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Las BPA y las mentiras de sus discursos
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La gran mentira de las Buenas Prácticas Agrícolas
Fecha de Publicación: 07/05/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
¿De qué se habla, cuando hablan de las BPA? Las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) son el Modo que encontraron las trasnacionales del agronegocios para neutralizar la creciente resistencia de los pueblos a los agronegocios en general y a los agrotóxicos en particular. A través de diversos dispositivos de propaganda y comunicación hegemónica tanto locales, como extranjeros, las BPA van ganando terreno, es decir se van instalando socialmente.
Instituciones de importante envergadura nacional como el INTA1, SENASA2, Ministerios y algunas Universidades, impulsan cada vez con más ímpetu las BPA, como si fueran una extraordinaria solución para seguir sosteniendo el sistema productivo agrícola de eventos transgénico dependiente de venenos. También debemos recordar, como para ir entendiendo este asunto, que los directivos del INTA prohibieron hablar de agrotóxicos. No es para nada menor tomar esa definición, que claramente es una posición política.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) define a las BPA como: “un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles”.
También dice CASAFE en su sitio web3: “La gestión responsable de fitosanitarios tiene como objetivo lograr el manejo y uso responsable de los agroquímicos durante todo su ciclo de vida: desde su descubrimiento y desarrollo, ciclo comercial y uso en el campo, hasta su eliminación por el uso y disposición final de envases”. Linda frase, lástima que un químico no tiene vida. La frase disfraza de vida al potencial químico del agrotóxico y de ciclo a su cadena productiva como si fuera algo natural.
A primera vista, las BPA nos la presentan en un lecho de rosas, con palabras agradables y pomposas. Nos dicen que son prácticas buenas, orientadas a la producción de alimentos, que garantiza la inocuidad y la preservación de la salud humana y de medio ambiente. ¿Qué mejor que eso? Y termina diciendo, como frutilla de postre, que encima son económicamente factibles. ¿Cómo podríamos oponernos a algo supuestamente tan bondadoso?¡Podrían acusarnos de necios!
Pero sí, nos oponemos de manera intransigente, y no precisamente por ser necios, sino por las siguientes razones: porque lo que las trasnacionales que promueven el modelo tecnológico de producción agrícola de eventos transgénicos dependientes de venenos, pretenden con las BPA es lo siguiente:
- Disminuir el rechazo, la resistencia, la movilización y la organización popular que viene creciendo en contra de las fumigaciones. Pretenden frenar las iniciativas populares que se han generado en muchos municipios, en los cuales se gestaron diversas ordenanzas para la prohibición o regulación del uso de agrotóxicos.
- Pretenden esquivar la gravedad de los efectos ocasionados en la salud humana por los agrotóxicos, aludiendo que el problema pasa por el “buen uso” o “mal uso” y no por el impacto del químico en sí. El crecimiento de manera exponencial de diferentes enfermedades en zonas rurales, periurbanas y hasta urbanas,afectadas por la fumigación, ya no dan lugar a dudas sobre las causantes. Varios estudios científicos, como elde la Facultad de Cs Medicas de la UNR, del Dr. Damián Verzeñassi4, dirigiendoloscampamentos sanitariosen distintas zonas, pueblosyparajes de la provincia de SantaFe, muchos de los cuales están afectados por las frecuentes fumigaciones, dan prueba de esta afirmación y dan sustento académico a los posicionamientos políticos del Movimiento Paren de Fumigarnos. Los estudios dan cuente de un profundo crecimiento de varias enfermedades como el hipotiroidismo, enfermedades alérgicas respiratorias, malformaciones congénitas, abortos espantemos y por supuesto cáncer, que van en línea ascendente desde 1996 (año en el que se instala este modelo agrícola) hasta la actualidad.
- Eluden laresponsabilidad de la generación de pasivos ambientales colosales que se vienen generando día a día y que tienencada vez de mayor impacto socio-ambiental negativo, a partir de la profundización y de esas supuestas “mejoras” en el paquete tecnológico. Buscnconsenso social aludiendo a que a partir de ahora, con la BPA, se va a hacer un “uso racional” del agente “Fito Sanitario” al que nosotros llamamos agrotóxico.
- Niegan ladinámica ambiental: Un plaguicida, sea insecticida, fungicida o herbicida, no es estático, está en movimiento, tiene un punto de inicio y un destino. Ademásestá sometido al conjunto de factores impredecibles, y autónomos de la voluntad del ser humano, que brinda la naturaleza: calor, humedad, vientos, etc.Hay estudios que muestran que la Atrazina5 fue detectada en la Antártida, lugar donde no se planta soja ni se usan herbicidas por razones obvias. No tendría sentido, pero sin embargo ocurrió. Una investigación realizada por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina. Damián Marino6, Doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, explica que la presencia de herbicidas en la gota de lluvia, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al ser el planeta tierra un sistema cerrado, los efectos del continente donde se efectúa la actividad productiva, por los fenómenos ambientales dinámicos por un lado, más las características autónomas de las partículas por otro, repercuten en otros puntos del planeta. Por lo tanto dicha partícula toxica devenida de ese modo de producción agrícola es pasible de ingresar a nuestros hogares por más lejos que estemos de las áreas de producción.
Por último, no es menor el tema de las apropiaciones lingüísticas, tanto para la dominación como así también para la emancipación. Está claro que llamar o hablar de agroquímico desde el punto de vista académico,está bien porque es un químico que se utiliza para el agro (no hace falta aclarar que un insumo orgánico o agroecológico es también una sustancia química). Pero llamar al Agroquímico, Agente fitosanitario o Agrotóxicos es ya tomar un posicionamiento político ideológico. Ellos hablan de Agente Fitosanitario, nosotros hablamos deAgrotóxicos. Lo mismo ocurre con las BPA. Una buena práctica agrícola es aquella que no usa veneno, que usa técnicas biodinámicas, permaculturales y/o agroecológicas, cuya producción está orientada a garantizar la Soberanía Alimentaria.
Federico Andrés Lopardo
Docente de la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP
Notas:
[1] Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
[2] Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
[3] https://www.casafe.org/buenas-practicas-agricolas/uso-seguro-y-responsable-de-productos-fitosanitarios/
[4] Médico, Docente Universitario, Profesor de la Materia Salud Socioambiental- Facultad de Cs. Médicas de la UNR-, fue Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Cs. Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Director de los campamentos Sanitarios de la UNR. Actual Decano de la Facultad de Cs Medicas de la Universidad Nacional del Chaco Austral.
[5] Es un herbicida artificial ampliamente utilizado para “controlar el crecimiento” de “malezas” vegetales en el agronegocio, interfiriendo en el transporte de electrones durante el proceso de la fotosíntesis.
[6]El Dr. Damián Marino de la Facultad de Cs Exactas de la UNLP también rebeló que se encontró Glifosato en algodón, gazas, hisopos, toallitas femeninas y tampones, supuestamente esterilizados.
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Humedales de La Plata contaminados con agroquímicos
Los humedales de La Plata están contaminados con agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un equipo de la Universidad de La Plata detectó la contaminación en arroyos, ríos y laguna de la periferia platense, y advirtió sobre sus consecuencias en el medioambiente.
En la periferia de La Plata, los arroyos están contaminados con agroquímicos en altas concentraciones, por lo que los investigadores que detectaron su presencia recomendaron que la agricultura de la zona deje de usar esos productos. Los humedales donde actualmente se registran productos agroquímicos son reservorios de agua que atenúan el impacto de los cultivos, depuran el agua y moderan los regímenes hidrológicos y las inundaciones advirtieron expertos de la Universidad Nacional de La Plata.
Para los expertos, es conveniente "detener el uso de agroquímicos ya que los humedales ofrecen múltiples servicios que derivan en importantes beneficios: retención de sedimentos, nutrientes, depuración de las aguas y atenuación del impacto de la agricultura. Además, actúan moderando el régimen hidrológico y los pulsos de inundación, por lo que la protección de estos ambientes resulta de gran importancia".
Los productos químicos que se aplican en los cultivos de los campos cercanos de la periferia platense, donde la horticultura es fuerte, terminan derramando sobre los humedales, como demostraron los análisis de muestras de arroyos, ríos y lagunas que estudió un equipo formado por especialistas del Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" (Universidad Nacional de La Plata - CONICET), de la Facultad de Ciencias Naturales, y del Museo de la universidad platense.
Los humedales son áreas cubiertas de agua y vegetación que suelen encontrarse en las zonas bajas del relieve. Cumplen un rol fundamental para el medioambiente, porque funcionan como reservorios de agua, ayudan a controlar las crecidas, permiten recargar flujos de aguas subterráneas y a mitigar el cambio climático.
Para el estudio, los investigadores sembraron soja en la Estación Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales que la UNLP tiene en Los Hornos. Para el cultivo, llevaron adelante los mismos métodos que los productores locales. Luego, aplicaron los agroquímicos más habituales en la zona (cipermetrina, endosulfan y clorpirifos), y simularon lluvias mediante un circuito de riego por aspersión. El equipo estableció que, al principio de una lluvia, el agua se infiltra en el suelo, pero luego comienza a escurrir superficialmente, y termina incorporándose en arroyos y lagunas adyacentes.
La investigación también estableció que los agroquímicos en cuestión tienen fuerte impacto negativo en al menos dos tipos de organismos presentes en los humedales de la región. Los especialistas pusieron al anfípodo Hyalella curvispina y al pez Cnesterodon decemmaculatus, (conocido como "madrecita de agua”) en contacto con las aguas derramadas por las lluvias y determinaron que hasta aproximadamente un mes después de ese contacto los organismos murieron por efecto de los agroquímicos.
Los responsables del proyecto indicaron que se detectaron concentraciones de agroquímicos de 148-199 nano gramos por gramo de sedimento seco (ng/g p.s) en dos muestreos sucesivos en el arroyo del Gato y 51 ng/g p.s. de cipermetrina en el arroyo del Sauce.
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Amenazas a quienes denuncian agrotóxicos en el agua
"Es complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque el agronegocio está en todas partes"
Fecha de Publicación: 27/04/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Sabrina Ortiz y sus dos hijos tienen altas cantidades de glifosato en sangre, constatadas por la Corte, y graves problemas de salud. Su denuncia logró frenar las fumigaciones en Pergamino.
Sabrina Ortiz vive con custodia policial por decir la verdad. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia confirmó que el agua de Pergamino, donde ella vive, está contaminada con 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos. Desde 2011, la mujer viene denunciando las fumigaciones en la zona que le provocaron la pérdida de un embarazo, enfermaron a sus dos hijos y la obligaron a dejar su casa. "Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes".
El martes, el Máximo Tribunal ratificó que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida no es apta para consumo humano. Los peritos de la Corte elaboraron el informe, luego de que el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, ordenara suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean a esos tres barrios de Pergamino, donde un grupo de vecinos denunció los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión de Villafuerte Ruzo se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable".
Lejos de acatar el fallo, el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuvo que "el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios" y juró que en su vivienda toma "agua de la canilla". En paralelo, ordenó un nuevo análisis a la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires que, si bien confirmó la presencia de agrotóxicos en las muestras tomadas, aclaró que "estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud".
Frente a este desacuerdo, se encomendó un nuevo estudio al equipo de Toxicología de la Corte Suprema que, en coincidencia con el INTA Balcarce, determinó que el agua está contaminada con 18 tipos de agroquímicos y, por lo tanto, pone en riesgo la salud de las personas.
"Cuando yo salí –recuerda Sabrina– a cuestionar las fumigaciones y que no había ningún control, nadie me escuchó. Fui a la Municipalidad, a la Secretaría de Salud, hice la denuncia en la fiscalía provincial, llamé a las radios locales, hice de todo para pedir que alguien nos cuidara".
Era 2011 y Sabrina cursaba un embarazo de cinco meses. Durante el día, el acostumbrado riego de agrotóxicos en los campos lindantes a su casa de Villa Alicia le provocaba mareos, brotes en la piel y unas contracciones que la convencieron de ir al médico. Esa misma noche, perdió al que iba a ser su tercer hijo.
"El médico –cuenta– me preguntó donde vivía, si tenía campos alrededor, si estaba en contacto con las fumigaciones. Cuando le conté que sí, me dijo que seguro había perdido el embarazo por eso, pero no se animó a ponérmelo por escrito, ni a darme un certificado. Me dijo que le podía traer problemas si lo hacía".
Harta del silencio cómplice, en 2012 Sabrina fundó la Asamblea de la Protección de la Vida y el Ambiente y empezó la carrera de Derecho para "poder hacer algo con las herramientas jurídicas que hasta ese momento no tenía". En 2017, ya recibida y matriculada como abogada, Sabrina decidió acudir a la Justicia Federal.
"Me constituí como querellante en causa propia para ver hasta dónde llegaba el compromiso del juez, y la verdad es que resultó una sorpresa. Trabajó muy bien y enseguida activó la causa".
La denuncia de Sabrina, hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, derivó en el fallo de Villafuerte Ruzo y, posteriormente, en el informe de la Corte que avaló que el agua de la ciudad está contaminada.
Secuelas
"Hasta que no se habló del agua, la gente no se despertó –relata Sabrina–. Si se les habla de las fumigaciones, enseguida piensan que eso no les va a llegar, pero el veneno no sólo está en el agua, está en el aire, en todos lados. En unos años, todos los vecinos de Pergamino van a tener los mismos niveles de glifosato en el cuerpo que tiene mi familia".
A los 34 años, Sabrina ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida de la marca Syngenta) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija de 18 años tiene niveles de glifosato cien veces más alto de lo aconsejable para su peso. Su hijo menor, de apenas seis años, ostenta el récord familiar: el nivel de glifosato que lleva en su organismo es 120 veces más de lo inofensivo.
"En mi caso, la lambdacialotrina es neurotóxica y ataca el sistema nervioso. Combinada con glifosato es un cóctel fatal. Tengo temblores en los brazos, de vez en cuando me trabo al hablar, y por lo menos una vez por semana sufro una ceguera fugaz en un ojo. Son las secuelas de las fumigaciones".
El año pasado, Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa de toda la vida luego del ultimátum del equipo médico del Hospital Austral, de Pilar: o se mudan o los problemas de salud de los chicos van a empeorar.
"Nos fuimos –cuenta con amargura– una noche de lluvia. Cargamos unas pocas cosas en la camioneta de mi papá, mientras mi hijo más chico lloraba. Era como si nos estuviésemos escapando, fue horrible. Por el viento, el veneno se sentía más fuerte". «
Monsanto acumula condenas en Estados Unidos
Hasta enero de este año, Monsanto, integrada a la multinacional Bayer, tenía más de 11 mil denuncias, sólo en los Estados Unidos, por los efectos del herbicida glifosato. En agosto del año pasado, los jurados de un tribunal de California determinaron de manera unánime que Monsanto actuó con "malicia", y que sus herbicidas Roundup y Ranger Pro contribuyeron "sustancialmente" al desarrollo de un cáncer terminal en el organismo del jardinero Dewayne "Lee" Johnson. En una primera instancia, la justicia ordenó a Monsanto pagar una suma de 287 millones de dólares como compensación. Sin embargo, luego de que apelara la sentencia, la cifra se redujo a unos 78 millones.
En marzo de este año, la justicia norteamericana condenó nuevamente a Monsanto, esta vez al pago de 80 millones de dólares a Edwin Hardeman, de 70 años, quien acusó a la multinacional por haberle provocado el cáncer que sufre tras haber aplicado durante años el producto Roundup.
El glifosato, que sigue acumulando denuncias en el mundo, es el herbicida más usado en Argentina.
Negacionismo, de Macri a Bergman
El fallo que ordenó la suspensión inmediata de la aplicación de plaguicidas tóxicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino, llegó una semana después de que el presidente Mauricio Macri calificara de “absurda” la prohibición de fumigar cerca de escuelas.
Durante una visita a Gualeguaychú que tuvo como principal objetivo apuntalar al candidato a gobernador del oficialismo, el radical Atilio Benedetti, a la postre derrotado por el frente peronista, el mandatario cuestionó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que impide fumigar a una distancia de menos de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos respecto de escuelas rurales, calificándolo como “irresponsable”. "La ley de distancias de fumigación vigente es absurda", enfatizó Macri y agregó que "pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial de la provincia". Claro, llamó "ley" a la sentencia de un tribunal.
Desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos repudiaron los dichos del presidente y le recordaron que “nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia”, en referencia a la hija menor de Macri.
Días después, el secretario de Ambiente, Sergio Bergman, reforzó la línea del gobierno durante el 25° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que nuclea a los grandes pools sojeros y representantes de las compañías que producen agrotóxicos. En su discurso, consideró que fumigar a 200 metros de poblaciones en el ámbito rural no supone problemas para la salud.
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Tras el caso "Pergamino" hay temor en la zona
Agroquímicos: el caso testigo de Pergamino despertó preocupación en otros distritos
Fecha de Publicación: 26/04/2019
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
Empiezan a analizar medidas para evaluar y paliar situaciones similares que puedan estar afectando a los consumidores.
El caso testigo de Pergamino sobre agua contaminada con agroquímicos generó preocupación en otros distritos bonaerenses, en los que empiezan a analizar medidas para evaluar y paliar situaciones similares que puedan estar afectando a los consumidores.
El antecedente de Pergamino, donde la Corte Suprema determinó que el agua en tres barrios no es apta para el consumo, despertó el temor en otras localidades. El municipio de Rojas, por ejemplo, ya confirmó que mandará a analizar el agua del distrito ante el temor de la presencia de agroquímicos dañinos para la salud.
«Ante esta situación, nosotros hemos realizado una serie de toma de muestras y las enviamos a analizar, ya que la búsqueda de este tipo de sustancias no forma parte de los parámetros de rutina de control. Son estudios muy específicos», explicó el secretario municipal de Obras Públicas de Rojas, Daniel Boyeras.
El funcionario local sostuvo que «cuando se habla de determinar la presencia de ciertos componentes en el agua potable hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor se puede detectar presencia pero hay que establecer cuáles son los límites permisibles, y estos límites también varían según la jurisdicción o el organismo de que se trate».
En Bahía Blanca, en las últimas horas y ante la consulta del portal local La Nueva, la sede local de la Autoridad del Agua señaló que «nunca, en los últimos diez años, se ha hallado presencia de agroquímicos» en el dique Paso de las Piedras, desde donde se provee de agua a la región.
En tanto, en Lincoln, la concejal peronista Mercedes Ruffa le reclamó al intendente local Salvador Serenal y al Gobierno provincial que se avance con reglamentación para controlar la aplicación de agroquímicos. «Se puede tener una ordenanza muy bien hecha, pero no tener los medios para llevarla a la práctica, porque no tenés la estructura desde el Municipio. Y, en eso, la Provincia puede llegar a aportar algo para cumplir la ordenanza», agregó la edil en diálogo con el portal local La Posta.
En Pergamino, vale recordar, la Corte Suprema de Justicia ratificó que el agua de tres barrios contiene al menos 18 agroquímicos y, por lo tanto, pone en riesgo la salud humana.
El informe de la Corte fue solicitado luego de que el Juzgado Federal Nº de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo ordenara suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean a esos tres barrios de Pergamino, donde vecinos denunciaron graves problemas de salud en niños y adultos.
La decisión de Villafuerte Ruzo estuvo motivada por un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce que determinó la presencia de plaguicidas en el agua muy dañinos para la salud.No obstante, desde el Municipio pidieron un nuevo análisis a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires que, por el contrario, concluyó en que el agua era apta para el consumo, ya que si bien halló presencia de agrotóxicos, sostuvo que estos estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud.
Ahora, los técnicos y científicos que participaron de los estudios y llegaron a conclusiones disímiles deberán llegar a un acuerdo en un encuentro convocado para el 3 de mayo sobre la calidad del agua.
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Fecha de Publicación: 26/04/2019
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
Empiezan a analizar medidas para evaluar y paliar situaciones similares que puedan estar afectando a los consumidores.
El caso testigo de Pergamino sobre agua contaminada con agroquímicos generó preocupación en otros distritos bonaerenses, en los que empiezan a analizar medidas para evaluar y paliar situaciones similares que puedan estar afectando a los consumidores.
El antecedente de Pergamino, donde la Corte Suprema determinó que el agua en tres barrios no es apta para el consumo, despertó el temor en otras localidades. El municipio de Rojas, por ejemplo, ya confirmó que mandará a analizar el agua del distrito ante el temor de la presencia de agroquímicos dañinos para la salud.
«Ante esta situación, nosotros hemos realizado una serie de toma de muestras y las enviamos a analizar, ya que la búsqueda de este tipo de sustancias no forma parte de los parámetros de rutina de control. Son estudios muy específicos», explicó el secretario municipal de Obras Públicas de Rojas, Daniel Boyeras.
El funcionario local sostuvo que «cuando se habla de determinar la presencia de ciertos componentes en el agua potable hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor se puede detectar presencia pero hay que establecer cuáles son los límites permisibles, y estos límites también varían según la jurisdicción o el organismo de que se trate».
En Bahía Blanca, en las últimas horas y ante la consulta del portal local La Nueva, la sede local de la Autoridad del Agua señaló que «nunca, en los últimos diez años, se ha hallado presencia de agroquímicos» en el dique Paso de las Piedras, desde donde se provee de agua a la región.
En tanto, en Lincoln, la concejal peronista Mercedes Ruffa le reclamó al intendente local Salvador Serenal y al Gobierno provincial que se avance con reglamentación para controlar la aplicación de agroquímicos. «Se puede tener una ordenanza muy bien hecha, pero no tener los medios para llevarla a la práctica, porque no tenés la estructura desde el Municipio. Y, en eso, la Provincia puede llegar a aportar algo para cumplir la ordenanza», agregó la edil en diálogo con el portal local La Posta.
En Pergamino, vale recordar, la Corte Suprema de Justicia ratificó que el agua de tres barrios contiene al menos 18 agroquímicos y, por lo tanto, pone en riesgo la salud humana.
El informe de la Corte fue solicitado luego de que el Juzgado Federal Nº de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo ordenara suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean a esos tres barrios de Pergamino, donde vecinos denunciaron graves problemas de salud en niños y adultos.
La decisión de Villafuerte Ruzo estuvo motivada por un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce que determinó la presencia de plaguicidas en el agua muy dañinos para la salud.No obstante, desde el Municipio pidieron un nuevo análisis a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires que, por el contrario, concluyó en que el agua era apta para el consumo, ya que si bien halló presencia de agrotóxicos, sostuvo que estos estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud.
Ahora, los técnicos y científicos que participaron de los estudios y llegaron a conclusiones disímiles deberán llegar a un acuerdo en un encuentro convocado para el 3 de mayo sobre la calidad del agua.
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El agronegocio "nervioso" por el nuevo Código Penal
Los delitos ambientales en el nuevo Código Penal: Cartez teme una “cacería de brujas”
Fecha de Publicación: 26/04/2019
Fuente: Agro Voz
Provincia/Región: Nacional
La entidad ruralista pidió protección para el agro ante la posibilidad de que se apliquen ideológicamente criterios que pueden perjudicar a la producción agropecuaria.
Sin fecha concreta aún de debate, el Congreso argentino se apresta a discutir una reforma integral del Código Penal que incluye una novedad de importancia para el agro: la incorporación de los denominados “delitos ambientales”.
Se trata de un tema que está encendiendo alertas en el sector agropecuario debido a la posibilidad de que se pudieran considerar actividades penalmente sancionables la aplicación de fitosanitarios o la eliminación de bosque nativo, aun cuando se enmarcaran dentro de la ley, sólo si un fiscal considerara que son contaminantes.
Para advertir sobre el tema, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) emitió un comunicado en el que pidió poner “punto final a la hipocresía demagógica”.
Reclamos
La entidad que preside Gabriel De Raedemaeker se quejó de que este proyecto “pretende equiparar las penas que eventualmente pudieran corresponderles a los productores con las que les caben a ladrones, violadores o asesinos seriales”.
“Cabe preguntarse si es cuerdo suponer que alguien esté dispuesto a arriesgar su capital, su trabajo, su tiempo, su futuro, y eventualmente su libertad, para producir los alimentos y energía que el país le pide a gritos, bajo el estricto cumplimiento de todo el marco legal e impositivo vigente, y aun así quedar expuesto a una cacería de brujas por parte de algún fiscal que, en estricto cumplimiento de su deber pero impregnado de un halo ideológico anti-campo, considere, por ejemplo, que las aplicaciones de productos fitosanitarios constituyen un mecanismo de contaminación ambiental”, señaló Cartez.
Y continuó: “Aparece muy difuso el límite entre lo legal y lo condenable, en una zona gris en la que un determinado posicionamiento ideológico puede conducir a decisiones profundamente equivocadas”.
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Fecha de Publicación: 26/04/2019
Fuente: Agro Voz
Provincia/Región: Nacional
La entidad ruralista pidió protección para el agro ante la posibilidad de que se apliquen ideológicamente criterios que pueden perjudicar a la producción agropecuaria.
Sin fecha concreta aún de debate, el Congreso argentino se apresta a discutir una reforma integral del Código Penal que incluye una novedad de importancia para el agro: la incorporación de los denominados “delitos ambientales”.
Se trata de un tema que está encendiendo alertas en el sector agropecuario debido a la posibilidad de que se pudieran considerar actividades penalmente sancionables la aplicación de fitosanitarios o la eliminación de bosque nativo, aun cuando se enmarcaran dentro de la ley, sólo si un fiscal considerara que son contaminantes.
Para advertir sobre el tema, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) emitió un comunicado en el que pidió poner “punto final a la hipocresía demagógica”.
Reclamos
La entidad que preside Gabriel De Raedemaeker se quejó de que este proyecto “pretende equiparar las penas que eventualmente pudieran corresponderles a los productores con las que les caben a ladrones, violadores o asesinos seriales”.
“Cabe preguntarse si es cuerdo suponer que alguien esté dispuesto a arriesgar su capital, su trabajo, su tiempo, su futuro, y eventualmente su libertad, para producir los alimentos y energía que el país le pide a gritos, bajo el estricto cumplimiento de todo el marco legal e impositivo vigente, y aun así quedar expuesto a una cacería de brujas por parte de algún fiscal que, en estricto cumplimiento de su deber pero impregnado de un halo ideológico anti-campo, considere, por ejemplo, que las aplicaciones de productos fitosanitarios constituyen un mecanismo de contaminación ambiental”, señaló Cartez.
Y continuó: “Aparece muy difuso el límite entre lo legal y lo condenable, en una zona gris en la que un determinado posicionamiento ideológico puede conducir a decisiones profundamente equivocadas”.
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El agronegocio arremete nuevamente con la Ley de Semillas
Un semillero de negocios
Fecha de Publicación: 25/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En estos días vuelve a rondar por los pasillos del Congreso el rumor de que el Gobierno buscará modificar la actual Ley de Semillas en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Creo necesario, en función de la importancia de la semilla y el agro para el desarrollo de nuestro país, poner en discusión algunos de los argumentos que utiliza cierto sector empresarial del campo junto con el Gobierno para presionar y aprobar finalmente esta ley.
La semilla no es un insumo más en la agricultura, sino que es la llave más importante que determina el modo en que se producen los alimentos y, finalmente, qué es lo que come la sociedad en su conjunto. De la genética de la semilla depende el cuándo y el cómo se siembra, se maneja el cultivo, y se cosecha. Esto lo aprendieron rápidamente las empresas de la industria agroquímica que adquirieron casi todas las semilleras del mundo durante los últimos 20 años.
Por ejemplo: para el 2005 Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer a 21, Dow a 12, Dupont a 51, y Syngenta a 20. De ese modo se aseguran unir a la semilla con el paquete tecnológico que ellas mismas venden al mercado. Además, la reducción en el número de empresas genera consecuencias económicas y biológicas indeseables. Pero la concentración continuó y en el 2018 Bayer adquirió a Monsanto, Dow y Dupont se fusionaron y Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió a Syngenta y a una de las semilleras argentinas más importantes: Nidera. Esto hizo que actualmente sólo tres empresas en el mundo concentren el 60 por ciento de las ventas de semillas y el 70 por ciento de los agroquímicos.
En este contexto se discuten en Argentina, bajo la intensa presión de estas empresas, las modificaciones a la Ley de Semillas. Se plantea que la Ley actual es vieja y que las modificaciones deberían promover las "inversiones" de las empresas semilleras en nuevos desarrollos para los agricultores argentinos. El eje de las modificaciones pasa por quitar a los productores el derecho de uso propio, es decir el productor deberá pagar por volver a utilizar una semilla que compró.
Mientras tanto, durante el debate de la Ley en la Comisión de Agricultura de Diputados se argumentó (por ejemplo) que en el Chaco sólo se siembra una variedad de algodón cuando años atrás se sembraban 30 cultivares diferentes; la explicación que se dio es que la actual Ley "desalienta la inversión". Sin embargo, olvidaron plantear que --debido a la hiperconcentración del mercado-- quien es dueño del cultivar (Bayer-Monsanto) no requiere de nuevos materiales ya que con uno solo monopoliza la producción. Es casi ingenuo creer que los productores argentinos y más aún los pequeños productores tendrán mayor acceso a las nuevas tecnologías si se cambia la Ley de Semillas.
Si nos planteamos como objetivo lograr un desarrollo productivo económico, social y ambientalmente sustentable, tenemos que tener como país la capacidad de decidir. La simbólica degradación del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva a Secretaría muestra que la orientación es depositar el desarrollo tecnológico en las empresas transnacionales, y no en un desarrollo nacional. La soberanía tecnológica es, entre otras cosas, poder tomar decisiones sobre qué y cómo producir. Si este proyecto de ley se aprueba, esas decisiones relevantes no serán tomadas por los intereses del pueblo Argentino, sino por las ecuaciones económicas de estos tres grandes grupos empresarios.
Para que los productores argentinos tengan acceso a nuevas tecnologías se debe fortalecer el sistema científico tecnológico argentino. Aún en Estados Unidos, los conocimientos y las tecnologías agrícolas más relevantes fueron generadas por las universidades y los organismos públicos de investigación, y no por las empresas semilleras. Dar la libertad al productor para elegir si conservar su semilla o adquirir una nueva, constituye un desafío para que los mejoradores generen cultivares que presenten cada vez nuevas ventajas productivas.
Se plantea que la Ley de Semillas es vieja y no contempla las nuevas tecnologías, sin embargo, en el proyecto del Poder Ejecutivo no se hace mención alguna a las nuevas tecnologías genéticas. Tampoco se piensa en qué mejoramiento realizar y cuáles son los objetivos que como país productor de alimentos debemos tener.
Resulta imprescindible plantearse qué tipo de alimentos queremos generar, pensar no sólo en cantidad sino en calidad y en una producción saludable. Como se dijo al inicio de la nota, la semilla y su genética condiciona el cómo se produce y qué alimento se genera, esa es la discusión de fondo y el verdadero interés de las empresas transnacionales con el proyecto que se quiere sancionar. Debatir la Ley de Semillas nos debe dar la oportunidad para decidir de qué modo queremos producir, no puede ser un medio para que el país pierda más soberanía.
Gustavo Schrauf es profesor titular de la Cátedra de Genética, director del Criadero Cultivos del Sur, Facultad de Agronomía (UBA).
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Fecha de Publicación: 25/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En estos días vuelve a rondar por los pasillos del Congreso el rumor de que el Gobierno buscará modificar la actual Ley de Semillas en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Creo necesario, en función de la importancia de la semilla y el agro para el desarrollo de nuestro país, poner en discusión algunos de los argumentos que utiliza cierto sector empresarial del campo junto con el Gobierno para presionar y aprobar finalmente esta ley.
La semilla no es un insumo más en la agricultura, sino que es la llave más importante que determina el modo en que se producen los alimentos y, finalmente, qué es lo que come la sociedad en su conjunto. De la genética de la semilla depende el cuándo y el cómo se siembra, se maneja el cultivo, y se cosecha. Esto lo aprendieron rápidamente las empresas de la industria agroquímica que adquirieron casi todas las semilleras del mundo durante los últimos 20 años.
Por ejemplo: para el 2005 Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer a 21, Dow a 12, Dupont a 51, y Syngenta a 20. De ese modo se aseguran unir a la semilla con el paquete tecnológico que ellas mismas venden al mercado. Además, la reducción en el número de empresas genera consecuencias económicas y biológicas indeseables. Pero la concentración continuó y en el 2018 Bayer adquirió a Monsanto, Dow y Dupont se fusionaron y Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió a Syngenta y a una de las semilleras argentinas más importantes: Nidera. Esto hizo que actualmente sólo tres empresas en el mundo concentren el 60 por ciento de las ventas de semillas y el 70 por ciento de los agroquímicos.
En este contexto se discuten en Argentina, bajo la intensa presión de estas empresas, las modificaciones a la Ley de Semillas. Se plantea que la Ley actual es vieja y que las modificaciones deberían promover las "inversiones" de las empresas semilleras en nuevos desarrollos para los agricultores argentinos. El eje de las modificaciones pasa por quitar a los productores el derecho de uso propio, es decir el productor deberá pagar por volver a utilizar una semilla que compró.
Mientras tanto, durante el debate de la Ley en la Comisión de Agricultura de Diputados se argumentó (por ejemplo) que en el Chaco sólo se siembra una variedad de algodón cuando años atrás se sembraban 30 cultivares diferentes; la explicación que se dio es que la actual Ley "desalienta la inversión". Sin embargo, olvidaron plantear que --debido a la hiperconcentración del mercado-- quien es dueño del cultivar (Bayer-Monsanto) no requiere de nuevos materiales ya que con uno solo monopoliza la producción. Es casi ingenuo creer que los productores argentinos y más aún los pequeños productores tendrán mayor acceso a las nuevas tecnologías si se cambia la Ley de Semillas.
Si nos planteamos como objetivo lograr un desarrollo productivo económico, social y ambientalmente sustentable, tenemos que tener como país la capacidad de decidir. La simbólica degradación del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva a Secretaría muestra que la orientación es depositar el desarrollo tecnológico en las empresas transnacionales, y no en un desarrollo nacional. La soberanía tecnológica es, entre otras cosas, poder tomar decisiones sobre qué y cómo producir. Si este proyecto de ley se aprueba, esas decisiones relevantes no serán tomadas por los intereses del pueblo Argentino, sino por las ecuaciones económicas de estos tres grandes grupos empresarios.
Para que los productores argentinos tengan acceso a nuevas tecnologías se debe fortalecer el sistema científico tecnológico argentino. Aún en Estados Unidos, los conocimientos y las tecnologías agrícolas más relevantes fueron generadas por las universidades y los organismos públicos de investigación, y no por las empresas semilleras. Dar la libertad al productor para elegir si conservar su semilla o adquirir una nueva, constituye un desafío para que los mejoradores generen cultivares que presenten cada vez nuevas ventajas productivas.
Se plantea que la Ley de Semillas es vieja y no contempla las nuevas tecnologías, sin embargo, en el proyecto del Poder Ejecutivo no se hace mención alguna a las nuevas tecnologías genéticas. Tampoco se piensa en qué mejoramiento realizar y cuáles son los objetivos que como país productor de alimentos debemos tener.
Resulta imprescindible plantearse qué tipo de alimentos queremos generar, pensar no sólo en cantidad sino en calidad y en una producción saludable. Como se dijo al inicio de la nota, la semilla y su genética condiciona el cómo se produce y qué alimento se genera, esa es la discusión de fondo y el verdadero interés de las empresas transnacionales con el proyecto que se quiere sancionar. Debatir la Ley de Semillas nos debe dar la oportunidad para decidir de qué modo queremos producir, no puede ser un medio para que el país pierda más soberanía.
Gustavo Schrauf es profesor titular de la Cátedra de Genética, director del Criadero Cultivos del Sur, Facultad de Agronomía (UBA).
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La CSJ confirma 18 agroquímicos en el agua de Pergamino
Peritos de la Corte Suprema confirman que el agua de Pergamino contiene 18 agroquímicos
Fecha de Publicación: 23/04/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El informe del máximo tribunal fue solicitado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien ordenó suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean tres barrios de esa ciudad.
Las versiones acerca de la contaminación del agua en Pergamino circulan hace ya un tiempo. Si bien el Municipio de esa ciudad se encargó de desmentirlo y aseguraron que era "apta para el consumo" , este martes 16 de abril la Corte Suprema confirmó la noticia de que la misma contiene 18 agroquímicos y es un riesgo para la salud.
El informe del máximo tribunal fue solicitado luego de que el Juzgado Federal Nº de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo ordenara suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean tres barrios de Pergamino. Allí, los vecinos denunciaron graves problemas de salud en niños y adultos.
La decisión del juez fue acompañada por un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, el cual arrojó como resultado la presencia de plaguicidas en el agua muy dañinos para la salud , según consignó el medio local Primera Plana
Ante este panorama, desde el Municipio solicitaron que se realice unnuevo análisis a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires que, al contrario del del INTA, concluyó en que el agua era apta para el consumo. Si bien se halló presencia de agrotóxicos, se detalló que los mismos estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud.
Frente a estos dos informes, se pidió un nuevo estudio al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación, el cual confirmó que el agua de Pergamino está contaminada con 18 tipos de agroquímicos . Este resultado coincide con el arrojado por el INTA Balcarce.
En el nuevo informe se aclara que el examen de los especialistas de la Corte se realizó en base a las pruebas líquidas y no sobre los informes ya elaborados que son parte de la causa penal. De esto se desprende entonces que no se efectúo una interpretación de los estudios sino que se evaluaron las muestras de manera integral y con las precisiones que corresponden para estos casos críticos..
Villafuerte Ruzo en su fallo había exhortado además al Municipio a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable.
El intendente Javier Martínez manifestó días atrás: "El agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios" en base al estudio de la Autoridad del Agua. También juró que en su vivienda toma "agua de la canilla".
En el nuevo informe se aclara que el examen de los especialistas de la Corte se realizó en base a las pruebas líquidas y no sobre los informes ya elaborados que son parte de la causa penal.
Las vecinas que llevaron adelante las denuncias conformaron la agrupación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino , quienes además comenzaron a organizar protestas ante el Municipio para pedir que se declare la emergencia sanitaria.
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Fecha de Publicación: 23/04/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El informe del máximo tribunal fue solicitado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien ordenó suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean tres barrios de esa ciudad.
Las versiones acerca de la contaminación del agua en Pergamino circulan hace ya un tiempo. Si bien el Municipio de esa ciudad se encargó de desmentirlo y aseguraron que era "apta para el consumo" , este martes 16 de abril la Corte Suprema confirmó la noticia de que la misma contiene 18 agroquímicos y es un riesgo para la salud.
El informe del máximo tribunal fue solicitado luego de que el Juzgado Federal Nº de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo ordenara suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean tres barrios de Pergamino. Allí, los vecinos denunciaron graves problemas de salud en niños y adultos.
La decisión del juez fue acompañada por un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, el cual arrojó como resultado la presencia de plaguicidas en el agua muy dañinos para la salud , según consignó el medio local Primera Plana
Ante este panorama, desde el Municipio solicitaron que se realice unnuevo análisis a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires que, al contrario del del INTA, concluyó en que el agua era apta para el consumo. Si bien se halló presencia de agrotóxicos, se detalló que los mismos estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud.
Frente a estos dos informes, se pidió un nuevo estudio al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación, el cual confirmó que el agua de Pergamino está contaminada con 18 tipos de agroquímicos . Este resultado coincide con el arrojado por el INTA Balcarce.
En el nuevo informe se aclara que el examen de los especialistas de la Corte se realizó en base a las pruebas líquidas y no sobre los informes ya elaborados que son parte de la causa penal. De esto se desprende entonces que no se efectúo una interpretación de los estudios sino que se evaluaron las muestras de manera integral y con las precisiones que corresponden para estos casos críticos..
Villafuerte Ruzo en su fallo había exhortado además al Municipio a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable.
El intendente Javier Martínez manifestó días atrás: "El agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios" en base al estudio de la Autoridad del Agua. También juró que en su vivienda toma "agua de la canilla".
En el nuevo informe se aclara que el examen de los especialistas de la Corte se realizó en base a las pruebas líquidas y no sobre los informes ya elaborados que son parte de la causa penal.
Las vecinas que llevaron adelante las denuncias conformaron la agrupación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino , quienes además comenzaron a organizar protestas ante el Municipio para pedir que se declare la emergencia sanitaria.
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Macri busca el voto agrotóxico
Voto agrotóxico: con una prédica antiecologista, Macri seduce al ruralista duro en las provinciales
Fecha de Publicación: 18/04/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El tenor del mensaje no llamó tanto la atención como la investidura de quien lo emitió.
La postura de Cambiemos de incentivar el uso de agrotóxicos ya era harto conocida a partir de pronunciamientos vía las carteras de Agroindustria, Ciencia, Ambiente e incluso Salud, y de gestiones provinciales como la que encabeza María Eugenia Vidal. Pero las críticas recientes de Mauricio Macri al amparo que protege de las fumigaciones a las escuelas rurales de Entre Ríos acentuaron la discusión en torno al modelo agroindustrial predominante.
Muy cerca de la Casa Rosada, voces consultadas por iProfesional señalaron que el mensaje del Presidente "no estaba en la agenda original" prevista en la visita a esa provincia. Pero, que pasado el mediodía del 4 de abril, Macri decidió avanzar con sus comentarios tras un encuentro a puertas cerradas con los popes de la Sociedad Rural en Gualeguaychú.
Fue en ese contexto que, en conferencia de prensa, el primer mandatario tildó de "irresponsable" la decisión de la Justicia de declarar inconstitucional un decreto provincial que permitía aplicar plaguicidas como el cancerígeno glifosato junto a los establecimientos educativos.
Pero ese súbito sentar posición concretado por el Presidente -reconocen entre las filas del oficialismo- lejos estuvo de representar un antojo inconexo. Por el contrario, distintas fuentes de Cambiemos interpeladas por este medio reconocieron que las palabras de Macri se corresponden con la estrategia del Gobierno de salir a captar el voto del ruralista "duro" ante la inminente contienda electoral que se abre en Entre Ríos.
En esa provincia, el próximo domingo 14 se realizarán las PASO, mientras que la elección para definir quién comandará la Gobernación del distrito se llevará a cabo a principios del mes de junio.
Tras la magra cosecha de votos obtenida en las primarias celebradas recientemente en La Pampa, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén, para Macri y sus equipos alzarse con un triunfo en Entre Ríos pasó a transformarse en prioridad.
En la vereda opuesta a la posición del Gobierno de promover las fumigaciones, referentes del ambientalismo y de la alternativa de producción agroecológica –esto es, sin venenos–, e incluso representantes del gobierno municipal de Gualeguaychú, también coincidieron en el tinte proselitista de las declaraciones del primer mandatario.
Entre Ríos es, en este momento, el territorio donde más se discute el perfil de la producción agropecuaria que predomina en la Argentina. Y la ciudad de Gualeguaychú en particular viene motorizando programas como el PSSA (Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana) con el objetivo de afianzar un modelo de labor agrícola que excluye las fumigaciones con plaguicidas. El gesto de Macri, otra vez, tuvo muy poco de casual.
Pelearle a Bordet
Hasta la sucesión de fallos judiciales en contra, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet –que en junio buscará su reelección– venía garantizándole una actividad sin sobresaltos a quienes basan la actividad agropecuaria en el uso de semillas modificadas genéticamente –sobre todo soja y maíz transgénicos– y la aplicación de agrotóxicos.
Pero los reveses en la Corte Suprema de la provincia inauguraron una grieta creciente entre las organizaciones del campo y la Gobernación: los productores comenzaron a restarle confianza al mandatario justicialista.
"Algunos empezaron a catalogar a Bordet de tibio o blando, aunque siempre estuvo de acuerdo con las fumigaciones", reconoció ante iProfesional un dirigente local cercano a Federación Agraria Argentina (FAA).
En torno a esa entidad señalan que los equipos del macrismo rápidamente observaron esa diferencia como una oportunidad, y de ahí la prédica del Presidente en sintonía con el malestar del sector agroindustrial.
"Hay una intencionalidad política a tono con la relevancia que este Gobierno le ha dado al campo. En muchos aspectos, Cambiemos le otorgó más importancia a la actividad aunque también hay sectores donde existe el malestar, sobre todo en ciertas economías regionales. En un momento en que se le echa en cara las retenciones, Macri se pronunció sobre un tema que tiene preocupados a los productores", dijo a este medio Gustavo López, titular de la consultora AgriTrend.
"Quizás lo hizo como una manera de bajar la queja ante ciertas decisiones que el campo le critica a Cambiemos. O, en todo caso, como un gesto anticipado, un guiño, en la previa a alguna nueva medida que el Gobierno pueda estar evaluando y que el macrismo ya sabe que le caerá pésimo al sector. Esto último lo sabremos en el corto plazo", agregó.
Macri explicitó su molestia ante la renovada protección legal a las escuelas en un acto en el que se mostró acompañado por Atilio Benedetti, diputado nacional por Entre Ríos, y Gustavo Hein, intendente de Basavilbaso y presidente del PRO en esa provincia. La dupla en cuestión encabezará la fórmula con la que Cambiemos pretenderá hacerse con la Gobernación en las próximas elecciones.
"Sin dejar de considerar lo grave de tener a un presidente que apoya de esta forma el uso de agrotóxicos, lo que hizo Macri en Gualeguaychú fue un acto de campaña. Salió a buscar los votos de los productores más alineados con el modelo consagrado. Y lo llevó a cabo en la ciudad que más promueve la agroecología, como un desafío", comentó a iProfesional el médico entrerriano Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socio Ambiental dependiente de la Facultad de Medicina de Rosario.
"Con su mensaje buscó mostrar a Bordet como un actor flojo en la lucha contra los ecologistas. Macri habló con la intención de instalar que él es el único que puede garantizarle continuidad a los ruralistas que fumigan", añadió. Experto en el diagnóstico de problemáticas sanitarias derivadas del uso de plaguicidas, Verzeñassi es un especialista de consulta permanente por parte de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Desde la misma Gualeguaychú su viceintendente, Jorge Maradey, también interpretó los comentarios del Presidente como un recurso "para volver a ganarse los votos del campo en Entre Ríos".
"Apuntó al negocio, la rentabilidad y otras cuestiones, en lugar de darle prioridad a la salud de las personas. Su postura fue la de instalar que los límites al uso de venenos atentan contra la productividad, siendo que la agroecología genera un número mucho más amplio de puestos de trabajo sin esa carga tóxica. La queja en términos productivos tampoco tiene sentido ya que la cosecha viene rompiendo récords", sostuvo ante iProfesional.
Borrar la alternativa
En su crítica a la decisión de la Justicia que aleja las fumigaciones de las escuelas rurales, Macri argumentó que dejar de aplicar glifosato y otros plaguicidas junto a los establecimientos implica para Entre Ríos la pérdida del 20% de su capacidad agroindustrial. El dato en cuestión surge del seno de la Federación Agraria, aunque la entidad jamás explicó cómo arribó a ese porcentaje.
Eduardo Cerdá es ingeniero agrónomo y titular de RENAMA, red que aglutina a casi 15 municipios y unos 150 productores que desarrollan agroecología en la Argentina. A nivel país, este sistema de cultivo sustentable ya suma más de 85.000 hectáreas productivas y en la última década aceleró su expansión. Entre los distritos alineados en RENAMA se ubica Gualeguaychú, sitio elegido por el Presidente para ejercer su reciente defensa a las pulverizaciones con plaguicidas.
Consultado por iProfesional respecto del mensaje emitido por el primer mandatario, Cerdá sostuvo que, más allá de la prédica electoral de ocasión, volvió a quedar a la vista que para el Gobierno la única actividad agrícola digna de promoción corresponde a aquella que emplea agrotóxicos.
"Gualeguaychú es uno de los municipios que inicia RENAMA junto con Guaminí. Por supuesto que hay una intencionalidad en el mensaje. Al mismo tiempo, Macri insiste con que la única manera de tener mayor producción es usando plaguicidas, algo que es totalmente falso. En sus palabras queda en evidencia el lobby empresarial que busca mantener la venta de ese tipo de productos", dijo.
Algo similar opinó Javier Souza Casadinho, también ingeniero agrónomo y, además, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Hay estrategias agroecológicas que nos permiten incluso incrementar la rentabilidad sin usar plaguicidas. Fuera de eso, hay que repensar estrategias en la actividad agraria y no supeditar la salud a cuestiones económicas. Sobre todo en la cuestión de las escuelas, tenemos que proteger a los niños. Exponerlos a los agrotóxicos es hipotecar sus vidas", expresó ante iProfesional.
A fines de marzo, la Justicia de Entre Ríos admitió un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente AGMER, y estableció la nulidad del decreto provincial 4407 que habilitaba las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las escuelas rurales.
Producto de esta decisión, quedaron vigentes sendas distancias de aplicación que alcanzan a los 1.000 metros para las prácticas terrestres y 3.000 en el caso de las aéreas, además del veto total a las pulverizaciones en horario escolar.
Publicado el 2 de enero en el boletín oficial de Entre Ríos, el decreto 4407 achicaba a sólo 100 metros la distancia de fumigación entre el límite de los establecimientos educativos y los lotes productivos.
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Fecha de Publicación: 18/04/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El tenor del mensaje no llamó tanto la atención como la investidura de quien lo emitió.
La postura de Cambiemos de incentivar el uso de agrotóxicos ya era harto conocida a partir de pronunciamientos vía las carteras de Agroindustria, Ciencia, Ambiente e incluso Salud, y de gestiones provinciales como la que encabeza María Eugenia Vidal. Pero las críticas recientes de Mauricio Macri al amparo que protege de las fumigaciones a las escuelas rurales de Entre Ríos acentuaron la discusión en torno al modelo agroindustrial predominante.
Muy cerca de la Casa Rosada, voces consultadas por iProfesional señalaron que el mensaje del Presidente "no estaba en la agenda original" prevista en la visita a esa provincia. Pero, que pasado el mediodía del 4 de abril, Macri decidió avanzar con sus comentarios tras un encuentro a puertas cerradas con los popes de la Sociedad Rural en Gualeguaychú.
Fue en ese contexto que, en conferencia de prensa, el primer mandatario tildó de "irresponsable" la decisión de la Justicia de declarar inconstitucional un decreto provincial que permitía aplicar plaguicidas como el cancerígeno glifosato junto a los establecimientos educativos.
Pero ese súbito sentar posición concretado por el Presidente -reconocen entre las filas del oficialismo- lejos estuvo de representar un antojo inconexo. Por el contrario, distintas fuentes de Cambiemos interpeladas por este medio reconocieron que las palabras de Macri se corresponden con la estrategia del Gobierno de salir a captar el voto del ruralista "duro" ante la inminente contienda electoral que se abre en Entre Ríos.
En esa provincia, el próximo domingo 14 se realizarán las PASO, mientras que la elección para definir quién comandará la Gobernación del distrito se llevará a cabo a principios del mes de junio.
Tras la magra cosecha de votos obtenida en las primarias celebradas recientemente en La Pampa, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén, para Macri y sus equipos alzarse con un triunfo en Entre Ríos pasó a transformarse en prioridad.
En la vereda opuesta a la posición del Gobierno de promover las fumigaciones, referentes del ambientalismo y de la alternativa de producción agroecológica –esto es, sin venenos–, e incluso representantes del gobierno municipal de Gualeguaychú, también coincidieron en el tinte proselitista de las declaraciones del primer mandatario.
Entre Ríos es, en este momento, el territorio donde más se discute el perfil de la producción agropecuaria que predomina en la Argentina. Y la ciudad de Gualeguaychú en particular viene motorizando programas como el PSSA (Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana) con el objetivo de afianzar un modelo de labor agrícola que excluye las fumigaciones con plaguicidas. El gesto de Macri, otra vez, tuvo muy poco de casual.
Pelearle a Bordet
Hasta la sucesión de fallos judiciales en contra, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet –que en junio buscará su reelección– venía garantizándole una actividad sin sobresaltos a quienes basan la actividad agropecuaria en el uso de semillas modificadas genéticamente –sobre todo soja y maíz transgénicos– y la aplicación de agrotóxicos.
Pero los reveses en la Corte Suprema de la provincia inauguraron una grieta creciente entre las organizaciones del campo y la Gobernación: los productores comenzaron a restarle confianza al mandatario justicialista.
"Algunos empezaron a catalogar a Bordet de tibio o blando, aunque siempre estuvo de acuerdo con las fumigaciones", reconoció ante iProfesional un dirigente local cercano a Federación Agraria Argentina (FAA).
En torno a esa entidad señalan que los equipos del macrismo rápidamente observaron esa diferencia como una oportunidad, y de ahí la prédica del Presidente en sintonía con el malestar del sector agroindustrial.
"Hay una intencionalidad política a tono con la relevancia que este Gobierno le ha dado al campo. En muchos aspectos, Cambiemos le otorgó más importancia a la actividad aunque también hay sectores donde existe el malestar, sobre todo en ciertas economías regionales. En un momento en que se le echa en cara las retenciones, Macri se pronunció sobre un tema que tiene preocupados a los productores", dijo a este medio Gustavo López, titular de la consultora AgriTrend.
"Quizás lo hizo como una manera de bajar la queja ante ciertas decisiones que el campo le critica a Cambiemos. O, en todo caso, como un gesto anticipado, un guiño, en la previa a alguna nueva medida que el Gobierno pueda estar evaluando y que el macrismo ya sabe que le caerá pésimo al sector. Esto último lo sabremos en el corto plazo", agregó.
Macri explicitó su molestia ante la renovada protección legal a las escuelas en un acto en el que se mostró acompañado por Atilio Benedetti, diputado nacional por Entre Ríos, y Gustavo Hein, intendente de Basavilbaso y presidente del PRO en esa provincia. La dupla en cuestión encabezará la fórmula con la que Cambiemos pretenderá hacerse con la Gobernación en las próximas elecciones.
"Sin dejar de considerar lo grave de tener a un presidente que apoya de esta forma el uso de agrotóxicos, lo que hizo Macri en Gualeguaychú fue un acto de campaña. Salió a buscar los votos de los productores más alineados con el modelo consagrado. Y lo llevó a cabo en la ciudad que más promueve la agroecología, como un desafío", comentó a iProfesional el médico entrerriano Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socio Ambiental dependiente de la Facultad de Medicina de Rosario.
"Con su mensaje buscó mostrar a Bordet como un actor flojo en la lucha contra los ecologistas. Macri habló con la intención de instalar que él es el único que puede garantizarle continuidad a los ruralistas que fumigan", añadió. Experto en el diagnóstico de problemáticas sanitarias derivadas del uso de plaguicidas, Verzeñassi es un especialista de consulta permanente por parte de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Desde la misma Gualeguaychú su viceintendente, Jorge Maradey, también interpretó los comentarios del Presidente como un recurso "para volver a ganarse los votos del campo en Entre Ríos".
"Apuntó al negocio, la rentabilidad y otras cuestiones, en lugar de darle prioridad a la salud de las personas. Su postura fue la de instalar que los límites al uso de venenos atentan contra la productividad, siendo que la agroecología genera un número mucho más amplio de puestos de trabajo sin esa carga tóxica. La queja en términos productivos tampoco tiene sentido ya que la cosecha viene rompiendo récords", sostuvo ante iProfesional.
Borrar la alternativa
En su crítica a la decisión de la Justicia que aleja las fumigaciones de las escuelas rurales, Macri argumentó que dejar de aplicar glifosato y otros plaguicidas junto a los establecimientos implica para Entre Ríos la pérdida del 20% de su capacidad agroindustrial. El dato en cuestión surge del seno de la Federación Agraria, aunque la entidad jamás explicó cómo arribó a ese porcentaje.
Eduardo Cerdá es ingeniero agrónomo y titular de RENAMA, red que aglutina a casi 15 municipios y unos 150 productores que desarrollan agroecología en la Argentina. A nivel país, este sistema de cultivo sustentable ya suma más de 85.000 hectáreas productivas y en la última década aceleró su expansión. Entre los distritos alineados en RENAMA se ubica Gualeguaychú, sitio elegido por el Presidente para ejercer su reciente defensa a las pulverizaciones con plaguicidas.
Consultado por iProfesional respecto del mensaje emitido por el primer mandatario, Cerdá sostuvo que, más allá de la prédica electoral de ocasión, volvió a quedar a la vista que para el Gobierno la única actividad agrícola digna de promoción corresponde a aquella que emplea agrotóxicos.
"Gualeguaychú es uno de los municipios que inicia RENAMA junto con Guaminí. Por supuesto que hay una intencionalidad en el mensaje. Al mismo tiempo, Macri insiste con que la única manera de tener mayor producción es usando plaguicidas, algo que es totalmente falso. En sus palabras queda en evidencia el lobby empresarial que busca mantener la venta de ese tipo de productos", dijo.
Algo similar opinó Javier Souza Casadinho, también ingeniero agrónomo y, además, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Hay estrategias agroecológicas que nos permiten incluso incrementar la rentabilidad sin usar plaguicidas. Fuera de eso, hay que repensar estrategias en la actividad agraria y no supeditar la salud a cuestiones económicas. Sobre todo en la cuestión de las escuelas, tenemos que proteger a los niños. Exponerlos a los agrotóxicos es hipotecar sus vidas", expresó ante iProfesional.
A fines de marzo, la Justicia de Entre Ríos admitió un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente AGMER, y estableció la nulidad del decreto provincial 4407 que habilitaba las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las escuelas rurales.
Producto de esta decisión, quedaron vigentes sendas distancias de aplicación que alcanzan a los 1.000 metros para las prácticas terrestres y 3.000 en el caso de las aéreas, además del veto total a las pulverizaciones en horario escolar.
Publicado el 2 de enero en el boletín oficial de Entre Ríos, el decreto 4407 achicaba a sólo 100 metros la distancia de fumigación entre el límite de los establecimientos educativos y los lotes productivos.
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Agroquímicos en el agua de Pergamino
Contaminación del agua y graves problemas de salud: ordenaron suspender la fumigación con agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 13/04/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Un fallo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo frenó el uso de plaguicidas en tres barrios de esa ciudad bonaerense. Además, instó al Municipio a suspender la autorización para futuras fumigaciones. Historias del drama
Una semana después de que el presidente Mauricio Macri considerara durante su visita a Entre Ríos como "irresponsable" un fallo de la Justicia que frenaba la fumigación con agroquímicos a 100 metros de las escuelas en esa provincia, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo dio otro paso en el mismo sentido. El titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás ordenó la suspensión urgente de la aplicación de estos plaguicidas tóxicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
Villafuerte Ruzo además exhortó al Municipio de Pergamino, ubicado en lo que se llama el "núcleo sojero" de la pampa húmeda, a 245 kilómetros de la Capital Federal, a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable.
Es que en la investigación, surgida a partir de la denuncia de una vecina del barrio Villa Alicia, varios informes técnicos comprobaron que el nivel de agroquímicos en las napas de donde se abastecen los vecinos es superior al tolerado por el organismo humano.
"Se dispondrá la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres que contenga glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo", remarcó el magistrado en su fallo.
Villafuerte Ruzo detalló los productos químicos prohibidos a partir de su firma. Se trata de Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacroplid, Desetil, 2.4D y "de los siguientes formulados: Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax".
Lo hizo específicamente sobre cuatro establecimientos rurales que lindan con las poblaciones urbanas de estos barrios. Y las medidas incluyen la suspensión provisional al Municipio para autorizar "futuras fumigaciones, tanto aéreas como terrestres".
Además, el magistrado indicó al intendente Javier Martínez (Cambiemos) que para las zonas adyacentes a los barrios involucrados, y fuera de los campos donde se restringió la fumigación, se establezca una zona de aplicación a no menos de 600 metros de distancia del ejido urbano.
Martínez, en tanto, encomendó a la UBA un estudio para determinar la calidad del agua en Pergamino, ya que los análisis previos dieron resultados dispares.
Especialistas de Conicet y del Inta-Balcarce y el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino, encontraron altos niveles de agroquímicos en el agua de la zona, pero un estudio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ASA) contradijo esos informes.
Por eso el juez Villafuerte Ruzo encomendó un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación que, según se indica en el fallo, comunicó que sus tareas están en desarrollo y todavía no hay resultados.
Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en el barrio Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía 10 años, y su marido.
Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas y que desencadenó en este fallo de la Justicia federal. "Me constituí como querellante y expuse mi identidad. Denuncié la manipulación de residuos peligrosos y así se comprobó que existe responsabilidad de los dueños de los campos de alrededor", cuenta a Infobae la mujer, que considera el fallo como "muy positivo".
"En 2011 pierdo un embarazo intoxicada. Ese día fumigaron y empecé a brotarme, a tener dificultad respiratoria, mareos, contracciones, y a la noche terminé perdiendo el embarazo. El médico me dijo que fue por los agrotóxicos y se me vino a la cabeza la historia de Fabián Tomasi; ahí me prometí no parar jamás", revela.
"Hasta ese momento solo tenía problemas dermatológicos y respiratorios. Mi nena (tenía 10), mi esposo, mis padres, que vivían al lado de mi casa, y muchos vecinos sufrían y sufren lo mismo. Pero esta es la ciudad del núcleo sojero. Acá hablar de eso implica que te traten de loca, así me dijo quien era secretario de Salud cuando llevé los análisis de toda mi familia", dice Ortiz, con indignación.
Ella junto a otras vecinas conformaron la agrupación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, que empezó a activar denuncias y protestas en la ciudad y el 21 de marzo pasado reclamaron ante el Municipio y la Justicia que se declare la emergencia sanitaria. Menos de 15 días después, Villafuerte Ruzo firmó el fallo.
El drama familiar de Ortiz se replica en otros vecinos de Pergamino, uno de los distritos donde más se usan agroquímicos en toda la Provincia. Según cuenta la mujer, sus hijos tienen diez veces más de glifosato en sangre que lo que tolera el organismo humano. "El tolerado es 0,01. Y mi hija tiene 9,20 y mi hijo 10,20. Es una enormidad tremenda. Ese indice no baja, es poco lo que el cuerpo puede metabolizar", asegura, con bronca.
La hija, que hoy tiene 18 años, ya pasó por cuatro operaciones para sacarle quistes de los huesos. Su hijo hace linfoproliferación. "Tiene los ganglios agrandados en los intestinos, en el cuello, eso hace que sus sistema inmune esté activo y cuando se enferma lo debilita. Le hacen quimioterapia, tiene sangrado en orina, hace síntomas de enfermedades que no tiene", enumera Sabrina.
Las madres de los barrios fumigados de Pergamino celebran el fallo del juez, pero aseguran que viven en una comunidad que evita el tema o que incluso lo tapa. Nadie habla, cuentan, de los 48 casos de cáncer en un solo barrio.
Isaías tiene tres años y cada vez que se fumiga el campo lindero a su casa, se brota. "La medica de la sala le dijo a la mamá que fue el fiambre. La vez pasada hicieron una reunión los médicos de la sala para informar a los vecinos que nada tiene que ver sus afecciones con los agroquímicos, que se debe a otros factores como la higiene. Formaron un discurso proteccionista de los agronegocios en la salud pública municipal", protestan en su página de Facebook.
Ortiz denuncia que su lucha contra los agroquímicos trajo consecuencias oscuras, que van más allá de su salud física. "Me balearon el perro, me tiraron bidones vacíos de glifosato en la puerta de casa, me tiraron chauchas de soja en el auto. Es una cadena de mafia y complicidades. Pero lamentablemente no me voy a detener", advierte.
Además de sus problemas de piel, la mujer sufrió dos ACV isquémicos. Pero no tiene ni problemas en la sangre ni cardíacos. "Aparentemente es por una toxina del glifosato", cuenta que le dijo su médico.
Para la mujer, el Estado está ausente porque "los que lo sufrimos somos todos gente pobre, hay personas del barrio que no tienen obra social, no tienen ni para comer, por eso reclamamos que el Municipio incorpore toxicólogos especialistas".
Su situación es un reflejo de un problema de salud que afecta a toda una comunidad. A ella, el médico le recomendó una decisión drástica. "Me dijo que me mude. Y me mudé. Pero no todos pueden hacer lo mismo. Nos están matando", asegura, conmovida.
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107 plaguicidas prohibidos en otros países se usan acá
En Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Apoyo de Macri al uso de agroquímicos cerca de escuelas
Macri defendió el uso de agrotóxicos sin control
Fecha de Publicación: 06/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El Presidente aprovechó su paso por Entre Ríos para atacar un amparo judicial que estableció la prohibición de fumigar con agrotóxicos a menos de mil metros de las escuelas.
Mauricio Macri tuvo tiempo para defender en Entre Ríos el uso de agrotóxicos, aún cerca de las escuelas, algo que fue limitado allí por un amparo. A su paso por la provincia, el mandatario defendió su trayectoria en defensa del medio ambiente y aseguró que la norma vigente “pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.
El presidente se refirió así a la medida favorable a grupos ambientalistas, que lograron que la Justicia frenara un decreto del gobernador Gustavo Bordet, por el cual se autorizaba la fumigación a apenas cien metros de las escuelas. El amparo logró que no se fumigue en horario escolar y estableció mil metros de distancia por tierra y tres mil por aire.
“Me lo plantearon los productores y pone en riesgo más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia”, señaló Macri en su crítica a “un fallo irresponsable”. Argumentó que "si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en las últimas décadas es el de Cambiemos”, para así justificar su defensa de las fumigaciones. “Es un tema central”, dijo a la prensa en Gualeguaychú.
En octubre pasado, la legislatura entrerriana había rechazado una ley favorable al modelo de agrotóxicos. La Ley de Fitosanitarios prácticamente eliminaba las distancias para fumigar. Bordet respondió, tras el fracaso legislativo, con el decreto que terminó judicializado. El amparo, según Macri, “pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.
Con las fumigaciones a mansalva, las escuelas evacuadas pasaron a formar parte del paisaje diario de los entrerrianos. Incluso se llegó a llevar a juicio a los aviadores responsables, como sucedió en Santa Anita. Una niña de Gualeguaychú, Antonella González, murió a los 9 años en 2017, por leucemia y hay casos similares en otras zonas fumigadas. Por ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires detectó jóvenes con cáncer en la localidad de Villa Elisa. En ese marco, se presentó la ley favorable a los agrotóxicos que pasó el Senado provincial y naufragó en la Cámara Baja entrerriana.
La semana pasada, horas después de que la Justicia volteara el decreto provincial, el docente y ambientalista Elio Kohan fue golpeado en la localidad de Avigdor. Sin embargo, para Macri, no hay “rigor científico” que justifique los límites a las fumigaciones y defendió el modelo de agronegocios contra el que se alzó buena parte de la sociedad entrerriana.
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Catamarca también sufre la lluvia de agroquímicos
Catamarca: “Están fumigando sobre las escuelas”
Fecha de Publicación: 04/04/2019
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Catamarca
La provincia tiene una ley, que no se respeta, que impide fumigar cerca de zonas pobladas y crecen los casos de enfermedades asociadas a los agrotóxicos. La asamblea vecinal que logró frenar los desmontes en Santa Rosa filmó las avionetas fumigando sobre el pueblo.
Desde hace 15 años en el departamento de Santa Rosa, Catamarca, con el avance de los cultivos de soja y trigo en la zona avanzó también el desmonte. Y con él las inundaciones, y las fumigaciones.
Desde el Ministerio de Producción provincial anunciaron controles y convenios, pero nada pasó. Hartos de la situación, los vecinos se organizaron y filmaron las avionetas fumigando sobre los pueblos, que rondan los 10 mil habitantes.
“Las fumigaciones constantes sobre las viviendas y las escuelas en forma aérea y también en forma terrestre, a 5 o 6 metros de las escuelas y las casas, han generado que mucha gente se vea a afectada con problemas como la tiroides, cáncer en la piel y una serie de flagelos que están muy relacionados a los agroquímicos”, explica Federico Mercado, miembro de la Asamblea Vecinal por el Medio Ambiente y la Vida, en diálogo con Canal Abierto.
La ley que existe en la provincia data de 1989, pero hasta el momento no ha tenido aplicación efectiva. En ella se establece que no se puede fumigar a una distancia menor de 1500 metros de las zonas pobladas y de los cursos de agua.
“Nosotros lo venimos denunciando. Como asamblea, nos hemos constituido recién a mediados del año pasado, hemos logrado frenar el desmonte y lo que hasta el momento no podemos lograr es que desde el gobierno provincial se haga cumplir la ley de agroquímicos existente en nuestra provincia”, agrega Mercado.
El órgano responsable de hacerla cumplir es el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura, a donde los vecinos llevaron los reclamos en forma de notas. Como respuesta, el Estado provincial firmó un convenio con los municipios de la zona. “Nosotros nos llegamos a los municipios y ellos nos dicen que los técnicos de la provincia han venido pero no han realizado ningún tipo de inscripción. Así que seguimos en la misma, las fumigaciones continúan y en el día de ayer subimos un video de lo que sucedió, cuando está fumigando arriba de las escuelas”, resume el vecino.
Santa Rosa está en el límite entre Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, y como allí no hay pistas de aterrizaje, mayormente las empresas de fumigación despegan desde territorio tucumano. Pero el problema es más grande, porque las empresas agrícolas instaladas de la zona son de Córdoba, de Buenos Aires, y en muchos casos están arrendadas a las multinacionales Dow y Monsanto.
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Entre Ríos: la justicia protege las escuelas de los agroquímicos
A clase sin agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La justicia declaró inconstitucional un decreto que permitía fumigar a cien metros de las escuelas rurales de Entre Ríos, y que el gobernador provincial, Gustavo Bordet, había firmado luego de que otra sentencia prohibiera aplicar agroquímicos a menos de mil metros de esos establecimientos. En un fallo de tono severo que concede el pedido de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná, la Salla III de la Cámara Civil y Comercial indicó que es preciso que el Estado realice “los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta pausible extender esta práctica agrícola sin afectar la salud humana de las personas protegidas” por el fallo anterior, y advirtió que, al desconocer la decisión judicial anterior, el gobierno provincial incurre en “violación de la cosa juzgada”. El juez indicó que el Estado debería, tal vez, “comenzar a planificar un cambio de cultura productiva, porque lo que constituye el método de producción de un sector social no puede ser la causa de perjuicio del resto de los ciudadanos”.
“El Estado lo que no puede hacer en este tema es hacer mal las cosas, o hacerlas a medias, o dar mensajes contradictorios, porque en definitiva podrían acabar perjudicando no sólo a las personas que puedan verse afectadas en su salud, sino incluso a los productores agropecuarios que por esta misma situación terminan o sabiendo dónde están parados”, señaló la resolución del vocal Andrés Manuel Marfil. El fallo fue firmado y comunicado a última hora del jueves, y “el Gobierno tiene un solo día para apelar, por lo que sería hoy, creemos que van a hacerlo”, señaló en diálogo con este diario la abogada Aldana Sassia, una de las representantes del Foro Ecologista de Paraná, que interpuso el pedido de amparo.
“No dudamos de que van a apelar porque en esta causa se presentaron entidades con mucho poder, como la Sociedad Rural, la Bolsa de Cereales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, entidades que tienen una mirada sesgada y solamente piensan en el rinde económico de la producción, entonces piensan que este amparo es contra ellos. Hay mucha presión por parte de las entidades y el gobierno claramente representa a ese sector, por eso los invitó a participar en la causa y los animó a que se presenten”, añadió la abogada Sasia.
El juez Marfil indicó que, en la conciliación del derecho a la salud de niñas y niños y el personal de las escuelas rurales, y el de los productores agropecuarios a llevar adelante sus tareas productivas, el Estado debe procurar una solución que “no es sencilla” y “además los recursos suelen ser insuficientes muchas veces para poder dar una respuesta pronta”. Los orígenes del conflicto, evaluó, “deben buscarse en prácticas productivas que en algún momento –o tal vez siempre—dejaron de contar con el consenso social”.
El fallo restituye la situación a antes de que el gobernador Gustavo Bordet firmara el Decreto Nº 4407/2018, que fue publicado en el Boletín Oficial provincial el 2 de enero de este año y por el cual se estableció que las “aplicaciones terrestres de fitosanitarios” podían realizarse a una distancia de cien metros de las escuelas, y las aplicaciones aéreas, a quinientos metros. Ese decreto fue firmado luego de que la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná primero, y la Sala de Procedimientos Constitucionales y Amparos del Superior Tribunal de Justicia provincial después, establecieran la prohibición de fumigar a menos de mil y tres mil metros, de manera terrestre y aérea respectivamente, de las escuelas rurales.
“La sentencia básicamente dice que hay cosa juzgada y que la justicia ya había ordenado una situación en la que se reconocían derechos adquiridos, de las niñas y los niños, a que no se cause daño a su salud ni a su vida. El Estado, para modificar ese derecho adquirido que había sido reconocido por cosa juzgada, debía demostrar que disminuyendo las distancias de fumigación no se causaría perjuicio a la salud, pero para ello debía contar con estudios”, detalló la abogada Sasia.
El fallo señala explícitamente, sin embargo, que el Estado modifica las distancias mínimas para permitir la fumigación más cerca de las escuelas pero no presentó información ni estudios que justificaran esa decisión. “Tal vez de este entuerto se pueda salir tomando el problema por partes, viendo de todas las escuelas cuáles son aquellas que se encuentran efectivamente en zonas agrícolas que recurren a la utilización de agroquímicos –que no son todas en la provincia, reitero— e ir por zonas geográficas realizando los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta pausible extender esta práctica agrícola sin afectar la salud humana de las personas protegidas por la sentencia judicial, o tal vez pase por comenzar a planificar un cambio de cultura productiva, porque lo que constituye el método de producción de un sector social no puede ser la causa de perjuicio del resto de los ciudadanos”, advirtió el fallo de Marfil.
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Fecha de Publicación: 02/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La justicia declaró inconstitucional un decreto que permitía fumigar a cien metros de las escuelas rurales de Entre Ríos, y que el gobernador provincial, Gustavo Bordet, había firmado luego de que otra sentencia prohibiera aplicar agroquímicos a menos de mil metros de esos establecimientos. En un fallo de tono severo que concede el pedido de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná, la Salla III de la Cámara Civil y Comercial indicó que es preciso que el Estado realice “los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta pausible extender esta práctica agrícola sin afectar la salud humana de las personas protegidas” por el fallo anterior, y advirtió que, al desconocer la decisión judicial anterior, el gobierno provincial incurre en “violación de la cosa juzgada”. El juez indicó que el Estado debería, tal vez, “comenzar a planificar un cambio de cultura productiva, porque lo que constituye el método de producción de un sector social no puede ser la causa de perjuicio del resto de los ciudadanos”.
“El Estado lo que no puede hacer en este tema es hacer mal las cosas, o hacerlas a medias, o dar mensajes contradictorios, porque en definitiva podrían acabar perjudicando no sólo a las personas que puedan verse afectadas en su salud, sino incluso a los productores agropecuarios que por esta misma situación terminan o sabiendo dónde están parados”, señaló la resolución del vocal Andrés Manuel Marfil. El fallo fue firmado y comunicado a última hora del jueves, y “el Gobierno tiene un solo día para apelar, por lo que sería hoy, creemos que van a hacerlo”, señaló en diálogo con este diario la abogada Aldana Sassia, una de las representantes del Foro Ecologista de Paraná, que interpuso el pedido de amparo.
“No dudamos de que van a apelar porque en esta causa se presentaron entidades con mucho poder, como la Sociedad Rural, la Bolsa de Cereales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, entidades que tienen una mirada sesgada y solamente piensan en el rinde económico de la producción, entonces piensan que este amparo es contra ellos. Hay mucha presión por parte de las entidades y el gobierno claramente representa a ese sector, por eso los invitó a participar en la causa y los animó a que se presenten”, añadió la abogada Sasia.
El juez Marfil indicó que, en la conciliación del derecho a la salud de niñas y niños y el personal de las escuelas rurales, y el de los productores agropecuarios a llevar adelante sus tareas productivas, el Estado debe procurar una solución que “no es sencilla” y “además los recursos suelen ser insuficientes muchas veces para poder dar una respuesta pronta”. Los orígenes del conflicto, evaluó, “deben buscarse en prácticas productivas que en algún momento –o tal vez siempre—dejaron de contar con el consenso social”.
El fallo restituye la situación a antes de que el gobernador Gustavo Bordet firmara el Decreto Nº 4407/2018, que fue publicado en el Boletín Oficial provincial el 2 de enero de este año y por el cual se estableció que las “aplicaciones terrestres de fitosanitarios” podían realizarse a una distancia de cien metros de las escuelas, y las aplicaciones aéreas, a quinientos metros. Ese decreto fue firmado luego de que la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná primero, y la Sala de Procedimientos Constitucionales y Amparos del Superior Tribunal de Justicia provincial después, establecieran la prohibición de fumigar a menos de mil y tres mil metros, de manera terrestre y aérea respectivamente, de las escuelas rurales.
“La sentencia básicamente dice que hay cosa juzgada y que la justicia ya había ordenado una situación en la que se reconocían derechos adquiridos, de las niñas y los niños, a que no se cause daño a su salud ni a su vida. El Estado, para modificar ese derecho adquirido que había sido reconocido por cosa juzgada, debía demostrar que disminuyendo las distancias de fumigación no se causaría perjuicio a la salud, pero para ello debía contar con estudios”, detalló la abogada Sasia.
El fallo señala explícitamente, sin embargo, que el Estado modifica las distancias mínimas para permitir la fumigación más cerca de las escuelas pero no presentó información ni estudios que justificaran esa decisión. “Tal vez de este entuerto se pueda salir tomando el problema por partes, viendo de todas las escuelas cuáles son aquellas que se encuentran efectivamente en zonas agrícolas que recurren a la utilización de agroquímicos –que no son todas en la provincia, reitero— e ir por zonas geográficas realizando los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta pausible extender esta práctica agrícola sin afectar la salud humana de las personas protegidas por la sentencia judicial, o tal vez pase por comenzar a planificar un cambio de cultura productiva, porque lo que constituye el método de producción de un sector social no puede ser la causa de perjuicio del resto de los ciudadanos”, advirtió el fallo de Marfil.
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Monsanto: condenado en EEUU, aquí lider de las BPA
Monsanto pierde en los tribunales de EE UU pero aquí lidera las "buenas prácticas"
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Mientras el fallo de un tribunal de California sostiene que el glifosato provoca cáncer, el lobby agroquímico en la Argentina goza de buena salud.
El glifosato que produce Monsato es un “factor sustancial” para desarrollar cáncer. El argumento se repite una y otra vez en estudios que las grandes multinacionales del sector agroquímico pretenden relativizar o sencillamente esconder, tarea para la cual cuentan con la anuencia de muchos gobiernos, entre ellos el argentino, que tiene entre sus filas a muchos ex gerentes de esas empresas. Pero esta vez, es un jurado federal de San Francisco, EE UU, el que considera probado que el herbicida Roundup ha precipitado el cáncer que sufre un hombre que manipuló ese producto durante décadas.
El de este martes es el segundo veredicto que apunta al glifosato de Monsanto como cancerígeno, luego de la condena que otro jurado estatal de California le impuso el año pasado a indemnizar en 289 millones de dólares –la cifra se redujo luego a 78 millones- al jardinero Dewayne Johson que estuvo largamente expuesto al producto.
Edwin Hardeman, de 70 años, contrajo el linfoma no Hodgkin por haber estado durante tres décadas expuesto al glifosato que usaba para quitar de hierbas su propiedad, tal es la conclusión a la que llegó el tribunal, que ahora deberá definir cuáles son los términos de la reparación que le impondrá a la megacorporación alemana Bayer, propietaria de Monsanto, cuyos voceros volvieron a negar la relación entre el herbicida y la enfermedad.
El fallo sienta jurisprudencia para otras 9 mil demandas similares que enfrenta Bayer en los Estados Unidos. Ahora, el juicio de Hardeman entra en una segunda etapa, que buscará demostrar si Monsanto conocía los riesgos y si los ocultó deliberadamente a los usuarios del herbicida. Luego de que se expresara el tribunal californiano, las acciones de Bayer cayeron este miércoles un 9,61% en la Bolsa de Frankfurt.
La sentencia contra Monsanto parece sellar un dilema que desvela a miles de comunidades “fumigadas” de la Argentina y de todo el mundo. No es una novedad para la Organización Mundial de la Salud, que desde 2015 considera al glifosato, el herbicida más utilizado, como “cancerígeno probable”. Sin embargo, son pocos los países que lo prohíben, presas de los fuertes intereses corporativos del agronegocio global.
En Europa, un amplio debate sobre el glifosato derivó en la renovación por cinco años (hasta 2022) de la licencia de uso del herbicida, aunque persiste la sospecha sobre la real independencia de las agencias científicas (particularmente la EFSA, European Food Safety Authority) que justificaron esa decisión.
En la Argentina, en tanto, la trágica historia del glifosato acumula cientos de muertes por cáncer que los vecinos de los “pueblos fumigados” adjudican al herbicida, y la lucha cotidiana de decenas de comunidades por establecer ordenanzas que impidan la utilización de esos peligrosos agroquímicos. El caso testigo ha sido Monte Maíz, la localidad a 290 kilómetros de Córdoba Capital donde los relevamientos arrojaron tasas de morbimortalidad hasta tres veces por encima de las nacionales, con decenas de casos de cáncer, sobre todo de pulmón, además de neumopatías, hipotiroidismo y otras enfermedades. Sólo en 2013, el 39% de los fallecimientos se debió al cáncer, en un pueblo de 8500 habitantes rodeados de cultivos de soja y maíz transgénicos.
El poder del agronegocio es tan grande que la discusión en la Argentina rara vez trata sobre la necesidad de prohibir el uso de ese peligroso herbicida. Sin una legislación nacional, el tópico que más se discute en los consejos deliberantes de los municipios es la distancia a la que se puede fumigar, respecto de zonas pobladas. Paraná, Gualeguaychú y Rosario son algunas de las ciudades que impulsaron ordenanzas prohibiendo su uso en el ejido urbano.
Todas estas iniciativas aisladas chocan contra el sólido respaldo del gobierno nacional a los agrotóxicos. En julio de 2018, cuatro ministros de Cambiemos (Sergio Bergman, de Ambiente; Lino Barañao, de Ciencia; Luis Etchevehere, de Agroindustria; y Adolfo Rubinstein, de Salud, luego degradados a secretarios) presentaron, sin investigación científica alguna que los avalara, una suerte de manual de “Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”, hecho a la medida del lobby agroquímico, que elimina las distancias mínimas para fumigar con glifosato y otros herbicidas.
En diciembre del año pasado, el ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, firmó una resolución que habilita la fumigación en las llamadas “zonas de amortiguamiento”, es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales. Antes de ser funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, Sarquis fue gerente de Monsanto.
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Agroquímicos en Entre Ríos sigue generando disputas legales
Agroquímicos: sigue una disputa en Entre Ríos y el campo pide rechazar un amparo
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
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Cosecharás abortos, malformaciones y cáncer
Cosecharás enfermedades
Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: Agencia Nex (UBA)
Provincia/Región: Córdoba
Un equipo de investigadores realizó dos estudios en un pueblo agrícola de Córdoba severamente contaminado con glifosato y otros pesticidas y detectó altas frecuencias de cáncer, abortos espontáneos y anormalidades congénitas que superan ampliamente el promedio nacional. Si bien el trabajo, por sus características, no permite realizar asociaciones directas, sí sugiere la aplicación de medidas preventivas para proteger a la población de esta exposición ambiental.
En Argentina las semillas transgénicas comenzaron a utilizarse en 1996. Básicamente, esta modificación genética le otorga a la planta la capacidad de sobrevivir en un ambiente saturado de glifosato, un herbicida que se aplica para erradicar malezas. A partir de allí, el uso de estas semillas ha crecido, año tras año, debido al aumento en los rindes y la simpleza del cultivo. Actualmente, se utilizan en unas 25 millones de hectáreas donde viven alrededor de 12 millones de personas. Este fenómeno trae aparejado un constante aumento en el uso de glifosato como consecuencia de la resistencia creciente que desarrollan las plantas a este herbicida, lo que genera la necesidad de mayores dosis por hectárea y su uso combinado con otros agrotóxicos. Hoy en día se aplican en el país unas 240 mil toneladas de glifosato por año.
Monte Maíz es una pequeña ciudad agrícola, de unos 8 mil habitantes, ubicada a 300 km al sudeste de Córdoba capital. Alrededor de 650 tn de glifosato por año se concentran, manipulan y movilizan por el pueblo, desde donde salen diariamente para ser aplicados, por medio de maquinarias terrestres o aviones fumigadores, en los campos cultivados con soja y maíz transgénico que comienzan en el límite inmediato de las viviendas.
Con el correr de los años, médicos, vecinos y autoridades locales comenzaron a percibir un incremento en el número de personas que enfermaban de cáncer. Por esta razón solicitaron una evaluación de estado sanitario a profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se conformó entonces un equipo de trabajo interdisciplinario de más de 70 personas encabezado por el médico Medardo Ávila Vázquez, docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica del Hospital de Clínicas de la UNC. Los especialistas llevaron a cabo un un estudio ecológico exploratorio sobre cáncer y contaminación ambiental que incluyó, por un lado, un estudio epidemiológico sustentado en un relevamiento poblacional con una encuesta dirigida a los habitantes del pueblo. Y, por otro, un análisis ambiental que apuntó a la detección de fuentes de contaminación como basureros, torres de antenas de telefonía móvil, transformadores de energía eléctrica, plantas industriales, acopios de granos, depósitos de pesticidas y de máquinas fumigadoras. También se tomaron muestras de agua, suelo y polvo de granos que fueron analizadas por el Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
“Ellos nos vinieron a ver porque intuían que estaban frente a una situación muy grave”, recuerda Ávila Vázquez. Y agrega: “En Monte Maíz pudimos hacer un trabajo profundo porque el intendente, que es médico, y un grupo muy movilizado de vecinos nos abrieron las puertas del pueblo. En otros lugares esto no suele ocurrir”.
Los resultados de la investigación fueron publicados en el International Journal of Clinical Medicine en febrero de 2017. Se trata del primer trabajo de estas características realizado en Argentina que es publicado por una revista científica internacional con referato. Además de Ávila Vázquez, también son autores del artículo Flavia Difilippo, Bryan Mac Lean, Eduardo Maturano y Agustina Etchegoyen.
Mucho glifosato
El análisis ambiental realizado por los investigadores permitió determinar que el desarrollo de este modelo agrícola produjo, con el correr de los años, una relocalización de los productores que se trasladaron del área rural al interior del pueblo, llevando a sus familias, equipos de trabajo, e insumos. Así, los depósitos se multiplicaron en la villa hasta alcanzar los veintidós sitios de almacenamiento de máquinas de fumigar y de pesticidas. Además, se observaron enormes silos de cereales y granos de los que se desprende polvillo de soja y de maíz.
De acuerdo con la información reunida por los científicos, para cultivar semillas de soja y de maíz genéticamente modificadas, se utilizan 10 kg de glifosato por hectárea, por año. Esto significa que 650 tn de ese herbicida son aerolizadas en la zona, lo que implica una carga general de exposición ambiental al glifosato de 79 kg por persona por año.
Los análisis realizados fueron contundentes: se encontró glifosato (y su metabolito AMPA) en todas las muestras de suelo y polvo de granos tomadas en el pueblo. La concentración hallada fue 10 veces más alta que la de otros pesticidas, lo que demuestra que, entre todos los pesticidas que contaminan el ambiente, glifosato es el más relevante.
“Ese cascarilla del grano que sale de los silos se aspira. Es material particulado que vuela y se va depositando sobre los autos, en la ropa que pone la gente a secar en la soga. El viento lo va acumulando contra el cordón de las veredas, de ahí tomamos las muestras. Es impresionante”, dice el investigador con preocupación.
Sorprendentemente, las concentraciones detectadas en el interior del pueblo fueron varias veces más elevadas que las encontradas en los suelos de los campos cultivados. Así, por ejemplo, las muestras obtenidas junto a una plaza de juegos infantiles presentan una concentración de 2297 ppb, unas 68 veces mayor que la obtenida de una muestra de tierra de un campo de maíz resistente a glifosato (41 ppb). La concentraciones más elevadas provienen de las muestras recogidas en la vereda peatonal lindante con un depósito de pesticida (3868 ppb).
“El agroquímico se concentra en los pueblos, porque los pueblos se han convertido en centros de operaciones. Los productores van a los campos y aplican los agrotóxicos cada quince o veinte días dependiendo del momento del año y de la situación del cultivo, pero en la ciudad la máquina va y viene todos los días con los agroquímicos para fumigar distintos lotes. La circulación de los agroquímicos adentro del pueblo, son un elemento de enfermedad”, asegura Ávila Vázquez. Y agrega: “En estos pueblos no se trata solamente de la nube de agrotóxicos fumigados por un avión que el viento lleva sobre el pueblo, sino que aquí tenés el depósito de agrotóxicos al lado de tu casa y al tractor fumigador pasando por tu puerta”.
Por otro lado, tanto el manejo de la basura sólida urbana (que es recogida por un servicio municipal que la deposita en un basural), como el sistema de cloacas (que alcanza a todos los hogares), y la buena calidad del agua que beben, libre de arsénico desde hace 16 años, no constituyen factores de contaminación que puedan influir en las patologías estudiadas. El informe subraya que el glifosato y, en menor medida, otros pesticidas, son el elemento principal de contaminación ambiental de Monte Maíz.
Mucho cáncer
El análisis epidemiológico se basó en información recolectada sobre 4859 personas, lo que representa un 62% del total de la población de Monte Maíz. Los resultados son, a todas luces, alarmantes.
La tasa de incidencia de cáncer fue de 706 casos cada 100 mil habitantes, es decir, un 276% más alta que la de Ciudad de Córdoba (259,4/100.00) y un 317% mayor que la estimada para la Argentina (217/100.000). Asimismo, de acuerdo con el Registro Provincial de Tumores, en Córdoba se presentan unos 9 mil casos nuevos de cáncer por año, lo que implica que en Monte Maíz deberían agregarse 13,9 pacientes cada año, sin embargo, en Monte Maíz, en 2014, se registraron 35 nuevos casos de cáncer.
“Entre los casi 5 mil habitantes que pudimos investigar, había 900 personas que formaban parte de 170 familias vinculadas directamente al campo. Son las familias del operario de la máquina de fumigar, de los peones rurales, de los agrónomos y de los productores. Son las personas que manipulan directamente los agroquímicos y su entorno. Este grupo tiene 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos”, detalla Ávila Vázquez.
En cuanto a la estructura de edad de los casos reportados, el trabajo señala que del total de los enfermos de cáncer en Monte Maíz surgidos entre 2010 y 2014, un 22% tenían menos de 44 años. Mientras que en Córdoba, ese valor (entre 2002 y 2009) sólo alcanzó al 11%. “Estos hallazgos son consistentes con las observaciones hechas por los médicos locales en dos caminos: un aumento absoluto de los casos de cáncer y una mayor presencia de pacientes oncológicos más jóvenes que lo habitual”, consigna el informe.
Otro dato inquietante que revela la investigación es que la tasa de mortalidad por cáncer en Monte Maíz es un 299% más elevada que en Ciudad de Córdoba. En efecto, 383/100.000 habitantes para el pueblo agrícola, contra 128/100.000 para la capital de la provincia. Por otro lado, mientras que a nivel nacional el 20% de los decesos se producen por cáncer -igual porcentaje que en Córdoba-, en Monte Maíz las muertes por esa enfermedad alcanzaron un 39% del total en 2013 y un 34% en 2014. Asimismo, el área urbana que contaba con los depósitos de pesticidas más importantes, mostraba una mayor tasa de prevalencia de la enfermedad comparada con las otras áreas del pueblo.
El trabajo concluye que el “vínculo entre glifosato ambiental y cáncer parece consistente con respecto a incidencia, prevalencia y mortalidad. La fuerza de la asociación aparece como importante y más destacada por el hecho que las familias con actividad agrícola tienen un mayor riesgo de cáncer con respecto a las familias no agrícolas del mismo pueblo, probablemente debido a una mayor exposición directa a glifosato”. Aunque también señala con prudencia que la investigación se basa “en un diseño exploratorio y observacional incapaz de hacer afirmaciones causales directas. Investigaciones adicionales son necesarias para revelar la exacta relación entre cáncer y glifosato”.
Muchos abortos, muchas malformaciones congénitas
Posteriormente, el mismo equipo de trabajo se abocó a averiguar el impacto sobre la salud reproductiva que generaba la alta exposición ambiental a los agrotóxicos, en especial el glifosato, en una ciudad agrícola como Monte Maíz. El estudio fue publicado el año pasado en el Journal of Environmental Protection con revisión de pares y rankeado internacionalmente.
En el marco del mismo escenario ambiental y con un estudio epidemiológico sobre la base de una metodología similar al trabajo anterior, los científicos alcanzaron resultados realmente preocupantes.
En concreto, de 981 mujeres encuestadas en edad reproductiva 79 sufrieron abortos espontáneos. Ahora bien, 62 de ellas tuvieron una sola pérdida, 15 tuvieron dos y 2 tuvieron tres episodios, lo que implica que, en total, a lo largo de 5 años, se produjeron 98 abortos espontáneos, sobre 981 nacimientos ocurridos durante el mismo período.
Estos número indican que la tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz llega al 10% y es más de 3 veces superior al promedio nacional (3%) informado por el Ministerio de Salud de la Nación.
También es más alta que la que surge de un relevamiento llevado a cabo en un barrio de Córdoba en 2016 donde la prevalencia de abortos espontáneos fue del 3,7% en 5 años.
El trabajo asegura que “ni la edad materna, ni los hábitos tóxicos ni la pobreza pueden explicar la alta tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz”. Y desliza: “Parece haber un vínculo claro entre la exposición a pesticidas, incluido el glifosato, y la pérdida del embarazo”.
Por otro lado, entre la población estudiada, hubo 853 nacimientos a lo largo de 10 años. De ese total, 25 fueron los niños que presentaron anomalías congénitas importantes y estaban vivos en el momento de la investigación. Si se incluyen a aquellos que murieron durante ese período habría que sumar, se calcula, unos 12 casos más. Es decir que la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas en Monte Maíz es de un 3% (si se contabilizan sólo a los niños vivos), mientras que llega al 4,3% si se incluyen los fallecidos.
En todo el país el Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC) informó que, en 2014, entre los 281.249 niños nacidos se registró un total de 4.120 anormalidades congénitas estructurales mayores, con una prevalencia del 1,4%. Esto significa que en Monte Maíz la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas es entre 2 y 3 veces mayor que la nacional.
“Yo hace 30 años que soy neonatólogo y todavía trabajo en una terapia intensiva. He visto por mi propia experiencia como, año tras año, el número de chicos con malformaciones fue aumentando, sobre todo en niños provenientes de familias agrícolas”, relata Ávila Vázquez, y completa: “Es realmente muy impactante cómo los agrotóxicos afectan los mecanismos genéticos. El mismo mecanismo por el cual provocan las mutaciones que van a producir cáncer, cuando afectan a un espermatozoide o un óvulo terminan produciendo malformaciones o abortos”.
Para finalizar, este trabajo vuelve a señalar que “dado que este estudio es exploratorio y el diseño es observacional no puede hacer aseveraciones causales directas. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud colectiva, este vínculo requiere recomendar la aplicación preventiva de medidas para proteger a la población de esta exposición ambiental”.
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