite agronómico en Rafaela, totalizan 797 hectáreas, muchas de las cuales se encuentran sin producir, por lo que es necesario generar nuevas herramientas y alternativas que permitan que los mismos vuelvan a ser viables de producción”, dice. Y completa en otro que esas hectáreas improductivas “se terminan convirtiendo en sitios casi abandonados, sin mantenimiento, inseguros y propicios para fomentar la delincuencia”. Así descripta la situación, la conclusión es obvia: la franja establecida para que la población esté lejos de aspersiones de agroquímicos es un peligro en sí misma.
La extensa ordenanza, que tiene 50 artículos agrupados en 16 títulos, es transparente en su enunciado: “Que es deber de este gobierno municipal velar por la salud de sus habitantes, como así también proteger la producción agropecuaria, como fuente de trabajo”, puntualiza otro considerando.
Como alternativa, la norma describe y resalta la eficacia de las cortinas forestales como freno a la deriva de agrotóxicos –incluso el edil Viotti las realza como remedio a una “sobrepoblación de aves en el sector céntrico” de la ciudad, planteando que los árboles que propone implicarían una “reubicación”– aunque la norma misma describe que allí no se van a utilizar tales cosas sino “productos de origen biológico para la protección de los cultivos”. Aunque las organizaciones ambientalistas locales celebran cualquier barrera forestal, lo cierto es que la que propone la normativa es como defensa de una deriva que hoy no se genera, ya que no se puede volcar ningún tipo de producto en esa franja.
Con esos preceptos, la ordenanza 5.331 redujo a la cuarta parte la franja de seguridad de 200 metros alrededor de la zona urbana de Rafaela, para reconvertir los siguientes 150 metros en un Cinturón Agroecológico, donde se permitía “la aplicación de productos fitosanitarios biológicos, bajo fiscalización de receta y aplicación a cargo del municipio”. Dicha también se podía ampliar, a partir de 2025 y por disposición del Ejecutivo municipal, a 250 metros. Pero, como reconoce que no hay todavía especificaciones a nivel nacional sobre qué producto fitosanitario propuesto como agroecológico es realmente inocuo, establece que serán “los ingenieros agrónomos de la Municipalidad” los encargados de certificar cuál producto se puede usar y cuál no.

Pasaron cosas
Las organizaciones ambientalistas locales vieron de inmediato que la pata endeble de la permisividad es el control, y que además hay sobradas experiencias de producciones agroecológicas que distan de ser tales, y que incluso municipios y productores privados llegaron a sembrar soja con fumigación hasta en las banquinas de las rutas, resistiendo incluso con armas la prohibición de hacerlo, dispuesta en 2011 por el gobierno de Antonio Bonfatti.
La experiencia propia de los vecinos, en particular de las familias que habitan en áreas periurbanas, cuyos padecimientos las llevaron a formar parte de las crecientes organizaciones que confluyen en Paren de Fumigarnos a nivel provincial, generaron la inmediata judicialización de la ordenanza 5.331, aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Rafaela el 17 de diciembre de 2021, en una reglamentación con varios vetos parciales.
Así, Adapa (Acción por la Defensa Animal y la Protección Ambiental), Amigos de la Vida y un grupo de vecinas y vecinos a título personal formalizaron una presentación contra la Municipalidad de Rafaela, “con la finalidad de tutelar los intereses difusos relativos al medio ambiente y salud pública de los vecinos de esta ciudad, que argumentan lesionados por la ordenanza 5.331”.
En el escrito pidieron, en un primer punto, que el Ejecutivo local presente un “informe del Senasa y/o de toda otra autoridad consultada” en el marco del artículo 51 de la ordenanza, incluyendo “acta de deliberación de dichos informes o análisis de los mismos”. Pero el artículo 51 no existía en la ordenanza votada por el Concejo, sino que lo introdujo la reglamentación del Ejecutivo, como disposición transitoria. Y, concretamente, su acción consistió en postergar 180 días la vigencia de las nuevas franjas de 50 metros y 150 metros hasta que el Ejecutivo recabara “la información completa, detallada y actualizada de las autoridades con competencia en materia de producción ecológica, orgánica o biológica” sobre cuatro items:
- Los productos fitosanitarios de origen orgánico y/o biológicos susceptibles de ser aplicados.
- Técnicas, condiciones y procedimientos relativos a su aplicación o uso.
- Medidas de prevención sugeridas en su aplicación.
- Toda otra información relevante vinculada a la correcta aplicación, uso y manipulación de tales productos.
La demanda colectiva también pidió, en un segundo punto, que la Municipalidad “informe si el Ejecutivo y el Concejo Municipal (lo que incluye comisiones municipales integradas junto a vecinos e instituciones en medio ambiente y salud pública) cumplen con la ley nacional 27.592 de capacitación ambiental, especialmente en lo vinculado al principio precautorio”.
La norma invocada es la llamada “Ley Yolanda”, sancionada el 17 de noviembre de 2020, que tiene como objetivo “garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública”. El nombre rinde homenaje a Yolanda Ortiz, doctora en química, especializada en toxicología, quien obtuvo una beca en La Sorbona y permaneció en Francia hasta finales de la década del 60, para luego regresar a la Argentina y convertirse, en 1973, en “la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano” del país y de América latina, designada por Juan Domingo Perón durante su tercer gobierno.
Como adicional del segundo punto, la presentación judicial pedía que se anulara el artículo que establecía las nuevas franjas en base al principio de no regresividad, una de las claves de la legislación ambiental nacional, que básicamente impide que todo vaya para peor a partir de una ordenanza o una ley provincial.
En el tercer punto se pedía a la Justicia que revirtiera la mención de la ordenanza a “50 metros” y la reemplazara por “200 metros”, es decir regresar a la situación inmediatamente anterior. Y en el cuarto que “atento la trascendencia del caso en relación a la provincia y país se publique un resumen de la sentencia a costa de la demandada en un diario local, uno de Santa Fe y otro de Rosario”, y “del mismo modo se publique un resumen de la sentencia en toda modalidad oficial de comunicación que tengan el Ejecutivo y el Concejo Municipal al menos durante un mes en sus páginas web y redes sociales”, además “en un formato de ágil lectura”.

Reverdecidos
El resultado de la presentación fue un fallo de 77 fojas, en el que el juez Colón, en primer lugar, resolvió hacer lugar a la presentación, y a partir de ahí trazó una hoja de ruta clara. En ella dio por cumplimentado el informe requerido al Ejecutivo municipal sobre la Ley Yolanda –lo hizo durante el proceso–; declaró “la nulidad” del artículo de la ordenanza 5.331 que redujo la franja libre de agroquímicos, “debiendo estar, hasta el dictado de una nueva norma en el punto, a los límites fijados en la ordenanza 3.600 de 2004 –es decir, restauró los 200 metros– y exhortó a la Municipalidad de Rafaela –esto es al Ejecutivo y al Concejo– “para que a través de su órgano competente debata y sancione una nueva norma en el punto controvertido”, estableciendo que “para ello, deberá tener en cuenta la prueba científica recabada en los presentes autos, garantizar no sólo la participación pública en el mismo, sino también cumplimentar las evaluaciones e investigaciones previas respecto a lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Nacional, 8 incisos 2 y 5 de la ley General de Ambiente, y 5, 6 y 7 del Acuerdo de Escazú”.
El mencionado artículo constitucional es el que consagra para todo residente del territorio argentino a gozar “del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
También plantea que todo daño ambiental “generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”, y que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
En tanto, los artículos citados de la ley 25.675 refieren a los objetivos de la política ambiental nacional: el artículo 2 ordena, entre otros puntos, “asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales”, “promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria”, “fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión” y “asegurar la conservación de la diversidad biológica”; y el artículo 5 dispone que los distintos niveles de Estado y gobierno, es decir provincias, municipios y comunas, “integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley”.
El Acuerdo de Escazú, que lleva el nombre de la ciudad costarricense en la que se rubricó, el 27 de septiembre de 2018, compromete a 24 de las 33 naciones de Latinoamérica y el Caribe –entre ellas la Argentina, donde tiene jerarquía constitucional, es decir, superior a las normativas interiores– a dar todas las garantías de “acceso a la información, a la participación pública y a la Justicia en asuntos ambientales”.
El último tramo de la parte resolutiva de la sentencia del juez Colón define “exhortar a la Municipalidad demandada a arbitrar los medios tendientes a la implantación de otros aspectos de la ordenanza que no se hallaren controvertidos, en especial lo relativo a las barreras forestales, debiendo presentar al Juzgado interviniente un informe acerca de la marcha de las mismas, especies plantadas, sitios de implantación, extensión y alcance, cada 18 meses”; intima al Ejecutivo rafaelino a “que arbitre las conductas pertinentes y/o se cumpla con el poder de policía en orden a las disposiciones de las ordenanzas vigentes, enfatizando los controles en las zonas periurbanas tendientes a evitar la presencia de residuos y malezas, coordinando dichas acciones con los propietarios de los inmuebles afectados, y propendiendo a efectuar todas las gestiones ante las autoridades competentes en materia de seguridad”. Es decir que si los sectores periurbanos de Rafaela responden a los descripto por la ordenanza 5.331, el gobierno local debe solucionarlo de inmediato, no a través de una nueva normativa que habilita cultivos en una franja libre de agroquímicos.
Finalmente, “exhorta a efectuar todas las labores pertinentes en materia de
limpieza y desinfección de dichas zonas en pos de evitar perjuicios al medio ambiente y la salud pública” y dispone poner “en conocimiento a la sociedad que también es tarea de todos la preservación del medio ambiente”, llamando “a la población en su conjunto a colaborar”; y ordena publicar el resumen de la sentencia en el sitio web oficial de la Municipalidad de Rafaela y en sus redes sociales “por un plazo de cinco días y en un espacio que resulte fácilmente visible y accesible para quienes consulten dichas fuentes”, incluyendo también publicar el resumen del fallo “en diarios locales y portales informativos”.
“Deberá acreditar el cumplimiento de esta medida por ante este tribunal dentro de los diez días de notificada la sentencia y bajo apercibimientos de ley”, concluye.

Terremoto ambiental
La sentencia judicial despertó suma atención por su celeridad y por su profundidad. El abogado que formalizó la presentación, Enrique Marchiaro, explicó que se trata de acciones que tienen cierta urgencia y se venían analizando en detalle, por eso la pronta resolución. “Es entendible que alguien que siguió la audiencia pública no termine de comprender cómo fue tan rápido el fallo, pero en el expediente hay un debate largo”, aclaró al portal Mirador Provincial. También especificó que el análisis del caso, “fundado y con prueba muy dada”, concluyó que “hasta 200 metros, estos nuevos productos son menos nocivos que el glifosato y otros, pero tienen algún tipo de riesgo”.
Y planteó la pelea de fondo: “Tenemos, por un lado, un enfoque solamente productivo y, por el otro, un enfoque ambiental y sanitario. Encontrar el equilibrio de cómo producir sin hacer contaminación silenciosa, es difícil”.
Marchiaro puso en relieve que “la resolución es muy concreta” y “dispone que, hasta tanto se dicte una nueva ordenanza, rige la prohibición de 200 metros de la vieja norma”, en tanto que “el Concejo tiene que volver a debatir este punto de los 200 metros con los fundamentos que se han dado en la causa”.
“Ojalá que el tema tome otro carril, en el sentido de incorporar la cuestión ambiental y sanitaria de una manera que no se había hecho”, se esperanzó el abogado.
Ahora resta ver si el fallo será apelado, y también por qué o para qué, ya que la ordenanza 5.331 quedó vigente en todos sus artículos, salvo en los que generaron controversia. Es decir, no cortó el impulso a las barreras forestales ni a la producción agroecológica y sustentable; tampoco al cuerpo que creó la norma, la Comisión para el Estudio de Fitosanitarios y Producciones Alternativas, que tendrá como finalidad “estudiar la disponibilidad de tecnologías y de productos fitosanitarios de origen orgánico en el mercado nacional, que permitan reemplazar los productos de origen químico”. Tal tarea quedará en manos de un concejal por cada bloque del cuerpo legislativo, tres representantes del Ejecutivo, uno por las ONG ambientales, uno por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, uno por la Sociedad Rural de Rafaela, uno por la Federación de Entidades Vecinales, uno por el Senasa, uno por el Inta, uno por el Consejo Universitario de Rafaela, uno por el Samco Rafaela, uno por el Comité de Bioética local, y uno por la asociación Productores Unidos Rafaela.
Con todo, el resumen que pidió publicar el juez Colón da cuenta de cómo se sustanció el proceso. Cita, en un texto breve, las pruebas y los informes técnicos y científicos aportados a la causa: intervinieron los investigadores Rafael Lajmanovich, Damián Verzeñassi, Ernesto Viglizzo y Edda Villamil, además del citado Beldoménico. Menciona opiniones técnicas de diversas personas que integran organismos tales como Inta y Senasa. Y concluye: “Los científicos y técnicos coincidieron en dos cuestiones. En primer lugar, ninguna sustancia es inocua. Y, en segundo término, la distancia es la única medida contra la deriva para la aplicación de productos fitosanitarios y que no debe ser menor a los 200 metros. Corresponde aclarar que deriva hace referencia al movimiento de plaguicidas fuera del objetivo”.
También expone el resumen los fundamentos de la decisión adoptada, que tomaron en cuenta los principios ambientales precautorios, de prevención y de no regresión. “Por ello y ante la ausencia de información o certeza científica, según lo dispuesto por la ley General del Ambiente, se toma la siguiente decisión: la ordenanza es regresiva porque al disminuir las distancias de aplicación de productos fitosanitarios sin la previa realización de estudios y evaluación de impacto ambiental resulta contradictoria a los principios de congruencia, prevención, precautorio y sustentabilidad del artículo 4 de la ley”.
Y en esa línea puntualiza: “Debe ponerse en conocimiento que, actualmente, no hay posibilidades de control humano sobre la deriva y que lo más eficiente para el resguardo del ambiente y la salud pública es mantener la prohibición de todo tipo de fitosanitarios a no menos de 200 metros”.
Y concluye, con el título ¿Qué se persigue con la sentencia?, que “no se trata de no usar fitosanitarios de origen biológico u orgánico ni dejar de fomentar su uso a partir de las distancias pertinentes ni dejar de usar o recurrir a las buenas prácticas agrícolas ni a la capacitación a productores, ni dejar de lado a la tecnología; sino que, por el momento, de acuerdo a los informes científicos, y en forma preventiva debe primar en los 200 metros adyacentes al perímetro urbano la antigua prohibición de realizar fumigaciones como lo establecía la ordenanza anterior”.
“El Poder Judicial no quiere volver a una agricultura pre-tecnológica ni a una labranza primaria, ni cuenta con facultades para ello; debe tenderse a que se amalgame el desarrollo sustentable con el cuidado del ambiente, y por el momento, mantener la prohibición es lo que la ciencia recomienda, sin perjuicio del carácter mutable de las decisiones en esta materia, lo que nos obligará a todos y todas a volver sobre estos temas transversales. No tengo tampoco dudas que los productores en su gran mayoría cuidan el ambiente y utilizan las buenas prácticas agrícolas, pero ello no es garantía de que no existan peligros, siendo como dije, hasta el momento, la barrera de distancia la única que se observa como palpable en cuanto a la solución”, finaliza el juez Colón.
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Preocupante: detectan rastros de plaguicidas en mujeres embarazadas del Alto Valle

Fecha de Publicación: 07/03/2023
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Así lo confirmó una investigación científica de la UNCo. Asegura que estas sustancias en madres gestantes provoca que los bebés tengan menor peso.
Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) llevan adelante un trabajo sobre los agroquímicos de uso actual en el cuerpo de las mujeres embarazadas en la zona y confirmaron que "los plaguicidas llegan a la placenta de las madres del Alto Valle, tanto rurales como urbanas". También establecieron que a mayor cantidad de estos plaguicidas, menos peso tiene el bebé.
Son seis los especialistas, cuatro de ellos de la UNCo, quienes encontraron restos de "organoclorados" y de "clorpirifos" en casos analizados en la región. El trabajo se presentó en un congreso Iberoamericano y fue publicado en una revista científica de la Sociedad Española de Salud Ambiental.
El estudio de este grupo de investigadores es sobre los agroquímicos de uso actual, algunos de ellos prohibidos, al que se encuentran expuestas las mujeres en el Alto Valle. En un adelanto de su tesis, el investigador Piuque Rodríguez, determinó la presencia de plaguicidas organoclorados y de clorpirifos en la placenta de las mujeres embarazadas de la zona.
Rodríguez, del Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), Universidad Nacional del Comahue-CONICET, trabajó en esta investigación junto a Natalia Guiñazú, del mismo centro; a Berta Vera, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo al igual que Celeste Muntaner; y a Karina Miglioranza del Laboratorio de Ecotoxicología y Contaminación Ambiental, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas, al igual que Paola Ondarza.
“La investigación ha tenido buena repercusión. En Argentina no hay trabajos publicados de este tipo, éste sería el primero que mide los niveles de plaguicidas que llegan a la placenta y qué efectos producen en la misma y en el desarrollo del neonato”, dijo Rodríguez, licenciado en Saneamiento y Control Ambiental (FACIAS-UNCo).
Según explicó el científico el trabajo consistió en recolectar placentas de mujeres del Alto Valle y medir las actividades enzimáticas de los objetivos que tienen los plaguicidas. "Los organofosforados, que son unos plaguicidas muy utilizados en la actualidad, actúan sobre la enzima llamada acetilcolistenerasa. Nosotros ya la hemos analizado y encontramos que en las personas expuestas esta enzima se encuentra inhibida, es decir, la enzima deja de trabajar. En nuestro laboratorio demostramos que efectivamente estas enzimas de la placenta de mujeres que en las zonas cercanas a las chacras estaban afectadas por la exposición a plaguicidas", detalló.
Luego analizaron la presencia de los plaguicidas de uso histórico (organoclorados) y usos actual (organofosforados, herbicida y fungicida) en unas 20 placentas. "En la actualidad estamos analizando unas 85 muestras. Demostramos que efectivamente los plaguicidas llegan a la placenta de las madres del Alto Valle, tanto rurales como urbanas. Esto nos llamó mucho la atención porque si bien encontramos mayor nivel de algunos plaguicidas en las muestras rurales, también vimos que todas las placentas tienen algún tipo de plaguicida", agregó el investigador.
"También medimos la morfología de las placentas y el peso de los neonatos y el peso ponderal que representa el desarrollo del niño -que tan bien nutrido se encuentra dentro del vientre materno- y vimos una correlación negativa. Es decir, a mayor nivel de plaguicidas, menor índice ponderal", aseguró el científico a través de un comunicado de la UNCo.
La causa de esta baja en el peso de los recién nacidos es "la exposición a plaguicidas", confirmó Rodríguez, quien además detalló que "otros estudios también demostraron que los plaguicidas están teniendo algún efecto en el desarrollo cognitivo y efectos en la placenta humana".
"Lo más preocupante es que de todas las placentas que analizamos, no hubo casos en los que no hayamos encontrado presencia de plaguicidas en la placenta. Al menos un plaguicida, tienen todas. Esto demuestra que no estamos solo expuestos a los plaguicidas por su aplicación en el campo sino que existen otras vías adicionales de exposición que son muy importantes como los alimentos", aseguró Rodríguez.
Agregó que "por eso en el grupo analizamos además la presencia de plaguicidas en el medio ambiente. Hemos colocado muestreadores de aire y también estamos midiendo la presencia de plaguicidas en el agua. En poco tiempo tendremos los resultados pero es innegable que estamos todos expuestos. Con decirte que encontramos metabolitos de DDT, un plaguicida que hace 50 años que no se aplica. Es tan persistente, que aún afecta la salud humana", concluyó.
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Siguen las diferencias en Diputados por el uso de fitosanitarios en Santa Fe

Fecha de Publicación: 24/02/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El debate en la Cámara Baja quedó inconcluso, a pesar de que hubo un respaldo unánime a un trabajo científico que mostró su presencia en peces.
La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, una declaración expresando la preocupación por los resultados obtenidos en el estudio cócteles de residuos de plaguicidas en peces del río Salado con el primer registro de altas concentraciones de herbicidas polares, el cual concluyó que "los sábalos del río Salado registran el nivel de agrotóxicos más alto del mundo". La declaración expresa el acompañamiento del cuerpo "al trabajo de aquellos científicos y científicas comprometidos con la ciencia digna, la protección del ambiente y el cuidado de la salud".
Fue Agustina Donnet (Igualdad) quien llevó el tema al recinto tomando como base el trabajo de Rafael Lajmanovich, María Repetti, Ana Cuzziol Boccioni, Melina Michlig, Luisina Demente, Andrés Attademo y Paola Peltzer, pertenecientes al Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET) y al Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos de la Facultad de Ingeniería Química (UNL). Un trabajo de esos investigadores fue publicado por una revista científica semanal internacional revisada por pares que cubre la ciencia ambiental. La investigación demostró que las poblaciones de sábalos del río Salado -cuenca fluvial rodeada de cultivos transgénicos - incorporan múltiples residuos de plaguicidas en sus tejidos.
"Los resultados de nuestro estudio determinaron concentraciones máximas muy altas de herbicidas polares, principalmente glifosato y sus productos de degradación, y glufosinato de amonio (herbicida) en tejido muscular de peces, mayores que los registrados para peces de agua dulce en otros estudios a nivel mundial", aseguraron los investigadores. Acotan que hallaron nueve biocidas, principalmente herbicidas y que la totalidad de los peces que fueron analizados contenían glifosato.
Donnet señaló en los fundamentos del proyecto que Lajmanovich remarcó que los índices "son extremadamente altos y no existe en la literatura científica registros de esa magnitud, por eso en el trabajo se dice que son los valores más altos registrados en el mundo". La contaminación no solo afecta al sábalo sino también impacta en toda la fauna acuática y la salud humana, acotó.
En el recinto, fueron varios los legislados que exigieron cambiar la legislación santafesina en materia de uso de fitosanitarios. Además de Donnet, lo expusieron Leandro Busatto (PJ) o Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) mientras que Erica Hynes (PS) y Jimena Senn (UCR) dieron cuenta de lo que se viene trabajando sobre la temática. La primera en el propio recinto legislativo y la segunda con productores, entidades y clubes del dpto Las Colonias.
"No se ha vuelto a discutir una ley de agrotóxicos en este recinto" recordó Donnet. "Este estudio ratifica la situación crítica del Salado. Es indispensable crear un Observatorio de Agrotóxicos para diseñar políticas públicas, discutir un modelo productivo sostenible. No podemos seguir antagonizado entre salud y producción", mocionó. Enseguida Busatto resaltó que ni la Argentina ni Santa Fe discuten parámetros para un modelo productivo que "modifique el modelo los agronegocios. Vemos la soja casi como el oro y materia única de exportación vinculada a agroquímicos que hace que -Argentina y Santa Fe- tenga buenas exportaciones pero con consecuencias irreversibles en ambiente, flora, fauna y en el proceso productivo a medio y largo plazo". El justicialista recordó el acompañamiento allá en 2013 al entonces diputado José María Tessa para generar alternativas y discutir un modelo productivo que acompañe a la salud. "Debemos hacer un esfuerzo para discutir seriamente, para escaparle a la idea de que estamos obligados al monocultivo y agroquímicos en detrimento de alimentos saludables. Los agronegocios olvida la vida y la salud" afirmó el precandidato a gobernador.
Senn destacó que hay gente que trabaja bien, valoró la tarea que se realiza en comunas y ciudades del dpto Las Colonias, rescatando el diálogo para una mejor calidad ambiental. En tanto, Hynes -presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara- rescató la tarea que viene desarrollando durante años la investigadora Repetti y que además de la presencia de agroquímicos detectó microplásticos, fitoestrógenos y hoy "nadie puede escapar a tener microplásticos en nuestros tejidos. Este trabajo aporte una evidencia . En Argentina no hay buenos trabajos de riesgo químico y estos estudios vienen a aportar esta evidencia" resaltó para preguntarle al cuerpo "¿qué hacemos con las decisiones políticas?. Fue en ese marco que pidió a sus pares que vean el material de la comisión que trabajó el tema con el Senado.
"El informe no hace suponer que se alcancen consensos rápidamente" admitió la socialista. "Es un tema que salta a la vista que tiene dos posiciones dicotómicas y muy poco terreno para lograr consensos. Hay una posición de principio precautorio que ante la duda piden evitar la acción, y el principio de prevención que se puede aplicar el materia reduciendo el riesgo". Hynes habló del fuerte choque entre dos colectivos que dicen tener la verdad científica de su lado e instó a sus pares a buscar consenso. Recordó que la última modificación fue llevada adelante a partir de un proyecto de la también socialista Inés Bertero que no tuvo aval del Senado. "Debemos reflexionar, dialogar, profundizar la nueva evidencia que es nueva y no es la de diez años", finalizó.
La exposición la cerró Bruera afirmando que "no hay dudas que los agrotóxicos causan daño. La ciencia no es neutral. No es cierto que haya dos bibliotecas, hay una sola que dicen que los agrotóxicos causan grave daño ambiental y daños a las personas. Ante la duda, no hace falta probar el daño, la sola duda obliga a a aplicar el principio precautorio". Y sobre el final señaló que "generar debates para generar dudas es una posición político para no jugarse en defensa de la salud. Es responsabilidad nuestra discutir el modelo productivo y los agrotóxicos. No contra los productores, sino por una producción sustentable".
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Una investigación confirma vínculos entre agua, agroquímicos y cáncer

Fecha de Publicación: 21/02/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Una investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario (UNR) confirmó que las personas jóvenes de los pueblos fumigados con agrotóxicos tienen 2,5 veces más probabilidad de padecer y morir de cáncer que las personas que viven lejos de los agroquímicos. Los datos se obtuvieron en una investigación inédita en su tipo, que llevó siete años y está basada en estudios epidemiológicos de ocho localidades de Santa Fe (involucró a 27.000 personas). "Con tres décadas de este modelo agroindustrial, ya nadie puede negar que la evidencia científica confirma que el agronegocio daña la salud, genera enfermedad y muerte", afirmó Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas y uno de los autores de la investigación.
Las Madres de Ituzaingó (Córdoba), el colectivo Paren de Fumigar (Santa Fe), la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), el Encuentro de Pueblos Fumigados (Buenos Aires) y la Red de Salud Popular Ramón Carrillo (Chaco). Son solo algunas de las organizaciones y espacios de articulación que desde hace más de dos décadas denuncian el impacto en la salud del modelo de agro transgénico. El trabajo científico "Incidencia y mortalidad por cáncer en localidades rurales argentinas rodeadas de tierras agrícolas tratadas con pesticidas", publicado en la revista internacional Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global), confirmó lo que esas organizaciones (y otros científicos y activistas) gritan desde hace muchos años: existe una relación directa entre el modelo transgénico, las fumigaciones con agrotóxicos y el cáncer.
La investigación fue realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Consistió en estudios epidemiológicos en las localidades de Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa. Todas tienen la característica de ser pueblos dedicados al agronegocio, con predominio del cultivos transgénicos y uso de agroquímicos. "Vivir en pueblos fumigados aumenta el riesgo de padecer y morir por cáncer", alertan los investigadores Damián Verzeñassi, Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí Sosa y Guillermo Hough.
Y precisan: "El estudio evidencia que en la población joven (entre 15 a 44 años) la probabilidad de morir por cáncer es 2,48 (mujeres) y 2,77 (hombres) veces mayor en estas localidades en comparación con el resto del país". Y alertan que el porcentaje de fallecimientos por cáncer (tomando la referencia internacional de cien fallecimiento por cada 100.000 habitantes) en estas ocho localidades fue del 30 por ciento, mientras que a nivel nacional la cifra es mucho menor (19,8 por ciento).
"Se demostró que la incidencia de cáncer en la población de las ocho localidades fue significativamente mayor en comparación a la población general. Y, en particular para la población femenina, se determinó que tiene un 66 por ciento de mayor probabilidad de sufrir algún tipo de cáncer en comparación con la población femenina general del país", remarcaron.
Damián Verzeñassi apunta a las causas de las estadísticas obtenidas: "El actual modelo agroindustrial no ha hecho más que incrementar los daños en la salud de los territorios y, por tanto, de las personas que vivimos en esos territorios. Nuestro trabajo es un aporte más a una gran cantidad de clara evidencia científica que se vienen haciendo desde hace ya muchos años y que da pruebas concretas de las consecuencias de los pesticidas".
En la investigación del equipo rosarino se precisó que, en promedio, el 27 por ciento de los pesticidas utilizados en los países de altos ingresos (como Estados Unidos) están en la categoría "altamente peligrosos", mientras que el porcentaje aumenta a 45 en los países de ingresos bajos y medios (como Argentina). "En nuestro país las cantidades por hectárea son muy superiores a las utilizadas en Europa o Estados Unidos", señala la publicación, que cita decenas de trabajos científicos que dan cuenta de la presencia de agrotóxicos en ríos, napas de agua, suelos urbanos, alimentos e incluso en agua de lluvia.
El equipo de investigación apunta también a los responsables de que esto suceda. "La principal responsabilidad es del Estado que habilita este modelo. También hablamos de los funcionarios, de distintos signos políticos, que sostienen y defienden este modelo de una manera cuasi fundamentalista, sin aceptar una discusión en serio", afirma Verzeñassi. También precisa el rol cómplice del Poder Judicial y del los poderes legislativos, tanto nacional como provinciales. Y señala a los grandes productores, muchos representados en la Mesa de Enlace: "Son partícipes de este proceso que es ecocida y mata a nuestras poblaciones".
"Y claro que no tenemos que olvidar a las empresas que producen y venden estas sustancias tóxicas, son de las mayores responsables. Saben de los daños que producen y siguen con sus negocios sin importarles el sufrimiento de las poblaciones", denuncia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La investigación del Instituto de Salud Socioambiental, en su conclusión, remarca la necesidad de reducir el uso de agrotóxicos y, sobre todo, hace un llamado a aplicar el "principio precautorio", vigente en la legislación argentina, que implica el tomar medidas de protección cuando está en riesgo la salud y ambiente. "Luego de tres décadas de este modelo, de innumerables pruebas tanto en los territorios como en los laboratorios, es urgente aplicar el principio precautorio ante esta forma de producir que atenta contra la vida de las poblaciones", exige Verzeñassi.
En 2020 la organización Naturaleza de Derechos publicó el informe “Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, de 270 páginas, recopilado por Eduardo Martín Rossi. Allí detallaban 1100 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente del herbicida glifosato. Figuran más de 200 investigaciones de académicos argentinos (del Conicet y de universidades públicas). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud), vinculó el glifosato al cáncer, y confirmó que produce daño genético en humanos.
En contraposición, no existen investigaciones independientes (donde no intervengan empresas y científicos con conflictos de intereses) que dé cuenta de la inocuidad de los agrotóxicos utilizados en los campos. De hecho, tanto en Argentina como en Estados Unidos, las agencias estatales aprueban esos químicos en base a estudios de las mismas empresas que los venden.

Experiencia única y censurada
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con unaexperiencia única: los "campamentos sanitarios" de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2010-2019 (entre ellos los ocho de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario. Pero las actuales autoridades de la Facultad (encabezada por el decano Jorge Molina) eliminaron esa experiencia única de estudio e investigación.

Los impactos en la salud
El médico e investigador Damián Verzeñassi explica que los estudios epidemiológicos no pueden precisar qué agroquímico causa determinada enfermedad en cada paciente, pero sí remarca que las poblaciones son expuestas a cócteles de agrotóxicos que individualmente está probado que estimular el desarrollo de problemas endocrinos y distintos tipos de cánceres. Destaca que el glifosato es teratogénico (produce malformaciones) y está asociado al desarrollo de linfoma no hodking; la atrazina está vinculado al cáncer de mama y alteraciones en tiroides; el clorpirifós es neurotóxico, desregula la tiroides y aumenta la incidencia de tumores de mama. En tanto el glufosinato de amonio (que se intenta utilizar en el nuevo trigo transgénico) es disruptor endocrino y teratogénico. Mientras que el 2-4D es teratogénico, aumenta el riesgo de aborto y es clasificado por IARC-OMS cómo posiblemente cancerígeno en humanos y asociado a linfoma no hodking. "Existen además trabajos científicos que demostraron que si se combinan los pesticidas, algo que ocurre en la práctica habitual, la capacidad de daño es aún mayor que individualmente", afirma Verzeñassi.
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