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El próximo gobierno seguirá con el extractivismo
01:00 | 
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El extractivismo que viene
Fecha de Publicación: 26/09/2019
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Del litio a la soja, de la megaminería a Vaca Muerta. Cómo se perfila el extractivismo de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Las multinacionales, los pueblos indígenas y las asambleas.
Sonrisas. Muchas sonrisas. De un lado de la mesa, empresarios del agronegocio. Del otro, Alberto Fernández y sus asesores. Noventa minutos y una reunión evaluada como “fructífera”. Donde el conflicto por la renta agraria “es cosa del pasado”.
Sonrisas. Empresarios mineros, los gobernadores Lucia Corpacci y Alicia Kirchner. Y Alberto Fernández. “Que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”, pidió el ex jefa de Gabinete.El extractivismo del Frente de Todos.
Política de Estado
Megaminería, agronegocio (con la soja como bandera, aunque no solo), petróleo, litio y monocultivos forestal fueron algunas de las políticas de Estado durante todo el kirchnerismo. La criminalización estuvo presente: mapuches en Neuquén y la Asamblea el Algarrobo en Catamarca son sólo una muestra. Los asesinatos del abuelo qom Roberto López en 2010 (Comunidad La Primavera en Formosa), y los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván (del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina), sólo algunas víctimas de una larga lista.
El macrismo profundizó el extractivismo. Más fracking en Vaca Muerta, más litio en Catamarca, Jujuy y Salta, más agronegocio. Con su alta y orgullosa cuota de represión en manos de Patricia Bullrich y aliados provinciales. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron las víctimas más difundidas de la política oficial. Empresarios al frente de ministerios: Juan José Aranguren de la multinacional Shell en Energía y Luis Miguel Etchevehere de la Sociedad Rural en Agricultura los ejemplos más burdos.
Votos y agronegocio
El 11 de agosto Alberto Fernández arrasó en las elecciones. Nadie los esperaba.
Ya habla ante los medios como Presidente y realiza giras en el exterior como primer mandatario electo. Las chances de Mauricio Macri son mínimas.
En plena campaña, desde Entre Ríos, Fernández tuvo su primera muestra pública de apoyo al agronegocio transgénico. La provincia está convulsionada por un fallo judicial que protege de fumigaciones con agrotóxicos a todas las escuelas rurales. Los empresarios del agro y el gobernador, Gustavo Bordet, se victimizan. Denuncian que nos se les permite “producir”, cuando sólo se les prohíbe fumigar escuelas, docentes y niños. Fernández tomó postura: “Me parece un poco desmedido la decisión final. Qué excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas (...) A veces lo bueno y útil llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Hay que cuidar no caer en extremos”.
El 29 de agosto recibió a los agroempresarios de la Mesa de Enlace. Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro). Además de Fernández estuvieron su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca. El ex jefe de Gabinete sólo señaló que la reunión fue “fructífera”. Abundaron las sonrisas en las fotos de ocasión.
Desde la Mesa de Enlace destacaron que la reunión fue “positiva”, afirmaron que Fernández pidió dejar atrás el conflicto por la Resolución 125 (de 2008) y aseguraron que descartó mecanismo de control de exportaciones (estilo Junta Nacional de Granos, desaparecida en 1991 cuando se entregó la comercialización a las multinacionales exportadoras).
Las organizaciones del agronegocio, que apoyaron a Mauricio Macri durante todo su gestión y apostaban a la reelección, le presentaron a Fernández un pliego con catorce puntos, repleto de eufemismos: “previsibilidad económica” (que no haya cambio en los impuestos), menor presión tributaria (menos impuestos para el agro), fin de las retenciones para diciembre de 2020 (el escrito dice “exigimos que se cumpla el fin del tributo”), “modernización del sistema laboral” (reforma de leyes laborales), nueva ley de semillas (Bayer-Monsanto impulsa una nueva norma desde hace una década, rechazada por campesinos y sin consenso entre los agroempresarios), “fomento a las buenas prácticas agrícolas” (mayor flexibilidad para fumigar con agrotóxicos) y una “ley nacional de agroquímicos”.
Vaca Muerta
Publicitada como la clave para la "soberanía energética", de la mano de las multinacionales petroleras, Vaca Muerta avanza con numerosos hechos de contaminación (desde explosiones y derrames), desalojo de campesinos y comunidades mapuches, hasta muerte de trabajadores en "accidentes" (luego de la firma de nuevos convenios laborales entre el gremio y las empresas).
En julio pasado, en plena campaña por Necochea, Alberto Fernández destacó que "sin duda Vaca Muerta es una gran oportunidad", aunque señaló que también había que desarrollar energías renovables y agrocombustibles (otra faceta del extractivismo, tierras y granos para autos y no para alimentos).
Luego de las elecciones de agosto, Nicolás Trotta (coordinador de los equipos técnicos de Fernández) se reunió con autoridades del Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG), poderoso espacio de lobby de las empresas, entre ellas Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall, Tecpetrol y Pampa Energía.
De gira por España, el 5 de septiembre, el candidato presidencial Fernández alteró a los defensores del fracking. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo. No tengo ningún problema con las multinacionales, pero en realidad mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para la Argentina”, argumentó.
De inmediato el diario La Nación, que inauguró una sección específica de "publinotas" sobre Vaca Muerta y las empresas, habló de "polémica" y "preocupación" de las compañías.
El sábado 7 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro en Misiones. En un apartado se refirió a los dichos de su compañero de fórmula: "Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de valor y desarrollo", dijo y agregó: "Cuando Alberto habla le quisieron hacer decir que estaba en contra de las multinacionales. A ver, esta expresidenta luego de recuperar YPF firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá dentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato entre YPF y Chevron".
El pacto entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta fue confidencial (a pesar de tratarse de una empresa con mayoría estatal), judicializado y hecho público por el diputado santafecino Rubén Giustiniani. Contaba con una ingeniería legal, con sociedades off shore, para eludir el pago de impuestos. Todo en beneficio de la multinacional.
La aprobación final se hizo en la Legislatura de Neuquén (2013), donde la policía provincial reprimió durante seis horas una manifestación de repudio.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, reconoció que tienen “expectativas positivas porque todos debemos contribuir a un ‘nunca más’ haya un gobierno de derecha, empresarial, especulador, racista y excluyente que sueñan una argentina para pocos”. Sin embargo, advirtió que la fórmula Fernández-Fernández no tiene en su agenda el tema ambiental, pueblos indígenas ni cambio climático. Nahuel cuestionó el apoyo a la megaminería y al fracking realizado por los candidatos del Frente de Todos. “No debemos bajar los brazos, debemos estar atentos y fuertemente movilizados porque nuestra existencia continuará amenazada en la medida que no se modifiquen las condiciones sobre estas industrias que está demostrado son amenaza de muerte no sólo para los pueblos indígenas”, afirmó el dirigente mapuche.
Megaminería
Las gobernadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) fueron las impulsoras del encuentro entre una decenas de multinacionales mineras y Alberto Fernández.
“Ya estamos trabajando para que las inversiones en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica”, anunció el candidato presidencial ante los periodistas y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto y tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”.
Estuvieron presentes los CEOs y directivos de las principales multinacionales con intereses en Argentina: Glencore, Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolas SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group, Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold. “Es necesario avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería”, pidió el candidato a presidente y remarcó que “la única solución” para Argentina es exportar. Destacó como ejemplo a la minería y Vaca Muerta.
Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando la entonces presidenta vetó la Ley de Glaciares, que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. “El veto Barrick”, fue denunciado por Enrique Martínez, entonces presidente del INTI.
Rosa Farías es integrante de la histórica Asamblea El Algarrobo, que denuncia el accionar de Minera Alumbrera en Catamarca y rechaza el proyecto Agua Rica. “No nos sorprende que lo primero que haga el candidato es reunirse con las mineras. El extractivismo es moneda de cambio para recibir los dineros extranjeros, entregando los recursos naturales. Nos reafirma que nuestros gobernantes siguen siendo mercenarios, no les interesa los cerros ni la vida ni el destino de los pueblos”, denunció.
Otro campo
El Foro Agrario Soberano y Popular fue un encuentro multitudinario de campesinos, indígenas y agricultores familiares. Se realizó en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, durante dos días, y asistieron más de 3500 personas. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), de allí surgió un plan agrario pensado y debatido desde las bases rurales. Y quedó conformado como un espacio de articulación de decenas de organizaciones.
Ante las elecciones, emitió un comunicado titulado "no votamos a Macri". El Foro Agrario está conformado por organizaciones diversas. Desde claramente kirchneristas, como otras críticas.
El 16 de agosto, luego de las votaciones, el Foro Agrario publicó una solicitada en el diario cooperativo Tiempo Argentino. "Carta abierta al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández", comenzó el escrito. De detalló la necesidad de apoyar otro tipo de modelo agropecuario, de base popular y campesina, sin transgénicos ni agrotóxicos. Y con tres ejes principales: soberanía alimentaria, tierra y la construcción de un modelo productivo no extractivista.
A un mes de la solicitada, Alberto Fernández no recibió al Foro Agrario. Ni siquiera sus asesores se comunicaron con las organizaciones que impulsan otro modelo agropecuario.
Agustín Suárez, de la UTT, puntualizó que el Foro Agrario cuenta con 21 puntos consensuados para políticas para el sector campesino. Resaltó que si el próximo gobierno implementa esas propuestas habrá realmente una democratización de la matriz productiva, producción de alimentos sanos, precios justos para el pueblo y desarrollo de las economías regionales.
“No hay una real dimensión del espacio rural campesino, pequeño productor, por parte de Fernández. Incluso puede no haber valoración del espacio. Por eso se reúne con la Mesa de Enlace y no convoca al Foro”, alertó Suárez.
Juan Wahren, investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani, tiene pocas expectativas: “De llegar a la presidencia, es muy probable que el gobierno de Alberto Fernández continúe y profundice este modelo extractivo primario exportador, justificado en que para salir de la crisis hay que desarrollar Vaca Muerta, generar divisas con la soja y similares y apostar a la inversión extranjera de las megamineras. El mismo relato que se instaló durante el menemismo, neoliberalismo, y que se mantuvo con pocas variaciones hasta hoy en día. El mito del desarrollo basado en los recursos naturales recargado”.
¿Qué grieta?
Los funcionarios kirchneristas impulsaron el extractivismo. Y la militancia lo justificó de las más diversas formas: desde el "es necesario para el desarrollo del país", un intermedio "es una contradicción secundaria" (la primaria sería la relación capital-trabajo) hasta la crítica a los que luchan con el insostenible "le hacen el juego a la derecha", utilizada contra el Pueblo Qom en Formosa o las comunidades mapuches al inicio de Vaca Muerta.
Con el macrismo al mando algo cambió. Periodistas, académicos y militantes kirchneristas comenzaron a parecer preocupados por los mapuches, las comunidades kollas que enfrentan las mineras de litio y hasta por el desmonte en sus provincias aliadas (Chaco, Santiago del Estero). Descubrieron que el extractivismo es una contradicción fundamente de la injusticia social, y se cobra vidas.
Lo que hasta 2015 era justificado, con Macri fue rechazado y cuestionado.
“Si hubo una continuidad clara e indiscutible entre el kirchnerismo y el macrismo fue el modelo extractivo primario exportador, basado principalmente en el agronegocio, los hidrocarburos y la megaminería. Este modelo se sobrepuso a la denominada ‘grieta’ y los matices apenas pueden verse en si durante el kirchnerismo las regalías, impuestos y rentas que obtenía el Estado se utilizaban tímidamente para algún tipo de redistribución de los ingresos, orientados al consumo popular”, afirmó Juan Wahren, investigador del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA.
Si el nuevo gobierno impulsa el agronegocio y la megaminería, como todo indica, resta esperar de qué lado se ubican los seguidores (sobre todo la militancia) de Fernández-Fernández.
Rosa Farías, de Andalgalá, resumió el sentir de las asambleas socioambientales, que se mantuvieron en lucha con el kirchnerismo y con Macri: “Desde Menem en adelante que los gobernantes sostienen este modelo. Alberto Fernández va a intentar avanzar con más minería. Pero acá la resistencia seguirá firme. Defendemos el cerro y la vida, sin importar quién gobierne”.
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Fecha de Publicación: 26/09/2019
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Del litio a la soja, de la megaminería a Vaca Muerta. Cómo se perfila el extractivismo de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Las multinacionales, los pueblos indígenas y las asambleas.
Sonrisas. Muchas sonrisas. De un lado de la mesa, empresarios del agronegocio. Del otro, Alberto Fernández y sus asesores. Noventa minutos y una reunión evaluada como “fructífera”. Donde el conflicto por la renta agraria “es cosa del pasado”.
Sonrisas. Empresarios mineros, los gobernadores Lucia Corpacci y Alicia Kirchner. Y Alberto Fernández. “Que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”, pidió el ex jefa de Gabinete.El extractivismo del Frente de Todos.
Política de Estado
Megaminería, agronegocio (con la soja como bandera, aunque no solo), petróleo, litio y monocultivos forestal fueron algunas de las políticas de Estado durante todo el kirchnerismo. La criminalización estuvo presente: mapuches en Neuquén y la Asamblea el Algarrobo en Catamarca son sólo una muestra. Los asesinatos del abuelo qom Roberto López en 2010 (Comunidad La Primavera en Formosa), y los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván (del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina), sólo algunas víctimas de una larga lista.
El macrismo profundizó el extractivismo. Más fracking en Vaca Muerta, más litio en Catamarca, Jujuy y Salta, más agronegocio. Con su alta y orgullosa cuota de represión en manos de Patricia Bullrich y aliados provinciales. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron las víctimas más difundidas de la política oficial. Empresarios al frente de ministerios: Juan José Aranguren de la multinacional Shell en Energía y Luis Miguel Etchevehere de la Sociedad Rural en Agricultura los ejemplos más burdos.
Votos y agronegocio
El 11 de agosto Alberto Fernández arrasó en las elecciones. Nadie los esperaba.
Ya habla ante los medios como Presidente y realiza giras en el exterior como primer mandatario electo. Las chances de Mauricio Macri son mínimas.
En plena campaña, desde Entre Ríos, Fernández tuvo su primera muestra pública de apoyo al agronegocio transgénico. La provincia está convulsionada por un fallo judicial que protege de fumigaciones con agrotóxicos a todas las escuelas rurales. Los empresarios del agro y el gobernador, Gustavo Bordet, se victimizan. Denuncian que nos se les permite “producir”, cuando sólo se les prohíbe fumigar escuelas, docentes y niños. Fernández tomó postura: “Me parece un poco desmedido la decisión final. Qué excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas (...) A veces lo bueno y útil llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Hay que cuidar no caer en extremos”.
El 29 de agosto recibió a los agroempresarios de la Mesa de Enlace. Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro). Además de Fernández estuvieron su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca. El ex jefe de Gabinete sólo señaló que la reunión fue “fructífera”. Abundaron las sonrisas en las fotos de ocasión.
Desde la Mesa de Enlace destacaron que la reunión fue “positiva”, afirmaron que Fernández pidió dejar atrás el conflicto por la Resolución 125 (de 2008) y aseguraron que descartó mecanismo de control de exportaciones (estilo Junta Nacional de Granos, desaparecida en 1991 cuando se entregó la comercialización a las multinacionales exportadoras).
Las organizaciones del agronegocio, que apoyaron a Mauricio Macri durante todo su gestión y apostaban a la reelección, le presentaron a Fernández un pliego con catorce puntos, repleto de eufemismos: “previsibilidad económica” (que no haya cambio en los impuestos), menor presión tributaria (menos impuestos para el agro), fin de las retenciones para diciembre de 2020 (el escrito dice “exigimos que se cumpla el fin del tributo”), “modernización del sistema laboral” (reforma de leyes laborales), nueva ley de semillas (Bayer-Monsanto impulsa una nueva norma desde hace una década, rechazada por campesinos y sin consenso entre los agroempresarios), “fomento a las buenas prácticas agrícolas” (mayor flexibilidad para fumigar con agrotóxicos) y una “ley nacional de agroquímicos”.
Vaca Muerta
Publicitada como la clave para la "soberanía energética", de la mano de las multinacionales petroleras, Vaca Muerta avanza con numerosos hechos de contaminación (desde explosiones y derrames), desalojo de campesinos y comunidades mapuches, hasta muerte de trabajadores en "accidentes" (luego de la firma de nuevos convenios laborales entre el gremio y las empresas).
En julio pasado, en plena campaña por Necochea, Alberto Fernández destacó que "sin duda Vaca Muerta es una gran oportunidad", aunque señaló que también había que desarrollar energías renovables y agrocombustibles (otra faceta del extractivismo, tierras y granos para autos y no para alimentos).
Luego de las elecciones de agosto, Nicolás Trotta (coordinador de los equipos técnicos de Fernández) se reunió con autoridades del Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG), poderoso espacio de lobby de las empresas, entre ellas Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall, Tecpetrol y Pampa Energía.
De gira por España, el 5 de septiembre, el candidato presidencial Fernández alteró a los defensores del fracking. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo. No tengo ningún problema con las multinacionales, pero en realidad mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para la Argentina”, argumentó.
De inmediato el diario La Nación, que inauguró una sección específica de "publinotas" sobre Vaca Muerta y las empresas, habló de "polémica" y "preocupación" de las compañías.
El sábado 7 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro en Misiones. En un apartado se refirió a los dichos de su compañero de fórmula: "Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de valor y desarrollo", dijo y agregó: "Cuando Alberto habla le quisieron hacer decir que estaba en contra de las multinacionales. A ver, esta expresidenta luego de recuperar YPF firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá dentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato entre YPF y Chevron".
El pacto entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta fue confidencial (a pesar de tratarse de una empresa con mayoría estatal), judicializado y hecho público por el diputado santafecino Rubén Giustiniani. Contaba con una ingeniería legal, con sociedades off shore, para eludir el pago de impuestos. Todo en beneficio de la multinacional.
La aprobación final se hizo en la Legislatura de Neuquén (2013), donde la policía provincial reprimió durante seis horas una manifestación de repudio.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, reconoció que tienen “expectativas positivas porque todos debemos contribuir a un ‘nunca más’ haya un gobierno de derecha, empresarial, especulador, racista y excluyente que sueñan una argentina para pocos”. Sin embargo, advirtió que la fórmula Fernández-Fernández no tiene en su agenda el tema ambiental, pueblos indígenas ni cambio climático. Nahuel cuestionó el apoyo a la megaminería y al fracking realizado por los candidatos del Frente de Todos. “No debemos bajar los brazos, debemos estar atentos y fuertemente movilizados porque nuestra existencia continuará amenazada en la medida que no se modifiquen las condiciones sobre estas industrias que está demostrado son amenaza de muerte no sólo para los pueblos indígenas”, afirmó el dirigente mapuche.
Megaminería
Las gobernadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) fueron las impulsoras del encuentro entre una decenas de multinacionales mineras y Alberto Fernández.
“Ya estamos trabajando para que las inversiones en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica”, anunció el candidato presidencial ante los periodistas y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto y tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”.
Estuvieron presentes los CEOs y directivos de las principales multinacionales con intereses en Argentina: Glencore, Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolas SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group, Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold. “Es necesario avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería”, pidió el candidato a presidente y remarcó que “la única solución” para Argentina es exportar. Destacó como ejemplo a la minería y Vaca Muerta.
Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando la entonces presidenta vetó la Ley de Glaciares, que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. “El veto Barrick”, fue denunciado por Enrique Martínez, entonces presidente del INTI.
Rosa Farías es integrante de la histórica Asamblea El Algarrobo, que denuncia el accionar de Minera Alumbrera en Catamarca y rechaza el proyecto Agua Rica. “No nos sorprende que lo primero que haga el candidato es reunirse con las mineras. El extractivismo es moneda de cambio para recibir los dineros extranjeros, entregando los recursos naturales. Nos reafirma que nuestros gobernantes siguen siendo mercenarios, no les interesa los cerros ni la vida ni el destino de los pueblos”, denunció.
Otro campo
El Foro Agrario Soberano y Popular fue un encuentro multitudinario de campesinos, indígenas y agricultores familiares. Se realizó en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, durante dos días, y asistieron más de 3500 personas. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), de allí surgió un plan agrario pensado y debatido desde las bases rurales. Y quedó conformado como un espacio de articulación de decenas de organizaciones.
Ante las elecciones, emitió un comunicado titulado "no votamos a Macri". El Foro Agrario está conformado por organizaciones diversas. Desde claramente kirchneristas, como otras críticas.
El 16 de agosto, luego de las votaciones, el Foro Agrario publicó una solicitada en el diario cooperativo Tiempo Argentino. "Carta abierta al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández", comenzó el escrito. De detalló la necesidad de apoyar otro tipo de modelo agropecuario, de base popular y campesina, sin transgénicos ni agrotóxicos. Y con tres ejes principales: soberanía alimentaria, tierra y la construcción de un modelo productivo no extractivista.
A un mes de la solicitada, Alberto Fernández no recibió al Foro Agrario. Ni siquiera sus asesores se comunicaron con las organizaciones que impulsan otro modelo agropecuario.
Agustín Suárez, de la UTT, puntualizó que el Foro Agrario cuenta con 21 puntos consensuados para políticas para el sector campesino. Resaltó que si el próximo gobierno implementa esas propuestas habrá realmente una democratización de la matriz productiva, producción de alimentos sanos, precios justos para el pueblo y desarrollo de las economías regionales.
“No hay una real dimensión del espacio rural campesino, pequeño productor, por parte de Fernández. Incluso puede no haber valoración del espacio. Por eso se reúne con la Mesa de Enlace y no convoca al Foro”, alertó Suárez.
Juan Wahren, investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani, tiene pocas expectativas: “De llegar a la presidencia, es muy probable que el gobierno de Alberto Fernández continúe y profundice este modelo extractivo primario exportador, justificado en que para salir de la crisis hay que desarrollar Vaca Muerta, generar divisas con la soja y similares y apostar a la inversión extranjera de las megamineras. El mismo relato que se instaló durante el menemismo, neoliberalismo, y que se mantuvo con pocas variaciones hasta hoy en día. El mito del desarrollo basado en los recursos naturales recargado”.
¿Qué grieta?
Los funcionarios kirchneristas impulsaron el extractivismo. Y la militancia lo justificó de las más diversas formas: desde el "es necesario para el desarrollo del país", un intermedio "es una contradicción secundaria" (la primaria sería la relación capital-trabajo) hasta la crítica a los que luchan con el insostenible "le hacen el juego a la derecha", utilizada contra el Pueblo Qom en Formosa o las comunidades mapuches al inicio de Vaca Muerta.
Con el macrismo al mando algo cambió. Periodistas, académicos y militantes kirchneristas comenzaron a parecer preocupados por los mapuches, las comunidades kollas que enfrentan las mineras de litio y hasta por el desmonte en sus provincias aliadas (Chaco, Santiago del Estero). Descubrieron que el extractivismo es una contradicción fundamente de la injusticia social, y se cobra vidas.
Lo que hasta 2015 era justificado, con Macri fue rechazado y cuestionado.
“Si hubo una continuidad clara e indiscutible entre el kirchnerismo y el macrismo fue el modelo extractivo primario exportador, basado principalmente en el agronegocio, los hidrocarburos y la megaminería. Este modelo se sobrepuso a la denominada ‘grieta’ y los matices apenas pueden verse en si durante el kirchnerismo las regalías, impuestos y rentas que obtenía el Estado se utilizaban tímidamente para algún tipo de redistribución de los ingresos, orientados al consumo popular”, afirmó Juan Wahren, investigador del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA.
Si el nuevo gobierno impulsa el agronegocio y la megaminería, como todo indica, resta esperar de qué lado se ubican los seguidores (sobre todo la militancia) de Fernández-Fernández.
Rosa Farías, de Andalgalá, resumió el sentir de las asambleas socioambientales, que se mantuvieron en lucha con el kirchnerismo y con Macri: “Desde Menem en adelante que los gobernantes sostienen este modelo. Alberto Fernández va a intentar avanzar con más minería. Pero acá la resistencia seguirá firme. Defendemos el cerro y la vida, sin importar quién gobierne”.
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Chaco: 35.000 hectáreas con "cambio del uso del suelo”
Desmontes: confirman que en unas 35.000 hectáreas “se aprobó el cambio del uso del suelo”
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, analizó en CIUDAD TV la audiencia realizada este martes en el Juzgado del Juez Julián Flores, por la suspensión de los desmontes. Mencionó un “proceso de regulación”, donde se debe mantener un porcentaje de “bosque en pie”, y reconoció que el Chaco “no tiene una cultura de forestación”, Realizó apreciaciones especiales a lo que sucede en el Departamento Güemes, revelando que “recién en el 2019 se está definiendo el límite con Salta”.
“Los ambientalistas pidieron al juez Flores frenar los desmontes y en 10 días se conocerá la sentencia. Existe un ordenamiento territorial de bosque nativo, que se aprobó en el 2009, donde se establecen las tres categorías que son: las zonas rojas, de reserva natural; las amarillas en las que son reguladas las actividades, y las verdes, donde se permite el desmonte”, sostuvo Luciano Olivares.
Afirmando que “la Provincia, desde el 2012, comenzó el proceso de actualización a través de la regulación de las categorías y de las modificaciones que pudieran surgir a través del Estado o la sociedad civil”. Indicando que “se recibieron más de 100 solicitudes de particulares de que se revise la categorización del 2009, contando con un informe de suelos del INTA por situaciones que no fueron contempladas”.
“A través de este proceso y de una evaluación ambiental y del impacto, se autorizó el otorgamiento del cambio del uso del sueldo y el desmonte. Y desde el 2017 el Estado buscó una forma más general de revisar el tema de las categorías, y también hubo una medida de amparo y una cautelar para suspender estos desmontes. Aclaramos que eran casos particulares, no una medida general”, especificó el funcionario provincial.
En ese sentido, dio a conocer que “son alrededor de 35.000 hectáreas en total, en 53 predios y algunos con más de 1.000 hectáreas. Hoy están aprobadas para el cambio del uso del suelo, detrás de un proceso de regulación, y cada inmueble debe preservar un porcentaje de bosque en pie, que puede llegar al 30% según el caso”.
Reforestación ‘sin cultura’
En lo que hace a programas de forestación, Olivares reconoció que “es un tema muy importante, y a mi criterio, no existe una cultura de reforestación; por eso tiene que encararse a través de distintos ángulos”.
Sobre la incursión judicial por el tema desmontes, explicó que “la primera fue una audiencia preliminar, y hoy martes fue una segunda audiencia para escuchar a las partes. Hubo gente que opinaba desde un plano y otros con diferente puntos de vista, es algo interesante y novedoso. La medida cautelar nos ordenó la suspensión de los permisos y nosotros la obedecimos de inmediato, y el trámite principal es el amparo. También apelamos y, después del fallo, veremos si prospera la cautelar o el amparo”.
Afirmó que con la Oenegés que intervienen en la causa, “hay una relación con la mayoría, y fuimos creando una especie de diálogo fluido e intercambio de opiniones. Lea hicimos notar que hay cosas que no es tan sencillo responder, porque hay que dar respuesta a uno u otro sector, o a los dos, y el sistema legal te da la potestad de dar permisos; por supuesto, siempre que se respeten los estándares”.
Controles y conflictos
En cuanto al poder de policía de su cartera, opinó que lo que se da en el Departamento Güemes “es la situación del aprovechamiento del corte de madera para su industrialización (muebles, carbón, etc.), y ese abordaje se hace a través de denuncias a la Policía, o en la Dirección de Bosques, y actuamos rápidamente. A diferencia de los Departamentos San Martín y Fontana, el Güemes es el que mayor volumen de tierras tiene y el más conflictivo, porque está en una zona limítrofe con otras provincias”.
Al respecto relató que “recién en 2019 se está definiendo el límite con la provincia de Salta”. Y otro punto a tener en cuenta, “es que los puestos de control están a 400 o 500 kilómetros de Resistencia, donde los vehículos tienen que ser especiales y los inspectores tienen que estar formados”.
Vuelve a retomar el tema, y reitera, que “en la provincia no existe la cultura de la forestación. Chaco tiene una industria y producción forestal muy importante, y cuando digo esto es porque que no existe una política constante y mantenida en el tiempo, como sí la tienen en Misiones y Corrientes. La generación de madera tiene que preocuparnos, para que esté disponible y no se siga afectando al bosque nativo”.
Luciano Olivares describió que, mientras en las provincias vecinas se realiza la renovación de eucaliptos y pinos, que tienen rápido crecimiento y en unos 10 años vuelve a contarse con los ejemplares, “nosotros nos fuimos volcando por el bosque nativo, que es más complejo”. Y finalizó refiriendo la necesidad, de “incentivar las especies autóctonas para preservar nuestros bosques”..
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Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, analizó en CIUDAD TV la audiencia realizada este martes en el Juzgado del Juez Julián Flores, por la suspensión de los desmontes. Mencionó un “proceso de regulación”, donde se debe mantener un porcentaje de “bosque en pie”, y reconoció que el Chaco “no tiene una cultura de forestación”, Realizó apreciaciones especiales a lo que sucede en el Departamento Güemes, revelando que “recién en el 2019 se está definiendo el límite con Salta”.
“Los ambientalistas pidieron al juez Flores frenar los desmontes y en 10 días se conocerá la sentencia. Existe un ordenamiento territorial de bosque nativo, que se aprobó en el 2009, donde se establecen las tres categorías que son: las zonas rojas, de reserva natural; las amarillas en las que son reguladas las actividades, y las verdes, donde se permite el desmonte”, sostuvo Luciano Olivares.
Afirmando que “la Provincia, desde el 2012, comenzó el proceso de actualización a través de la regulación de las categorías y de las modificaciones que pudieran surgir a través del Estado o la sociedad civil”. Indicando que “se recibieron más de 100 solicitudes de particulares de que se revise la categorización del 2009, contando con un informe de suelos del INTA por situaciones que no fueron contempladas”.
“A través de este proceso y de una evaluación ambiental y del impacto, se autorizó el otorgamiento del cambio del uso del sueldo y el desmonte. Y desde el 2017 el Estado buscó una forma más general de revisar el tema de las categorías, y también hubo una medida de amparo y una cautelar para suspender estos desmontes. Aclaramos que eran casos particulares, no una medida general”, especificó el funcionario provincial.
En ese sentido, dio a conocer que “son alrededor de 35.000 hectáreas en total, en 53 predios y algunos con más de 1.000 hectáreas. Hoy están aprobadas para el cambio del uso del suelo, detrás de un proceso de regulación, y cada inmueble debe preservar un porcentaje de bosque en pie, que puede llegar al 30% según el caso”.
Reforestación ‘sin cultura’
En lo que hace a programas de forestación, Olivares reconoció que “es un tema muy importante, y a mi criterio, no existe una cultura de reforestación; por eso tiene que encararse a través de distintos ángulos”.
Sobre la incursión judicial por el tema desmontes, explicó que “la primera fue una audiencia preliminar, y hoy martes fue una segunda audiencia para escuchar a las partes. Hubo gente que opinaba desde un plano y otros con diferente puntos de vista, es algo interesante y novedoso. La medida cautelar nos ordenó la suspensión de los permisos y nosotros la obedecimos de inmediato, y el trámite principal es el amparo. También apelamos y, después del fallo, veremos si prospera la cautelar o el amparo”.
Afirmó que con la Oenegés que intervienen en la causa, “hay una relación con la mayoría, y fuimos creando una especie de diálogo fluido e intercambio de opiniones. Lea hicimos notar que hay cosas que no es tan sencillo responder, porque hay que dar respuesta a uno u otro sector, o a los dos, y el sistema legal te da la potestad de dar permisos; por supuesto, siempre que se respeten los estándares”.
Controles y conflictos
En cuanto al poder de policía de su cartera, opinó que lo que se da en el Departamento Güemes “es la situación del aprovechamiento del corte de madera para su industrialización (muebles, carbón, etc.), y ese abordaje se hace a través de denuncias a la Policía, o en la Dirección de Bosques, y actuamos rápidamente. A diferencia de los Departamentos San Martín y Fontana, el Güemes es el que mayor volumen de tierras tiene y el más conflictivo, porque está en una zona limítrofe con otras provincias”.
Al respecto relató que “recién en 2019 se está definiendo el límite con la provincia de Salta”. Y otro punto a tener en cuenta, “es que los puestos de control están a 400 o 500 kilómetros de Resistencia, donde los vehículos tienen que ser especiales y los inspectores tienen que estar formados”.
Vuelve a retomar el tema, y reitera, que “en la provincia no existe la cultura de la forestación. Chaco tiene una industria y producción forestal muy importante, y cuando digo esto es porque que no existe una política constante y mantenida en el tiempo, como sí la tienen en Misiones y Corrientes. La generación de madera tiene que preocuparnos, para que esté disponible y no se siga afectando al bosque nativo”.
Luciano Olivares describió que, mientras en las provincias vecinas se realiza la renovación de eucaliptos y pinos, que tienen rápido crecimiento y en unos 10 años vuelve a contarse con los ejemplares, “nosotros nos fuimos volcando por el bosque nativo, que es más complejo”. Y finalizó refiriendo la necesidad, de “incentivar las especies autóctonas para preservar nuestros bosques”..
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Santa Fe busca identificar patologías asociadas a pesticidas
Agroquímicos: proponen crear un registro provincial de patologías asociadas a la contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Caso Pergamino: Casafe sigue insistiendo con la BPA
Casafe “confía” en que se apele y revierta el fallo sobre agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Lo poco que queda del monte entrerriano, sigue cayendo
Denuncian desmontes en campos entrerrianos
Fecha de Publicación: 09/09/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Entre Ríos
Aseguran desde la zona que los árboles extraídos del campo son amontonados y luego quemados, dejando a los animales sin hogar.
En la localidad de Isletas, departamento Diamante denunciaron que se está deforestando "lo poco que aún queda" de monte nativo, según se puede observar en fotos y un video difundido en las últimas horas por el sitio isletas Noticias.
Informaron que si bien el desmonte no es algo anormal estos últimos años en la localidad, en las últimas semanas un terrateniente decidió arrasar con gran parte de un monte, con el fin de acondicionar el territorio para la siembra de cultivos.
El lugar se ubica en cercanías de la Escuela N° 17, Domingo Faustino Sarmiento. Se trata de un conjunto de árboles, en su mayoría espinillos, aunque también se encuentran otras especies. Es reconocido por los lugareños porque allí habitan animales que en otros puntos de la zona ya no se ven, como zorros, liebres, zorrinos, comodrejas y hasta se han visto gato montés y ciervos, entre otros. Además de una gran variedad de pájaros y peces en el arroyo.
Detallaron que se accede al sitio por un camino de tierra, un pequeño sendero que en días de lluvia queda prácticamente intransitable. En parte es tierra de vertientes en épocas lluviosas y además un arroyo cursa por el interior del bosque por lo que no generaba gran interés para la producción, al menos hasta ahora.
Desde un medio provincial contaron que todo cambió en las últimas semanas cuando el propietario del campo que ya había desmontado otras taperas de su propiedad, decidió contratar maquinarias para arrasar con buena parte de los árboles.
Se abren especies de caminos o surcos, los árboles son amontonados hasta que se secan y luego se les prende fuego. De esa forma, la tierra ya queda preparada para la siembra en la próxima campaña.
"Lo que más llama atención, es que la mayoría de los vecinos no considera importante aquel árbol o animal que no sea para un beneficio personal, es decir dar sombra, frutos, poder ser consumido o vendido. Otros ven que se desmonta pero lo califican como normal; están los que no quieren tener problemas con los vecinos y prefieren no meterse y hasta hay quienes se quejan por la aparición de mayor cantidad de zorros que les matan lechones y gallinas, pero no se preguntan a qué se debe", concluyó un vecino.
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Justicia protege a vecinos de Pergamino de fumigaciones
Fallo histórico: la Justicia Federal prohibió las fumigaciones a 3 mil metros en Pergamino
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Después de numerosos estudios que mostraron la contaminación del agua y la presencia de grandes dosis de diferentes agroquímicos, el Juzgado Federal de San Nicolás estableció que no se podrá fumigar a menos de mil metros en forma terrestre y a menos de tres mil, de forma aérea, respecto a la planta urbana. El dato clave fue la confirmación de que los fitosanitarios en sangre producen “daños genéticos”.
En Pergamino, el drama por el agua contaminada está llegando a una resolución histórica. El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzzo dictó una resolución que prohíbe las fumigaciones terrestres a más de mil metros y las áreas, a más de tres mil.
El único precedente hasta ahora a nivel nacional había sido en Entre Ríos, luego de que el Supremo Tribunal de Justicia así lo estableciera para esa provincia. En tanto, se convierte en el primer caso emitido en territorio bonaerense.
La medida es extensiva de lo ya ordenado por el juez en abril de este año, cuando había pedido suspender provisoriamente las fumigaciones, mientras se determinaba el impacto que los distintos agroquímicos en las poblaciones cercanas.
En efecto, meses después, dos informes distintos concluyeron en que la cantidad de cáncer y enfermedades respiratorias y de piel tenía que ver con la presencia de 18 tipos distintos de agroquímicos en el agua analizada en los barrios afectados.
El nuevo fallo –que tendrá un impacto a nivel provincial y nacional- le pide además al intendente Javier Martínez (de Juntos por el Cambio) que le informe sobre la cantidad de parajes y pueblos rurales que existen dentro del Partido de Pergamino, para que también se fijen una distancia considerable para las fumigaciones en esas zonas.
Uno de los argumentos que llevaron a convencer al juez para ordenar las fumigaciones a más de mil metro se basa en el último informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto a cargo de la Doctora en Biología, Delia Aiassa. Ese estudio demostró que los agroquímicos en sangre pueden producir “daños genéticos” y así se convalidó a base de las diferentes enfermedades que sufre toda una familia de Pergamino.
De hecho, en el propio informe a cargo de la doctora Aiassa, se sugería que la distancia para las fumigaciones debía ser a más de mil metros, propio de la experiencia ya recogida respecto a casos similares ocurridos en Córdoba.
En la reflexión del propio magistrado, se evidencia que el Estado “no tiene la capacidad de restituir del daño” que ya generó la contaminación del agua y que por eso, las medidas ahora ordenadas apuntan más que nada a prevenir casos futuros. El fallo pone en aprietos al gobierno de la Provincia y también del municipio a cargo del intendente Javier Martínez, quien hasta entonces había negado la contaminación del agua. “El tema del agua es algo complejo, está manoseado políticamente y siempre surge en épocas electorales. (…) Se encontró una partícula de glifosato en miles y miles de litros porque nuestro suelo se aplica esa sustancia hace mucho tiempo, pero lo que tiene no es dañino”, había dicho hace poco.
Por su parte, el fiscal de la causa Matías Di Lello se mostró a favor del fallo y destacó que según los numerosos estudios ya realizados, ya no se discute que el agua de Pergamino esté contaminada. Para el fiscal, los nuevos informes deberían apuntar a esclarecer qué niveles de toxicidad marcan.
Sobre esto, es importante recordar que la propia Autoridad del Agua a cargo de Provincia confirmó que las napas de agua de Pergamino obtienen niveles altos –no permitidos- de arsénico, y que según lo aportado por los profesionales que actuaron en la causa, este material tiene un efecto aún más dañino cuando se mescla con las partículas de agroquímicos que se hallan en el agua.
Resumen de la Causa
El primer estudio que les dio la razón a los vecinos, fue realizado por especialistas del Conicet y del Inta- Balcarce, así como por el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino. Allí se arrojó niveles altos de agroquímicos en el agua. Sin embargo, posteriormente el municipio encomendó un estudio paralelo realizado por la Autoridad del Agua de la provincia (ASA), que contradijo lo anteriormente dicho.
A pesar de lo que había arrojado los análisis previos de dos laboratorios, el municipio ordenó una muestra que llevó a cabo Bromatología y la Autoridad del Agua de la Provincia, quienes posteriormente publicaron sus resultados y descartaron que el agua esté contaminada.
Para destrabar el conflicto, el juez Villafuerte Ruzo dispuso que por ahora se suspenda cualquier tipo de fumigación y ordenó que se realice un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación. El cual, coincidió en que el agua de los pergaminenses estaba contaminada.
La última novedad fue que la propia Autoridad del Agua aseguró que el agua de la ciudad contiene niveles altísimos de arsénico. Pese a que el mismo se trata de un material natural -no producto de una contaminación externa-, potencia la peligrosidad para la salud humana en contacto con los agroquímicos.
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Santa Fe sigue debatiendo una nueva ley de agroquímico
La Legislatura santafesina deberá debatir una nueva ley de agroquímico
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Grave: gobierno casi modifica la ley de semillas por decreto
A último momento, el Gobierno frenó un decreto para modificar la ley de semillas
Fecha de Publicación: 30/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno desistió de una convocatoria al campo donde se iba a anunciar un decreto de necesidad y urgencia para modificar la actual ley de semillas luego de que había cursado las invitaciones al sector.
Para este jueves, a las 13.45, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, habían sido convocadas las empresas semilleras y entidades del sector para el anuncio de la modificación de la ley.
El 5 del actual, LA NACION anticipó que el jefe del Estado había contemplado la posibilidad de un decreto sobre el tema luego de que en el Congreso no se avanzó en el tratamiento de una nueva ley.
El año pasado, el oficialismo logró emitir un dictamen para modificar la normativa vigente desde 1973, cuando no existía la biotecnología y la soja apenas despuntaba en el país, con menos de 400.000 hectáreas (hoy, la superficie ronda los 18 millones de hectáreas, según las campañas).
El oficialismo alcanzó a fin de 2018 un dictamen que limita el uso propio (el derecho contemplado en la ley de 1973 por la cual un productor se puede guardar parte de la cosecha de trigo o soja para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) y lo grava, salvo para pueblos originarios, agricultores familiares y productores que no superen un nivel de $4,8 millones de facturación.
Además, estableció con ese dictamen que por cinco años las empresas debían contemplar en la bolsa de semillas el valor que pretendían cobrar en concepto de regalías por la tecnología incorporada.
Pese al dictamen conseguido en el Congreso, el Gobierno nunca pudo llevarlo al recinto, aunque intentó poner el tema en la agenda de sesiones. El peronismo no prestó los votos necesarios para el quorum. El oficialismo solo tenía 109 voluntades.
Fuentes consultadas habían señalado a LA NACION que el decreto del presidente Mauricio Macri iba a tomar como base el dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sin embargo, según trascendió, en el decreto no se iban a incluir algunos aspectos que estaban en el dictamen que molestaron a sectores del ruralismo y a empresas. Entre otros, en el dictamen se contemplaba una desgravación de Ganancias en la compra de semillas. En tanto, al sector industrial le habría molestado que se incluyera una prohibición para los controles privados.
La industria semillera ha venido reclamando una nueva ley para poder seguir trayendo tecnologías al país.
Hoy la venta de semillas fiscalizadas de soja, sin contar los acuerdos de regalías entre las empresas y los productores, ronda el 20% de la superficie de siembra, un porcentaje que en el sector consideran bajo.
El resto del mercado se divide entre el uso propio amparado en la misma ley de semillas y el circuito ilegal.
En valor, el mercado de semillas de soja ronda los US$200 millones, pero en la industria creen que, si se formalizara todo, podría ascender a unos US$1000 millones.
El de las semillas ha sido un tema complicado para el Gobierno. Apenas asumió, en diciembre de 2015, tuvo que afrontar un conflicto con la multinacional Monsanto y convencer a la empresa, hoy controlada por la alemana Bayer, de que desistiera de hacer controles privados en los puertos para detectar si la soja tenía una tecnología suya resistente a insectos.
Controles
Con una resolución para prohibir cualquier control privado no autorizado y ordenar que pasaran por la órbita del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Gobierno logró bajar la tensión con la compañía, que no obstante retiró del proceso de aprobación, ante la falta de un nuevo marco regulatorio por semillas, una soja que mejora el control de malezas.
Otras empresas también tienen frenadas nuevas tecnologías para el país hasta que se presente un nuevo marco para la propiedad intelectual.
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Los bosques siguen cayendo
Bosques: el Gran Chaco es uno de los 11 lugares con mayor deforestación
Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Ríos contaminados con agroquímicos en la pampa húmeda
El río pampeano más contaminado con plaguicidas está en Córdoba
Fecha de Publicación: 28/08/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La presencia de plaguicidas actuales, como la cipermetrina y también otros ya prohibidos por su alta toxicidad, como el endosulfán, hace del río Suquía la cuenca hídrica más contaminada con pesticidas de la pampa argentina.
El dato surge de una revisión realizada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La conclusión es que el río que atraviesa la ciudad de Córdoba representa un riesgo muy alto para la vida acuática.
El trabajo recopiló estudios científicos que analizaron la presencia de insecticidas y de herbicidas en 66 puntos de ríos de las provincias de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Entre Ríos en los últimos 12 años.
Con estos datos se calculó un coeficiente de riesgo; esto es, una relación entre la concentración de plaguicidas medida en los sitios y la concentración que se sabe que es tóxica para la vida acuática.
El cálculo se hizo tanto para plaguicidas de uso actual como para plaguicidas totales, es decir, incluyendo sustancias que ya están prohibidas.
De los 66 puntos, 13 presentaron un muy alto riesgo para la vida acuática si se tienen en cuenta sólo los plaguicidas actuales. La cifra sube a 22, si en la cuenta también se incluyen los productos que ya están prohibidos.
Las mediciones en el río Suquía fueron las más altas si se consideran concentraciones de plaguicidas totales. En tanto, para el río Ctalamochita, el riesgo fue medio.
Fernando Iturburu, investigador del Conicet en Mar del Plata, fue el primer autor del trabajo. Explica que los datos para el Suquía también son muy altos si sólo se tienen en cuenta los plaguicidas actuales, aunque son parecidos a los encontrados en el río Paraná y en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Valeria Ame, investigadora de Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, codirigió el trabajo de Iturburu. Asegura que los niveles detectados en el Suquía pueden ser consecuencia de la historia de uso de plaguicidas en la cuenca y que todavía están presentes compuestos de alta toxicidad ya prohibidos.
“Es esperable que con el tiempo los agroquímicos ya prohibidos vayan decayendo y por lo tanto baje el riesgo. Los nuevos plaguicidas que se incorporen, por lo general, son más amigables con el ambiente porque son más biodegradables y menos tóxicos”, explica.
Iturburu aclara que este estudio no habla de riesgo para las personas. “Si bien los seres humanos estamos en contacto con el agua y la consumimos, no somos organismos acuáticos”, detalla.
De todas formas, asegura que los datos de este estudio son una señal para profundizar las mediciones y eventualmente tomar decisiones de protección de la cuenca.
El estudio fue publicado hace algunas semanas en la revista científica Science of the Total Environment.
Las sustancias
Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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Agroindustria sigue preocupado por el nuevo Código Penal
Analizaron el capítulo ambiental del proyecto de reforma del Código Penal
Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), en conjunto con la Fundación Expoterra, organizó ayer el "Taller Proyecto de Reforma de Código Penal: Delitos contra el Ambiente".
El encuentro fue para presentar en el marco del proyecto de reforma del Código Penal los contenidos del Capítulo Ambiental y sus implicancias en el sector agropecuario y agroindustrial, según informó el CPIA.
"Los productores y los ingenieros agrónomos debemos cuidar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables", indicó Fernando Vilella, presidente del CPIA.
Según se informó en marzo pasado, cuando se presentó la iniciativa, la reforma del Código Penal prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida. La modificación considera al ambiente como un bien jurídico protegido.
Además, se establece pena de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona y también se tipifica la contaminación ambiental imprudente.
Asimismo, están contemplados los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa.
"Todos los códigos penales modernos tienen su capítulo ambiental", dijo Patricia Llerena, camarista Penal de la Nación. "No hay delito sin ley penal previa", agregó.
Por su parte, Carlos Alberto Luisoni, auxiliar Letrado del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, remarcó que "si no hay afectación, no hay delito". Añadió: "Existen riesgos permitidos aceptados por la sociedad en función de la utilidad a la misma".
En tanto, José Alberto Esain, docente de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, señaló que "en la Argentina no existe el derecho penal ambiental, a diferencia de otros países donde aparece el mandato en su Constitución".
"Con el nuevo proyecto de Código Penal, el ambiente es un bien jurídico colectivo y autónomo. Se tienen que cumplir distintas condiciones para que sea delito, el derecho penal es última ratio", precisó.
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Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), en conjunto con la Fundación Expoterra, organizó ayer el "Taller Proyecto de Reforma de Código Penal: Delitos contra el Ambiente".
El encuentro fue para presentar en el marco del proyecto de reforma del Código Penal los contenidos del Capítulo Ambiental y sus implicancias en el sector agropecuario y agroindustrial, según informó el CPIA.
"Los productores y los ingenieros agrónomos debemos cuidar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables", indicó Fernando Vilella, presidente del CPIA.
Según se informó en marzo pasado, cuando se presentó la iniciativa, la reforma del Código Penal prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida. La modificación considera al ambiente como un bien jurídico protegido.
Además, se establece pena de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona y también se tipifica la contaminación ambiental imprudente.
Asimismo, están contemplados los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa.
"Todos los códigos penales modernos tienen su capítulo ambiental", dijo Patricia Llerena, camarista Penal de la Nación. "No hay delito sin ley penal previa", agregó.
Por su parte, Carlos Alberto Luisoni, auxiliar Letrado del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, remarcó que "si no hay afectación, no hay delito". Añadió: "Existen riesgos permitidos aceptados por la sociedad en función de la utilidad a la misma".
En tanto, José Alberto Esain, docente de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, señaló que "en la Argentina no existe el derecho penal ambiental, a diferencia de otros países donde aparece el mandato en su Constitución".
"Con el nuevo proyecto de Código Penal, el ambiente es un bien jurídico colectivo y autónomo. Se tienen que cumplir distintas condiciones para que sea delito, el derecho penal es última ratio", precisó.
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Gualeguaychú: monitoreo de agua de lluvia por agroquímicos
Estudian contaminación atmosférica en la lluvia por agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
El equipo técnico de la dirección de Ambiente comenzó con la instalación de recolectores de agua de lluvia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de poder evidenciar la presencia de glifosato y atrazina, plaguicidas que dominan el mercado argentino.
De acuerdo a lo que se informó, se investigará la presencia en la atmósfera de estos agroquímicos a través de la lluvia como principal fenómeno climático.
Los datos obtenidos permitirán conocer el grado de exposición a través de la lluvia de éstos herbicidas en suelos, cuerpos de agua superficiales y diferentes zonas urbanas de la ciudad.
Los primeros muestreadores de agua fueron colocados en el predio de Obras Sanitarias y en la reserva natural municipal Las Piedras.
Se detalló que la semana próxima serán colocados otros recolectores de muestras más.
Cabe destacar que la localidad, que es emblema de la lucha ambiental, pregona la necesidad de aportar a la calidad ambiental mediante buenas prácticas agroecológicas, que no utilicen estos productos.
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Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
El equipo técnico de la dirección de Ambiente comenzó con la instalación de recolectores de agua de lluvia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de poder evidenciar la presencia de glifosato y atrazina, plaguicidas que dominan el mercado argentino.
De acuerdo a lo que se informó, se investigará la presencia en la atmósfera de estos agroquímicos a través de la lluvia como principal fenómeno climático.
Los datos obtenidos permitirán conocer el grado de exposición a través de la lluvia de éstos herbicidas en suelos, cuerpos de agua superficiales y diferentes zonas urbanas de la ciudad.
Los primeros muestreadores de agua fueron colocados en el predio de Obras Sanitarias y en la reserva natural municipal Las Piedras.
Se detalló que la semana próxima serán colocados otros recolectores de muestras más.
Cabe destacar que la localidad, que es emblema de la lucha ambiental, pregona la necesidad de aportar a la calidad ambiental mediante buenas prácticas agroecológicas, que no utilicen estos productos.
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Entre Ríos: presentación judicial por decreto de fumigaciones
Activistas y docentes piden la nulidad del decreto que reglamenta la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 23/08/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron en la sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná un amparo colectivo ambiental, por el que se solicita la declaración de nulidad o inconstitucionalidad y la revocación del Decreto que reglamenta la aplicación de fitosanitarios, confirmó a AIM la abogada de la organización ambientalista, Aldana Sacia.
Las organizaciones demandaron a la justicia que declare “la nulidad del Decreto 2239 o su inconstitucionalidad”, indicó la abogada a esta Agencia, quien precisó que también tiene una medida cautelar por la que pide la suspensión de la aplicación del edicto “hasta tanto se expida un comité interdisciplinario compuesto por expertos idóneos en la materia, con conocimientos en el tema, quienes puedan aseverar que la reducción no causa perjuicio a la comunidad educativa de las escuelas rurales”.
Según interpretan las entidades, el nuevo decreto “es más irresponsable que el anterior por parte del Ejecutivo provincial, ya que dictó una norma sin sustento científico alguno y, lo que es más grave aún, no posee dictámenes del Ministerio de Salud y de las la secretarías de Medio Ambiente y de Producción”, indicó Sacia.
Por otro lado, la abogada indicó que concomitantemente a la puesta en vigencia del Decreto se aprobó con fuerza de Ley de la reforma a los Procedimientos Constitucionales. En ese sentido, lamentó que el proyecto a disposición del Ejecutivo para su promulgación fue tratado rápidamente en el hemiciclo de la Cámara Alta: “El gobierno aprobó un texto que es a medida de las mal llamadas entidades del campo, ya que se incorpora mayor burocracia a los procedimientos y generan obstáculos en los amparos”. Al respecto, precisó que “se habilita otra instancia, para que los amparos sean tratados por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y no por las salas como venía siendo antes”. En ese sentido, consideró que fue “muy lamentable” la actitud de la Legislatura, pero agregó que las organizaciones que presentaron el amparo saben que hay otras instancias como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Justicia, por lo que “el paso por la justicia entrerriana es una instancia primigenia que puede ser resuelta en instancias superiores”.
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Fecha de Publicación: 23/08/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron en la sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná un amparo colectivo ambiental, por el que se solicita la declaración de nulidad o inconstitucionalidad y la revocación del Decreto que reglamenta la aplicación de fitosanitarios, confirmó a AIM la abogada de la organización ambientalista, Aldana Sacia.
Las organizaciones demandaron a la justicia que declare “la nulidad del Decreto 2239 o su inconstitucionalidad”, indicó la abogada a esta Agencia, quien precisó que también tiene una medida cautelar por la que pide la suspensión de la aplicación del edicto “hasta tanto se expida un comité interdisciplinario compuesto por expertos idóneos en la materia, con conocimientos en el tema, quienes puedan aseverar que la reducción no causa perjuicio a la comunidad educativa de las escuelas rurales”.
Según interpretan las entidades, el nuevo decreto “es más irresponsable que el anterior por parte del Ejecutivo provincial, ya que dictó una norma sin sustento científico alguno y, lo que es más grave aún, no posee dictámenes del Ministerio de Salud y de las la secretarías de Medio Ambiente y de Producción”, indicó Sacia.
Por otro lado, la abogada indicó que concomitantemente a la puesta en vigencia del Decreto se aprobó con fuerza de Ley de la reforma a los Procedimientos Constitucionales. En ese sentido, lamentó que el proyecto a disposición del Ejecutivo para su promulgación fue tratado rápidamente en el hemiciclo de la Cámara Alta: “El gobierno aprobó un texto que es a medida de las mal llamadas entidades del campo, ya que se incorpora mayor burocracia a los procedimientos y generan obstáculos en los amparos”. Al respecto, precisó que “se habilita otra instancia, para que los amparos sean tratados por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y no por las salas como venía siendo antes”. En ese sentido, consideró que fue “muy lamentable” la actitud de la Legislatura, pero agregó que las organizaciones que presentaron el amparo saben que hay otras instancias como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Justicia, por lo que “el paso por la justicia entrerriana es una instancia primigenia que puede ser resuelta en instancias superiores”.
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Demuestran presencia de agroquímicos en el aire
Peligro, glifosato: hallan agroquímicos en el aire en áreas urbanas de Entre Ríos
Fecha de Publicación: 19/08/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Un estudio de la FAUBA y del INTA midió la presencia de glifosato en las partículas que desde la atmósfera se depositan en el suelo del Municipio de Oro Verde. Lo detectó en varios momentos del año, tanto en el área rural como en la ciudad. Además, se registró cómo la población percibe esta problemática
En varias localidades de la Argentina, el límite entre el espacio rural y el urbano es cada vez más difuso, ya sea por el crecimiento de las ciudades como por el avance de la actividad agrícola.
Estos procesos originaron debates sobre la producción primaria y sus impactos ambientales; entre éstos, la aplicación de agroquímicos ocupó un lugar preponderante. En este contexto, investigadores del INTA Paraná y de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizaron la presencia del herbicida glifosato en las partículas de la atmósfera que se depositan en la superficie del municipio de Oro Verde, Entre Ríos.
Lo detectaron en el campo y en el casco urbano, incluso en períodos en los que se considera poco probable que se lo aplique en campos agrícolas de la zona.
"Como en muchas localidades del país, hace algunos años, el municipio de Oro Verde comenzó a crecer y la frontera entre el área rural y la urbana se volvió difusa. Esta situación aumentó la preocupación social por los impactos de la producción agrícola. Puntualmente, los habitantes se enfocaron en los posibles efectos negativos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente", explicó Mariela Seehaus, investigadora del INTA Paraná y Magister Scientiae en Desarrollo Rural en la Escuela para Graduados 'Ing. Agrónomo Alberto Soriano' (EPG-FAUBA).
"Entre los años 2012 y 2013, los vecinos de Oro Verde realizaron movilizaciones que salieron en medios locales, provinciales y hasta en documentales. Estos reclamos derivaron en la sanción de una ordenanza municipal en el 2014 para regular el uso de agroquímicos. Se prohibieron las aplicaciones aéreas en el ejido de la localidad y se definieron distancias de restricción para las aplicaciones terrestres", contó Seehaus.
"Si bien la legislación abordó el conflicto, no resolvió los problemas. En mi trabajo de maestría relevé de qué manera la población local percibía el conflicto. También busqué determinar, como una medida indirecta de la calidad del aire, la depositación de glifosato desde la atmósfera hacia la superficie terrestre", sostuvo la investigadora, cuya tesis dirigió María Carolina Sasal, profesional del INTA Paraná, y co-dirigió María Carolina Feito, docente de la EPG-FAUBA e investigadora del Conicet.
Seehaus realizó un monitoreo de glifosato y de AMPA —el principal producto de degradación del herbicida— en 15 puntos de Oro Verde distribuidos en zonas urbanas, en barrios periurbanos y en las cercanías de lotes agrícolas. Las fechas de muestreo fueron tres: dos en las que se usa el agroquímico en la región y una que se consideró libre de aplicación en cultivos de granos. Los resultados revelaron la presencia de uno o ambos compuestos en más del 60% de los puntos, en los tres momentos de medición y en las tres áreas mencionadas.
"Estos resultados nos llevan a indagar qué otros factores influyen sobre la dinámica del glifosato y el AMPA en la atmósfera, además de la cercanía a los campos agrícolas o las fechas de aplicación en cultivos de granos. Nuestro trabajo representó un aporte valioso a los escasos estudios sobre herbicidas en la atmósfera que existen a nivel nacional e internacional y, a su vez, nos permitió vincular las mediciones realizadas con la preocupación de los habitantes sobre la contaminación del aire", afirmó Seehaus.
Escuchar a la gente para pensar soluciones
Seehaus y Sasal se contactaron con los habitantes del municipio entrerriano a fin de conocer cómo percibían los potenciales riesgos de la aplicación de agroquímicos en la zona. "En las encuestas, más del 60% de la población urbana consideró que es un problema que afecta al ambiente y, en particular, a la calidad del aire", dijo Mariela.
Asimismo, agregó que al entrevistar a aquellos vecinos que habían participado de los reclamos rescató opiniones diversas. Muchas personas consideraron que haría falta un mayor control estatal para destrabar el conflicto. Mariela también registró visiones contrapuestas respecto al grado de confianza o desconfianza en las instituciones a cargo de tratar políticamente esta cuestión.
En cuanto a las propuestas de solución, Seehaus destacó que mientras una parte de la sociedad expresó su conformidad con la legislación vigente, otra parte indicó que, además de esta medida, se deberían promover modelos de producción alternativos. De todas maneras, la gran mayoría de los consultados se manifestó a favor de planificar mucho mejor el crecimiento de la ciudad. La investigadora sugirió que para avanzar en la resolución de los problemas se deberían tener en cuenta estas percepciones.
"Esta investigación fue un estudio de caso, pero la situación también se da en muchas otras localidades de la Región Pampeana y de zonas extra-pampeanas. Hay una realidad más amplia, que es la tensión que existe cuando se encuentran próximos los usos residenciales y productivos de la tierra. Integrar la percepción de la gente con mediciones cuantitativas es imprescindible para abordar este tipo de problemáticas socio-ambientales", reflexionó.
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Bordet permite ahora fumigar cerca de escuelas
Reglamentaron los agroquímicos: habrá unidades de control cerca de escuelas y comunidades rurales
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
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Lamentablemente los transgénicos crecen en Misiones
Crecen los cultivos de maíz transgénico en Misiones y los debates continúan
Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Desde hace siete meses se inició en Misiones un intenso debate ante la posibilidad de que en la Tierra Colorada comience a plantarse maíz de alta productividad y tratada a través de la biotecnología.
Hoy, el tema volverá a instalarse en Eldorado. “El maíz transgénico es una modificación genética hecha para lograr rendimientos más altos y con la venta de esa semilla viene un paquete tecnológico con insumos químicos para asegurar mejores rendimientos”, advirtió Enzo Ortt, de la Red Agroecológica (ver “Las semillas comerciales...”)
Estos últimos son los que afirman que debe sostenerse la semilla tradicional, y rechazan la posibilidad del cultivo del maíz de alta tecnología.
Quienes promueven las semillas modificadas genéticamente sostienen que se puede plantar durante todo el año y el rendimiento es mayor.
El debate comenzó a darse desde fines de 2018. En esa fecha, Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo del cultivo de maíz de alta productividad en Misiones.
Se planteó entonces que era para incrementar la disponibilidad de forraje para su transformación en origen en distintos tipos de carnes y, a su vez, para satisfacer la enorme demanda de maíz del complejo agroindustrial del Estado de Santa Catarina, Brasil, muy cercano a la frontera
En Misiones se vienen realizando ensayos demostrativos con estas semillas transgénicas. Es lo que sucede en San Pedro, y en este sentido El Territorio habló con quienes promueven esta alternativa. Del mismo modo, se tomó contacto con quienes se resisten y defienden el cultivo tradicional.
Desde estos espacios temen que Misiones se torne en la nueva frontera del maíz principalmente, planteando como consecuencias negativas que la producción a gran escala pueda causar impacto negativo en el medioambiente. Uno de los principales planteos de los productores que se oponen al proyecto de Maizar está relacionado con el desmonte para el cultivo de transgénicos a gran escala y la contaminación del suelo, aire y agua, como así también la extinción de las semillas criollas.
Miriam Samudio, referente de Productores Independientes de Piray, en medio del Alimentazo que se desarrolló el último jueves, aclaró que defendían las semillas criollas y nativas y rechazaban el proyecto Maizar, “que es la empresa que trae el maíz transgénico en nuestra provincia y nosotros sabemos cómo contaminan los agroquímicos o fertilizantes en nuestra población”, afirmó.
También en San Pedro, durante el inicio de los paneles de la Jornada Misiones la nueva Frontera del Maíz, se alzaron voces en contra de los transgénicos.
En tanto los que ya trabajan en terreno con el cultivo de semillas transgénicas afirman que lo hacen sin perjuicios a la biodiversidad, aportando beneficios que permiten el progreso y mejor calidad de vida de las familias que optan por este tipo de genética.
Pasaron siete meses desde la firma de aquel acuerdo entre Nación y Maizar y prosigue el debate y la férrea resistencia, que hoy tendrá un nuevo capítulo en Eldorado; mientras, en silencio se van concretando plantaciones experimentales.
Realizarán hoy feria de intercambio
La Red Agroecológica de Misiones realiza hoy una Feria de Semillas a partir de las 8 en el Centro Cultural Cooperativo (ex Galpón 10) de Eldorado. En el encuentro se prevé la exposición de semillas de la agricultura familiar y stands de la biodiversidad. A partir de las 9.30 se presentará el evento y habrá una reseña de lo que significa el movimiento de semillas campesinas y de la Red Agroecológica de Misiones. Desde las 10.30, habrá intercambio de semillas. Las disertaciones del encuentro seguirán a partir de las 14 con el panel “la Agroecología: memoria, semilla y camino para el buen vivir misionero". Más tarde se presentarán músicos locales e invitados. A las 16 está prevista la marcha de las semillas nativas o criollas y en defensa de la biodiversidad. La red de Agroecología de Misiones es un espacio, un tejido integrador de lazos, voluntades, resistencia y sueños que incluye a pueblos mbya guaraní, agricultores y técnicos, Organizaciones de Agricultores, iglesias, municipalidades, organismos del Estado, escuelas públicas del medio rural, entre otros, de diferentes lugares de la provincia de Misiones.
“Las semillas comerciales acarrean mayores riesgos”
Desde la Red de Agroecología se resaltó la gran variedad de alternativas con maíces criollos nativos y se invitó a conocerlos.
Se diferenció en tanto que los maíces comerciales o transgénicos vienen atados a muchos peligros que no siempre se explican a los productores. Se señaló así a la necesidad de usar más químicos para alcanzar rindes superiores. Y el peligro de que si el cultivo se vuelve extensivo, expondrá al suelo a mayores posibilidades de erosión. También le quitará posibilidades a otros cultivos de la región, necesarios para la biodiversidad en las chacaras.
“Desde la Red de Agroecología venimos trabajando hace mucho tiempo a favor de que las semillas queden en manos de los agricultores, también trabajando con comunidades indígenas, mejorando por selección esas semillas”, comentó Enzo Ortt, integrante de la Red Agroecológica de Misiones. Consideró que en general hay poca valorización de las semillas nativas por falta de conocimiento de sus propiedades. “Hay una falta de valorización de nuestras variedades locales que pueden ser adaptadas al clima, para que aguanten el frío, para mejorar la alimentación, también para que tengan un buen rendimiento productivo. Hay mucha diversidad en Misiones que por ahí se conoce poco y se impulsa desde otro lado las semillas de empresas”.
Ortt manifestó que las semillas comerciales también tienen atados mayores riesgos para la producción y el suelo de las chacras.
“El maíz transgénico es una modificación genética hecha para lograr rendimientos más altos. Y lo cuestionable es que ese mejoramiento lo hace una empresa para vender esa semilla, que está atada a un paquete tecnológico con insumos químicos para asegurar mejores rendimientos”, explicó.
Afirmó que existe preocupación porque ese material modificado genéticamente afecte a la salud humana y de animales. “Hay cada vez más riesgos que se empiezan a denunciar más”, acotó Ortt.
Remarcó que, al proyectarse una mayor superficie de maíz transgénico en nuestra provincia, aumentan los peligros también para el suelo y la biodiversidad.
“Hacer un cultivo extensivo como se apunta, significará hacer un desplazamiento de otros cultivos tradicionales como la mandioca u otros maíces. No queremos que se reemplace la biodiversidad por otro nuevo monocultivo”.
Desde la Red Agroecológica indicaron que hoy en Eldorado habrá debates e intercambio de variadas semillas entre productores de diversas zonas. Así también se promueve el conocimiento de cultivos y producciones familiares.
Experiencias y críticas entre los productores de San Pedro
La Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraíso Limitada se dedica a la fabricación de alimentos balanceados a base de maíz. Esta entidad comenzó hace más de 20 años trabajando para mejorar las semillas criollas, pero con el pasar de los años fue necesaria la implementación de otras variedades para alcanzar el objetivo.
“Nuestra cooperativa incentiva, de forma independiente o privada, el cultivo de maíz para abastecer con materia prima local las dos fábricas de alimentos balanceados que tenemos, y la inquietud del productor siempre fue el rendimiento en kilos por hectárea. Por eso optamos por ofrecer semillas híbridas y transgénicas y notamos la diferencia en comparación con semillas criollas, pero respetamos los recursos, la semilla transgénica no es sinónimo de contaminación”, dijo Liliana Kaminski, administradora de la Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraíso Limitada.
Las primeras experiencias de la mencionada entidad con híbridos y transgénicos comenzaron hace cinco años obteniendo resultados muy favorables, ya que por hectárea el productor obtiene hasta 10.000 kilos de maíz con menor trabajo sanitario como fertilización y control de plagas, algo muy necesario cuando se trata del maíz criollo. Optar por semillas genéticamente modificada demanda trabajar el suelo considerando curva de nivel, rotación de cultivos, barreras vivas, cubiertas verdes así como también protección de vertientes.
Este rinde más allá del material genético empleado, ya que va de la mano de la mecanización de las chacras, lo que también logró avanzar de forma considerable la Cooperativa adquiriendo maquinarias que faciliten la labor del productor como así también, en varias oportunidades financian al socio la semilla que es adquirida mediante distribuidoras nacionales.
Detallan que la semilla transgénica es de la marca Delkalb y los híbridos de Santa Helena, que si bien el costo por kilo de semilla es mayor, compensa con el rendimiento final.
Pero siguiendo los principios fundacionales y si bien el rinde de las semillas criollas es un 50 por ciento menor por hectárea. Algunos socios se dedican al cultivo para la preservación de semillas criollas, en tres variedades, Matogroso, Caiano y Azteca.
“Notamos la inmensa diferencia, queremos como cooperativa fomentar nuestra región, cuidando y respetando el medio ambiente, y el productor opta por lo que mejor rinde y favorezca el trabajo en la chacra, la criolla requiere mucho más trabajo, el año pasado el ataque de las plagas demando muchas horas de trabajo y uso de herbicidas, y eso no hace falta en los transgénicos porque ya están protegidos” , argumentó Kaminski.
El Maizar
En lo respecta al proyecto de Maizar,se realizó el año pasado una prueba en la provincia. Fue particularmente en San Pedro, se plantó una hectárea para conocer el comportamiento de la variedad de semilla “Syngenta 139 VIP3”.
La prueba se realizó en la chacra de un productor de Colonia Terciados Paraíso, donde además se cultivó en paralelo otra variedad genéticamente modificada y semilla criolla, donde pudieron analizar los pro y contra de cada semilla.
Se explicó que las diez hectáreas que Maizar experimentó en la provincia, arrojaron resultados positivos con una media de 7.000 kilogramos por hectárea, según técnicos que estuvieron trabajando en el monitoreo, considerando que se plantó entre diciembre y enero, y que dependiendo del material genético, el rendimiento hubiera sido mucho menor, si se cultiva otra variedad, entre ellas la semilla criolla, en esos mismos meses.
Luego de las jornadas realizadas en San Pedro, en especial por parte de productores tabacaleros que se quedaron fuera de algunas tabacaleras, se supo que plantarían maíz para la agregación de valor mediante la industrialización de la producción en alimentos balanceados y su transformación en carne, leche y huevos.
La demanda es por asesoramiento técnico, semillas, fertilizantes y posibilidad de financiación de los insumos, se hizo notar en las oficinas de la Secretaría de Agroindustria y Cooperativas.
Las dos posiciones
Quienes defienden este tipo de cultivos lo argumentan con experiencias de que la finalidad no es desmontar sino potenciar las superficies que ya vienen siendo utilizadas, no terminan de convencer a las organizaciones que se muestran en contra, preocupados principalmente por las consecuencias ambientales donde la calidad del agua sería lo que más inquieta como así también la pérdida de las variedades criollas.
El semillero Waldemar Vas, de la CCTA de kilómetro 80, Pozo Azul, que nuclea a más de 70 familias de semilleros, señaló a este matutino: “Nosotros hace 19 años que hacemos público el cuidado de las semillas criollas, porque son semillas que no necesitan venenos no tienen el rinde de los transgénicos pero son buenos y es factible para el autoconsumo y para grano. Nosotros no estamos contra del rinde o el progreso de las familias. No estamos de acuerdo con el arrasamiento del monte contaminando el agua; queremos cuidar la vida”
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Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Desde hace siete meses se inició en Misiones un intenso debate ante la posibilidad de que en la Tierra Colorada comience a plantarse maíz de alta productividad y tratada a través de la biotecnología.
Hoy, el tema volverá a instalarse en Eldorado. “El maíz transgénico es una modificación genética hecha para lograr rendimientos más altos y con la venta de esa semilla viene un paquete tecnológico con insumos químicos para asegurar mejores rendimientos”, advirtió Enzo Ortt, de la Red Agroecológica (ver “Las semillas comerciales...”)
Estos últimos son los que afirman que debe sostenerse la semilla tradicional, y rechazan la posibilidad del cultivo del maíz de alta tecnología.
Quienes promueven las semillas modificadas genéticamente sostienen que se puede plantar durante todo el año y el rendimiento es mayor.
El debate comenzó a darse desde fines de 2018. En esa fecha, Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo del cultivo de maíz de alta productividad en Misiones.
Se planteó entonces que era para incrementar la disponibilidad de forraje para su transformación en origen en distintos tipos de carnes y, a su vez, para satisfacer la enorme demanda de maíz del complejo agroindustrial del Estado de Santa Catarina, Brasil, muy cercano a la frontera
En Misiones se vienen realizando ensayos demostrativos con estas semillas transgénicas. Es lo que sucede en San Pedro, y en este sentido El Territorio habló con quienes promueven esta alternativa. Del mismo modo, se tomó contacto con quienes se resisten y defienden el cultivo tradicional.
Desde estos espacios temen que Misiones se torne en la nueva frontera del maíz principalmente, planteando como consecuencias negativas que la producción a gran escala pueda causar impacto negativo en el medioambiente. Uno de los principales planteos de los productores que se oponen al proyecto de Maizar está relacionado con el desmonte para el cultivo de transgénicos a gran escala y la contaminación del suelo, aire y agua, como así también la extinción de las semillas criollas.
Miriam Samudio, referente de Productores Independientes de Piray, en medio del Alimentazo que se desarrolló el último jueves, aclaró que defendían las semillas criollas y nativas y rechazaban el proyecto Maizar, “que es la empresa que trae el maíz transgénico en nuestra provincia y nosotros sabemos cómo contaminan los agroquímicos o fertilizantes en nuestra población”, afirmó.
También en San Pedro, durante el inicio de los paneles de la Jornada Misiones la nueva Frontera del Maíz, se alzaron voces en contra de los transgénicos.
En tanto los que ya trabajan en terreno con el cultivo de semillas transgénicas afirman que lo hacen sin perjuicios a la biodiversidad, aportando beneficios que permiten el progreso y mejor calidad de vida de las familias que optan por este tipo de genética.
Pasaron siete meses desde la firma de aquel acuerdo entre Nación y Maizar y prosigue el debate y la férrea resistencia, que hoy tendrá un nuevo capítulo en Eldorado; mientras, en silencio se van concretando plantaciones experimentales.
Realizarán hoy feria de intercambio
La Red Agroecológica de Misiones realiza hoy una Feria de Semillas a partir de las 8 en el Centro Cultural Cooperativo (ex Galpón 10) de Eldorado. En el encuentro se prevé la exposición de semillas de la agricultura familiar y stands de la biodiversidad. A partir de las 9.30 se presentará el evento y habrá una reseña de lo que significa el movimiento de semillas campesinas y de la Red Agroecológica de Misiones. Desde las 10.30, habrá intercambio de semillas. Las disertaciones del encuentro seguirán a partir de las 14 con el panel “la Agroecología: memoria, semilla y camino para el buen vivir misionero". Más tarde se presentarán músicos locales e invitados. A las 16 está prevista la marcha de las semillas nativas o criollas y en defensa de la biodiversidad. La red de Agroecología de Misiones es un espacio, un tejido integrador de lazos, voluntades, resistencia y sueños que incluye a pueblos mbya guaraní, agricultores y técnicos, Organizaciones de Agricultores, iglesias, municipalidades, organismos del Estado, escuelas públicas del medio rural, entre otros, de diferentes lugares de la provincia de Misiones.
“Las semillas comerciales acarrean mayores riesgos”
Desde la Red de Agroecología se resaltó la gran variedad de alternativas con maíces criollos nativos y se invitó a conocerlos.
Se diferenció en tanto que los maíces comerciales o transgénicos vienen atados a muchos peligros que no siempre se explican a los productores. Se señaló así a la necesidad de usar más químicos para alcanzar rindes superiores. Y el peligro de que si el cultivo se vuelve extensivo, expondrá al suelo a mayores posibilidades de erosión. También le quitará posibilidades a otros cultivos de la región, necesarios para la biodiversidad en las chacaras.
“Desde la Red de Agroecología venimos trabajando hace mucho tiempo a favor de que las semillas queden en manos de los agricultores, también trabajando con comunidades indígenas, mejorando por selección esas semillas”, comentó Enzo Ortt, integrante de la Red Agroecológica de Misiones. Consideró que en general hay poca valorización de las semillas nativas por falta de conocimiento de sus propiedades. “Hay una falta de valorización de nuestras variedades locales que pueden ser adaptadas al clima, para que aguanten el frío, para mejorar la alimentación, también para que tengan un buen rendimiento productivo. Hay mucha diversidad en Misiones que por ahí se conoce poco y se impulsa desde otro lado las semillas de empresas”.
Ortt manifestó que las semillas comerciales también tienen atados mayores riesgos para la producción y el suelo de las chacras.
“El maíz transgénico es una modificación genética hecha para lograr rendimientos más altos. Y lo cuestionable es que ese mejoramiento lo hace una empresa para vender esa semilla, que está atada a un paquete tecnológico con insumos químicos para asegurar mejores rendimientos”, explicó.
Afirmó que existe preocupación porque ese material modificado genéticamente afecte a la salud humana y de animales. “Hay cada vez más riesgos que se empiezan a denunciar más”, acotó Ortt.
Remarcó que, al proyectarse una mayor superficie de maíz transgénico en nuestra provincia, aumentan los peligros también para el suelo y la biodiversidad.
“Hacer un cultivo extensivo como se apunta, significará hacer un desplazamiento de otros cultivos tradicionales como la mandioca u otros maíces. No queremos que se reemplace la biodiversidad por otro nuevo monocultivo”.
Desde la Red Agroecológica indicaron que hoy en Eldorado habrá debates e intercambio de variadas semillas entre productores de diversas zonas. Así también se promueve el conocimiento de cultivos y producciones familiares.
Experiencias y críticas entre los productores de San Pedro
La Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraíso Limitada se dedica a la fabricación de alimentos balanceados a base de maíz. Esta entidad comenzó hace más de 20 años trabajando para mejorar las semillas criollas, pero con el pasar de los años fue necesaria la implementación de otras variedades para alcanzar el objetivo.
“Nuestra cooperativa incentiva, de forma independiente o privada, el cultivo de maíz para abastecer con materia prima local las dos fábricas de alimentos balanceados que tenemos, y la inquietud del productor siempre fue el rendimiento en kilos por hectárea. Por eso optamos por ofrecer semillas híbridas y transgénicas y notamos la diferencia en comparación con semillas criollas, pero respetamos los recursos, la semilla transgénica no es sinónimo de contaminación”, dijo Liliana Kaminski, administradora de la Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraíso Limitada.
Las primeras experiencias de la mencionada entidad con híbridos y transgénicos comenzaron hace cinco años obteniendo resultados muy favorables, ya que por hectárea el productor obtiene hasta 10.000 kilos de maíz con menor trabajo sanitario como fertilización y control de plagas, algo muy necesario cuando se trata del maíz criollo. Optar por semillas genéticamente modificada demanda trabajar el suelo considerando curva de nivel, rotación de cultivos, barreras vivas, cubiertas verdes así como también protección de vertientes.
Este rinde más allá del material genético empleado, ya que va de la mano de la mecanización de las chacras, lo que también logró avanzar de forma considerable la Cooperativa adquiriendo maquinarias que faciliten la labor del productor como así también, en varias oportunidades financian al socio la semilla que es adquirida mediante distribuidoras nacionales.
Detallan que la semilla transgénica es de la marca Delkalb y los híbridos de Santa Helena, que si bien el costo por kilo de semilla es mayor, compensa con el rendimiento final.
Pero siguiendo los principios fundacionales y si bien el rinde de las semillas criollas es un 50 por ciento menor por hectárea. Algunos socios se dedican al cultivo para la preservación de semillas criollas, en tres variedades, Matogroso, Caiano y Azteca.
“Notamos la inmensa diferencia, queremos como cooperativa fomentar nuestra región, cuidando y respetando el medio ambiente, y el productor opta por lo que mejor rinde y favorezca el trabajo en la chacra, la criolla requiere mucho más trabajo, el año pasado el ataque de las plagas demando muchas horas de trabajo y uso de herbicidas, y eso no hace falta en los transgénicos porque ya están protegidos” , argumentó Kaminski.
El Maizar
En lo respecta al proyecto de Maizar,se realizó el año pasado una prueba en la provincia. Fue particularmente en San Pedro, se plantó una hectárea para conocer el comportamiento de la variedad de semilla “Syngenta 139 VIP3”.
La prueba se realizó en la chacra de un productor de Colonia Terciados Paraíso, donde además se cultivó en paralelo otra variedad genéticamente modificada y semilla criolla, donde pudieron analizar los pro y contra de cada semilla.
Se explicó que las diez hectáreas que Maizar experimentó en la provincia, arrojaron resultados positivos con una media de 7.000 kilogramos por hectárea, según técnicos que estuvieron trabajando en el monitoreo, considerando que se plantó entre diciembre y enero, y que dependiendo del material genético, el rendimiento hubiera sido mucho menor, si se cultiva otra variedad, entre ellas la semilla criolla, en esos mismos meses.
Luego de las jornadas realizadas en San Pedro, en especial por parte de productores tabacaleros que se quedaron fuera de algunas tabacaleras, se supo que plantarían maíz para la agregación de valor mediante la industrialización de la producción en alimentos balanceados y su transformación en carne, leche y huevos.
La demanda es por asesoramiento técnico, semillas, fertilizantes y posibilidad de financiación de los insumos, se hizo notar en las oficinas de la Secretaría de Agroindustria y Cooperativas.
Las dos posiciones
Quienes defienden este tipo de cultivos lo argumentan con experiencias de que la finalidad no es desmontar sino potenciar las superficies que ya vienen siendo utilizadas, no terminan de convencer a las organizaciones que se muestran en contra, preocupados principalmente por las consecuencias ambientales donde la calidad del agua sería lo que más inquieta como así también la pérdida de las variedades criollas.
El semillero Waldemar Vas, de la CCTA de kilómetro 80, Pozo Azul, que nuclea a más de 70 familias de semilleros, señaló a este matutino: “Nosotros hace 19 años que hacemos público el cuidado de las semillas criollas, porque son semillas que no necesitan venenos no tienen el rinde de los transgénicos pero son buenos y es factible para el autoconsumo y para grano. Nosotros no estamos contra del rinde o el progreso de las familias. No estamos de acuerdo con el arrasamiento del monte contaminando el agua; queremos cuidar la vida”
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