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500 millones de litros de agrotóxicos por año
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En la Argentina se utilizan más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos por año
Fecha de Publicación: 14/06/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
En nuestra última presentación, el 5 de Junio de 2019, en una muy concurrida clase de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión del día del ambiente, y ejercitando su defensa, exhibimos los datos de los impactos del agronegocio y los reales números sobre la cantidad de agrotóxicos que se comercializan para su uso en la Argentina.
Sucede, que después de 4 años, se pudo acceder a los datos sobre cantidad de agrotóxicos en litros/kilos comercializados en Argentina, en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por las empresas que componen la la Cámara de Sanidad y Fertilizantes CASAFE. Ello, a través de informes de dos Consultoras Pampas Group e Investigaciones Económicas Sectoriales IES, que analizaron los números de dicha cámara empresarial.
CASAFE, nuclea a una treintena de empresas que poseen el mayor volumen de venta de agrotóxicos en la Argentina, representando al 80 % 85 % del mercado agroindustrial local, el otro 15 a 20 % corresponde a más de un centenar de empresas que o bien forman parte de otras cámaras más pequeñas o no están agrupadas en ningún colectivo de representación empresarial.
Por ello, los números de CASAFE, adquieren una relevancia significativa, atento que reflejan gran parte del volumen de los agrotóxicos que se consumen en la Argentina, siendo que el Estado, ha renunciado a su función de contralor en registrar la cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se usan efectivamente en la agricultura industrial, dejando todo al libre albedrío de las corporaciones del agronegocio.
Sin datos concretos y oficiales, es imposible que el Estado pueda implementar políticas públicas y tener un accionar precautorio, ni tampoco asegurar el derecho a la información de la población sobre una actividad y productos químicos que tienen entidad suficiente para producir impactos negativos significativos en la salud, el ambiente y la biodiversidad. Algo que efectivamente está sucediendo.
Pero debemos partir de la base que el agronegocio presenta un grave déficit democrático. El modelo agroalimentario Argentino Nunca fue objeto de un debate abierto, sincero y soberano en el Congreso Nacional , salvo - como siempre sucede - para procurar leyes que benefician a las corporaciones del agronegocio, como la ley de semillas o la nefasta ley sobre agrotóxicos de Basterra. Todo hoy se rige por resoluciones de despachos administrativos donde funcionarios serviles al agronegocio, que transcienden a los gobiernos, autorizan transgénicos y hacen oídos sordos a todas las evidencias científicas contundentes que obligan a revisar, suspender y hasta prohibir a una gran cantidad de agrotóxicos en uso en la agricultura industrial.
En cuanto a la información sobre las ventas y volumen en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se consumen en la Argentina, el último dato brindado por CASAFE data del periodo 2012/2013: 285 millones de litros/kilos.
Esos números solo comprenden el 80% 85 % del mercado. Si proyectamos el 15% 20 % restante de las empresas no nucleadas en CASAFE, el volumen total de agrotóxicos comercializados en Argentina, en el año 2013, fue aproximadamente 300/330 millones l/k por año.
A partir del periodo correspondiente al año 2014, CASAFE dejó de publicar ex profeso los datos de volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina, ante las constantes denuncias de las asambleas y organizaciones de los Pueblos Fumigados sobre la insostenibilidad del modelo agroindustrial ya que una sostenida mayor demanda de uso de venenos, año tras año, confirma ese carácter de modo irrefutable.
Por ello, otrora y luego de dos años sin saber sobre la cantidad de consumo de agrotóxicos en la agricultura Argentina, comenzamos a indagar sobre esa información faltante, que las empresas ocultan y que un Estado cómplice acompaña con su omisión de actuación.
Arribamos a las primeras conclusiones, en el mes de Octubre de 2015, las cuales fueron expuestas en el 3ª Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
En nuestra presentación exhibimos una primera aproximación señalando que conforme a nuestras investigaciones la cantidad de agrotóxicos se habían incrementado en las campañas 2013/14 y 2014/15.
Así, sostuvimos que al año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en Argentina ascendía a la suma de 350 millones de litros/kilos por año, aproximadamente.
Esos datos los volvimos a reafirmar en todas nuestras presentaciones y charlas, tanto en el grupo de trabajo de organizaciones mundiales contra el agronegocio, por Argentina en la Asamblea de los Pueblos, en La Haya (Holanda), en Octubre de 2016 y en el 1° Encuentro de Pueblos Fumigados de Entre Ríos, en el mes de Noviembre de 2016.
En el informe de la Consultora Pampas Group, puesto en conocimiento a fines del año 2018, sobre el periodo correspondiente al año 2014, se reconoce que las empresas que componen CASAFE, comercializaron un volumen de 305 millones de litros/kilos de agrotóxicos en el año 2014. Si proyectamos al 100 % del mercado esa cifra asciende a los 350/360 millones de litros kilos por año el 2014.
El informe confirma las cifras que aseveramos en Octubre 2015 en el Congreso Médico.
El otro dato que se informa por Pampas Group, es el incremento del 13 % en volumen de productos (que se traduce en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos) del año 2016, respecto del año 2015, aunque omitiendo toda información sobre este último.
Los números de los volúmenes de consumo de agrotóxicos en el año 2015, podemos deducirlo de una nota en el diario La Nación, en su sección Campo, que informó en su momento, que en ese año, respecto del año 2014, las cantidades de kilos litros de agrotóxicos se incrementó en el 17,1 %.
Si tomamos la base de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE (80% 85 % del mercado) en el año 2014: 305 millones de litros/kilos, y considerando el incremento del 17,1% que menciona el diario La Nación respecto del año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina en ese año, solo por las empresas que componen CASAFE, fue de 356 millones de litros/kilos.
Si le sumamos el 15% / 20 % del mercado restante, las cantidades llegan a los 410/427 de litros/kilos de agrotóxicos por año por el periodo correspondiente al año 2015
O sea, muy cerca de los 423 millones Litros/kilos que informamos y denunciamos que ya se usaban para el 2016 en la Argentina (no ya los 350 millones litros/kilos del 2014/2015) en nuestras presentaciones y charlas en los años 2017 y 2018 en Brasil, Bolivia y Argentina.
Como podemos observar, entonces, que los datos que postulamos como muy probables en cuanto a los volúmenes de uso de agrotóxicos en la Argentina - sin tener a la vista los informes de Pampas Group de fines de 2018 sobre CASAFE y publicados recientemente, a principios del año 2019 - , quedan confirmados.
Como ya lo adelantamos, más arriba, Pampas Group señala que de los números del 2016 de CASAFE se constata que el volumen de agrotóxicos comercializados aumentó un 13 % respecto del 2015.
Por lo tanto, para saber sobre la data del volumen de agrotóxicos comercializados en el 2016 que refieren a CASAFE (80 % 85% del mercado), habría que agregar a los 356 millones de litros/kilos del año 2015, el incremento que se verificó en el 2016: 13 % -.
Esa operación nos da unos 402 millones de litros/kilos por el año 2016 para las empresas nucleadas en CASAFE.
Ahora bien por otro lado, la Consultora IES, señala que el volumen estimado por el año 2016 de agrotóxicos comercializados asciende a los 393 millones litros kilos, aproximados a los 402 millones que se deducen de los datos consignados por Pampa Group respecto al volumen de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE – 80 % 85 % del mercado.
Si a los 393/402 millones de litros kilos los proyectamos al 100 % del mercado de agrotóxicos, nos da promedio: 465 millones de litros/kilos, como el número total del año 2016, aproximadamente.
Según IES, en el año 2018, las empresas comprendidas en CASAFE vendieron para su uso en Argentina, 460 millones de litros kilos de agrotóxicos, representando un incremento del 10,9 % respecto del año 2017, donde se consumieron 410 millones de litros kilos de agrotóxicos.
Por lo tanto, realizando una proyección al 100 % del total del mercado (+ 15/20%), los números totales serian de + 480 millones de litros/kilos y + 525 millones de litros/kilos , aproximadamente para los años 2017 y 2018, respectivamente.
Así quedan revelados los números sobre la cantidad de agrotóxicos que se consumen en la actualidad en la Argentina. A estos más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos que se utilizan por año, resta adicionarle todas las operaciones informales.
También debemos recalcar que algunos medios de prensa, no distinguen entre agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos). Más a allá que ambos son un problema ambiental y grave. Así por ejemplo se observan varias notas periodísticas de medios hegemónicos que refieren a que, en los años 2016 y 2017, el uso de agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos) fue de 360 y 380 millones de litros kilos, respectivamente, lo cual es absolutamente incorrecto. Esas cifras refieren sólo a fertilizantes que en el año 2016 el volumen fue de 3.609.084 de millones k/l y en el 2017 de 3.776.902 millones k/l, según los datos de Fertilizar. En el año 2018, esa cifra siguió en ascenso: 4.305.000 millones k/l.
Computando conjuntamente los volúmenes de fertilizantes (sintéticos) y agrotóxicos, en el año 2018, la suma total fue casi mil millones de litros/kilos.
El futuro es nuestro, no a las corporaciones del agronegocio
Mirando hacia adelante, los datos no son alentadores. Es importante considerar las metas propuestas por el Plan Estratégico Agroalimentario ideado e implementado en el año 2012 y que es una auténtica política de Estado que ha transcendido a los gobiernos y se mantiene firme en el cumplimiento de las sub-metas.
El objetivo final del PEA es llegar a casi 48 millones de hectáreas de agricultura sometidas al modelo del agronegocio.
La sub-meta fijada en el PEA para el año 2030 es de 43 millones de hectáreas. De cumplirse con ese objetivo y mantenerse la línea ascendente en el consumo de agrotóxicos la cantidad de litros kilos de los mismos sería para el año 2030 + 600 millones.
Otro dato muy preocupante y coincidente con esa cifra ascendente, son los 800 millones de litros/kilos de fertilizantes sintéticos que la principal cámara de empresas productoras de fertilizantes (CIAFA) tiene como meta final, siendo que estas sustancias guardan una estrecha relación en cantidad de uso por año con los agrotóxicos.
La Relatora del Derecho a la Alimentación de la ONU, ya alertó al Consejo de Derechos Humanos y a nuestro país, en su informe especial por Argentina del año 2018, que el modelo del agronegocio, sustentado en el uso de agrotóxicos es altamente problemático e insostenible ambientalmente. Nosotros agregamos que es abiertamente inconstitucional por ser incompatible con el paradigma ambiental que nos propone la carta magna en cuanto las actividades productivas deben satisfacer las necesidades de la sociedad actual pero sin comprometer el acervo ambiental, pensando en las generaciones futuras.
Hoy ya sabemos que son más de 525 millones de litros kilos de agrotóxicos, también que la casi totalidad de los alimentos que consume la población en la Argentina, frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas vienen con residuos de agrotóxicos, tal como lo empezamos a revelar desde Abril 2017, en el informe "Heladeras Fumigadas Argentinas" con datos oficiales del Estado que tenia bien guardados. Y que luego sistematizamos, en Julio de 2018, en el informe "El Plato Fumigado", inmediatamente tras haber obtenido las concentraciones de los 82 venenos detectados en 38 alimentos, en los controles oficiales entre los años 2011-2016.
Y cuando hablamos de agrotóxicos, nos referimos sin eufemismos a venenos, porque son sustancias tóxicas con entidad para producir cánceres, afectación crónica al sistema hormonal y nervioso humano, en base a la información científica disponible, o sea debidamente publicada. Resultando, por ello, un despropósito que desde el agronegocio y los defensores de un modelo productivo ecocida, sigan con su entelequia, de referirse a estos biocidas como fitosanitarios.
Asimismo denunciamos como ecocida al agronegocio, porque a todo su derrotero contaminador, hay que sumar la grave afectación a la biodiversidad. Miles de componentes biológicos hoy están desapareciendo, el declive de insectos ya entró en alerta en varios países europeos, donde la cantidad de uso de agrotóxicos es mucho menor que a la de Argentina. Un parámetro significativo de esa situación, es la disminución drástica de la población de colmenas de abejas. En nuestro país, los datos son escalofriantes, en el lapso 2010-2018 se pasó de 3,2 millones a 1,8 millones de colmenas. Ya estamos actuando en este aspecto, acompañando a todas y todos los apicultores de la Argentina, en un proceso judicial para revisar, suspender y prohibir una serie de agrotóxicos sobre los cuales, estudios con rigor científico, hallaron evidencias de que afectan seriamente la vida de las abejas. Esos estudios, en Europa, fueron sumamente útiles para ir en esa dirección, en defensa de los principales polinizadores del planeta. Es que el problema ambiental de los agrotóxicos lo debemos correr de su eje antropocéntrico y abordarlo con una mirada ecocéntrica.
Esa perspectiva también debe ser considerada cuando hablamos del agua y su riesgo de contaminación por el uso masivo de agrotóxicos. Se trata de otro gran problema que ya lo tenemos frente a nuestras narices, como en un abrir y cerrar de ojos, lo que siempre sospechábamos que podía ocurrir, efectivamente está sucediendo.
Hoy las aguas subterráneas y superficiales, están contaminadas con agrotóxicos. Los trabajos de investigación de científicos y científicas de la Universidad de La Plata y un grupo muy interesante de investigadores del INTA - que haciendo gala de la ciencia digna tienen que batallar en un organismo estatal que en su cúpula nos presenta personas abiertamente permeables a los intereses de las empresas del agronegocio -, dan cuenta del impacto de los agrotóxicos en el agua (subterránea y superficial) y hasta alertan sobre la necesidad de atender este problema que puede agravarse significativamente sino se lo empieza considerar en lo inmediato. Los científicos y científicas del INTA además colocan sobre la mesa, otro factor que debe ponderarse en el encuadre del estado de situación actual y futura: el cambio climático, que empieza a incidir y que obliga a actuar.
Es que tras más de 20 años del modelo agroindustrial, se lleva un acumulado aproximado de 6 mil millones de litros kilos de agrotóxicos utilizados en la agricultura industrial - a lo que se suma casi igual cantidad de fertilizantes inorgánicos -, con los cuales son castigados constantemente los suelos. En consecuencia, el impacto a las aguas era algo previsible que ahora en los ojos de estos científicos y científicas se nos está revelando con evidencias irrefutables. El agua de consumo de red, en Pergamino, considerando todas las muestras, presentó en su conjunto 18 agrotóxicos (principios activos y sus metabolitos).
Estos mas de 500 kilos litros de agrotóxicos que denunciamos no nos toma por sorpresa, es lo que se viene señalando como una probabilidad, que ahora, refuerzan la alerta constante de los pueblos fumigados, ya para empezar a sellar definitivamente ese punto de inflexión del cual nos habla la Relatoría del Derecho a la Alimentación de la ONU. No podemos permitir que la meta de nuestra agricultura sean esas 48 millones de hectáreas sometidas al modelo agroindustrial que los gobiernos placidamente han concedido, a través del PEA, a las corporaciones y sectores económicos del agronegocio que se relamen con el aumento de las ventas de sus transgénicos, agrotóxicos y alimentos envenenados, pero sin hacerse cargo de las externalidades que esas metas representan.
No creemos que se vengan mejores tiempos políticos, lamentablemente. Hay quienes aventuran que a partir de Diciembre de este año se va a revertir el problema que implica el agronegocio en todos sus aspectos. Descreemos que el poder político vaya a girar el timón, en el corto plazo, menos si la carta electoral a la vista, nos ofrece alternativas con actores y actoras que son casualmente quienes han ideado e implementado el PEA y aprobado la primera soja transgénica, abriéndoles gentilmente las puertas a Monsanto y que encima siguen viendo con buenos ojos al modelo sojero como la solución de todos los problemas socioecónomicos de la Argentina.
Es que, en realidad, los más de 500 litros kilos de agrotóxicos que hoy tenemos en las aguas subterráneas, en los ríos, en el aire, en los alimentos, en los patios de las escuelas rurales, en los peces, en las abejas que se mueren y en nuestros propios cuerpos, ahí acumulándose diariamente, son en gran medida, consecuencias de un PEA, a través del cual se le donó el futuro de toda una sociedad, a las corporaciones del agronegocio.
Por eso, no solamente debemos decir basta de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos, sino también y muy principalmente exigir: basta de este PEA nefasto que gobierna nuestras vidas, el ambiente, la biodiversidad y el futuro, el nuestro y el de las generaciones futuras.
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Ana Zabaloy: murió un símbolo de la lucha contra agrotóxicos
Murió la directora de una de las escuelas fumigadas con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Otra iniciativa que busca prohibir el Glifosato
El Senado busca regular el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Arcioni no vetó la ley. El glifosato prohibido en Chubut
El gobierno de Chubut promulgó una ley que prohíbe el glifosato
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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Zaffaroni expuso sobre agroquímicos en el Vaticano
Zaffaroni expone en el Vaticano sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Santa Fe quiere controla fumigaciones pero en base a BPA
Santa Fe procura regularizar las aplicaciones de agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Frente a la controversia que despierta el uso de agroquímicos, hay quienes creen que es necesario aumentar la adopción de tecnología en vez de restringirla.
La provincia de Santa Fe anunció que establecerá la receta agronómica online a fin de año como parte de un programa de incentivo a las tecnologías en el agro, conocidas como AgTech, para vincularlas con la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA).
Así lo anunciaron ayer en Buenos Aires la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Manuel Medina. Según explicaron en una reunión con periodistas, ya está en marcha una licitación para instalar chips en pulverizadoras que enviarán información sobre la hora y el día de las aplicaciones de fitosanitarios y los productos utilizados por cada productor o contratista.
"Queremos cuidar la salud de la población y el medio ambiente con las herramientas del siglo XXI, no buscamos regresar al siglo XIX", dijo Ciciliani en referencia a la polémica que despierta en varias ciudades del interior el uso de agroquímicos.
Medina explicó que el gobierno provincial, con el apoyo de universidades nacionales de Rosario y del Litoral y el INTA, desarrolló un algoritmo para la gestión de fitosanitarios. Junto con los datos que les aportan los 30.000 productores inscriptos en el Registro Único de Producción Primaria (RUPP) instrumentarán la fiscalización online de aplicación de agroquímicos. Las pruebas se harán en la actual campaña de granos finos (trigo y cebada) y para fin de año las autoridades santafesinas estiman que se podrá fijar en forma obligatoria la receta agronómica online.
Por el programa de las BPA, el gobierno santafesino contrató 19 ingenieros agrónomos que recorren las 180 comunas de todos los departamentos de la provincia para solucionar problemas derivados de las aplicaciones. "Hay tres coordinadores para la provincia que se especializan en el tipo de producción de cada región", explicó Ciciliani. "No queremos discutir sobre metros", añadió, en referencia a las diferentes disposiciones municipales sobre aplicaciones terrestres y aéreas que fijan los municipios. "Creemos que hay que respetar las indicaciones de aplicación", dijo la ministra. Para la funcionaria, al establecer prohibiciones con distancias mínimas se corre el riesgo de "dejar millones de hectáreas fuera de producción".
La normativa sobre distancias mínimas es motivo de controversia en varias provincias. El conflicto más agudo se da en Entre Ríos, donde, por una medida judicial, se prohibieron las aplicaciones terrestres a 1000 metros de los centros urbanos y aéreas a 3000 metros. Según entidades agropecuarias entrerrianas, eso equivale a dejar de producir en 300.000 hectáreas.
Tecnología
Además, el gobierno santafesino presentó su programa de apoyo a las AgTech en el que participan más de 40 empresas e instituciones provinciales en ferias nacionales e internacionales para atraer inversores y facilitar las propuestas de los emprendedores. "Buscamos posicionar a Santa Fe como líder nacional y mundial de AgTech", dijo Ciciliani. ¿En qué consiste este universo? En empresas de aplicaciones de agricultura de precisión, mapeo satelital, sensores remotos y automatización, entre otros rubros. "Buscamos tecnologías que solucionen problemas de la producción", explicó la funcionaria santafesina. En una segunda etapa pretenden atraer desarrollos tecnológicos para la ganadería.
Según un documento oficial, el propósito del apoyo a este sector es "crear espacios de vinculación entre las empresas de base tecnológica y los productores agropecuarios, universidades, centros de investigación y desarrollo, los programas estatales y los fondos de inversión/aceleradoras".
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Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Frente a la controversia que despierta el uso de agroquímicos, hay quienes creen que es necesario aumentar la adopción de tecnología en vez de restringirla.
La provincia de Santa Fe anunció que establecerá la receta agronómica online a fin de año como parte de un programa de incentivo a las tecnologías en el agro, conocidas como AgTech, para vincularlas con la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA).
Así lo anunciaron ayer en Buenos Aires la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Manuel Medina. Según explicaron en una reunión con periodistas, ya está en marcha una licitación para instalar chips en pulverizadoras que enviarán información sobre la hora y el día de las aplicaciones de fitosanitarios y los productos utilizados por cada productor o contratista.
"Queremos cuidar la salud de la población y el medio ambiente con las herramientas del siglo XXI, no buscamos regresar al siglo XIX", dijo Ciciliani en referencia a la polémica que despierta en varias ciudades del interior el uso de agroquímicos.
Medina explicó que el gobierno provincial, con el apoyo de universidades nacionales de Rosario y del Litoral y el INTA, desarrolló un algoritmo para la gestión de fitosanitarios. Junto con los datos que les aportan los 30.000 productores inscriptos en el Registro Único de Producción Primaria (RUPP) instrumentarán la fiscalización online de aplicación de agroquímicos. Las pruebas se harán en la actual campaña de granos finos (trigo y cebada) y para fin de año las autoridades santafesinas estiman que se podrá fijar en forma obligatoria la receta agronómica online.
Por el programa de las BPA, el gobierno santafesino contrató 19 ingenieros agrónomos que recorren las 180 comunas de todos los departamentos de la provincia para solucionar problemas derivados de las aplicaciones. "Hay tres coordinadores para la provincia que se especializan en el tipo de producción de cada región", explicó Ciciliani. "No queremos discutir sobre metros", añadió, en referencia a las diferentes disposiciones municipales sobre aplicaciones terrestres y aéreas que fijan los municipios. "Creemos que hay que respetar las indicaciones de aplicación", dijo la ministra. Para la funcionaria, al establecer prohibiciones con distancias mínimas se corre el riesgo de "dejar millones de hectáreas fuera de producción".
La normativa sobre distancias mínimas es motivo de controversia en varias provincias. El conflicto más agudo se da en Entre Ríos, donde, por una medida judicial, se prohibieron las aplicaciones terrestres a 1000 metros de los centros urbanos y aéreas a 3000 metros. Según entidades agropecuarias entrerrianas, eso equivale a dejar de producir en 300.000 hectáreas.
Tecnología
Además, el gobierno santafesino presentó su programa de apoyo a las AgTech en el que participan más de 40 empresas e instituciones provinciales en ferias nacionales e internacionales para atraer inversores y facilitar las propuestas de los emprendedores. "Buscamos posicionar a Santa Fe como líder nacional y mundial de AgTech", dijo Ciciliani. ¿En qué consiste este universo? En empresas de aplicaciones de agricultura de precisión, mapeo satelital, sensores remotos y automatización, entre otros rubros. "Buscamos tecnologías que solucionen problemas de la producción", explicó la funcionaria santafesina. En una segunda etapa pretenden atraer desarrollos tecnológicos para la ganadería.
Según un documento oficial, el propósito del apoyo a este sector es "crear espacios de vinculación entre las empresas de base tecnológica y los productores agropecuarios, universidades, centros de investigación y desarrollo, los programas estatales y los fondos de inversión/aceleradoras".
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Agroquímicos en Pergamino, fiscal pidió mayor intervención
Contaminación en Pergamino: un fiscal federal pidió mayor intervención y compromiso de organismos del Estado
Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Matías Di Lello firmó un dictamen en el que pide al juez de la causa convocar a autoridades nacionales y provinciales. En Pergamino se encontraron más de 18 tóxicos en el agua de tres barrios
Cáncer, leucemia, asma, problemas de tiroides, irritaciones en la piel. Niños y adultos sufren en los barrios de Pergamino dolencias y enfermedades que la Justicia Federal investiga en relación con el uso de fertilizantes y plaguicidas en los campos linderos.
En el marco de esa causa, que apunta específicamente a cuatro propietarios de campos de la zona a partir de la denuncia de una vecina con graves problemas de salud en su familia, pero que puede interpretarse como un drama amenazante en gran parte del país, un fiscal federal pidió en un dictamen incorporado al expediente mayor compromiso e intervención de diversos organismos del Estado para saber qué pasa en esta ciudad bonaerense de fuerte impronta agrícola.
Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, firmó y elevó el dictamen al juez que investiga el caso, Carlos Villafuerte Ruzo. "Subyacen en las cuestiones que se plantean en la causa circunstancias vinculadas estrictamente a verdaderas políticas de Estado –en todas sus esferas: municipal, provincial y nacional- que conciernen a la salud, la economía, cuidado del medioambiente (…) para las cuales existen organismos públicos que deben dar respuesta precisa y/o adoptar las medidas que al respecto les incumbe", escribió el fiscal, en el documento, fechado el 23 de mayo pasado.
Di Lello reclamó así la intervención del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que en la ley de su creación -advierte el fiscal- se establece que debe "formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes".
"Todo lo expuesto conlleva a la necesidad de que este organismo, en el marco de sus funciones, produzca, como consecuencia del análisis que deberá hacer, un informe que permita a esta jurisdicción tener las herramientas que la ley prevé como obligatorias y válidas para la consideración de las cuestiones ambientales", reclamó Di Lello, quien además le pidió al juez Villafuerte Ruzo que convoque a una reunión con ambos a las autoridades del Cofema.
Por su condición de "organismo por excelencia en estas cuestiones", el fiscal federal de San Nicolás dictaminó que también se llame a la intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, a cargo del rabino Sergio Bergman.
Di Lello quiere saber si, al estar en conocimiento de los problemas en Pergamino, esta dependencia del Gobierno nacional "adoptó –en función de la gravedad de la cuestión- alguna medida para estudiar el asunto y en tal caso, conclusiones a las que se arribó".
También el dictamen incluye la incorporación en el expediente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación ya que, explica el fiscal federal, "uno de los aspectos relevantes de estas actuaciones es lo concerniente a la salud de los denunciantes, quienes alegaron un claro perjuicio a la misma como consecuencia de la utilización de pesticidas, y que por otra parte, a la fecha no existen certezas sobre la calidad del agua que se consume en Pergamino".
Además, Di Lello sostiene en su dictamen la importancia de la intervención del Senasa, a cargo de la reglamentación y uso de los agroquímicos; de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, por sugerencia de uno de los peritos de la causa, ya que este área coordina el Plan Nacional del Agua.
El fiscal federal de San Nicolás amplió en el dictamen la convocatoria a organismos del Estado provincial. Más allá de que ya intervinieron la Autoridad del Agua y el Ministerio de Salud bonaerenses, Di Lello solicitó la inclusión en la investigación de la Subsecretaría de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales.
El punto de la calidad del agua es fundamental en esta investigación. Los análisis incorporados al expediente son contradictorios. Un estudio del INTA-Balcarce estableció que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida contiene al menos 18 tóxicos peligrosos para la salud, derivados del uso de agroquímicos, y estableció que no es apta para consumo humano, aspecto en el que coincidieron médicos peritos y también especialistas del Conicet y del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema nacional.
Sin embargo, la Autoridad del Agua (ASA) de la Provincia opinó en sentido contrario. De esta forma, Di Lello consideró que "resulta necesario que se le otorgue inmediata intervención para que se aboque a la cuestión, a los fines de que participe de la discusión, produzca un informe de las actividades que ha desarrollado en la zona de Pergamino en los últimos años y/o en la actualidad; cuales son las estrategias de protección que se han establecido".
También el fiscal federal de San Nicolás pidió citar a una reunión a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ya que en "el caso se advierten cuestiones de salud pública que conllevan aspectos mucho más complejos" y quiere saber qué medidas adoptó esta cartera al respecto.
"En especial interesa saber si se han adoptado directivas para los centros asistenciales del sistema de salud –ya sea público y/o privado- en orden a que se observen determinadas pautas en el diagnóstico y/o atención que se realiza a los pacientes de la ciudad de Pergamino para dilucidar médicamente si existe algún patrón y/o causas comunes en el origen de determinadas enfermedades que padecen, considerando que los denunciantes en estas actuaciones lo atribuyen a la utilización que se está efectuando de plaguicidas".
Es que los vecinos de Pergamino denunciaron tanto en la Justicia como en las notas que publicó Infobae al respecto que en los centros de salud público de Pergamino minimizan los problemas que llevan a las consultas. Sin embargo, una pediatra del Hospital San José de Pergamino admitió a este medio un mes atrás que los casos de cáncer y leucemia en chicos superan ampliamente la media.
"Algunos denunciantes han tenido que recurrir a centros de salud muy alejados de sus hogares para lograr diagnósticos y estudios médicos apropiados", remarcó Di Lello en su dictamen.
Para el fiscal, a partir de la denuncia y de la investigación que abrió Villafuerte Ruzo "se advierten cuestiones sumamente preocupantes que están generando intranquilidad" en Pergamino.
A principios de abril, el juez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión urgente de la aplicación de estos plaguicidas tóxicos en campos que rodean los tres barrios mencionados de Pergamino donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
Villafuerte Ruzo además exhortó al Municipio de Pergamino, ubicado en lo que se llama el "núcleo sojero" de la pampa húmeda, a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable, algo que el intendente Javier Martínez activó, aunque, según denunciaron los vecinos, lo hizo parcialmente.
Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía 10 años, y su marido. Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas contra cuatro propietarios y que desencadenó la intervención de la Justicia.
Entre los componente tóxicos encontrados en el agua del barrio donde creció Ortiz encontraron atrazina, un herbicida que en humanos afecta la salud reproductiva; el 2.4D, calificado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno, hepatotóxico y con sospecha de generar trastornos en la reproducción y malformaciones congénitas. El glifosato -y su metabolito AMPA-, que es altamente cancerígeno, tal como tuvo que reconocerlo la empresa Bayer Monsanto en Estados Unidos tras un fallo de la Justicia de ese país, y produce mutaciones en el ADN que induce abortos espontáneos y malformaciones en los recién nacidos; el imidaclopir, un insecticida altamente tóxico prohibido en gran parte de Europa; y la tetrametrina, también vedada en aquel continente, que afecta las hormonas sexuales.
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San Juan podría prohibir el glifosato en San Juan
Evaluarán prohibir el glifosato en San Juan
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Primera Hora
Provincia/Región: San Juan
La Legislatura Municipal de la Capital realizará vistas públicas sobre la posibilidad de prohibir el uso del Glifosato dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan, trascendió el martes.
“El glifosato es un veneno que se ha utilizado para desyerbar carreteras y terrenos que causa a los seres humanos y a los animales múltiples enfermedades, padecimientos, e incluso cáncer. Varias personas conocedoras del tema depondrán en las vistas", dijo Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan en comunicación escrita.
El primer deponente será el Dr. Fernando Cabanillas, distinguido oncólogo de Puerto Rico. También están invitados: Nada Santo sobre Monsanto, la educadora etnobotánicaMaría Benedetti, la organización Mi Pueblo sin Yerbicida, la Fundación Médica del Colegio de Médicos, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Salud Pública y su Departamento de Salud Ambiental, Departamento de Agricultura, la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Colegio de Químicos, PRABIA y la nutricionista Dra. Vilma Calderón”, expresó
Las vistas públicas al Proyecto de Ordenanza Número 43, Serie 2016-2017, que prohibiría el uso de este químico, se realizarán el jueves, 23 y viernes, 24 de mayo de 2019, en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal de San Juan en el segundo piso de la Casa Alcaldía.
El componente químico que ha sido objeto de protestas y de al menos dos veredictos recientes de los tribunales de Estados Unidos, que han otorgado reclamos multimillonarios a hombres que culpan al glifosato por su linfoma.
Bayer, que adquirió el fabricante de Roundup Monsanto el año pasado, ha informó a los inversionistas a mediados de abril que enfrentó las demandas de 13,400 personas en Estados Unidos por supuesta exposición al herbicida, que usa el glifosato.
“Bayer cree firmemente que la ciencia respalda la seguridad de los herbicidas a base de glifosato, que son algunos de los productos más estudiados de su tipo, y se complace de que los reguladores encargados de evaluar este extenso cuerpo de ciencia continúen llegando a conclusiones favorables", sostuvo la empresa en declaraciones escritas.
La Agencia Federal de protección Ambiental (EPA) ha expresado que el glifosato "no es probable que sea carcinogénico para los humanos".
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Primera Hora
Provincia/Región: San Juan
La Legislatura Municipal de la Capital realizará vistas públicas sobre la posibilidad de prohibir el uso del Glifosato dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan, trascendió el martes.
“El glifosato es un veneno que se ha utilizado para desyerbar carreteras y terrenos que causa a los seres humanos y a los animales múltiples enfermedades, padecimientos, e incluso cáncer. Varias personas conocedoras del tema depondrán en las vistas", dijo Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan en comunicación escrita.
El primer deponente será el Dr. Fernando Cabanillas, distinguido oncólogo de Puerto Rico. También están invitados: Nada Santo sobre Monsanto, la educadora etnobotánicaMaría Benedetti, la organización Mi Pueblo sin Yerbicida, la Fundación Médica del Colegio de Médicos, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Salud Pública y su Departamento de Salud Ambiental, Departamento de Agricultura, la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Colegio de Químicos, PRABIA y la nutricionista Dra. Vilma Calderón”, expresó
Las vistas públicas al Proyecto de Ordenanza Número 43, Serie 2016-2017, que prohibiría el uso de este químico, se realizarán el jueves, 23 y viernes, 24 de mayo de 2019, en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal de San Juan en el segundo piso de la Casa Alcaldía.
El componente químico que ha sido objeto de protestas y de al menos dos veredictos recientes de los tribunales de Estados Unidos, que han otorgado reclamos multimillonarios a hombres que culpan al glifosato por su linfoma.
Bayer, que adquirió el fabricante de Roundup Monsanto el año pasado, ha informó a los inversionistas a mediados de abril que enfrentó las demandas de 13,400 personas en Estados Unidos por supuesta exposición al herbicida, que usa el glifosato.
“Bayer cree firmemente que la ciencia respalda la seguridad de los herbicidas a base de glifosato, que son algunos de los productos más estudiados de su tipo, y se complace de que los reguladores encargados de evaluar este extenso cuerpo de ciencia continúen llegando a conclusiones favorables", sostuvo la empresa en declaraciones escritas.
La Agencia Federal de protección Ambiental (EPA) ha expresado que el glifosato "no es probable que sea carcinogénico para los humanos".
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Chubut: gobernador anunció veto a prohibición del glifosato
Arcioni anunció el veto de la prohibición del glifosato en Chubut
Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Más fallos contra las fumigaciones cerca de los colegios
Sin fumigaciones cerca de los colegios
Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Entre Ríos
El STJ de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial, contra la sentencia que declaró la nulidad parcial del decreto que flexibilizó las distancias permitidas para fumigar en zonas rurales.
La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial contra la sentencia, mediante la cual se declaró la nulidad parcial el decreto 4407/18, que regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios. Todo ello en los autos "Foro Ecologista de Paraná c/Superior Gobierno - Acción de Amparo".
De este modo, la Sala del STJ rechazó el recurso de apelación articulado por el gobierno de la provincia y confirmó la sentencia mediante la cual se decretó la nulidad parcial del decreto provincial 4407/18 que estableció que las “aplicaciones terrestres de fitosanitarios” podían realizarse a una distancia de cien metros de las escuelas, y las aplicaciones aéreas a quinientos metros.
Cabe recordar que, en abril último, el camarista Andrés Marfil resolvió que el decreto era inconstitucional por violación de la “cosa juzgada” al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado primero por el integrante de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Daniel Benedetto, y ratificado por el STJ. Dicha decisión prohibió la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea en un radio de 3000 metros.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
La causa se inició por un amparo ambiental del Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Estado provincial, a fin de que se declare la nulidad y se revoque el decreto 4407/2018, por el cual el Poder Ejecutivo estableció distancias para efectuar fumigaciones con agrotóxicos en torno a las escuelas rurales.
Los amparistas esgrimieron que el texto "viola lo establecido por la sentencia que dispuso prohibir la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos". Dicho fallo también exhortó la realización de estudios que permitan “delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
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El modelo rural depreda la materia orgánica del suelo
El INTA actualizó el mapa de fertilidad de los suelos y fue lapidario: La caída en materia orgánica llega hasta 50%
Fecha de Publicación: 23/05/2019
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional
Durante la última edición del simposio Fertilidad 2019, un técnico de la EEA del INTA Balcarce mostró la actualización de un revelador mapa de suelos sobre el estado de fertilidad en las distintas zonas agrícolas del país.
Para construir el primer mapa de suelos, Hernán Sainz Rozas y su equipo habían tomado muestras georeferenciadas durante 2011, tanto en lotes sometidos a agricultura continua como en lugares sin agricultura, es decir suelos “prístinos” debajo de montes, alambrados o parques en cascos de estancias. Lo volvieron a hacer el año pasado con el fin de mostrar un seguimiento sobre el principal recursos productivo con que cuenta la Argentina: el suelo y sus nutrientes.
La conclusión más relevante y alarmante es que la materia orgánica, que sería el reservorio de nutrientes con los que cuenta un suelo, ha caído entre 30 a 50% según los lugares. “Este es un indicador clave de la salud del suelo”, contó Sainz Rozas a Bichos de Campo. Además midieron pH, calcio, potasio, magnesio y micronutrientes. En todos los casos hubo un deterioro visible de los indicadores respecto de la medición de 2011.
“Además de la materia orgánica, que es un indicador directo de nitrógeno y azufre, han caído mucho los niveles de fósforo porque se fertiliza menos de lo que se extrae con las cosechas. Y hoy el productor no piensa en calcio y potasio pero van a empezar a ser deficientes según el grado de caída que notamos desde el 2011”, informó el técnico de Balcarce.
Siguiendo la tendencia analizada desde 2011, Sainz Rozas explicó como ejemplo que para la zona de Entre Ríos y el este de Santa Fe, el potasio empezará a ser limitante en pocos años. Un dato para que los productores de aquella zona se adelanten a reponer tal nutriente antes que sea tarde.
Por último, el técnico remarcó la necesidad y utilidad de que los productores realicen muestreos de suelos periódicos. “Por lo menos cada dos años una buena medición de fósforo y todos los años medir nitrógeno de 0 a 20 centímetros”.
“Sin dudas que de acá a unos años será más caro producir granos en la Argentina, por déficit de muchos nutrientes que hoy no nos preocupan”, alertó el especialista del INTA.
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Fumigaciones: repudiables declaraciones del agro entrerriano
Entre Ríos: insólita defensa de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 22/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Las entidades agropecuarias reaccionaron violentamente ante el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ordenó un límite para la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. "Es mucho más fácil reubicar las escuelas que cambiar el modo de producción", lanzó el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, a tono con el sesgado comunicado emitido por la Mesa de Enlace provincial, que tildó al fallo de tener "prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos". Desde la Red de Docentes por la Vida, respondieron: "Un campo sin escuelas es lo que necesitan las corporaciones".
"Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque que los lleva la maestra para no perder su trabajo", sostuvo el vicepresidente de la Federación Agraria, cargado de prejuicios y negando los argumentos del fallo del supremo tribunal provincial. "Me parece que la discusión puede ser muy grande, puede ser muy larga, pero lo que sé que si es el cuento del huevo y la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo", argumentó el hombre de la Mesa de Enlace.
Las desacertadas declaraciones de Guía fueron respaldadas en un comunicado conjunto de la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco) para cuestionar el fallo que pone un límite de 1000 metros a las fumigaciones terrestres con agrotóxicos y 3000 metros a las aéreas. "Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores", atacaron los ruralistas para presionar al gobierno entrerriano a un último recurso de apelación ante la Corte Suprema.
A contramano del discurso de las entidades agrarias, términos como los de "ausencia de rigor científico" e "insolvencia técnica" fueron las frases con las que los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio firmaron el fallo de mayoría contra el decreto del gobernador Gustavo Bordet , que se ajustaba a los deseos de los ruralistas y reducía los límites de fumigación a 100 metros terrestres y 500 aéreos.
"Hoy, que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas , lo que es más grave", apuntó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, que consiguió el histórico fallo ambiental.
El decreto de la administración de Bordet había sido una inmediata respuesta al amparo ambiental que el Supremo Tribunal había otorgado en favor del Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones que solicitaron los límites mil y tres mil metros, sosteniéndole con estudios científicos de la bióloga de la Universidad de Río Cuarto Delia Aissa y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata que dan cuenta del impacto de las fumigaciones en los niños y niñas, y en la contaminación de la tierra y el agua.
La primera reacción por parte del gobernador Bordet parece alejarse del deseo de los ruralistas de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. "Dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos", consideró tras el duro revés judicial.
El fallo del máximo tribunal entrerriano no solo pone límites de distancia para las fumigaciones sino que también ordena la creación de barreras vegetales a 150 metros de las escuelas rurales. Esa acción preventiva, que deberá cumplirse en los próximos dos años, conforma las 3 mil hectáreas en las que no se podrá producir con el paquete tecnológico que incorpora los agrotóxicos, y que el secretario de Agroindustria y ex titular de la Sociedad Rural se sumó al coro ruralista para calificar como "un tiro en el pie".
"Las organizaciones de la mesa de enlace tienen una visión muy obtusa de lo que es la producción agropecuaria", salieron a responder al comunicado de los ruralistas desde la Red Federal de Docentes por la Vida. "Quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende de agrotóxicos. Unas 85 mil hectáreas bajo el asesoramiento del RENAMA y 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018, solo por mencionar algunas", subrayaron los docentes.
El comunicado de la Red destacó que el decreto defendido por los ruralistas violaba las constituciones nacional y provincial, además de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a asegurar un ambiente sano para el desarrollo de los niños y niñas.
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Fecha de Publicación: 22/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Las entidades agropecuarias reaccionaron violentamente ante el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ordenó un límite para la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. "Es mucho más fácil reubicar las escuelas que cambiar el modo de producción", lanzó el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, a tono con el sesgado comunicado emitido por la Mesa de Enlace provincial, que tildó al fallo de tener "prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos". Desde la Red de Docentes por la Vida, respondieron: "Un campo sin escuelas es lo que necesitan las corporaciones".
"Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque que los lleva la maestra para no perder su trabajo", sostuvo el vicepresidente de la Federación Agraria, cargado de prejuicios y negando los argumentos del fallo del supremo tribunal provincial. "Me parece que la discusión puede ser muy grande, puede ser muy larga, pero lo que sé que si es el cuento del huevo y la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo", argumentó el hombre de la Mesa de Enlace.
Las desacertadas declaraciones de Guía fueron respaldadas en un comunicado conjunto de la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco) para cuestionar el fallo que pone un límite de 1000 metros a las fumigaciones terrestres con agrotóxicos y 3000 metros a las aéreas. "Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores", atacaron los ruralistas para presionar al gobierno entrerriano a un último recurso de apelación ante la Corte Suprema.
A contramano del discurso de las entidades agrarias, términos como los de "ausencia de rigor científico" e "insolvencia técnica" fueron las frases con las que los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio firmaron el fallo de mayoría contra el decreto del gobernador Gustavo Bordet , que se ajustaba a los deseos de los ruralistas y reducía los límites de fumigación a 100 metros terrestres y 500 aéreos.
"Hoy, que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas , lo que es más grave", apuntó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, que consiguió el histórico fallo ambiental.
El decreto de la administración de Bordet había sido una inmediata respuesta al amparo ambiental que el Supremo Tribunal había otorgado en favor del Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones que solicitaron los límites mil y tres mil metros, sosteniéndole con estudios científicos de la bióloga de la Universidad de Río Cuarto Delia Aissa y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata que dan cuenta del impacto de las fumigaciones en los niños y niñas, y en la contaminación de la tierra y el agua.
La primera reacción por parte del gobernador Bordet parece alejarse del deseo de los ruralistas de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. "Dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos", consideró tras el duro revés judicial.
El fallo del máximo tribunal entrerriano no solo pone límites de distancia para las fumigaciones sino que también ordena la creación de barreras vegetales a 150 metros de las escuelas rurales. Esa acción preventiva, que deberá cumplirse en los próximos dos años, conforma las 3 mil hectáreas en las que no se podrá producir con el paquete tecnológico que incorpora los agrotóxicos, y que el secretario de Agroindustria y ex titular de la Sociedad Rural se sumó al coro ruralista para calificar como "un tiro en el pie".
"Las organizaciones de la mesa de enlace tienen una visión muy obtusa de lo que es la producción agropecuaria", salieron a responder al comunicado de los ruralistas desde la Red Federal de Docentes por la Vida. "Quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende de agrotóxicos. Unas 85 mil hectáreas bajo el asesoramiento del RENAMA y 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018, solo por mencionar algunas", subrayaron los docentes.
El comunicado de la Red destacó que el decreto defendido por los ruralistas violaba las constituciones nacional y provincial, además de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a asegurar un ambiente sano para el desarrollo de los niños y niñas.
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Argentina también se sumó al repudio contra Monsanto/Bayer
Buenos Aires participó de la Marcha Mundial contra Monsanto/Bayer
Fecha de Publicación: 21/05/2019
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: Nacional
El sábado 18 de mayo se juntaron en la Plaza San Martín para realizar la séptima Marcha Mundial contra Monsanto/Bayer. Estas convocatorias contra la multinacional se impulsan desde el año 2013 cuando Tami Monroe, una activista norteamericana, fundó el movimiento para detener los Organismos Modificamos Genéticamente (OGM), los pesticidas y para apoyar un sistema de producción de alimentos sostenible.
La primera movilización se replicó en 330 ciudades de todo el mundo. Hay que destacar también que las redes sociales cumplieron un rol clave para el desarrollo de la campaña.
«Esta Marcha es algo mucho más grande que una manifestación contra una empresa, y nuestros reclamos abarcan una realidad tan amplia que no cabe en un solo nombre. Más allá de la consigna internacional que invita a manifestarse contra Monsanto/Bayer, éstas son sólo unas de las tantas multinacionales, que por su historial, sirven para hacer referencia a un modelo de muerte asegurada», dice el manifiesto de los convocantes que van desde trabajadores de la agricultura familiar hasta nutricionistas, ecologistas y docentes.
Hace 23 años llega a la Argentina el primer evento transgénico, la soja RR, una semilla modificada y producida por Monsanto. Desde ese entonces los cultivos de transgénicos y el uso de agrotóxicos ha crecido de manera desmedida. Al rededor del 80% del área cultivable del país se utiliza para monocultivos transgénicos que son rociados por 450 millones de litros de agrotóxicos que afecta a 17 millones de personas cada año.
Hace poco, el gobierno de María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La medida, firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, contradice fallos judiciales, ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo de decenas de pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron de inconstitucional.
Myriam Gorban, Licenciada en Nutrición y Coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires se refirió a la convocatoria contra la multinacional y a la alimentación basada en el consumo de agrotóxicos en una entrevista en Radio La Tribu: “Nosotros también nos tenemos que preparar. Tenemos muchas muertes, muchos daños, muchos problemas que merecen ser atendidos por lo menos para que no comprometan el futuro de nuestras vidas y de principalmente nuestra salud…” .
En el año 2015, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA), de la carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA realizó un estudio a partir del análisis de las frutas y verduras que consumían los y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires.
El resultado detectó que el 76,6 por ciento de los alimentos tenían al menos uno de los compuestos químicos. Además, entre los agrotóxicos que más se detectaron estaba el insecticida endosulfan, prohibido en el país desde el 2013.
Los convocantes reclaman la renuncia del Secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere que forma parte del riñón de la Sociedad Rural Argentina. De Lino Barañao Secretario de Ciencia y Tecnología, y de Sergio Bergman Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También se pronuncian «en contra de la modificación de la Ley de Semillas, contra la ley de agrotóxicos y contra los tratados de libre comercio» y contra la Energía Nuclear, Megaminería, el Fracking, las Megarrepresas, los rellenos de humedales y todas las actividades de carácter extractivista que se realizan en nuestro territorio».
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El glifosato blindado por las políticas públicas
Bayer y Monsanto, blindados en Argentina: pese a nueva condena en EE.UU. contra el glifosato, el Gobierno lo considera inocuo
Fecha de Publicación: 18/05/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Pese a que en Estados Unidos, país donde se lo creó, llueven las demandas y ahora arrecian las condenas por generar cáncer, el glifosato goza paradójicamente de muy buena salud en la Argentina.
Al menos, así se desprende de la férrea defensa en torno a su uso y la continuidad de un negocio en el mercado local que, en términos de ventas, mueve cerca de 900 millones de dólares anuales.
A pocas horas de conocida la tercera sentencia contra Monsanto en los Estados Unidos por ocultar información sobre la naturaleza tóxica de su formulación Roundup, fuentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) consultadas por iProfesional ratificaron que la decisión en ese país "no cambia en nada" el rótulo de "inocuo" que el Gobierno le asigna al producto.
"Para nuestros especialistas esta medida -en referencia a la condena a la multinacional- no cambia nada", dijo un vocero. La voz consultada señaló que, a los ojos del Gobierno, la decisión que tomó la Justicia en Estados Unidos no es más que un litigio entre particulares.
Cabe destacar que, en el segundo semestre de 2018, y luego de comprobarse que el jardinero estadounidense Dewayne Johnson había contraido cáncer tras efectuar pulverizaciones con el glifosato Roundup desarrollado por Monsanto, fuentes del SENASA contactadas por iProfesional brindaron detalles de la interpretación oficial.
El SENASA, vale aclarar, es el organismo dependiente de la cartera de Agroindustria que tiene competencia directa en lo que hace a aprobaciones y definición de criterios de uso de plaguicidas en la Argentina.
"El usuario de un producto va contra una empresa. Hasta acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación del glifosato", se manifestó en ese momento.
Casi un año y dos condenas multimillonarias más después, el Estado no ha movido ni un centímetro su posicionamiento.
Ahora, en el país del Norte, un tribunal en California condenó a la controlada por la alemana Bayer a pagar más de 2.000 millones de dólares a Alberta y Alva Pilliod, quienes desarrollaron linfoma no Hodgkin como resultado de pulverizar con el herbicida en campos propios a lo largo de 30 años.
El jurado llegó a la conclusión de que Monsanto ocultó información sobre el rasgo cancerígeno de su glifosato Roundup, fabricó y distribuyó el producto de manera "negligente", y que la compañía llevó a cabo dichas maniobras en forma adrede.
"El jurado vio por sí mismo los documentos internos de la compañía que demostraban que, desde el primer día, Monsanto nunca tuvo interés en averiguar si el Roundup es seguro. En lugar de invertir en ciencia sólida, usó millones para atacar a la ciencia que amenazaba su agenda comercial", expuso uno de los abogados que tomó parte en la defensa de los Pilliod.
Previo a este nuevo revés judicial, en agosto del año pasado Monsanto había sido condenada a indemnizar con 289 millones de dólares -que la apelación redujo a 78 millones- al jardinero Dewayne Johnson, enfermo de cáncer también por usar Roundup.
Ya en marzo de este año, la empresa volvió a ser declarada culpable en un juicio iniciado por Edwin Hardeman, también víctima de la misma enfermedad tras aplicar el herbicida en el jardín de su casa entre los años 1980 y 2012. En este caso, la Justicia fijó una indemnización de 80 millones de dólares.
Millones y millones
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
La nueva sentencia en California coincide con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar este agroquímico con la proliferación del cáncer.
El herbicida, autorizado por primera vez en Estados Unidos en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación.
Sólo la incorporación de un gen que resiste la potencia del glifosato permite a variedades manipuladas en su ADN como la soja RR continuar desarrollándose en un campo luego de las habituales fumigaciones.
Roundup, el más vendido
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta) o Sitrin (Bayer).
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó Séralini, especialista en biología molecular.
En julio de 2018, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
Bayer se desploma
El martes y tras conocerse la nueva condena a Monsanto, las acciones de Bayer llegaron a caer hasta 5 por ciento aunque los papeles finalmente cerraron con una baja del 2%, a 55,33 euros.
El dictamen en cuestión hizo que los papeles de la empresa se encaminen a cerrar en su nivel más bajo en casi siete años.
Desde el seno de Bayer su directiva informó, a través de un comunicado, que el veredicto provoca "decepción", al tiempo que notificó que se promoverá la apelación. Un portavoz de la firma calificó la decisión del jurado como "excesiva e injustificable".
Lo ocurrido en California coincidió con el escándalo desatado en Europa, luego de que la cúpula de la alemana reconociera que Monsanto espió durante años a políticos, científicos y periodistas en Francia a fin de conocer sus respectivas posiciones en torno al uso de agrotóxicos y la siembra de transgénicos.
De junio de 2018 -momento en que la alemana tomó posesión concreta de los movimientos de Monsanto- a la fecha, Bayer perdió cerca del 45 por ciento de su capitalización bursátil. Puesto en divisas, representa unos 63.000 millones de dólares.
Tras la sentencia de esta semana, Monsanto ahora deberá hacer frente a otras 13.400 demandas de usuarios de Roundup que denuncian afectaciones a la salud por efecto del herbicida.
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Bonaerenses en alerta por agroquímicos en el agua
Preocupación en municipios de Buenos Aires por la presencia de agroquímicos en el agua
Fecha de Publicación: 13/05/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En los últimos días proliferaron los pedidos de informes en los diferentes Concejos Deliberantes, en los que se piden, fundamentalmente, análisis para evaluar la situación de los pozos de agua y determinar si están afectando la salud de la población.
En Chivilcoy se aprobó un proyecto de resolución del bloque PJ Cumplir (randazzismo), en el que se solicita realizar análisis físico-químicos para determinar la presencia de glifosato en las napas cercanas a los establecimientos rurales del partido, que suelen ser fumigadas.
En el municipio de Rojas, comandado por el radical Claudio Rossi, se cnfirmó que se mandará a analizar el agua del distrito, ante la probabilidad de que el agua contenga agroquímicos, perjudiciales para la salud.
En Bragado, la edil radical Laura Pico pidió al municipio informes acerca de la calidad del agua que se utiliza en el partido, a través del estudio de los pozos de extracción de Absa.
Iniciativas similares se vienen registrando también en otros municipios, como Junín, 9 de Julio o General Viamonte, entre otros.
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Fecha de Publicación: 13/05/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En los últimos días proliferaron los pedidos de informes en los diferentes Concejos Deliberantes, en los que se piden, fundamentalmente, análisis para evaluar la situación de los pozos de agua y determinar si están afectando la salud de la población.
En Chivilcoy se aprobó un proyecto de resolución del bloque PJ Cumplir (randazzismo), en el que se solicita realizar análisis físico-químicos para determinar la presencia de glifosato en las napas cercanas a los establecimientos rurales del partido, que suelen ser fumigadas.
En el municipio de Rojas, comandado por el radical Claudio Rossi, se cnfirmó que se mandará a analizar el agua del distrito, ante la probabilidad de que el agua contenga agroquímicos, perjudiciales para la salud.
En Bragado, la edil radical Laura Pico pidió al municipio informes acerca de la calidad del agua que se utiliza en el partido, a través del estudio de los pozos de extracción de Absa.
Iniciativas similares se vienen registrando también en otros municipios, como Junín, 9 de Julio o General Viamonte, entre otros.
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El extractivismo como modelo histórico
Cinco siglos con la misma política
Fecha de Publicación: 08/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno apuesta a salir de la crisis con la minería, Vaca Muerta y el agro. Alertan sobre el callejón sin salida que implica.
De la plata de Potosí en el Siglo XVI a Barrick Gold y Glencore-Xstrata (Minera Alumbrera) en 2019. De la explotación de caucho a la soja de Bayer-Monsanto y las promesas de Vaca Muerta. De La Forestal a la pastera UPM-Botnia. América Latina centra su economía y política en la exportación de productos primarios, desde que era colonia hasta la actualidad. Académicos, activistas e indígenas recuerdan que ningún país se desarrolló en base al extractivismo y afirman que se trata de un modelo que asegura dependencia y atraso. En año de elecciones, ningún candidato plantea alternativas a la explotación de bienes naturales.
El presidente Mauricio Macri inauguró en febrero la “Mesa Nacional de la Soja”, para potenciar el avance del cultivo. Un día después, el Gobierno aprobó una nueva variedad transgénica, de la empresa Indear-Bioceres, con uso de los agrotóxicos glifosato y glufosinato de amonio. El 8 de marzo recibió a las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, en Olivos. Visitó Expoagro (la feria del agronegocio de Clarín y La Nación). Inauguró en Jujuy la “Mesa del litio”, para facilitar la llegada de empresas y, en petróleo, exhibe Vaca Muerta como promesa de dólares y progreso. El futuro de la economía, y del país, atado a la exportación de materias primas.
Jenny Luján es parte de la Asamblea por la Vida de Chilecito, donde expulsaron a cuatro mineras del Cerro Famatina. Explica que desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) hace años reflexionan sobre el lugar en el mundo que asigna el extractivismo a los países de la región. “Desde el descubrimiento de América, Abya Yala para nosotros, todo este territorio fue considerado como fuente de riqueza para sostener a los imperios del Norte. Eso se llama extractivismo, robo, saqueo”, grafica.
A la avanzada actual de empresas y gobiernos la llama “recolonización”, cita los ejemplos de las mineras en La Rioja, San Juan y Catamarca, con visto bueno de los distintos colores políticos. “En 200 años de República, de Nación, no ha cambiado nada. Se profundizó el saqueo que comenzó con el robo de las tierras y genocidio a los pueblos originarios. Y el poder sigue protegiendo a los saqueadores. La riqueza se la llevan, aquí queda contaminación y destrucción. Tenemos cinco siglos de pruebas de ese accionar criminal”, explica Luján.
Más al sur, Vaca Muerta se presenta como la gran reserva de petróleo y gas no convencional (con la peligrosa técnica del “fracking” –fractura hidráulica–). Su explotación es política de Estado.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aclara que no tienen ninguna expectativa en que algún candidato frene el modelo de explotación de bienes naturales. “La clase política intenta mostrarle a la sociedad que el extractivismo puede ser una solución, cuando sabemos que es todo lo contrario. Ni el peronismo de derecha ni el peronismo progresista y menos el Gobierno actual difieren en este sentido”, afirma Nahuel.
Recuerda que desde hace un siglo se explota petróleo en Neuquén y nunca trajo beneficios reales para acabar con la desigualdad y la pobreza. “Las trasnacionales llegan con promesas de bienestar y felicidad, pero profundizan el saqueo y la contaminación”, definió Nahuel y recordó el rol protagónico que tiene el extractivismo en el cambio climático: “Estamos caminando hacia un abismo y debemos ponerle freno”.
Horacio Machado Aráoz es investigador del Conicet y parte del colectivo Sumaj Kawsay. Explica que a lo largo de la historia las economías primarias-exportadoras han tenido ciclos de crecimiento muy espasmódicos, altas tasas de crecimiento seguidas de crisis, que tienen relación con los ciclos de auge y caída de la demanda mundial de materias primas.
Destaca que la crítica al extractivismo cruza a la derecha y a la izquierda política, que minimizan o desprecian la afectación ecológica-ambiental, pero al mismo tiempo deja de lado tres características centrales: “El modelo extractivista afecta las posibilidades de desarrollo autónomo, sostenible y de largo plazo. Perpetúa la desigualdad social, porque es un modelo con una estructura de clase oligárquica, de concentración de la tierra, de corporaciones que deciden sobre los territorios. Y, en términos de democracia, el extractivismo erosiona los derechos de las poblaciones y aleja la posibilidad de una soberanía popular”.
Hersilia es una localidad de 3000 habitantes en el noroeste de Santa Fe. Allí vive Fernando Albrecht, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocadods y de la Universidad Trashumante (experiencia de educación popular con ejes en la autonomía y la horizontalidad). En una rápida clase de historia repasa las matanzas de pueblos indígenas, la colonización con familias de Europa, las grandes estancias, La Forestal (empresa inglesa de corte feudal, que explotó obreros y arrasó los montes de quebracho durante medio siglo), el avance ganadero, la industria láctea y el agronegocio (de base transgénica y de agrotóxicos), que implica “la acumulación de dinero y territorios en pocas manos”.
Relata lo ilógico que, en un pueblo rodeado de campo, haya pobreza y que los alimentos lleguen procesados desde las grandes ciudades. Tras el mito de que “Argentina produce alimentos para 400 millones de personas”, recuerda que la mayor parte de la cosecha es para alimentar chanchos y aves de Asia y Europa, no se trata de comida para los argentinos. En Hersilia y Ceres lograron ordenanzas que alejen las fumigaciones con agrotóxicos y trabajan con productores en 3000 hectáreas para abandonar los transgénicos y avanzar en la agroecología.
“Cuestionamos al agronegocio porque, además del impacto en la salud y el ambiente, es un modelo injusto, donde solo buscan rentabilidad, es un modelo decidido por la Bolsa de Chicago y mercados de China”, asegura.
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Fecha de Publicación: 08/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno apuesta a salir de la crisis con la minería, Vaca Muerta y el agro. Alertan sobre el callejón sin salida que implica.
De la plata de Potosí en el Siglo XVI a Barrick Gold y Glencore-Xstrata (Minera Alumbrera) en 2019. De la explotación de caucho a la soja de Bayer-Monsanto y las promesas de Vaca Muerta. De La Forestal a la pastera UPM-Botnia. América Latina centra su economía y política en la exportación de productos primarios, desde que era colonia hasta la actualidad. Académicos, activistas e indígenas recuerdan que ningún país se desarrolló en base al extractivismo y afirman que se trata de un modelo que asegura dependencia y atraso. En año de elecciones, ningún candidato plantea alternativas a la explotación de bienes naturales.
El presidente Mauricio Macri inauguró en febrero la “Mesa Nacional de la Soja”, para potenciar el avance del cultivo. Un día después, el Gobierno aprobó una nueva variedad transgénica, de la empresa Indear-Bioceres, con uso de los agrotóxicos glifosato y glufosinato de amonio. El 8 de marzo recibió a las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, en Olivos. Visitó Expoagro (la feria del agronegocio de Clarín y La Nación). Inauguró en Jujuy la “Mesa del litio”, para facilitar la llegada de empresas y, en petróleo, exhibe Vaca Muerta como promesa de dólares y progreso. El futuro de la economía, y del país, atado a la exportación de materias primas.
Jenny Luján es parte de la Asamblea por la Vida de Chilecito, donde expulsaron a cuatro mineras del Cerro Famatina. Explica que desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) hace años reflexionan sobre el lugar en el mundo que asigna el extractivismo a los países de la región. “Desde el descubrimiento de América, Abya Yala para nosotros, todo este territorio fue considerado como fuente de riqueza para sostener a los imperios del Norte. Eso se llama extractivismo, robo, saqueo”, grafica.
A la avanzada actual de empresas y gobiernos la llama “recolonización”, cita los ejemplos de las mineras en La Rioja, San Juan y Catamarca, con visto bueno de los distintos colores políticos. “En 200 años de República, de Nación, no ha cambiado nada. Se profundizó el saqueo que comenzó con el robo de las tierras y genocidio a los pueblos originarios. Y el poder sigue protegiendo a los saqueadores. La riqueza se la llevan, aquí queda contaminación y destrucción. Tenemos cinco siglos de pruebas de ese accionar criminal”, explica Luján.
Más al sur, Vaca Muerta se presenta como la gran reserva de petróleo y gas no convencional (con la peligrosa técnica del “fracking” –fractura hidráulica–). Su explotación es política de Estado.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aclara que no tienen ninguna expectativa en que algún candidato frene el modelo de explotación de bienes naturales. “La clase política intenta mostrarle a la sociedad que el extractivismo puede ser una solución, cuando sabemos que es todo lo contrario. Ni el peronismo de derecha ni el peronismo progresista y menos el Gobierno actual difieren en este sentido”, afirma Nahuel.
Recuerda que desde hace un siglo se explota petróleo en Neuquén y nunca trajo beneficios reales para acabar con la desigualdad y la pobreza. “Las trasnacionales llegan con promesas de bienestar y felicidad, pero profundizan el saqueo y la contaminación”, definió Nahuel y recordó el rol protagónico que tiene el extractivismo en el cambio climático: “Estamos caminando hacia un abismo y debemos ponerle freno”.
Horacio Machado Aráoz es investigador del Conicet y parte del colectivo Sumaj Kawsay. Explica que a lo largo de la historia las economías primarias-exportadoras han tenido ciclos de crecimiento muy espasmódicos, altas tasas de crecimiento seguidas de crisis, que tienen relación con los ciclos de auge y caída de la demanda mundial de materias primas.
Destaca que la crítica al extractivismo cruza a la derecha y a la izquierda política, que minimizan o desprecian la afectación ecológica-ambiental, pero al mismo tiempo deja de lado tres características centrales: “El modelo extractivista afecta las posibilidades de desarrollo autónomo, sostenible y de largo plazo. Perpetúa la desigualdad social, porque es un modelo con una estructura de clase oligárquica, de concentración de la tierra, de corporaciones que deciden sobre los territorios. Y, en términos de democracia, el extractivismo erosiona los derechos de las poblaciones y aleja la posibilidad de una soberanía popular”.
Hersilia es una localidad de 3000 habitantes en el noroeste de Santa Fe. Allí vive Fernando Albrecht, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocadods y de la Universidad Trashumante (experiencia de educación popular con ejes en la autonomía y la horizontalidad). En una rápida clase de historia repasa las matanzas de pueblos indígenas, la colonización con familias de Europa, las grandes estancias, La Forestal (empresa inglesa de corte feudal, que explotó obreros y arrasó los montes de quebracho durante medio siglo), el avance ganadero, la industria láctea y el agronegocio (de base transgénica y de agrotóxicos), que implica “la acumulación de dinero y territorios en pocas manos”.
Relata lo ilógico que, en un pueblo rodeado de campo, haya pobreza y que los alimentos lleguen procesados desde las grandes ciudades. Tras el mito de que “Argentina produce alimentos para 400 millones de personas”, recuerda que la mayor parte de la cosecha es para alimentar chanchos y aves de Asia y Europa, no se trata de comida para los argentinos. En Hersilia y Ceres lograron ordenanzas que alejen las fumigaciones con agrotóxicos y trabajan con productores en 3000 hectáreas para abandonar los transgénicos y avanzar en la agroecología.
“Cuestionamos al agronegocio porque, además del impacto en la salud y el ambiente, es un modelo injusto, donde solo buscan rentabilidad, es un modelo decidido por la Bolsa de Chicago y mercados de China”, asegura.
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