Más de 60 organizaciones se suman a la 1° Campaña Plurinacional Antiextractivista

Fecha de Publicación: 28/11/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


Más de 60 asambleas territoriales, organizaciones y comunidades originarias, además de personas autoconvocadas, participan de la 1° Campaña Plurinacional Anti-extractivista, un espacio horizontal y abierto que tiene como objetivo visibilizar cómo la forma de producción extractivista impacta en cada territorio y aspecto de la vida mediante actividades que se llevarán a cabo el 4 de diciembre en ciudades y pueblos de diferentes provincias del país.
"La contaminación de las fuentes de agua, los movimientos sísmicos por el fracking, la megaminería, los agrotóxicos en la leche materna, los incendios forestales son sólo algunos ejemplos de las consecuencias a las cuales se ha llegado en nombre del 'progreso' que sólo trajo desigualdad y, bajo la promesa de empleo, empobrecimiento de les habitantes y territorios", indicaron los espacios organizadores.
En este contexto, desde hace varios meses, las organizaciones y colectivos vienen articulando para realizar el 4 de diciembre y en los días previos (sábado 2 y domingo 3) actividades en cada territorio bajo una consigna común: #bastadeextractivismo.
"La Barrick Gold prometió a principios de este siglo desempleo cero y el exgobernador (José Luis) Gioja prometió que no se vería afectada, ni la cantidad ni la calidad del agua del Río Jáchal. Prometieron un paraíso minero pero nos están dejando un infierno: pobreza, sequía y contaminación del río con mercurio proveniente de los sucesivos derrames que se repiten hasta la actualidad de la Mina Veladero", describió a Télam Carolina, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca (San Juan).
La asambleísta recordó que entre el 12 y 13 de septiembre de 2015 se produjo un derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada en la Mina Veladero, hecho considerado como "el peor desastre ambiental minero de la Argentina" y por el que todavía no se juzgó a los responsables en la justicia federal.
Tras este episodio, la Mina Veladero (actualmente gestionada por la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold), tuvo otro cuatros derrames más.

El uso de agrotóxicos
Para quienes viven en zonas fumigadas ni siquiera está la promesa de progreso: "Los agrotóxicos y sus consecuencias no siempre son evidentes a primera vista. Capaz uno se da cuenta cuando aparece un sarpullido extraño en un ser querido, cuando de golpe empiezan a morir insectos o animales sin motivo aparente", contó Agustín, de la asamblea ambientalista Exaltación Salud.
"A veces es peor, uno abre los ojos con la muerte de algún ser querido que, a pesar de llevar adelante una vida sana, de repente muere por un cáncer fulminante. Cuando uno se 'despierta', empieza a ver las consecuencias de este modelo tóxico en todas partes. Porque en los pueblos fumigados, si algo sobra, son pruebas en carne propia del daño de los agrotóxicos", continuó.
A pesar de tener un amparo judicial que prohíbe las fumigaciones de manera terrestre a menos de 1.000 metros de casas y escuelas, las y los vecinos del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz han denunciado pulverizaciones con agrotóxicos violatorias de la decisión de la Justicia: la última fue en septiembre cuando se produjo una fumigación a menos de 800 metros de la escuela de La Lata, en Capilla del Señor.
Desde una mirada más general, Paula de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), describió que "extractivismo es un concepto que reúne en su interior todas las actividades de saqueo y contaminación que llevan adelante las grandes corporaciones de la mano del gobierno de turno sin que importe la consecuencia sobre las comunidades afectadas, todo con un único objetivo, la ganancia privada".
 La activista ambiental señaló que llevan "décadas de esta práctica, por ejemplo, comiendo agrotóxicos que primero contaminaron ríos, suelos y cuerpos de otras especies; tomando agua con venenos y metales pesados pues luego de hacer volar una montaña en mil pedazos para extraer oro y demases, vierten las aguas residuales en algún río cercano; viendo grietas abrirse en las paredes de nuestras casas que tiemblan producto de la extracción no convencional de gas y petróleo; perdiendo cosechas y suelos por sequías e inundaciones consecuencias de la feroz deforestación constante".
Y añadió que "con estos ejemplos puede verse que las problemáticas socioambientales afectan a todas las personas, por eso uno de los ejes de la campaña es 'dime de dónde eres y te diré qué extractivismo padeces'".
Las acciones que se realizan en cada territorio pueden verse en la siguiente página web: https://hastacuandoextractivismo.blogspot.com/
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Vivir con agroquímicos en el cuerpo: "Representamos lo que la población argentina consume todos los días"

Fecha de Publicación: 16/11/2023
Fuente: Unidiversidad
Provincia/Región: Nacional


Nair de los Ángeles Pereira es una de las 73 personas voluntarias del proyecto internacional Sprint, que busca medir el impacto de los agroquímicos en la vida cotidiana de la ciudadanía en diferentes países. Contó a Unidiversidad cómo es vivir con plaguicidas en el cuerpo.
“Es hora de acabar con el mito de que los plaguicidas son necesarios para alimentar al mundo. Yo y otras 72 personas somos el ejemplo del peligro que causan”, dijo Nair de los Ángeles Pereira. La bióloga e investigadora del Conicet vive con más de diez sustancias tóxicas en su cuerpo. Esta certeza la tiene luego de conocer los resultados alarmantes de un estudio internacional en el que participó junto a ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. El informe reveló que Argentina tiene los niveles de concentración más altos de agroquímicos en los alimentos, lo que se traduce en sustancias peligrosas para el cuerpo y el ambiente. Todo un dato que a nivel local derivó en un cerco informativo.
En 2017, Nair y toda su familia se mudaron a una casa ubicada en Sierra de los Padres, a menos de mil metros de campos fumigados, en una de las zonas rurales de General Pueyrredón (Buenos Aires), históricamente expuesta a los agroquímicos por ser parte del cinturón frutihortícola.
En noviembre de 2021, mientras cursaba el embarazo de su hija, esta bióloga e investigadora del Conicet, se presentó como voluntaria junto a otras 72 personas para que se tomaran las muestras necesarias en el marco de un estudio a escala internacional llamado "Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global 2020/2025)” (Sprint, por sus siglas en inglés), que inició en 2020 y se desarrollará durante un total de cinco años. Se trata de una iniciativa que evalúa el impacto de los agroquímicos en la vida cotidiana de la gente en diferentes países.
El estudio se encuentra financiado por el Banco Mundial, participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, elegida por la Unión Europea por ser uno de los principales países exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
En nuestro país, el muestreo en sangre, orina y materia fecal se llevó a cabo a fines del 2021 en distintos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de evaluar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y los ecosistemas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el organismo nacional a cargo del desarrollo y seguimiento del estudio a nivel local, liderado por la doctora Virginia Aparicio.
Entre los resultados que se dieron a conocer se confirmó que las 73 personas analizadas en el país tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la materia fecal y hasta 86 plaguicidas diferentes en el polvo de sus casas.  Entre los venenos detectados está el glifosato. Si bien, estas conclusiones son una muestra de diferentes poblaciones de Buenos Aires, Nair afirmó que son reflejo de lo que pasa en el todo el país.
Muchas de las personas analizadas viven lejos de las fumigaciones, por lo que se considera a estos plaguicidas de carácter “omnipresente”: se encontraron venenos en los alimentos, en el polvo del hogar, en los granos de cultivos, en animales, en alimentos para animales, en suelos y hasta en el agua.
“El día que me entregaron los resultados del estudio me resultó muy alarmante. Si bien sospechaba que algo me estaba sucediendo, en especial por los repetidos tratamientos de fertilidad que tuve que hacer para tener a mi hija, pude corroborar que los plaguicidas que están en mi cuerpo causan justamente impacto directo en el sistema reproductivo”, detalló la bióloga. En junio recibieron los resultados de manera particular, ya que la publicación de los resultados de manera pública fue suspendida por decisión del INTA.
Su preocupación creció aún más por la falta de respuesta por parte del Estado y del INTA, que de hecho intentó tapar las conclusiones obtenidas. “El 6 de junio, el INTA y la doctora Aparicio iban a dar una charla para detallar los resultados, pero fue suspendida. De hecho, (el organismo) prohíbe hasta el día de la fecha que ella hable del proyecto Sprint”, remarcó.
“Por privado se nos ofreció acceder a nuestros análisis personales, pero nadie nos dijo cómo seguir. El gran problema es que además de la cantidad de agroquímicos que nos causan daño de manera individual, no se sabe qué puede causar la mezcla de tantos agrotóxicos, la interacción entre los mismos plaguicidas y sus metabolitos. Por eso, exigimos una explicación: es realmente alarmante que absolutamente todos los que participamos del estudio Sprint tengamos al menos 10 plaguicidas en sangre, manifestó.
Nair recalcó que los 73 voluntarios y voluntarias son una muestra de lo que pasa en el país. "Representamos todo lo que el resto de la población argentina consume todos los días”, dijo y advirtió que: “Para aquellos que podrían pensar que esto me sucede a mí porque estoy en Sierra de los Padres a menos de 1000 metros de campos fumigados, hay que resaltar que la misma cantidad de plaguicidas fueron encontrados en personas que viven en la ciudad de Mar del Plata y en otros sitios de la provincia. La gran preocupación que mantenemos — y por la que exigimos respuesta por parte del Estado— es que esta mezcla de plaguicidas que corroboramos tener en nuestros cuerpos llega a los platos de todos los ciudadanos. Por eso es vital que el INTA continúe siendo parte de este estudio y, además, que nos dé una respuesta certera”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la utilización masiva e inadecuada de algunos insecticidas y herbicidas puede provocar múltiples enfermedades e incluso la muerte. De hecho, el organismo internacional afirma que por intoxicación de pesticidas unas 200.000 personas mueren al año.

Qué dijeron desde el INTA
En los primeros días de octubre, el presidente del INTA Mariano Garmendia reconoció un error inicial por parte de la institución en torno al abordaje del proyecto y planteó que ahora buscará subsanar e involucrar a los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires por su peso en materia de salud pública. Según la bióloga, esta fue la primera vez que el organismo se pronunció de manera pública en el marco del Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y la Economía Social que se desarrolló días atrás en Paraná, Entre Ríos.
Nair también contactó en varias oportunidades a representantes del INTA para conocer en qué situación actual se encuentra el organismo y para que pudieran brindar explicaciones, pero desde allí se disculparon por no contar con una respuesta oficial.
El reclamo de los voluntarios y las voluntarias del estudio junto a otras organizaciones socioambientales de la provincia de Buenos Aires inició en junio, cuando de manera paralela a los resultados obtenidos, el organismo estatal “pospuso” la publicación del estudio que tenía previsto para el 21 de ese mes. En este sentido, Nair —como vocera del resto de las personas voluntarias— consideró que el cambio de dirección radical se debe al “peso” que contienen esos indicadores de interés público y a las posibles consecuencias para la industria agropecuaria.

Carta para exigir respuesta
El 23 de septiembre de este año, el conjunto de voluntarios y voluntarias examinadas elevó una carta al Consejo Directivo del INTA. En el documento pidieron que se continúe con su participación en este proyecto de investigación de vital importancia y cuestionaron que “alegar como motivo de suspensión que los estudios realizados exceden la incumbencia del INTA por involucrar a la salud humana (NO-2023-69067079- APN-DN#INTA y RESOL-2023-399-APN-CD#INTA) es un fundamento insuficiente”.
“Por un lado, el proyecto Sprint está formado por un equipo multidisciplinario que incluye a profesionales de la salud de alto reconocimiento nacional e internacional. Por otro lado, el Consejo Directivo como máxima autoridad de INTA puede, de considerarlo necesario, generar estrategias y movilizar recursos humanos del Estado que gestionen las acciones necesarias en el área de la salud para dar continuidad a un proyecto de alto impacto productivo, ambiental y social como Sprint. Además, el acuerdo firmado entre el INTA y el proyecto Sprint (RESOL-2020-477-APN-CD#INTA) especificaba claramente ser aceptado y avalado por el INTA”, expusieron.
Nair resaltó que el pedido de respuesta oficial es para que toda la sociedad se entere de lo que se está consumiendo con los alimentos, lo que se bebe al tomar agua y lo que se respira, ya que los niveles de plaguicidas encontrados en las muestras argentinas fueron muy superiores a los obtenidos en las muestras de la Unión Europea.
En ese contexto, tiene peso el Acuerdo de Escazú que Argentina firmó en 2020. Este establece para América Latina y el Caribe el derecho al acceso a la información ambiental, además de la participación pública en la toma de decisiones.

Los resultados del estudio Sprint en Argentina y Europa
El miércoles 27 de septiembre, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78), que se realizó en Nueva York, se conocieron por primera vez los resultados del proyecto Sprint de forma pública y masiva.
De los resultados compartidos, se supo que en Argentina uno de los agrotóxicos más usados para fumigaciones es herbicida glifosato.
En este sentido, investigadores presentes en la conferencia virtual señalaron —en relación a las muestras de fluidos humanos— que hay presencia de glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) en orina en el 86,1% de los argentinos y las argentinas muestreadas y en el 35,2% de los europeos y las europeas. Al analizar las heces humanas, en tanto, se detectó ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los y las bonaerenses.
Por otro lado, se supo que el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos. Asimismo, que el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo; un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial; rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar, entre otros datos de relevancia.
Más allá de las concentraciones de cada agrotóxico, especialistas señalaron que el principal problema es que tanto en Europa como en Argentina se encontraron varios químicos a la vez, y no hay todavía estudios que muestren qué pasa con esas mixturas. En este sentido, una de las investigaciones que está llevando adelante Sprint es ver qué pasa con las mixturas de agroquímicos en lombrices.
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La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe convalidó los 1.000 metros libres de agroquímicos en Sastre

Fecha de Publicación: 09/11/2023
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El máximo órgano de Justicia provincial rechazó la queja interpuesta por el municipio y confirmó la protección a los vecinos. La decisión sienta precedente para futuros litigios que podrían impulsar otras comunidades afectadas por las fumigaciones
 La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja interpuesta por la Municipalidad de Sastre para oponerse a la sentencia de primera instancia que hizo lugar a una acción de amparo colectivo ambiental. El fallo original había determinado un radio de protección de 1.000 metros libres de agroquímicos, en todo el perímetro urbano de esa ciudad del departamento San Martín. Ahora, la decisión del máximo órgano de Justicia provincial convalidó la instauración de esa distancia como protección a una población rural en su totalidad y sentó un precedente que abre la puerta para que otras comunidades afectadas por la aspersión de químicos agrarios, concreten su reclamo.
Desde septiembre de 2020, cuando el juzgado de primera instancia de Rafaela dictó una sentencia en la que prohibió las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de distancia, comenzó la etapa de resguardo para la ciudad de Sastre, de unos 7.000 habitantes, transformándola en la primera urbe santafesina y la segunda en el país, en contar con todo el perímetro urbano protegido.
 La causa tiene un fuerte fundamento en la protección de la vida, la salud de las personas y el ambiente e invoca el principio precautorio. También incorpora numerosas pruebas reunidas como voces de expertos, informes científicos y territoriales y la normativa ambiental vigente.

Municipio contra vecinos
Esta decisión judicial fue apelada por los productores en carácter de terceros interesados y la Municipalidad, pero la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos confirmando la sentencia de primera instancia. Respecto a esta última, el municipio interpuso luego un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Rafaela a fin de que intervenga en el asunto la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, pero la Cámara de Apelaciones lo rechazó.
No conforme, el municipio insistió recurriendo directamente en queja ante la Corte para solicitar su intervención, que el máximo tribunal rechazó no solo por cuestiones formales sino fundamentando su decisión con profusión de argumentos vertidos en la sentencia.
De este modo confirmó el veredicto de primera instancia, del juez Duilio Hail y ratificó la sentencia de segunda instancia. Con esta decisión de la Corte, rubricada por el presidente, Daniel Erbetta y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se agotaron los recursos provinciales debido a que ya se expresó el órgano máximo de justicia.
Ahora, en absoluta soledad -ya que los productores no pudieron continuar su reclamo por presentarse fuera de los plazos establecidos en la queja ante la Corte provincial-, el municipio de Sastre, opuso otro recurso extraordinario, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida se presentó en la Corte santafesina y aún no fue resuelta. En caso de que se admita, remitiría la causa al máximo órgano de Justicia nacional; si lo rechaza, sólo quedará a la Municipalidad recurrir directamente en queja ante la Corte de la Nación.

Argumentos municipales
En los fundamentos de las distintas impugnaciones que intentó, la Municipalidad argumentó que consideraba al fallo de primera instancia como arbitrario y lesivo de sus derechos constitucionales; que se interpretó el material probatorio incluido en la causa de un modo equivocado, que hubo vicios de sustentación dogmática, autocontradicción y falta de apreciación de cuestiones conducentes.
También atacó el mecanismo que usaron los vecinos -un recurso de amparo colectivo- como método legal para zanjar el conflicto que se presentó ante las fumigaciones cercanas a las viviendas y la legitimación de los vecinos como demandantes “por no haber acreditado su relación, más o menos directa, con las zonas supuestamente afectadas por las fumigaciones”. En el mismo rumbo observó la personería de la defensora general y su habilitación para representar a los amparistas.
Sin embargo, la Corte consideró acertada la decisión de la Cámara que “ponderó los delicados intereses en juego y evaluó los distintos carriles existentes para canalizar la pretensión de los amparistas, concluyendo acertadamente con sustento en la Constitución Nacional, que para el caso, el amparo era la vía idónea para tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales comprometidos”.
En este punto, la Corte destacó la importancia de esos derechos que cuentan con expreso reconocimiento en la Carta Magna nacional, como los que se encuentran en juego en este caso: “un ambiente sano, una mejor calidad de vida y la protección de la salud”.
Capítulo aparte merece el cuestionamiento que hizo el municipio al considerar que “la vía judicial no es la adecuada para resolver la cuestión debatida, sino que debía continuarse con la discusión democrática y representativa en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad”.
En realidad, los demandantes junto a los padres de Zoe Giraudo -una niña de dos años enferma de cáncer- decidieron optar por la vía judicial cuando el cuerpo de concejales les indicó a los vecinos que las posibilidades de reclamo ante el Concejo estaban agotadas, luego de un año de pedir que modifiquen la ordenanza que regula las fumigaciones.
“Vayan a la Justicia, nosotros no podemos hacer nada”, dijo el entonces edil y actual secretario de Gobierno del municipio, Edgardo Figueroa. Su suegra, la intendenta María del Carmen Amero -quien es propietaria de campo dentro de la zona alcanzada por la restricción judicial- nunca recibió a los vecinos para debatir sobre la problemática a pesar de los reiterados pedidos de audiencia.
La Municipalidad defendió los alcances de la ley provincial 11273, de regulación de “productos fitosanitarios” -sancionada en 1995, antes del cambio de modelo agroindustrial- como herramienta para decidir dónde permitir y prohibir las fumigaciones. “Cada comunidad tiene un margen de apreciación dentro de lo que la ley provincial considera como tolerable, siendo competencia municipal decidir si se fumiga o no en la zona donde la ley ya no lo considera peligroso”, indicaron en la causa.
Las autoridades municipales de Sastre también atacaron las pruebas producidas en el proceso porque consideraron que “no dan certeza de que estemos ante la presencia de un daño cierto o inminente” e intentaron desacreditar el aporte al legajo que hicieron el biólogo Rafael Lajmanovich y la médica pediatra Analía Pretto. En este punto cabe aclarar, que durante la etapa de desarrollo de este conflicto, los trabajos de investigación de Lajmanovich fueron publicados en revistas científicas internacionales y convalidadas por sus pares.
El municipio, también consideró que el fallo es descalificable por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial e incumplir con la exigencia de motivación suficiente. Sostiene que se cercenaron sus derechos con una interpretación incorrecta de los antecedentes y prueba aportada, que se aleja del derecho vigente y afecta el derecho al debido proceso y la garantía de defensa en juicio.

La posición de la Corte
El fallo de la Corte santafesina aclara que “sólo se advierte la mera discrepancia” -sin entidad constitucional- de la Municipalidad con lo resuelto por la Cámara, “en un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria que no amerita el franqueamiento de esta vía excepcional”.
“Se advierte que toda la argumentación desarrollada por la recurrente (el municipio), pese al matiz constitucional que pretende otorgarle, constituye una reedición sin variantes de las objeciones formuladas en las anteriores instancias, omitiendo la demandada dirigir críticas concretas hacia la decisión objeto de la impugnación extraordinaria”, señalaron los ministros y consideraron que así desvirtuó el objetivo de atacar legalmente el fallo de Alzada.
También consideraron inadmisible interpretar que no existe daño cierto o inminente para que proceda el amparo de los vecinos “en un campo en el que rigen los principios de prevención y precautorios, adquiriendo este último operatividad, justamente, en supuestos de incerteza científica cuando se verifica riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible y siempre que exista un mínimo de demostración de su posible concreción”.

Copie y pegue
En definitiva, la Corte Suprema explicó que el municipio, representado a lo largo del juicio por el abogado santafesino, Domingo Rondina, “no hizo más que reeditar idénticos planteos a los que fueron objeto de tratamiento oportuno y suficiente, evidenciando solo discrepancia con el criterio del Tribunal y sin lograr perfilar un supuesto de arbitrariedad que amerite la descalificación de la sentencia”.

Hacia un modelo sostenible
Pasaron dos años de la primera sentencia. Y si bien aún hay tensiones entre los protagonistas, Sastre tiene la posibilidad de transitar un camino de transición hacia un modelo agroecológico más saludable y rentable. En los lindes de la ciudad actualmente se realiza siembra de pasturas o producciones ganaderas, demostrando que se puede producir sin envenenar. Un contexto en el que todos ganan.
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El silencio del INTA y una nota para que continúe el proyecto sobre agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/10/2023
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Los voluntarios del proyecto Sprint se reunieron con el nuevo director y afirmaron que les respondió “no tener nada que ver con la decisión” del Consejo Directivo.
El ingreso de una nota formal dirigida a distintas autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para reclamar la continuidad de Argentina en el proyecto internacional “Sprint”, que busca estudiar y medir las cantidades de agroquímicos en el cuerpo humano y también en los ecosistemas, fue una de las últimas acciones que encararon las y los voluntarios que participaron en el muestreo tras una reciente reunión con el INTA. En ella, aseguran, el nuevo director del organismo estatal, Ariel Pereda, se comprometió a elevar su pedido aunque les planteó “no tener nada que ver” con la decisión del Consejo Directivo de posponer la difusión pública de los resultados y la participación del país en el estudio.
Ante la falta de respuestas en torno a la continuidad del proyecto “Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global” (Sprint, por sus siglas en inglés), las y los 73 voluntarios de distintos partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires (entre ellos de General Pueyrredon) que participaron del muestreo en noviembre de 2021, decidieron en las últimas semanas a partir de una reunión virtual con el organismo ingresar una nota formal dirigida al Consejo Directivo del INTA.
El estudio Sprint inició en 2020 y está pautado para desarrollarse durante un total de cinco años. Participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, país elegido y financiado por la Unión Europea por ser uno de los principales exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
Sin embargo, en julio, quienes participaron como voluntarios y voluntarias junto a distintas organizaciones en una jornada frente a la delegación local del INTA, denunciaron que el organismo estatal había “pospuesto” sin una justificación razonable la publicación de los resultados que debía realizarse el 21 de junio y que apartó del estudio a la científica Virginia Aparicio, una ingeniera agrónoma experta en la materia, a cargo del proyecto y quien debía presentar esos resultados.
Días después de esas denuncias públicas, que incluyeron la voz del colectivo Paren de Fumigarnos, investigadores y profesionales del propio organismo, el INTA ―a través de una resolución con fecha del 5 de julio― “pospuso” la participación de Argentina en el proyecto Sprint “hasta tanto no se cuente con los informes y antecedentes de los avances de las actividades efectuadas”.
Desde entonces, el reclamo de quienes participaron como voluntarios se centró en obtener algún tipo de respuesta oficial de los resultados que, si bien habían sido presentados individualmente por el organismo a cada participante, no incluyeron una explicación de qué implica tener una “mezcla” de agroquímicos en el cuerpo.
En un informe periodístico que abarca la experiencia de dos voluntarios de General Pueyrredon, Qué digital expuso que de esos resultados se desprende, a grandes rasgos y sin distinción entre zonas periurbanas y urbanas (como el centro de Mar del Plata), que las personas analizadas en Argentina tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la material fecal y hasta 86 agroquímicos diferentes en el polvo de sus hogares.

Una reunión con el nuevo director nacional del INTA
Semanas atrás, quienes participaron del Sprint fueron convocados a una reunión virtual para el 4 de septiembre en la que se presentó el nuevo director nacional del INTA, Ariel Pereda, el veterinario que asumió en reemplazo de Carlos Parera.
Allí, Aparicio presentó los resultados sobre los agroquímicos encontrados en los participantes aunque “todo fue rápido”, según expusieron las personas muestreadas. Según relató Esteban, voluntario de General Pueyrredon, Pereda “pidió disculpas por cómo se había manejado el tema aunque se excusó diciendo que el Consejo Directivo era el que había decidido suspender la participación del INTA en el proyecto Sprint“.
En esa misma línea, sostuvo que, como recién asumía, Pereda dijo que “él no tenía nada que ver con la decisión del Consejo Directivo”, y que ahora, sin un plazo de fecha estimado, esa máxima área del organismo estatal “va a tomar una decisión de si continúa con la suspensión o no“.
Con la sensación de que el nuevo director del INTA “se desentendió” y de que la reunión “fue media ‘secreta’ porque no hubo convocatoria ni a la gente de los departamentos del INTA de Balcarce”, las y los voluntarios resolvieron, en busca de alguna respuesta, ingresar una nota formal.
“En un momento de la reunión nos dijeron que querían preservarnos a nosotros, por la confidencialidad. Pero nosotros justamente lo que queremos es que se difundan los resultados. Fue un poco rara la situación y después de eso, no hubo ninguna respuesta por parte del INTA. El director se comprometió a transmitir nuestro pedido al Consejo pero no hemos tenido ninguna respuesta”, aseguró Esteban.

El ingreso de una nota formal
A raíz de ello, quienes participaron del estudio decidieron ingresar una nota formal dirigida al Consejo Directivo del INTA que es el área de “máximo nivel de decisión”, conformada por un presidente, Mariano Garmendia ―quien días atrás afirmó que los resultados del Sprint “no están prohibidos”―, y vicepresidente, Nacira Belén Muñoz, designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
El Consejo Directivo, a su vez, está integrado por un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco representantes del sector privado para “garantizar una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y estrategias globales de decisión institucional así como el control social de su accionar”.
Más allá del argumento del nuevo director nacional del INTA ante su nueva asunción, los voluntarios reparan en la responsabilidad del organismo al momento de firmar el contrato con un “consorcio de diferentes instituciones” que llevan adelante el proyecto y que “está incumpliendo”.
En ese sentido, el reclamo central apunta ahora a, por un lado, la continuidad del INTA en el proyecto Sprint por su relevancia en materia de salud pública y del desarrollo de políticas y, por el otro, a “que se hagan públicos los resultados porque es información que según el Acuerdo de Escazú, tiene que ser pública“.
“Interpretamos esta falta de respuesta como una estrategia de que va a pasar el tiempo, nadie va a decir más nada, y se va a suspender definitivamente la participación del INTA”, analizó Esteban. Además, lamentaron que las agrupaciones gremiales del campo y diferentes universidades del país que también forman parte del Consejo Directivo, hayan estado de acuerdo con la suspensión del INTA en el Sprint de manera unánime.
“Es una cosa incomprensible e imperdonable. No puede ser que haya representantes de entidades de investigación y conocimiento público que hayan votado la suspensión del proyecto. Es totalmente inaudito”, planteó Esteban.
La nota, firmada por las y los voluntarios y enviada el 23 de septiembre al Consejo Directivo y a los Consejos Regionales del INTA que “son los que aconsejan aunque el que mayor poder de decisión tiene en este caso es el de Buenos Aires Sur”, se trata de una solicitud formal para que el INTA continúe su participación en el proyecto bajo la responsabilidad de Aparicio.

Los argumentos
Al momento de hacer esa solicitud, los voluntarios se refirieron a la relevancia del estudio para generar “datos cruciales” sobre la presencia de plaguicidas, sus mezclas y concentraciones en muestras humanas, animales, vegetales y ambientes en el territorio colectivo: “La construcción colectiva de estos datos nos brinda la oportunidad de contribuir en la toma de decisiones más informadas y comprometidas para una producción agropecuaria sostenible en pos de la salud“.
Además de los equipos de investigación argentinos involucrados, hicieron hincapié en la importancia, más allá de obtener sus resultados de manera individual y privada, de la evidencia científica obtenida en el proceso de monitoreo y resultados experimentales relacionados con las mezclas y concentraciones de agroquímicos que se desarrollan el laboratorios europeos.
En ese sentido, sostienen que el proyecto Sprint forma parte de un plan global “dirigido e integrado por profesionales de gran prestigio internacional pertenecientes a institutos de investigación, universidades europeas y la FAO (por sus siglas en inglés) con laboratorios de estándares de calidad rigurosos para el procesamiento de las muestras”.
Y argumentaron que en la última reunión virtual, Pereda “manifestó su apoyo a la continuidad del Sprint y a Aparicio como investigadora responsable en Argentina” a pesar de que “explicó que no es competencia suya la participación argentina en el proyecto sino del Consejo Directivo, quien dictó la suspensión a través del voto unánime”.
Es por eso que los voluntarios consideran como “fundamento insuficiente” la explicación que el INTA dio oficialmente a la hora de suspender la participación. En ese momento, el organismo estatal aseguró que los estudios realizados excedían la “incumbencia” del INTA por “involucrar a la salud humana”, según relataron en la nota.
“Abandonar este proceso científico comprometería el trabajo que se ha realizado y la credibilidad del INTA frente a la comunidad y a futuros compromisos de financiación y cooperación internacional”, cerraron en la nota, aún sin respuesta.

Los datos presentados en Nueva York
Semanas atrás, en el marco de la novena edición de la Cumbre Científica en torno a la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, se presentaron virtualmente datos comparativos con los resultados obtenidos en Argentina. Allí, comentó Esteban en diálogo con Qué digital, en comparación a los países europeos muestreados se identificó que en Argentina hay cantidades “superiores de agrotóxicos en sangre, orina y demás”.
“La diferencia es abismal. Esos datos se difundieron públicamente días atrás. Es alarmante que el nivel de contaminación en Argentina es varias veces superior. Es una diferencia muy grande lo que están dando con los países europeos”, sostuvo.
En la cumbre científica, la investigadora Violette Geissen, coordinadora a nivel internacional del Sprint, reveló que las muestras de Argentina presentaron menos variedad de agroquímicos que las de Europa aunque mayores concentraciones de plaguicidas en el polvo de las casas de familias rurales y en la materia fecal, según publicó la agencia nacional Télam.
A pesar de que en Argentina se observaron cantidades menores de plaguicidas respecto a Europa, la investigadora reparó en que en el país se relevó una zona con pocos tipos de cultivo mientras que en Europa se contemplaron diez tipos de cultivos, entre ellos de vino, olivas y trigo.
En cuanto a las concentraciones, explicó que en Argentina fueron mayores en el suelo, el aire interior y en el agua mientras que en las plantas fueron “iguales”. Respecto a los valores en las personas, informó que los plaguicidas en la materia fecal en las muestras de Argentina fueron “mucho más altas” que las de Europa.
En concreto, el 100% de las muestras de materia fecal de Argentina arrojaron la presencia de glifosato mientras que el mismo plaguicida estuvo presente, según datos de Télam, en el 70,5% de las muestras de Europa. En Argentina, además, se encontraron altas concentraciones de fipronil sulfone en el 97,1% de las muestras contra 23,8% de las de Europa y el plaguicida lambda-Cyhalothrin en un 87% de las muestras argentinas en comparación al 15,9% en Europa.
Por otro lado, la investigadora aseguró que en las muestras argentinas de orina también se encontraron mayores concentraciones aunque la diferencia “no fue tan marcada“, algo que atribuye a que “no se metaboliza lo mismo a través de la orina” y que las altas concentraciones de agroquímicos en la materia fecal indicarían una alta exposición de los plaguicidas en Argentina.
La experta concluyó, en línea con lo que que plantean las y los voluntarios de Argentina, que más allá de las concentraciones encontradas de cada uno de los plaguicidas, la principal problemática tanto en Europa como en el país es que “se encontraron varios químicos a la vez” y que aún no existen estudios que muestren qué implica para la salud humana esas “mixturas”.
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Prohíben las fumigaciones aéreas y terrestres en Campana

Fecha de Publicación: 03/10/2023
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Buenos Aires


La Corte Suprema dispuso cumplir la ordenanza contra las fumigaciones por aire o por tierra a menos de 1.000 metros de zonas pobladas. Diversos informes de la Auditoría General de la Nación evidencian los débiles controles sobre los agroquímicos en el país.
Se prohibieron las fumigaciones aéreas con agrotóxicos y las fumigaciones terrestres a menos de 1.000 metros de zonas pobladas en Campana. La Corte Suprema de Justicia dispuso que se cumpla la ordenanza aprobada 12 años atrás.
En 2011 se sancionó la ordenanza municipal que prohibía el uso de productos agroquímicos y plaguicidas esparcidos de forma aérea, y que establecía una distancia de 1.000 metros con respecto a zonas pobladas, escuelas y centros de salud para la fumigación. A pesar de ello, y a través de una cautelar presentada por dos grandes productores de la zona que reclamaban el derecho al trabajo, en 2012 se les volvió a permitir fumigar a pesar de que se encontraban a menos de 30 metros del barrio Los Pioneros.
La organización vecinal Los Pioneros y barrios aledaños enviaron a la Facultad de Agronomía seis muestras de agua para demostrar la presencia de agrotóxicos. Todas las muestras recolectadas dieron positivo para glifosato. También recurrieron al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) donde las muestras de agua enviadas dieron positivas para 18 agroquímicos, mientras que las de tierra arrojaron presencia de cinco agroquímicos. Por último, se enviaron muestras de orina para verificar la presencia de agrotóxicos en los cuerpos. De los 10 casos enviados, tres dieron positivo para glifosato.

El control de los agrotóxicos en Argentina
La Auditoría General de la Nación analizó el uso de agroquímicos en el país a través de cinco informes. En 2011 se analizó el Plan Nacional de Gestión de Plaguicidas de Uso Sanitario, dependiente de la Subsecretaría de Determinantes de la Salud e Investigación del Ministerio de Salud de la Nación. Los cuatro restantes fueron sobre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el último data de 2021.
Los distintos informes ponen en evidencia los débiles controles sobre los agroquímicos y productos de terapia vegetativa por parte del Senasa. Además, en todos hallaron debilidades en la fiscalización de los productos utilizados.
El último informe de 2021 evaluó cómo se evita la comercialización de productos de terapéutica vegetal que estén prohibidos por sus efectos negativos en la salud y el ambiente. Se halló que el Senasa no controla como debería, que hay un déficit en materia de recursos humanos lo que involucra a varios agentes realizando diferentes tareas, por lo cual el trabajo de esas tareas se ve debilitado.

El caso de Misiones
Misiones sancionó la Ley de Promoción de Bioinsumos que prohíbe el uso de glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia. Se estipuló un período de transición para reemplazar el uso de agrotóxicos. Durante la última década, la provincia sancionó, en promedio, dos leyes por año vinculadas a la agricultura familiar, la diversidad de la producción y el cuidado del ambiente
La normativa establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, comercialización y utilización de productos biológicos naturales. Para el periodo de eliminación de agrotóxicos, el Estado provincial deberá acompañar a los productores en el camino hacia una producción orgánica, científicamente responsable, económicamente rentable y ambientalmente sustentable.

Alimentos contaminados
Según un informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), más del 60% de las frutas y verduras que llegan al Mercado Central contienen pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos.
Los controles realizados entre 2011 y 2016 por el organismo detectaron 82 agroquímicos en 38 de los alimentos controlados, entre ellos frutas, hortalizas, verduras y cereales.
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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Fecha de Publicación: 02/10/2023
Fuente: La Vaca
Provincia/Región: Nacional


El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.
A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).
Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.
Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).
¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.
En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se incluyó a nuestro país?  Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.
Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.
Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.
El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes
Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

En los hogares
Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.
Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la  potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.
A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.
Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza
En la conferencia virtual –toda en inglés– que  duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.
Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.
Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.
El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.
Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.
“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la  investigación.   
En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada
En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.
En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
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Córdoba fue elegida para trabajar la reglamentación sobre libre de deforestación en la Unión Europea

Fecha de Publicación: 29/09/2023
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Nacional - Córdoba


Las Buenas Prácticas Agropecuarias y el Plan Provincial Agroforestal que ejecuta el Ministerio de Agricultura podrían ser parte de las ventajas comparativas frente a este nuevo reglamento.
Con la participación de representantes de numerosas entidades vinculadas al sector agropecuario y agroalimentario cordobés, se realizó el encuentro denominado "Diálogo de Innovación y Transformación sobre la nueva regulación libre de deforestación de la Unión Europea", que limita el intercambio comercial para aquellas materias primas y productos asociados que hayan sido generados en territorios con deforestación.
La apertura estuvo a cargo del secretario de Agricultura, Marcos Blanda quien destacó diferentes acciones que desarrolla el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para fortalecer una producción cada vez más sostenible. Se sumó a la mesa el agregado agrícola de Alemania en Argentina, Hernan Intermann y Marnix Doorn, líder del Proyecto financiado por el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de la República Federal de Alemania (BMEL).
"Córdoba fue elegida como una de las regiones para trabajar este intercambio y facilitar el intercambio comercial. Nuestra fortaleza es la profunda articulación del sector público con el privado en casi todos los sectores productivos, y las políticas públicas vinculadas a la innovación y a la sostenibilidad del modelo agrobioindustrial", dijo el secretario y aseguró que el programa provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias y el Plan Provincial Agroforestal son dos herramientas estratégicas que "nos permitirán superar las barreras que se puedan dar frente a esta nueva resolución, dado que nos pone un paso más allá de muchas regiones productivas".
Participaron el director de Fiscalización y Control, Gustavo Balbi, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, Jorge Dutto; el titular de Senasa, Gustavo Zabaleta; su par de la Bolsa de Cereales, Erardo Gallo, de la Fundación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, Gabriel Raedemaeker, entre otras autoridades sectoriales.
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Coletazos de la aprobación del trigo HB4: En la Argentina, “a pedido de los clientes”, un molino comenzó a ofrecer harina “libre de transgénicos”

Fecha de Publicación: 26/09/2023
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional


En el programa dominical de Mitre y el Campo entrevistaban este domingo a los directivos de la empresa Molinos Cabodi, que fue fundado en la localidad de Rojas en 1853 por el francés Don Sebastián Roques, y por eso a lo largo de este año está festejando extensos 170 años de vida. Algo de experiencia tiene: es el molino más antiguo del país y sigue en manos de su familia fundadora.
En la entrevista se repasaba esa historia sin reparar que unos minutos antes, en una publicidad emitida durante el mismo programa, Molinos Cabodi ofrecía a sus clientes “harina 100% libre de transgénicos”, en una clara referencia a que el trigo utilizado por ese establecimiento -que representa cerca del 3% de la molienda nacional- no pertenecía a la variedad HB4 de Bioceres, que fue modificado genéticamente para tener mayor tolerancia a la sequía y es el primer trigo transgénico aprobado, no solo en la Argentina sino en todo el mundo.
En sus redes sociales, Cabodi realiza esa misma aclaración: “Nuestras harinas están producidas con trigos 100% libres de transgénicos. Como desde hace 170 años, reafirmando nuestro compromiso con la sociedad”. En Bichos de Campo, donde sí reparamos en ese detalle, consultamos a la empresa pero sin suerte. Prefirieron no hacer aclaraciones aunque dijeron que esa estrategia de diferenciación respondía a satisfacer el pedido de muchos  de sus clientes.
Como sea, el molino más antiguo del país está adoptando una posición de avanzada -para la Argentina- en materia de segregar sus materias primas (en este caso el trigo) en función de su condición de OGM (organismo genéticamente modificado). Y lo hace por decisión propia, sin que haya ninguna normativa que lo obligue a hacerlo. “A pedido de los clientes”.
Es esta toda una novedad, especialmente desde la industria alimenticia argentina, donde no hay otros casos (salvo de productos agroecológicos u orgánicos) de alimentos que aseguren a sus clientes ser libre de OGM.
La Argentina fue, en 1996, el segundo país del planeta en cultivar este tipo de cultivos, detrás de Estados Unidos, al autorizar la siembra de la soja RR de la ex Monsanto. Pero a diferencia de otros países, donde se estableció el “etiquetado obligatorio” de los transgénicos, aquí nunca se consideró necesario que el consumidor conozca de esa condición cuando esos granos fueran utilizados dentro de la cadena alimentaria. Ni las botellas de aceite mezcla hechas a partir de soja OGM ni la polenta elaborada con maíz Bt llevan esa aclaración. Y en el nuevo etiquetado frontal de los alimentos ni siquiera se menciona el tópico. La decisión oficial aquí siempre ha sido considerar los granos modificados como “equivalentes” a los convencionales.
En el caso del trigo HB4 del Bioceres, un trigo que ofrecería mayor tolerante a la sequía porque la investigadora del Conicet, Raquel Chan, le introdujo un gen de girasol, este debate reapareció por una sencilla razón: hasta ahora no había ningún país en el mundo que hubiera aprobado este tipo de tecnologías en el cereal, ya que el mismo se utiliza para consumo humano directo (son mayor proceso industrial que la molienda) y se temía una reacción negativa de los consumidores.
En rigor, cuando el gobierno de Alberto y Cristina comenzó a coquetear con la aprobación de este OGM autóctono (lo hizo en octubre de 2020, pero condicionado a una aprobación también en Brasil), la primera reacción tanto de los exportadores del cereal como de los molinos nucleados en la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) fue totalmente negativa, reclamando al gobierno garantías de que no iban a verse perjudicados los mercados.
El ex ministro Julián Domínguez hizo caso omiso a esas advertencias y otorgó la liberación final del trigo HB4 en mayo de 2022. Para ese momento, los exportadores exigían a sus proveedores solo trigo convencional y ya habían montado un sistema de análisis en puertos y acopios, para asegurarse una provisión del cereal “OGM Free”., pues argumentaban que corrían riesgo los mercados internacionales de la Argentina. Todavía siguen haciendo ese tipo de análisis.
¿Y qué sucedió con la molinería interna, que absorbe 6 millones de toneladas de trigo? Para ese entonces, en acuerdos privados con unos 250 productores de todo el país, Bioceres llevaba producidas unas 200 mil toneladas de su trigo transgénico que, según declararon las propias autoridades de la empresa, fueron orientadas hacia el mercado doméstico a través de algunos molinos seleccionados, que aceptaron ese cereal convencidos de que el consumidor local finalmente no pondría reparos.
El negocio del trigo HB4 está siendo próspero. Recientemente Bioceres informó a sus accionistas en Nueva York que en el año fiscal 2023 (concluido a fin de junio) sus ingresos fueron 419,8 millones de dólares, con un aumento interanual del 25%. De esa suma, el trigo HB4 había aportado casi 16 millones de dólares, con un salto del 28% respecto del año anterior y aún en un año con una severa sequía. Además decía que, sin restricciones, “el número de multiplicadores/distribuidores incorporados se multiplicó por 8, lo que posiciona la red comercial para cumplir con la orientación establecida para el año fiscal 2024”. Para la nueva campaña, Bioceres lanzó varias variedades de su trigo transgénico para que los productores puedan decidir libremente si lo siembran o no.
En febrero de este año, Bioceres informó que el trigo HB4 -sin ningún tipo de limitación legal para su producción y comercialización dentro del país- se estaba utilizando en 25 molinos que lo mezclaban sin ningún tipo de problemas con los convencionales, para la elaboración de diferentes tipos de harinas y alimentos. No eran pocos los que lo aceptaban, ya que en la Argentina existen en total unas 150 plantas industriales.
Hasta ahora, según fuentes de la propia industria molinera, la mayor parte de las empresas estaba exigiendo a sus productores proveedores de trigo, al momento de cerrar los contratos de compra/venta, un compromiso firmado de que el trigo que recibirían sería libre de HB4, tal como sucede con la exportación. Pero la fuente admitió que luego de la aprobación de esa variedad modificada para la producción de alimentos de consumo humano, “todos dejaron de prestarle atención, a tal punto que ni siquiera advierten que todavía se hacen los contratos con esa cláusula”.
“No supe que ningún colega alguna vez haya hecho el test para determinar la posible existencia de granos HB4 dentro de sus compras. Siempre se habló de tener controlado la situación con sólo el pedido y no con controles efectivos”, admitió el molinero consultado.
Al comenzar a promocionar sus harinas como “100% libres de transgénicos”, y aunque no está obligado a hacerlo ni existe el modo de certificarlo, el añoso Molino Cabodi acaba de salirse de esa lógica. Eso ya es una noticia en si misma. Una golondrina no hace verano. Habrá que ver qué sucede con otros establecimientos industriales y también con los consumidores locales, que hasta ahora -y por 25 años- habían sido casi convidados de piedra en este tipo de discusiones.
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“Histórico”: Se firmó un acuerdo para evitar barreras paraarancelarias con la Unión Europea

Fecha de Publicación: 22/09/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Este miércoles se firmó un "acuerdo histórico" entre el Gobierno, la industria y el sector agropecuario para desarrollar una plataforma de trazabilidad de soja y carne bovina libres de deforestación.
Los objetivos del acuerdo incluyen capacitación para productores agrícolas y ganaderos para que puedan acceder a la plataforma; acceso gratuito para todos los productores argentinos; transparencia en la plataforma; la aceptación de la plataforma en mercados internacionales; y utilizar la identificación de libre de deforestación en toda campaña de posicionamiento de productos argentinos en el mundo.
En la rúbrica del acuerdo estuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el presedente de Ciara-Cec, Gustavo Idígoras, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, el presidente del Consorcio Exportador de Carnes ABC, Mario Ravettino y el representante de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio.
La soja y la carne, los dos productos más importantes de la agroindustria argentina, una por volumen y otra por precio por tonelada, enfrentan una exigencia con plazo al 2025 desde la Unión Europea, el bloque comercial que más importa la harina de la oleaginosa y que pago los mejores precios por los cortes bovinos.
"Trabajaremos juntos para cumplir con estándares internacionales y promover la transparencia del sector", dijeron desde Ciara-Cec.
La semana pasada, durante el Congreso Internacional de Maíz, realizado en Paraná, Entre Ríos, Idígoras advirtió que mercados están entrando en una agenda de sustentabilidad, y empiezan a pedir información sobre el balance de carbono, emisiones netas, el consumo de agua por hectárea.
Y sobre todo, si los cultivos (por ahora soja y carne) se producen en una zona libre de deforestación. Pero destacó que también el maíz tendrá que certificarse próximamente.
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Autoridades de la Patagonia debatieron sobre la gestión de envases de agroquímicos

Fecha de Publicación: 21/09/2023
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Patagonia


Representantes de las carteras de Ambiente y Producción de Río Negro y Neuquén debatieron cómo manejar mejor los residuos agroindustriales.
La Asociación Civil CampoLimpio organizó en Río Negro su segunda Mesa de Sustentabilidad de la Patagonia, donde interactúan actores públicos y privados que participan de la cadena de tratamiento de residuos agroindustriales, en especial de los envases vacíos de fitosanitarios.
Con el objetivo de llevar adelante un proceso de complementación y cooperación en el que se pongan en común dificultades, intereses, líneas de trabajo y abordajes de la gestión de envases en particular y la producción sustentable en general. Convocaron a autoridades nacionales, provinciales y locales, sociedades de productores, recicladoras, universidades y otros actores.
Participaron la intendenta de General Roca, María Emilia Soria y otras autoridades de Río Negro y Neuquén. Entre ellas, Judith Jimenez, subsecretaria de Control y Fiscalización de Río Negro, y el director provincial de Producción Agraria de Neuquén, Lucio Illescas; representantes regionales de SENASA e INTA, y productores de la región. Los presentes se turnaron para tomar la palabra y plantear avances y desafíos en materia de mejoras ambientales y productivas para la región.
La intendenta de General Roca celebró el espacio y el trabajo articulado junto a los ministerios de Neuquén y Río Negro y las distintas órbitas estatales, a la vez que resaltó la labor codo a codo no sólo por el medioambiente sino por la producción. “Me parece que éste es el ámbito adecuado”, subrayó Soria.
Asimismo, la intendenta resaltó la reciente entrada en operaciones del Centro de Almacenamiento Transitorio en la localidad, y que desde entonces "se nota la presencia de CampoLimpio en la ciudad, dicho de boca de los productores" y remarcó la tranquilidad que le da a la Dirección de Medioambiente del municipio "que se esté trabajando de esta manera, mucho mejor y más responsable".
Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de CampoLimpio, Juan Manuel Medina, destacó que el objetivo de estos encuentros tiene que ver con una mirada regional para el abordaje de las problemáticas que visualizamos desde la Asociación, sin dejar de lado que “no queremos que estos espacios de debate estén sujetos exclusivamente a la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, sino extenderlo a las problemáticas ambientales en general desde la institucionalidad, y así desde CampoLimpio oficiar como enlace para que nos podamos encontrar y poder seguir pensando y planificando en términos ambientes y de producción”.
La delegación de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro mencionó que, si bien desde 2017 la provincia trabaja en la gestión responsable de recipientes de agroquímicos a través de la realización de campañas de recepción, a partir de la aprobación del plan de gestión de CampoLimpio tomó relevancia la agilización del sistema, el control y la concientización, ya que año tras año se incrementó el compromiso de los productores.
En el caso de Neuquén, la Dirección Provincial de Producción Agraria presente mencionó la creación de políticas de incentivos en la materia como el Premio Estímulo para productores que llevan adelante estrategias vinculadas a la implementación de BPAs. Dentro de estos requisitos, se encuentra la obligatoriedad de mostrar el certificado ambiental de devolución de envases que entrega CampoLimpio.
Durante la jornada surgieron diversas reflexiones en torno a problemáticas regionales para la producción sustentable como el cuidado del agua y la protección del ecosistema. También se reforzó la importancia de la generación de alianzas e iniciativas para promover la sensibilización y conciencia ambiental.
Después de la Mesa Sustentabilidad se realizó la Jornada de actualización técnica y de normativa aplicable, donde CampoLimpio y GlogalG.A.P llevaron adelante una capacitación para técnicos, ingenieros agrónomos, productores e integrantes de empresas certificadoras. Allí se discutieron puntos sobre la Nueva Ley de Agroquímicos N° 5600/22 de la Provincia de Río Negro, las incorporaciones de exigencias ambientales de la Versión 6/GLOBALG.A.P. y el manejo responsable de envases vacíos de fitosanitarios. Formaron parte autoridades de la provincia de Río Negro, Alejandra Pistagnesi de GLOBALGAP y referentes de CampoLimpio y Casafe.
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Santiago del Estero: desalojo de comunidades, desmonte y violencia habilitada por el Estado

Fecha de Publicación: 18/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El conflicto de tierras ocurrido la semana pasada en el departamento Figueroa finalizó con un fallecido, heridos y tres detenidos. La violencia es consecuencia de un modelo de negocio que cruza a empresas extranjeras, intermediarios locales, avales del gobierno provincial, discursos “verdes” y violación de la Ley de Bosques. Tierra Viva viajó monte adentro para escuchar las voces de las comunidades que enfrentan a las topadoras.
“Tengo 45 años, soy nacida y criada en esta comunidad y quiero morir en este lugar”, dice Angélica Serrano, camache (autoridad) del Pueblo Tonokoté en el departamento Figueroa, Santiago del Estero. Anochece en la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Figueroa, en el centro oeste santiagueño. Algunos vinales, árboles autóctonos del lugar, juegan con los débiles rayos del sol y proyectan las últimas sombras de la tarde. Serrano habla con calma, sonríe cuando cuenta sobre los alimentos que produce y se vuelve enfática cuando denuncia la responsabilidad del gobierno provincial en el conflicto territorial que ya llevan años con la empresa Concept Nature, de capitales alemanes y argentinos, y que sigue perjudicando a las comunidades nativas que viven en cada uno de los parajes monte adentro.
La semana pasada el paraje San Roque, de Figueroa, fue escenario de un enfrentamiento que terminó con un muerto, tres heridos y detenidos. Los medios locales presentaron el caso como "una pelea entre vecinos", pero en verdad fue otro episodio de defensa del territorio que terminó con un fallecido en un contexto de inacción del Gobierno de Santiago del Estero, a cargo de Gerardo Zamora.
Según un informe de Greenpeace, Santiago del Estero es la provincia que más deforestación registró en las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La organización ambientalista señala que la principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria, para ganadería y cultivo de soja.
El desmonte no sólo arrasa los árboles autóctonos, como el algarrobo, el chañar o el vinal, sino las formas de vida de las comunidades que habitan el monte nativo. Es el caso que viven las familias del departamento Figueroa, ubicado en la zona seca del centro oeste provincial. Allí, distribuidas en diez parajes rurales, viven cien familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, a la agricultura en pequeña escala y a la recolección de los frutos del monte. “Es una zona donde se han relevado y están registradas muchas comunidades originarias e incluso afrodescendientes”, contextualiza Victoria Escobar, integrante de la UTT de Santiago del Estero.
La productora cuenta la situación del conflicto de tierras mientras lleva plantines para la feria que se realizará en la capital santiagueña. Allí, las y los productores de la zona venden sus verduras, conservas, algarroba, arropes de chañar o de tunas. Son alimentos elaborados agroecológicamente, a precios accesibles para la población urbana.
“Figueroa es un lugar muy montuoso. Está alejado de los centros urbanos y eso genera mucha vulnerabilidad”, continúa Escobar. Sobre la tenencia de la tierra, explica que es un problema en ese territorio porque “las familias no cuentan con papeles que reafirmen su posesión veinteañal (de más de dos décadas), lo que las coloca en una situación vulnerable frente a los empresarios”. Pero subraya: “Sin embargo, es un departamento de mucha historia de organización de las familias campesinas y de las comunidades que vienen resistiendo a estos desalojos y atropellos”.
En esa zona de monte virgen y sinuosos caminos de ripio, alejada de las ciudades, opera la empresa Concept Nature Mangagment S.A. La firma tiene negocios en Misiones y también, específicamente, en Figueroa. En su sitio web da cuenta de sus objetivos: “Nuestras forestaciones son trabajadas preservando todos los componentes del medio ambiente e incluyen una diversidad de especies nativas y exóticas de alto valor las cuales fueron plantadas luego de la preparación del terreno y cuyo crecimiento es optimizado por medio del control de malezas, raleos y podas”.
El relato corporativo se condice con lo que cuentan los propios campesinos sobre lo acontecido en las últimas semanas: “Desmontaron todo y empezaron a colocar plantines de almendras”, dice un lugareño, que no da su nombre para evitar reprimendas.

"Las familias campesinas están refugiadas en sus propios territorios"
Todas las personas consultadas para esta nota coinciden en algo: lo de Figueroa no es un hecho aislado. Los números lo comprueban. En 2022, según Greenpeace, se deforestaron en esa provincia 38.492 hectáreas. Y entre enero y junio de 2023, las máquinas avanzaron sobre 19.040 hectáreas. “Resulta grave que más del 80 por ciento de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”, denuncian desde Greenpeace. Y señalan que el gobierno provincial “viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido“.
La modalidad que tienen empresas como Concept Nature es asociarse con firmas nacionales, como Santiago S.A. o Figueroa S.A., que a su vez le pagan a intermediarios para conseguir la propiedad de las tierras para las empresas. Estos intermediarios son personas del lugar, que conocen el territorio y rastrean ―a través de la Dirección de Catastro provincial― a los herederos de los antiguos dueños de las tierras, que hace generaciones que no viven en el lugar y que muchas veces desconocen que poseen por herencia esos campos. A ellos les ofrecen la compra de las tierras y luego usan esos títulos en contra de las comunidades que, por inacción del gobierno, no cuentan con elementos para hacer valer su posesión veinteañal.
En 2017, en el Boletín Oficial de la provincia, se publicó la aprobación de los planos de agrimensura enviados por la empresa alemana-argentina en la zona de Rodeo Grande, otro paraje de Figueroa, donde también viven comunidades campesinas e indígenas. Una vez que se hacen con los campos, los cercan para sus planes de negocios, obstruyendo el modo de vida y de producción que ancestralmente realizan las familias del lugar.
Ese entramado económico y burocrático tiene como consecuencia lo que ocurre en Figueroa. “Después de lo ocurrido la semana pasada, las familias campesinas están en calidad de refugiadas en sus propios territorios, por temor a las represalias. Son familias que viven allí hace tres o cuatro generaciones. Viven, producen: viven por y para la tierra”, dicen desde la UTT.
Serrano, la camache del Pueblo Tonokoté, describe las tareas de cría que realizan: “Producimos alimentos agroecológicos, tenemos huertas y animales de granja como gallinas o patos. También hacemos producción caprina y porcina. Hacemos conservas, de conejo por ejemplo. Si bien no tenemos producción de conejos, los cazamos en el monte. Hacemos escabeches de conejos, de perdices, de gallina y de gallina casera criolla. Tenemos verduras para el autoconsumo y para llevar a las ferias, para intercambiar con otras hermanas y hermanos de la comunidad”. El monte nativo es para esas familias fuente de alimento y de vida.
Mariela Campos, delegada provincial de UTT, describe con angustia: "Es muy triste esta situación, ver cómo las familias tienen que irse y dejar sus casas, sus animales, todo".

Desmontes ilegales y armas para apropiarse de tierras campesinas en San Roque
En las últimas semanas, un grupo de operarios con máquinas topadoras ―que trabajan para las empresas intermediarias Santiago S.A. o Figueroa S.A.― comenzaron a abrir caminos en el bosque nativo del paraje San Roque. Cansados por la situación, un grupo de campesinos fue a pedirle a quien manejaba una de las máquinas que cese en su trabajo. La charla, que comenzó en la mañana del martes 5, fue pacífica. El operario se retiró del lugar y se comprometió a quitar una suerte de obrador que estaba en ese sitio.
Pero las horas pasaban y esas casillas seguían en su puesto. Ese mismo martes, los lugareños regresaron a pedir que las saquen. Fue en ese momento que llegó Edgardo Ledesma ―jefe del grupo de operarios― en una camioneta, con varias armas, y diciéndole a los campesinos: "¿Quién es el pelotudo que me quiere quemar las casillas?". Luego comenzó a disparar e hirió de bala a uno de los campesinos. La situación devino en un tiroteo en el que Ledesma fue herido de muerte. Mientras se investiga quién hizo el disparo que terminó con su vida, algunos campesinos y otros peones de Ledesma fueron detenidos de manera preventiva por el Poder Judicial santiagueño.
Desde entonces, la situación en San Roque es tensa. Una mujer, que pide que se preserve su identidad por las amenazas recibidas, relata: "Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias". Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte".
La tensión producida en las zonas rurales donde se disputa el monte nativo trae a la memoria otros hechos, como el asesinato de Cristian Ferreyra, de la comunidad Lule Vilela de San Antonio, en 2011. En el momento del crimen, Ferreyra participaba de una actividad en defensa de su territorio, situado en el oeste santiagueño. Por el hecho, se condenó a diez años de prisión a Javier Juárez, como autor material del homicidio; y se exculpó al empresario sojero Jorge Ciccioli, denunciado como presunto autor intelectual.

Un discurso verde que entra con topadoras
En su sitio web, Concept Nature afirma: “Nuestra compañía se encuentra evaluando y comenzando a incursionar en estrategias para maximizar la capacidad de sus bosques de quitar dióxido de carbono de la atmósfera a fin de participar del mercado de bonos de carbono, el cual incentiva la lucha contra el cambio climático”. Los bonos de carbono, o "bonos verdes", son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto ligado a reducir el impacto del cambio climático.
Por eso, Concept Nature inició hace tres años un proyecto de “recuperación de áreas forestales degradadas”. Y dan cuenta explícitamente de cómo se apoderan de las tierras de las comunidades: “Identificando las áreas de una explotación comercial realizada previamente a la adquisición de las propiedades por la firma y enriqueciendo el monte con especies nativas para producir de forma sustentable madera de alta calidad".
Respecto a la intención de reforestar campos que ya están densamente forestado, por ser zonas vírgenes, Escobar explica que “se enmarcan en la corriente verde de lo sustentable, que es parte también de la estrategia de los extractivismos del agronegocio: vestirse de verde, de orgánico, de sostenible”.
La productora de UTT añade: “Estas empresas vienen con un plan de negocios diciendo que va a convertir ese monte en un monte productivo, sustentable, orgánico, verde. Pero vienen a lavar sus culpas de haber contaminado en otros países, de haber emitido un montón de gases de efecto invernadero. Vienen con el eslogan de reforestar un monte que ya existe, un monte vivo que ya alberga a muchas familias trabajadoras”.

Desalojar a los pueblos indígenas para beneficiar a las empresas
Serrano cuenta cómo fue el proceso de reconocimiento del Pueblo Tonokoté en Santiago del Estero. Ella es camache de su comunidad en el paraje San Felipe. “Nuestra comunidad originaria es el Pueblo Tonokoté, cuyo nombre ancestral es el Iacumuchuna, que se identifica con la zona de escasez de agua”, explica. Agrega que las familias de la zona aún hablan esa lengua para que no muera. “Mis abuelos fueron nacidos y criados en este lugar y ellos me transmitieron la lengua, la cultura, la identidad y todo lo que sabemos”, sostiene la mujer.
En 2009, se autorreconocieron como integrantes del Pueblo Tonokoté, ya que son herederos de su lengua, su cultura y su historia. Con la Ley 26.160, el Estado Nacional reconoció las tierras que ancestralmente habitan los pueblos originarios. El relevamiento del Pueblo Tonokoté llevó varios años, y finalmente les fueron reconocidas 10.000 hectáreas. “Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que esa ley tampoco era la solución, porque aún tenemos que seguir peleando en las provincias para que los gobiernos nos reconozcan”, dice Serrano.
En 2013, la empresa MIJOVI S. R. L., propiedad de la familia Sarquíz, beneficiada con la licitación de obras públicas en la provincia, intentó despojarlos de cinco mil hectáreas. Fue gracias a la organización comunitaria que lograron frenar las topadoras. La autoridad indígena denuncia: “Los empresarios ocupan nuestros territorios y queremos estar organizados, buscando nuevas estrategias ante tantos gobiernos que nos invisibilizan. El último conflicto, en la comunidad hermana de San Roque, ocurrió en un territorio que también está relevado. Allí hay una empresa que viene intentando despojarlos”.
La entrevistada apunta al gobierno de Gerardo Zamora: “Queremos que el Estado a través de la organización reconozca el territorio para vivir tranquilos, para producir alimentos sanos y cuidar el monte”. Sobre la responsabilidad del gobierno en los hechos, manifiesta: “Siempre hago responsable al gobierno porque tiene vínculos con el Poder Judicial. Estas grandes empresas vienen con el aval del gobierno, que no piensa si habrá en esas tierras comunidades, si existirán allí pueblos originarios”. Y recuerda: “El año pasado hicimos una marcha por un hermano que estaba preso por un conflicto de tierras y el gobierno provincial nos mandó a reprimir. Esa es la respuesta que tenemos del gobierno: apoyar a las grandes empresas y ser ajeno a los problemas de las organizaciones”.
“En 2022 nos sumamos a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, para hacer visible la realidad de las comunidades campesinas e indígenas en el interior de Santiago del Estero. Porque somos invisibles, esa es la realidad. Y también para mejorar la producción, fortalecer la defensa del territorio y apostar a la agroecología”, cuenta Serrano. Y asegura: “Estamos convencidos de que necesitamos espacios de territorio y también resguardar lo que hay en el territorio”.
Serrano señala la importancia de defender el monte para decirle “no” al narcotráfico, a la contaminación del ambiente y a las enfermedades que producen los agrotóxicos. “Queremos vivir tranquilos y sanos. Queremos vivir en el territorio donde nacimos”, argumenta. E insiste: “Quiero morir en mi comunidad produciendo, transmitiendo nuestras luchas cotidianas y también buscando mejorar nuestra comunidad, haciendo tomar conciencia a nuestros hermanos y hermanas de que debemos producir la tierra en la que vivimos y justamente resguardarla para producir en ella”.
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